Representantes de la CIDH durante su visita, el pasado 7 de junio, a Bogotá.

Este 26 de octubre, la CIDH lideró una audiencia en la que diferentes partes de la sociedad colombiana expusieron lo que ha pasado en el país tras las protestas sociales entre abril y junio de este año

 

El pasado 7 de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo público el informe sobre lo que recopiló en su visita a Colombia entre el 8 y el 10 de junio en el marco del Paro Nacional. En el documento, el mecanismo hizo 41 recomendaciones al Estado colombiano para evitar futuras violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos que participan en las protestas sociales.

Como parte del seguimiento que la CIDH le hace al país para evaluar si ha cumplido con la implementación de lo recomendado, este 26 de octubre se realizó una audiencia en la que las organizaciones civiles denunciaron que el Estado no ha acatado lo dicho por el organismo internacional.

Más de 20 organizaciones presentaron cifras sobre la situación del país tras la visita de la CIDH y pidieron la instalación de un mecanismo de seguimiento de las recomendaciones que la Comisión le hizo al Estado.

Luis Carlos Montenegro, de la campaña ‘defender la libertad, asunto de todas’, aseguró que, “luego de la visita de la CIDH, más de cuatro misiones internacionales han dado cuenta de la gravedad y continuidad de las violaciones a los derechos humanos en entornos de protestas sociales y así es como entre el 28 de abril al 28 de septiembre, se han presentado cuando menos 7.394 violaciones a derechos humanos”.

De hecho, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia señaló que las recomendaciones que hizo la CIDH son valiosas para el país y mostró nuevamente la preocupación del exceso de la fuerza por parte de las autoridades en medio de las protestas.

“Nuestra oficina considera útil que la fuerza de seguridad y los órganos del Estado revisen los protocolos y procedimiento del uso de la fuerza y dispersión en el marco de las protestas y su efectivo cumplimiento para asegurar que no se repita el uso innecesario y desproporcionado de la fuerza incluyendo el uso de armas no letales”, señaló la comisionada de la ONU, Juliette de Rivero.

Por su parte, el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que trabaja en defensa de derechos humanos en el país, señaló que el mecanismo de seguimiento es prioritario y pidió visitas periódicas de esa comisión al país y que se impulsen reuniones con el Estado.

Por parte del Gobierno, el viceministro encargado de asuntos multilaterales, Carlos Morales, expresó su desacuerdo con el establecimiento del mecanismo de seguimiento.

“En el contexto de la protesta social, un mecanismo especial de seguimiento no resulta un método pertinente para el Estado para seguir profundizando una relación de cooperación para ahondar aún más en el trabajo que ya realiza el país en términos de prevención de violaciones de derechos humanos en estos contextos de reuniones o manifestaciones pacíficas”, sostuvo.

Además, dijo que el Estado colombiano sí está teniendo en cuenta las recomendaciones de la CIDH. “Prueba de ello son los ejercicios de diálogo adelantados desde el Ministerio del Interior con distintos actores de las manifestaciones, así como la promoción de espacios de escucha que han permitido llegar a numerosos acuerdos, como la protección de grupos en situación de vulnerabilidad”, señaló Morales.

Cabe resaltar que, entre las recomendaciones que hizo la CIDH está el promover el estándar interamericano según el cual los funcionarios públicos tienen el deber de abstenerse de realizar declaraciones que estigmaticen o inciten a la violencia contra las personas que participan de las manifestaciones y protestas.

También le pidió al Estado crear una ley estatutaria que regule los alcances y limitaciones del derecho a la protesta en Colombia, de acuerdo con lo dictado por la Corte Suprema y en conformidad a los estándares internacionales en la materia.

26 de Octubre de 2021

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Desplazamiento forzado por el conflicto armado en Colombia. Foto: Alcaldía Santander

La Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) afirmó que la crisis de seguridad en el país se debe a la expansión e incremento de los grupos armados ilegales

 

Durante los nueve primeros meses de 2021 se registró el desplazamiento forzado de más de 60.700 personas en Colombia, una cifra que triplica los datos recogidos durante todo 2020, según alertó este martes 26 de octubre la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA).

Así lo evidencia el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas en Colombia titulado ‘Impacto y Tendencias Humanitarias entre enero y septiembre de 2021′, en el que advierte que el principal determinante de esta grave situación de seguridad en país se debe a la multiplicidad, incremento y expansión de los grupos armados ilegales.

“El nivel de respuesta complementaria de los socios humanitarios a la población afectada por desplazamientos masivos en 2021 ha sido del 41 %. En la mayoría de los casos se tiene respuesta con ayuda humanitaria inmediata (AHI) por parte de las administraciones locales y/o la Unidad para las Víctimas (UARIV). Sin embargo, quedan vacíos ya que en ocasiones no es suficiente o no se cubren todos los sectores con necesidades, especialmente en un contexto con más de 50.500 personas desplazadas en emergencias masivas, que no han podido retornan a sus lugares de origen”, advierte el informe.

A su vez, la OCHA indicó que en los últimos diez años, a excepción de 2013 y 2020, no se registraba un número tan alto de personas confinadas, debido a que entre enero y septiembre de 2021 se ha documentado que al menos 50.900 personas han sido forzadas a confinarse por el accionar y presencia de los grupos armados ilegales que hace presencia en los territorios.

Dentro de las zonas del país más afectadas por esta grave situación de seguridad se encuentran la región del Pacífico, en la que confluyen varios factores de riesgo como el recrudecimiento de la violencia y el conflicto armado en los territorios, así como el incremento de la migración ilegal, que han ocasionado una crisis humanitaria en varios municipios del Chocó, Nariño, Cauca y Valle del Cauca.

“Cabe resaltar que, la multiplicidad de emergencias ha desbordado la capacidad de respuesta de las administraciones locales, e inclusive algunas personas desplazadas optan por retornan a sus lugares de origen sin tener las garantías de seguridad para un retorno. Por esta razón las personas sufren nuevamente hechos victimizantes en un corto periodo de tiempo”, indica la oficina de la ONU.

A su vez, el informe alerta sobre el deterioro de la situación de seguridad en los departamentos de Córdoba, Bolívar y Sucre, debido a la reciente presencia e influencia de varios grupos armados organizados que han realizado varias amenazas en contra de la población con el propósito de imponer su control social en estas localidades.

En ese sentido, la OCHA indicó que la Defensoría del Pueblo ha emitido una alerta temprana de inminencia en el Amazonas, que evidencia el alto riesgo al que están expuestas las comunidades indígenas de La Pedrera por las recientes amenazas de reclutamiento y uso de menores por las disidencias de la desmovilizada guerrilla de las FARC que hace presencia en este territorio.

“Por otra parte, se evidenció que las principales preocupaciones de los migrantes y comunidades de acogida en la frontera con Panamá giran en torno al acceso a agua segura, condiciones de seguridad durante el trayecto por la selva del Darién, atención en salud, alimentación, acceso a otros bienes y servicios a precios más bajos y formas para poder realizar el tránsito hasta sus lugares de destino (EE.UU.) en menor tiempo y de forma digna”, concluyó el informe.

