8ª Gran marcha carnaval: “Por el agua y contra la mega minería”

En medio de un ambiente de fiesta e integración social, el pasado 3 de junio cerca de cien mil tolimenses, pobladores de su capital, Ibagué, colmaron las principales avenidas de su ciudad. El motivo: celebrar la 8ª Gran marcha carnaval, en esta ocasión bajo la consiga: “Por el agua y contra la mega minería”.

 

 


Su entusiasmo no es casual: desde años atrás los habitantes de esta parte del país se sienten agredidos por la multinacional Anglo Gold Ashanti, quien ha concesionado para exploración y posible explotación minera el 70 por ciento del departamento y el 90 por ciento de las tierras de uno de sus municipios, el de Cajamarca, donde impulsa el proyecto mega minero a cielo abierto La Colosa, del cual aspira extraer miles de toneladas de oro a partir del año 2026. Esta misma multinacional también ha concesionado, y con igual propósito, un importante porcentaje de tierras de los vecinos departamentos de Quindío, Risaralda y Caldas.

 

 


Por experiencia propia y ajena, las sociedades saben que un proyecto de estas dimensiones conlleva la destrucción de los entornos naturales y ambientales que hacen parte de su región, acabando, o cuando menos disminuyendo sus fuentes de agua, contaminándolas, desviándolas. Decenas y/o centenares de pequeños agricultores se verían, de igual manera, desplazados de inmediato por la compra de su tierra, y la región entraría en un proceso de deterioro y contaminación ambiental que no debe ser. La masiva concurrencia a esta marcha-carnaval dejó claro el rechazo de la ciudadanía ibaguereña a este mega proyecto.

 

 


Con motivo de esta marcha-carnaval, entrevistamos a una de las personas que a través de todos estos años ha integrado y estado al frente del Comité ambiental de la ciudad, el compañero Renzo Alexander García. Este es el diálogo sostenido:

 


da. ¿Cómo fue la participación de la ciudadanía ibaguereña en esta 8ª marcha carnaval?
RAG. Estamos sorprendidos, de manera muy positiva, porque la marcha carnaval de este 3 de junio ratifica una vez más que la unidad del pueblo colombiano, en este caso de quienes poblamos los departamentos de Tolima, Quindío y Caquetá (donde también fueron realizadas marchas con propósito similar), siga dando ejemplo de que el trabajo colectivo y en conjunto puede ser capaz de generar una gran conciencia, la misma que se ratifica en estos procesos de movilización.
Hoy nos movilizamos indígenas campesinos, estudiantiles, sindicales, muchachos de secundaria, presidentes de acción comunal, de acueductos comunitarios, madres cabeza de familia, y una gran cantidad de sectores populares y políticos que siguen demostrando que el tema de la mega minería contaminante ha comenzado a calar en la conciencia ciudadana del pueblo tolimense y colombiano, que no aceptaremos por nada del mundo del presidente Juan Manuel Santos una dictadura mega minera que nos destrozará, dictadura que se encuentra por encima de los derechos de nuestras comunidades y nuestra madre tierra.


Nos sentimos sinceramente orgullosos por el coraje, la dignidad y la valentía que está mostrando este pueblo tolimense; invitamos al resto de la ciudadanía a que sigamos informando, movilizándonos porque esta pelea apenas está comenzando: en el Tolima tenemos una meta que va a arrancar por su ciudad capital –Ibagué– en donde proponemos realizar la primera consulta popular en una ciudad capital en el mundo; ¿cuál es el reto u obligación que tenemos? Primero, superar el umbral de los 130 mil votos; si no aprendemos a movilizarnos, y a ejecutar en las urnas lo que no queremos, le daríamos posibilidades a estos gobiernos para que avancen en la imposición de estos proyectos minero energéticos que no representan el sentir y el pensar de las comunidades.


da. ¿Cómo preparan la consulta popular para superar el umbral de los 130 mil votos?
RAG. Lo que estamos diciendo es que hoy llegaron cerca de 150 mil personas a la plaza de Bolívar en el municipio de Ibagué, departamento del Tolima, y la meta es que esos miles de personas entiendan que tenemos que comprometernos de una manera mucho más decidida, seguir fortaleciendo este proceso de unidad y demostrar que si podemos superar ese umbral que nos impone la ley 134 del 94; si logramos que Ibagué se convierta en la primera ciudad capital del mundo en decirle no a la mega minería contaminante, vamos a seguir fortaleciendo los procesos de organización social, la esperanza y la capacidad de las comunidades; el reto es seguir ganando, seguir movilizándonos, aprendiendo a trabajar en conjunto.


Aquí le queremos decir a la Anglo Gold que en este territorio no es bienvenida, que no vamos a aceptar sus discursos de responsabilidad social empresarial corporativa, porque la dignidad del Tolima no está en venta; no vamos a poner en riesgo el derecho colectivo de sus hijos, mis hijos y los hijos de nuestros hijos; el derecho colectivo a un ambiente sano es superior a la codicia minera; pero para así lograrlo necesitamos seguir fortaleciéndonos porque, indiscutiblemente, la tarea que tenemos al frente –para vencer en esta pelea– no es fácil.


da. Están pendientes otras consultas populares en diferentes municipios de los departamentos de Quindío y Tolima, entre ellos Cajamarca, ¿como respaldarlas?
RAG. Hay que reconocer, primero, el papel jugado por la Corte Constitucional en la preservación del espíritu ambiental que tiene la Constitución Política de 1991; la Corte acaba de declarar inexequible el artículo 37 del Código de Minas que le quitaba la posibilidad a los entes territoriales –concejos y asambleas– de prohibir la minería en su territorio; hoy en día, con la inexequibilidad de ese artículo, no hay ni una sola norma jurídica que nos pueda quitar la posibilidad de convocarnos a una consulta popular, y esa es la meta que estamos persiguiendo en Ibagué para convertirnos en la primera ciudad capital del mundo en decirle no a la mega minería contaminante.


Lo segundo es la ciudad de Cajamarca, donde adelantan hoy el proceso para una consulta popular de origen ciudadano, el umbral que necesitaban para poder convocarla es de 1.800 votos y recogieron cerca de cinco mil, la Registraduría les abaló cerca de 3.500 y hoy en día el proceso se encuentra en el concejo municipal y creemos que las mayorías aprobarán esa consulta, impidiendo que se roben la democracia como lo hicieron los concejales de la alcaldía anterior que se dejaron comprar por la Anglo Gold Ashanti. Creemos que es un buen momento para hacerlo, respaldando ese clamor popular. Conocemos también del departamento del Quindío que está tratando de configurar la primera consulta popular de un departamento en Colombia y en el mundo, lo que vemos con mucha satisfacción y optimismo; hoy también se movilizaron en una marcha masiva, sin precedentes históricos, la más grande de Armenia y el Quindío. Queremos que se sigan sentando la bases para que las comunidades construyan un poder alternativo que no ponga en riesgo los derechos sociales, ambientales y culturales, frente a la mega minería y el saqueo.


da. ¿Cómo ha sido la lucha durante estos 10 años frente a la mega minería y la Anglo Gold Ashanti por parte del Comité ambiental?
RAG. En Ibagué se están sentando las bases para unas nuevas prácticas y discursos que nos permitan articular el movimiento social; hoy movilizamos múltiples sectores, con lo cual estamos rompiendo las barreras de los partidos político electorales, de las religiones, de los credos, lo que nos posibilita armar un gran poder social, capaz de detener ese poder económico corrupto de gobernantes y empresas particulares. Creemos que el aporte del Comité ambiental es el de seguir demostrando que a través del arte, de la cultura, de la vida, del conocimiento, de la construcción conjunta y colectiva, podemos ganar y lograr una defensa efectiva del territorio, no solo de los que hoy lo habitamos sino para aquellas generaciones futuras que aún no han nacido.

