El Tratado de la Carta de la Energía: el elefante del que nadie habla en la COP26

"Los seis años transcurridos desde el Acuerdo de París han sido los más calurosos de los que tenemos constancia. Nuestra adicción a los combustibles fósiles está llevando a la humanidad al borde del abismo. Nos enfrentamos a una dura elección: o lo detenemos o nos detiene". Con estas palabras el Secretario General de la ONU, António Guterres, abría el acto inaugural de la tan esperada Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Glasgow (COP26), hace algo más de una semana. 

Después de dos años de espera –desde la celebración de la COP25 de Madrid en 2019– y una pandemia de por medio, la ciudadanía en todos los rincones del mundo sigue atenta las promesas de las y los líderes políticos. Pero, inevitablemente, una mezcla amarga de esperanza y hastío sobrevuela las negociaciones en la región escocesa. Como advertía la activista Greta Thunberg en el foro de la Juventud por el Clima de Milán semanas antes, llevamos 30 años de "bla bla bla" e inmovilismo a la hora de generar respuestas frente a la crisis climática. Y el planeta no puede esperar más.

La COP26 ha comenzado tras un verano marcado por episodios climáticos extremos –inundaciones, sequías e incendios– y el mensaje de "alerta roja" enviado por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) a través de su sexto y último informe del pasado 9 de agosto. El grupo de expertas y expertos alertan de que el cambio climático ya está afectando "todas las regiones de la Tierra", y de que muchos de los daños serán "irreversibles" durante "siglos o milenios". Por ello, urgen a los gobiernos a llevar a cabo "reducciones fuertes, rápidas y sostenidas de los gases de efecto invernadero". Algo que pasa, sí o sí, por la eliminación de los combustibles fósiles.

El carbón: tachado de muerte lenta

En el quinto día de la COP26, una coalición de más de 40 países anunciaron un acuerdo para eliminar gradualmente la producción de energía a partir de carbón (el combustible que más emisiones genera en su quema). Y es que el objetivo de "relegar el carbón a la historia" ha sido un punto clave de la estrategia del Reino Unido como anfitrión de la Cumbre de Glasgow. 

Mientras muchas organizaciones de la sociedad civil han celebrado la noticia, otras han criticado el plan de insuficiente y tardío: los países ricos tan solo se han comprometido a abandonar el carbón en la horquilla de "la década de 2030", una fecha poco ambiciosa. Algunas de las potencias que más emiten han quedado fuera del acuerdo. 

Sea como fuere, abandonar el uso del carbón es uno de los puntos clave para limitar el aumento de la temperatura global. Es indiscutible. Su eliminación ha llegado a ser calificada como "el paso más importante para alcanzar el objetivo de 1,5 grados del Acuerdo de París". Sin embargo, quedan muchas preguntas en el aire sin resolver que comprometen la consecución de este objetivo. Entre ellas: ¿qué mecanismos se implementarán para contrarrestar el descontento de los operadores que han invertido en centrales eléctricas de carbón?

El elefante fósil de la Cumbre del Clima

Hay un escollo del que nadie hablará en la COP26 que puede minar cualquier acuerdo alcanzado estas semanas para reducir el uso de combustibles fósiles: el Tratado de la Carta de la Energía (TCE). 

Se trata de un acuerdo internacional de los años 90 –firmado por 53 países de Europa, Asia y la UE en su conjunto– que protege las inversiones en el sector energético, pero sobre todo aquellas relacionadas con la industria del carbón, petróleo y gas. Solo en la UE, Reino Unido y Suiza, la infraestructura fósil protegida por el TCE asciende a 344.600 millones de euros, incluyendo oleoductos, yacimientos de petróleo y gas, así como centrales eléctricas de gas y carbón. En el caso del carbón, actualmente existen 61 centrales en todo el mundo que se benefician de la protección de inversiones que ofrece el Tratado, de las cuáles 50 se encuentran en Europa.

Gracias a su mecanismo de resolución de conflictos inversor-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés), multinacionales e inversores extranjeros pueden disputar las decisiones soberanas de los gobiernos, aunque estas vayan encaminadas a proteger el clima y a la ciudadanía. El TCE les permite demandar a los Estados signatarios cuando consideran que han legislado en contra de sus beneficios económicos, presentes o futuros. Y las demandas no se resuelven ante tribunales ordinarios, sino ante un sistema paralelo de justicia en el que no hay jueces, tan solo tres árbitros privados que se reúnen a puerta cerrada y deciden si un país ha de pagar o no. 

Uno de los ejemplos más recientes es el de las demandas de las energéticas alemanas RWE y Uniper contra Países Bajos por su decisión de prohibir la producción de electricidad a partir de carbón en 2030. Una ley aprobada en diciembre de 2019 que se incluye dentro del plan de descarbonización del país para cumplir con el objetivo del Acuerdo de París. Las dos compañías reclaman al Gobierno holandés alrededor de 2.400 millones de euros en compensación por vulnerar sus expectativas de ganancias debido a las implicaciones que tendrá esta medida en el cierre de sus centrales que operan en el país, las cuales empezaron a funcionar a partir de 2015.

Pero existen muchos más casos. Italia se enfrenta a una demanda de 350 millones de euros por denegar un permiso de exploración petrolífera en sus costas a la compañía británica Rockhopper Exploration. Eslovenia podría verse obligada a pagar 120 millones a la empresa británica Ascent Resources por solicitar una evaluación de impacto ambiental a un proyecto de fracking. Y Alemania acumula dos demandas por prohibir la energía nuclear tras el accidente de Fukushima y por elevar los estándares de calidad del agua del río Elba para proteger la fauna y flora.

Durante la última década la industria fósil ha recurrido cada vez más al TCE para desafiar cambios en las políticas energéticas de los países ante tribunales privados. Una dinámica que se espera que continúe al alza durante los próximos años si los países no actúan de forma contundente.

¿Dónde están los recortes a los subsidios fósiles?

Otro tema que brilla por su ausencia en las negociaciones de la COP26 es la eliminación de subvenciones a la industria fósil. Y es que, aunque pueda sorprender, cada año las compañías de combustibles fósiles reciben miles de millones de dinero público. Solo en 2020, los países del G-20 proporcionaron conjuntamente casi 600.000 millones de dólares en subsidios y otros apoyos para estas actividades. Estas ayudas colaboran a que la industria más nociva del planeta se mantenga viva a pesar de la urgencia de reducir las emisiones. Y nadie se atreve a tocar esta bomba de oxígeno de la energía fósil, ni siquiera en una Cumbre del Clima decisiva para el futuro del planeta. Pero, ¿qué hay detrás? ¿A qué presiones invisibles están sometidos los Estados? 

Es de sobra conocido que el TCE también puede tener un efecto disuasorio en los gobiernos a la hora de tomar decisiones valientes para proteger el clima. En palabras del científico español Fernando Valladares: "Es completamente incuestionable que el tratado hace temblar a muchos países a la hora de reorientar su política energética. Ante un posible escenario de demandas multimillonarias que comprometen los presupuestos públicos, a veces los gobiernos prefieren pensárselo dos veces". Y esto mismo se puede aplicar a los subsidios en combustibles fósiles: su retirada podría desembocar en una oleada de demandas contra los Estados en cuestión.