26 de Octubre de 2021

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Caso Diego Felipe Becerra: Condenan a 22 años de prisión a coronel de la Policía por manipulación de la escena del crimen

El excomandante tendrá que responder por los delitos de favorecimiento en homicidio agravado y fabricación, porte y tenencia de armas

Este lunes 25 de octubre, un juez condenó al coronel Nelson de Jesús Arévalo, excomandante de la Estación de Policía de Suba, a 22 años de prisión por su responsabilidad en la manipulación de la escena del crimen para desviar la investigación que se adelantaba por la muerte del joven Diego Felipe Becerra Lizarazo, el 19 de agosto de 2011.

El excomandante tendrá que responder por los delitos de favorecimiento en homicidio agravado y fabricación, porte y tenencia de armas. De acuerdo con la investigación, Arévalo llegó al lugar de los hechos a la medianoche y habló durante varios minutos con los agentes de la Policía que estaban en el sector.

“Supo de la obtención del arma y la escenificación”, precisó la jueza, quien señaló además que en base a las declaraciones de varios testigos, desde el primer minuto, Arévalo sabía de la estrategia de los policías para inculpar a Becerra.

De igual forma, el teniente Rosember Madrid Orozco recibió una pena de 11 años de prisión, mientras que el patrullero Wilmer Antonio Alarcón, quien ya había sido condenado a 37 años de prisión por el homicidio del joven, fue sentenciado a 22 años. El abogado Héctor Hernando Ruiz también recibió una pena de 20 años.

Dentro del proceso judicial quedaron absueltos de sus cargos los coroneles José Javier Vivas y John Harbey Peña. Esto porque, según la juez, la Fiscalía General de la Nación no encontró pruebas de que los uniformados tuvieran conocimiento sobre la intención de plantar un arma para alterar la escena del crimen.

La juez también absolvió del delito de favorecimiento de homicidio a los civiles Jorge Narváez, el conductor del bus que atestiguó que Becerra subió para atracarlo, algunos instantes antes del supuesto cruce de disparos con la Policía; y a Nubia Mahecha, la esposa del mencionado.

Cabe recordar que en 2017, el subintendente Nelson Giovanni Tovar fue condenado a ocho años de prisión, en un preacuerdo con la Fiscalía, por ser quien puso el arma de fuego junto al cuerpo sin vida de Diego Becerra, al norte de Bogotá. A este se le permitió cumplir su sentencia bajo casa por cárcel, tras haber colaborado con la justicia. Los delitos por los que responde son fraude procesal, falsedad ideológica en documento público, ocultamiento, alteración de material probatorio, favorecimiento, porte ilegal de armas de fuego y falsa denuncia.

A estos sucesos también se suma Wilmer Alarcón, quien le disparó al joven grafitero, y cuyo procedimiento de captura fue legalizado en Yopal, Casanare, a finales de agosto, por parte del Cuerpo Técnico de Investigaciones y el Gaula. Este fue trasladado en su momento a la cárcel La Picota, de Bogotá, donde cumplirá su condena pendiente a 37 años, 6 meses y 1 día. Cabe destacar que esta pena había sido impuesta en agosto de 2016, cinco años después del homicidio

Diego Felipe Becerra rechazó una salida a cine con sus papás para ir con sus amigos a pintar un grafiti. En esas estaba la noche del 19 de agosto de 2011, bajo el puente de la calle 116 con avenida Boyacá, dejando grabada la imagen del Gato Félix, cuando fueron sorprendidos por policías.

Los jóvenes corrieron porque, como era común, los uniformados los golpeaban y les quitaban las pinturas. Pero el patrullero, entonces adscrito al CAI Andes, Wilmer Alarcón alcanzó a Diego Felipe y le disparó. El menor de entonces 16 años fue llevado a la Clínica Shaio con un disparo en el área lumbar de la espalda y un orificio en un hombro que le causaron la muerte, después de llegar al centro asistencial.

Su padre llegó a la clínica, conoció el fallecimiento, y un uniformado le dijo que había encontrado un arma. En la escena del crimen vio a los policías en una dudosa conversación y decidió alertar que había una alteración de los hechos, pues su hijo estaba pintando un grafiti, no era un criminal. A partir de ese momento, se empezó a ‘desenmascarar’ el entramado que buscaba inculpar al menor de edad.

25 de Octubre de 2021

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Protestas contra el golpe de Estado en Sudán el lunes 25 de octubre de 2021. — MOHAMMED ABU OBAID / EFE

Hay más de 140 heridos. El Comité Central de Médicos de Sudán (CCDS) denuncia que los militares "impiden al personal del banco central de sangre realizar su trabajo".

 

 Al menos siete personas han muerto y 140 han resultado heridas este lunes durante las manifestaciones en contra del golpe de Estado urdido por los militares en Sudán, según ha informado un agente del Ministerio de Sanidad del país a Reuters. El grupo de militares ha arrestado al primer ministro sudanés Abdalá Hamdok, después de que este rechazara "apoyar el golpe" de Estado. Se desconoce el paradero del primer ministro.

Se pone fin al proceso de transición democrática que se inició tras la caída del dictador Omar al Bashir, en abril de 2019. "Se ha confirmado la muerte de un tercer mártir por disparos de las fuerzas del consejo militar golpista. Gloria eterna a los mártires y victoria a nuestro pueblo que resiste", ha informado el Comité Central de Médicos de Sudán (CCDS), que informa que hay más de 80 heridos.

El CCDS también denuncia que los militares "impiden al personal del banco central de sangre realizar su trabajo y preparar sangre para los heridos". Organismos como la ONU, la Unión Africana, la Liga Árabe o la Unión Europea han condenado el golpe de Estado.

La Unión Europea ha condenado la detención del primer ministro. El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha afirmado que "las acciones de los militares representan una traición a la revolución, la transición y las legítimas solicitudes del pueblo sudanés de paz, justicia y desarrollo económico". Pide, además, a los militares que pongan "en libertad de inmediato a las personas que han detenido ilegalmente".

Por su parte, la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, afirmó que "Estados Unidos está profundamente alarmado por las informaciones sobre una toma de control militar del Gobierno de transición". "Rechazamos las acciones de los militares y pedimos la liberación inmediata del primer ministro y de los otros que han sido puestos bajo arresto domiciliario. Las acciones de hoy son completamente opuestas a la voluntad del pueblo sudanés y sus aspiraciones de paz, libertad y Justicia", añadió.

El Ministerio de Información ha denunciado que "las fuerzas militares están disparando con munición real contra los manifestantes que rechazan el golpe militar en Jartum", según recoge Europa Press. El Ministerio asegura que "decenas de miles" de personas han salido a las calles y han intentado llegar a la sede del Mando General del Ejército.

