Sábado, 04 Diciembre 2021 09:57

El gran robo de las semillas

El gran robo de las semillas

A la cárcel por guardar semillas de su propia cosecha. Suena increíble pero es la consecuencia que ha tenido en varios países la aplicación de leyes que otorgan "propiedad intelectual" sobre semillas a grandes empresas, con la protección del convenio UPOV (Unión internacional de Protección de Obtenciones Vegetales), institución que esta semana cumple 60 años. Podría pasar en México con la reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales propuesta por el diputado Eraclio Rodríguez, quien argumenta que es para armonizarla con el T-MEC y otros tratados de libre comercio. Rodríguez no es original, simplemente sigue los lineamientos que dictan las trasnacionales semilleras y de agrotóxicos como Bayer, Syngenta y Corteva. Son éstas las que se benefician de las normativas para privatizar semillas (https://tinyurl.com/yc285u3k).

Su objetivo no es la alimentación sino el lucro, ven a las semillas solamente como eslabón de la cadena industrial de agroalimentación, monopolizarlas como un paso clave para controlar toda la cadena. Por ello han promovido la privatización de las semillas con "derechos de obtentor" y patentes. Contra ese proceso, que es una vía para criminalizar la vida campesina y la producción soberana de alimentos, se está realizando del 2 al 8 de diciembre una campaña global contra la UPOV y la privatización de semillas, apoyada por 285 organizaciones de 47 países (#StopUPOV).

Una forma de imposición de las disposiciones de UPOV han sido justamente los tratados de libre comercio. En el marco de la campaña, Grain publicó esta semana un mapa interactivo de esos tratados y qué países los empujan. Queda visualmente muy claro que es un proceso de neocolonialismo. Pocos países, encabezados por Estados Unidos y Europa –sede de las trasnacionales semilleras– buscan asegurar la protección de los privilegios de esas empresas en los países del sur, especialmente en los que existe gran diversidad y son origen de las semillas que buscan monopolizar (https://grain.org/e/6768).

Privatizar semillas es en sí un concepto absurdo, ya que son una creación colectiva y fluida, que comenzó con mujeres que hace más de 10 mil años crearon formas de cultivar lo que antes sólo se recolectaba, dando así origen a la agricultura y los asentamientos humanos. Intercambiar y guardar semillas para las próximas cosechas es a la agricultura como el aire que respiramos. Como expresa Camila Montecinos de la Asociación de Mujeres Rurales e Indígenas de Chile, las constantes conversaciones de las comunidades que siembran con las semillas, los suelos, los cultivos, el clima, los bosques, montañas o llanos, las fuentes de agua, las necesidades de alimentación, abrigo, gustos y expresiones artísticas y espirituales, las formas de manejar enfermedades y muchas otras interacciones, es lo que mantiene las semillas vivas y todo el tiempo crea nuevas. Nunca es una creación individual, siempre son tejidos colectivos que parten de semillas anteriores y son base de las futuras (https://tinyurl.com/5ekmz2vv).

En el mismo sentido se pronunció esta semana contra UPOV y otros proyectos que vulneran la vida comunitaria y la autonomía indígena, la Red Mayense de Guardianes de Semillas (https://tinyurl.com/2p8usv8m).

El proceso de creación lleva más de 10 mil años y no es individualizable. Por ello, las empresas inventaron un absurdo para reivindicar su propiedad: que quien desarrolle una variedad en laboratorio pueda alegar que es su invento, su "obtención" y pedir un "certificado de obtentor" que impida a otros usar esa variedad, pese a que está basada en miles de años de creación colectiva. Para dar a este robo un marco internacional se creó la UPOV. Al principio restringía sólo el uso comercial por 5-7 años. Cambios sucesivos resultaron en la versión 1991 de ese convenio, que otorga exclusividad por más de 20 años, criminaliza y persigue los intercambios campesinos y de agricultores, restringe gravemente el acceso a semillas para investigación pública, permite obtener certificados incluso por "descubrimientos", extiende la "protección" a variedades similares a la desarrollada y afirma la criminalización y penalización de quien no cumpla.

En todas partes del mundo, pero especialmente en los países del sur global miembros de UPOV, los certificados otorgados siguen un patrón: más de 90 por ciento de los solicitantes son grandes empresas trasnacionales o sus subidiarias. Es básicamente una forma de resguardar los privilegios de las empresas en cada país y habilitarlas a usar los aparatos represivos y jurídicos nacionales contra las y los campesinos, agricultores e institutos de investigación pública. En muchos casos, como con el maíz, frijol, calabazas, nopal, amaranto y flores como cempasúchil o nochebuena, se otorgan derechos exclusivos a trasnacionales de cultivos con centro de origen y diversidad en los propios países que los ceden, un caso repetido en México.

La ambición de las empresas no tiene fin, y tampoco lo tendrá el aumento de las restricciones y penalizaciones que quieren imponer para resguardar sus privilegios a través de UPOV y otros sistemas de propiedad intelectual, como las patentes. Por ello la campaña exige terminar con la institución. Es apenas un comienzo.

Por Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo ETC

Hasta junio de 2021 la mitad de los hogares en América Latina no habían recuperado el nivel de ingresos que tenían en el primer trimestre del año pasado. Foto María Luisa Severiano/ Archivo

Debido a la falta de dinero, uno de cada cuatro hogares en la región ha pasado hambre en los últimos 30 días. El problema se agravó en los países con mayores niveles de desigualdad y pobreza, documentaron el Banco Mundial (BM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Los organismos detallaron que, previo al coronavirus, 12 por ciento de los hogares en América Latina se habían quedado sin comida al menos un mes. En casi un año y medio de crisis, esta proporción escaló a 24 por ciento. Se acompaña de menores ingresos de la población y un deterioro en las condiciones de trabajo.

En Haití, antes de que todo lo dominara una crisis mundial por la Covid-19, 50 por ciento de la población ya había reportado la falta de alimentos por no contar con dinero para adquirirlos, para junio reciente alcanzó 65 por ciento. En México también se duplicó la inseguridad alimentaria, pasó de afectar a una de cada diez viviendas a dos de cada diez.

De acuerdo con las encuestas telefónicas de alta frecuencia levantadas por el BM y el PNUD, hasta junio de 2021 la mitad de los hogares en América Latina no habían recuperado el nivel de ingresos que tenían en el primer trimestre del año pasado, esto pese a recibir transferencias gubernamentales.

Además, una de cada cuatro personas que perdieron su empleo con el inicio de la crisis, no lo había recuperado. De hecho, la ocupación en América Latina descendió de 76 por ciento a 62 por ciento. Se suma el avance de la informalidad, de 48 por ciento a 53 por ciento, y la disminución, de 43 a 37 por ciento, en las horas promedio de trabajo a la semana.

