América Latina y las inversiones extranjeras

ALAI AMLATINA, 30/05/2013.- América Latina se ha convertido en la región más cotizada del mundo si se mide según las inversiones extranjeras directas que recibe. En los últimos años los ‘negocios’ que ofrece la región se han multiplicado como hongos. Este crecimiento se ha dado especialmente en el renglón de la minería, también en el agro, las finanzas y otras inversiones de carácter especulativo. El incremento es, en gran parte, resultado de la gran demanda de materias primas que realiza China en forma consistente durante los últimos tres lustros.

 

Los países de América latina recibieron 173 mil millones de dólares en concepto de inversiones directas extranjeras en 2012. La cantidad superó en un 6 por ciento la suma correspondiente a 2011. Casi duplica la inversión extranjera recibida a principios de siglo. Al mismo tiempo, las rentas que pagaron los países de la región a sus acreedores también aumentaron en forma significativa. En 2012 la región casi alcanzó a EEUU. Este recibió un total de 175 mil millones de dólares. China ocupó el segundo lugar con 110 mil millones en el mismo año.

 

Hay que hacer la salvedad que las inversiones directas extranjeras en EEUU, China y América Latina reciben un trato legal muy distinto. En EEUU sólo se aceptan si benefician a los monopolios de ese país. En China hay una regulación muy estricta que no permite que los inversionistas se lleven las ganancias. En cambio, en América Latina cada país tiene sus propias reglas que generalmente son muy flexibles y favorecen al inversionista extranjero.

 

Entre 2002 y 2011, sin embargo, los pagos de los países latinoamericanos a empresas que hacen inversiones en la región se multiplicaron cinco veces (un 500 por ciento). Pasaron de 23 mil millones en 2002 a 115 mil millones dólares en 2011, según la CEPAL. La secretaria de la CEPAL, Alicia Bárcena, dijo que la rentabilidad seguirá elevada en los próximos años, favoreciendo las repatriaciones de divisas. La CEPAL recomienda a los gobiernos que impulsen políticas que vinculen el enorme flujo de inversiones con cambios estructurales de sus economías. Si no se adoptan políticas adecuadas, pronto las exportaciones de rentas por las inversiones extranjeras superarán las entradas. Las recomendaciones de la CEPAL no son bien acogidas por la mayoría de los países, especialmente Panamá.

 

“En promedio, agregó Bárcena, cada millón de dólares crea tres puestos de trabajo”. Las inversiones extranjeras no son necesariamente un beneficio. Pueden resultar muy negativos si no son parte de un plan de desarrollo.

 

Brasil fue destinataria de 65 mil millones de dólares y consolidó su posición como principal destino de las inversiones en la región. Chile y Colombia atrajeron 30 mil y 16 mil millones de dólares, respectivamente. Tanto Brasil como Chile son grandes exportadores de materias primas a China. En el caso de Brasil, exporta hierro y productos agrícolas. Chile es un exportador de cobre.

 

En América del Sur, exceptuando Brasil, el sector minero siguió encabezando las inversiones extranjeras con el 51 por ciento. En Brasil, a pesar de ser una potencia minera mundial, sólo representó el 13 por ciento de la inversión extranjera. El sector industrial fue el más importante para Brasil, capturando el 38 por ciento de la inversión extranjera.

 

Cuando se analiza el comportamiento de la renta según sector se destaca la alta rentabilidad de las industrias extractivas. La inversión extranjera directa dirigida a la minería, tiene una rentabilidad superior a la media. La demanda china de materias primas puede sufrir una desaceleración en los próximos años. Los analistas plantean que la economía de ese gigante asiático demandará productos semi o totalmente elaborados. En este caso, estarían en posiciones más ventajosas México y Brasil. De todas maneras, seguirían siendo economías dependientes de polos de desarrollo ajenos a su propia dinámica.

 

En el caso de Centro América, la región recibió 8.876 millones de dólares en inversiones extranjeras. Es decir, un poco más del 5 por ciento del total latinoamericano. La suma representó un aumento del 7 por ciento en comparación con el 2011.

 

En 2012 Panamá fue el mayor receptor de inversión extranjera en el istmo centroamericano con 3 mil millones de dólares, seguido por Costa Rica con 2.3 mil millones, Guatemala (1.2 mil millones), Honduras ($1 mil millones), Nicaragua (810 millones) y, por último, El Salvador con 516 millones de dólares. La CEPAL también advierte que las inversiones directas extranjeras pueden crear condiciones muy desfavorables – “reforzando los patrones de especialización vigentes” - si los gobiernos no regulan la entrada de capitales a los países de la región.

 

Panamá es uno de los pocos países donde no existen reglas de juego para las inversiones extranjeras. La mayor parte consiste en el llamado ‘capital golondrina’ que entra y sale, despojando la economía local de sus riquezas. En 2011 EEUU representó el 60 por ciento de las inversiones extranjeras en Panamá. Colombia el 20 por ciento y Venezuela el 10 por ciento. Las dos terceras partes de las inversiones fueron en los sectores Finanzas y Comercio. En el último lustro, Panamá no sólo experimentó un proceso de desindustrialización. Su planta industrial que sobrevivió fue vendida a capital extranjero: las galletas Pascual, las lecheras Bonlac y Estrella Azul, el café Durán, las cervecerías Nacional y Del Barú, así como el transporte colectivo urbano Mi-Bus. Por último el Banco del Istmo, vendido a HSBC-Panamá que, a su vez, fue comprado por Banvivienda de Colombia.

 

Por Marco A. Gandásegui, hijo, profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del CELA

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El Estado de sitio, esta vez, para proteger la “inversión” canadiense

ALAI AMLATINA, 06/05/2013.-  El Presidente Otto Pérez Molina, militar retirado (acusado por sus ex camaradas como co responsable de genocidio cometido durante la guerra interna), decretó, el pasado 1 de mayo, el segundo Estado de sitio en lo que va de su gobierno. Esta vez, para reprimir al pueblo indígena Xinca, en los municipios de Jalapa y Mataquescuintal (Departamento de Jalapa), y en Casillas y San Rafael Las Flores (Departamento de Santa Rosa), y para proteger las “inversiones” de la empresa minera canadiense Tahoe Resources (Mina San Rafael).


 
El 1 de mayo del 2012, Pérez Molina también decretó otro Estado de sitio en contra del pueblo Maya, en el Municipio de Barillas, Huehuetenango, para defender los intereses de la empresa española Hidro Santa Cruz, que actualmente opera con mediana calma porque se logró asesinar y encarcelar a las y los dirigentes de las organizaciones en resistencia del lugar.
 


Estos estados de sitio no sólo coinciden en fechas y objetivos, sino en su método de aplicación.


 
Estado de sitio permanente como método de gobierno


 
Tanto en el caso de la hidroeléctrica española, como en el caso de la minera canadiense, el gobierno autorizó a ambas empresa la exploración y explotación de los proyectos, en contra de la voluntad expresa de los pueblos indígenas afectados del lugar.


 
Ante la presencia incómoda de las maquinarias de las empresas, ambos pueblos indígenas gestionaron diálogos con el gobierno, y al no ser escuchados se movilizaron e impidieron la invasión de las empresas a sus territorios. En ambos casos, las guardias privadas de las empresas dispararon y asesinaron a bala a algunos de los dirigentes indígenas movilizados, situación que desató la ira de las y los organizados en resistencia quienes incluso quemaron maquinarias y detuvieron a agentes estatales.


 
En ambos casos, inmediatamente el gobierno decretó Estado de sitio movilizando vario millares de militares/policías a la zona para detener a todos los y las dirigentes indígenas, para luego llevarlos a la cárcel por delito de terrorismo y crimen organizado. ¿Será una coincidencia? ¿O será el método poco inteligente del gobierno de Mano Dura?


 
En lo que va del gobierno de Otto Pérez Molina, se asesinaron selectivamente cerca de 20 dirigentes de organizaciones sociales e indígenas del país que se oponían a la invasión de las empresas extractivas a sus territorios. ¡Pero no existe un solo detenido o enjuiciado por dichos delitos! Eso sí, las cárceles se están llenando de dirigentes indígenas y campesinos conscientes que encarnan la soberanía y dignidad de este país asediado por las transnacionales.


 
Sólo para indicar un par de datos. La ilusión en la “inversión” privada es tal en Guatemala que, cerca del 60% del territorio nacional cultivable se encuentra bajo el control de las empresas de monocultivo. Existen 428 proyectos mineros (176 son metálicas) en todo el territorio nacional, cuya extensión es mucho más pequeña que un Departamento de Bolivia o de Perú.