 


La consulta popular en Ibagué ya fue aprobada por el Concejo municipal, esperando que los magistrados del departamento la aprueben para poderla llevar a cabo; esperamos cumplir en los próximos días con el reto de los 150 mil votos, porque nuestra lucha por la supervivencia del ser humano, del territorio, de la fauna, la flora, el planeta y la humanidad, son indispensables ante la conciencia acumulativa arrasadora del capitalismo salvaje.

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Martes, 31 Mayo 2016 07:05

El desastre del agua embotellada

El desastre del agua embotellada

El agua es fundamental para la vida. ¿Por qué no deberíamos comprar agua embotellada? La privatización del agua se convierte directamente en un crimen contra la humanidad, sin ella no se puede vivir, por lo que su privatización supone negar un derecho humano y generar gran cantidad de residuos consumiendo recursos naturales no renovables.

Ahora que se acerca el verano y comienza ya el calor propiamente dicho, oiremos ese reportaje que año tras año se repite en los medios de comunicación sobre hidratarse constantemente para evitar males mayores.


El agua es fundamental para la vida. Sin ella, las reacciones químicas de nuestro cuerpo no tendrían lugar. Es más, el agua fue la cuna de la vida, esencial para que los primeros microorganismos pudieran desarrollarse y dar lugar a toda la increíble biodiversidad de la que consta nuestro planeta en la actualidad.


Sin embargo, para el presidente de la multinacional Nestlé, conocida por su chocolate, aunque también tiene lucrativos negocios en el tema de la venta de agua embotellada, "el agua no es un derecho; debería tener un valor de mercado y ser privatizada".


Es decir, que para el presidente de Nestlé, si no tienes dinero directamente te mueres (seguramente vayas al cielo donde cada día podrás saturar tu estómago con chocolate Nestlé).


Como el propósito de privatizar el agua no lo puede conseguir, por lo menos a corto plazo, Nestlé (y otras compañías comercializadoras de agua embotellada) han iniciado una cruzada contra el agua del grifo.


Pero, ¿existe alguna diferencia entre el agua embotellada y el agua del grifo? Para responder a esta pregunta es necesario tener en cuenta dos situaciones.


La primera de ellas es la de los países con unas instalaciones de potabilización y redes de distribución adecuadas. Es el caso de la gran mayoría de municipios de España (exceptuando pequeños núcleos urbanos más o menos aislados).


En este caso, no existe ningún peligro para la salud humana al ingerir agua del grifo. En muy puntuales excepciones es posible que el agua sea bastante "dura" (alto contenido en magnesio y/o calcio, por ejemplo), y que no sea aconsejable su ingesta directa para las personas propensas a formar piedras en el riñón. Sin embargo, esto puede arreglarse con un simple filtro para la cal.


El agua potable de las ciudades pasa unos controles de calidad muy estrictos y la única razón por la que podría llegar con deficiencias de calidad a los hogares es debido a la antigüedad de las tuberías de algunos edificios. Por tanto, no existe ninguna razón objetiva para preferir el agua embotellada a la del grifo. Esto lo sabe perfectamente el presidente de Nestlé, y precisamente por ello aboga por privatizarla, para que no nos quede otra opción que comprar sí o sí agua embotellada.


Ahora bien, ¿por qué no deberíamos comprar agua embotellada? Las razones son múltiples, y en muchas ocasiones se encuentran interrelacionadas.

Solamente destacaré algunas de las más importantes.


1) El agua es un bien público y pertenece a toda la Humanidad, es vital para la vida, sin ella no se puede vivir, por lo que su privatización supone negar un derecho humano, supone un crimen contra la Humanidad.


2) El consumo de agua embotellada consume recursos naturales no renovables y genera ingentes residuos que si no son tratados adecuadamente generan gravísimos problemas ambientales.


3) El agua embotellada tiene que ser trasladada hasta los puntos de venta, generando emisiones de CO2 que, unidas a las emisiones que se producen en todos los otros puntos comentados, suponen emisiones de CO2 a la atmósfera completamente evitables.


4) En muchas ocasiones el agua proviene de acuíferos en los que se explota el agua a mayor velocidad que la tasa de recarga, produciendo numerosos problemas para la población local que depende de esos acuíferos.


La segunda situación o contexto en el que debemos analizar el consumo de agua embotellada corresponde a aquellos países que no cuentan con unas adecuadas infraestructuras de tratamiento y distribución de agua potable.


Es urgente y de vital importancia garantizar un adecuado suministro de agua potable en estos territorios. Sin embargo, nos encontramos con la paradoja de que las grandes corporaciones multinacionales dedicadas a la producción de agua embotellada tienen concesiones de explotación de acuíferos en estos países para producir agua embotellada a precios inasequibles para la población local.


Es decir, en vez de suministrar el agua potable a sus ciudadanos, los dirigentes de estos países se la otorgan a empresas extranjeras. ¿A cambio de qué? No hay que pensar demasiado para suponerlo.


Nadie quita a sus ciudadanos su agua y se la otorga a una empresa extranjera de forma gratuita. Así, nos encontramos con países en los que las precipitaciones anuales son suficientes para abastecer a la población pero sin embargo no tienen acceso al agua potable por falta de infraestructuras. Eso sí, en los comercios se puede encontrar agua embotellada a un precio mayor que el salario medio diario.


De esta forma, sólo tendrán acceso al agua potable aquellas personas con suficientes recursos como para contar con sistemas de extracción, canalización y potabilización de agua en sus casas, es decir, las personas con un alto poder adquisitivo.


Ésta es la situación que está viviendo la ciudadanía de muchos países en vías de desarrollo. Además, hay que tener en cuenta que tanto la falta de sistemas de potabilización como de depuración de aguas supone un gravísimo problema de salud pública. Determinados virus como el cólera se encuentran directamente relacionados con condiciones de insalubridad en las aguas. Si a esto se le añade la situación de escasez de medicamentos en estos lugares el problema deviene en una tormenta perfecta, donde la muerte por una simple diarrea en niños se convierte en un drama diario.


Tampoco hay que olvidar que sin un agua de calidad no son posibles ni la agricultura ni la ganadería, por lo que también se está negando la posibilidad de crear una industria agroalimentaria de calidad. Como consecuencia, tendrán que comprar aquellos alimentos provenientes de la Unión Europea tan baratos debido a los terribles resultados que supone la Política Agraria Comunitaria. Aunque este es otro tema.