El BM y el PNUD reiteran uno de los diagnósticos más difundidos sobre la pandemia: la crisis se recargó en los que ya eran vulnerables económicamente, en las mujeres (especialmente las madres), en los trabajadores jóvenes y en aquellos con menores niveles educativos o de capacitación.

Pero entre todos los determinantes sociales, uno de los que más peso han detenido es el género. Los organismos muestran que la probabilidad de que las mujeres hayan dejado de trabajar es dos veces superior a la de los hombres, si son madres aumenta esta tendencia y lo hace otro poco si sus hijos son menores a cinco años.

Los datos muestran que 38 por ciento de las mujeres perdieron el trabajo con la pandemia, el doble que 17 por ciento de los hombres. Entre la población con hijos menores de cinco años, 40 por ciento de ellas salieron de sus empleos y no los han recuperado, frente 12 por ciento de los varones que en teoría tienen una responsabilidad igual.

En general, durante la pandemia, el cuidado en casa y el trabajo doméstico no remunerados aumentaron más entre las mujeres que entre los hombres, exhiben el BM y el PNUD; lo cual alcanza al trabajo doméstico, el cuidado infantil, de personas mayores o enfermas y la asistencia educativa.

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Domingo, 07 Noviembre 2021 05:15

Agronegocios contra el clima

Agronegocios contra el clima

En el marco de la COP26 sobre clima, Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos, dos países con grave culpa por el caos climático, anunciaron su nuevo plan para la agricultura y alimentación mundial. México se sumó, gracias al secretario de Agricultura Víctor Villalobos, atento a promover actividades contaminantes en favor de las trasnacionales de agronegocios.

Llamado Misión de Innovación Agrícola para el Clima, (AIM4C, por sus siglas en inglés), el plan fue anunciado por Joe Biden el 2 de noviembre. Tiene más de 70 socios entre grandes empresas trasnacionales, como Bayer, Basf, Syngenta, PepsiCo, junto a la asociación global de las empresas de agrotóxicos Croplife, la asociación global de la industria biotecnológica BIO, la fundación Bill y Melinda Gates, el Foro Económico Mundial (Foro de Davos), además de países que le dieron su apoyo como México y Brasil. Los mayores causantes del caos climático y la devastación ambiental, social y económica en agricultura y alimentación ven este plan como un jugoso negocio.

Según Tom Vilsack, secretario de Agricultura de EU, ya cuentan con inversiones por 4 mil millones de dólares para relanzar el concepto de "agricultura climáticamente inteligente". Se refieren ahora a una nueva ola de digitalización, alta tecnología y robotización agrícola y de distribución alimentaria, a semillas, animales y microorganismos transgénicos, producción de carne sintética en laboratorio, así como mantener el alto uso de agrotóxicos, pero "administrados" con plataformas digitales e inteligencia artificial.

Esta batería de nuevas tecnologías digitales, robóticas y biotecnológicas apuntan a consolidar la pesada entrada de los titanes tecnológicos, como Microsoft, Amazon, Google y Facebook en agroalimentación, en acuerdos con los de agronegocios como Cargill, Bayer y John Deere para lograr mayor control de las actividades de las y los agricultores y trabajadores, así como una visión panorámica de territorios y recursos, desde sus drones y satélites.

El 4 de noviembre, la red global Climate Action Network (CAN), que reúne a mil 300 organizaciones, le otorgó a este proyecto el "Premio Fósil del Día", que se entrega en la COP26 a quienes aumentan el caos climático o impiden enfrentarlo. El texto que acompañó el irónico premio expresa “¿Creía Joe Biden que (...) no nos daríamos cuenta de que es un ardid para reformular la agricultura industrial y las tecnologías disruptivas como acción climática? Está clarísimo que es todo lo contrario y va en contra de cualquier principio de justicia, desarrollo sostenible y seguridad alimentaria. Este "regalo" de Biden a la COP26 es parte de una estratagema para excluir a los agricultores de la agricultura y sustituirlos por robots, semillas editadas genéticamente y aumentar las ganancias en tecnología para sus compinches de Silicon Valley”.

Sol Ortiz, enviada de Sader a la COP26, defendió por años los intereses de Monsanto, Syngenta y afines como anterior secretaria ejecutiva de la comisión de bioseguridad. Aunque fue retirada de ese cargo, tomando en cuenta su desempeño en favor de las trasnacionales y los transgénicos, así como por haber obstruido las consultas a los pueblos indígenas que defienden la apicultura y las abejas contra la contaminación tóxica en la Península de Yucatán, el secretario Villalobos la recuperó para los intereses del agronegocio y la impuso directora de Atención al cambio climático y de la Estrategia nacional de polinizadores (!) dentro de la Sader. En su primer día de intervenciones en la COP26, Ortiz aseguró que México apoya esa "agricultura climáticamente inteligente".

Paradójicamente, el proyecto AIM4C en el que se ha embarcado a México sin consultar a las y los campesinos, intenta hacer creer que va hacia un sistema agroalimentario con menores emisiones de carbono. Por el contrario, además de mantener las emisiones de gases de efecto invernadero por el alto uso de agrotóxicos derivados de petróleo, de metano y otros gases causados por los fertilizantes sintéticos, las actividades "digitales", la captura de datos, almacenamiento y procesamiento en nubes informáticas, además de generar mayor dependencia de los agricultores, demandan una monstruosa cantidad de energía.

Por ejemplo, informa el grupo ETC, Bayer-Monsanto presume tener actualmente más de 69 mil millones de datos tomados de sus aplicaciones agrícolas –por cuyo uso cobra a los agricultores, aunque se apropia de su información. La empresa estima que los sensores en equipos de cosecha recogen hasta 7 Giga bits de datos por hectárea. Un cálculo aproximado indica que para ello, solo en campos de maíz en Estados Unidos se gastaría 3 mil 300 millones de kilovatios/hora (es decir, 3.3 teravatios/hora), equivalente al consumo anual de electricidad de una nación como Senegal. Y ésto es sólo una empresa, actualmente todas las trasnacionales de agrotóxicos, semillas, fertilizantes, maquinaria, junto a las grandes tecnológicas venden sus plataformas digitales agrícolas (https://tinyurl.com/ynyezvz7).

A todas luces, la Misión de Innovación Agrícola (AIM4C) es una nueva forma de empeorar el grave caos climático y de paso minar la soberanía alimentaria.