25/10/2021 17:51 Actualizado: 26/10/2021 10:22

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Martes, 26 Octubre 2021 05:48

Assange: que cese la venganza

Assange: que cese la venganza

La jueza británica Vanessa Baraister deberá iniciar mañana miércoles la revisión de la apelación presentada por Washington a la negativa judicial a extraditar a Julian Assange a Estados Unidos, emitida en enero pasado por esa misma magistrada. El informador australiano permanece en una prisión de Londres desde abril de 2019, luego de que el gobierno ecuatoriano de Lenín Moreno decidió expulsarlo de su embajada en la capital británica, en donde estuvo refugiado durante casi siete años.

La persecución contra Assange ha durado más de una década. Se inició con una investigación de la policía sueca por supuestos delitos sexuales tan insustanciales que nunca dieron lugar a una imputación formal, pero que fueron el pretexto para detenerlo en Londres, en respuesta a una petición de Estocolmo para someterlo a un interrogatorio. Temiendo que la demanda fuese una coartada para llevarlo a Suecia y extraditarlo de allí a Estados Unidos; Assange buscó refugio en la mencionada representación diplomática y ofreció comparecer allí ante representantes legales de Suecia. Su sospecha se vio confirmada por el hecho de que Estocolmo cerró definitivamente la pesquisa policial y desechó los cargos.

Sin embargo, para entonces el Departamento de Justicia ya había formulado imputaciones graves en su contra, una de ellas por “espionaje”, debido a que el fundador de Wikileaks divulgó en 2010 documentos secretos que demostraban la comisión de crímenes de lesa humanidad por parte de las fuerzas armadas de Estados Unidos en Afganistán e Irak.

Posteriormente, al año siguiente, la organización de Assange distribuyó entre varios medios del mundo –entre ellos, La Jornada– cientos de miles de reportes enviados al Departamento de Estado desde las representaciones diplomáticas de Estados Unidos en el mundo. Tales documentos revelaron la falta de escrúpulos con la que las autoridades de Washington se conducían en otros países, pero también la supeditación y la corrupción, si no es que el carácter llanamente delictivo, de numerosos gobiernos.

Es claro, pues, que el informador australiano no puede considerarse espía, porque no entregó información alguna a un tercer gobierno sino que la divulgó para la opinión pública internacional. Es evidente también que ha sido víctima de una vasta venganza de Estado por haber dado a conocer a la sociedad la descomposición, la inmoralidad y hasta las facetas criminales de la superpotencia en su proyección diplomática, económica y militar en el ámbito internacional.

Con esas consideraciones en mente, es ine-ludible concluir que el encarnizado acoso judicial de tres presidentes estadunidenses contra Assange –Barack Obama, Donald Trump y Joe Biden– reviste el carácter de escarmiento para cualquier informador que pretenda revelar documentación clasificada del gobierno estadunidense y es, en tal medida, un bárbaro e injustificable ataque a la libertad de expresión de los periodistas y al derecho a la información de las audiencias. Resulta desolador, por lo demás, que tres gobiernos que se presumen defensores de esa libertad y de ese derecho –Estados Unidos, Suecia y Reino Unido– se hayan conjurado para imponer un castigo ejemplar a un individuo que no cometió más delito que revelar la verdad.

Es exasperante, además, que se haya mantenido en prisión a una persona a todas luces inocente a pesar de su salud precaria y de los riesgos que corre en el encierro. Su encarcelamiento no es sólo una injusticia y un atropello inexcusable a los derechos humanos sino también una afrenta a los principios elementales de la democracia, la transparencia y la libertad de expresión.

Cabe esperar, en suma, que la jueza Baraister ratifique mañana su negativa a otorgar la extradición del fundador de Wikileaks, que con ello Washington se desista de buscar venganza contra Assange y que éste obtenga una pronta e incondicional liberación.

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Detiene EU máximo histórico de 1.7 millones de migrantes en un año

 El número de migrantes detenidos en su intento por entrar a Estados Unidos alcanzó un nivel histórico en el año fiscal 2021. Más de 1.7 millones de personas en condición de movilidad irregular fueron aprehendidas por autoridades estadunidenses en la franja fronteriza en este lapso.

De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país (CBP, por sus siglas en inglés), entre octubre de 2020 y septiembre de 2021 –el periodo del año fiscal– esta cifra alcanzó un millón 734 mil 686 migrantes; de ellos casi cuatro de cada 10 eran de origen mexicano.

En 2021 hubo 757 mil 177 migrantes detenidos más que los 977 mil 509 reportados en el año fiscal 2019, que era la cantidad más alta en la historia. El número actual creció 77 por ciento en relación con el de hace dos años.

A lo largo de ese lapso las cifras fueron al alza, pues 46.37 por ciento de las retenciones (804 mil 468) se registraron entre junio y septiembre de este año.

El mes con el mayor número de detenciones en este periodo fiscal fue julio, con 213 mil 593; seguido de agosto, con 209 mil 840; septiembre ocupó el tercer lugar, con 192 mil una aprehensiones, y siguió junio, con 189 mil 34, de acuerdo con los números de la CBP.

Este número histórico se presenta en medio de una crisis en materia migratoria en la región. Los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de Joe Biden han coincidido en la necesidad de brindar apoyo a las localidades de origen migratorio, a fin de atacar las causas del fenómeno.

Diversos análisis realizados por la CBP apuntan que la pobreza y la pobreza extrema son la principal razón por la que miles de personas se ven obligadas a salir de varios puntos de México y las naciones del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador).

Otras causas identificadas por esta dependencia estadunidense son la violencia, la ausencia de políticas sociales en sus poblaciones de origen y la reunificación con familiares que se encuentran en Estados Unidos.

Del total de migrantes detenidos en este año fiscal, la mayoría, 655 mil 594, eran mexicanos, equivalente a 37.79 por ciento.

La CBP reportó 319 mil 324 migrantes hondureños en esta situación, 18.4 por ciento; 283 mil 35 procedentes de Guatemala, 16.31 por ciento, y 98 mil 690 de El Salvador, 5.68 por ciento. El resto, 378 mil 43, 21.79 por ciento, eran de otras naciones.

Si bien la mayoría de los migrantes detenidos en este periodo eran adultos en solitario, un millón 105 mil 925, la cantidad de menores de edad que viajaban solos retenidos en la franja fronteriza estadunidense alcanzó 146 mil 925 (8.46 por ciento del total). Este número es mayor en 66 mil 291 casos a los 80 mil 634 niños y adolescentes registrados durante el año fiscal 2019.

Lunes 25 de octubre de 2021


Migración: ¿callejón sin salida?*

 

Varios miles de migrantes salieron el sábado pasado de Tapachula, Chiapas, hacia esta capital, tras permanecer varios meses en esa ciudad sin haber conseguido regularizar su estancia en el país. El domingo, los viajeros, entre los que hay numerosas mujeres y niños, debieron enfrentar altas temperaturas en el trayecto y apenas lograron avanzar unas decenas de kilómetros hasta llegar a la localidad chiapaneca de Huehuetán. La mayoría de ellos tiene el objetivo de llegar a territorio estadunidense.