 
Inversión o invasión canadiense


 
En los últimos tiempos, Canadá ha expandido a más 100 países sus inversiones en materia de minería y de petróleo. Del total de la inversión canadiense en estos rubros, el 70% se encuentran en el extranjero. Pero, las acusaciones por violaciones de derechos humanos, generación de convulsión socioambiental, conflictos laborales, etc. se levantan en diferentes partes del mundo en contra de las empresas canadienses. Sólo para mencionar casos en Latinoamérica:


 
Chile. Las actividades de la empresa canadiense Barrick Gold, en el mega proyecto minero Pascua-Lama, fueron paralizadas por orden de autoridades judiciales chilenas por delitos socioambientales.


 
Bolivia. El gobierno boliviano revirtió recientemente el negocio minero de South American Silver Corporation en Potosí, por incumplimiento de los acuerdos. Actualmente, dicha empresa canadiense inició un arbitraje internacional en contra del Estado boliviano.


 
Perú. El pasado año, la empresa canadiense petrolera Talismán salió urgido de la Amazonía peruana ante la resistencia y convulsión del pueblo Achuar, también por abusos medioambientales.


 
Honduras. La empresa minera canadiense Goldcorp (que extrae oro a cielo abierto en Valle de Siria, Morazán, Honduras), fue acusada como una de las empresas promotoras del golpe de Estado que destituyó a Manuel Zelaya, en junio de 2009. El motivo del involucramiento de esta empresa en dicho golpe habría sido porque el entonces Presidente Manuel Zelaya intentó prohibir la minería a cielo abierto, el uso de cianuro y la sobreutilización del caudal de las cuencas hídricas en los proyectos mineros. Hace unos meses atrás, el gobierno de Pepe Lobo (que emergió fruto del golpe de Estado), promulgó una Ley minera redactada entre Toronto y Tegucigalpa que aprueba todo lo que Zelaya intentó prohibir. Actualmente, de las más de 200 solicitudes de concesiones mineras en Honduras, cerca de la mitad son de empresas canadienses.


 
Guatemala. En la actualidad, en Toronto, Canadá, un tribunal estudia si juzga o no a la empresa minera canadiense Hudbay por violaciones de derechos humanos en Guatemala. Y, desde el 1 de mayo, del año en curso, el pueblo Xinca (en el oriente del país) soporta la militarización y el Estado de sitio para garantizar las actividades a la empresa minera canadiense Tahoe Resources, en contra de la voluntad expresa de dicho pueblo indígena.


 
¿Será que la milicia de traje y corbata, que (des)gobierna a este país policromático desconoce estas referencias? ¿O será que se tomó muy en serio el espejismo neoliberal del “crecimiento” económico que supuestamente hace de Guatemala un país pujante? ¿Qué ocurrirá en la mente del Sr. Presidente quien argumenta no tener las manos manchadas de sangre?


 
Lo cierto es que el haber convertido al deficiente Estado de Guatemala en un desalmado gendarme de la “inversión” extranjera para criminalizar, perseguir y asesinar a la conciencia moral del pueblo nadie lo va a perdonar. Las y los guatemaltecos conscientes, indígenas o no, organizados y movilizados para defender los bienes naturales del país, no son criminales, ni terroristas. Son el reducto y bastión de la dignidad y de la soberanía de este país cuyas élites fueron incapaces de expresar.


 
Sr. Presidente, no acelere Ud. la dinámica de la creciente convulsión social generalizada en el país que podría derrocarlo desde las calles antes que Ud. cumpla el período de su mandato. Este pueblo ya comenzó a perder el miedo al rifle y a la bota militar. Recuerde, Sr. Presidente, que los procesos revolucionarios de Ecuador, Bolivia, Venezuela, Argentina, etc. se deben, en buena medida, al recrudecimiento violento de la tiranía del sistema neoliberal.

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De tour para despojar a las comunidades afros

El turismo como lucrativo negocio, es dominado hoy en Colombia por grandes multinacionales. No es casual la afanosa búsqueda de nuevas zonas francas en parques nacionales y resguardos de minorías étnicas, sin ser vigilados o controlados de manera eficiente por los entes públicos regionales y/o nacionales. Cerca de Cartagena de Indias, la empresa Corplaya pretende que le concedan 3 kilómetros y medio de playas, en lo fundamental, para construir "un complejo hotelero turístico" que sería el más grande del caribe colombiano, pretensión que desconoce a quienes habitan allí desde siempre.


Playa Blanca es una pequeña vereda ubicada dentro del corregimiento de Santa Ana, en la paradisíaca Isla de Barú –antes conocida como península–, parte integral del archipiélago de las Islas del Rosario, consideradas como Parque Nacional Natural (Decreto 0977 del 2001).

 

La vereda está poblada por cerca de 100 nativos, provenientes de varios lugares de la Isla de Barú, con asentamiento en esta zona de bajamar desde hace más de 20 años.

 

Este bello rincón del Caribe hace parte del distrito de Cartagena. A él se llega saliendo por el suroeste de la ciudad, atravesando la zona industrial de Mamonal, el pueblo de Pasacaballo, hasta llegar al puerto del mismo nombre en el Canal del Dique. Desde ahí a Playa Blanca son 17 kilómetros, 14,5 asfaltados y 2,5 por vía rural.

 

Si se viaja por vía marítima se debe atravesar toda la bahía de Cartagena de Indias; en lancha se toma entre 30 - 45 minutos.

 

El negocio

 

La avanzada desarrollista del capital financiero y turístico extiende sus intereses por todo el país. Esta región del Caribe no es la excepción. Como en otras partes del país, pretende que aquí le entreguen predios en concesión administrativa, negando a sus pobladores de siempre, es decir, usurpando las tierras colonizadas por comunidades que son titulares de derechos fundamentales irrenunciables.

 

No ocultan su interés por adueñarse de esta bella zona emporios económicos, como los representados por la Fundación Hernán Echavarría Olózaga quien en el año 2008 hizo un estudio socioeconómico de la población de Santa Ana, así como la Fundación Playa Blanca de Barú, que tiene relaciones con los organizadores del Concurso Nacional de Belleza.

 

Pero la pretensión mayor proviene de Corplaya (Corporación para el Desarrollo de Playa Blanca Barú), empresa en la que el mismo Fonade (Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, empresa industrial y comercial de carácter financiero que pertenece al Estado, vinculada al Departamento Nacional de Planeación) tiene acciones en una proporción de la mitad menos uno. Otras accionistas son empresas como Prime V y Palmas pertenecientes a familias de emporios económicos de la región. Corplaya, como fundación, es costeada por los grupos Santo Domingo y Echavarría. Su directora, Blanca Clara Diago, alega el legítimo derecho que tiene la entidad que representa de acceder a la concesión para construir en estas tierras un complejo turístico. Argumentan que quieren organizar el pueblo nativo, un eufemismo para la reubicación de sus kioscos existentes en la playa. También para lo que llaman "recuperación ecológica" del sector, que en verdad es la construcción de infraestructura para vender servicios turísticos.

 

En la telaraña de intereses financieros y turísticos hay diversidad de hilos. Uno de ellos lo constituye la firma Playa Blanca Barú S.A. encargada del desarrollo de los planes turísticos, para lo cual promueve desalojos de los históricos habitantes de cada una de las tierras donde dirige su vista, tratándolos como invasores y delincuentes, disputa en la cual no es extraño que algunos de ellos terminen presos, otros judicializados –sindicados de delincuentes–, y algunos más amenazados. En su pretensión por apropiarse de nuestras tierras, realizaron consultas previas con los habitantes de la Hacienda de Santa Ana, pero no con la comunidad, la de verdad afectada de Playa Blanca.

 

La resistencia

 

En la vereda Playa Blanca viven actualmente, en asentamiento directo, cerca de 100 nativos. A comienzos del año 2013 la Comunidad de Playa Blanca se opuso a una delimitación con cercas de alambrado a sus espacios públicos y zonas naturales que lindan a escasos dos metros de sus propias cabañas, y a escasos 35 metros del mar. El conflicto se agravó con vigilantes privados de los predios privatizados, empleados de la compañía Segbarú que derribaron estufas, mesas, sillas y demás cosas del lugar, acción violenta emprendida delante de turistas que disfrutaban de las playas.