Por Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo ETC

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Bogotá.- Operación conjunta logra la incautación de gigantesco cargamento de cocaína en aguas del mar pacífico. (Colprensa - cortesía Ejército)

La OFAC hizo referencia a la sanción que se efectuó este jueves contra Zulma María Musso Torres, también conocida como ‘La Patrona’ o ‘La Señora’

 

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) se refirió a través de un comunicado a la amenaza que representa la cocaína colombiana para Estados Unidos luego de identificar personas y hasta entidades, que hacen que la droga circule internacionalmente, poniendo en alerta a las autoridades norteamericanas.

En el memorando, la OFAC hizo referencia a la sanción que se efectuó este jueves contra Zulma María Musso Torres, también conocida como ‘La Patrona’ o ‘La Señora’ a quien las autoridades estadounidenses describen como una de las cabecillas de una red de narcotráfico basada en Santa Marta.

“La designación de Musso Torres y de los miembros de su organización sirve para recordar que la cocaína colombiana sigue representando una gran amenaza para los Estados Unidos”, señaló la directora Interina de la OFAC, Andrea Gacki.

De acuerdo con información del Departamento del Tesoro, la organización de Musso Torres controla corredores marítimos estratégicamente localizados en el norte del país sudamericano (Magdalena, Atlántico y La Guajira) y cobra impuestos a los narcotraficantes por cada kilogramo de droga a cambio de protección y seguridad para sus cargamentos.

“La OFAC continuará trabajando con sus socios interinstitucionales para identificar, atacar y desmantelar las organizaciones de narcotráfico más importantes que facilitan el envío de droga”, sostuvo Gacki.

Asimismo, la organización identificó a los cómplices de la mujer y quienes también están en la lista del Departamento del Tesoro por suministrar apoyo material a las actividades de narcotráfico de Musso Torres. Se trata de sus dos hijos, Washington Antúnez Musso y Juan Carlos Reales Britto y su esposo, Luis Antonio Bermúdez Mejía.

Con respecto a las entidades que estarían relacionadas con las actividades ilícitas de ‘La Patrona’, están Exclusive Import Export S.A.S. y Polígono Santa Marta S.A.S., las cuales son propiedad de uno de sus hijos.

Este anuncio se da luego que el pasado 15 de septiembre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, identificó para el año fiscal del 2022 a los países con mayor tránsito de drogas o principales productores de drogas ilícitas en el mundo.

En la lista están: Afganistán, Las Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela.

“La presencia de un país en la lista anterior no es un reflejo de los esfuerzos antidrogas de su gobierno ni del nivel de cooperación con Estados Unidos (...) la razón por la que los países se incluyen en la lista es la combinación de factores geográficos, comerciales y económicos que permiten el tránsito o la producción de drogas, incluso si un gobierno ha adoptado medidas sólidas y diligentes de control de narcóticos y aplicación de la ley”, señala el documento.

Así mismo, Biden aseguró que su administración “tratará de ampliar la cooperación con socios clave, como México y Colombia, para dar forma a una respuesta colectiva e integral y ampliar los esfuerzos para abordar la producción y el tráfico de drogas sintéticas peligrosas que son responsables de muchas de nuestras muertes por sobredosis, en particular el fentanilo, los análogos del fentanilo y la metanfetamina”.

Y agregó: “Estados Unidos está comprometido a trabajar junto con los países del hemisferio occidental como vecinos y socios para enfrentar nuestros desafíos compartidos del tráfico y el consumo de drogas”.

Por su parte, el presidente, Iván Duque y el ministro de Justicia, Wilson Ruíz, reaccionaron de manera efusiva al memorando que emitió el mandatario de los Estados Unidos.

Desde su visita de Estado en Madrid, España, el presidente Duque resaltó la labor de las fuerzas militares colombianas y dijo que la calificación de Biden responde al esfuerzo que los soldados y policías desarrollan en beneficio de la patria.

“Colombia logró el año pasado las mayores incautaciones de droga de su historia. Registró 130.000 hectáreas erradicadas, la mayor destrucción de laboratorios y representa más del 45 % de todas las incautaciones de droga en el hemisferio occidental”, expresó el jefe de Estado.

Además, añadió que recibir este tipo de reconocimientos hace mérito a la labor heroica y titánica de los héroes de nuestro país”, agregó el primer mandatario, quien fue secundado por el jefe de la cartera de Justicia, quien destacó:

“Seguir combatiendo integralmente todos los eslabones del negocio de las drogas ilícitas. Celebro que el Gobierno de Estados Unidos ratifique el apoyo para continuar con la lucha contra las organizaciones del narcotráfico”, dijo el ministro Wilson Ruiz.

16 de Septiembre de 2021

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Fuentes: Virginia Bolten [Foto: Verónica Raffaelli, @veroraffaph]

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la forma de producción de alimentos en el mundo es responsable de un tercio de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Desde hace varios años el Panel Internacional para el Cambio Climático de la ONU (IPCC) alerta sobre los impactos del Cambio Climático sobre la agricultura. Sin embargo, con el agravamiento del escenario que ahora es de Emergencia Climática con muestras de alcance de puntos de no retorno, es ineludible el debate sobre el impacto de los agrotóxicos sobre el Cambio Climático. Si por un lado la ONU plantea la necesidad de un cambio de dieta que reduzca el consumo de carnes —sobre todo aquellas provenientes de la cría intensiva—, por otro no se puede dejar de discutir los efectos del cambio en el uso del suelo. Porque el suelo, que naturalmente debería ayudar a equilibrar las temperaturas globales, pasó a ser un importante emisor de GEI a raíz del uso intensivo, contaminante y basado en los monocultivos que son sabidamente responsables de la destrucción de la biodiversidad. La tala de bosques y el uso de agrotóxicos va a contramano de las recomendaciones del IPCC. Y si es verdad que un cambio en la alimentación de los seres humanos es urgente, también es verdad que la producción de estos alimentos tiene que ser agroecológica, y no agroquímica. 

La alerta está no solo en los informes de los expertos. Cada día llegan noticias que alrededor del mundo se presentan incendios , inundaciones, olas de calor mortíferas, aumento del número de refugiados climáticos, aumento de la temperatura de los océanos, deshielo de los Polos… Y la lista  podría seguir por más de algunos párrafos. Frente a esta realidad, sin embargo, después de anunciado el Acuerdo de París, el aumento de los GEI han aumentado en lugar de disminuir, y la quema de combustibles fósiles —históricamente la mayor responsable por el actual estado de cosas— tampoco ha disminuido. Las grandes empresas junto a los Estados del Norte Global parecen no preocuparse por el destino de la humanidad. Pareciera que es más fácil pensar el fin del mundo que la pérdida del poder concentrado de las petroleras o del poder de las empresas de agrotóxicos que, no por casualidad, están concentradas en China, Alemania y Estados Unidos. Todas estrellas en el mercado bursátil.

