Un tanque con una 'z' en una calle de Armyansk (Crímea). — Reuters

Los presupuestos de Defensa no han escatimado en gastos. Sobre todo, entre las grandes potencias. Incluso en periodos de crisis. Desde el 'tsunami' financiero de 2008 se han empleado 26,2 billones de dólares (la suma de los PIB de EEUU, Japón y España) en rearmar sus Ejércitos. Recursos que, lejos de remitir, van a intensificarse en los próximos años.

 

 El mundo no ceja en su empeño de armarse hasta los dientes. Como si la doctrina de la disuasión fuese el único argumento diplomático para evitar guerras que, en el caso de la invasión de Ucrania, revelan errores de cálculo manifiestos. Porque uno de los mayores ejércitos del planeta no ha tenido compasión a la hora de destruir a su vecino, en otra demostración histórica más de que el poderío militar es el factor más determinante de los estallidos de conflictos bélicos. Y las más poderosas potencias del planeta han alimentado con inusitadas energías sus fuerzas armadas, a juzgar por el ingente gasto desplegado desde la crisis financiera de 2008: nada menos que 26,2 billones de dólares hasta el presente ejercicio 2022. Esta cantidad, facilitada por Statista, resulta similar a la suma de los PIB de EEUU, Japón y España, el primero, tercero y decimocuarto del planeta.

La fiebre por la modernización, la adaptación tecnológica y la inclusión de armas y prototipos de última generación en los Ejércitos se ha intensificado en el último lustro. Desde 2017. Después de una ralentización, con leve tendencia a la baja, de otros cinco años que, en Europa, coincide con la larga travesía de la crisis de la deuda en la que estuvo en juego, incluso, la supervivencia del euro. Aunque desde el International Institute for Strategic Studies (IISS), think tank de temas de Seguridad, se matiza que los 1,92 billones de dólaresdesembolsados en 2021 y que elevaron en un 3,4% el presupuesto militar del mundo en comparación al primer año de la gran pandemia supuso, en términos reales, descontada la inflación, un recorte del 1,8%. "La escalada de precios tiraron al alza los costes energéticos y las disrupciones en las cadenas de valor y en el comercio generaron presiones adicionales a las partidas de Defensa", señala el IISS.

EEUU lideró los desembolsos en el último bienio, si bien redujo en un 6%, ajustado a la inflación, los recursos asignados al Pentágono el pasado ejercicio. De los 775.000 millones de dólares a los 754.000 millones, en los que se incluyen también las operaciones y maniobras en el exterior. El argumento inflacionista sirve al IISS para certificar contracciones del gasto en América Latina, el África subsahariana, Rusia y los países de Eurasia. Al igual que en Oriente Próximo y el Magreb. Pese a que nominalmente subieran sus presupuestos. Una doble medición que explica de forma más elocuente al analizar los fondos militares de Rusia, que ha venido suministrando mayores cantidades desde 2017 en rublos, pero cuyos registros certifican rebajas en el último lustro en sus aportaciones anuales cuando su valor se traduce a dólares.

Aun así, el Programa Estatal de Armamento 2011-20 del Kremlin, dirigido a modernizar sus arsenales e incorporar innovación armamentística, se ha cumplido en su totalidad. Motivo por el que el pasado fue un ejercicio de un crecimiento más moderado que, sin embargo, llegó a movilizar partidas por una cifra similar al 3,8% de su PIB, que el FMI valora en 1,64 billones de dólares.

Precisamente, por porcentaje de cada PIB nacional -el baremo que la OTAN ha establecido como aportación mínima del gasto militar entre sus aliados europeos, y que se sitúa en el 2%-, el país con un presupuesto más generoso destinado a Defensa es Arabia Saudí, con el 8,4% del tamaño de su economía. El régimen de Riad está enfrascado en la financiación de la guerra de Yemen y en su conflicto armado desde marzo de 2015. Le siguen Israel, con un 5,6%, y Rusia, con un 4,3%, con datos de 2020.

James Hackett, analista del IISS, reconoce que la crisis sanitaria de la covid-19 no ha menguado las perspectivas de militarización ni los recursos estatales para modernizar los Ejércitos. Más bien al contrario. Como tampoco hubo en 2020 una disminución de confrontaciones armadas. Ni se redujo la percepción entre las principales potencias de estar participando en una carrera competitiva con planificaciones plurianuales precisas e importantes recursos públicos.

"Los conflictos armados se mantuvieron sin resolver". En África, por ejemplo, Francia redobló sus contingentes en el Sahel, focalizando sus fuerzas en misiones contraterroristas, mientras la guerra en Etiopía y la insurgencia en Mozambique siguieron en activo. Como en Oriente Próximo las confrontaciones bélicas de Libia, Siria y Yemen, pese a las tentativas de desescalada.

La guerra en Ucrania eleva el ritmo del rearme

Con la invasión de Ucrania las cuentas económicas nacionales han abierto huecos para mayores gastos militares. Y no sólo Rusia o los socios de la Alianza Atlántica, que han reanudado la meta de desembolsar, al menos, el 2% de cada PIB aliado. China, por ejemplo, lo va a incrementar en 2022 en un 7,1%, debido a "la compleja situación global"; hasta los 230.000 millones de dólares.

Una cota y decisión "razonable" en un periodo "crucial" en el que China "necesita salvaguardar su soberanía nacional y modernizar sus capacidades militares por las severas amenazas externas y la inestable atmósfera de seguridad", explican portavoces del Gobierno de Pekín. Desde Global FirePower, firma de investigación del mercado y la industria militar global, avisan de que, según sus estimaciones, la factura de Defensa de China alcanzará el cuarto de billón de dólares. Aunque la estadística oficial incide en que será el séptimo ejercicio fiscal consecutivo -desde 2016- en el que ha registrado crecimientos de un solo dígito y admite que rebasa la ratio del bienio de gran pandemia: un 6,8% en 2021 y un 6,6% en 2020.

Alemania también ha reaccionado de forma contundente con la guerra abierta por el Kremlin. En el orden militar y en la dependencia energética de Rusia. Dos medidas fulgurantes anti-Putin. La primera compromete al Gobierno del canciller Olaf Scholz a que el 100% de la electricidad se genere exclusivamente de fuentes renovables en 2035; anunciada junto a la cancelación, sine die, del Nord-Steam 2 con la que se inició las sanciones europeas, británicas y estadounidenses hacia Moscú.

La segunda, devuelve a Berlín a la militarización al asumir desembolsos superiores al 2% del PIB en Defensa en una maniobra que Jeff Rathke, presidente de American Institute for Contemporary German Studies, calificaba en Foreign Policy como la "revolución de la diplomacia y la política de seguridad" alemana, en alusión al "final del sueño de la post-Guerra Fría de evitar una confrontación con Rusia debido a una escalada de la capacidad militar" entre ambos países.

De paso, la mayor potencia económica europea se replantea de forma crítica el alto grado de dependencia energética del Kremlin durante los largos años de Angela Merkel como canciller. "Tendremos que invertir más en la seguridad de nuestra nación para proteger así la libertad y la democracia", justificó Scholz el rearme germano en una sesión extraordinaria en el Bundestag.

El pistoletazo del gobierno semáforo de Berlín -entre socialdemócratas, liberales y verdes- se ha dejado sentir en el resto de capitales comunitarias. Entre ellas, España, cuyo Gobierno ha puesto en marcha, no sin discrepancias internas, los mecanismos para encauzar este nivel de gasto en futuros presupuestos, lo que implicará aumentar al menos en un 20%las partidas militares en dos años. La promesa del presidente Pedro Sánchez de llegar al 1,22% del PIB habría supuesto 2.500 millones más si se hubiera aplicado en 2021. Un cheque que se quedó en blanco por los rigores de la covid-19.

Según la OTAN, Alemania destinó el 1,53% de su PIB en 2021 a dotaciones de carácter militar, dentro de un clima generalizado de aumento presupuestario. El IISS cataloga, de hecho, como "intenso y fuerte" el repunte de los recursos militares en Europa. El pasado año fue el séptimo ejercicio consecutivo de incrementos del gasto regional. En un 4,8% en términos reales, una tasa más elevada que en cualquier otra latitud del planeta. Bajo el dominio, eso sí, de Reino Unido y su pertinente programa de modernización e innovación de las Fuerzas Armadas para el que este año no había previsto, inicialmente, antes de la guerra de Ucrania, ningún repunte de fondos.

Suecia, país ajeno a la OTAN pero con cada vez más colaboración permanente en la Alianza y en debate permanente -como Finlandia- para la convocatoria de un referéndum de acceso al club del Atlántico Norte con las encuestas presagiando desde hace años un holgado respaldo social, también ha movido ficha. Su primera ministra, Magdalena Andersson, ha avanzado que cumplirá con el 2% de gasto militar, después de años de rearme de una de las naciones más destacadas del movimiento de los no alineados. La economía escandinava de mayor calado había reservado el 1,3% de su PIB para su Ejército en 2021, tras un lustro de incrementos graduales. Mientras, ha implorado a los socios de la OTAN poder invocar el artículo 5 del tratado militar conjunto por el que se activa la defensa colectiva de la alianza. Ante un supuesto ataque ruso que Moscú no ha descartado en su retórico belicista. "Es un paso decisivo y crucial para nuestro país", recalca la dirigente socialdemócrata.

Francia, país que se abstuvo de ser miembro de pleno derecho de la estructura armada de la OTAN desde 1966, por decisión del General Charles De Gaulle -entonces su jefe de Estado-, hasta 2009, desplegó 39.900 millones de dólares en 2021. Global FirePowell le otorga un gasto inicial para este año -sin prever las secuelas de la guerra en Ucrania- de 40.900 millones, el undécimo puesto de su ranking internacional, en el que España ocupa el vigésimo primer peldaño de una clasificación que encabezan, en términos cuantitativos, EEUU, China y Rusia, que anteceden al Reino Unido, a Alemania e India. Y cuyo top ten culminan Japón, Corea del Sur, Arabia Saudí y Australia. París ha convertido los 40.900 millones de dólares en euros en el actual presupuesto en vigor, aprobado a finales del pasado año, que incluye perspectivas financieras para acelerar inversiones en Defensa "en innovación tecnológica de nueva generación".

Más madera financiera para la unidad de Europa

La Comisión Europea, en una de las medidas sobre las que delibera su colegio de comisarios tras el estallido del conflicto bélico en Ucrania, sopesa la emisión de bonos conjunta para configurar un fondo dirigido a sufragar gastos en Energía y Defensa. Iniciativa que modela el vicepresidente Frans Timmermans y que fue puesta en conocimiento de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE en la reciente cumbre de Versalles.

Sería otra pica más en la mutualización de la deuda como la que se fraguó para sufragar los desembolsos asociados a la crisis sanitaria del coronavirus en el que la prima de riesgo entre el bund alemán y el bono italiano a diez años apenas saltó en 11 puntos, hasta los 150 de diferencial, durante la parte más compleja de la epidemia, en 2020. "Estoy completamente seguro que el mayor peligro sobre la seguridad europea desde la Segunda Guerra Mundial acabará recibiendo apoyo de nuestros líderes, que asumirán como necesaria la adopción de nuevas vías de financiación que refuercen la transición energética y la revisión de las estrategias defensivas del continente", dijo Timmermans a Bloomberg Televisión.