Nunca podremos conocer el número de leyes y medidas imprescindibles que se han quedado en un cajón a causa de este tratado. Tampoco podemos predecir qué medidas podrían desencadenar nuevas demandas. Lo que sí sabemos es que el TCE es un cheque en blanco para las multinacionales e inversores y un freno a la transición energética.

Jaque mate a las arcas públicas

Hasta la fecha existen 142 demandas conocidas bajo el TCE y una cantidad total reclamada a los Gobiernos signatarios de alrededor de 52.000 millones de euros, lo que equivale a más de la mitad del fondo anual de adaptación al cambio climático para los países del Sur global, prometidos en la cumbre de Copenhague de 2009.

El 1 de noviembre veíamos a Pedro Sánchez anunciar que España incrementará un 50% la financiación contra el cambio climático, para llegar así a los 1.350 millones de euros anuales en 2025. Una cifra que salta a la vista si consideramos la deuda que acumulan las arcas públicas españolas bajo el TCE.

España ha recibido 50 demandas por los cambios legislativos en los subsidios a las energías renovables entre 2008 y 2014. Con 18 demandas resueltas a favor de los inversores, ya ha sido condenada a pagar 971 millones de euros en concepto de indemnización, pero la suma total reclamada supera los 10.000 millones de euros. Es decir, España tiene que pagar casi la misma suma que Pedro Sánchez se ha comprometido a aportar en la lucha contra la crisis climática, pero podría tener que llegar a desembolsar 7,5 veces esta cantidad.

Continúa la modernización abocada al fracaso

De forma paralela a la COP26, ha dado comienzo la octava ronda de negociaciones para modernizar el TCE. Un proceso abocado al fracaso que comenzó hace ya dos años y que se dilata indefinidamente en un tiempo que no tenemos.

Hasta la fecha no se ha avanzado nada en la eliminación de la protección de las inversiones en combustibles fósiles. La propuesta más ambiciosa que hay encima de la mesa –de la Comisión Europea (CE)– blindaría las inversiones en energía fósil durante otros 10-20 años. Y aún así, países como Kazajistán ya han mostrado su rechazo. Otros países como Azerbaiyán, Turkmenistán o Japón, cuyas economías dependen directamente del petróleo, el carbón o el gas, son claros detractores de cualquier reforma que implique el abandono de la energía fósil. Un hecho decisivo ya que para modificar el Tratado se requiere la unanimidad por parte de las 53 partes signatarias del TCE.

A pesar de las buenas palabras que estamos viendo por parte de un gran número de países en la Cumbre de Glasgow, sólo Francia, España, Polonia y Grecia han declarado su intención de abandonar el Tratado si la modernización fracasa. Una decisión que más de 400 organizaciones de la sociedad civil en todo el mundo –entre ellas Ecologistas en Acción y la campaña estatal No a los Tratados de Comercio e Inversión– consideran "indispensable" y que debería anunciarse no más tarde de esta Cumbre de Glasgow.

La celebración de una octava ronda de negociaciones en plena COP demuestra una vez más que los intereses detrás de este tratado están a años luz de la consecución de políticas climáticas efectivas.

Si la COP26 debe servir para incrementar la ambición climática, ¿por qué no se hablará del TCE? ¿A qué esperan los países para salir de un tratado que les ata de pies y manos a los combustibles fósiles?

10/11/2021

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Banco Mundial, promotor del cambio climático

Ante las expectativas que genera la Conferencia de las Partes (COP26) en Glasgow, y el rol que presume jugar el Banco Mundial (BM) en aliviar la crisis climática, es necesario cuestionar el papel que juega en promover y defender a industrias extractivas y de combustibles fósiles.

Jake Hess, investigador del propio banco ha denunciado (https://bit.ly/3ENfrTU) que mientras el mundo necesita transitar a energías renovables, el BM ha gastado desde el acuerdo del clima de París en 2015, más de 12 mil millones de dólares (mmdd) para financiar proyectos de combustibles fósiles. Dice Hess que "tristemente, tengo poca confianza en que mi empleador vaya a convertirse en un líder climático" y cita una investigación (https://bit.ly/3GUCnT5) que acusa al BM de ser en "buena medida parte del problema". En ésta se desglosan los financiamientos por año y por parte de cada uno de los cuatro "brazos prestamistas" (sic) del banco. Para colmo, el BM es presidido por David Malpass, colocado en esa institución por Trump durante su gobierno, quien como éste ha negado la existencia del cambio climático.

En contraste con el BM, el reporte Una década de progreso hacia un futuro climático justo difundido por Both Ends (https://bit.ly/3GRg5lh), informa cómo más de 39.2 billones de dólares han sido desinvertidos en industrias de combustibles fósiles, "una suma mayor que el PBI de Estados Unidos y China juntos". Existen, según el reporte, mil 485 instituciones en 71 países comprometidos con desinvertir en industrias contaminantes, además de grandes ciudades unidas en el Foro de C40 Ciudades (https://www.c40.org/) incluyendo la Ciudad de México, Guadalajara y otras ciudades de América Latina y el Caribe, el cual fue fundado en 2005 por el entonces alcalde de Londres, Ken Livingston. Este movimiento incluye a organizaciones ecologistas de base, como 350.org, Rainforest Action y fundaciones filantrópicas como Ford y Mac Arthur y hasta al Consejo Mundial de Iglesias. Se argumenta en el reporte que la desinversión ha tenido éxito en hacer que las empresas de combustibles fósiles sean responsables del verdadero costo de su contaminación por emisiones de gases invernadero y en mermar su poder político.

Volviendo al peligro que representa el BM, ahora con su quinta institución, no de carácter "prestamista" (sic), sino de protección de inversiones y punitiva para gobiernos, el Centro Internacional de Arreglos de Disputas de Inversiones (el Ciadi, del que no me canso de escribir); en un artículo (https://bit.ly/3CLXc0t) expongo cómo el permitir que se sigan interponiendo demandas multimillonarias por regulaciones y políticas ambientales puede socavar los acuerdos que se lleguen a alcanzar en Glasgow.

El crecimiento de las demandas por parte de industrias extractivas ha sido exponencial en las últimas dos décadas. Desde 1995, estas empresas han ganado fallos por al menos 73 mmdd (cálculos propios con base en datos disponibles del Ciadi y Unctad. Otros tribunales de arbitraje no publican información sobre casos o laudos).

Las empresas extractivas no sólo son las que más utilizan el sistema de solución de controversias inversionista-Estado (ISDS por sus siglas en inglés), sino que también reciben las mayores recompensas. De los 14 fallos conocidos por más de mil millones de dólares, 11 favorecen a las industrias del petróleo, gas y minería. Hay al menos 82 casos de demandas pendientes interpuestas por industrias extractivas. De las 42 demandas de las que se dispone de información, las empresas exigen un total de 99 mmdd (71 mmdd por parte de empresas mineras y 28 mmdd por las de petróleo y gas). Cabe destacar que hay 40 demandas pendientes en que los montos reclamados no están disponibles al público, por lo que las cifras anteriores son meramente ilustrativas de la magnitud del problema. Pero puede afirmarse que hay al menos 14 casos por más de mil mmdd pendientes, con demandas por cantidades escandalosas, como 27 mmdd contra Congo, o 16.5 mmdd contra Colombia. Otro caso es el de TransCanada contra Estados Unidos en que la primera exige 16 mmdd por la cancelación del gobierno de Biden del controvertido oleoducto Keystone XL. Y México está en esta lista con la demanda de la estadunidense Odyssey Marine Exploration por 3.5 mmdd por habérsele negado un permiso de minería en subsuelos marinos del mar de Cortés.