Según la investigadora brasileña Larissa Bombardi, del año 2012 al año 2017, el mercado de agrotóxicos en Brasil —mayor consumidor en el mundo— aumentó un 25%. Larissa argumenta que la especulación en el mercado financiero es el gran impulsor de este incremento tanto por el rol de las materias primas que son negociadas en la Bolsa de Valores como por todo lo que acompaña esta producción para exportación. En Brasil, 7 de los 10 productos más exportados son de origen agropecuario y casi la totalidad de las semillas  utilizadas para la producción son genéticamente modificadas. 

Esa disputa por un mercado que crece a niveles impresionantes parece ser  también la apuesta de Argentina: este país, que es el tercer mayor consumidor de agrotóxicos en el mundo, aprobó el primer caso de trigo transgénico a nivel mundial. El Trigo HB4, que es tolerante al Glufosinato de Amonio —un poderoso agrotóxico que, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, (FAO), es 15 veces más tóxico que el Glifosato— ahora necesita solo de la aprobación de Brasil para su importación. El mercado brasileño es el principal destino del trigo argentino.

Desarrollado para ser resistente a sequías, el Trigo HB4 fue producido por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la Universidad Nacional del Litoral (UNL), como mencionamos en una nota anterior de Virginia Bolten, en convenio con la empresa de capitales nacionales, Bioceres.  

Lejos de lo que sería deseable para hacer frente a la Emergencia Climática, la producción del trigo es defendida como una forma de adaptación al cambio climático. Sin embargo, el uso de un fertilizante químico aún más contaminante que los tradicionales, es una amenaza al clima. Más allá de esto, presupone un aumento de productividad que significará la expansión de la zona agropecuaria y, por ende, un mayor avance sobre los ecosistemas, en un país que ya tiene 75% de su territorio cultivable tomado por el monocultivo y una concentración de tierras que imposibilita el desarrollo de la agricultura familiar y la producción de alimentos agroecológicos, verdaderas soluciones para recuperar los suelos dañados y producir de forma ecológicamente aceptable dados los retos ambientales impuestos para los próximos años. 

Al asumir su preferencia por una agricultura capitalista que prescinde de los y las trabajadoras, reemplazándolas por aviones y drones fumigadores, sacrificando la salud de las personas y de los ecosistemas en favor del negocio de unos pocos que quieren beneficiarse de un modelo de producción considerado obsoleto, que ya es rechazado en gran parte del mundo, el Estado argentino sigue con su política de inserción en la economía globalizada desde un lugar de subordinación. Si la soberanía comienza por la boca, desde Virginia Bolten preguntamos: ¿qué Argentina se está construyendo para las próximas generaciones?

Por | 30/08/2021

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Sábado, 28 Agosto 2021 07:17

UPOV: 60 años de más

UPOV: 60 años de más

Organizaciones internacionales y continentales de Asia, África y América Latina lanzaron este mes un llamado a organizar una semana de acciones contra la UPOV, (Unión internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales) con la demanda central de terminar con este nocivo organismo internacional que cumple 60 años en diciembre (https://tinyurl.com/jfdawh3w).

La UPOV tiene como meta principal la privatización de las semillas y en consecuencia, la criminalización de quienes las intercambien o usen libremente.Comenzó en 1961 con seis países europeos como miembros, para instaurar algo parecido a las patentes aplicado a plantas y que tuviera validez internacional. Le llamaron certificados de obtentor, ya que se refieren al desarrollo de plantas como obtenciones vegetales. Ese certificado les permite alegar que una variedad vegetal desarrollada en un laboratorio está protegida e impedir que otros la usen o para obligar a pagarle regalías.

Esto es un concepto enfermo, porque todas las variedades vegetales que usamos o consumimos, son un desarrollo previo de muchas otras personas, no individualmente, sino en colectivo, en pueblos y comunidades. Por tanto, el trabajo que investigadores y agrónomos puedan hacer por algunos años en laboratorio, siempre se basa en ese trabajo colectivo anterior construido durante milenios.

Sin semillas y sin campesinado no sería posible la agricultura. Desde que comenzaron la agricultura y la crianza de animales, campesinas, campesinos y agricultores, han desarrollado, compartido y conservado cuidadosa y libremente millones de variedades de cultivos diferentes, adaptadas a nuevas y diferentes condiciones sociales y ambientales. Hoy la gente del campo se enfrenta a amenazas extremas por la privatización de sus semillas mediante leyes que prohíben las variedades locales y originarias que no se ajustan al modelo industrial, restringiendo el acceso y la circulación, explican las organizaciones que convocan a la semana de acción contra la UPOV, entre ellas La Vía Campesina, las organizaciones Alianza por la Biodiversidad en América Latina, las africanas COPAGEN y African Center for Biodiversity, las redes Stop Golden Rice y APBREBES de Asia, además de internacionales como Grain, Amigos de la Tierra y Grupo ETC.

El llamado destaca el papel fundamental de las mujeres en el origen, cuidado, selección y adaptación de semillas a muchísimos usos alimentarios, medicinales, para abrigo, construcción, forrajes. No es algo pasado, es un proceso continuo y actual, base de la subsistencia en todo el mundo. En esos sistemas colectivos, compartir conocimientos, intercambiar semillas y aumentar su diversidad todo el tiempo es como el aire que respiramos, la base de la vida. Esos procesos son los que la UPOV ataca, criminalizándolos.

Este organismo ha sido muy útil para las empresas, sobre todo las corporaciones trasnacionales que dominan el sector semillero, como Bayer-Monsanto, Syngenta, Corteva y Basf. En 2020, seis empresas –incluyendo las nombradas– concentraron 78 por ciento del mercado global de semillas comerciales y un porcentaje aún mayor del mercado de agrotóxicos. La mayoría de los derechos de obtentor registrados en todo el mundo son a favor de empresas trasnacionales con sede en Estados Unidos o la Unión Europea.

La UPOV tiene actualmente 77 estados miembros y se rige por un convenio que ha tenido actualizaciones en 1978 y 1991. La última coincide con el agresivo proceso de las trasnacionales de agrotóxicos para engullir a las semilleras nacionales y lograr marcos cada vez más restrictivos que consoliden la propiedad intelectual de las empresas sobre las semillas, que castiguen a quien no cumpla y penalicen los intercambios no controlados por ellas, incluso para investigación.