El contexto coyuntural es cada vez más urgente. Con una mayor factura de pago del gas licuado procedente de EEUU para consumo inminente, pero también para hacer acopio de inventarios, y que podría elevar el cheque emitido por Europa hasta los 70.000 millones de euros. Un fuerte incremento si se compara con los 10.000 millones de los años precedentes, explican en Bruegel. Mientras, Alec Phillips, de Goldman Sachs, incide en que los dirigentes europeos deberían cerrar iniciativas para asegurar el abastecimiento energético y la seguridad de sus fronteras que eviten una caída en una recesión profunda en el segundo trimestre bajo una espiral inflacionista.

Estas dos premisas han sido enfatizadas por el ministro de Finanzas eslovaco, Igor Matovic, para quien se requieren "varias decenas de miles de millones de euros para fortalecer la Defensa europea y ser energéticamente autosuficiente respecto a EEUU y totalmente independiente frente a Rusia". A su juicio, la emisión de bonos conjuntos de la UE "va en la dirección correcta" y resulta ser un mecanismo de "cooperación y de transferencia de ayudas entre socios con más y menos poder económico y financiero".

Una consolidación de fuerzas que Thomas de Maizière, ministro de Interior y Defensa durante el amplio periplo de Merkel en la cancillería alemana, también apunta en el orden geopolítico. Porque -señala Maizière en Foreign Policy- la afrenta belicista de Putin "ha unido a Occidente en torno a la OTAN" y alrededor de una "nueva y más intensa política de Defensa en el seno de la UE". Para parar a Putin y su guerra -matiza- los países aliados más tarde o más temprano deben dejar de comprar petróleo y gas a Rusia "aunque suponga un perjuicio enorme", ya que Europa adquiere unos tres millones de barriles rusos diarios, y EEUU, otros 700.000. "Y revertir estos flujos traerá, a buen seguro, inflación y recesión cuando nuestras economías y sociedades despegaban con fuerza en el ciclo de negocios post-covid".

20/03/2022 22:25

Publicado enEconomía
Colombia, el carbón que ennegrece la vida

El Cerrejón, en la Guajira colombiana, es una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo. Por eso en ese extenso territorio, salvo el sol, ya casi nada reluce y una gran parte de la tierra se va ennegreciendo con el polvo contaminante del carbón. “Cuando ya teníamos nuestra tranquilidad llegó la tormenta, que fue la empresa. La multinacional tenía vigilantes, policía y ejército que hacían detenciones arbitrarias, retenes ilegales y nos prohibieron cazar y pescar. La contaminación comenzó a afectar nuestros cultivos y se secaron por el polvillo del carbón”.

En este escenario, la mina se crece desde hace 35 años, extrayendo, según los últimos datos disponibles, unas 108.000 toneladas/día, para lo que consume una media de 30 millones de litros de agua al día, en un territorio semidesértico. Esto supone ingentes beneficios para las empresas transnacionales que han explotado esta mina, y que han contado siempre con la protección de los diferentes gobiernos colombianos, además de las tramas de corrupción y paramilitarismo. Y todo ello en perjuicio constante para la población wayuu, negra y campesina de la Guajira. No en vano, pese a los enormes beneficios económico de la mina, este departamento es el segundo más empobrecido de Colombia (52%). Otras consecuencias directas son la desaparición de los ríos y arroyos que dan la vida, la destrucción del bosque seco tropical, o la contaminación del aire por el polvo y gases con graves consecuencias para la salud. Por último, esta explotación es fuente de tensiones sociales y violaciones continuas a los derechos humanos, provocando violencia contra la población y desplazamientos forzosos de comunidades para dejar sitio a la mina.

Por otra parte, hoy ya nadie pone en duda que la quema de carbón, junto al uso y abuso de otros combustibles fósiles (petróleo y gas), es la causa principal de la crisis climática en el mundo. Igualmente, desde las últimas grandes conferencias internacionales (COP), se subraya que esta es también una crisis de derechos humanos, lo cual queda ampliamente refrendado por las consecuencias de la mina del Cerrejón.

Pese a los importantes avances dados en los últimos años en el proceso de descarbonización, no se puede olvidar que Europa ha estado quemando millones de toneladas de carbón

Así, pese a los importantes avances dados en los últimos años en el proceso de descarbonización, no se puede olvidar que Europa, junto a otros gigantes en esta misma materia como Estados Unidos, Rusia o China, han estado (algunos de ellos persisten) quemando millones de toneladas de carbón. Por lo tanto, tienen una gran responsabilidad en la misma generación de la crisis climática que hoy vive el mundo. Y esa responsabilidad no se puede soslayar solo con dejar de contaminar, sino que a ello se le deben de acompañar procesos efectivos de descontaminación y reversión de la crisis climática que ya vivimos.

En el Estado español, según informes de Greenpeace, en tiempos tan cercanos como el año 2018, el 14,1% de la producción eléctrica se alcanzaba mediante la quema de carbón, combustión que generaba casi 40 millones de toneladas de CO² que iban a la atmosfera. Significativamente, hay una abundancia de datos que muestran al Estado español en los últimos años en una aparente carrera desenfrenada por contaminar antes de que instrumentos internacionales como el Acuerdo sobre el Clima de París (2015) fueran firmes. Así, entre 1990 y 2017 el Estado español fue el país europeo que más aumentó sus emisiones de gases, principalmente a través de la quema de carbón en centrales térmicas para este fin (en 2019 todavía había 16 centrales en el Estado, aunque para julio de 2020 habían descendido a tan solo 3 y una cuarta con capacidad reducida). En el año 2017 el Estado tuvo el dudoso honor de ocupar el primer puesto a nivel mundial como el país que más aumentó su porcentaje en el uso de carbón. Y todo esto ocurría mientras se cerraban las minas de ese mineral en el Estado español y aumentaban las importaciones de este desde países como Rusia, Indonesia, Sudáfrica y Colombia, los principales productores del mundo.

Respecto a las empresas españolas responsables podemos hablar de las cinco grandes: Endesa, Iberdrola, EDP, Viesgo y Naturgy. Caracterizadas todas ellas por sus multimillonarias campañas de marketing y publicidad

Respecto a las empresas españolas responsables podemos hablar de las cinco grandes: Endesa, Iberdrola, EDP, Viesgo y Naturgy. Caracterizadas todas ellas por sus multimillonarias campañas de marketing y publicidad en las que, en los últimos años, se presentan casi como las abanderadas de la lucha contra el cambio climático desde el empuje de la llamada energía verde.

Pero parece que esa “preocupación verde” no necesariamente va unida a una preocupación por el respeto a los derechos humanos en todo tiempo y lugar. El segundo pilar de los Principios Rectores de Naciones Unidas, asumidos por el gobierno español en el Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos (2017), establece la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos. Sin embargo, las formas, pretextos y excusas para soslayar ese principio alcanzan una gran diversidad. Esta responsabilidad incluye aquellas operaciones, productos o servicios prestados por sus relaciones comerciales, lo que se traduce en su responsabilidad también si se da cobertura, se ignora o no se previenen violaciones a los derechos humanos cometidos por filiales, subcontratas o terceras empresas con las que establecen relaciones. Este sería el caso cuando empresas energéticas españolas mantienen relaciones comerciales del tipo, por ejemplo, de compra del carbón de Cerrejón. 

En el caso que nos ocupa, la extracción y exportación de carbón del Cerrejón para los mercados españoles y europeos para la generación de energía eléctrica ha sido una constante. Y ello deja en evidencia la responsabilidad, aunque se niegue o esta sea indirecta, de estas empresas transnacionales en la violación sistemática de los derechos humanos en Colombia, además de en la parte consiguiente de generación y agravamiento de la crisis climática durante las últimas décadas. 

En suma, la mina del Cerrejón evidencia, una vez más, que la gran minería a cielo abierto hoy practicada por las empresas transnacionales en el marco del modelo neoliberal supone el megaproyecto de mayor impacto ambiental y humano en el planeta. Se puede inferir también de todo lo anterior que esta mina es un ejemplo más de la relación entre empresas transnacionales y el ejercicio de los derechos humanos y de la naturaleza. Una relación altamente tormentosa, difícil y donde los segundos, hasta la fecha, casi siempre salen perjudicados en función de los intereses de las primeras, poniendo, una vez más, la Vida del planeta y de quienes lo habitamos en Juego.

17 marzo 2022

Publicado enColombia
La comunidad internacional lleva años preparando un tratado que pretende proteger los océanos de la acción humana. David F. Sabadell

La cuarta ronda de negociaciones para conseguir un acuerdo que regule las aguas internacionales y proteja al menos un 30% de los océanos acaba sin acuerdo.

 

La historia de las negociaciones para el Tratado Global de los Océanos comparte con la de las conferencias sobre el cambio climático de la ONU una serie de rasgos: son lentas en los avances, a menudo parecen una repetición de la anterior edición y existe una clara tendencia a dejar para la siguiente ocasión el meollo de la cuestión. Sin que haya cambio de guion, la cuarta ronda de negociaciones hacia el llamado Tratado Global de los Océanos (IGC4), que finaliza este viernes y se ha estado llevando a cabo en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York desde el 7 de marzo, va a acabar en un nuevo fiasco.

El objetivo de la conferencia, cuya primera edición tuvo lugar en 2018, es que las naciones del planeta acuerden una política común para las aguas internacionales, aquellas que están más allá de la jurisdicción de un país, con especial énfasis en la protección de su biodiversidad. Suponen el 64% de la superficie oceánica de la Tierra, un territorio sin ningún tipo de normativa donde la falta de control hacen de estos lugares espacios en los que los excesos en la sobrepesca, la contaminación o la persecución de especies amenazadas salen impunes.

La excepción son las áreas donde existen acuerdos sectoriales, como los que regulan la captura de ciertas especies, o regionales, como es el caso del de las naciones árticas sobre el polo, un acuerdo no vinculante. De fondo existe la dura realidad que supone la alarmante pérdida de biodiversidad marina, que ha llevado a cientos de especies contra las cuerdas, y el hecho de que solo el 1% de las aguas de los océanos gozan de algún tipo de protección medioambiental.

El Tratado Global de los Océanos es la herramienta que ha estado en discusión estos días y que busca paliar, al menos en parte, esa carencia. Pero si en agosto de 2019, última ronda realizada, las 190 naciones participantes no llegaron a ningún acuerdo y se entabló a la siguiente ronda para conseguirlo, en 2022, una cumbre que llegaba con años de retraso, el resultado ha sido similar.

Objetivo 30x30

Greenpeace, uno de los grupos ecologistas más activos en la defensa del Tratado Global de los Océanos califica de “fracaso” esta nueva ronda de negociaciones, que entablan para el debate a una futura quinta edición. “Las negociaciones se han desarrollado con una lentitud pasmosa durante las últimas dos semanas en la ONU y la falta de acuerdo sobre una serie de cuestiones clave no se corresponde con la emergencia ambiental”, denuncia la rama española de la organización medioambiental.