Para combatir eficazmente el cambio climático, los gobiernos de todo el mundo necesitarán la flexibilidad para emprender una amplia gama de acciones, sin estar amenazados de costosas demandas corporativas. El sistema de demandas de inversionistas a estados no debe obstaculizar la obligación de enfrentar la amenaza existencial que acecha al mundo.

Lamentablemente, no sólo la credibilidad del BM está en duda, también la de los gobiernos que en las cumbres del clima se hacen de la vista gorda y se niegan a poner en la mesa el cómo los tratados de libre comercio y de inversiones (incluyendo el T-MEC) facilitan y protegen a las industrias contaminantes y ponen en riesgo el futuro del planeta. La solución está en continuar la desinversión en corporaciones extractivas que están destruyendo el planeta.

Por Manuel Pérez Rocha Loyo. investigador del Institute for Policy Studies de Washington D.C. www.ips-dc.org

Twitter: @ManuelPerezIPS

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Domingo, 07 Noviembre 2021 05:15

Agronegocios contra el clima

Agronegocios contra el clima

En el marco de la COP26 sobre clima, Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos, dos países con grave culpa por el caos climático, anunciaron su nuevo plan para la agricultura y alimentación mundial. México se sumó, gracias al secretario de Agricultura Víctor Villalobos, atento a promover actividades contaminantes en favor de las trasnacionales de agronegocios.

Llamado Misión de Innovación Agrícola para el Clima, (AIM4C, por sus siglas en inglés), el plan fue anunciado por Joe Biden el 2 de noviembre. Tiene más de 70 socios entre grandes empresas trasnacionales, como Bayer, Basf, Syngenta, PepsiCo, junto a la asociación global de las empresas de agrotóxicos Croplife, la asociación global de la industria biotecnológica BIO, la fundación Bill y Melinda Gates, el Foro Económico Mundial (Foro de Davos), además de países que le dieron su apoyo como México y Brasil. Los mayores causantes del caos climático y la devastación ambiental, social y económica en agricultura y alimentación ven este plan como un jugoso negocio.

Según Tom Vilsack, secretario de Agricultura de EU, ya cuentan con inversiones por 4 mil millones de dólares para relanzar el concepto de "agricultura climáticamente inteligente". Se refieren ahora a una nueva ola de digitalización, alta tecnología y robotización agrícola y de distribución alimentaria, a semillas, animales y microorganismos transgénicos, producción de carne sintética en laboratorio, así como mantener el alto uso de agrotóxicos, pero "administrados" con plataformas digitales e inteligencia artificial.

Esta batería de nuevas tecnologías digitales, robóticas y biotecnológicas apuntan a consolidar la pesada entrada de los titanes tecnológicos, como Microsoft, Amazon, Google y Facebook en agroalimentación, en acuerdos con los de agronegocios como Cargill, Bayer y John Deere para lograr mayor control de las actividades de las y los agricultores y trabajadores, así como una visión panorámica de territorios y recursos, desde sus drones y satélites.

El 4 de noviembre, la red global Climate Action Network (CAN), que reúne a mil 300 organizaciones, le otorgó a este proyecto el "Premio Fósil del Día", que se entrega en la COP26 a quienes aumentan el caos climático o impiden enfrentarlo. El texto que acompañó el irónico premio expresa “¿Creía Joe Biden que (...) no nos daríamos cuenta de que es un ardid para reformular la agricultura industrial y las tecnologías disruptivas como acción climática? Está clarísimo que es todo lo contrario y va en contra de cualquier principio de justicia, desarrollo sostenible y seguridad alimentaria. Este "regalo" de Biden a la COP26 es parte de una estratagema para excluir a los agricultores de la agricultura y sustituirlos por robots, semillas editadas genéticamente y aumentar las ganancias en tecnología para sus compinches de Silicon Valley”.

Sol Ortiz, enviada de Sader a la COP26, defendió por años los intereses de Monsanto, Syngenta y afines como anterior secretaria ejecutiva de la comisión de bioseguridad. Aunque fue retirada de ese cargo, tomando en cuenta su desempeño en favor de las trasnacionales y los transgénicos, así como por haber obstruido las consultas a los pueblos indígenas que defienden la apicultura y las abejas contra la contaminación tóxica en la Península de Yucatán, el secretario Villalobos la recuperó para los intereses del agronegocio y la impuso directora de Atención al cambio climático y de la Estrategia nacional de polinizadores (!) dentro de la Sader. En su primer día de intervenciones en la COP26, Ortiz aseguró que México apoya esa "agricultura climáticamente inteligente".

Paradójicamente, el proyecto AIM4C en el que se ha embarcado a México sin consultar a las y los campesinos, intenta hacer creer que va hacia un sistema agroalimentario con menores emisiones de carbono. Por el contrario, además de mantener las emisiones de gases de efecto invernadero por el alto uso de agrotóxicos derivados de petróleo, de metano y otros gases causados por los fertilizantes sintéticos, las actividades "digitales", la captura de datos, almacenamiento y procesamiento en nubes informáticas, además de generar mayor dependencia de los agricultores, demandan una monstruosa cantidad de energía.

Por ejemplo, informa el grupo ETC, Bayer-Monsanto presume tener actualmente más de 69 mil millones de datos tomados de sus aplicaciones agrícolas –por cuyo uso cobra a los agricultores, aunque se apropia de su información. La empresa estima que los sensores en equipos de cosecha recogen hasta 7 Giga bits de datos por hectárea. Un cálculo aproximado indica que para ello, solo en campos de maíz en Estados Unidos se gastaría 3 mil 300 millones de kilovatios/hora (es decir, 3.3 teravatios/hora), equivalente al consumo anual de electricidad de una nación como Senegal. Y ésto es sólo una empresa, actualmente todas las trasnacionales de agrotóxicos, semillas, fertilizantes, maquinaria, junto a las grandes tecnológicas venden sus plataformas digitales agrícolas (https://tinyurl.com/ynyezvz7).

A todas luces, la Misión de Innovación Agrícola (AIM4C) es una nueva forma de empeorar el grave caos climático y de paso minar la soberanía alimentaria.

Por Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo ETC

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"La COP26 es un fracaso": Greta Thunberg describe la cumbre climática como un "evento de relaciones públicas donde los líderes dan hermosos discursos"

 "La COP26 ha sido calificada como la más excluyente de la historia, pero ya no es una conferencia climática, [...] es un festival global de lavado verde", aseveró la activista.

Durante la manifestación realizada frente a la sede de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26) en Glasgow (Escocia, Reino Unido), Greta Thunberg declaró que esa cumbre devino en un "evento de relaciones públicas" y criticó a los líderes mundiales por convertir las discusiones urgentes en un "festival verde".

"La COP se ha convertido en un evento de relaciones públicas, donde los líderes están dando hermosos discursos y anunciando compromisos y objetivos sofisticados, mientras que detrás de las cortinas los gobiernos de los países del Norte Global todavía se niegan a emprender cualquier acción climática drástica", puntualizó Thunberg.