 

La reacción de la comunidad no se hizo esperar. Tampoco los refuerzos de la empresa privada, quienes incluso dispararon, una de cuyas balas rozó la mano de uno de los jóvenes de nuestra población. Ahí fue cuando la gente se indignó y atacó con palos y piedras. En medio del altercado irrumpió la Policía –incluso con apoyo del Esmad–, pero para cumplir con los intereses privados y no con la ley, arremetiendo de frente contra la población del lugar.

 

El pleito se agrava y la comunidad no se queda impávida. En consejo comunitario de negritudes, en la vereda de Playa Blanca Isla de Barú, en su asamblea general eligió como representante legal de la comunidad afro colombiana –para proteger sus derecho– a José David Miranda López. Su principal misión en estos momentos: encabezar todos los pleitos jurídicos para lograr que se niegue la solicitud de concesión a Corplaya.

 

El chanchullo

 

El propio representante a la Cámara por Bolívar, William García, adscrito a Cambio Radical, tiene sospechas sobre cómo empresas anónimas compran tierras a través de la firma Playa Blanca Barú S.A, creada en 2005, bajo escritura 2.900 de la Notaria 11 de Bogotá, constituida ante la Cámara de Comercio con un capital de sólo 20 millones de pesos, un monto muy pequeño como para manejar sin control las tierras pertenecientes a la Nación.

 

Son 3.500 los metros lineales que Playa Blanca Barú solicita ante la Dimar (Dirección General Marítima y Portuaria), como concesión bajo la peticionaria de Corplaya, perteneciente a esta sociedad económica.

 

La Alcaldía de Cartagena, a través de su secretaría de Planeación expidió una certificación a Corplaya donde manifiesta que el área solicitada para el trámite de concesión cuenta en la actualidad con presencia de comunidad distinta a la solicitante. Es esta respuesta legal la que motiva a la empresa para adelantar acciones en pos de propiciar el desalojo de los miembros de la comunidad.

 

Para constatar quienes habitan estas tierras se ordenó la implementación de una inspección ocular, a cargo de unos peritos. No les fue difícil verificar que aquí sí hay población con asentamiento histórico, labor que fue saboteada por los vigilantes de la compañía Seguridad Barú Ltda., quienes no permitieron finalizar la diligencia ocular ni el inventario.

 

Valga aclarar que las cercas con alambre de púa que sembró la empresa privada se encuentran dentro de la franja de playa activa, es decir, zonas de bajamar y por ende dentro de la jurisdicción de Dimar. Una concesión irregular no sólo por los incumplimientos que establece la norma sino por la apropiación (privatización) de bienes de uso público de todos los colombianos.

 

Pero no sólo esto, en su afán por sacar a sus habitantes históricos de sus tierras, un poderoso empresario como Gabriel Echavarría, presidente de varios muelles, no oculta su racismo ni su afán de lucro al asegurar que los asentamientos de la comunidad son prostíbulos y expendios de drogas. Propone que ante la condición de hacinamiento de la población nativa en los 800 metros concesionados, la solución consistiría en reubicarlos de la playa hacia la parte de atrás, para que el proyecto turístico pueda solicitar una extensión de 3.500 metros lineales restantes. La sed de ganancia es evidente.

 

No sobra recordar que los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas son titulares de derechos fundamentales y sujetos de especial protección constitucional según sentencia T-380 de 1993 de la Corte Constitucional. Por tantos siglos de esclavitud y colonialidad, los herederos de pueblos afro descendientes, indígenas, mestizos que organizaron parte de la resistencia más recia en contra de la dominación española, han vivido desde hace mucho tiempo conservando prácticas tradicionales sobre las aguas, playas y riberas, en los bosque sobre la fauna y flora terrestre para fines alimenticios, para la construcción y reparación de viviendas. Todo eso que los definen como comunidades con rasgos culturales y sociales compartidos, como miembros de una colectividad. Véase que hoy son tratados (como lo han sido en muchas otras ocasiones) como invasores de sus propias tierras, padeciendo la presión de grupos económicos y políticos de la región que quieren continuar con la diáspora. Pero a pesar de todo lo sufrido, estas comunidades mantienen su voluntad de resistencia, como lo han hecho en situaciones más difíciles, hoy están unidos para no dejarse desalojar.

 


 

Recuadro 1

 

Historia

 

En la lucha contra la esclavitud y la colonia nace y se proyecta en la historia la comunidad que habita el territorio conocido hoy como isla de Barú. La conformación de palenques, aldeas comunales indígenas, asentamientos municipales de todo tipo comenzaron a estructurar las formas de organización social y de reconocimiento con la tierra y la territorialidad.

 

Antes de fundarse el corregimiento Santa Ana de Barú, el poblado ya existía, como muchas otras poblaciones de la costa que a finales del siglo XVIII se encontraban aún dispersas en un inmenso territorio, alejadas de las autoridades, apenas marginalmente integradas a la sociedad colonial. La Corona española en compensación por los actos de colonización, otorgó a las comunidades parte de las tierras colonizadas y conquistadas. Este territorio hoy es isla –no península– por el cambio geográfico originado por la separación física que produjo la construcción del Canal del Dique.

 

 

Según escribe Pilar Moreno* el 10 de noviembre de 1774, un teniente español de nombre Antonio de la Torre y Miranda logró reunir a 116 familias del vecindario alrededor de un trazado urbano. Así marcó, según su más conocido relato, el nuevo nacimiento de Santa Ana, corregimiento hoy de Cartagena, ubicado en la isla de Barú.

 

* Pilar Moreno de Ángel (1993) "Antonio de la Torre y Miranda, viajero y poblador". Editorial Planeta, Bogotá.

 


 

Recuadro 2

 

La perlita de Decamerón

 

La gran cadena hotelera Decamerón también está en Barú, y se presenta como la única empresa que ha llevado desarrollo social a la isla con su nuevo hotel, en el cual ha invertido cerca de $60 mil millones. El hotel Royal Decamerón Barú fue construido en 14 hectáreas que los herederos propietarios de la hacienda Santa Ana afirman les pertenecían. Pero allí habita una población aproximada de 3.792 personas, 36 por ciento de la cual es menor de edad, mucha de ella con deserción e inasistencia escolar. Toda esta población vive desde hace más de 20 años del turismo propio.

 

En el proceso que llevó a esta cadena hotelera a construir en Barú, las tierras fueron compradas de manera irregular a particulares que no eran nativos de las mismas y, por lo tanto, no podrían haber recibido herencia alguna por los que no eran propietarios de los predios, pero esos particulares sí terminaron negociándolas. A criterio del vicepresidente de la Asociación de Herederos de la hacienda Santa Ana en Barú, José Carballo, la escritura pública que posee el hotel se encuentra indebidamente registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena. Denuncia José que la minuta de posesión de las tierras que sirvió para elaborar la escritura no tiene tradición, ni antecedentes. Además, que dicha escritura pública no está registrada en la Notaría Segunda, ni en el Archivo Histórico de Cartagena. Sus habitantes se han movilizado con protestas frente al hotel Decamerón en Cartagena y Barú, exigiendo a la compañía hotelera el restablecimiento de su derecho a la propiedad.

 

Pero hay oídos sordos. Decamerón alega que lo único que ha hecho es llevar desarrollo a Barú, enganchando como trabajadores a más de 150 personas en su nuevo hotel, empleos que alcanzarán a unos 350 de sus pobladores en los próximos meses. Esperanza de desarrollo que se convierte en esclavitud.

 

A la luz de lo sucedido es evidente que hay gato encerrado. Quien vendió las tierras a Decamerón (la compañía de Cementos Argos y la Sociedad Galerazamba y Cía) no pertenece a la comunidad, lo que hace de este un negocio ilegal que usurpa a sus verdaderos propietarios. Claro, para estas empresas privadas resulta improcedente pretender anular un largo proceso judicial que les confirió la propiedad sobre las tierras. Pero así hay que proceder para que los históricos habitantes de estos terruños no sean expropiados ni desalojados de aquello que les pertenece.

 

Publicado enEdición No. 190
Obama blinda a las empresas de alimentos transgénicos

El Gobierno estadounidense ha aprobado la disposición de la ley financiera de plazo restringido HR 933 donde se incluye una legislación que protege a las compañías de transgénicos en los juicios que se generen por la venta de sus productos. Esta circunstancia, unida a la sospecha de haber sido elaborada conjuntamente con Monsanto, ha llevado a sus opositores a definirla como 'Ley de Protección de Monsanto' (Monsanto Protection Act), en alusión a la mayor compañía de semillas del mundo.  