En el punto de mira estaba conseguir salvaguardar al menos un 30% de los océanos para el año 2030, pero como señala Pilar Marcos, responsable de la campaña de Océanos de Greenpeace, “las promesas de los gobiernos para proteger al menos un tercio de los océanos del mundo para 2030 no se están cumpliendo”.

 “Es obvio que nuestros océanos están en crisis, y si no logramos un Tratado Global de los Océanos lo suficientemente ambicioso que necesitamos en 2022, no hay forma de crear santuarios oceánicos en aguas internacionales que nos permitan lograr el objetivo de 30x30. Este tratado es crucial porque todos dependemos de los océanos: desde el oxígeno que produce hasta la seguridad alimentaria que nos brindan”, subraya Marcos.

Por su parte, el Gobierno español ha hecho público su apoyo a esta iniciativa, formando parte de la llamada High Ambition Coalition, el grupo de naciones a favor de la protección de un tercio de los océanos. Sin embargo, desde Greenpeace denuncian que “si este compromiso es real y no un mero lavado verde, el Gobierno debe asumir con verdadero liderazgo que se adopte el Tratado antes de fin de año”, con lo que piden que España incremente su ambición y promueva un aumento de la misma en el grupo de 47 países que forman la High Ambition Alliance.

En concreto, abogan por que ese apoyo contemple que en el Tratado se incluya la declaración de Áreas Marinas Protegidas en alta mar que limite la actividad pesquera industrial sin delegar exclusivamente esta gestión pesquera a las Organizaciones Regionales de Pesca, que no contemplan la gestión integral de todo el ecosistema marino y que, según el informe El calamar en el punto de mira: receta para el desastre, publicado por Greenpeace la semana pasada, son, en bastantes casos, responsables de la emergencia ambiental de los océanos.

Burocracia vs ambición

Para la organización ecologista, que está monitoreando el ritmo de las negociaciones, una nueva ronda de negociaciones oceánicas, que posiblemente tendrá lugar a finales de año, “no puede permitirse el lujo de ser solo un tema de debate sin aterrizaje”. Critica el ritmo burocrático del encuentro y remarca que, para superar la falta de consenso sobre temas clave en el tratado, los ministros y jefes de Estado “deben reunirse de manera proactiva y constante para trazar cómo pueden negociar con éxito el tratado que nuestros océanos necesitan desesperadamente en 2022”. “Cualquier cosa que no sea así llevará a un fracaso en la protección marina”, añaden.

Greenpeace ha puesto de relieve que, mientras las naciones del mundo fracasaban en la llegada a un acuerdo clave para frenar la rama oceánica de la llamada Sexta Extinción Masiva de especies, el Artic Sunrise, uno de los buques de la ONG, se ha topado con una extensa flota de más de 400 barcos saqueando el océano en el Atlántico sur, en el llamado Blue Hole. Conocida como  el “salvaje Oeste de los mares”, el área no tiene ningún tipo de regulación más allá de las del pabellón del barco en cuestión, habitualmente mínimas o testimoniales por las políticas de bandera de conveniencia.

“Desde la cubierta del Arctic Sunrise puedo ver innumerables barcos de pesca industrial en el horizonte. Contamos 265 barcos dentro de un rango de 35 km de distancia a nuestro barco, y más de 400 en el 'Blue Hole'”, señalaba Luisina Vueso, responsable de la campaña de Océanos de Greenpeace Andino, a bordo del Arctic Sunrise. “No estamos hablando de pequeñas embarcaciones, el océano está salpicado de enormes barcos industriales y apenas hay escrutinio. Durante las últimas dos semanas, los gobiernos reunidos en la ONU para negociar un Tratado Global de los Océanos han estado hablando, hablando y hablando, pero aquí está la realidad. Saqueando con oscurantismo para obtener ganancias, empujando al colapso de la biodiversidad marina y amenazando la salud del ecosistema más grande de la Tierra. Es terrible de ver”, denunciaba. 

Redacción El Salto

18 mar 2022 02:36

Publicado enMedio Ambiente
En el mismo periodo, con el conflicto latente en Crimea como telón de fondo, Europa fue el continente que más aumentó la compra de armamento. . Imagen: AFP

Según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo

Mientras el presidente Joe Biden confirmó el envío de un centenar de drones y nuevos sistemas antiaéreos a Ucrania, el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI) informó que Estados Unidos fue el mayor exportador mundial de armas en el último quinquenio. 

En el mismo periodo, con el conflicto latente en Crimea como telón de fondo, Europa fue el continente que más aumentó la compra de armamento, mientras Sudamérica registró el nivel de importaciones de armamento más bajo de los últimos 50 años. 

"El grave deterioro de las relaciones entre la mayoría de países europeos y Rusia fue un catalizador importante del aumento de las importaciones de armas en Europa, sobre todo en países que no pueden satisfacer todas sus necesidades mediante su industria", sentenció el informe.

Si bien el informe del SIPRI destaca que a nivel global se produjo una caída del 4,6 % del gasto en armamentos, en comparación con el lustro anterior (2012-2016), el conflicto en Ucrania alteró las cifras originales. 

Si bien Rusia redujo sus ventas un 26% --por la disminución de las ventas a India y Vietnam--, continúa siendo el segundo mayor exportador mundial. 

Moscú exportó armamentos a 45 países pero la mayoría de sus ventas se concentraron en cuatro clientes: India, China, Egipto y Argelia. 

El resto de los países que figuran entre los líderes en producción y exportación de armamento pertenecen a la OTAN, con la excepción de China. 

Francia es el tercer país, con un incremento de ventas del 59% en los últimos cinco años y concentra el 11% de las ventas globales. Le sigue China con el 4,6% total de las ventas mundiales, lo que significó una caída 31%, según el informe. 

Los otros dos países que secundan a los anteriores en el ranking también pertenecen a la OTAN:  Alemania, con el 4,5% de las exportaciones globales y un descenso del 19%, y España, que aumentó sus ventas un 10% en los últimos cinco años e incrementó tres décimas su cuota de las ventas globales, hasta alcanzar el 2,5%.

En el ranking de los exportadores, Estados Unidos continúa liderando el listado. Pasó de controlar el 32% de las ventas globales al 39% y duplicó las cifras de Rusia en los últimos cinco años. 

A diferencia de Rusia, que exportó su producción a 45 países, las norteamericanas llegaron a 103. Arabia Saudí, Australia y Corea del Sur fueron sus principales compradores. El 75% de las ventas de armas estadounidense llegaron a puertos de países orientales en Asia y Oceanía. 

El ranking de compras de armamento por regiones

A pesar de ser un continente con grandes productores de armamento como Francia, Alemania e inclusive España, Europa registró el mayor porcentaje de incremento de importaciones, con un incremento del 19% más que en el periodo 2012-2016 y concentró el 13% de los compras globales. La cifra, según el informe del SIPRI, se explica por las compras de Reino Unido, Noruega y Holanda. 

Más allá del aumento que registró el viejo continente, y pese a una caída del 21% en el volumen de compras, India continúa siendo el máximo comprador mundial de armamentos, concentrando el 11% de las compras globales. En los últimos cinco años, sin embargo, Arabia Saudí ocupó el segundo puesto del ranking de importaciones, con un incremento en las compras del 27%.

En el caso de la India, el mayor desafío es el siempre latente conflicto con Pakistán, mientras que en el caso Arabia Saudí su tensa relación con Yemen y con Irán, además de ser el principal aliado de Estados Unidos en Oriente Medio.

 El ranking de los cinco países con más alto nivel de importaciones en el lustro 2017-2021 a nivel global se completa con Egipto (5,7%), Australia (5,4%) y China (4,8%).

El informe del SIPRI señala otros conflictos como catalizadores de las ventas de armamento en Asia, entre ellos tensiones de China con sus vecinos.

"Esas tensiones son también un factor gravitante en la venta de armas de Estados Unidos a la región, ya que sigue siendo el mayor proveedor a Asia y Oceanía", precisa el documento, que agrega una lectura geopolítica: "La exportación de armamento es un elemento importante de la política exterior estadounidense hacia China". 

En contraste, Sudamérica vuelve a figurar como una zona de relativa paz --a pesar del conflicto interno armado que aún vive Colombia o la militarización de la seguridad interior de Brasil y, en menor medida, Chile--. Según el informe del SIPRI, las importaciones de armas cayeron en un 36% en todo el continente americano.

Los mayores compradores continúan siendo los países del norte, con Estados Unidos y Canadá a la cabeza, que concentran el 43% y el 15% respectivamente del total de las compras de la región. 

Sudamérica, en cambio, registró una caída de las importaciones del 55% en el último lustro. Se trata, según el informe, del nivel más bajo de los últimos 50 años. 

En el sur del continente, Brasil y Chile fueron los principales importadores con el 37% y el 21% del total. El orden se invierte al analizar el incremento de las compras en el período: las compras chilenas se incrementaron en un 15%, mientras que las del gigante sudamericano bajaron un 17%.

Publicado enEconomía
Jueves, 17 Marzo 2022 05:27

Una nueva guerra civil mundial

Una nueva guerra civil mundial

[ Este texto presenta algunos de los argumentos desarrollados en el libro colectivo (escrito junto a Dardot, Pierre; Guéguen, Haud y Sauvêtre, Pierre) Le choix de la guerre civile: Une autre histoire du néolibéralisme, Lux Editions, Montreal, 2021. Fue presentado en el curso “Derechas radicales y neoliberalismo autoritario”, organizado por la Universidad del País Vasco, con las Fundaciones Betiko y viento sur y el Centro de Investigación en Multilingüismo, discurso y comunicación (MIRCo). Redacción] 

La situación mundial se caracteriza por una gran crisis de las formas de la democracia liberal clásica. Esta crisis se puso de manifiesto, primero, por poderosos movimientos que reclamaron una verdadera democracia entre 2010 y 2016. Después se manifestó en un sentido completamente distinto, con el ascenso reactivo de fuerzas de extrema derecha y la aparición de gobiernos con aspectos abiertamente dictatoriales, nacionalistas, violentos, racistas, sexistas y, en algunos casos, fascistizantes. Trump, Salvini, Bolsonaro, Orban o Erdogan son algunas de las figuras emblemáticas a sumar a la larga lista de déspotas y tiranos que hacen estragos en todos los continentes. Al desestimar las reivindicaciones democráticas, sociales y ecológicas que entran en contradicción con el proyecto neoliberal, estos dirigentes solo han podido encontrar base electoral halagando los valores morales y religiosos tradicionales y el nacionalismo de los grupos sociales más conservadores. Estos gobiernos no están ahí para gestionar una situación, acomodar intereses diferentes, representar a la población. Llevan a cabo una guerra contra enemigos. Esta postura guerrera parece nueva, al menos para quienes tenían fe en las democracias de tipo clásico. Los liberales norteamericanos todavía siguen bajo el shock del asalto al Capitolio por los fanatizados partidarios de Trump el 6 de enero de 2021. ¿Cómo fue posible semejante violación de la democracia?, se preguntan. Para comprenderlo hay que adoptar un punto de vista estratégico, el de gobiernos que están comprometidos en una guerra total: social, desde luego, porque se trata de debilitar los derechos sociales de la población; étnica, porque pretende excluir a los extranjeros de cualquier posibilidad de acogida y de coexistencia; política y jurídica, utilizando nuevos medios de represión y de criminalización de la izquierda y de los movimientos sociales; cultural y moral, al atacar a los derechos individuales y las evoluciones culturales de las sociedades.