"No es un secreto que la COP26 es un fracaso. Debería ser obvio que no podemos resolver la crisis con los mismos métodos que nos llevaron a esta situación", dijo la activista. 

Asimismo, Thunberg acusó a los organizadores del encuentro de permitir que se convierta en un "festival de lavado verde". "La COP26 ha sido calificada como la más excluyente de la historia, pero ya no es una conferencia climática, [...] es un festival global de lavado verde, [...] una celebración de dos semanas de negocios como siempre y bla, bla, bla", sostuvo Thunberg.

El término 'lavado verde' (o blanqueamiento verde) alude a la desinformación producida por una entidad para presentar una imagen pública de responsabilidad ambiental

Publicado: 5 nov 2021

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La industria mundial de los chips se enfrenta a un gran problema y no es la escasez

La escasez de los semiconductores hizo sonar una señal de alerta alrededor del globo, pero este no es el único problema al que se enfrenta esta industria.

La reciente crisis de los chips mostró la enorme importancia de estos diminutos dispositivos en el mundo altamente tecnológico en el que vivimos. Pero si bien son vitales para la economía, el impacto que los chips causan en el planeta no siempre es positivo.

De acuerdo con una investigación llevada a cabo por la Universidad de Harvard el año pasado, la fabricación de semiconductores "representa la mayor parte de la producción de carbono" de los dispositivos electrónicos en el mundo.

La fabricación de estos dispositivos utiliza enormes cantidades de energía y, si bien parte de esta energía es de fuentes renovables, la mayor parte de ella proviene de combustibles fósiles como el carbón y el gas, detalla CNBC.

La mayor parte de los chips del mundo se fabrica en Asia, siendo Taiwán un gran centro de esta industria. Esto se debe a la presencia en la isla de la empresa Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), el mayor productor de semiconductores del mundo.

De acuerdo con Yung-Jen Chen, un investigador de Greenpeace en Taiwán que dirige el equipo corporativo climático de la organización benéfica, TSMC emite más carbono que cualquier otro fabricante de chips. La empresa, que fabrica semiconductores para empresas como Apple y Tesla, utiliza anualmente más electricidad que toda Taipéi, la capital de Taiwán.

Solo en 2020, la compañía liberó en la atmósfera 15 millones de toneladas de carbono. En los últimos años, las emisiones de gases de efecto invernadero de TSMC han superado a las del gigante automotriz General Motors, según datos de Bloomberg.

A TSMC le siguen Samsung e Intel en términos de huella de carbono en la industria de los semiconductores.

"Para reducir las emisiones de carbono, es clave cambiar las fuentes de electricidad a energía limpia", dijo Chen.

Las tres compañías en cuestión aseguran que ya están tomando medidas para reducir sus emisiones de carbono a medida que amplían sus operaciones.

TSMC, por ejemplo, ya ha anunciado que planea llegar a cero emisiones netas para 2050. La compañía busca alcanzar para el 2030 el objetivo de utilizar un 40% de energía renovable en su producción.

Las plantas de semiconductores de Samsung, a su vez, emitieron 12,9 millones de toneladas de carbono solamente el año pasado. Si bien la compañía no ha anunciado oficialmente sus planes para llegar a cero emisiones netas, la empresa es una parte fundamental del objetivo de Corea del Sur de reducir a cero las emisiones de carbono para el 2050.

Por su parte, Intel se ha destacado en los últimos años justamente por reducir su huella de carbono. En 2020, la compañía produjo unos 2,88 millones de toneladas de carbono. Sin embargo, un 82% de la energía que se ha consumido en la producción de semiconductores provino de fuentes verdes como la solar y la geotérmica.

Si bien las empresas se muestran interesadas en disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero, convertir las promesas en práctica será la parte difícil, considera Abishur Prakash, estratega geopolítico del Centro para Innovar el Futuro.

"Cumplir estos objetivos requerirá que la cadena de suministro, distribuida en varios niveles, también se sume y cree sus propias estrategias. (...) Eso no va a ser fácil", opinó el especialista.

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Miércoles, 03 Noviembre 2021 05:40

Las negras contradicciones verdes de Biden

Las negras contradicciones verdes de Biden

El grave problema del pretendido "liderazgo global" de Estados Unidos con sus medidas para el cambio climático en casi un cuarto de siglo es la geopolitización de la "agenda verde". Así, el Protocolo de Kyoto, firmado en 1997 por Clinton, con su vicepresidente fariseo Al Gore –que se ostenta como el supremo ambientalista de la Vía Láctea–, fue rechazado campantemente en marzo de 2001 por Baby Bush. Bill Clinton y Baby Bush se tiraron mutuamente la pelota del rechazo porque su aplicación le iba a costar a su país 4 millones de millones de dólares.

De igual manera, Trump, con la mano en la cintura, rechazó el Acuerdo Climático de París, de 2016 –firmado por la dupla Obama/Biden– y que, en gran medida, conforma la matriz operativa del COP26 que ha tenido 25 reuniones anticipadas con exagerada cacofonía estridente, pero sin ninguna concreción. Ni la Cumbre del G-20 en Roma ni la Cumbre del COP26 en Glasgow, Escocia, contaron con la insustituible presencia de las otras dos superpotencias del "nuevo (des)orden tripolar", China y Rusia, lo cual deslegitima cualquier resolución intrínsecamente no-vinculante, aunque el zar Vlady Putin (https://reut.rs/2Y8TKOw) y el mandarín Xi (https://bit.ly/3CFxsmL) participaron con sendas teleconferencias en las que se mostraron dúctiles para mitigar, según las circunstancias de cada nación, el innegable cambio climático.

El problema de Biden no es global, ni siquiera contra China, Rusia y Arabia Saudita, sino doméstico, donde su propio correligionario demócrata, el senador Joe Manchin –por Virginia Occidental, segundo estado productor de carbón detrás de Wyoming, no se diga sus recursos de gas lutita/esquisto– inhibe su idílica agenda verde que resulta también perniciosa para los estados petroleros de Texas y Oklahoma. Resulta y resalta que Biden pregona una cosa, mientras hace lo contrario, como es el caso del incremento "por primera vez en siete años" de la "cantidad de electricidad en Estados Unidos generada" por el impío carbón, según el rotativo británico Daily Mail (31/10/21), muy cercano al MI6, que afirma que la credibilidad del atribulado presidente ha quedado seriamente erosionada.

Debido al disparo del costo del gas natural –que por cierto afecta a México desde la inconcebible ingenuidad de López Portillo– "ha cambiado de nuevo al carbón" (¡megasic!), según la Administración de Información Energética de Estados Unidos.

Los conocedores apuntan que el surgimiento del uso del carbón en dicho país "es el resultado de políticas que demonizan al gas natural". Ya se sabe que tanto Biden como Bill Gates libran una guerra geopolítica contra el gas natural para derrumbar el liderazgo de Rusia, Irán, Qatar y Turkmenistán (https://bit.ly/3GNUb2b). Otro problema yuxtapuesto radica en que el gas natural sigue siendo el primer generador de electricidad en Estados Unidos, delante del carbón, que aumentó 22 por ciento en lo que va del año de las plantas nucleares (siendo éste el primer país en este rubro), muy por delante de las incipientes energías eólica/solar y la hidráulica (https://bit.ly/31kb701).