En este nuevo episodio, la intervención de las autoridades se ha limitado hasta ahora a proteger a los migrantes e incluso a brindarles auxilio y la Comisión Nacional de Derechos Humanos dirigió requerimientos a las secretarías de Salud y de Seguridad y Protección Ciudadana, así como a la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, la Procuraduría Federal de protección de Niñas, Niños y Adolescentes y a las secretarías de Gobierno de Chiapas, Tabasco y Oaxaca, para salvaguardar la integridad física de los extranjeros y garantizar ayuda humanitaria para ellos.

La protección de los derechos humanos de los migrantes es sin duda una obligación indeclinable del Estado mexicano y cabe hacer votos porque ese principio se cumpla a cabalidad en la actual circunstancia. Pero es pertinente señalar que esa condición no va a resolver la crisis migratoria en la que se ha visto envuelto nuestro país, pues ésta depende de soluciones que están más allá de las atribuciones del gobierno nacional: por una parte, hay una multiplicidad de condiciones que llevan a miles de personas a abandonar sus lugares de origen y, por el otro, figura el sueño –o el espejismo– de lograr mejores condiciones de vida en Estados Unidos.

Sin embargo, la frontera común entre ese país y el nuestro se mantiene cerrada a la migración y, pese a las promesas electorales de su actual presidente, Joe Biden, no parece estar a la vista una pronta apertura, porque el cambio de rumbo que el demócrata ofreció en materia migratoria –como en muchas otras– se ha visto empantanado en un laberinto judicial y burocrático de solución incierta. En tal circunstancia, es claro que las caravanas migrantes no consiguen más que trasladar la crisis humanitaria que se vive en Tapachula a las ciudades de nuestra frontera norte, además de exponer a sus integrantes a los peligros e incertidumbres de la extensa ruta entre una y otras.

Por otra parte, la presidencia de Andrés Manuel López Obrador ha venido insistiendo ante la Casa Blanca –tanto en la administración de Donald Trump como en la de Biden– que la solución duradera y de fondo a esta complicada situación consiste en atacar de raíz las causas que alientan la emigración en los países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, formado por El Salvador, Guatemala y Honduras, mediante la aplicación en esos países de programas sociales similares a los que se realizan en México, como Sembrando Vida y Construyendo el Futuro, a fin de anclar a las poblaciones susceptibles de emigrar con trabajo y una paulatina mejoría en su nivel de vida y su entorno social. En el momento actual no parece haber más solución que ésta al flujo que constituye el grueso del fenómeno migratorio –en el que se cuentan también personas oriundas de otros países de Centro y Sudamérica y del Caribe, e incluso de otros continentes–. Es preciso, en consecuencia, seguir insistiendo ante el gobierno de Washington para que, si no puede sacar adelante una reforma profunda de su regulación migratoria, otorgue al menos los recursos necesarios para la aplicación de esa propuesta.

*Edotproañ diario La Jornada, México, lu8nes 25 de octubre

 

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Una niña con una mascarilla protectora juega en los terrenos de una urbanización en el distrito de Kowloon en Hong Kong, a 31 de enero de 2020. — Philip Fong / AFP

La hibernación en las compraventas durante la Gran Pandemia ha dado lugar a un nuevo boom inmobiliario, con encarecimientos desconocidos en décadas y, sobre todo, movimientos de reivindicación de viviendas a precios justos.

25/10/2021 07:27

 

Por si los tambores de estanflación no se escucharan con suficiente fuerza por los mercados de capitales y los centros económicos y de investigación del planeta por la escalada de los precios de la energía, otra réplica acústica importante y de elevada tensión social, el encarecimiento de la vivienda empieza a sonar con insistencia. El acceso a una vivienda a costes asequibles es cada, vez más, una quimera; muy en especial, para las generaciones más jóvenes. Ante una oleada de subidas que se propagan por una riada de ciudades de todas las latitudes. Una reciente nota a inversores de JP Morgan alertaba del calentamiento de los mercados inmobiliarios y dejaba caer este sentimiento de creciente escalada reivindicativa.

Los precios globales de la vivienda se han disparado, "después del primer trimestre del año, hasta cotas desconocidas en cuatro décadas", dicen en la sala de máquinas de este banco de inversión, desde donde se resalta que, en EEUU, a finales de septiembre, el malestar ha saltado ante las dificultades de oferta de viviendas a unos precios asequibles. Tras las compras masivas de los primeros meses de la epidemia por parte de propietarios con altos ingresos. El descontento civil –aseveran en JP Morgan– es el más intenso desde 1982. Pero la descompensación y el desorden del mercado –otro caso de desequilibrio en la oferta y la demanda, como ocurre con la electricidad, desde el circuito mercantil del gas– se han agudizado en economías como Australia, Nueva Zelanda, Brasil, Alemania, Corea del Sur o Turquía. Todos con señales inflacionistas.

El siguiente capítulo, el que sigue a las escaladas de precios en los inmuebles, es el de la protesta ciudadana. Inmediatamente después de duros y largos confinamientos sociales y de una pérdida generalizada del poder adquisitivo. Más eventual que el que siguió al credit crunch de 2008 pero cargado, a medida que avanza el despegue de la actividad, de incertidumbres. Así lo explica a Business Insider el analista de HousingWire en el mercado estadounidense, Logan Mohtashami, para quien el asunto esencial es que no hay suficientes casas en un momento en el que los tipos de interés y, por ende, las hipotecas, están en niveles históricamente bajos. Esta subida artificial, derivada de un déficit de promociones y de falta de dinamismo en el mercado de segunda mano, está alterando a los compradores: "Construir es la solución mágica" –dice–, aunque alerta de que "a los constructores no les importa el cuello de botella de la vivienda, como siempre; de hecho, nunca les va a generar preocupación alguna". Motivo por el que Mohtashami también cree que los conatos actuales de reivindicación social a los gobiernos en defensa de una vivienda a precios dignos es la consecuencia lógica de que las leyes de los mercados inmobiliarios están regidas por constructores, intermediarios y vendedores. "Necesitan un ajuste estructural", admite.

En algunas grandes capitales, como Fráncfort, Toronto o Hong-Kong, ya en situación de elevado riesgo de burbuja antes de la Gran Pandemia, "se han amplificado los peligros de estallido, por la expansión de sus precios y de su radio de acción territorial", reconocen en UBS Global Estate. Dentro de una coyuntura general de crecimiento de precios en el mundo, explican sus expertos en su Bubble Index 2021. Su diagnóstico está dirigido a los inversores, a los que les recomienda "considerar alternativas", ante la creciente amenaza de precios, que están mostrando una gran elasticidad para alejarse de valores asequibles, no sólo por la irrupción del trabajo en remoto y pese a los bajos costes financieros y las expectativas de ganancias de los propietarios, que siguen al alza, explica en un editorial el equipo de UBS.