Esta secuencia histórica, cuyo apogeo ha sido, por ahora, el 6 de enero, no cae del cielo. Desde hacía varias décadas numerosas señales permitían presentir tal momento político, efecto de una combinación de distintos factores, aunque todos ligados al hundimiento de la creencia en la representación y la legitimidad de las élites y de la clase política. Bastaba para preverlo con estar atentos al sentimiento de exclusión o de marginación de una gran parte de la población, el ascenso de una cólera antisistema, y el odio creciente hacia las minorías, extranjeros o enemigos internos. Los comentaristas se contentan con estigmatizar esta reacción compleja y contradictoria, calificándola de populista. Con ello no explican nada, aunque creen necesario preconizar la continuidad de la apertura, la modernidad, el multilateralismo y, en Europa, la continuación de la construcción de la Unión Europea. Este momento de crisis no tiene una causa única. Sin embargo, parece que hay que tomarse en serio una de ellas: la puesta en pie desde hace varias décadas de un determinado tipo de gobierno que llega a sustraerse del control de los ciudadanos para imponer por la fuerza transformaciones profundas de las sociedades, de las instituciones y de las subjetividades. ¿Cómo no ver relación entre esta llamada reacción populista y el neoliberalismo, que ha hecho nacer una nueva sociedad organizada como un mercado?

En realidad, esta reacción, lejos de poner fin al período neoliberal, constituye una nueva fase y una nueva forma del mismo. Lo que estamos viendo hoy es un neoliberalismo cada vez más violento, que se apoya en las cóleras y frustraciones populares para reforzar aún más el imperio del poder sobre la población y hacerle aceptar regresiones sociales imposibles de contemplar sin que al menos una parte las consienta. ¿Es un nuevo neoliberalismo? No exactamente. Se trata más bien, como se acaba de decir, de una fase histórica en la que, frente a las múltiples contestaciones y ante los temibles plazos impuestos por la crisis climática, para asegurar la continuidad de su proyecto neoliberal, los gobiernos solo sacan fuerza de las pasiones populares dirigidas contra minorías, extranjeros, intelectuales. Obtienen con ello un cierto apoyo popular, desplazando los retos políticos del terreno de la injusticia social hacia el terreno de los valores de la nación y la religión, desviando los miedos sociales y las indignaciones morales hacia un conjunto de objetivos considerados como otras tantas desviaciones y amenazas: inmigrantes, negros, mujeres, homosexuales, sindicalistas, militantes, intelectuales, y contra todas las fuerzas sociales, cuerpos profesionales e instituciones democráticas que se oponen a esta domesticación de la sociedad. El caso de Brasil es muy instructivo desde este punto de vista. En este país no hay ningún ámbito de la vida cotidiana y ninguna institución que no hayan sido alcanzadas por una regresión de los derechos humanos, la libertad de pensamiento y la igualdad. Lo demuestran los repetidos ataques contra el medio ambiente, el mercado de trabajo, el sistema de pensiones, la universalidad de la escuela pública, los derechos de los pueblos autóctonos. Y no hay que olvidar que para estos neoliberales abiertamente autoritarios, como el bolsonarismo, el enemigo es ante todo la izquierda y el socialismo. Se puede decir incluso que se trata de una guerra civil continua contra la igualdad en nombre de la libertad. Es una de las principales caras del neoliberalismo actual visto desde el ángulo de la estrategia.

¿Un nuevo fascismo?

Se suele hablar de un nuevo fascismo. Aunque es cierto que el odio y la pulsión criminal están en el centro de la expansión de las formas dictatoriales de poder, como lo muestra una vez más el caso actual de Brasil, y también la práctica y la retórica de Trump, hay diferencias importantes con el fascismo clásico. Ignorarlas conduciría a equivocarse de diagnóstico. A diferencia de los años 1930, que vieron la emergencia de los fascismos europeos como reacción ante el dejar hacer del liberalismo económico y sus consecuencias, los neoliberalismos nacionalistas, autoritarios y xenófobos de hoy día no pretenden reencajar el mercado en el Estado total, ni siquiera, más sencillamente, encuadrar los mercados, sino que pretenden, por el contrario, acelerar la extensión de la racionalidad capitalista a costa de aumentar aún más las desigualdades económicas, consecuencia inevitable del libre juego de la competencia y de las privatizaciones. En este sentido, estos gobiernos no vuelven la espalda al neoliberalismo, como algunos afirman de forma imprudente, sino que ponen al descubierto a plena luz la lógica intrínsecamente autoritaria y violenta del propio neoliberalismo. Aunque Brasil es el espejo creciente de una guerra total contra las instituciones de la sociedad que no se pliegan al modelo neoliberal, sería erróneo pensar que esta violencia estatal queda confinada a los llamados países periféricos. También en el centro mismo de los países capitalistas más desarrollados se ejerce esta violencia, aunque bajo formas diferentes. Las violencias policiales con las que el gobierno liberal de Macron quería imponer medidas impopulares en 2018, o el envío de tropas federales por Trump contra los manifestantes de Portland o de Chicago y la manera posterior de encender el fuego cuestionando el resultado de las elecciones presidenciales que le eran desfavorables, son ejemplos recientes. Evidentemente, estas formas de violencia se salen del marco político liberal clásico, basado desde la Ilustración en las libertades individuales y colectivas, el respeto al sufragio universal, la pluralidad de opiniones, la defensa del conocimiento racional y el respeto a la verdad. Pero no nos dejemos confundir por la idealización del modelo político clásico en las democracias occidentales. Si el neoliberalismo pudo imponerse en Estados Unidos y en Europa por gobiernos legalmente elegidos (Giscard, Mitterrand, Thatcher, Blair, Reagan, Clinton, Schmidt, Kohl), no se privó, y desde hace mucho tiempo, del uso de la fuerza legal, sobre todo policial y judicial, y de todo tipo de medidas de coacción reglamentarias, administrativas, disciplinarias, de que disponen los Estados. Si estos vienen reforzando desde hace mucho tiempo la vigilancia de los individuos en nombre de la lucha antiterrorista, las potencias capitalistas privadas no han quedado atrás, imponiendo, sobre todo a los asalariados, una gestión basada en el control individual que ha destruido en parte la capacidad de defensa colectiva en el campo del trabajo. Pero entonces, ¿por qué se puede hablar de una nueva fase del neoliberalismo?

La confesión de la violencia

Lo nuevo es la manifestación cada vez más abierta y asumida del carácter violento y autoritario del neoliberalismo, en cualquiera de sus variantes históricas y nacionales. Lo que vemos ya, a plena luz, es una nueva guerra civil mundial. La expresión guerra civil mundial ha sido utilizada, desde su invención por Carl Schmitt, en varios sentidos diferentes. Para este último, desde mediados de los años 1940, la Weltbürgerkrieg se refiere al final de las guerras interestatales propias del mundo westfaliano y al nacimiento de guerras asimétricas, llevadas a cabo en nombre de un ideal de justicia que permite a las superpotencias ejercer un poder de policía en el marco de un derecho internacional renovado y ejercido con una voluntad misionera. Para Arendt, la expresión se refiere más bien a la guerra que hacen regímenes totalitarios –nazismo y estalinismo– que, a pesar de importantes parecidos, no pudieron evitar el enfrentamiento directo a causa de su voluntad expansionista. Este tipo de análisis fue retomado por Ernst Nolte en su obra La guerra civil europea, 1917-1945. Otros autores han tomado por su cuenta esta expresión para hablar del enfrentamiento internacional entre las fuerzas de progreso surgidas de la Ilustración y el fascismo. Fue el caso de Eric Hobsbawm en La Edad de los extremos. Historia del corto siglo XX.

Evidentemente, utilizamos la expresión en un sentido muy diferente; por ello la importancia del adjetivo nueva. La nueva guerra civil mundial no opone directamente un orden global de tipo imperial, aunque sea dirigido por una potencia hegemónica, con la población, ni tampoco opone dos regímenes políticos o dos sistemas hegemónicos uno contra otro. Opone a Estados, cuyos medios están monopolizados por oligarquías agrupadas, con amplios sectores de sus propias poblaciones. ¿Pero cuál es el objeto de esta guerra? Oficialmente, se trata de oponerse a cualquier forma de intrusión de un enemigo exterior y de combatir a todos sus aliados que, en el interior, minan la unidad nacional, la homogeneidad del pueblo, la grandeza y la identidad de la nación. Podrá decirse que, para los defensores de un capitalismo sin fronteras, resulta paradójico inflamar las pasiones con un nacionalismo exacerbado y con un racismo apenas velado, pero en la última década ya se ha hecho la prueba de que la división del pueblo, y la inflexión de sectores enteros de la población en contra de sus propios intereses, han supuesto enormes éxitos políticos. En este sentido, el Brexit es una obra maestra del género. Francia ofrece un ejemplo muy interesante de una maniobra política bastante sorprendente. Desde otoño de 2020, mientras se esfuerza en contener la epidemia y multiplica sus errores de gestión, el gobierno se ha lanzado a una amplia campaña de calumniosos ataques contra las universidades, en particular contra las ciencias sociales, acusadas de estar “gangrenadas por el islamo-izquierdismo”. La palabra se refiere a un puro fantasma, construido siguiendo el modelo del judeo-bolchevismo de los fascistas y los nazis de antes de la guerra. El ministro de Educación nacional, al igual que la de Enseñanza superior y el de Interior (que dirige la policía), se han ido relevando durante meses para hacer creer a la opinión pública que el terrorismo encontraba sus apoyos en el medio universitario, que estaría contaminado por los estudios poscoloniales, decoloniales y otras teorías del género. Es asombroso que tal cantidad de ignorancias y de calumnias hayan sido emitidas por representantes de un gobierno que se dice liberal. ¿No se presentó Macron en algún momento como el anti-Orban en Europa? Hay que concluir: este discurso de odio de tipo fascistoide no es más que una versión local de una lógica guerrera más general que consiste en designar, en este caso en el cuerpo de universitarios e investigadores, al enemigo a aplastar, y que puede encontrar otros objetivos en otros sitios o más tarde.