Así, la privatización del agua se convierte directamente en un crimen contra la humanidad. Y como tal, las personas que niegan el derecho al libre acceso al agua potable deberían ser juzgadas. Se está condenando a muerte a millones de personas.


Tratados como el TTIP supondrían dar aún más vía libre a estos intentos de privatización de bienes públicos y a la impunidad de los dirigentes de las multinacionales. No es casual que la mayor parte de las empresas que se dedican al negocio del agua embotellada participen también en otros negocios de cierta opacidad que implican el tráfico y explotación de niños, como por ejemplo el chocolate.


Tampoco hay que olvidar que para la elaboración de las bebidas refrescantes se necesita una importantísima cantidad de agua (famosos son algunos casos como la extracción de agua en zonas con sequía extrema de la India para la elaboración de una célebre marca de cola).


Ahora bien, ¿qué podemos hacer desde nuestros privilegiados países del Primer Mundo?


En primer lugar, de forma general, evita comprar agua embotellada. El agua que sale del grifo de tu casa, muy probablemente, es tan sana (o más) que el agua embotellada. Evita también comprar refrescos de esas famosas marcas. Hay refrescos artesanales o zumos que pueden perfectamente saciar tu sed.


Investiga. Como ya hemos comentado, muchas de estas marcas que comercializan agua embotellada también se dedican a la venta de otros productos. Consumir los productos de esas marcas es contribuir al aumento de sus beneficios y, con ello, a impulsar que sigan privatizando el agua.


Lee, infórmate sobre los efectos del consumo del agua embotellada.

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En La Guajira, los Wayúu mueren de sed, mientras el gobierno colombiano sigue autorizando la desviación de ríos a las empresas mineras
En La Guajira colombiana, una persona tiene que vivir con menos de un litro agua no tratada al día, mientras la mina usa más de 17 millones de litros diarios, sólo para regar las vías por las que transitan sus camiones volquetes.


Ante esta situación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares al Estado colombiano para que garantice el agua y el alimento a la población Wayúu que habita la región de La Guajira,al mismo tiempo, organismos nacionales e internacionales denunciaron la muerte constante de niños Wayúu por falta de agua y alimento.


Mientras esto sucede, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y Corpoguajira, autorizaron al Cerrejón, la empresa propietaria de la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo localizada en esa zona, a que desvíe de su cauce el arroyo Bruno, lo cual vulnera los derechos fundamentales y vitales de la población ahí asentada colocándola en graves riesgos.


El arroyo Bruno es un afluente del Río Ranchería, que también fue desviado para proveer de agua a las empresas mineras. Los líderes de las comunidades advierten que ya se secaron 26 fuentes de agua a causa de la actividad minera a cielo abierto que realiza la multinacional Cerrejón.


La realidad de la Guajira se extiende a otras regiones marginales del país donde las actividades mineras o de siembra de monocultivos de palma ya han dejado una enorme huella de contaminación y de sequía en las fuentes hídricas.


En marzo de 2015, después de una verificación de la defensoría del pueblo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ACNUR, confirmó la muerte de 19 niños y niñas ocurridas desde julio de 2013, que pudieron ser prevenidas. La muerte de los menores está asociada al consumo de agua contaminada, agravada a la falta de atención médica oportuna. Estas denuncias hacen referencia a que los indígenas han sido obligados a acabar con sus tradiciones culturales. De acuerdo a datos proporcionados por la UNICEF, han muerto 5 mil niños Wayúu en los últimos seis años. Las causas: desnutrición ligada a la falta de agua en la región.


Ante el nuevo anuncio de desvío del arroyo Bruno autorizado por la ANLA y Corpoguajira, el líder comunitario de La Guajira, Samuel Arregocés, hizo la denuncia y la petición de solidaridad a Colombia y al mundo. Exige al presidente Juan Manuel Santos que detenga el desvío del arroyo Bruno: “en los últimos meses la multinacional Cerrejón ha recibido todos los permisos del gobierno para desviarlo con el fin de extraer más de 35 millones de toneladas de carbón que hay en el lecho del arroyo” afirmó Samuel.


En la solicitud, Samuel afirmó que: “Para nosotros el arroyo Bruno significa la vida y la posibilidad de permanecer en nuestro territorio, viviendo con nuestras familias y animales, en medio de la flora y fauna. Durante los últimos 30 años, en La Guajira hemos sufrido los dolorosos impactos que ha dejado la empresa Cerrejón, la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo. Nuestro territorio ha sido despojado y nuestros arroyos uno a uno han sido desviados, secados y contaminados por la minería.


El hambre y la falta de agua para los habitantes de La Guajira se agravarán si el arroyo Bruno es desviado. Este correrá la misma suerte de otros tantos que han desaparecido, y sus habitantes seguirán siendo víctimas de un Estado que evade su responsabilidad y culpa, la cual redirecciona al fenómeno natural de “El Niño”.

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Agua embotellada: Los puntos clave del fraude del siglo

Las multinacionales del agua embotellada están aumentando exponencialmente su presencia, sobre todo, en los países desarrollados de todo el mundo, haciéndonos creer que su producto es mucho mejor que el líquido que sale directamente de las cañerías.

 

Las cifras hablan por sí solas. Según denuncian los activistas canadienses Maude Barlow y Tony Clarke en su famoso libro 'Blue Gold: The Battle Against Corporate Theft of the World's Water' ('Oro azul: la lucha contra el robo corporativo del agua del mundo'), en la década de los 70 el volumen anual de agua embotellada que se comercializaba en todo el mundo no superaba los 1.000 millones de litros, mientras que en la siguiente década el consumo se duplicó. Ya en el año 2000, las ventas anuales ascendieron a más de 84.000 millones de litros y los pronósticos del portal Statista indican que en 2017 se consumirán 391.000 millones de litros de agua embotellada.

 

¿Qué países lideran el consumo de agua embotellada?

 

Según un informe preparado por la Beverage Marketing Corporation, México fue el país con mayor consumo per cápita de agua embotellada en 2014 y se calcula que cada mexicano toma alrededor de 264 litros de agua envasada al año. El segundo mayor consumidor de agua en este formato es Tailandia (246 litros anuales por persona), seguido por Italia, con 196 litros anuales per cápita.

 

Otros lugares que sienten cierta 'debilidad' por el agua envasada son: Luxemburgo (148 litros anuales por persona), Alemania (143,8 litros anuales por persona), Emiratos Árabes Unidos (141 litros anuales por persona), Francia (138 litros anuales por persona), EE.UU. (121 litros anuales por persona) y España (120,7 litros anuales por persona).

 

¿Por qué nos empeñamos en comprar agua envasada?

 

En la mayoría de países desarrollados, el agua del grifo es de una calidad excepcional y ofrece todas las garantías sanitarias. Bien es cierto que su sabor y olor puede variar dependiendo del lugar de procedencia (en algunos sitios puede contener más cloro, que se utiliza para potabilizarla, en otros disponer de más sulfatos y carbonatos, que le dan cierto sabor), pero esto no impide que sea absolutamente potable. La presencia de la industria embotelladora de agua a través de la publicidad y el marketing es tan palpable que, al final, muchos optan por comprar el agua cuando deberían beber directamente del grifo.