 

El apartado legislativo aprobado se conoce como ley de Seguridad Agraria (Farmer Assurance Provision), "niega autoridad a las cortes federales para cesar inmediatamente la plantación y venta de cosechas transgénicas" y fue promovida por el senador Roy Blunt, un antiguo colaborador de aquella empresa al que la web Money Monocle definió como “el principal político republicano receptor de financiación de Monsanto en los últimos tiempos”. De hecho, según The Center for Responsive Politics, Blunt recibió de aquélla 64.250 dólares entre 2008 y 2012.

 

De esta manera, empresas biotecnológicas como Monsanto, DuPonto o Syngenta, no necesitarán el consentimiento judicial para investigar con cultivos; por el contrario, podrán plantar sus semillas transgénicas sin el consentimiento del Departamento Estadounidense de Agricultura (USDA), e incluso estarán habilitados para vender estos productos.

 

Una senadora se disculpa...

 

Barbara A. Mikulski, senadora de Maryland que se opuso a la aprobación de la norma, emitió un comunicado en su página web ofrenciendo sus disculpas por la promulgación de la misma. Mikulski, que desde diciembre ocupa la presidencia del Comité de Asignaciones del Senado, se había visto obligada a "dejar de lado muchas de sus propias prioridades para conseguir que un proyecto de ley se aprobara en el Senado", circunstancia que le ha llevado a mostrar su "enojo causado por esta disposición" debido a que la senadora estaba de manos "atadas por las negociaciones que se habían celebrado previamente" en lo que respecta a la ley HR 933.  


... mientras Monsanto prevé récords este año


 Monsanto elevó el miércoles sus expectativas de ganancias para todo el año tras reportar un resultado mejor al esperado en el segundo trimestre, debido en gran parte a la fortaleza de su negocio del maíz. Las acciones de la empresa subieron un 1,18 por ciento hasta llegar a los 104,8 dólares a lo largo de los últimos días.

 

La firma líder en el desarrollo de maíz, soja y otros cultivos transgénicos dijo que espera ventas récord de maíz este año, mientras expande sus ofertas de productos y profundiza su penetración en Latinoamérica. Monsanto indicó que las fuertes ventas de maíz en Brasil y en Estados Unidos, donde los agricultores se preparan para la siembra de la primavera boreal, impulsaron los resultados del segundo trimestre.

 

"No hay dudas de que nuestro negocio de maíz está teniendo un año extremadamente fuerte", dijo en una teleconferencia el presidente de Monsanto, Brett Begemann.

 

Por PUBLICO / AGENCIASMadrid04/04/2013 19:41 Actualizado:

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Irak: diez años de matanzas, torturas y expolio para enriquecer a multinacionales

La monstruosa maquinaria bélica de matanzas y abusos que la Administración Bush puso en marcha hace hoy diez años para destruir el régimen de Sadam Husein y apoderarse de Irak ha dejado un legado tan ponzoñoso como su génesis de mentiras y destrucción: la tortura sistemática es práctica corriente del Servicio Contraterrorista de Irak (CTS), la corrupción y el nepotismo se han establecido como forma de gobierno del régimen aliado de EEUU, y las multinacionales que acudieron al olor de la guerra se han lucrado inmensamente gracias al conflicto, en el que han perecido entre 112.000 y 122.000 civiles, según los cálculos meticulosos y conservadores de la ONG Iraq Body Count.

 

Una investigación del Financial Times acaba de concluir que Washington se ha gastado al menos 138.000 millones de dólares en contratos a grandes empresas implicadas en seguridad privada, logística y reconstrucción en Irak. Y que la compañía que más se ha beneficiado de ese maná de fondos públicos ha sido KBR, exsubsidiaria de la corporación Halliburton que dirigiera Dick Cheney antes de convertirse en vicepresidente de Bush y en el mayor promotor de la invasión ilegal que devastó el país.

 

KBR se ha embolsado hasta ahora no menos de 39.500 millones de dólares, con lo que encabeza muy destacada el ranking de multinacionales enriquecidas en la contienda, puesto que las dos que la siguen (las kuwaitíes Agility y Kuwait Petroleum Corp.) sólo han sacado 7.400 y 6.300 millones de dólares, respectivamente. A continuación, y también con contratas astronómicas, siguen grandes compañías estadounidenses especializadas en la privatización de las Fuerzas Armadas, como Dyncorp, que se ha llevado 4.100 millones por entrenar a la nueva Policía iraquí, o Triple Canopy (1.800 millones), una de las mayores empresas militares privadas, integrada por ex comandos especiales de la Delta Force.

 

Pero la iniquidad es mucho más infame de lo que esas cifras nos enseñan. El informe difundido en 2011 por la comisión parlamentaria sobre la contratación privada en las campañas bélicas de Irak y Afganistán estimó que esas empresas de servicios militares habían defraudado o despilfarrado unos 60.000 millones de dólares desde 2001, además de haber estado muchas de ellas (como Blackwater) implicadas en algunos de los más espantosos crímenes de guerra.

 

A lo largo de este decenio, la reputada organización norteamericana de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) ha estado alertando una y otra vez a la Casa Blanca y al Pentágono sobre las barbaridades cometidas por las tropas estadounidenses y británicas en Irak, sin que Washington ni Londres se hayan dignado a castigar a los culpables. En su último informe, difundido ayer, HRW hace un repaso de los más graves de esos abusos impunes, que empezaron en 2003 cuando la Administración Bush envió a los equipos de interrogatorio de la base de Guantánamo a aplicar en Irak las mismas técnicas de tortura, por orden del entonces secretario de Defensa, Donald Rumsfeld.

 

A partir de ese momento, las torturas se generalizaron en los centros de detención en Irak, como se demostró tras el escándalo de la prisión de Abu Ghraib, junto a Bagdad, y el descubrimiento de las cárceles secretas de la CIA, conocidas como “agujeros negros”. HRW documentó en enero de 2005 que las violaciones de los derechos humanos cometidas por los militares estadounidenses desde el mismo inicio de la invasión habían servido como precedente para que las nuevas Fuerzas de Seguridad de Irak practicaran sistemáticamente la tortura y el maltrato de los detenidos.

 

Todo ello hizo reaccionar al Congreso de EEUU, que aprobó la Ley de Tratamiento del Detenido en 2005, pero la Casa Blanca hizo caso omiso de su propio legislativo y a finales de 2007 la Fuerza Multinacional de ocupación dirigida por el Pentágono seguía teniendo a 24.514 presos sin cargos ni procedimiento judicial, a menudo sin prueba ninguna contra ellos. En los años siguientes, la mayoría de esos detenidos fueron entregados a la custodia de las fuerzas iraquíes pese a que Washington sabía que practicaban torturas de forma rutinaria.

 

Wikileaks reveló en 2010 cientos de cables secretos que demostraban que el Ejército de EEUU conocía esa práctica continuada de torturas por parte de las Fuerzas de Seguridad iraquíes y no sólo no intervino para ponerle freno, cuando hubiera podido hacerlo, sino que continuó transfiriéndoles prisioneros. Ese año y el siguiente, HRW siguió denunciando los abusos en cárceles secretas como el cínicamente denominado Camp Honor, en la Zona Verde de Bagdad, sin obtener ninguna respuesta del Gobierno que se arroga el derecho de juzgar el estándar democrático de todos los demás países del mundo.

 

La última información fidedigna sobre estrategia perversa es de este mismo mes de marzo. El muy neoliberal Wall Street Journal informa de que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) está reforzando su apoyo al terrible CTS iraquí para “llenar el vacío dejado por el Ejército de EEUU” en la lucha contra los grupos presuntamente afiliados a Al Qaeda.

 

Han pasado diez años y la CIA vuelve a tomar las riendas de una supuesta “guerra contra el terrorismo” que en realidad no hizo más que sembrar el terror en gran parte del planeta. Y hoy, décimo aniversario de ese horror, los cuatro jinetes del apocalipsis de las Azores (Bush, Blair, Aznar y su anfitrión, Barroso) siguen jactándose de haberlo desencadenado.

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La resistencia de los antibióticos a los fármacos, amenaza catastrófica

La resistencia a los antibióticos representa una amenaza catastrófica para la medicina y podría hacer que pacientes con cirugías menores corran el riesgo de morir por infecciones que ya no pueden ser tratadas, alertó el lunes la principal autoridad médica de Gran Bretaña.