La palabra guerra no se puede tomar aquí como una simple metáfora. La lucha estratégica por la dominación a que se dedican los agentes políticos, económicos e intelectuales del neoliberalismo, a veces con el pretexto de luchar contra el terrorismo o el islamismo radical, pretende consolidar el poder de las oligarquías dominantes por otros medios distintos al de la confrontación pacífica de opiniones. Por decirlo de otra manera, en vez de relegitimar y restaurar las formas de la democracia clásica, lo que supondría al menos moderar las lógicas neoliberales y comenzar a reducir las desigualdades atacando a las grandes fortunas y a las poderosas multinacionales, los gobiernos prefieren emplear métodos autoritarios y violentos que permiten no hacer concesiones demasiado costosas para los más ricos, aunque acentúen la crisis de la democracia liberal. Ellen M. Wood lo llama una guerra sin fin (infinite war): la guerra neoliberal no tiene objetivos limitados, como sería la destrucción de un ejército enemigo o la conquista de un territorio, sino que se marca el objetivo ilimitado de la dominación del Estado sobre la población. La guerra en cuestión requiere de todos los medios por los que el Estado afirma su dominio sobre la población, comenzando, más allá del Ejército, por la Policía y la Justicia y, desde luego, por los medios de comunicación de masas y las tecnologías de vigilancia, lo que supone la estrecha subordinación, o al menos la neutralización, de los agentes del Estado para que cumplan lo mejor posible su función de dominación. La situación presente nos confirma lo que decía Foucault cuando, al contrario que Clausewitz, afirmaba en su curso La sociedad punitiva que “la política es la continuación de la guerra por otros medios” (Foucault, 2013: 29). Maximizar la división de las fuerzas populares por medio de la inflamación nacionalista y racista, movilizar a una parte de la población contra los intelectuales irresponsables y peligrosos y, a fin de cuentas, encontrar un enemigo a batir no es un fin en sí. Designar a un enemigo no tiene nada de gratuito si la política tiene alguna racionalidad. ¿Pero cuál es el enemigo último? Tiene por nombre genérico la igualdad y quienes aspiran a ella.

El neoliberalismo como estrategia política contra la igualdad

Desde luego, no hay una forma única de neoliberalismo que sería idéntico en todas partes. El orden económico mundial se construye apoyándose en estrategias nacionales diferenciadas y singulares en cada ocasión. Esta plasticidad y este carácter proteiforme del neoliberalismo deben prevenirnos contra cualquier tentación esencialista, aunque no por ello debemos dejar de señalar la lógica antidemocrática inherente al neoliberalismo desde su formación. El neoliberalismo autoritario no se opone a un neoliberalismo que no lo fuera. El neoliberalismo asume una lógica de enfrentamiento violento con todas las fuerzas y las formas de vida que no caben en el marco de un mundo jerárquico y desigual basado en la concurrencia. Y para realizarse, este proyecto neoliberal que pretende la construcción de una pura sociedad de mercado requiere la violencia de Estado.

Hablar de nueva guerra civil mundial es por tanto reinterpretar el neoliberalismo desde el ángulo de su violencia intrínseca y, sobre todo, cuestionar la manera académica de comprenderlo como conjunto de doctrinas o como posiciones puramente ideológicas. Es aceptar el terreno en que se desarrolla, el de la lucha política por la dominación, y entenderla como una estrategia política de transformación de las sociedades en órdenes concurrenciales que suponen el debilitamiento o la eliminación de las fuerzas de oposición. El término neoliberalismo es objeto de un uso inflacionista que provoca hoy día cierta confusión. El sesgo universitario, que Bourdieu habría llamado escolástico, consiste en no ver en el neoliberalismo más que una corriente intelectual con fronteras además problemáticas, que el erudito se dedica a discutir su unidad y a destacar su diversidad, a veces hasta negar incluso su existencia en nombre del número y diferencia de esas variantes. Es muy fácil constatar, y no ha dejado de hacerse doctamente, que desde los años 20 y 30 existen divergencias epistemológicas y ontológicas entre las diferentes corrientes que hoy se califican, retroactivamente, de neoliberales. Aunque el conocimiento directo de los autores sea indispensable, limitarse a la historia de las ideas es ignorar que el neoliberalismo, en la historia política efectiva, no es solo un conjunto de teorías, una colección de obras, una serie de autores, sino un proyecto político anticolectivista llevado a cabo por teóricos y ensayistas que son también emprendedores políticos. Durante décadas, estos no han dejado de buscar apoyos y aliados entre las élites políticas y económicas, han construido redes, han creado asociaciones y think tanks para ganar influencia, han desarrollado una verdadera visión del mundo e incluso una utopía radical, que han permitido el triunfo de la gubernamentalidad neoliberal al cabo de cuarenta años de encarnizados esfuerzos. El neoliberalismo, por tanto, no es solo Hayek, o Röpke, o Lippmann, es una voluntad política que les es común de instaurar una sociedad libre basada principalmente en la competencia en un marco determinado de leyes y principios explícitos, protegida por Estados soberanos, encontrando en la moral, la tradición o la religión anclajes para una estrategia de cambio radical de la sociedad. En otras palabras, el neoliberalismo, como el socialismo, como el fascismo, debe ser comprendido como una lucha estratégica dirigida contra otros proyectos políticos calificados globalmente y sin demasiados matices por los neoliberales como colectivistas, con el objetivo de imponer a las sociedades ciertas normas de funcionamiento de conjunto, la principal de las cuales, para todos los neoliberales, es la competencia, ya que es la única que asegura la soberanía del individuo-consumidor. Solo esta dimensión estratégica y conflictual permite comprender tanto las condiciones de surgimiento como su continuidad en el tiempo y las consecuencias para el conjunto de la sociedad. Sin esta definición política del neoliberalismo, nos perdemos en el embrollo de las posiciones doctrinales y en la búsqueda de pequeñas diferencias individuales olvidando lo principal, el proyecto unificador de una empresa política, a la vez militante y gubernamental.

Si nos desplazamos del terreno puramente teórico al de los preceptos prácticos y las razones para actuar, se descubre una gran confluencia de todas estas distintas corrientes en el objetivo político perseguido, lo que permite hablar precisamente de una racionalidad política del neoliberalismo perfectamente identificable. Este fue el enfoque de Foucault, a veces mal comprendido por quienes le reprochan haber desconocido la heterogeneidad de las escuelas teóricas del neoliberalismo. Lo que unifica relativamente a este último es el objetivo político de instauración o de restablecimiento de un orden de mercado o de un orden de competencia, considerado no solo como la fuente de toda prosperidad sino como el fundamento de la libertad individual. Se puede concebir este orden de forma diferente, bien como un orden espontáneo que reclama ser confirmado y respaldado por el marco jurídico (el neoliberalismo austro-americano de Hayek), bien como un orden social construido por una voluntad normativa del legislador (el ordoliberalismo alemán). Pero todo el cosmos neoliberal está convencido ante todo de que es necesaria una acción política para realizar y defender tal orden social. Esta fue además la base del acuerdo que se formuló por primera vez durante el Coloquio Lippmann de 1938, y en una segunda con la fundación de la Sociedad de Mont Pelerin en 1947. Todos los grandes combates ulteriores del neoliberalismo político confirman este acuerdo, y ningún neoliberal dejará de denunciar el Estado del bienestar y de luchar contra el comunismo [01].

Pero no es necesaria mucha exégesis para comprender cómo interpretan todos esos emprendedores políticos el sentido de su propia acción. Lo dicen y lo escriben con todas las letras. Así, Röpke: “La humanidad se dejará llevar por el colectivismo mientras no tenga ante su vista otro objetivo palpable, dicho de otra manera, mientras no tenga frente al colectivismo un contra-programa que le pueda entusiasmar” [02]. Y se equivoca quien crea que hay ordoliberales más sociales, más moderados y más razonables, que esperarían del Estado servicios indispensables, y neoliberales más radicales, los austro-americanos, que quieren eliminar por completo el Estado [03]. Salvo algunos anarco-libertarios que mantienen la llama del foco utópico en la versión radical de un Von Mises, la inmensa mayoría de teóricos del neoliberalismo que quieren jugar un papel político eficaz tienen una concepción positiva del Estado, aunque muy diferente de los promotores del Estado social. Ya se llamen Rougier, Lippmann, Eucken, Hayek o Röpke, todos están de acuerdo en hacer del Estado el guardián supremo de las leyes fundamentales del mercado, papel eminente que debe obligarle a aligerarse de las responsabilidades sociales que los colectivistas le han hecho soportar indebidamente desde finales del siglo XIX.

El mercado por encima de todo

Los neoliberales tienen la convicción de que lo que está en juego con el orden del mercado es mucho más que una decisión de política económica, es una civilización entera, basada en la libertad y la responsabilidad individual del ciudadano-consumidor. Y como la sociedad libre se basa en su fundamento, el Estado, con todas sus prerrogativas soberanas, conserva un eminente papel a jugar, y hace de ello el deber de utilizar los medios más violentos y más contrarios a los derechos humanos, si la situación lo exige. El mercado competitivo es una especie de imperativo categórico que permite legitimar las medidas más extremas, incluso el recurso a la dictadura militar si hace falta, como ocurrió con el golpe de Estado en Chile, aplaudido por las cimas intelectuales del neoliberalismo mundial. Por decirlo en un lenguaje un poco envejecido, pero que expresa claramente las cosas: el mercado es la nueva gran razón del Estado neoliberal. Este punto fijo explica la plasticidad política del neoliberalismo. En algunas ocasiones históricas, el neoliberalismo parece confundirse con el advenimiento o el restablecimiento de la democracia liberal, en otras circunstancias, cuando el orden del mercado parece amenazado, se conjuga con las formas políticas más autoritarias, llegando hasta la violación de los derechos más elementales de los individuos. Y en muchos otros casos, la democracia parlamentaria se ve poco a poco vaciada de su sustancia por un Estado policial que ejerce vigilancia y malevolencia ante todo lo que pudiera amenazar el sacralizado orden de la concurrencia. Así, se pueden considerar las circunstancias tan distintas que ha atravesado el neoliberalismo, desde los años 30 hasta hoy.

La refundación teórica del liberalismo en los años 30 pretendía ser una reacción a las formas dictatoriales del comunismo ruso, del fascismo italiano y del nazismo alemán, entendidas todas ellas como la consecuencia lógica del dirigismo y del nacionalismo económico. El ordoliberalismo alemán de finales de los años 40 fue la fuente principal de la refundación de una Alemania occidental desnazificada y democratizada y, más tarde, en los años 50 y 60, el principal fundamento doctrinal de un mercado común europeo, contemplado como la base de las instituciones democráticas y de la paz. Más adelante aún, entre los años 70 y comienzos de los 90, la lógica neoliberal avanzó a medida que se produjo el debilitamiento y posterior caída de los regímenes comunistas, y acompañó la progresiva desaparición de las dictaduras militares anticomunistas, tanto en Europa como en América Latina. Gracias al mercado universal que se estaba construyendo, podía parecer que el Estado ya nunca podría aplastar a la sociedad, oprimir a los individuos, bloquear la información. La apertura del mundo requería un Estado apaciguado, respetuoso de los ciudadanos, sin querer ya controlar y reprimir a la población. ¡La globalización fue entendida incluso por cierto número de ensayistas y periodistas como el medio más radical y más eficaz para extender a China las libertades políticas! Las mismas guerras cambiaban de sentido: ya no derivaban de naciones enemigas, no pretendían conquistar, oponían la civilización del Bien contra las fuerzas oscuras del Mal. La gran ilusión, que favoreció precisamente el desarrollo del neoliberalismo, fue haber creído en el matrimonio feliz entre el mercado y la democracia.