Paralelamente a la UPOV, las empresas cabildearon normativas de propiedad intelectual sobre plantas y seres vivos en la Organización Mundial de Comercio y en los tratados de libre comercio regionales y bilaterales, todo lo cual se refuerza mutuamente. Por ejemplo, tratados como el T-MEC, el Transpacífico (ATP) y con la Unión Europea (TLCUE), exigen a México cambiar sus leyes de semillas para que cumplan con el acta 1991 de la UPOV. Esas cláusulas contra el campesinado, la soberanía alimentaria y en favor de las trasnacionales las retomó el diputado Eraclio Rodríguez de Morena, con una iniciativa de reforma de la Ley Federal de Variedades Vegetales, que está pendiente y ha sido rechazada por muchas organizaciones, entre ellas la Red en Defensa del Maíz (https://tinyurl.com/5ep9f3ut).

En muchos otros países hay iniciativas casi iguales, porque todas provienen del mismo centro de interés: las trasnancionales de semillas y agrotóxicos globales, que se basan en el marco de la UPOV.

Esas normativas nunca debieron existir, porque las semillas son la base de la alimentación de todas y todos, y como bien estableció La Via Campesina, son patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad. Cualquier forma de privatizarlas es por tanto un robo, por ello no se trata de reformar sino de desmantelar la UPOV.

Para conocer con detalle el tema y sus implicaciones, recomiendo leer un excelente resumen de Grain y la Alianza Biodiversidad en América Latina, que también ofrece un breve video didáctico (https://tinyurl.com/c8pxy57k).

Silvia Ribeiro*, Investigadora del Grupo ETC

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Byron Maher Sancho R. Somalo

Los pequeños seres que mantienen la biosfera desaparecen a un ritmo tan poco conocido como frenético. Son la base de multitud de procesos ecosistémicos sin los que la vida desaparecería. El ser humano está detrás de su declive, especialmente con la proliferación de la agricultura industrial intensiva y los productos que esta necesita: los biocidas.

 

Una colmena de Bombus terrestris, el abejorro común, cuesta unos 30 euros en internet. Los humanos los utilizamos para la polinización de cultivos hortofrutícolas en entornos artificiales. Un invernadero de El Ejido, por ejemplo, los necesita. A ellos o a algún tipo de abeja. Se usan sistemáticamente para el cultivo de la mayoría de las hortalizas. Concepción Ornosa, entomóloga de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y especialista en polinizadores, cuenta que ha llegado a encontrarse subespecies italianas en pleno Maresme catalán, “y eso es porque los habían utilizado para polinizar cultivos”. El negocio no debe de ir mal. Se venden cada vez más, según asegura Theo Oberhuber, coordinador de proyectos de Ecologistas en Acción. Como explica, “en el cultivo bajo plástico no cuentan con polinizadores silvestres. O esa función se realiza a mano, con un pincel, o se tienen que comprar”.

Mientras la caja de abejorros llega vía mensajero a El Ejido, un agricultor castellano esparce insecticida con su tractor en campos de Valladolid. La llegada de la llamada revolución verde, en la segunda mitad del siglo XX, trajo consigo un mayor rendimiento agrícola, pero implicó el uso de técnicas y productos para que el vegetal produjese más, y más rápido, sin amenazas ni plagas. A los fertilizantes se les suman los biocidas: herbicidas, fungicidas e insecticidas. Y estos afectan al resto de otros habitantes del campo.

Los más mayores pueden atestiguar que en las siete horas en coche que existen entre el campo vallisoletano y el invernadero almeriense hay algo que ya no ocurre. Antes, faros y parabrisas quedaban impregnados de los cuerpos de gran cantidad de insectos que fallecían por el impacto contra los coches. Hoy, la cantidad es tan pequeña que a menudo no hay que usar ni el agua del limpiaparabrisas.

Apocalipsis micro

Se comparta este último hecho o no, las matemáticas siempre mandan. Un 41% de los insectos está amenazado y podría extinguirse en cuestión de décadas debido a las “dramáticas tasas de disminución de poblaciones”, con un tercio del total en “grave peligro de extinción”. No es que lo diga un estudio en concreto, lo dice el trabajo, publicado en la revista Biological Conservation en 2019, que revisa otros 73 informes sobre la reducción de biomasa de insectos.

Francisco Sánchez-Bayo, ecólogo asentado en la Universidad de Sídney (Australia), es uno de los dos responsables del mencionado informe, un documento que apuntaló las últimas dudas sobre la extinción masiva de insectos actual. “Nuestro estudio es una revisión de todo lo que se ha publicado en los últimos 20 años sobre su declive”. Habla de que aún hay una importante falta de datos en muchos grupos, pero otros se conocen muy bien, especialmente los más visibles, como las mariposas o los escarabajos. Son los que han estudiado, comparando las poblaciones actuales con las de hace medio siglo. Y los resultados son duros: se han dado disminuciones de poblaciones “del 50% o más” en varias especies de mariposas o polillas. En términos humanos, sería el apocalipsis.

La crisis de los insectos se enmarca en la llamada sexta extinción, que engloba a todo el reino animal y vegetal y tiene en la pérdida de ecosistemas, la contaminación, las especies invasoras y el cambio climático sus principales causas. Todas, claro, se concentran en una: la actividad humana.

La crisis es global y las cifras, aterradoras. Entre 1970 y 2016, las poblaciones de especies de vertebrados han disminuido una media del 68%, según señala el informePlaneta Vivo 2020, de WWF. Pero en el reino de los insectos, lo es aún más: “Los insectos tienen una tasa de extinción ocho veces mayor que mamíferos, aves y reptiles”, señala Oberhuber.  Los ejemplos están por doquier. En Alemania, un estudio publicado en la revista científica PLOS alertaba de disminuciones del 75% de la biomasa total de insectos voladores de las áreas protegidas del país. Se había producido en tan solo 27 años, entre 1989 y 2016.

Otra investigación, en este caso firmada por la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas, habla de importantes reducciones de las poblaciones de abejas y mariposas en el continente europeo. Del 37% y el 31%, respectivamente. Como expone la entomóloga de la UCM, “un 46% de las especies de abejorros en Europa están amenazadas”.

Si se quieren ejemplos más cercanos, en el caso español no se puede decir que no se hubiese lanzado la alarma hace tiempo. En 2013, una investigación alertaba de la pérdida para siempre de siete de las 73 especies de la reserva natural de El Regajal-Mar de Antígola, con otras 27 en grave declive. Y en los Pirineos, nueve de las 37 especies de abejorros ya han desaparecido, según investigaciones en las que ha participado la propia Ornosa. En relación a los polinizadores ibéricos, “se estima que el 40% está en peligro de extinción”, señala Oberhuber.

Excrementos perennes

La humanidad no es consciente de lo que es un mundo sin insectos. La entomóloga califica de “inimaginable”un planeta sin ellos. De la desaparición de miles de especies de plantas por la falta de polinizadores a un mundo cubierto de mierda —en el sentido literal de la palabra—, la pérdida de fertilidad del suelo o la extinción de los predadores de los insectos. “Sin ellos, el mundo estaría cubierto de excrementos, porquería, animales muertos y muchas más cosas”, explica el entomólogo de la Universidad de Sídney.