En forma sorprendente, el rotativo globalista pro-"verde", The New York Times, expone la flagrante contradicción de Biden quien, mientras "empuja a la energía limpia, busca una mayor producción de petróleo" (¡megasic!). El mismo Biden asintió al decir que "parece una ironía que pida a los países ricos en energía impulsar la producción de petróleo", mientras "implora al mundo aplacar el cambio climático" (https://nyti.ms/3q1ZWDI).

Según The New York Times, Darren Woods, jerarca de Exxon Mobil, ante un panel de la Cámara de Representantes asentó que "en el presente no disponemos de las fuentes adecuadas de energía alternativa", por lo que "el petróleo y el gas seguirán siendo necesarios en el futuro previsible".

Los jóvenes europeos que comulgan con la agenda ambientalista no están dispuestos a demoras y contemplaciones para descarbonizar al planeta cuando Biden tiene a sus mayores críticos en su propio partido, no se diga con la mayoría de los republicanos. Quizá el verdadero mapa de ruta y cronograma del COP26 se decida en la elección crucial a gobernador de Virginia; no en Glasgow ni en Roma.

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Martes, 02 Noviembre 2021 05:13

COP(rrupción) en la Cumbre del Clima

Plenario de apertura de la COP26

Estudiar el negacionismo climático siguiendo la pista del dinero enseña dónde reside verdaderamente el poder mundial

Este domingo 31 de octubre ha comenzado la cumbre del clima más importante de la historia, la COP26. Un nuevo asalto entre el conocimiento científico y el poder económico tendrá lugar en Glasgow hasta el próximo 12 de noviembre. Un combate entre la certeza de la urgencia y la eterna procrastinación del privilegio. Un duelo entre la vida y la muerte. No os quepa duda de que la cosa es así de seria. O el sistema o la vida. Ambas cosas no se podrán sostener a la vez porque se han demostrado incompatibles.

En esta ocasión, además, un nuevo escándalo se ha producido pocos días antes de la cumbre. Se ha descubierto que varios lobbies con intereses en el negocio de los combustibles fósiles han regado de dinero al presidente designado para el evento. Pero antes de relatarlo con más detalle, recordemos algunas frases para la historia que se han dicho, y contextualicemos algunos datos que hemos conocido desde la última cumbre. Ayudarán a entender en qué punto estamos y qué habría que hacer. 

Casi dos años han pasado ya desde aquella apresurada e improvisada COP25 que tuvo lugar en Madrid, debido a la  revuelta situación que se vivía en Chile, destino original de la misma. En estos dos años hemos escuchado al secretario general de la ONU, António Guterres, advertir de que el último informe del IPCC es un “código rojo para la humanidad”. Gracias a científicos de Scientist Rebellion, en CTXT publicamos en exclusiva una serie de filtraciones del grupo III del IPCC (Panel Intergubernamental del Cambio Climático) de la que hicieron eco medios como The Guardian y otros de más de 30 países.  En España solo una cadena de televisión se atrevió a tratar la noticia. El resto, nada. 

Quizá tenga bastante que ver con que en esos documentos se afirmaban cosas como: “No habría que construir ninguna nueva planta de carbón o gas, y las actuales deberían reducir su vida útil” o “Algunos científicos subrayan que el cambio climático está causado por el desarrollo industrial, y más concretamente, por el carácter del desarrollo social y económico producido por la naturaleza de la sociedad capitalista, que, por tanto, consideran insostenible”

La Agencia France-Presse (AFP) había sacado antes a la luz otro documento cuyo titular también se paseó por medio mundo: “La vida en la Tierra puede recuperarse de un cambio climático importante evolucionando hacia nuevas especies y creando nuevos ecosistemas. La humanidad no”. Esta filtración hace referencia al grupo II, el de impactos, cuyo informe saldrá en febrero del año que viene, un mes antes de que lo haga el del grupo III.

Tras conocer todas estas conclusiones, de una contundencia jamás vista en unos informes que se redactan por consenso –es decir, en los que se dejan de lado muchas opiniones más atrevidas--, se ha producido otra gran filtración gracias a Greenpeace. Esta nos ha permitido saber que ha habido 32.000 intentos de modificar el informe que logramos filtrar. Algunos de ellos son legítimos, realizados por parte de la propia comunidad científica durante el proceso. Otros no tanto, al proceder de lobbies y gobiernos que buscan claramente rebajar la contundencia de algunas expresiones del resumen para políticos –el único que pueden modificar, pero el único también que la inmensa mayoría de los periodistas y personas leen.

Gracias a tener las diferentes versiones del informe del grupo III, en marzo de 2022 podremos hacer algo que jamás se ha podido hacer antes: comparar el primer borrador con el informe definitivo. Y podremos hacerlo viendo los comentarios que han tenido lugar. Va a ser mucho más fácil e interesante que en anteriores informes desentrañar cuánta influencia han tenido realmente las presiones y qué han logrado modificar o eliminar de la parte más política y crucial del informe, las propuestas del grupo III. 

Quienes se atrevieron a decir que las filtraciones podrían no ser útiles deberían sin duda reconsiderar mejor sus palabras. Es indudable que han ayudado: muchos más ojos van a prestar atención al contenido del informe climático más importante del mundo gracias a ellas, y además permitirán analizar cosas nunca vistas, como qué peso real tienen los lobbies y los gobiernos.

Los científicos están empezando a rasgarse las batas y atreviéndose a correr cada vez más riesgos porque han comprendido que el mayor riesgo que corren es que todo siga como hasta ahora. En el propio IPCC cada vez son más conscientes de su tendencia a la moderación y de que, ante la magnitud de la tragedia y la pasividad de la política, hay que pasar a la acción. Las consecuencias todavía no han hecho más que mostrar sus primeras caricias en forma de récords de temperatura, como los casi 50 grados de Canadá o los casi 49 de Italia. También inundaciones y otros fenómenos extremos son cada vez más frecuentes y potentes. Ya tenemos incluso huracanes en el Mediterráneo, los llamados medicanes.  Y hagamos lo que hagamos hemos traspasado tantos límites que estos fenómenos empeorarán. La cuestión es cuánto queremos que empeoren y si seremos capaces de revertir alguna vez el daño ya causado, cosa que no parece muy probable si observamos el pensamiento mágico que suele nutrir las propuestas más habituales, basadas en tecnologías por desarrollar e imposibles de implementar a la escala necesaria o algún tipo de geoingeniería con consecuencias imprevisibles. El  último estertor de un sistema que se resiste a morir y que, de no cambiar rápido, lo hará matando. 

En este panorama ya de por sí dantesco, nos acabamos de enterar, gracias a la investigación del periodista Nafeez Ahmed, de que el designado como presidente de la Cumbre del Clima, el conservador Alok Sharma, recibió dos donaciones por valor de 10.000 libras del presidente del Foresight Group International, un conglomerado empresarial con intereses en el mundo del gas y el petróleo. También recibió otras donaciones de lobbies similares en el pasado. Además, Sharma, es conocido por haber votado generalmente contra las medidas necesarias para prevenir el cambio climático.