Esa época ha terminado. Es la hora del enfrentamiento brutal contra los revoltosos y descontentos, de la instrumentalización de la justicia y el ejercicio de la fuerza desatada de los policías. Pero lo más nuevo y desconcertante en la actualidad más reciente es sin duda la nueva conjugación entre el neoliberalismo y el populismo nacionalista más autoritario, como si, en la gama de técnicas para imponer la libertad de los mercados contra todas las reivindicaciones de igualdad, nuevos poderes hubiesen logrado la hazaña de desviar la cólera de las masas y de hacerla servir, por increíble que pueda parecer, para promover el neoliberalismo más radical. Un error constante en la ciencia política consiste en oponer simplemente a progresistas globalistas con populistas nacionalistas. La situación contemporánea exige más sutileza en el análisis. El neoliberalismo de hoy ya no es el de ayer, está dividido entre versiones aparentemente muy diferentes, lo que puede ser la mejor garantía de sobrevivir y reforzarse. Así como la crisis económica y financiera de 2008 fue una hermosa ocasión para ir más lejos aún en la vía neoliberal, la actual crisis de la representación en el centro de la democracia liberal ofrece a las fuerzas conservadoras la ocasión de movilizar a las masas más desfavorecidas y más desesperadas para ponerlas al servicio de una forma de neoliberalismo tan turbador que cuesta trabajo identificarlo como tal, puesto que es a la vez nacionalista, reaccionario y racista. Y mientras ayer el neoliberalismo se basaba en el temor fóbico a las masas, fuente de todas las derivas colectivistas, ahora parece mudarse en una especie de fundamentalismo de la nación y del pueblo.

El aspecto ya corriente de usar la violencia neoliberal contra las instituciones y las personas obliga a interrogar de una manera nueva la historia del neoliberalismo en sus relaciones con la violencia y el Estado. La cuestión política y teórica a plantear es si las apariencias liberales, pluralistas, abiertas, modernistas del neoliberalismo, que han servido para seducir a nuevas generaciones urbanas, culturalmente avanzadas y en su época tecnológicamente en punta, no han sido señuelos que han disimulado durante un periodo que ha quedado ya atrás el carácter profundamente agresivo y regresivo de una estrategia que hoy se aprecia mejor, por los obstáculos y contestaciones que encuentra y que debe superar por todos los medios.

Por Christian Laval, profesor emérito de sociología en la Universidad París-Nanterre 

Traducción: viento sur

Publicado enEconomía
Un hombre reposta combustible en una gasolinera, a 24/02/2022. — Alberto Ortega / EUROPA PRESS

La Agencia Internacional de la Energía destaca que "los gobiernos mantienen sus amplios subsidios al combustible fósil para hacer su acceso lo más cómodo posible". Y lo que es peor: no tiene visos de que esta poderosa industria vaya a permitir una transición energética pacífica.

 

Los datos no pueden revestirse de mayor oficialidad. Corresponden al último diagnóstico anual de la Agencia Internacional de la Energía (IEA, según sus siglas en inglés) y han sido viralizados a través de Visual Capitalist, el portal especializado en infografía de mercados. Tampoco invitan al optimismo. Todo lo contrario. Porque, de hecho, los propios expertos de la IEA, la institución multilateral creada en 1974 para asegurar el abastecimiento tras la crisis del petróleo de los primeros años setenta y que ahora, además, ha adquirido el rol de organismo de supervisión de la energía en el mundo, dejan una lectura crítica de gran profundidad. Esencialmente, porque se produce en un momento crucial, cuando la hoja de ruta hacia las emisiones netas cero para 2050 habían adquirido notoriedad en las agendas reformistas y los Green New Deals circulaban ya con sus propias taxonomías.

"Con el consumo energético siendo especialmente vital para los núcleos familiares y las empresas, los gobiernos mantienen sus amplios subsidios al combustible fósil para hacer su acceso lo más cómodo posible", explican. Antes de precisar que estas ayudas no contribuyen precisamente a la transición energética que necesita el planeta. 

Estos subsidios -enfatiza la IEA- "reducen artificialmente el precio de los carburantes de origen fósil"; generalmente, a través de dos formas. Por un lado, con deducciones o ventajas fiscales e, incluso, pagos directos que rebajan los costes de producción del carbón, del petróleo y del gas. Y, por otro, por medio de un abaratamiento de los precios finales al consumidor; de manera más concreta, mediante un control del valor final, entre otras medidas intervencionistas.

"Cada año, los gobiernos de todo el mundo destinan casi la mitad de sus arsenales fiscales a subsidiar sus industrias fósiles". En la última década -o, para ser más precisos, los once años que han marcado el intervalo entre las dos grandes crisis, la financiera de la quiebra de Lehman Brothers, y la de la covid-19 que dio lugar a la gran pandemia-, cinco billones de dólares. Cifra similar a la capacidad de producción anual del tercer PIB del planeta, el de Japón.

El petróleo, la electricidad y el gas, al que la IEA sigue considerando en su lista negra de fuentes de emisiones contaminantes, absorben, por este orden, y en todos y cada uno de los ejercicios, los mayores privilegios de las inyecciones monetarias estatales. A diferencia de la UE, que acaba de incluir al gas natural -y a la nuclear- en su taxonomía verde, pese a las quejas sociales y de organizaciones ecologistas. En medio del tsunami energético creado ya desde finales del verano por la escalada de las tarifas energéticas impulsadas desde el negocio gasístico por los primeros cierres graduales del grifo ruso hacia los socios nórdicos y del centro del mercado interior de la UE y que se agravó en otoño con las réplicas de los cuellos de botella del comercio y en el tráfico logístico internacional. Hasta el punto de propiciar una espiral inflacionista desconocida en más de cuatro décadas entre las potencias industrializadas y China, el principal mercado emergente y una economía altamente energético-dependiente.

Los subsidios fósiles cayeron a los niveles más bajos de la pasada década en 2020 por el parón de la actividad global derivado de la covid-19 que llevó aparejado una interrupción del consumo de energía y la depresión de la cotización del crudo. Sin embargo, dos años después, la IEA revela que el rearme de ayudas a la industria fósil fue más que notable en 2021, con un incremento del 142%, hasta superar los 440.000 millones de dólares.

acaparó casi la mitad de los subsidios de la pasada década, con más de 2 billones de dólares entre 2010 y 2020. Y, junto a la electricidad y el gas, se beneficiaron el 75% de ayudas estatales a carburantes contaminantes.

Unos 11 millones de dólares por minuto

Desde el FMI se aporta otra cifra estremecedora al debate sobre la contumaz influencia de la Vieja Economía de producción fósil -en alusión a las grandes petroleras, pero también a firmas altamente contaminantes del sector ajenas a las supermajors- con la que la industria, a juicio de analistas como Jeff Currie, de Goldman Sachs, había emprendido una auténtica "revancha" para frenar los avances hacia la neutralidad energética.

A juicio de Currie, la escalada del precio de la luz y la espiral inflacionista posterior, perfilada con un barril de crudo por encima de tres dígitos, como auguró y acertó en octubre, "surgen por los clásicos problemas de la producción fósil" que llevó a varios países como China y EEUU y algunos europeos a reactivar la extracción de carbón para contener el rally alcista de la electricidad. Arrojando borrones a sus estrategias y a sus más recientes e incipientes regulaciones verdes.

El Fondo Monetario cifra en 11 millones de dólares por minuto el promedio de gasto en subsidios fósiles en todo el mundo. En esta década, según sus cálculos, las empresas de carbón, petróleo y gas se beneficiaron de una factura al portador de 5,9 billones de dólares.

Estos subsidios "añaden gasolina al fuego", admite el FMI. Y vienen a echar por tierra el escaso optimismo de la COP 26 de Glasgow, de reducir el daño climático a un aumento de la temperatura global de 1,5 grados centígrados en 2050. O a recortar las predicciones científicas que hablan de un aumento del 42% de las dolencias asociadas a las altas cotas de polución en el aire y al 29% de incremento de las olas de calor y otros fenómenos atmosféricos.

"Los precios subsidiados de estos carburantes no sólo debe ser una urgencia, sino que sus reformas legislativas, para acabar con ellos, deberían ya estar en los calendarios" de los gobiernos mundiales. La invasión de Ucrania, sin embargo, ha vuelto a enviar esta propuesta al cajón de los sueños eternos. Pese a que el FMI incide en que la idea de que benefician a la clase más desfavorecida "no es cierta". Más bien todo lo contrario, "favorecen a los hogares con más poder adquisitivo". Y recuerda el compromiso del G20 en 2009 de acabar con las "ineficientes" ayudas públicas en 2016, luego ampliado a 2025 por el G7. "Sin que parece que haya habido un progreso mínimo aconsejable".

Los expertos de la institución señalan que el precio del carbón en 2020 estuvo un 99% por debajo de su valoración de mercado, el diésel, un 52% y el gas natural, un 47%. Con cinco países -China, EEUU, Rusia, India y Japón- como responsables de las dos terceras partes de los subsidios mundiales. "Sin acciones concretas, las ayudas alcanzarán los 6,4 billones de dólares en 2025, alerta el FMI. Ian Parry, responsable de políticas medioambientales en el Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo, es tajante en el planteamiento oficial de los organismos multilaterales: unos precios de mercado de los carburantes fósiles contribuirían a recortar emisiones de CO2; por ejemplo, en la aceleración del tránsito de la generación eléctrica procedente del carbón a otras fuentes de energías renovables. O a hacer los coches eléctricos más baratos y asequibles. Para Parry, los países se niegan a dar este paso por "temor a que puedan perder competitividad si los precios de estos carburantes se disparan".

Todo un aviso para navegantes en la tercera semana desde el comienzo de las hostilidades bélicas en Ucrania por la invasión rusa. Con IPC desbordados en los socios del euro, en EEUU, China o Reino Unido. Mientras a las eléctricas y a las energéticas en general les llueven los beneficios caídos del cielo.

María Pastukhova, del think tank e3g, enfatiza que el informe del FMI "es de obligada lectura, ya que apunta al meollo del que es el mayor de los defectos de la economía global". Pero también critica el hecho de que instituciones como la IEA "proyecten en su hoja de ruta oficial hacia las emisiones netas cero la necesidad de que se mantengan subsidios de cinco billones de dólares hasta 2030 para poder asegurar la transición energética". Es una colisión entre voces multilaterales. Porque este asunto ha sido "un tradicional foco de bloqueo" en el G-20 en los últimos años que supone, además, un avance de especial sensibilidad social.

Ipek Gençsü, analista de Overseas Development Institute, advierte de que cualquier reforma de los subsidios exigirá "apoyo a los consumidores vulnerables -sobre los que impactará en mayor medida su retirada-, así como a trabajadores vinculados a sectores de alta exposición", al tiempo que requerirá "campañas de información públicas para mostrar cómo revertirá este ahorro en servicios sanitarios, educativos o sociales". Es decir, facilitarían una redistribución más adecuada de la riqueza, precisa Gençsü.