 

En este ámbito, el diseño publicitario resulta primordial, ya que las compañías están tratando de vender algo que, en realidad, tenemos gratis. Las campañas de publicidad del agua suelen ofrecer imágenes de una persona sana y guapa haciendo deporte al aire libre y bebiendo agua envasada o alguien famoso bañándose en un río. Al mismo tiempo, usan lemas tipo 'vive joven', '9 de cada 10 médicos lo recomiendan' o 'conozca la verdadera pureza', lo que hace que el producto sea más atractivo para el consumo. ¿Pero será tan pura el agua embotellada en realidad como prometen las multinacionales?

 

Razones por las que es mejor no comprar agua envasada.

 

Al contrario de lo que promete la industria embotelladora de agua, solo una pequeña parte del agua envasada proviene de manantiales o fuentes de agua subterránea: una parte considerable de su producto corre del grifo. La compañía Pepsi admitió hace un año que su agua envasada Aquafina no es agua mineral, sino la que corre del grifo. ¿Se habrán parado alguna vez a pensar cuánto cuesta potabilizar cerca de 1.000 litros de agua? Alrededor de un euro, el precio que nos cobran por una botella de agua 'pura'. Se trata de un precio abusivo que, además, conlleva un alto coste ambiental.

 

Tan solo esta semana se ha pronunciado al respecto el coordinador del Departamento de Economía del Agua del Instituto IMDEA Agua y consultor internacional de las Naciones Unidas, Gonzalo Delacámara, quien ha alertado sobre el hecho de que el precio de agua envasada en España es mil veces mejor que la del grifo. En el marco de la presentación del Foro de la Economía del Agua que se celebrará el próximo viernes en Madrid (España), Delacámara opinó que, a pesar de la similitud de las propiedades del agua embotellada y la del grifo, "se confunden prioridades" porque se considera que este recurso es "universal, barato y de calidad".

 

Por si fuera poco pagar por algo esencialmente gratis, muchas investigaciones han puesto al descubierto que el agua embotellada puede contener sustancias químicas. Por ejemplo, investigadores de la Universidad de Sevilla y del Centro Nacional de Aceleradores realizaron un análisis de 32 marcas de agua mineral y llegaron a la conclusión que las concentraciones de polonio radiactivo en algunas muestras superaban en más de 100 veces al encontrado en el agua del grifo, aunque siempre por debajo de valores de riesgo para la salud.

 

A pesar de que las empresas embotelladoras utilizan un tipo de plástico libre de BPA (bisfenol-A), considerado menos tóxico, esto no nos libra de que otros compuestos químicos pueden filtrarse al agua. Además, algunos científicos afirman que, si se reutilizan las botellas de plástico una y otra vez, el bisfenol-A acabará desprendiéndose en el agua.

 

Con el fin de tener una opción más saludable, ahorrar dinero y preservar el medioambiente, existen muchas alternativas al agua embotellada, como usar filtros que mejoran la calidad o, simplemente, dejar reposar el agua en una jarra de vidrio durante una hora.

 

 

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El campo colombiano logra frenar la explotación minera en los páramos

La Corte Constitucional tumba varios artículos del Plan Nacional de Desarrollo, un varapalo al Gobierno

Luz Perly Córdoba sabe muy bien lo que es ver un pueblo desaparecer. La explotación petrolera en La Reinera (Arauca), en el oriente de Colombia, donde ella nació hace 44 años, hizo cambiar en unos años el curso del río Arauca. Hace unos meses la población, de no más de 200 casas, fue declarada en alerta roja. Varias familias perdieron el techo y sus cultivos. Luz Perly cuenta la historia para explicar por qué es una de las líderes campesinas que está detrás de una demanda cuya respuesta ha sorprendido estos días al Gobierno. Su queja en defensa del medio ambiente llegó hasta la Corte Constitucional, que ha decidido echar para atrás varios artículos del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, que autorizaba proyectos de explotación minera y petrolera en los páramos.


La determinación de la Corte no es la solución al problema de La Reinera, que sigue quedando vacía ante el inminente riesgo, pero sí demostró, dice ella, que a través de mecanismos judiciales, decisiones del Gobierno pueden debatirse y sepultarse. Esta vez, fueron los páramos y las comunidades que viven cerca los beneficiados. La batalla que en junio de 2015 empezaron campesinos respaldados por el partido de izquierda Polo Democrático, encabezado por el senador Iván Cepeda, se originó porque vieron que el Plan de Desarrollo, propuesto por el Gobierno, ponía en riesgo el ecosistema, el agua, la vida de los campesinos.


El Plan que, pese a la oposición del Polo, fue aprobado por mayoría en el Congreso, establecía que los proyectos mineros que contaran con licencias desde antes de febrero de 2010 y los de hidrocarburos que las tuvieran desde antes de junio de 2011 podían seguir operando, pese a la prohibición que existe de explotar esas áreas. "Eso quería decir que el tema económico estaba por encima del bienestar de las personas, que el equilibrio de la naturaleza. Argumentaban que había un derecho adquirido para que siguieran explotando", explica Córdoba.


Al llegar la demanda a la Corte, los magistrados hicieron lo que el Polo no logró en el legislativo. Tumbaron ese punto y decretaron que dichos proyectos debían cerrarse sin importar la fecha en que se hubieran iniciado. El argumento para la decisión es el mismo que en palabras menos técnicas señala la líder: "El daño ecológico que generan".


En el texto presentado ante la Corte, los demandantes hacían un repaso numérico. Señalaban que existen 448 títulos mineros en 26 de los 32 páramos con los que cuenta Colombia. Decían además que esas concesiones mineras en páramos tienen más de 118.000 hectáreas, de las cuales más de 11.000 están afectadas por cuatro proyectos petroleros. "Este es un grave atentado contra los recursos naturales, especialmente contra el derecho al agua, que es un derecho fundamental de cualquier ser humano", aseguraba el senador Iván Cepeda en junio del año pasado al presentar la demanda.


Víctimas, en primer lugar


También pedían a los magistrados que se declarara la ilegalidad de los artículos que reglamentaban los denominados Proyectos de Interés Estratégico Nacional (PINE) y que establecían que donde se fueran a desarrollar fuera difícil llevar a cabo procesos de restitución de tierras a las víctimas del conflicto. En la actualidad existen 68 proyectos PINE en todo el país. Al respecto, la Corte también les dio la razón y aseguró que las víctimas están primero que los proyectos estratégicos del Gobierno y que estos no podrán interponerse ante los procesos de restitución.


"El tema del campo debe ser un debate nacional. Es triste saber que tiene pasar por instancias jurídicas para que se haga notar, para que se respete", dice Córdoba. Confiesa que aunque sabían que tenían razones para ganar la pelea no creían que les fueran a dar la razón. "Durante años hemos visto cómo los intereses económicos están por encima del agro, nos sorprende gratamente ver que por fin están atendiéndonos a nosotros, la minoría".
Córdoba también habla de las facultades que los entes regionales habían perdido con el Plan de Desarrollo. Recuerda que se pretendía que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) fuera la única instancia por donde pasaran y se aprobaran los permisos ambientales para llevar a cabo los PINE. Ahora, según la Corte, la prioridad para tomar estas decisiones debe estar en manos de las autoridades locales.