Esta compleja comprensión del escenario de los mercados de la vivienda también ha sido motivo de análisis por parte de The Economist. El seminario británico avisaba hace unas fechas de que los desembolsos en las compraventas de inmuebles "son demasiado elevados". Al menos, en la mayor parte de las grandes ciudades de las economías de rentas altas. Aunque su radiografía se ciñe más al mercado EEUU, donde el patrimonio inmobiliario supera los 34 billones de dólares, una suma casi similar a la del PIB conjunto estadounidense y chino. Y sólo en 2020, durante la epidemia, se cerraron acuerdos por 1,5 billones, en montante de la economía española. Buena parte de este dinamismo se produce, además, de forma sorprendente, pese al alambicado y caro –"extraordinariamente caro", recalca– proceso de compraventa. Dado que las comisiones de los distintos agentes inmobiliarios alcanzan entre el 5% y el 6% del valor de la propiedad. El triple que la media del resto de potencias industrializadas. Y el mantenimiento, a pesar de los avances tecnológicos, de unas labores de intermediación que deberían empezar a ser prescindibles en un mercado ampliamente digitalizado. Aun así, estos agentes lograron una cuenta de resultados de 75.000 millones de dólares, el 0,4% del PIB. En el segmento inmobiliario, las viejas formas de hacer persisten. Todavía hay más de 2 millones de ellos, lo que merma la competitividad en el sector.

Inicio de un descontento social en las grandes urbes

Todo ello ha suscitado las primeras protestas sociales. Con la coyuntura económica en un estado crítico por los cuellos de botella de abastecimiento global, la interrupción de flujos comerciales e inversores o los nuevos retrasos de los millennials para acceder al mercado de la vivienda. Por un elemento nuevo: la contracción de la oferta. Lo que ha llevado a una cierta preocupación en los gobiernos. Con cambios regulatorios en ciudades como Berlín, en países como España, con un cambio de paradigma normativo en ciernes o, incluso en EEUU. Porque los 3,5 billones de dólares del programa de estímulo de la Administración Biden que se tramita en la actualidad en el Congreso incluye una partida de nada menos que 213.000 millones para garantizar un parque substancial de viviendas a precios asequibles. Además de planes del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano para construir más de 2 millones de inmuebles con los que corregir el déficit de 6,8 millones en los que se calcula el desequilibrio entre oferta y demanda. Mohtashami señala el planteamiento de una forma más elocuente: "necesitamos gobiernos que empiecen a ayudar a las personas a adquirir viviendas en vez de gabinetes políticos preocupados por los márgenes de beneficios". Sólo así, "la producción y las decisiones de compra de viviendas confluirán".

En Berkeley (California) se han puesto en marcha un censo limitado de viviendas para minorías étnicas o residentes con alta vulnerabilidad patrimonial. Mientras en Canadá se ha puesto coto a las ventas de casas con fines especulativos, con la pertinente reprimenda de firmas financieras, y en Nueva Zelanda, el gobierno socialdemócrata de Jacinda Ardern, ha impuesto reglas estrictas a los inversores –similares a las de su homólogo canadiense, el liberal JustinTrudeau– y ordenar al banco central incorporar formalmente los precios inmobiliarios en su política monetaria para la fijación de los tipos de interés. Y la ciudad de Berlín, en referéndum, dio validez, por un amplio margen, el pasado 26 de septiembre, coincidiendo con las elecciones federales, a una iniciativa popular (Deutsche Wohnen & Co. Enteignen) por la que se insta a la alcaldía berlinesa –de triple coalición progresista (socialdemócrata, izquierda y verde)– a adquirir apartamentos de grandes propietarios para espolear la oferta con viviendas públicas. La capital alemana podría poner en el mercado, a unos precios asequibles, más de 240.000 viviendas por los efectos de este plebiscito popular.

En UBS también constatan esta tendencia. En su Global Real Estate Bubble Index (GREBI) 2021 se asegura que el repunte de la vivienda en sus 25 ciudades internacionales analizadas fue del 6% en términos ajustados a la inflación, entre mediados de 2020 y el ecuador de este año. El mayor incremento desde 2014. Con tan sólo cuatro de ellas, Milán, París Sídney y San Francisco, en una tasa decreciente. Pero con Moscú, Estocolmo, Sídney y Vancouver en dobles dígitos. Pese a lo cual, la capital rusa, como Madrid, se halla entre las grandes capitales con valoración todavía razonable. Aunque desde julio de 2020 ha alcanzado ya el incremento medio de los últimos cinco años, lo que induce a pensar que la escalada seguirá en los próximos meses.

Riesgos de mercado con tensiones inflacionistas

Por si fuera poco, la crisis de Evergrande podría constreñir el mercado inmobiliario chino, dos veces mayor que el de su rival estadounidense, en el que, irónicamente, el 20% de su parque se encuentra vacío. Es, pues, el caso contrario. Un escenario de exceso de demanda. En el que sólo este emporio chino tiene 1,6 millones de viviendas en sus balances. En medio de una batalla de Pekín por evitar el colapso del conjunto de su sistema inmobiliario, que Goldman Sachs calculaba en 52 billones de dólares en 2019; dentro de un rampante proceso de urbanización, con una tasa que superó el 60% de la población antes de la epidemia, y con un alza exponencial de la demografía de las ciudades. Pero en el que 65 millones de viviendas continúan sin ocupación. Tanto como el censo de Francia.

En este contexto, el FMI también ha emitido un diagnóstico de tenso compás de espera. En su informe de Estabilidad Financiera Global (GFS) de su reciente cumbre otoñal detecta riesgos en la venta de activos bursátiles e inmobiliarios de producirse la retirada de estímulos monetarios. La política ultra-laxa de los bancos centrales –explica Tobias Adrian director del Departamento Monetario y de Mercados de Capital del Fondo– "ha conducido a una exuberancia bursátil y a un incremento del apalancamiento financiero" que podría generar un "desorden" en la cotización de los índices y de los activos, cuando la Reserva Federal y otros organismos de supervisión retiren sus apoyos –programas de compra de deuda soberana y corporativa– y se empleen en subidas de tipos de interés.

"Los shocks podrían aparecer de manera inminente, ya que varios bancos centrales han iniciado ya un endurecimiento más rápido de lo previsto de sus condiciones monetarias", precisó Adrian, quien advirtió, sin tapujos, que "nos preocupa ver ventas masivas de gran magnitud ya que se ha alcanzado un nivel demasiado elevado en la cotización de ciertos valores". Para precisar con posterioridad que, "en los cálculos recientes de los bancos centrales han emergido las presiones inflacionistas como nunca antes se habían visto". Pese a que desde el FMI se descarten episodios de estanflación. Y anticipar finalmente que "el riesgo de desplome en los precios de la vivienda –en especial, en ciudades con un sector sobrecalentado– es significativamente alto". En el peor escenario calculado por el FMI, podrían caer hasta un 14% en las economías de rentas altas en los próximos tres años y hasta en un 22% en los mercados emergentes. En cierto modo, recuerda el estiramiento del ciclo inmobiliario del credit crunch de 2008, explica. Eso sí, con la salvedad importante de que los sistemas bancarios están mucho más saneados que entonces, asevera el director del Departamento Monetario del FMI.

Sin embargo, y a la espera de movimientos de los bancos centrales que hasta ahora se muestran reacios a provocar, el FMI en su blog oficial, asegura que, de momento, los precios siguen al alza. Como resalta su Global House Price Index, donde se registra que las tres cuartas partes de sus más de 60 países analizados experimentaron aumento de precios en 2020. Tendencia que se ha acentuado con los datos más recientes este ejercicio, avisa. Y que contribuirá a prolongar las presiones inflacionistas, admiten sus expertos.