 

Sally Davies, especialista de Inglaterra, dijo que se necesitan acciones globales para luchar contra la resistencia a los antibióticos o antimicrobianos y llenar el "vacío de descubrimiento" de fármacos mediante la investigación y el desarrollo de nuevas medicinas para tratar infecciones emergentes y mutantes.

 

Sólo se ha desarrollado y colocado en el mercado un grupo de nuevos antibióticos en las décadas recientes y existe una carrera contra el tiempo para descubrir más, ya que las infecciones bacterianas cada vez más evolucionan hacia "superbacterias" resistentes a los fármacos existentes.

 

"La resistencia antimicrobiana representa una amenaza catastrófica. Si no actuamos ahora, cualquiera de nosotros podría ir a un hospital en 20 años para realizarse una cirugía menor y morir debido a una infección ordinaria que no puede ser tratada con antibióticos", señaló Davies a periodistas luego de la publicación de un informe sobre enfermedades infecciosas.

 

"Y las operaciones de rutina, como los remplazos de cadera o los transplantes de órganos, podrían ser mortales por su riesgo de infección", agregó.

 

Se estima que solamente una de las superbacterias más conocidas, el SARM, causa la muerte de 19 mil personas cada año en Estados Unidos –mucho más que el VIH/sida– y una cantidad similar en Europa.

 

Además hay otras en expansión. En los años recientes surgieron casos de tuberculosis totalmente resistente a fármacos, y una nueva ola de "super superbacterias" con una mutación denominada NDM 1 –que surgió en India– ahora se esparció por todo el mundo.

 

El año pasado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que cepas de superbacterias de gonorrea se esparcían por el mundo.

 

Laura Piddock, profesora de microbiología en la Universidad de Birmingham y directora del grupo de campaña Antibiotic Action, respaldó los esfuerzos de Davies por despertar una conciencia sobre el problema.

 

"Hay una cantidad creciente de infecciones para las cuales casi no hay opciones terapéuticas, y necesitamos desesperadamente nuevos descubrimientos, investigación y desarrollo", señaló Piddock.

 

Davies instó a los gobiernos y a las organizaciones de todo el mundo, incluidas la OMS y el G-8, a tomar en serio la amenaza y trabajar para alentar más innovaciones e inversión para el desarrollo de antibióticos.

 

Además, la funcionaria pidió más cooperación entre las industrias farmacéutica y de la atención médica para preservar el arsenal de antibióticos existente, y más enfoque en el desarrollo de nuevos medicamentos de este tipo.

 

Londres, 11 de marzo

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Sábado, 16 Febrero 2013 07:28

La gran minería de carbón en Colombia

La gran minería de carbón en Colombia

El presidente Santos de Colombia no cesa de predicar las virtudes de lo que llama la locomotora minera” de la economía, basada sobre todo en el carbón y el oro. Pero tropieza con protestas.

 

En febrero de 2012, una protesta en el Cesar (al nordeste de Colombia) debida a la contaminación que produce la explotación del carbón bloqueó la vía que comunica La Jagua de Ibirico con La Loma, por donde transita el carbón que sale de las minas La Francia, El Hatillo y El Descanso Norte hasta el puerto de Santa Marta. Las compañías Prodeco, Drummond, Vale, no cumplen con su obligación de reubicar poblaciones. Una “tractomula” atravesada sobre los rieles paralizó varias veces al día el tren que va a Santa Marta con 135 vagones de 60 toneladas cada uno.

 

Un año después, el Anla, la autoridad nacional de licenciamiento ambiental, anunció el pasado día 5 que negaba la licencia a diversas empresas multinacionales para aumentar la extracción de carbón en la Guajira y el Cesar. Allí se extraen y exportan 90 millones de toneladas al año hacia Europa y Estados Unidos. Querían aumentar hasta 180 millones de toneladas. En enero pasado, una barcaza de la Drummond naufragó y el carbón cayó al mar. El Anla quitó temporalmente a la compañía la licencia de embarque de carbón. No todo marcha bien.

 

En La Guajira, otro ferrocarril lleva carbón de El Cerrejón a Puerto Bolívar. Los habitantes wayúu nunca han dado consentimiento a la destrucción de su territorio. El motivo principal de protestas es la mala calidad del aire, que causa enfermedades respiratorias que afectan a población vulnerable. El agua de manantiales y de pozos está contaminada y hay mucha pérdida de suelos y de bosques.

 

En la Guajira y el Cesar, la expansión de la minería requiere evacuar habitantes y reubicarlos en otros entornos con nuevas viviendas y nuevos servicios públicos (escuelas, hospitales). Eso no se ha hecho. Las empresas se ahorran los costos de los desplazamientos. No pagan por la mala salud ni los daños al ambiente natural. No han realizado consultas previas en lugares con población indígena en la Guajira, o afrocolombiana en el Cesar.

 

Nadie está calculando todavía esos pasivos ambientales por daños a la biodiversidad, a la morfología de los ríos y los niveles freáticos, y también a la salud humana. El PIB de la Guajira y el Cesar, y el de toda Colombia, son magnitudes engañosas porque, si la contabilidad de las empresas está equivocada al no restar los pasivos ambientales, entonces también está mal medida la contabilidad macroeconómica.
Las exportaciones de carbón tienen gran huella hídrica; una tonelada deja en promedio una huella material (de escorias y material de desecho) de diez toneladas. Mientras tanto, los importadores, contentos e ignorantes, queman carbón y producen dióxido de carbono.

 

La “locomotora minera” que impulsa el presidente Santos no consigue arrancar con fuerza. Entre protestas, la Anglo Gold Ashanti no despega con la minería de oro en Tolima, mientras Greystar fracasó en su intento de sacar oro del páramo de Santurbán. La minería en los páramos está legalmente prohibida, pero eso no se respeta siempre.

 

La población de Colombia es de 47 millones, los departamentos de la Guajira y el Cesar tienen apenas un millón cada uno. Son zonas de sacrificio ecológico y social. Allí, como en todas partes, los conflictos ambientales son causados por el aumento del metabolismo social. La extracción anual de carbón en Colombia representa casi dos toneladas por persona, más de cinco kilogramos al día, unas 40 mil kilocalorías. Colombia vende energía barata con graves costos sociales y ambientales en esas zonas de extracción, y también en las playas de Santa Marta, muy perjudicadas por el trasiego de trenes y barcazas llenas de carbón.

 

En febrero 2013 se anuncia una vez más una huelga del sindicato de El Cerrejón de la BHP Billiton, Xstrata y Anglo American. El sindicato representa a 3 mil trabajadores. Entre sus peticiones está un incremento salarial y legalizar la situación de 7 mil empleados tercerizados. El pliego de reclamos incluye otros dos temas: las enfermedades laborales, producto de la explotación minera, y la prohibición de la brutal desviación del río Ranchería a lo largo de 27 kilómetros. El río Calenturitas, en el Cesar, ya fue destruido por la minería de carbón.

 

Vemos pues que el ecologismo no es un lujo de los ricos, sino una necesidad de todos. Hay un ecologismo de los pobres e indígenas, e incluso un ecologismo de los sindicalistas.

 

Por Joan Martínez Alier, ICTA-Universitat Autónoma de Barcelona

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Viernes, 25 Enero 2013 07:32

El territorio como espacio emancipatorio

El territorio como espacio emancipatorio

Los movimientos de base territorial, rurales y urbanos, integrados por indígenas y afrodescendientes, campesinos y sectores populares, jugaron un papel decisivo en la resistencia y deslegitimación del modelo neoliberal. Desde sus territorios lanzaron formidables ofensivas que abrieron grietas en el sistema de partidos sobre el que se asienta la dominación y modificaron el escenario geopolítico regional. De modo directo e indirecto, influyeron en lo local, lo nacional, regional y global.

 

Han jugado y jugarán también un papel decisivo en la construcción de un mundo nuevo. Si ese mundo, como señala Immanuel Wallerstein (La Jornada, 12 de enero de 2013), “será el resultado de una infinidad de acciones nanoscópicas”, las “pequeñas mariposas” capaces de construirlo habitan territorios en los que resisten y en ellos pueden construir relaciones sociales diferentes a las hegemónicas. No es con manifestaciones ni declaraciones, por más masivas y necesarias que sean, como se crea el socialismo, sino con prácticas sociales en espacios concretos. Territorios en resistencia que son a la vez espacios en los que va naciendo lo nuevo.