"Se estaba violando la Constitución porque se le quitó el poder a las regiones para decidir sobre el uso del suelo al dársele a las instancias nacionales. A personas que ni siquiera conocen lo que pasa en esos rincones del país donde se pretendían adelantar esos proyectos", dice Córdoba, que aunque celebra el fallo de la Corte Constitucional, sigue lamentado que el lugar en donde nació esté desapareciendo, según ella, por estar cerca de uno de los campos petrolíferos más grandes del país.

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El gobierno de Evo Morales, caracterizado por su respeto y cuidado por la naturaleza, emprende un plan para recuperar el lago. Foto: Reuters.

"Tenemos un lago que ha desaparecido, ahora es un desierto donde no se puede sembrar nada, ni producir; no hay nada, mucho menos vida". Con estas palabras, el dirigente campesino Valerio Rojas describió la situación del lago Poopó, el segundo más grande de Bolivia después del Titicaca.

Este lago de agua salada, ubicado en un altiplano en el departamento de Oruro, que colinda con Chile, tenía una extensión de dos mil 337 kilómetros cuadrados. Pero ahora ha quedado reducidos a tres humedales –"charcos" dirían algunos– de menos de un kilómetro cuadrados y escasos 30 centímetros de profundidad. Implica la destrucción de todo un ecosistema y la pérdida de centenares de especies de fauna y flora.

Según expertos en conservación, unas 200 especies de aves, peces, mamíferos, reptiles, además de gran variedad de plantas, desaparecieron con la sequía del Poopó.

El ornitólogo Carlos Capriles le dijo al diario boliviano La Razón que entre las aves que se vieron forzadas a abandonar el lugar había tres especies de flamencos en peligro de extinción. "Al no existir el Poopó, su hábitat se reduce y aumenta el peligro de desaparecer", explicó Capriles.

Pero la peor parte se la llevaron los peces, señaló Carlo Capriles, pues no pudieron migrar como los otros animales y "murieron en el lugar".

Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua confirmó la pérdida de una gran cantidad de especies únicas aunque no conocen la cantidad exacta y están pensando en realizar un conteo.

La cuenca del Poopó había sido declarada en 2002 como un ecosistema de importancia internacional donde es agua es el principal factor que controla el ambiente, así como la vegetación y la fauna.

 

¿Cómo sucedió su desaparición?

 

La sequía se debió al calentamiento global y al fenómeno el Niño. Foto: EPA.

 

Las razones son complejas y van desde los efectos climatológicos debido al calentamiento global causado por la alta industrialización en los países desarrollados y la contaminación de la atmósfera, debido a razones similares.

El gobierno de Evo Morales, ejemplo de protección a la naturaleza de su país, revela datos que apuntan al fenómeno El Niño y al calentamiento global ocasionado por países altamente industrializados como los Estados Unidos y los pertenecientes a la Unión Europea.

El viceministro de Recursos Hídricos y Riego, Carlos Ortuño cita cifras científicas que establecen que la temperatura mínima aumentó 2,06º centígrados en los últimos 56 años y el Niño provocó sequías desde octubre.

El martes, el gobierno boliviano y el departamento de Oruro anunciaron un plan para la restauración del lago Poopó.

En rueda de prensa conjunta, el viceministro de Recursos Hídricos y Riego, Carlos Ortuñez, y el gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, informaron que se destinarían US$3,25 millones principalmente a la ayuda humanitaria y a un trabajo técnico sobre el caudal del agua que llega al Poopó a través del río Desaguadero.

(Con información de BBC Mundo/Cubadebate)

 

 

El gobierno de Evo Morales, caracterizado por su respeto y cuidado por la naturalez, emprende un plan para recuperar el lago. Foto: Reuters.


Los peces se llevaron la peor parte, pues no pudieron migrar a ningún otro lago. Foto: Reuters.

 


Según algunos activistas, hasta 200 especies animales perecieron o migraron a otros lugares. Foto: Reuters.

Un lago de 2.337 kilómetros cuadrados de extensión ahora está reducido a unos pocos humedales. Foto: Reuters.

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Miércoles, 23 Diciembre 2015 06:51

Los 10 ecocidios del 2015 en Latinoamérica

Los 10 ecocidios del 2015 en Latinoamérica

Hoy recordaremos los mayores problemas ambientales del año 2015. Una serie de ecocidios que destruyeron los recursos naturales latinoamericanos, tras el paso devastador de doce meses llenos de sangre, dolor y lágrimas.


Cuando el dinero impone sus propias reglas de juego en el planeta Tierra, se establece un desequilibrio ecológico en nuestros territorios latinoamericanos, que se acrecienta con la inacción judicial de los organismos públicos, que son incapaces de aplicar las leyes ambientales vigentes, para castigar con celeridad los hechos delictivos presentados.


La gran delincuencia en contra de la Pachamama, es un problema multifacético dentro de las regiones latinoamericanas, ya que cada empresario, latifundista, guerrillero o político, tiene sus propias ambiciones económicas que deben ser rápidamente alcanzadas, violentando la santidad del Medio Ambiente y fructificando la ignorancia de sus decisiones.


Desde la provincia de Islay en Perú, pasando por la bella reserva Mil Cumbres en Cuba, y llegando hasta la enigmática Sierra de Álvarez en México, existen terribles inconvenientes ambientales que se vienen ocultando en paquetes turísticos, en hoteles cinco estrellas y en enormes centros comerciales, que NO reflejan la realidad socio-ambiental de la geografía latinoamericana.
Por eso, explicaremos los 10 principales ecocidios visualizados en América Latina durante el año 2015, para NO quedarnos calladitos en el abismo de la impunidad, y para alzar la voz de protesta social junto a la ciudadanía.


En el puesto número diez, tenemos la mayor tala ilegal de alerces en la Región de Los Ríos (Chile), donde se decomisaron 250 pulgadas de madera de alerce ya dimensionada, para la fabricación de ataúdes y artículos funerarios. Lo más triste, es que se derrumbó un histórico alerce chileno con más de mil años de antigüedad, sin considerar que es una especie de árbol protegida y declarada Monumento Natural desde 1976.


En el puesto número nueve, encontramos los más de 700 árboles talados en Venezuela por un improvisado proyecto de vialidad, que buscaba la ampliación de la autopista Francisco Fajardo en Caracas. Sin embargo, la noticia produjo el malestar de la colectividad caraqueña, debido al peligro de inundaciones y deslaves en épocas de lluvia, y al aumento de la sensación térmica en períodos de calor y sequía.


En el puesto número ocho, se observan las más de 3000 hectáreas deforestadas en el distrito municipal Mamá Tingó (República Dominicana), donde la siembra legal de cacao y pimienta se transformó en la práctica ilegal del "conuquismo", ocasionando el desmonte masivo de áreas vírgenes por parte de los parceleros, que mientras se dedicaban a quemar y a derrumbar miles de árboles frondosos, perjudicaron el tesoro de flora y fauna que yace en la Sierra de Yamasá.