Habrá quien piense que este nuevo escándalo deslegitima la lucha medioambiental. Pero estará equivocado, porque es justo al revés. La constatación del interés del poder económico por controlar las cumbres climáticas y los informes más importantes demuestra que allí se juega un partido crucial, y legitima a los movimientos sociales y a la comunidad científica a ir un paso más allá. También debería obligar a los medios de comunicación a implicarse --y lo seguimos esperando--, pero sabemos que están controlados mayoritariamente por esos mismos intereses. Por eso no cuentan lo que tendrían que contar con la vehemencia que tendrían que hacerlo. Por eso algunas periodistas nos llegaron a confesar que jamás se habían sentido tan presionadas “desde arriba” para no tratar el contenido de las filtraciones en sus respectivos medios.

Porque en realidad todo esto no es nuevo: el negacionismo climático ha existido casi siempre. Desde 1950 las grandes petroleras, el gobierno de los Estados Unidos y el Pentágono ya sabían que las emisiones de dióxido de carbono llevarían a la Tierra a un cambio climático de alta peligrosidad a principios de este siglo. Y a partir de los años ochenta decidieron financiar una maquinaria de negación que, a su vez, se apoyaba tanto en la ya existente promoción de las bondades del liberalismo económico –más tarde neoliberalismo y ahora ultraliberalismo – como en la más particular negación de los perjuicios del tabaco para la salud.

En la maquinaria de negación y persuasión más poderosa jamás ideada, una tupida red de think tanks ha venido haciendo uso extensivo de la ya refinada industria de relaciones públicas, comunicación y publicidad, y de las dependencias económicas que genera, para penetrar no solo en los medios de comunicación sino también en asociaciones científicas y profesionales. E incluso en la universidad, condicionando paradigmas y currículos. Mediante grupos visibles (lobbies) y otros de apariencia espontánea, a quienes atribuimos inconscientemente buena fe, han aprendido y refinado distintas formas de pervertir el debate público racional. 

Comenzaron tras la II Guerra Mundial, proliferaron como respuesta a Mayo del 68 y se han consolidado hasta el punto de acabar no solo marcando los límites de lo debatible, sino sus propias reglas. Han penetrado en nuestras mentes, y conducen buena parte de nuestras cosmovisiones sin que apenas nos demos cuenta. Estudiar el negacionismo climático a fondo, siguiendo la pista del dinero, ofrece una perspectiva inmejorable de dónde reside verdaderamente el poder mundial. Una estimación conservadora de Robert Brulle de la Drexel University de lo que se invierte en negacionismo climático –estrictamente cambio climático, solo en los Estados Unidos– establece un promedio de cerca de mil millones de dólares anuales en la primera década de este siglo.

Muchos medios de comunicación dieron espacio a ese negacionismo insolente y estúpido, como ahora se lo dan ampliamente a su hijo bastardo: el negocionismo, el arte de hacer negocio cuando el problema ya no se puede negar. Y luego pasa lo que pasa: casi nadie se fía de los grandes medios y los científicos son la profesión más respetada. Por algo será. 

Las filtraciones y denuncias de corrupción son importantes porque contienen un mensaje inherente claro y necesario. Ahora son nuestros ojos los que os están vigilando a vosotros. A pesar de que sabemos lo que ocurre entre bambalinas, no podemos permitirnos el lujo de pensar ya de entrada que nada útil puede salir de esta COP, la primera en la que estará vigente el Acuerdo de París. Muchas personas estaremos ahí para tratar de presionar como podamos, con todas nuestras fuerzas. Aunque las COP suelen ser un fiasco porque están casi diseñadas para serlo, basta con que eso cambie una vez para que todo cambie. Y esa vez ha de ser en Glasgow, porque nos lo jugamos todo. Ya no hay tiempo.

por Juan Bordera / Ferran Puig Vilar 1/11/2021

Publicado enMedio Ambiente
Lunes, 01 Noviembre 2021 07:21

Urge un panel científico

Urge un panel científico

“El terreno seguro para enfrentar la pandemia es la ciencia, que exige debate de argumentos y personas calificadas, pero hay la intención fascistoide de que prevalezca una sola opinión. En la comunidad científica tanto del área biotecnológica como de estudios sobre inmunidad, microbiología, virología, de secuenciación, y cuantos por su formación puedan aportar datos duros, urge un panel de alto nivel para poner en claro que la ciencia no es propiedad de la OMS ni de los Gates y los Rockefeller ni de ninguna autoridad sanitaria, pues la ciencia no puede ser dogma ni permitir censuras de ninguna mafia, sino un panel de verdaderos científicos que aporten lo que pueda o no hacerse respecto de la plandemia”, expone Fernando Illescas, investigador científico y colaborador de La Jornada de Veracruz.

“Rand Paul, médico y senador por Kentucky, afirma que "una persona de 85 años tiene 10 mil probabilidades más de morir de Covid que un niño, por lo que no se puede tratar a ambos grupos igual; niños de 5 años llevados por maestros, usando cubrebocas en exteriores, no hay ciencia atrás de eso; o el doctor Fauci dispersando mentiras diciendo que tenemos que vacunar a los niños, o que no existe la inmunidad natural, no hay ciencia detrás de ello". Y añade Illescas: “Reiner Fuellmich, abogado alemán, en un panel de científicos como los doctores Michael Yeadon; Luc Montagnier, Nobel francés, y otros, expresó ‘que si se descartan los falsos positivos de PCR o detección de virus, el Covid tiene una morbilidad (cifra de quienes enferman por cada mil sanos) de 0.15 por ciento, lo que no es mayor riesgo que una gripe-neumonía común. De no ser por la falsedad de tales pruebas, no habría motivo para declarar pandemia’. Estamos ante una monumental orquestación de falsedades, de forma que la mayor parte de los supuestos muertos por Covid en realidad fallecieron de cualquiera de las llamadas comorbilidades o de neumonía, que en las estadísticas casi desaparecieron, pero la prueba y medidas anti-Covid fueron diseñadas para mentirnos. Por ello, la morbilidad general de la humanidad no tiene un aumento significativo, sólo el correspondiente al pánico, a medidas absurdas como cubrebocas y confinamientos, a la prohibición original contra antiinflamatorios y tratamientos tempranos como ivermectina, a las intubaciones y a lo que conlleva la quiebra económica de gran parte de la humanidad.”

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Impulsa G-20 impuesto global de 15% para detener la evasión fiscal

 

"Este gravamen pondrá fin a la perjudicial carrera a la baja en el tributo a empresas": Janet Yellen, secretaria del Departamento del Tesoro de EU

 

Roma. Los líderes de las 20 economías más grandes del mundo (G-20) apoyaron ayer la introducción de un impuesto mundial de 15 por ciento –impulsado por Estados Unidos– sobre los beneficios de las multinacionales que busca acabar con los paraísos fiscales. Además, prometieron más vacunas contra el Covid-19 para países pobres y enviaron señales sobre la lucha contra el cambio climático un día antes de la COP26 en Glasgow, que comienza este domingo.

En vigor, a partir de 2023

El objetivo de este acuerdo es activar en 2023 la nueva arquitectura fiscal para garantizar que las multinacionales contribuyan de forma equitativa y evitar que las grandes corporaciones transfieran ganancias a través de las fronteras para evadir impuestos. Con ello se busca salvaguardar los ingresos fiscales y ofrecer estabilidad a las compañías.