 

Hasta ahí, son temas que hemos venido debatiendo en los últimos años. El capitalismo puede ser derrotado si somos capaces de expropiarle los medios de producción (y de cambio) en un largo proceso. Pero la cuestión no se agota allí. El sistema aprendió a desorganizar, diluir, cooptar y aniquilar por la fuerza (todo junto, no una u otra acción) a los sujetos nacidos y arraigados en la resistencia territorial. La combinación de fuerza bruta (militar y policial) con políticas sociales para “combatir la pobreza” es parte de esa estrategia de aniquilación.

 

Ante esta situación compleja y difícil, crece la tentación de replegarse de los territorios en los que nacieron múltiples sujetos colectivos, buscando lugares más propicios donde seguir creciendo. A veces se apuesta por lo sindical, otras a lo estudiantil y en otras por lo electoral. Un debate de este tipo atraviesa sobre todo a movimientos en Argentina, Chile, Paraguay y Perú, aunque está presente en casi todos los países.

 

Es cierto que lo territorial por sí solo no alcanza. Que debe incluir formas diferentes de hacer política donde la gente común decida y ejecute; que hace falta crear formas de poder distintas a las estatales; que para garantizar la autonomía territorial es imprescindible asegurar la sobrevivencia material, o sea salud, educación, vivienda y alimentación para todos y todas.

 

Pero no podemos olvidar que los territorios son claves para la lucha por un mundo nuevo por dos razones, digamos, estratégicas: se trata de crear espacios donde podamos garantizar la vida de los de abajo, en todas sus multifacéticas dimensiones; y porque la acumulación por despojo o guerra –que es el principal modo de acumulación del capitalismo actual– ha convertido a los movimientos territoriales en el núcleo de la resistencia. La mutación del capitalismo que conocemos como neoliberalismo es guerra contra la vida.

 


A ellas se podría agregar un tercer argumento: sólo es posible resistir “en” las relaciones tejidas en torno de valores de uso, ya sean materiales o simbólicos. Si sólo nos movemos en las esferas de los valores de cambio, nos limitamos a reproducir lo que hay. Cerrados los “poros” de la vida en las fábricas por el posfordismo, es en los territorios, barrios, comunidades o periferias urbanas donde –aun esos mismos trabajadores– se vinculan entre sí en formas de reciprocidad, ayuda mutua y cooperación que son relaciones sociales moldeadas en torno del intercambio de valores de uso.

 

No es una cuestión teórica y por lo tanto sólo se puede “mostrar”. Se conoce y se practica, o no se entiende. Resistir hoy es proteger la vida y construir vida en territorios controlados colectivamente. El punto es que si abandonamos los territorios, ganaron los de arriba. Y en este punto no hay dos caminos. Sólo queda hacerse fuertes y autónomos allí, neutralizando las políticas sociales que quieren destruir lo colectivo “salvando” al pobre individualmente.

 

El pueblo mapuche resiste desde hace cinco siglos aferrándose a sus territorios. Así derrotaron a los conquistadores españoles, y en ellos se repusieron de la derrota que les infligió la República criolla en la guerra de exterminio conocida como “Pacificación de la Araucanía” en la segunda mitad del siglo XIX. En sus territorios aguantaron el diluvio de la dictadura pinochetista y las políticas “antiterroristas” de la democracia, debidamente condimentadas con “políticas sociales” para someter con migajas lo que no pudieron con palos.

 

No es la excepción sino la regla. Chiapas, Cauca, Cajamarca donde se resiste el Proyecto Conga, Belo Monte, El Alto o el conurbano de Buenos Aires, entre muchos otros, muestran que la combinación de guerra y domesticación son los modos de esterilizar las resistencias. Lo que diferencia esos territorios es que allí existen los modos de vida heterogéneos sobre los cuales es posible crear algo distinto a lo hegemónico. No nos engañemos: esa posibilidad no existe hoy ni en las fábricas ni en los demás lugares donde todo son valores de cambio, desde el tiempo hasta las personas.

 

Por eso las políticas sociales se han territorializado, porque los gestores del capital percibieron que allí venían perdiendo pie ante el nacimiento de sujetos integrados por los que no tienen nada que perder: mujeres, hombres y jóvenes sin futuro en este sistema, aquellos que por el color de su piel, su cultura y su modo de ser no tienen cabida en las instituciones, ni siquiera en las que se reclaman de izquierda o defensoras de los trabajadores. Allí sólo existen como “representados”, o sea como ausentes.

 

No hay alternativas al trabajo territorial, ni atajos para hacer más corto y soportable el camino. La experiencia reciente muestra que es posible doblegar el cerco del sistema contra nuestros territorios, superar el aislamiento, sobrevivir y seguir adelante. Persistir o no, es una cuestión de pura voluntad.

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"Ollanta Humala pasó de un nacionalismo proclamado a una posición de derecha"

Mario Hernandez (MH): Ya está con nosotros Ricardo Napurí. Hace algún tiempo que quería comunicarme contigo porque a comienzos de diciembre en una nota firmada por el analista internacional Jorge Castro en Clarín da cuenta de una serie de datos en referencia a Perú, tema que nosotros hemos abordado en más de una oportunidad.

 

Señala que la inversión extranjera directa aumentó 60% en los primeros 6 meses de 2012, arrastrada por un porcentaje mayor en la industria minera donde creció un 75%. Perú crecería en 2012 un 6.5% tras haberse expandido un 6.9% en 2011, creciendo sostenidamente por 35 meses consecutivos con una tendencia al alza, sin inflación.

 

Habla de una nueva clase media centrada en los 500.000 emprendedores que han surgido en los últimos 20 años, sobre todo en la economía informal. Es el segundo productor de cobre detrás de Chile pero los costos de producción son un 30% menores que en ese país y la tasa de ganancia es el doble, de ahí que la inversión de las transnacionales mineras que son alrededor de 330 compañías, ascienda a U$S 50.000 millones a ejecutar en los próximos 10 años, lo que implica que la exportación de cobre se multiplicará por cuatro en la próxima década convirtiendo a Perú en el primer exportador mundial.

 

Una situación económica floreciente la que describe Jorge Castro que recordarás fue asesor del ex presidente Carlos Menem y que contrasta con comentarios que hemos hecho de la realidad peruana en más de una oportunidad por estos micrófonos.

 

Me gustaría que pudieras clarificar a nuestros oyentes sobre la lectura de estas cifras.

 


Ricardo Napurí (RN): Las cifras son reales, lo cual no quiere decir que el análisis político sea correcto porque lo que hace Jorge Castro es econometría ya que mide la realidad de un país solo por el crecimiento económico.

 

Perú es quizás el tercer país minero más importante del mundo. El 80% de sus exportaciones son de minerales, algunos de punta como el cobre, la plata y el oro. La producción minera es muy diversificada. Eso es totalmente cierto. Lo que no menciona es que en la concepción liberal estas inversiones millonarias no producen ningún derrame. La explotación minera es de tajo abierto, es decir, no es de socavón, se hace con poca gente y el deterioro de la naturaleza es muy grande.


Detrás de estas cifras de crecimiento hay una depredación humana y de la Naturaleza

 


MH: Tema del que hablás con el conocimiento que te da haber sido minero en tu juventud.

 


RN: No solo fui minero sino también organizador en el sur del país a través de la mina de Cuajone de un movimiento de resistencia al acuerdo que había hecho el gobierno militar con una empresa multinacional para hacer una explotación estratégica de la zona. La recontraconozco.

 

En la zona de Moquegua fue destruido todo. El agua se secó, la agricultura desapareció, de tal manera que la lucha ecologista en el Perú es muy antigua. Ahora en Conga, tema del que te has ocupado en varias oportunidades, están protestando los naturales, incluso las regiones, porque la inversión es minera pero lo que no dicen es que detrás viene la desolación.

 

En Perú no hay prescripciones en el sentido de exigir condiciones técnicas, de tal manera que las compañías mineras vienen a depredar. Perú es visto como una zona de depredación de la naturaleza por las mineras que tienen altos rendimientos.

Hay 30 muertos por resistir a la minería y alrededor de 60 heridos graves en los 3 ó 4 enfrentamientos que hubo por la defensa del medio ambiente. Esa es la realidad.