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La iniciativa “Deutsche Wohnen & Co enteignen” juntó más de 350.000 firmas.. Imagen: DPA

Una ciudad con 85% de inquilinos

Trabajando para desmitificar las palabras "expropiación" y "socialización", buscan garantizar la vivienda para casi medio millón de personas afectadas por los aumentos de alquiler y las maniobras con las que las grandes inmobiliarias golpean los bolsillos de los inquilinos.

 

Más de un millón de berlineses votó “sí” en el referéndum para expropiar 240 mil viviendas a las grandes inmobiliarias. Desde entonces Deutsche wohnen & co enteignen (Expropiar a Deutsche wohnen y compañía), la agrupación que impulsó el referéndum no vinculante, se mantiene en las calles con movilizaciones hacia las sedes de los partidos que integrarían la nueva coalición gobernante en Berlín: socialdemócratas (SPD) que obtuvieron el 21,4 por ciento de los votos, Los Verdes con 18,9 por ciento y Die Linke (izquierda) con 14 por ciento. “Nuestra tarea más importante consiste en que la próxima coalición que gobierne Berlín incluya la realización de las expropiaciones en su acuerdo de coalición”, afirma Camilo Almendrales, integrante de la agrupación de inquilinos.

Los tres partidos gobiernan Berlín desde 2016. Sin embargo, esta vez deberán acordar un compromiso para tratar el referéndum que obtuvo el respaldo del 57,6 por ciento de la población berlinesa. En los últimos días la llamada coalición rojo-verde-rojo presentó un “documento exploratorio” en el que afirma que el nuevo gobierno respetará el resultado del referéndum y nombrará una comisión de expertos para examinar las “posibilidades, vías y condiciones” de su aplicación. La comisión también estará integrada por la iniciativa Deutsche wohnen & co enteignen. Por su parte, Klaus Lederer, el principal candidato de Die Linke, aseguró que su partido es el único garante fiable de que se trabajará en la aplicación del referéndum, según consigna el diario Berliner Zeitung. “No se trata de si vamos a aplicar el referéndum, sino de cómo”, escribió Lederer en su cuenta de Twitter.

Sí a la expropiación

Los habitantes de Berlín, una ciudad donde el 85 por ciento de las personas son inquilinas, votaron masivamente a favor de la expropiación de las grandes inmobiliarias que tengan más de 3.000 departamentos (como Deutsche wohnen, Vonovia, Akelius, Covivio, Heimstaden, Pears Global, TAG Immobilien, Grand City Properties, ADO Properties). Camilo Almendrales, es colombiano y miembro de la agrupación Deutsche Wohnen und Co enteignen. “Estamos contentos del resultado en las pasadas elecciones, pero somos conscientes de que nos queda un mundo por delante para cantar victoria”, afirmó a Página/12. Respaldados por dos artículos de la Ley Fundamental (Constitución) alemana más de un millón de personas dijo sí a la expropiación y socialización de cientos de miles de viviendas. El artículo 14 establece que “la expropiación está permitida por razones de bien común sólo por ley o en virtud de una ley que establezca el modo y el monto de la indemnización”. Mientras que el artículo 15 determina que “con fines de socialización, el suelo, los recursos naturales y los medios de producción pueden ser situados bajo un régimen de propiedad colectiva”.

En la última década la situación de vivienda para los arrendatarios en Berlín cambió drásticamente. “En los últimos 10 años el precio de los contratos nuevos se ha duplicado. Los salarios en Berlín no se han duplicado y es una situación muy difícil para la gente”, cuenta una inquilina de la Deutsche wohnen que pidió que se reservara su nombre. La inquilina empezó a militar en la agrupación Deutsche wohnen & co enteignen desde su inicio en 2018, aunque ya en 2017 formaba parte del movimiento de inquilinos. “Es un enorme movimiento de gente que está realmente desesperada, gente que vivía desde hace años en su departamento y de repente le aumentan el alquiler de una forma tal que ya no puede pagarlo”, contó en diálogo con Página/12. “El problema es que no vas a encontrar en este momento un departamento libre, son muy pocos los que están disponibles”, añadió. 

En este sentido, Almendrales también se refirió a las dificultades de los grupos vulnerables al momento de alquilar una vivienda. “La escalada de precios de alquiler afecta en sobremedida a grupos poblacionales socialmente y económicamente marginados: trabajadorxs precarizadxs, mujeres, migrantes, refugiados, personas con discapacidad y a la población LGBTIQA+”, explica.

Trampas del mundo inmobiliario

Además del aumento del alquiler para contratos nuevos las inmobiliarias se valen de otros mecanismos para aumentar su rédito. “No hacen diferencia entre los dos conceptos reparación/mantenimiento y modernización”, explica la inquilina. La ley indica que cuando se trata de una reparación o mantenimiento del edificio es el propietario quien debe pagar y cuando es una modernización la misma es a cargo del inquilino que lo verá reflejado en su alquiler. Una de las maniobras de la inmobiliaria más grande de la ciudad, Deutsche wohnen, propietarios de 115 mil viviendas, es comprar grandes bloques de edificios que requieren trabajos de adaptación a las nuevas condiciones que exige la legislación. “Ellos continúan dejando al abandono el edificio unos 10, 15 o 20 años más hasta que se encuentre en un estado deplorable y dicen bueno, ahora vamos a modernizar y tratan de meterle a los inquilinos los trabajos que en realidad serían de reparación”, dijo la inquilina.

Algunos inquilinos han llevado a juicio los reclamos para diferenciar mantenimiento de modernización. “Son pocas las personas que se sienten capaces de llevar esta lucha y además no sabes si vas a ganar y encima te caen los gastos del juicio. Todo esto ha contribuido a la enorme rabia de los inquilinos berlineses”, señaló la inquilina. Ante el desamparo los abogados de los inquilinos decidieron intentar aplicar dos artículos esenciales de la Ley Fundamental alemana. “El artículo 14 habla de expropiación, suena terrible, todo mundo dice ‘ah la vuelta al comunismo’, pero es algo que se hace a menudo cuando se construye una autopista o una carretera y la gente no quiere vender su parcela, se la expropia”, explica. Mientras que el artículo 15 sobre la socialización se aplicaría por primera vez en la historia de Alemania. “Jamás un tribunal alemán ha visto esa causa, es realmente terreno virgen en la jurisdicción, no podemos saber lo que va a decir nuestra Corte Constitucional Suprema hasta que no lo hayamos intentado”.