En Europa, la contienda militar ha coincidido con la certificación del notable retardo acumulado en su itinerario hacia la sostenibilidad. Eurostat acaba de revelar que, en 2020, los combustibles fósiles todavía representaban el 70% de la energía bruta disponible, un punto por debajo de los registros del año precedente. Pese a retroceder 13 puntos desde 1990, la porción ganada por las renovables sigue mostrando una velocidad reducida. Con Malta (97%), Holanda (90%), Chipre (89%) e Irlanda (87%) y Polonia (86%) como los socios más dependientes.

La mayoría -entre ellos España-, con una cuota de entre el 60% y el 85%. Mientras, Suecia (31%), Finlandia (41%), Francia (48%) Letonia (57%) y Dinamarca, con un 59%, se situaban por debajo de la cota del 60%. Si bien España se encuadra dentro de los que más corrigieron su dependencia de fósiles entre 2019 y 2020. En cuatro puntos. Junto a Portugal, Letonia, Bulgaria y Luxemburgo y por detrás de Estonia -que lo hizo en siete puntos- y Dinamarca, en cinco.

Una tendencia que no parece vaya a mejorar. Dado que, en otro estudio de Eurostat, los socios de la UE, que presentaron la agenda ecologista más ambiciosa del planeta para convertir al Viejo Continente en el primero en alcanzar las emisiones netas cero, una década antes de 2050, han alcanzado los niveles de contaminación atmosférica previos a la Gran Pandemia. Ya en el tercer trimestre de 2021. Con 881 millones de toneladas de CO2. Tampoco, en una tercera ráfaga de datos, la oficina de estadística de la UE anuncia buenas cifras a la hora de valorar la aportación de las energías limpias a la calefacción y el aire acondicionado que se usa en el mercado interior y que sólo representa el 23% de la energía total empleada en estos servicios. Otro punto más en relación a 2019 y un salto modesto respecto al 12% de 2004.

 

13/03/2022 23:39

Por Diego Herranz

Publicado enMedio Ambiente
En una semana, industria armamentista aumenta su valor en 81.5 mil mdd

Desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, la semana pasada, el valor de las 15 empresas armamentistas con mayores ventas del mundo –de las que nueve son estadunidenses– y que cotizan en alguna bolsa de valores, se disparó en alrededor de 81 mil 500 millones de dólares, revelan datos de mercado de las diferentes compañías.

Al cierre de la jornada del 23 de febrero, un día antes del estallido del conflicto, dichas compañías tenían un valor conjunto de 804 mil millones de dólares, mientras al término de la sesión del 2 de marzo se ubicó en 885 mil 881 millones de dólares, un incremento de 10 por ciento.

De acuerdo con el informe Las 100 principales empresas productoras de armas y servicios militares, publicado por el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (Sipri, por sus siglas en inglés), en diciembre de 2021, entre las 15 compañías que más artefactos para la milicia comercian en el mundo y cotizan en algún mercado de valores, se encuentran nueveestadunidenses.

El listado, por mayor volumen de ventas, lo componen Lock-heed Martin Corp (EU), Raytheon Technologies (EU), Boeing (EU), Northrop Grumman (EU), General Dynamics (EU), BAE Systems (Reino Unido), Norinco (China), AVIC (China), L3Harris Technologies (EU), Airbus (Países Bajos), Leonardo (Italia), Thales (Francia), Huntington Ingalls Industries (EU), Leidos Holdings (EU) y Honeywell International (EU).

Los 82 mil millones de dólares equivalen, al tipo de cambio actual, a un billón 696 mil millones de pesos, cifra similar a lo que gastó el gobierno mexicano para cubrir pensiones (un billón 48 mil millones de pesos) e inversión física (653 mil millones de pesos) en todo 2021.

El notable dinamismo de la industria armamentista se ve impulsado por la demanda ante la guerra; sin embargo, también hay otros factores adicionales como el hecho de que Alemania cambió su política de no exportar armas letales a zonas de conflicto, pues decidió enviar apoyo a Ucrania.

Además, Suiza tomó medidas económicas contra Rusia, con lo que abandonó su política de neutralidad, mientras la Unión Europea coordinará la entrega de armas a Ucrania.

De acuerdo con el Sipri, la empresa armamentista con las mayores ventas en 2020 (la cifra más reciente disponible) fue la estadunidense Lockheed Martin Corp, al registrar un total de 58 mil 210 millones de dólares. Se trata del mayor contratista militar de EU, por lo que 90 por ciento de sus ventas totales son por armamento para ese y otros países.

De acuerdo con datos de mercado, un día antes de la invasión rusa a Ucrania, sus acciones valían 355.41 dólares, lo que equivalía a 105 mil millones de dólares; sin embargo, ahora se ubican en 449.23 dólares, para alcanzar 122 mil millones, es decir, un incremento de 15 por ciento en sólo seis días.

Lockheed Martin tiene cinco segmentos de negocio: aeronáutica, sistemas de información, soluciones globales, misiles y sistemas espaciales.

La segunda empresa con más ventas del sector es la también estadunidense Raytheon Technologies, cuyo valor de mercado pasó en menos de una semana de 136 mil millones de dólares a 152 mil millones, es decir, un alza de 10.9 por ciento.

Aunque en ventas totales esta firma ocupa la segunda posición, es la más grande por valor de mercado entre las 15 señaladas, gracias a que es una de las fabricantes aeroespaciales más grandes del mundo, que produce motores de avión, aeroestructuras, misiles, sistemas de defensa aérea y drones, entre otros artefactos bélicos.

El tercer lugar en ventas es Boeing, más conocida por fabricar aviones comerciales; sin embargo, según Sipri, 55 por ciento de sus operaciones las obtiene de la colocación de productos para uso militar. A diferencia de las otras dos, esta empresa no ha visto beneficios, pues en los últimos días su valor pasó de 114 mil millones a 113 mil millones de dólares.

En tanto, la variación en el valor de las demás empresas fue la siguiente: Northrop Grumman (16.35 por ciento), General Dynamics (8.12), BAE Systems (22.1), Norinco (3.6), AVIC (7), L3Harris Technologies (19.8), Airbus (-10), Leonardo (25.6), Thales (26.4), Huntington Ingalls Industries (8.3), Leidos Holdings (15) y Honeywell International (15.3 por ciento).

 

Publicado enEconomía
Viernes, 04 Marzo 2022 05:45

La dictadura de los medios

La dictadura de los medios

Las principales plataformas mundiales, como las redes sociales se han autoproclamado jueces de la verdad mundial.¿Por qué cuatro o cinco poderosos CEOs de mega empresas se autoproclaman guardianes de la verdad?

Habrá que repetirlo hasta el infinito: que consideremos que la OTAN es la primera responsable del conflicto en Ucrania no significa que apoyemos ni a Putin ni a ninguna guerra.

Tampoco apoyamos la dictadura mediática mundial y sus lágrimas de cocodrilo.

Es parte de una estrategia en la que hasta la gente más honesta cae: si estás contra el imperialismo de la OTAN estás a favor de la guerra de Putin. O no menciones nuestro imperialismo porque están muriendo inocentes en Ucrania. Pues, al imperialismo siemrpe hay que recordarlo, porque es tímido y no quiere que se lo mencionen, porque, aunque no absoluto, es el principal marco político e ideológico del mundo, y mucho más hay que mencionarlo ahora porque posa de defensor altruista de las víctimas ucranianas, siendo que es un directo protagonista en esta tragedia.

En consecuencia, el efecto fútbol funciona a la perfección. Y ésta no es solo una metáfora: la vieja mafia de la FIFA ha suspendido a la selección ruisa de futbol del mundial de Catar de este año, un mundial donde los Derechos Humanos brillan por su ausencia. La FIFA pudo realizar copas mundiales en dictaduras fascistas, como la de Argentina en 1978 o en la Italia fascista de 1934, manipulada en favor del régimen de Mussolini (Il Duce también intervino en Francia 1938). Tres casos que terminaron con la obtención del máximo trofeo, donde no solo los futbolistas fueron víctimas sino que esos eventos sirvieron de legitimación moral a la barbarie. La FIFA también supo mantener la “neutralidad deportiva” durante masacres más recientes. Las grandes cadenas deportivas de televisión nunca habían transmitido con el banner “No a la guerra” hasta ahora. Pero entre mafiosos se defienden.

En la misma línea de pseudo neutralidad ideológica, las principales plataformas mundiales, como las redes sociales (desde siempre pero cada vez de forma más evidente) se han autoproclamado jueces de la verdad mundial y etiquetan a todas las noticias de medios como Russia TV con la advertencia “esta noticia procede de un medio afiliado al gobierno de Rusia”. Incluso, gobiernos bananeros han censurado este canal de noticias, a pesar de que nunca nadie se atrevió a hacer algo similar con CNN y Fox News cuando hicieron posible la desinformación que terminó con la masacre de un millón de personas en Irak y medio continente en un caos sangriento que aún persiste.

Por no ir a la clásica censura de visibilidad y posicionamiento mediático de los buscadores de Internet que mantienen un oligopolio casi absoluto, todos manipulados desde San Francisco.

Nuestra posición en este tema no ha cambiado ahora. Cuando hace unos años Twitter canceló la cuenta de Donald Trump, aunque la considerábamos un resumidero de basura, nos opusimos a eso. La libertad de expresión (en esteroides para los dueños del dinero y limitada por la vulnerabilidad laboral de los de abajo) significa que también quienes piensan radicalmente diferente a nosotros tengan el derecho a decirlo. Son los pueblos quienes deberán madurar y educarse para aprender a digerir la información y, sobre todo, aprender a organizarse para no dejar siempre la mayoría de los medios más poderosos, los creadores de miedo y de opinión, a los dueños del capital. ¿Por qué cuatro o cinco poderosos CEOs de mega empresas, elegidos por nadie aparte de su minúsculo concilio de cardenales, se autoproclaman guardianes de la verdad?

Por supuesto que en todos los demás casos no etiquetan ni mencionan las afiliaciones de los medios occidentales con los gobiernos alineados. Grandes cadenas creadoras de opinión, como Fox News o CNN, responsables de apoyar guerras masivas y ocular sus crímenes de lesa humanidad, no son más independientes por ser privadas, sino todo lo contrario: sus imperios no dependen de los lectores sino de sus millonarios anunciantes y los poderosos intereses de su micro clase social. Sus noticias deberían ser precedidas con la advertencia: “este medio está afiliado o responde a los intereses especiales de lobbies, corporaciones y transnacionales”.

En gran medida, los canales que no ocultan su afiliación a un gobierno, a un sindicato o a una ideología son más honestos que aquellos con una proyección internacional y una influencia devastadora que posan de independientes y de campeones de objetividad informativa.

Es más, la objetividad mediática no existe y la neutralidad es mera cobardía, cuando no cinismo. Lo que existe y debería apreciarse es la honestidad, reconocer de una buena vez a qué visión del mundo apoyamos y si esa visión depende de nuestros intereses personales, de clase, o a algo más amplio llamado humanidad.