 

Tampoco se dice, porque a las clases dirigentes no les interesa, que en Perú el 60% de la gente es pobre. Esos 10 años de crecimiento al 8/9% del PBI y la inversión minera no han producido derrame ni bienestar social. Hace 20 años que no aumentan las jubilaciones. El salario no ha variado fundamentalmente y es la cuarta parte del valor calculado de la canasta familiar. Del 60% pobre, la mitad vive por debajo de la línea de la pobreza. No varió un ápice su situación y tengamos en cuenta que el gobierno actual levantó como bandera, llamándose nacionalista, chavista, en los primeros momentos de su gestión política, la lucha contra el neoliberalismo y la explotación minera de tipo genocida. También levantó otras banderas reformistas importantes pero, ¿por qué estos gobiernos o personajes que tienen conciencia de la depredación que produce la inversión minera abandonan esas postulaciones para capitular ante las compañías?

 

En otras entrevistas que me hiciste te dije que Ollanta Humala sentaba prácticamente todo su programa de gobierno en una política asistencialista sobre la idea de rescatar entre 3000/5000 millones de dólares de las compañías mineras de los contratos firmados por sus antecesores, Fujimori y Alan García, de carácter depredador. Se comprometió a obtener ese dinero y de eso dependía gran parte de su gestión de gobierno asistencialista. Llegado a la presidencia las transnacionales lo pararon en seco y le dijeron que no había ninguna garantía que los precios no bajaran y lo más importante era mantener Perú como país minero y que la inversión minera no había que rechazarla, entonces Ollanta capituló y se convirtió en un gobierno que de un nacionalismo proclamado pasó a una posición de derecha alineándose con los gobiernos de Chile, Colombia, Panamá y México en el Frente del Pacífico con EE. UU. y abandonando su programa electoral.

 

Los análisis económicos no se pueden hacer fuera de la realidad social y política de un país, mucho más si es andino y minero como Perú, donde hay que preguntarse si la minería es favorable o no a las grandes mayorías populares.

 

La clase media ha crecido en forma exponencial porque se ha beneficiado como en Argentina y otros países del boom económico, en el caso del Perú, minero, pero los sectores postergados son más pobres y marginados que nunca. Pero a ellos no les interesa la realidad social, solo el crecimiento económico, por eso tenemos que alertar que detrás de las cifras que ubican a Perú como un país de punta en el crecimiento, seguramente garantizado por muchos años, hay una depredación humana y de la naturaleza de tal magnitud que la resistencia popular ya es muy fuerte y todo anuncia una radicalización mayor ante la exclusión de las grandes mayorías populares de todo proyecto de bienestar.   


Ollanta Humala y Keiko Fujimori son dos personajes extraños a la política

 


MH: Estaba leyendo que en relación a las futuras elecciones de 2016, aunque me parece un poco anticipado, las dos personalidades que encabezan las encuestas son mujeres: Keiko Fujimori y la esposa de Ollanta Humala, Nadine Heredia.

 


RN: Ollanta no puede ser reelecto y prepara a su mujer para que lo suceda asesorada por Favre, un analista político, hermano del argentino Jorge Altamira, que trabaja para Brasil, preparándola pacientemente para que sea una especie de nueva Evita o Cristina en la realidad peruana, a los efectos de poder derrotar a Keiko Fujimori que sorprendentemente tiene un 25% de votos cautivos. Su padre hizo un gobierno depredador, asesino y entreguista pero se cuidó muy bien de hacer un populismo en un país miserable como Perú donde la gente no tiene nada y darle un poco de agua, comida y alguna cosita más es una novedad. El lo hizo y por eso su hija tiene un 25% de votos cautivos, sobre todo en Lima.

 

Ollanta Humala trata de construir la figura de su esposa para ganarle. El telón de fondo es la realidad peruana, la crisis política brutal, social, el retroceso de las izquierdas, después de la derrota de Sendero Luminoso y de la izquierda institucional parlamentaria que ha determinado que aparezcan personajes como Humala, un oscuro mayor del ejército incluso sospechado de crímenes de lesa humanidad o Keiko, que es la hija de un presidente corrupto y asesino, que se han colado por la brecha y son votados. En el caso de Keiko porque puede apoyarse en los votos cautivos de su padre y en el de Ollanta porque prometió a los pobres y a las provincias una posición nacionalista y de rescate de la soberanía del pueblo en materia de los derechos fundamentales. Estos dos personajes son extraños desde el punto de vista de lo que podría ser un análisis culto de la política, pero son la expresión de la realidad presente.

 

En Perú hubo una derrota histórica importante después del gran ascenso de masas de los ‘70/80 que permitió que se cuelen estos personajes. Todo indica que los de abajo no tienen muchas opciones y se apoyan en quienes les prometen algo. El resto de los candidatos son oligarcas confesos y terribles. Hay un divorcio entre la conciencia popular mínima y esos liberales de ultraderecha, por eso se apoyan en estos dos personajes que hacen populismo, como lo llaman ahora, demagogia y les prometen el maná del cielo a los efectos de capturar sus votos. Por eso estamos presenciando la posibilidad de la disputa entre estos dos candidatos. El problema de la esposa de Ollanta es que la Constitución no le permite candidatearse por ser pariente del actual presidente, por eso se mueven en el sentido de un pacto político con el APRA y el fujimorismo para modificar la Constitución y poder ser candidata.

 

Ese es otro capítulo de la oscuridad de la vida política del país que ha devenido, como en otros casos en América Latina, en una ética política de baja estofa por la cual un pacto permitiría la reforma constitucional para que la mujer de Ollanta pueda aspirar a la presidencia.

 


Ollanta está calculando con lápiz y papel fino el momento para indultar a Fujimori


MH: ¿Sería moneda de cambio el indulto a Fujimori?

 


RN: Por supuesto, está cantado. Lo han intentado varias veces, lo que pasa es que están negociando el momento y los tiempos para no pagar un costo político muy alto. Tienen que hacerlo en el momento oportuno, lo están calculando con lápiz y papel fino pero para los analistas políticos está perfectamente determinado que estos acuerdos ya existen sobre todo en el Parlamento y tendrían coronación en el momento de definir la reforma constitucional.

 

Sería un indulto sin sanciones para que Fujimori tenga la posibilidad de participar de la contienda política, es decir, un ladrón, asesino y genocida. Volvería como ya lo hiciera Banzer en Bolivia que de dictador pasó a ser presidente por vía democrática.

 


Bachelet fue una administradora de la herencia pinochetista

 


MH: Es indudable que en los últimos tiempos América Latina a partir de sus gobiernos progresistas, populistas o neo-desarrollistas ha estado a la vanguardia política mundial, sin embargo, empiezan a haber ciertas turbulencias, una zona peligrosa donde podría desperdiciar una vez más esta situación favorable que se le ha presentado en los últimos años. ¿Cuál es tu opinión al respecto?

 


RN: Tu pregunta es buena porque hay una tendencia exitista de aceptar de la realidad lo que nos da. Todo el mundo repite gobiernos progresistas como loros pero no aclaran qué problemas enfrentan estos gobiernos en la realidad cambiante y cuál es el porvenir.

 

Por ejemplo, dicen que Bachelet puede ser presidente, pero ya lo fue, reprimió a los estudiantes y fue una administradora de la herencia pinochetista, nunca se integró al Mercosur y Chile siguió perteneciendo al Bloque del Pacífico. No hay nada de progresivo, salvo que hiciera un cambio revolucionario si fuera presidente nuevamente.

 

En Argentina no se sabe qué puede ocurrir porque la derecha está muy activa. En Uruguay, Pepe Mujica y el Frente Amplio han administrado sin cambiar nada más que un tibio asistencialismo y la derecha puede volver al poder. Evo Morales siempre está jaqueado por la posibilidad de golpes diversos y la propia limitación de un país mediterráneo. En Ecuador la figura nacionalista de Correa no ha podido salir de la dolarización de la economía que se basaba en la venta de petróleo y las remesas del exterior que eran la segunda fuente de ingresos. Por la crisis europea las remesas prácticamente han desaparecido y el petróleo no es garantía, por eso está buscando desesperadamente inversión minera pero ya se encontró con la resistencia de los defensores del medio ambiente y los movimientos sociales lo cuestionan.

 

Todos estos gobiernos tienen problemas en el cuadro de una realidad económica donde casi todos los analistas coinciden en que la crisis mundial va a durar mucho tiempo todavía. No hay para ninguna economía la garantía de un período de ascenso. En ese cuadro los problemas nacionales vana a ser múltiples. Uno no puede analizar a estos gobiernos progresistas fuera del contexto de la realidad mundial y de las relaciones de clase porque se van a encontrar con resistencias de los de abajo porque en casos como los de Perú o Chile el reparto de la riqueza es totalmente desigual. Van a ser un sándwich entre la presión de la derecha, los mercados y el imperialismo y los sectores populares. No hay ninguna garantía que estos gobiernos puedan mantenerse.