El reciclado de los ecosistemas y la degradación del material orgánico son labores fundamentales de los insectos. Los animales muertos son devorados por ellos tras los carroñeros. Moscas y escarabajos se alimentan de heces y animales en descomposición. Si el ecosistema está sano, no se produce un reciclado como el de Ecoembes: este es total. Su papel como descomponedores fertiliza además los suelos, consumiendo y digiriendo hongos, así como materia vegetal y animal, para descomponerla en sustancias que enriquecen el suelo y proveen de alimento a las plantas.

Otro de sus papeles fundamentales es la polinización. “La mayor parte de las plantas con flores son polinizadas por insectos”, explica Ornosa. Y en su gran mayoría, esta función la realizan las abejas. No hablamos solo de la abeja de la miel. “Se calcula que hay 17.000 especies de abejas —cuatro veces más que mamíferos—, y la melífera es solo una”, continúa la especialista.

Si bien en este grupo de insectos se cuelan algunas mariposas, escarabajos y algunos animales más, incluidos algunos murciélagos, son las abejas las responsables de entre el 90 y el 95% de la polinización. “Tienen unas características morfológicas distintas al resto de animales que les sirven para recolectar néctar y llevarlo a sus nido”, explica la entomóloga, lo que incluye “unos cestitos especiales que las hacen absolutamente únicas”.

Por supuesto, los agricultores se benefician de ellas, ya que la mayoría de los cultivos dependen de los polinizadores. Como explica el especialista de Ecologistas en Acción, “sin ellos no vas a poder comer manzanas o se van a encarecer muchísimo porque dependerán de una polinización artificial o a mano, con su coste”.

La base de la cadena

“No nos damos cuenta de que son fundamentales para los ecosistemas”, cuenta Sánchez-Bayo. Desde las antípodas enumera las cadenas tróficas que se romperían: el 60% de los pájaros depende de los insectos porque son su alimento. A ello hay que sumarle, entre otros grupos, sapos, lagartos y la mitad de los peces del planeta, con larvas de insectos como alimento. “Incluso mamíferos: erizos, osos hormigueros, murciélagos… Eliminarlos supone que todos estos animales desaparezcan”.

Es algo que ya está pasando. Un estudio publicado en Nature asociaba directamente el uso de pesticidas neonicotinoides con el declive de las aves en Holanda. Es una cadena que ni siquiera alcanzamos a imaginar dónde acaba, y es global. Como señala Ornosa, “no hay red ecológica donde los insectos no estén representados en todos los niveles”.

Las causas de este desastre son conocidas. Solo el 2% de los insectos tienen efectos ‘negativos’ para el ser humano, pero la búsqueda de su eliminación abarca mucho más. Yolanda Picó, química e investigadora de la Universitat de València y especialista en toxicidad de los biocidas, explica que, en general, estas sustancias son compuestos diseñados para eliminar seres vivos. Sin embargo, “digamos que no son tan selectivos y, si eliminan a un insecto, probablemente eliminen también toda una serie de insectos beneficiosos”.

Desde Sídney, Francisco Sánchez-Bayo pone el foco en que un nueve de cada diez biocidas no son un problema, pero el restante 10% “se utiliza de continuo y en todas partes: las compañías los promueven y dan incentivos a los agricultores para quelos sigan usando”. De hecho, cada año es peor. “Los insectos crean resistencias y hay que añadir cada vez más sustancias”, explica Picó, quien no comparte el dictamen del entomólogo sobre ese 10%: “El problema está en todos, se han diseñado para eso”.

La especialista asegura, sin embargo, que se ha mejorado mucho en la Unión Europea. “Hace unos años se hizo un cribado de todos los pesticidas que se utilizaban para eliminar los más tóxicos y se prohibieron muchos”. Es el caso de la atrazina o muchos neonicotinoides, sustancias que afectan al sistema nervioso central, causando parálisis en el animal.

Tóxicos y lobbies

La concienciación sobre la desaparición de las abejas llevó a que en 2013 la UE comenzara a limitar neonicotinoides como la clotianidina, el imidacloprid y el tiametoxams, insecticidas utilizados en 140 tipos de cosechas por todo el mundo, ampliando su prohibición en 2018 a todo cultivo al aire libre. Sin embargo, en junio el Parlamento Europeo aprobó una resolución que pedía una nueva evaluación científica y consideraba que la evaluación del riesgo del imidacloprid había sido “deficiente”.

“En principio, la legislación es estricta y se sigue, pero cuando más dinero tienes más capacidad tienes para realizar estudios y para presentarlos de una manera adecuada, y ahí existe una cierta capacidad de lobby [de la industria]”, apunta la química.

El Europarlamento también recordaba que varios estudios habían catalogado el imidacloprid “como una sustancia tóxica para la reproducción y un alterador endocrino que puede afectar negativamente al corazón, el riñón, la tiroides y el cerebro y puede provocar síntomas neurológicos, como insuficiencia respiratoria y la muerte”. Precisamente, ese mismo mes tenía lugar un debate sobre la propuesta de utilizarlo para acabar con los parásitos de los salmones en las piscifactorías de Gran Bretaña. “Habrán hecho estudios y las compañías dijeron que no era peligroso para los peces porque tenía solo cierto nivel de toxicidad. Pero claro, en el agua no solo están los salmones”, añade Sánchez-Bayo.

Las dos grandes amenazas, para Theo Oberhuber, están ligadas a la actividad agraria. Además de los biocidas, señala los cambios de uso del suelo y la continua pérdida de hábitats por la expansión agrícola, que deja sin su espacio a insectos que han evolucionado para adaptarse a medios concretos. “La agricultura, con las famosas concentraciones parcelarias, se ha ido intensificando y ha supuesto la destrucción de hábitats de muchas especies”. Por su parte, Sánchez-Bayo añade que “la agricultura intensiva supone la deforestación de bosques originales y zonas arbustivas”, remarcando que la tala masiva para macroexplotaciones intensivas en países como Brasil, Indonesia o varias naciones tropicales africanas supone la causa fundamental en el ecocidio de los insectos en dichos lugares.

Además, junto a las especies invasoras transportadas por el ser humano, que desequilibran los ecosistemas, el cambio climático se suma al cóctel, favoreciendo la proliferación de algunas “especies plaga”. “En los bosques, en concreto, se ha demostrado que les afecta mucho la falta de humedad. Con el calentamiento se evapora del suelo y muchas de las larvas que viven allí mueren”, explica a El Salto el entomólogo.