Uno de los principales objetivos de esta medida es evitar que las trasnacionales, como Apple y Bristol Myers Squibb, protejan sus ganancias en paraísos fiscales, donde las tasas impositivas son bajas y las corporaciones a menudo mantienen poca actividad fiscal más allá del territorio en el que están instaladas sus sedes oficiales.

"La comunidad internacional, gracias a este acuerdo, respalda a las personas logrando que las empresas contribuyan de forma justa", aseguró el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a sus pares del G-20 congregados en Roma.

Janet Yellen, secretaria del Departamento del Tesoro, celebró en un comunicado que las potencias hayan aprobado "un acuerdo histórico sobre las nuevas reglas fiscales internacionales, incluyendo un impuesto mínimo mundial que pondrá fin a la perjudicial carrera a la baja en el impuesto de sociedades".

Hasta el momento, éste es el único anuncio de la cumbre, según el borrador de conclusiones, y se espera que se apruebe formalmente este domingo durante el cierre de actividades. La idea es que tras la activación, el país sede de una empresa elevaría sus impuestos a 15 por ciento si sus ganancias se vieran beneficiadas con tasas inferiores en otro país.

En la economía digital y global actual, los beneficios pueden provenir de intangibles como los derechos de autor y las marcas registradas, los cuales pueden trasferirse fácilmente a países que aplican impuestos cercanos a cero para atraer ingresos que de otro modo no tendrían.

Uno de los aspectos cruciales es si el Congreso estadunidense aprobará una ley que cumpla con la norma, ya que la nación de Norteamérica es sede de 28 por ciento de las 2 mil multinacionales más grandes del mundo.

Estados Unidos había buscado una reforma con una tasa impositiva corporativa mínima de 21 por ciento, pero una tasa de 15 por ciento lograda por la administración de Biden aún representa una victoria.

El respaldo a este pacto fiscal se dio después de que 136 países, incluidos los ministros de Finanzas y Economía del G-20, dieron su visto bueno a inicios de octubre con el apoyo y la regulación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Los líderes mantuvieron su primera cumbre presencial después de dos años tras el inicio de la pandemia con contundentes llamados. El grupo respaldó ampliamente los pedidos para extender el alivio de la deuda a los países empobrecidos y se comprometieron a vacunar contra el Covid-19 a 70 por ciento de la población mundial para mediados de 2022.

No pudieron llegar a un acuerdo sobre un mecanismo de financiamiento separado, propuesto por Estados Unidos e Indonesia, pero afirmaron que el grupo de trabajo exploraría opciones para movilizar fondos para impulsar la preparación, la prevención y la respuesta ante una pandemia.

El primer ministro de Italia, Mario Draghi, instó al inaugurar la sesión a acelerar la entrega de vacunas contra el virus a los países pobres, al calificar de "moralmente inaceptable" la enorme diferencia de inoculación global. Reclamó que sólo 3 por ciento de las personas en los países más pobres del mundo han sido vacunados, mientras 70 por ciento en los países ricos han recibido al menos una dosis.

"Estas diferencias son moralmente inaceptables y socavan la recuperación (económica) mundial", agregó el ex jefe del Banco Central Europeo, para quien los retos planteados por la pandemia deben afrontarse "colectivamente".

Varios de los miembros, como Canadá y Gran Bretaña, anunciaron donaciones masivas de vacunas contra el virus a las naciones más pobres. Los presidentes de China, Xi Jinping, y de Rusia, Vladimir Putin, quienes participaron de manera remota, abogaron en la cumbre por el reconocimiento internacional de sus biológicos contra el virus.

Hoy, discusión sobre cambio climático

Italia, como anfitrión, puso la salud y la economía en la parte superior de la agenda del primer día de la reunión, y las discusiones climáticas más difíciles están programadas para este domingo.

Se espera que el G-20 logre compromisos clave de los países que representan 80 por ciento de la economía global –responsables de casi la misma cantidad de las emisiones globales de dióxido de carbono en el planeta– antes de la 26 Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26).

El hecho de que los líderes mundiales no se comprometan a abordar la emergencia climática en la cumbre podría provocar "eventos geopolíticos muy difíciles", incluida la migración masiva y la competencia mundial por alimentos y agua, dijo el primer ministro británico, Boris Johnson.

A primera hora de la mañana, la policía intervino para eliminar un bloqueo formado por aproximadamente medio centenar de manifestantes a favor del medioambiente de la avenida Cristóforo Colombo, al sentarse en mitad de la calzada al grito de "Si no hay cambios, bloquearemos la ciudad", informó el diario italiano Il Messaggero.

Con el lema de "Alto a patentes, la vacuna es un derecho global, y sin fines de lucro sobre la pandemia", cientos de activistas continuaron con sus protestas cerca de la zona de seguridad de la cumbre.

António Guterres, secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), advirtió que la COP26 podría fracasar por los todavía tibios compromisos de los grandes contaminadores y desafió a los líderes del G-20 a superar los "peligrosos niveles de desconfianza" entre ellos y hacia las naciones en desarrollo.

"Que quede claro: existe un gran riesgo de que Glasgow no cumpla lo prometido", dijo Guterres en conferencia de prensa en Roma, y apuntó que los compromisos actuales "siguen condenando al mundo a un calamitoso incremento de 2.7 grados" a la temperatura del planeta.

Un reporte medioambiental reciente de la ONU concluyó que los anuncios realizados por docenas de países para alcanzar la "neutralidad" de emisiones en 2050 podrían, si se aplican por completo, limitar el alza de la temperatura global a 2.2 grados Celsius. Está cerca, aunque todavía por encima, del objetivo marcado en el Acuerdo del Clima de París de limitarlo a 2 grados Celsius con respecto a la época preindustrial.

Reveses al legado de Trump

Durante la cumbre del G-20, representantes de Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Alemania expresaron su "viva y creciente preocupación" por el incumplimiento del acuerdo de 2015 sobre el programa nuclear con Irán, al que instaron a "cambiar de rumbo".

Estos países, junto a China y Rusia, alcanzaron en 2015 un histórico acuerdo para limitar el alcance del programa nuclear de Irán para evitar que se dote de la bomba atómica, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales. Sin embargo, Estados Unidos, entonces presidido por Donald Trump, abandonó el pacto en 2018.

Martin Griffiths, jefe humanitario de la ONU, instó a los líderes de la cumbre a preocuparse "por Afganistán, porque su economía está colapsando y la mitad de su población corre el riesgo de sufrir hambruna antes de que llegue el invierno".

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El vicepresidente estadounidense Al Gore se da la mano con el primer ministro japonés Ryutaro Hashimoto, antes de sus conversaciones en la Cumbre del Clima de Kyoto de 1997, la COP3. — Katsumi Kasahara / AFP

El camino para llegar a la COP26 de Glasgow no ha sido fácil. La historia diplomática de las negociaciones climáticas han estado marcadas por desastres como el de Copenhague en 2009, pero también por momentos positivos como el Acuerdo de París de 2015 o el peso creciente de la ciencia en las últimas cumbres.