Viviendas accesibles

Por otra parte, la indemnización de las inmobiliarias será un tema central en la discusión por la expropiación de 240 mil viviendas. "Estos señores de las inmobiliarias afectadas sueñan con que se les indemnice incluso por las ganancias futuras que esperaban tener", explica la inquilina. "Han llegado a una suma de 36 mil millones de euros y Berlín está muy endeudada", añade. La estrepitosa suma busca desalentar a los berlineses. Los menos convencidos argumentan que una mejor solución sería tomar ese dinero y construir nuevos departamentos porque la expropiación no prevé la construcción de nuevos edificios. "Cuando me dicen esto yo digo, sí señor, tiene razón, la expropiación no crea ni un sólo departamento nuevo, como tampoco resuelve el conflicto en medio oriente porque no es su propósito. El propósito de la expropiación es mantener los alquileres que todavía son accesibles para que no sigan aumentando", dice.

La agrupación busca negociar una indemnización muy inferior a la planteada por las grandes inmobiliarias. "Entre 8 y 13 mil millones de euros y se pagará a 40 años", afirma la inquilina. Además tienen previsto la creación de una entidad de derecho público, una forma de organización de empresa sin fines de lucro. "Ya no se paga a los accionistas (de las grandes inmobiliarias) sino que ese dinero entra en el fondo de esta entidad de derecho público y se usa para ir pagando la deuda de la indemnización", afirma. La entidad que se creará también ofrecerá trabajo a los empleados de las inmobiliarias. "Vamos a ir pagando la indemnización a 40 años de plazo, dando trabajo a la gente que tiene que hacerse cargo de la gestión de estas viviendas y en la medida en que la carga del crédito va a ir bajando entonces esta entidad de derecho público va a disponer de más recursos para poder construir edificios nuevos". De esta forma el presupuesto de Berlín no cargará con el costo de la indemnización.

Hacia un referéndum vinculante

Este año, mientras avanzaba la campaña para llevar adelante el referéndum de resolución, la agrupación Deutsche Wohnen und co enteignen logró redactar un proyecto de ley que está publicado en su sitio web. “Vamos a hacer un referéndum de ley y si lo ganamos se acabó la cosa”, contó la inquilina. Aunque deberán esperar a que se conforme el nuevo gobierno. “Contamos con que la clase política no se atreva a ignorar el mandato democrático que le dio la población berlinesa al apoyar el referendo", afirmó la inquilina, que además subraya la importancia de poner fin a la especulación. "Si alguien tiene 10 edificios, 10 casas, bueno eso es el capitalismo y la propiedad privada y nosotros no tocamos eso. Sólo queremos poner fin a la especulación y eso se puede lograr si vamos por los más grandes que tienen un cuarto del total del departamentos existentes en Berlín".

23 de octubre de 2021

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Corte Constitucional de Colombia comenzó debate sobre la despenalización del aborto

La Corte Constitucional de Colombia comenzó a debatir la despenalización delaborto en un clima de incertidumbre en torno a la posición que asumirán los nueve magistrados, y en medio de los intensos activismos que hay a favor y en contra de la propuesta.

Desde que el órgano inició el debate el viernes pasado, organizaciones feministas y religiosas realizaron movilizaciones en las calles y campañas en las redes sociales para tratar de influir en la decisión, que se tomará a más tardar a fines de noviembre.

Desde 2006, el aborto fue despenalizado en Colombia si la vida de la mujer corre peligro, por violación e incesto, y por malformaciones del feto.

Sin embargo, el artículo 122 del Código Penal sigue estableciendo penas de 16 a 54 meses de prisión para las mujeres que interrumpen de manera voluntaria sus embarazos sin ajustarse a las tres causales, y a quien le ayude a concretarlo.

Por eso la Corte está analizando ahora dos recursos de inconstitucionalidad que apuntan a que las mujeres dejen de ser criminalizadas por abortar.

Una la presentó el presidente del tribunal, José Lizarazo, a partir de una demanda iniciada por el colectivo feminista Causa Justa; y otra el magistrado Alberto Rojas Ríos en respuesta a una solicitud del abogado Andrés Mateo Sánchez Molina.

La discusión se enmarca en los recientes avances que han logrado los movimientos de mujeres en la región y que son conocidos como "la marea verde", ya que es el color del pañuelo que simboliza la lucha por el derecho aborto y que muestran de manera masiva en las manifestaciones.

Uno de los momentos culminantes de esta lucha ocurrió el pasado 30 de diciembre, cuando el Congreso de Argentina legalizó el aborto. Nueve meses más tarde, la Suprema Corte de Justicia de México sorprendió al despenalizar esta práctica con el voto unánime de sus integrantes. Dos semanas después, la Cámara de Diputados de Chile también aprobó la despenalización, pero todavía falta el aval del Senado.

Escenario

Para despenalizar el aborto en Colombia se requieren por lo menos cinco de los nueve votos que hay en la Corte Constitucional.

Por ahora, se prevé que votarán a favor José Fernando Reyes, Alejandro Linares, Alberto Rojas Ríos y José Lizarazo, y en contra Gloria Ortiz y Cristina Pardo, pero no se tiene certeza sobre la posición de Jorge Enrique Íbañez, Paola Meneses y Diana Fajardo.

Parte de la incertidumbre se debe a que falta conocer los detalles de las ponencias de Rojas Ríos y de Lizarazo, y debatirlas en el pleno. En ambos casos, la tesis central es que se debe declarar la inconstitucionalidad del Artículo 122 del Código Penal porque discrimina a las mujeres.

Por otro lado, la semana pasada la Consultora Ipsos reveló que, de acuerdo con una encuesta global, en Colombia la legalización del aborto solo tiene un apoyo del 26 % y que el 9,0 % lo considera inadmisible en cualquier circunstancia. Por el contrario, un 36 % la aprueba solo en determinados casos.

Más allá de que el respaldo social no es mayoritario, el movimiento Causa Justa advierte que el derecho al aborto en Colombia no está plenamente garantizado, ya que hay médicos que se amparan en la objeción de conciencia para no interrumpir embarazos aunque cumplan con alguna de las tres causales que ya están despenalizadas.

El informe “Criminalización por el delito de aborto en Colombia”, que esta organización realizó junto con la Universidad de Los Andes y la Mesa por la Vida y Salud de las Mujeres, reveló que hay 5.737 procesos por el delito de aborto en la Fiscalía General, y que en 450 ya se dictaron penas.

Uno de los datos más destacados del documento, que fue presentado en julio pasado, es que demuestra que desde 2006, cuando se logró la despenalización por causales, las denuncias en lugar de reducirse, aumentaron hasta alcanzar un promedio de 400 al año.

21 octubre 2021

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Corea del Sur: medio millón de trabajadores van al paro y miles se movilizan

Medio millón de trabajadores se unieron a la huelga y miles realizaron manifestaciones en Seúl y en otros lugares el jueves, muchos con disfraces que hacen referencia a la oscura serie que se inspiró en las terribles condiciones económicas que enfrentan muchos surcoreanos.

 

Al menos medio millón de trabajadores en Corea del Sur de los sectores de la construcción, el transporte, los servicios y otros abandonaron sus trabajos para unirse a la huelga general el 20 de octubre de 2021. La Confederación de Sindicatos de Corea (KCTU), la organización laboral más grande del país, con más de un millón de miembros, realizó un mitin a nivel nacional para lograr mejores condiciones y una mayor autodeterminación de los trabajadores. Cerca de 80.000 trabajadores participaron en manifestaciones en 13 ciudades de todo el país, con 27.000 trabajadores participando solo en Seúl.