Modelo agrario

Hecho el diagnóstico, faltan soluciones. Theo Oberhuber incide en la necesidad de cambiar el modelo agrario y favorecer una transición a una agricultura más ecológica, que limite al máximo el uso de fitosanitarios: “Hay que explicar a los agricultores que, en el fondo, son prisioneros de esos productos porque cada vez tienen que echar más”, dice, algo que también ocurre con los fertilizantes.

Picó, por su parte, insiste en aplicar mejor los productos, un mayor control de las sustancias permitidas y el uso de sustancias más dirigidas a una plaga en concreto y que sean menos tóxicas para el resto. “Hay productos muy prometedores, pero están en una fase experimental o no se han generalizado entre los agricultores”, apunta. El cumplimiento y la ampliación de normativas que mejoren la situación, tales como no fumigar en periodos de floración, también son claves para la investigadora.

Incidiendo en que lo principal es controlar el uso de biocidas y promover una agricultura más sostenible, Ornosa habla de restaurar la flora autóctona. “No hay que quitar las malas hierbas de las ciudades, que en realidad no lo son, sino que son la flora autóctona; hay cantidad de seres que las utilizan”.

Sánchez-Bayo, por su parte, apuesta por el control integrado de plagas, como se conoce al uso de métodos naturales para prevenirlas. “Hay que utilizar las especies naturales depredadoras de estos insectos, así como los parásitos, para controlar las plagas”, afirma. “Son cosas que se conocen bastante bien en muchos casos, pero hay que implementarlas”.

Existen además soluciones más simples. Como plantea Oberhuber, “hay cosas superfáciles; por ejemplo, en los años 60 las cunetas y los terrenos cercanos a las carreteras eran silvestres y una zona con una altísima densidad de plantas silvestres. Al final son muchas hectáreas, y todo eso ha desaparecido”. Es una solución que se está implantando en Alemania.  

También en el entorno urbano hay opciones, como la iniciativa holandesa de plantar especies silvestres sobre las marquesinas de autobús. Favorecer especies autóctonas en la jardinería de las ciudades en vez de plantas ajenas al medio en concreto, “algo que además cuenta con un presupuesto importante”, recuerda Oberhuber, ayudaría asimismo a incrementar la biomasa de insectos de pueblos y ciudades. Y volviendo al campo, la implantación de zonas arbustivas o silvestres en los lindes de los cultivos sería un paso de gigante, explica.

Por último, Francisco Sánchez Bayo lanza un mensaje: “Somos consumidores y como tal tenemos que exigir que los productos que compramos utilizan el mínimo de pesticidas”. Ahora, a trabajar.

Por Pablo Rivas

@PabloRCebo

21 ago 2021 06:00

Publicado enMedio Ambiente
Sábado, 31 Julio 2021 06:37

El alto costo de la mala comida

El alto costo de la mala comida

Por cada peso que pagamos por comida industrializada, pagamos otros dos pesos más por los daños a la salud y al ambiente que provoca el sistema agroalimentario industrial. Es un dato tremendo que en el Grupo ETC estimamos a nivel global y revelamos desde 2017 en publicaciones y videos didácticos (https://tinyurl.com/6bwaa997).

Ahora, la conservadora Fundación Rockefeller publica un informe basado en amplios datos estadísticos, que confirma esta relación con análisis de la realidad en Estados Unidos. (True cost of Food, julio 2021, https://tinyurl.com/ezj93vva).

En ese país, la población gasta anualmente 1.1 billones (es decir 1.1 millones de millones) de dólares en comida. Sobre eso, los gastos generados por la producción, distribución y venta de comida industrial en atención a la salud, daños ambientales, erosión de suelos, contaminación de agua, deforestación, destrucción de la biodiversidad y emisión de gases causantes del cambio climático, así como costos sociales por trabajo infantil, salarios de hambre, enfermedades ocupacionales y falta de beneficios laborales, suman 2.1 billones de dólares adicionales. Costos que son pagados por el erario, es decir por la propia población.

De ese total de 2.1 billones de dólares anuales de gastos que genera la cadena agroindustrial, los de atención a la salud, daños ambientales y a la biodiversidad son 99 por ciento.

Es un subsidio mayúsculo e invisible a las empresas trasnacionales que dominan la cadena agroalimentaria industrial para seguir produciendo alimentos industriales y transgénicos, con glifosato y otros agrotóxicos, para seguir con grandes criaderos de cerdos, pollos y vacas que provocan epidemias, deforestación, contaminación de aguas y destrucción de biodiversidad en los campos, para seguir con la producción de alimentos ultraprocesados y con exceso de grasas, sal y azúcares, que las empresas llenan de conservantes, texturizantes, colorantes, saborizantes y otros químicos para que soporten largos transportes y mayor tiempo sin mostrar pudrición en supermercados y para engañar con sabores artificiales y adictivos a los consumidores.

Además de dar cuantiosas ganancias a las trasnacionales, el sistema agroalimentario industrial, está estrechamente ligado a las enfermedades que son las principales causas de muerte en el mundo. Un informe de la OMS publicado en diciembre 2020, muestra que de las 10 principales causas de defunción en el mundo siete son enfermedades no trasmisibles (o sea, no contagiosas). Las principales son enfermedades cardiovasculares "causadas, por ejemplo, por exceso de colesterol", hipertensión, varios tipos de cáncer principalmente digestivos y enfermedades renales. Destaca la OMS la entrada de la diabetes a la lista de las 10 principales causas de muerte, dolencia que aumentó en 70 por ciento a escala global entre los años 2000 y 2019, y en 80 por ciento como causa de muerte entre los hombres (https://tinyurl.com/4xkz9yya). Todo esto en el contexto de una pandemia global de obesidad, desnutrición y malnutrición que sufre más de la mitad de la población mundial.

Solamente 24 por ciento de las principales causas de muerte a escala global son enfermedades contagiosas y de ellas, más de dos terceras partes son de origen zoonótico, la mayoría originadas a partir de la cría industrial confinada de animales, como por ejemplo la gripe aviar y la gripe porcina (H1N1).

Justamente una de las cosas que esta pandemia ha puesto sobre la mesa es la estrecha conexión que existe entre la alimentación y las enfermedades. La gran mayoría de los casos graves y de muerte con Covid-19, han sido personas con comorbilidades como obesidad, diabetes, hipertensión, problemas cardiacos, colesterol alto y otras afecciones cardiovasculares, además de edad avanzada y problemas respiratorios.

Las pocas décadas en las que se ha globalizado el consumo de comida industrializada han llevado a una crisis de los sistemas inmunológicos de la gente y los animales, que nos ha dejado muy debilitados frente a nuevas enfermedades infecciosas.