 

"La Cumbre del Clima sella unos compromisos mínimos"; "Fracaso en la creación de un mercado de carbono"; "La COP22 rebaja la ambición"; "Las negociaciones encallan". Desde que en 1995 se celebró en Berlín la primera conferencia climática de la ONU, la hemeroteca no ha dejado buen sabor de boca. Demasiadas malas noticias para un planeta al que se le agota un tiempo cada vez más manchado de CO2 y metano. La historia de las negociaciones de los últimos 25 años, sin embargo, también han arrojado luz y esperanza trayendo consigo múltiples cambios culturales y políticos que han sacado los debates ambientales del ostracismo en el que estaban situados al término del siglo XX.

La primera Cumbre del Clima, en la capital alemana, fue un encuentro multilateral y rompedor. Allí se articuló el Mandato de Berlín por el que las grandes potencias reconocían el importante peso que sus economías fósiles estaban teniendo en el calentamiento del planeta. De esta forma, las partes que acudieron a la cita se emplazaban a iniciar las negociaciones necesarias para establecer plazos concretos y objetivos vinculantes de reducción de sus emisiones de CO2. Dos años después, en la COP3 de Kioto, nació el protocolo que lleva el nombre de la ciudad nipona, un documento histórico con el que los países industrializados asumían compromisos de obligado cumplimiento para reducir su huella de carbono, reconociendo que eran los países ricos los que más estaban contribuyendo a la crisis climática.

Juan López Uralde, hoy presidente de la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso, ha pisado moqueta en el grueso de las cumbres, asistiendo como observador de la sociedad civil a fracasos y victorias de la lucha ecologista. "Siempre se dan discusiones sobre si estos eventos son necesarios, y yo creo que sí lo son. Que se reúnan delegaciones de 190 países una vez al año es fundamental, independientemente de cómo terminen las negociaciones", opina. El diputado de Alianza Verde considera que pese a los abundantes fracasos, el multilateralismo ha avanzado en una dirección positiva en estás últimas décadas, pero advierte: "Hay que cambiar las expectativas, son reuniones muy positivas, pero no creo que sean negociaciones decisivas para la crisis climática".

Tatiana Nuño, activista de Greenpeace que habitualmente acude a las convenciones climáticas de la ONU en calidad de observadora internacional, sostiene que la historia reciente muestra "claros avances" en los posicionamientos políticos para mitigar la crisis climática. "Berlín fue un hito", narra, "luego llegó Kioto y después las cosas empezaron a avanzar rápido para crear mecanismos reales que permitieran a los países reducir las emisiones". Desde Kioto hasta 2009 las negociaciones avanzaron con poca atención mediática, pero a un ritmo acorde con los reclamos de la ciencia. Sin embargo, ese año hubo un punto de inflexión con el fracaso estrepitoso de la Cumbre de Copenhague (COP15).

El "desastre" de 2009

Por entonces, el Protocolo de Kioto había envejecido demasiado. La ambición debía elevarse y marcar una reducción del 50% de las emisiones de CO2 para mediados de siglo. Al menos ese era el objetivo con el que las delegaciones de los Gobiernos acudieron en diciembre de 2009 a la capital de Dinamarca. "Desde el primero momento todo parecía ir mal. Para empezar, el espacio físico del lugar donde se celebraba la cumbre era demasiado pequeño para albergar todos los acreditados", narra. "Pero lo peor fue el tema de la represión contra la sociedad civil. Fue algo que no se había visto en ninguna de las ediciones anteriores. La sede de Greenpeace fue intervenida y hubo miles de detenciones sin justificar en la manifestación que siempre se hace", recuerda López de Uralde, que estuvo en la cárcel cerca de tres semanas por una protesta. 

"Fue un desastre, una voladura de todo el proceso de negociaciones", describe. La idea de ampliar la ambición no fue el único escollo. Las naciones trataron de ampliar los mecanismos de control para que la nueva herramienta que sustituyese al Protocolo de Kioto tuviera un carácter global e incluyera a los países menos industrializados desde la óptica de justicia social y económica. Sin embargo, "todo saltó por los aires".

Herman van Rompuy, por entonces presidente del Consejo Europeo, calificaba en 2010 lo sucedido como "desastre" y advertía de que el enquistamiento de las negociaciones iba a suponer el fin de las COP de las Naciones Unidas. "No funcionarán", avisaba en unas conversaciones filtradas por El País. Lo cierto es que, en Copenhague, Europa quedó aislada por primera vez en mucho tiempo, oscurecida por el liderazgo poco verde de EEUU y China, que apostaron por eliminar el carácter vinculante de los acuerdos. Hasta la fecha los países estaban obligados a cumplir los objetivos de reducción de emisiones, pero en 2009 la dinámica cambió para siempre, reduciendo todo a la buena voluntad de los Gobiernos.

De la irrelevancia diplomática al Acuerdo de París

Tras Copenhague, los ánimos quedaron por los suelos. "Fue un momento de decepción enorme", argumenta Nuño, que recuerda cómo las movilizaciones sociales bajaron durante los siguientes años. También bajó la atención mediática y política de los siguientes encuentros climáticos de la ONU, sumergidos en una irrelevancia preocupante. 

No fue hasta 2015, seis años después, cuando se consiguió cambiar las dinámicas negativas y el enquistamiento de las negociaciones. Las partes consiguieron un nuevo acuerdo para avanzar en los compromisos de reducción de emisiones de acuerdo con las peticiones de la ciencia. De hecho, en esta reunión diplomática, las investigaciones científicas cobraron un papel sin precedentes, en tanto que los Gobiernos encargaron al Panel Intergubernamental del Expertos, el IPCC, un informe actualizado para poder organizar una hoja de ruta con la que mantener la subida de temperaturas del planeta por debajo del grado y medio. 

De ahí nació el Acuerdo de París, el documento respaldado por casi 200 naciones, nacido del consenso y del que todavía quedan puntos que pulir en Glasgow. "Desde entonces el papel del IPCC en los plenarios de las cumbres ha ganado mucho peso", opina la activista de Greenpeace, que considera que la gran victoria de 2015 fue el peso que adquirió la ciencia y la sociedad civil en las negociaciones internacionales. 

El Acuerdo de París, no obstante, nació de las heridas de Copenhague. El alineamiento del tratado y la ciencia contrasta con su carácter no vinculante, dejando las acciones concretas a la voluntad de los Gobiernos de turno y sin ningún tipo de régimen sancionador. "El único punto vinculante fue el compromiso de limitar la subida de temperaturas 1,5ºC, pero se puede decir que en términos generales hay un paso hacia atrás porque no puede obligar a cumplir con los acuerdos", arguye López de Uralde.

El documento ratificado en la capital gala por más de 190 países obligaba a los Gobiernos a presentar periódicamente Compromisos Nacionales Asumidos (NDC), un documento entregado a la ONU con el que cada parte informaba de sus planes para reducir las emisiones. Según los datos actuales, con los planes de descarbonización que cada nación ha presentado la temperatura global subirá 2,7ºC a finales del siglo XXI y las emisiones de CO2 incrementarán un 30% en 2030. La voluntad es insuficiente para mitigar la crisis climática.

Precisamente, esa es la barrera que los cuerpos diplomáticos y sus delegaciones han tratado de salvar en las últimas reuniones, que tratan de dar un contenido legal al Acuerdo de París. En Glasgow se brinda una nueva oportunidad para que los representantes políticos asuman su parte.

27/10/2021 23:19 Actualizad

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