 

El caso de Venezuela es notable porque se ha mantenido con una política de reformas avanzadas pero es un país al que han ingresado 70.000 millones de dólares por petróleo. También su economía depende de los juegos del mercado mundial. Si hay un retroceso en los precios se va a acusar internamente.

 

El otro hecho que le ha costado prácticamente la vida a Chávez fue ganar una elección porque la derecha tiene casi la mitad de los votos, o sea que por esa vía de la reacción democrática, en la medida que estos gobiernos reformistas no cambian las instituciones, pueden recapturar el poder democráticamente como lo perdió Daniel Ortega en Nicaragua en manos de Violeta Chamorro en su momento.

 

No hay que ponerse contento diciendo ¡qué lindo que hay gobiernos progresistas frente a los liberales! Sino que la realidad compleja del mundo indica que vienen momentos graves y hay que analizar qué porvenir tienen y si serán capaces o no de satisfacer las demandas populares cada vez más urgentes en un mundo capitalista que se derrumba.

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Doha: ¿el lugar a donde los acuerdos mundiales van a morir?

Doha, Qatar. La 18a Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático se está desarrollando en el emirato de Qatar, en el Golfo Pérsico, un país pequeño pero extremadamente rico y el mayor emisor de gases de efecto invernadero per cápita del mundo. Al ingresar al opulento Centro Nacional de Convenciones de Qatar, los delegados, la prensa, los dignatarios y la legión de trabajadores extranjeros mal remunerados que se encuentran aquí, deben pasar por debajo de una enorme araña. Se trata de una estatua de bronce de 9 metros de altura llamada “Maman”, realizada por la escultora franco-estadounidense Louise Bourgeois. Fue elegida por la esposa del emir y costó alrededor de 10 millones de dólares. El gobierno de Obama ha sido acusado, con razón, de hacer fracasar las negociaciones sobre cambio climático de la ONU en los últimos años, lo que hace de esta araña un símbolo adecuado, según la descripción del famoso poema de 1808 de Sir Walter Scott:


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“Qué telarañas tan enredadas tejemos la primera vez que practicamos el engaño”.


 
En la cumbre, conocida como COP 18 (18a Conferencia de las Partes), hablé con el científico experto en clima Bill Hare, uno de los principales autores del nuevo informe del Banco Mundial “Bajemos la temperatura: ¿Por qué es preciso evitar que la temperatura del planeta aumente 4°C?” Mientras los medios estadounidenses están centrando su atención en el denominado “precipicio fiscal”, le pregunté a Hare cómo podría esperarse que el mayor emisor histórico de gases de efecto invernadero del mundo, Estados Unidos, contribuya a un fondo mundial para combatir el cambio climático:


 
“Sin dudas, estamos ante un precipicio climático. Actualmente afrontamos un tsunami de carbono en el cual grandes cantidades de carbono están siendo emitidas a un ritmo más rápido que nunca antes en la historia. Y es ese tsunami de carbono lo que probablemente calentará el planeta, provocará un aumento del nivel del mar y acidificará los océanos. Ha llegado el momento en que debemos cambiar de dirección o afrontaremos riesgos catastróficos en muchas regiones vulnerables. Y por supuesto que los países pobres no son los únicos que están en riesgo. El huracán Sandy demostró, una vez más, que incluso los países ricos tienen regiones extremadamente vulnerables al cambio climático”.


 
Apenas un día después de entrevistar al Dr. Hare, un fuerte tifón azotó Filipinas. Hablé con el principal negociador sobre clima de Filipinas, Naderev Sano, apenas minutos después de que se conociera la noticia del tifón. “Es muy alarmante para nosotros el hecho de saber que un tifón de esta magnitud normalmente no afectaría esa parte del país. De hecho, en medio siglo es la primera vez que un tifón como Bopha llega al extremo sur del país”. Le pregunté a Sano qué esperaba de las negociaciones en Doha:


 
“La principal gran medida que se debe tomar para lograr que las negociaciones en Doha sean exitosas, antes que nada, es acordar el segundo período de compromiso del Protocolo de Kyoto. Este es un proceso con el que estamos realmente comprometidos debido a que es el punto de partida para lograr metas más ambiciosas para todo el mundo”.


 
El Protocolo de Kyoto es el único tratado mundial legalmente vinculante que obliga a los países a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. A menos que se tomen medidas, perderá vigencia a fines de este mes. Sano explicó: “Si no tenemos éxito en Doha, al inicio de 2013 no tendremos nada. Estaremos frente a un sistema en el que el cambio climático afectará a un mundo que no ha tenido la voluntad política para dar una respuesta a la crisis climática”.


 
Otro participante de la cumbre es Kumi Naidoo, director ejecutivo de Greenpeace International. Lo entrevisté por última vez por teléfono cuando estaba colgado de la plataforma petrolera rusa de Gazprom en el océano Ártico, como parte de una campaña para evitar las perforaciones allí, mientras le lanzaban agua fría para intentar sacarlo. Naidoo escribió antes de venir a la COP 18: “Doha ya tiene mala reputación por el estancamiento de las negociaciones sobre comercio de la OMC. Otro fracaso más hará que Doha sea conocido como el lugar donde los acuerdos mundiales mueren”.


 
En una conferencia de prensa realizada esta semana en Doha, Naidoo lanzó un ataque retórico al gobierno de Obama. Con respecto a la referencia del Presidente Obama al cambio climático en su discurso de victoria del 6 de noviembre pasado, Naidoo dijo: “El hecho de que tengamos a estos dos negociadores, los dos principales negociadores de Estados Unidos aquí, diciéndonos que en realidad nuestro país tuvo una excelente gestión durante los últimos cuatro años de gobierno del Presidente Obama y que mantendremos una causa firme y decidida y, de hecho, continuaremos defendiendo dicha causa durante los cuatro años que quedan de presidencia de Obama es una falta de respeto. Es una falta de respeto de parte del Presidente Obama imponernos a dos negociadores que actúan como si Obama nunca hubiera realizado esos comentarios sobre el cambio climático tras su reelección. Y le decimos firmemente que o llame a sus delegados principales aquí y les dé un mandato diferente para estas negociaciones, o les pida que regresen a Washington, porque solo están ocupando espacio y están entorpeciendo las negociaciones”.


 
Cuando le pedí al negociador de clima de Estados Unidos Jonathan Pershing que respondiera los comentarios de Naidoo acerca de de si estaba obedeciendo a la postura de Obama, me respondió “No realizaré comentarios”. Con respecto a los cuestionamientos de los grupos de la sociedad civil que afirman que Estados Unidos es el principal obstáculo para alcanzar cualquier acuerdo en Doha, Pershing me respondió: “Creo que Estados Unidos participa en forma activa y constructiva en las negociaciones. Somos uno de los principales países que contribuyen al pensamiento intelectual en este proceso, pero esto no significa que estemos de acuerdo con los demás países en todo. Al fin de cuentas esto es una negociación. Intentamos participar de un resultado que conducirá a reducir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Queremos lograr un resultado que sea aceptable para todas las partes y que sea eficaz en el marco que hemos establecido para avanzar”.


 
Si bien las expectativas con respecto a la COP18 de Doha son mínimas o incluso desalentadoras y la participación en esta cumbre es muy inferior con respecto a las tres últimas cumbres, realizadas en Copenhague, Cancún y Durban, hay un grupo sólido de personas que está preocupado por el futuro del planeta y que está tomando medidas para protegerlo del cambio climático provocado por el hombre. La gran araña en la entrada del Centro de Convenciones también representa a estas personas. La escultura está protegiendo un saco de huevos y, como explicó Louise Bourgeois: “La Araña es una oda a mi madre. …Al igual que una araña, mi madre era una tejedora. Las arañas son muy solidarias y protectoras”.
 

Como demostró la respuesta desde las bases al tifón Bopha en Filipinas o a la gran tormenta Sandy en Estados Unidos, la red de activistas a favor de la justicia climática no está enredada, sino que cada vez se hace más fuerte y nos indica el camino. Ojalá los políticos lo siguieran.


 
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Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.
 
 
Texto en inglés traducido por Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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