Por Jorge Majfud | 04/03/2022

Publicado enSociedad
La presidenta Xiomara Castro al centro de la imagen

 

Para empresarios, la medida es ambigua y viola la ley

 

Tegucigalpa. El gobierno de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, declaró al país "libre de minería a cielo abierto" y anunció la cancelación de licencias, permisos y concesiones, decisión celebrada por ambientalistas y que pone en jaque a la industria.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas, "se cancela la aprobación de permisos de explotación extractiva por ser lesiva, atentar contra los recursos naturales, la salud pública y limitar el acceso al agua como derecho humano" en el Estado hondureño, añadió.

Para la Asociación Nacional de Mineros, el anuncio es "ambiguo" porque prohíbe incluso la extracción de piedra y arena para la construcción y atenta contra la ley en la materia.

De acuerdo con el asesor del gremio, Santos Gabino Carvajal, si se aplicara a los mineros artesanales, quedarían sin trabajo unas 80 mil personas en el país.

En Centroamérica, El Salvador fue el primer país en prohibir la minería metálica, en 2018, mientras Costa Rica ya había prohibido la minería a cielo abierto en 2010.

En 2018, ocho ambientalistas de la comunidad de Guapinol fueron detenidos tras manifestarse contra esa actividad y recién fueron liberados este año.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras saludó la medida, al considerar que primó el principio de justicia climática y en protección de los recursos naturales y la salud pública.

Juan López, miembro del comité ambientalista de Tocoa, destacó que el anuncio del gobierno "es un aliento" a las comunidades que luchan contra la industria minera.

Pero mayores medidas como la derogación y reforma de leyes que regulan los contratos de las trasnacionales con el Estado involucrarían al Congreso. "Eso lleva todo un proceso", comentó a la agencia de noticias Afp.

López citó el ejemplo de Los Pinares, que pertenece a otro consorcio local con conexiones en Panamá, Estados Unidos y Europa.

"Estas empresas tienen una logística mundial con acceso a tribunales internacionales con los que someten a los países pequeños como Honduras", lamentó.

"Pero las comunidades hemos enfrentado al Estado y a las grandes empresas porque el gobierno de Juan Orlando Hernández (2014-2022) se colocó al servicio de éstas", resaltó.

Hernández, quien dejó el poder en enero, está preso, a la espera de una solicitud de extradición de Estados Unidos por cargos de narcotráfico.

El ambientalista Fernández elogió la decisión del gobierno porque, a su juicio, la minería para este país en términos económicos es insignificante: "no produce ni uno por ciento del PIB y genera menos de 0.1 por ciento del empleo".

Según el Banco Central, en 2021 las exportaciones mineras de Honduras alcanzaron 293 millones de dólares.

El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) explicó en un reporte que los proyectos de extracción de minerales e hidrocarburos están cambiando la geografía del país.

Publicado enInternacional
Miércoles, 02 Marzo 2022 05:45

El comienzo de una nueva globalización

El comienzo de una nueva globalización

La globalización, tal como la conocíamos ‒hasta la pandemia‒, era asimétrica. El capital podía desplazarse sin apenas trabas, mientras que la clase trabajadora permanecía en general atrapada dentro del país en que vivía cada cual.

Esta mayor movilidad del capital, a diferencia de las décadas de posguerra, antes de iniciarse esta fase de la globalización, fue posible gracias a las mejoras de la tecnología bancaria y al establecimiento de unas reglas mucho más flexibles (cuentas de capital abiertas) para la transferencia de capitales al extranjero. Pero tal vez el factor más importante fue la expectativa de que cualquiera podía invertir en lugares muy lejanos sin correr un riesgo significativo de que sus activos fueran expropiados o nacionalizados.

La nueva globalización que emerge ahora también parece asimétrica, pero exactamente a la inversa de la anterior. El trabajo se tornará cada vez más global, mientras que los movimientos de capitales se verán fragmentados. ¿Cómo se ha producido esto?

Teletrabajo

La globalización del trabajo será posible gracias al teletrabajo. Mientras que la tecnología requerida ya existía antes de la pandemia, la covid-19 ha propiciado un cambio decisivo a favor de un uso más frecuente. Empresas y trabajadoras han descubierto que los trabajos que antes requerían supuestamente la presencia física podían llevarse a cabo desde casa, o por decirlo de otra manera, desde cualquier parte del mundo.

Esto hizo que mucha gente no solo se pusiera a trabajar desde casa, sino también a trasladarse a lugares diferentes y más baratos, aunque manteniendo el mismo salario que cobraban antes; pagando, por ejemplo, un alquiler mucho más bajo en San Antonio, Texas, pero percibiendo el salario de Nueva York. Es la primera vez en la historia en que ha sido posible implementar este desacoplamiento entre el trabajo y la presencia física del personal.

Sin embargo, esta tendencia no se ha detenido ante las fronteras de cada país, sino que las ha traspasado: no hay motivo para que una empresa siga empleando personal en EE UU por (digamos) 50 o 100 dólares la hora cuando el mismo trabajo puede realizarse en India u otro lugar por 10 o 20 dólares la hora. En efecto, el nuevo trabajador (indio) puede vivir mejor con un salario mucho más bajo que un trabajador estadounidense con el que cobraba hasta ahora, nominalmente más elevado, por el mero hecho porque en India los precios son más bajos.

Gracias a este arbitraje de precios diferentes, la clase capitalista estadounidense sale ganando gracias al pago de salarios más bajos en dólares, mientras que la clase trabajadora internacional mejora su posición gracias al aumento de su nivel de vida. Es un cambio en que todo el mundo sale ganando, excepto, claro está, la clase trabajadora de los países ricos.

Razones geopolíticas

La globalización del capital, por el contrario, evoluciona en sentido contrario. En su caso, las razones son geopolíticas, aunque hasta cierto punto también fiscales, dado que la implementación de un impuesto de sociedades global mínimo del 15 % hace que la elusión fiscal mediante la ingeniería contable resulte menos atractiva.

La geopolítica tiene que ver con las crecientes tensiones y conflictos entre EE UU por un lado y Rusia y China por otro. Independientemente del resultado del conflicto en torno a Ucrania (totalmente impredecible en el momento de escribir estas líneas), Rusia será objeto ‒no importa si la próxima semana o el año que viene‒ de amplias sanciones económicas y comerciales. Esto apartará básicamente un pedazo de la economía mundial de la globalización financiera.

Es cierto que Rusia no es un pedazo muy grande: su producto interior bruto equivale más o menos al 3 % del PIB mundial (en paridad de poder de compra), y sus exportaciones, a apenas más del 2 % del total mundial. Pero el mensaje es claro, especialmente si se contempla a la luz de otras sanciones similares impuestas por EE UU contra Irán, Venezuela, Cuba, Myanmar, Nicaragua, etc. Actualmente afectan de una manera u otra a más de 20 países.

Como refleja esta lista, tales sanciones son extremadamente difíciles de revertir. Nadie puede comprar un habano cubano en EE UU. El embargo dura ya más de 60 años y, aparte de un modesto esfuerzo durante la presidencia de Barack Obama, nada ha cambiado. En efecto, el gobierno de Donald Trump revocó algunas decisiones anteriores e impuso un montón de nuevas sanciones. Lo mismo ocurre con Venezuela, Siria e Irán.

Sanciones que se eternizan

El hecho de que muchas de las sanciones estadounidenses se eternizan en el tiempo se ve claramente en el caso de la enmienda Jackson-Vanik, dirigida contra el comercio soviético en respuesta a la imposibilidad de la población judía de la URSS de emigrar a Israel. La enmienda se promulgó en 1974, cuando era muy difícil (por decirlo suavemente) emigrar de la URSS. Tras la liberalización que supuso el liderazgo reformista de Mijaíl Gorbachov en la década de 1980, seguida del colapso de la URSS, se calcula que emigraron de 2 a 3 millones de personas judías de la URSS o posteriormente de la Federación Rusa con destino a Israel u otros países.

No obstante, la enmienda permaneció en vigor, pasando a depender su aplicación o no de la verificación anual por parte del gobierno de EE UU de que Rusia no incumplía. Es difícil imaginar una situación más absurda. Finalmente, la enmienda Jackson-Vanik fue rescindida, aunque solo para ser reemplazada por la Ley Magnitsky, cuya finalidad es la misma, aunque no su justificación (la muerte en prisión de un abogado especializado en asuntos fiscales ‒de apellido Magnitsky‒ que investigaba un enorme fraude que implicaba supuestamente a autoridades tributarias de Rusia).

El reciente embargo por parte de EE UU de activos del gobierno afgano ‒destinando la mitad del importe a la compensación de las familias de víctimas de los atentados del 11 de Septiembre‒ marca la tendencia. Así, se especula con que en la próxima ronda de sanciones a Rusia serán congelados o expropiados los activos de oligarcas considerados próximos al presidente, Vladímir Putin. Toda empresa originaria de un país que en algún momento pueda ponerse en el punto de mira de Washington se lo pensará ahora dos veces antes de mantener sus activos en EE UU.

Esto se aplica muy especialmente a China. Bajo cualquier extrapolación razonable, si las relaciones entre China y EE UU llegan a dar otra vuelta de tuerca hacia peor, los activos de las empresas del Estado chino, así como los de individuos cercanos  al Partido Comunista de China (que puede ser cualquier persona), correrían un serio peligro. China posee bonos del Tesoro de EE UU por valor de 1 billón de dólares, que podrían convertirse en otras tantas hojas de papel carentes de valor alguno.

La misma suerte podrían correr empresas ubicadas (digamos) en Nigeria (dada su relación problemática entre democracia y el ejército) o Etiopía (ya se le han impuesto sanciones a raíz de la guerra civil con las fuerzas autónomas de Tigré). La lista de posibles motivos para congelar activos es interminable: guerras civiles, tráfico de drogas, normas bancarias laxas, sistemas políticos diferentes, violaciones de derechos humanos, acusaciones de genocidio…

Politización drástica

Si un número suficiente de capitalistas llegan a la misma conclusión sobre la falta de seguridad de sus haberes, tratarán de aparcarlos en lugares en que es menos probable que interfieran decisiones políticas. Podría tratarse de Singapur, Bombay u otras plazas de Asia. Cabe imaginar el dilema de ricos hombres de negocios de Hong Kong cuyos bienes podrían ser expropiados por las autoridades chinas o, en caso de que lograran transferirlos a EE UU, por las autoridades estadounidenses del momento; expropiados por no ser suficientemente cercanos al Partido Comunista de China o… por ser demasiado cercanos.

Una politización drástica de la coerción financiera comportará inevitablemente la fragmentación de los movimientos de capitales. Mientras que en el pasado los oligarcas huían a EE UU y al Reino Unido, creyendo ‒aparentemente con razón‒ que independientemente del origen de su fortuna, esta sería bienvenida en Occidente, ahora puede que huyan a otros lugares. De este modo, crearían sin saberlo un mundo financiero más multipolar.

21/02/2022

Social Europe

Traducción: viento sur

Autor: Branko Milanovic es economista estadounidense de origen serbio, especializado en desarrollo y desigualdad.

Publicado enEconomía