En el puesto número siete, vemos que la red de taladores y traficantes de la madera obtenida del árbol de Bálsamo, en las selvas y bosques ubicados en la provincia de Darién (Panamá), ha generado una agresiva tasa de deforestación que se incrementó en el año 2015, dentro de uno de los grandes pulmones vegetales de Centroamérica. El árbol de bálsamo llamado coloquialmente "oro verde" por los panameños, es muy cotizado para la fabricación de muebles del hogar (sillas, mesas, escritorios, camas), aunque esa especie de árbol ya se encuentra al borde de la extinción.


En el puesto número seis, revelamos las más de 1.600 hectáreas de bosque nativo deforestadas en menos de dos meses, por la empresa brasileña Yaguareté Porá dentro de la región del Chaco Paraguayo, en la que sobreviven pueblos originarios como los indígenas Ayoreo totobiegosode, quienes custodian las ancestrales riquezas naturales, de la segunda región boscosa más extensa de Sudamérica.


En el puesto número cinco, se sitúa el derrame de un millón de litros de cianuro en el río Jáchal de San Juan (Argentina), donde una fuga en la mina Veladero hizo que el veneno de la transnacional Barrick Gold, ensuciara el agua de los ríos montañosos sanjuaninos, complicando su uso para el beneficio de los pobladores y para las actividades agrícolas.


En el puesto número cuatro, se evidencian las 40 toneladas de peces muertos localizados en la Laguna de Cajititlán (México), como resultado de la falta de una infraestructura que gestione las descargas de aguas residuales, y que se encargue de la limpieza de las plantas de tratamiento. De allí, que la sistemática mortandad de peces por la reducción del oxígeno, refleja la elevada toxicidad e insalubridad del agua azteca.


En el puesto número tres, se hallan los más de 200.000 galones de petróleo derramados en el departamento de Putumayo (Colombia), que afectaron a más de 3,5 hectáreas de humedales, que socavaron la vida de más de 100 familias de la comunidad indígena Nasa, que contaminaron varios nacimientos de agua de manantial, y que demostraron la cobardía de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).


En el puesto número dos, sobresale la contaminación ocurrida en el río La Pasión en Sayaxché (Guatemala), donde el desborde de las piletas de oxidación de la empresa Reforestación de Palma de Petén (Repsa), produjo el vertido de un fuerte insecticida llamado "malatión", el cual era utilizado para proteger los cultivos de palma africana, y que aniquiló toda la fauna autóctona del ecosistema marino guatemalteco, acelerando una emergencia sanitaria en las zonas adyacentes al desastre, y ratificando el perverso negocio de la agroindustria y sus exitosos pesticidas.


En el puesto número uno, destacamos la extrema contaminación del Río Doce por culpa de la empresa Samarco en Brasil, que se convirtió en uno de los mayores crímenes ecológicos de la historia brasileña. La rotura de dos diques de contención en el subdistrito de Bento Rodrigues del estado de Minas Gerais, permitió el derrame de 55 millones de metros cúbicos de lodo, que arrasaron con toda la diversidad biológica existente en el río Doce, que pintaron de marrón viscoso sus legendarias aguas cariocas, y que terminaron ahogándose en las profundidades del Océano Atlántico.


La huella del ecocidio en el río Doce, dejó a su paso más de 10 personas muertas, cientos de viviendas inhabitables y decenas de lugareños desaparecidos, fallas en el suministro de energía eléctrica, inaccesibilidad a fuentes de agua potable, enfermedades gastrointestinales en los niños, y millonarias pérdidas materiales por la avalancha de barro y residuos de hierro, que se propagaron en más de 850 kilómetros de dulce torpeza humana.


Recorrimos la hermosa geografía de América Latina, y sufrimos el dolor de una cicatriz en la Amazonía, que arde con la sal enrojecida del planeta Tierra.


Es imposible soñar con la sustentabilidad de un Mundo claramente insostenible. Vimos que el capitalismo salvaje compra las mejores licencias ambientales, compra el silencio de los corruptos entes gubernamentales, y compra la desenfrenada barbarie genocida que impera en el siglo XXI.


Usted y yo conocemos muchísimos más ecocidios perpetrados en el año 2015, pero si nos quedamos callados y no denunciamos los problemas ambientales de nuestras comunidades, pues estaremos siendo cómplices de las corporaciones nacionales y extranjeras, que se dedican a polucionar los territorios latinoamericanos que habitamos a diario.


Con el poder de las redes sociales en nuestras manos, ya NO hay excusas para evadir el compromiso ecológico a favor del planeta. Denunciemos los delitos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en WhatsApp. Utilicemos las herramientas tecnológicas para el bienestar del Medio Ambiente, olvidando la eterna indiferencia y despertando una nueva conciencia.
De enero a diciembre y de lunes a domingo, la Madre Tierra exige respeto, amor y voluntad de cambio en los Seres Humanos, para convertir la amarga pesadilla ambiental del año 2015, en una luz de esperanza positiva que ilumine los caminos del 2016.

Ekologia.com.ve

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Sábado, 28 Noviembre 2015 16:43

Odiosas comparaciones

Odiosas comparaciones

La rotura de un embalse de relaves de la Mina do Germano, en el municipio de Mariana, estado de Minas Gerais, el 5 de noviembre, es la mayor catástrofe ambiental de la minería en Brasil.

 

Germano pertenece a la empresa Samarco, formada por una asociación en partes iguales entre Vale y Bhp Billiton, dos de las tres mayores productoras de mineral hierro del mundo.


El derrame de Samarco provocó la muerte de unas 25 personas, algunas aún desaparecidas, y sepultó a Bentos Rodrigues, un poblado de 600 personas a 2,8 quilómetros del dique, que el barro recorrió en 40 minutos. El lodo mató flora y fauna en 83 mil quilómetros cuadrados, equivalente a medio Uruguay.


A los 15 días del derrame el lodo había recorrido 650 quilómetros de los ríos Piracicaba y Doce, hasta llegar al Atlántico, destruyendo la vida en su camino y causando la suspensión del suministro de agua potable en decenas de poblados, afectando a unas 250 mil personas.


Por tener una serie de características similares con Aratirí, a continuación presentamos unas comparaciones básicas entre el embalse de Samarco y el propuesto para extraer hierro en Uruguay.


Samarco explotaba un yacimiento de itabirito con hematita (óxido de hierro) con un tenor de 53 por ciento de hierro. Las reservas estimadas eran de 400 millones de toneladas de mineral, de las cuales pensaba producir entre diez y quince millones de toneladas anuales de pellets, pelotitas de concentrado de hierro con un tenor de 67,5 por ciento de dicho material. La extracción en la Mina do Germano comenzó en 2007 y tenía previsto terminar en 2022, un ciclo de vida de 15 años.


El dique de la represa que se rompió (Barragem do Fundão) comenzó con una altura de 40 metros y llegaría a una altura de 140 metros. Al final de la operación se preveía que el lago de la represa almacenara unos 250 millones de metros cúbicos y cubriera 292 hectáreas. En 2015 tenía una altura de 100 metros y la superficie cubierta era de unas 177 hectáreas.