Además hubo una particularidad de que en las movilizaciones se utilizaron los trajes y máscaras de la popular serie de Netflix "El Juego del Calamar". La serie trata sobre cientos de surcoreanos con problemas de dinero atraídos a competir en series de juegos sencillos por un enorme premio en efectivo, pero la penalización por perder cualquiera de las seis etapas es instantánea y muerte brutal. Se inspiró en las condiciones de los surcoreanos normales tras el colapso económico mundial de 2008.

Las demandas de huelga se pueden clasificar en tres categorías amplias : abolir el "trabajo irregular" (trabajo a tiempo parcial, temporal o por contrato con pocos o ningún beneficio) y extender las protecciones laborales a todos los trabajadores, dando a los trabajadores más poder de decisión en torno a la reestructuración económica. En tiempos de crisis, la nacionalización de industrias clave como la salud y los servicios básicos como la educación y la vivienda. Los trabajadores en huelga exigen que la vivienda pública aumente del 5% al ​​50% del parque de viviendas y que el gobierno contrate a un millón de nuevos trabajadores de cuidado para brindar cuidado de niños y ancianos gratis, expandir la atención médica pública, brindar preparación universitaria gratuita y terminar con el sistema de clasificación universitaria. También luchan por el fin de las lagunas en las leyes laborales que permiten a los empleadores privar a sus empleados de derechos básicos, como el derecho a organizarse, así como su acceso a beneficios y compensación por lesiones laborales.

Corea del Sur ocupa el tercer lugar en el mundo con las horas de trabajo anuales más altas, en 2015, ocupó el tercer lugar más alto en número de muertes en el lugar de trabajo, entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Se estima que aproximadamente el 40 por ciento se consideran "trabajadores irregulares" y se encuentran principalmente en la economía del trabajo temporal. Estos trabajadores irregulares incluyen trabajadores temporales y subcontratados y no reciben todos los beneficios prometidos en la legislación laboral existente.

Los trabajadores movilizados son cada vez más y son quienes están sacando a la luz las terribles condiciones laborales que muchos han soportado. El personal de limpieza de LG Towers compartió que LG contrató matones para verter agua en las tiendas de los trabajadores mientras dormían mientras protestaban por los despidos y las condiciones de explotación en el lugar de trabajo en los fríos meses de invierno. Los mineros de carbón de Korea Coal, propiedad del gobierno, discutieron cuántos mineros están sufriendo problemas de salud por respirar polvo de carbón y exceso de trabajo. Los trabajadores irregulares en las minas hacen exactamente el mismo trabajo que los trabajadores a tiempo completo y sufren las mismas dolencias, pero no reciben ni la mitad del mismo salario que sus contrapartes.

Chaebol (es decir, los conglomerados corporativos controlados por familias unifamiliares, como Samsung, Hyundai y LG) han creado y fomentado problemas sociales y económicos. Los chaebols son responsables de la crisis financiera asiática de 1997 , así como de la concentración económica y la consolidación industrial que se aceleró después de la crisis, que culminó en despidos y una mayor precariedad de trabajadores en industrias clave como la automotriz. Sesenta y cuatro chaebols reclaman el 84 por ciento del PIB, pero proporcionan solo el 10 por ciento de los puestos de trabajo . A medida que los grandes conglomerados comerciales reducen la contratación, los trabajadores tienen que asumir cada vez más un segundo y tercer empleo para poder pagar sus facturas debido a la inherente inestabilidad del trabajo de baja jornada, contrato limitado o sin contrato.

La policía reprimió duramente las protestas, desplegando agentes e instalando paredes de autobuses para bloquear el movimiento desde la estación de Seodaemun hacia la oficina presidencial cerca de Sejong-no, además de chocar con los manifestantes en los puestos de control. El presidente de la KCTU, Yang Kyung-soo, y al menos otros 30 organizadores sindicales fueron arrestados y encarcelados, según el director de políticas de la KCTU. Los funcionarios citaron las medidas de prevención del coronavirus como la razón para evitar las protestas, y el ministro del Interior y Seguridad, Jeon Hae-cheol, llegó a decir que las protestas destruirían las expectativas de normalidad en este punto de inflexión crítico.

Pero no debería haber ninguna expectativa de normalidad. Si bien Corea del Sur fue anunciada en todo el mundo como un modelo a seguir en términos de medidas de prevención de enfermedades de salud pública, la crisis del coronavirus también puso al descubierto la verdadera precariedad de los trabajadores. Las industrias de las aerolíneas, la fabricación de automóviles y la construcción naval están despidiendo trabajadores en masa, mientras que los precios promedio de los apartamentos en todo el país han aumentado más del 70 por ciento en los últimos cinco años. Todos los pasos que el presidente Moon ha tomado desde 2017 para tratar de reducir los precios de la vivienda, como los pasos regulatorios, aumentar los impuestos a las ganancias de capital por la mudanza de viviendas y los impuestos a la propiedad para los propietarios de viviendas múltiples, finalmente no han tenido éxito. Solo desde julio de 2020 hasta julio de 2021, los precios de las viviendas aumentaron un 14,3 por ciento . La deuda de los hogares en Corea del Sur es casi el doble del ingreso familiar promedio, pero la respuesta del gobierno al aumento de la deuda y la inflación de los hogares es aumentar las tasas de interés para tratar de disminuir la inflación.

Entre otras demandas, la huelga también exige la nacionalización de industrias críticas y una mayor autodeterminación de los trabajadores en tiempos de crisis económica.

Se movilizó a muchos trabajadores de una variedad de industrias, como la educación, el servicio civil, la manufactura, la logística y los sectores de la construcción. Los gobiernos capitalistas burgueses siempre intentarán obstaculizar la autodeterminación y la nacionalización de los servicios bajo el control de los trabajadores. El gobierno coreano podría ceder ante la presión social y ofrecer algunas concesiones a los trabajadores, como aumentar los canales para que los trabajadores aporten información en la toma de decisiones económicas (sin implementar cambios críticos) o invertir algo de dinero en los servicios sociales. Sin embargo, los trabajadores merecen mucho más que las concesiones que se pueden otorgar o no.

Es inspirador que los trabajadores estén luchando contra la ofensiva neoliberal que diezmó por completo la red de seguridad social, y estén luchando por mejores condiciones laborales y mejores vidas. En los Estados Unidos, en el núcleo imperial, debemos apoyar la lucha de los trabajadores coreanos para terminar con el trabajo irregular y precario, por la mejora de las condiciones laborales, más poder de decisión y una mayor nacionalización, al mismo tiempo que luchamos por más para todos los trabajadores en todas partes.

Para que los trabajadores coreanos ganen sus demandas, deben continuar luchando, extendiendo la huelga de un día a una huelga general indefinida hasta que obtengan lo que legítimamente merecen. Solo ejerciendo todo el poder de la clase obrera a través de sus métodos, los trabajadores podrán ganar sus demandas.

Por KS Mehta

Jueves 21 de octubre

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