Por cada tonelada de mineral se generaba media tonelada de desechos con arsénico, cadmio, plomo, cromo, níquel, cobre y mercurio, según el Instituto Minero de Gestión de Aguas. La rotura del Barragem do Fundão derramó unos 62 millones de metros cúbicos.


Aratirí propuso explotar el yacimiento de Valentines (magnetita con 28 por ciento de hierro), calculando una reserva de 600 millones de toneladas de mineral, a partir del cual produciría 18 millones de toneladas anuales de concentrado de hierro con un tenor cercano a 65 por ciento de ese material. El plan era comenzar en 2011 un ciclo de vida de 15 años, contando tres para las obras iniciales.


El embalse de relaves era un depósito con un área de captación de 3.700 hectáreas sobre la cuenca del arroyo Las Conchas, que de­semboca en el lago de la represa de Rincón del Bonete, en el Río Negro. Cuando alcanzara sus dimensiones finales el dique de la represa tendría una altura de 51 metros, una cresta de 110 y el área de depósito de los relaves cubriría 2.420 hectáreas.


Para producir 18 millones de toneladas anuales de hierro, Aratirí debía procesar 55 millones de toneladas de mineral. Cada tonelada de mineral generaría unos dos tercios de tonelada de relaves, por lo que se preveía una capacidad final de almacenamiento del embalse de 470 millones de metros cúbicos.


Germano es un yacimiento de hierro con bajo tenor, pero casi el doble más rico que Valentines. El embalse de Aratirí cubriría un área diez veces mayor que el de Samarco, con el doble de capacidad, porque en Valentines no hay elevaciones montañosas que le den mayor profundidad al embalse, y la cantidad de relaves de Aratirí sería mayor por ser un yacimiento más pobre.


Una investigación reciente mostró que las fallas graves de los embalses de relaves han aumentado por las actuales prácticas de construir embalses mayores a 5 millones de metros cúbicos, como forma de asegurar la rentabilidad de la inversión en la explotación de yacimientos pobres, y también que las mineras no pueden pagar, ni garantizan, el seguro para cubrir los costos de las catástrofes.

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El fracking de la industria petrolera contamina aguas subterráneas

Los acuíferos de California fueron contaminados ilegalmente con unos 11 millones de litros de aguas residuales envenenadas tras ser utilizadas en el proceso llamado fracking, o fractura hidráulica del subsuelo para extraer petróleo y gas, según documentos del Estado de California difundidos a fines de 2014 por el Centro para la Diversidad Biológica. De acuerdo a esta fuente, la fuga de contaminantes se produjo en por lo menos nueve pozos de eliminación de inyección utilizados por la industria petrolera para deshacerse de residuos de aguas contaminadas, práctica que probablemente se repite en otras latitudes donde también utilizan fractura hidráulica para extraer petróleo y gas.


Mientras la industria petrolera aparece en los hechos protegida por la clase política, cuyas postulaciones al poder legislativo de California contribuye a financiar, los acuíferos afectados abastecen el consumo humano y el riego de cultivos para la alimentación. Los documentos también revelan que pruebas realizadas en los pozos de abastecimiento de agua ubicados cerca de los sitios de inyección de aguas residuales muestran altos niveles de arsénico, talio y nitratos, todos productos químicos tóxicos vinculados a las aguas residuales del fracking la industria petrolera.


Según los documentos obtenidos por el Centro para la Diversidad Biológica la Junta de Control de Recursos Hídricos del Estado de California admitió que en otros 19 pozos adicionales también pudo haber fugas de aguas residuales a los acuíferos protegidos. Un funcionario de la agencia estatal afirmó que en múltiples lugares pudieron ocurrir errores en el proceso de otorgar permisos para la inyección de aguas residuales. A la magnitud del peligro se añade que productos químicos tóxicos como el benceno pueden tardar años en migrar a las fuentes de agua, dificultando así la evaluación precisa del riesgo.


Un estudio previo realizado por el Centro para la Diversidad Biológica mostró que "el 54 por ciento de los 1.553 pozos de inyección de aguas residuales activos y nuevos de California están a 16 kilómetros de un falla geológica recientemente activa (activa en los últimos 200 años)". Para los autores del informe, estos hallazgos "plantean preocupaciones significativas, debido a que la distancia así de cercana entre una inyección de aguas residuales y una falla geológica podría constituir un influyente factor clave de riesgo que bien podría inducir un terremoto". Actividad microsísmica como resultado de pozos de inyección subterránea ya ha sido bien documentada en otros estados, por ejemplo en Oklahoma y Texas.


Las revelaciones sobre la contaminación del agua del informe del Centro para la Diversidad Biológica aparecieron en medio de la deliberación legislativa para regular el fracking en California. Tanto Donny Shaw, deMapLight, y Dan Bacher, de Indybay, informaron en mayo de 2014 que en los últimos cinco años la industria petrolera ha presionado con fuerza en la legislatura del estado de California, gastando más de 63 millones de dólares en esfuerzos por persuadir a los legisladores estatales para que permitan la continuación y expansión de fracking.


En mayo de 2014, los senadores estatales rechazaron un proyecto de ley que imponía una moratoria al fracking. Los legisladores que votaron contra la moratoria recibieron 14 veces más dinero en contribuciones de campaña de la industria del petróleo que quienes votaron por imponerla. Shaw citó la cifras en MapLight: los senadores que votaron "No" al proyecto de ley de moratoria recibieron en promedio 24.981 dólares de la industria del petróleo y gas, mientras quienes votaron "Sí" a la moratoria recibieron apenas 1.772 dólares en promedio. "Si los cinco senadores activos que se abstuvieron de votar –todos demócratas– hubieran votado a favor, la moratoria se habría aprobado". Los demócratas que se abstuvieron recibieron en promedio 4,5 veces más dinero que quienes votaron "Sí".


Aunque los medios de información corporativos cubrieron el debate sobre regulaciones al fracking, en un primer momento ignoraron el estudio del Centro para la Diversidad Biológica respecto al vertido de aguas residuales en los acuíferos de California. Hubo un retraso de más de tres meses entre la cobertura inicial de los medios independientes de noticias a las revelaciones del Centro de Diversidad Biológica y la atención que le prestaron a este asunto las grandes corporaciones informativas. El diario Los Angeles Timespublicó en mayo de 2015 un artículo de primera plana sobre los cultivos del Valle Central regados con aguas del yacimiento petrolero tratado confracking. Sin embargo, el informe de Los Angeles Times no mencionó el hallazgo del Centro para la Diversidad Biológica respecto a la contaminación de aguas residuales por fracking.


En junio de 2015, la Agencia de Protección Ambiental (EPA, su sigla en inglés) publicó su estudio de los impactos del fracking en el suministro de agua potable. Aunque la evaluación de la EPA identificó "importantes vulnerabilidades en las fuentes de agua potable", concluyó que "las actividades de fracturación hidráulica no han conducido a impactos sistémicos generalizados en los recursos de agua potable". En respuesta, Food & Water Watch emitió un comunicado de prensa del Director Ejecutivo Wenonah Hunter, quien escribió: "Lamentablemente, el estudio de la EPA publicado hoy está muy por debajo del nivel de escrutinio y supervisión del gobierno necesarios para proteger la salud y seguridad de los millones de estadounidenses afectados por la perforación y fracturación hidráulica para obtener petróleo y gas". Tomando nota de que la industria del petróleo y gas se negó a cooperar con la EPA en un único "caso de estudio prospectivo" de los impactos del fracking, Hunter concluyó: "Esto revela la influencia indebida que tiene la industria sobre el gobierno y muestra que la industria tiene miedo a permitir el monitoreo cuidadoso de sus operaciones".

 

Fuentes:
Dan Bacher, "Massive Dumping of Wastewater into Aquifers Shows Big Oil's Power in California," IndyBay, October 11, 2014, http://www.indybay.org/newsitems/2014/10/11/18762739.php .
"California Aquifers Contaminated with Billions of Gallons of Fracking Wastewater," Russia Today, October 11, 2014, http://rt.com/usa/194620-california-aquifers-fracking-contamination/ .
Donny Shaw, "CA Senators Voting NO on Fracking Moratorium Received 14x More from Oil & Gas Industry," MapLight, June 3, 2014, http://maplight.org/content/ca-senators-voting-no-on-fracking-moratorium-received-14x-more-from-oil-and-gas-industry .
Dan Bacher, "Senators Opposing Fracking Moratorium Received 14x More Money from Big Oil," IndyBay, June 7, 2014, http://www.indybay.org/newsitems/2014/06/07/18757051.php .
Estudiantes investigadores : Carolina de Mello (College of Marin) and Steven Feher (San Francisco State University)
Evaluadores académicos: Susan Rahman (College of Marin) and Kenn Burrows (San Francisco State University)

 

Por  Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno, jurado internacional de Proyecto Censurado

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Sábado, 26 Septiembre 2015 10:55

El negocio con los derechos fundamentales

El negocio con los derechos fundamentales

"Es el primero de su tipo en Latinoamérica", dicen los medios de comunicación cuando hablan del nuevo proyecto piloto de las Empresas Públicas de Medellín –EPM–: agua potable prepago.

 

El negocio ante todo. Este proyecto es la nueva innovación en la ciudad de Medellín, que deberá permitir a las más de 24.327 familias deudoras morosas con EPM acceder al servicio de agua solo con recargar 5.000 o 10.000 pesos.

 

Agua potable prepago es un programa implementado por las que se suponen son las empresas públicas más importantes del país, y fue diseñado e implementado luego del éxito obtenido con la venta de energía prepago, con el cual ahora venden este recurso fundamental, a 42 mil viviendas, las que superan con creces, en solo tres años, las 35 mil que fueron proyectadas para reconexión al servicio en 5 años. El negocio es tan bueno que EPM proyecta ampliar esta estrategia comercial a todo el mercado que atiende.

 

Valga recordar que en Medellín hasta hace tres años existían más de 50 mil hogares desconectados de estos derechos básicos.

 

En particular, la energía prepago es un modelo mercantil para familias que perdieron el acceso a tal servicio por atraso en el pago de la factura, fraude o contrabando en las conexiones; el consumo mínimo es de $3.000

 

Más de lo mismo. Según Juan Esteban Calle Restrepo, gerente general de EPM y líder del Grupo del mismo nombre, el objetivo con este tipo de proyectos es estar más cerca del cliente y acoplarse más a lo que éste necesita. Resaltó, también, que en la medida que las personas recarguen el servicio un 10 por ciento del dinero pagado, amortiza la deuda y la tarifa de aseo, además del alcantarillado y acueducto. Sin duda, todo un diseño financiero para recoger cartera morosa; un diseño que no repara en la realidad social y económica que agobia a miles de familias en esta ciudad, sometida a uno de los más altos indicadores de desigualdad social que reina en el país.

 

No son simples cambios de palabras

 

"Cliente", "mercado", "servicio", estas y otras palabras son las que dominan y determinan en la labor de las EPM. Borradas quedan: derecho, población, ciudadanía, crisis, y otras similares, que deberían resaltar como referente a la hora de determinar por qué una familia no alcanza a cancelar una deuda contraída por el consumo de un bien fundamental como lo son agua y energía.

 

Más aún cuando las familias en deuda morosa no son pocas, mucho más cuando el problema gana ribetes cómo los ya relacionados, donde 50 mil o más familias quedan por fuera de un derecho fundamental, pese a negociaciones, programas de pago, los cuales son una y otra vez reprogramados.

 

El problema aquí es mayúsculo, y si bien algunos pueden aludir a la llamada cultura del "no pago", la verdad es que la problemática es mucho más profunda, es el reflejo de una crisis social que debe ser atendida, entre otros, con los dividendos que le procura una empresa, como las EPM, al gobierno municipal del cual depende y al cual se debe. Adjunto a esto debe estar la investigación sobre el inmenso problema social que afecta a miles de medellinenses, procurando identificar por qué el desempleo no decae, por qué los sueldos son insuficientes, por qué, si es el caso, la gente no quiere pagar, etcétera. Es decir, el problema no es de simple recaudo de cartera vencida e impedir que esta siga creciendo.

 

Y así debe ser, pues lo público es eso: de todos/as, y si bien esto no significa dilapidar sí representa algo muy distinto a funcionar como una empresa privada o cuyo propósito fundamental es multiplicar ganancias. Y con este funcionamiento está el reto de potenciar la discusión pública de lo qué significa e implica aquello de ser público, cómo administrarlo, cómo apropiarlo por parte de toda la ciudadanía, en qué sectores invertir, por qué y cómo, etcétera.

 

Las EPM, valga recordar, obtuvieron ganancias netas, durante el 2014, por 1,8 billones de pesos, y el Grupo EPM registró una utilidad neta de $1,78 billones, con ingresos operacionales por $11,5 billones y activos totales por $38,7 billones, y un patrimonio de 21,1 billones.

 

Lo que debe llamar la atención de los pobladores de Medellín, es que mientras sus empresas registran estos números positivos, su afán principal es cómo continuar incrementando ganancias para lo cual proyecta operaciones en otros países de la región, sin pararse a detallar lo que sucede en su entorno inmediato, que es su razón de ser.

 

Valga recordar, además, que en el caso del agua, en la ciudad existe el derecho al mínimo vital, pero el mismo está birlado a todo hogar que deje de cancelar dos facturas. Según la Organización Mundial de la Salud se deben brindar 2.500 litros de agua por persona al mes (500 litros para el aseo personal; 500 litros para preparación de alimentos; 833 litros para el aseo del hogar; 667 litros para el lavado de ropa). En Medellín, solo quienes están registrados en el programa "Medellín solidaria", que sean de estratos 1 y 2, y paguen oportunamente sus facturas, pueden gozar de este derecho.

 

Llama poderosamente la atención que las EPM no se preocupen por la ampliación del programa sino por incluir en sus ventas prepago a las miles de familias que no gozan ni de un mínimo en su calidad de vida.

 

En estas condiciones, ¿tiene sentido seguir considerando como público lo que no funciona como tal? ¿No le habrá sucedido a las EPM que, aunque conserva el nombre, funciona como empresa privada? ¿No será hora de debatir de cara a toda la ciudad el cómo reapropiar lo que es de todos, pasando de lo público a lo común?

Publicado enEdición Nº 217