Esta situación es aún peor en México. En 2019, El Poder del Consumidor reportó que 88.8 por ciento de las defunciones fueron por problemas de salud, con un alto porcentaje de obesidad, diabetes, hipertensión. México es donde más se vende comida ultraprocesada y refrescos azucarados en América Latina (https://tinyurl.com/nhv6yvbk).

Un tema que no es individual, sino sistémico y se debe encarar como tal. El sistema alimentario agroindustrial, desde las semillas al plato, es un generador de enfermedad y es causa mayor de destrucción ambiental, pero pese a ello, subvencionamos a las empresas que lo dominan pagando el triple del costo de la comida.

Es el mismo tipo de empresas que ahora están en juicio contra el decreto oficial que instruye a buscar alternativas al glifosato, para defender su derecho a seguir poniendo veneno en nuestros alimentos. Por la salud de la gente y de la naturaleza, tenemos que sacarlas de nuestra comida, recuperar un sistema alimentario sano, sin químicos, basado en la producción campesina, mercados locales y diversos, con comida que alimente en lugar de enfermar.

Silvia Ribeiro, Investigadora del Grupo ETC

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La ONU y el capitalismo verde atacan la soberanía alimentaria

Conoce las críticas de las mujeres a la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios y el avance del poder corporativo sobre la alimentación y la naturaleza.

Los movimientos sociales que luchan por la soberanía alimentaria y la agroecología denuncian y rechazan la ofensiva del poder corporativo sobre la alimentación y la naturaleza, representada por la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas (UNFSS – UN Food Systems Summit).

Esta conferencia resulta de un acuerdo entre la ONU y el Foro Económico Mundial y forma parte de la estrategia de las grandes corporaciones transnacionales para avanzar sobre la alimentación. La Cumbre está organizada según el modelo de “múltiples partes interesadas”, que sitúa a las empresas transnacionales en el centro de la elaboración política. De este modo, se consolida la privatización de la política y la captura corporativa del sistema de Naciones Unidas.

La Cumbre pasa por alto procesos e instancias construidos desde hace décadas con la participación de los movimientos campesinos e indígenas, ignora la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y ataca directamente la soberanía alimentaria. Por ello, la Vía Campesina hace un llamado a boicotear la Cumbre bajo el lema: “¡Nunca más en nuestro nombre!”

Las mujeres de la Marcha Mundial de las Mujeres, Amigos de la Tierra Internacional, FIAN y La Vía Campesina denuncian[1] la ofensiva de la apropiación de la naturaleza, los territorios y alimentos por parte del mercado. En esa ofensiva convergen varios frentes del capitalismo racista, patriarcal y colonialista. La apropiación de los sistemas alimentarios, la agricultura 4.0, la economía verde y las soluciones conocidas como “basadas en la naturaleza” están interrelacionadas y tienen como trasfondo la digitalización.

Una vez más, las élites económicas utilizan la profunda crisis que estamos viviendo como una justificación para sus falsas soluciones, que incorporan más aún la naturaleza al circuito financiarizado de la acumulación capitalista.

Nuestra resistencia parte de la crítica y la afirmación de que los modos como los pueblos, campesinos, indígenas y las mujeres históricamente hacen agricultura y se relacionan con la naturaleza son las verdaderas soluciones. 

El lugar de la alimentación y la naturaleza en el conflicto capital-vida

No se puede considerar la alimentación de forma aislada porque está en el centro de la organización de la sociedad y de nuestra vida común. Cuando las corporaciones transnacionales se organizan para controlar todo el sistema alimentario, quieren controlar la sociedad y la vida.

Las mujeres advierten que lo que está en juego es un cambio en el sentido y el significado de los alimentos y la comida. Está relacionado con el actual proceso de reestructuración de la industria alimentaria. En ello, los productos alimenticios ultraprocesados presentan la “fortificación” como solución. Añaden “más calcio” en la leche o cambian el azúcar de la Coca-Cola por stevia, como si ser saludable se redujera a eso. Lo “nutritivo” se mide ahora por la fragmentación de las sustancias, que pueden producirse en los laboratorios, en un proceso avanzado de hacer artificial todo lo que comemos.

Por lo tanto, es importante estar atentas en nuestros análisis integrales, comprendiendo la relación entre el acaparamiento de tierras y la expulsión de campesinos por parte del agronegocio, y las inversiones en biología sintética y molecular, por ejemplo.

Bill Gates es una de las figuras que más representan esta articulación corporativa para el control de los sistemas alimentarios: sus fundaciones y fondos de inversión están comprando simultáneamente grandes cantidades de tierra, realizando inversiones en pesticidas, corporaciones de semillas, propiedad intelectual y aplicaciones para poner a los pequeños agricultores y campesinos bajo su control digitalizado, empresas de proteínas vegetales, entre otros. No es casualidad que la persona que encabeza la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios sea el presidente de AGRA (Alianza para una Revolución Verde en África), una iniciativa financiada por Bill Gates.

Un aspecto central de la reflexión feminista sobre los peligros de la Cumbre es la relación entre la alimentación y la naturaleza. El marco de tal relación es el capitalismo verde. Reduciendo la complejidad de la crisis ambiental al cambio climático, los proyectos de economía verde se orientan a la creación de nuevos mercados, insertados en la lógica de la especulación y la financiarización. Se trata de los mercados de carbono, de los que REDD+ es una referencia, y de los mercados de ecosistemas constituidos, por ejemplo, por el pago por servicios ambientales. Los fondos de inversión de impacto en “sistemas alimentarios climáticamente inteligentes” son un ejemplo de incorporación de la agricultura al circuito de la economía verde.

La disputa política en torno a la alimentación y la naturaleza pasa por explicitar la incompatibilidad entre dos lógicas: la de la sostenibilidad y del cuidado de la vida, por un lado, y la de la acumulación de capital (que incluye la acumulación de datos como capital), por otro. Son lógicas irreconciliables, con concepciones sobre la naturaleza absolutamente distintas.

Diversidad y complejidad frente a la reducción y homogeneización

Aplicaciones, drones y sensores son ofrecidos bajo la promesa de facilitar el trabajo agrícola. Por detrás de ellos, está el paquete tecnológico de las empresas. Estas tecnologías no son neutras. Su sentido es fragmentar y reducir todo a datos binarios, homogeneizar y apropiarse de lo que está vivo.

Los algoritmos hablan el lenguaje del agronegocio, sólo conocen una manera de cultivar (en línea), con semillas modificadas, patentadas y pesticidas. Este modo de cultivar no tiene nada que ver con el cultivo agroecológico, en el que predominan la complejidad y la diversidad.

La datificación pretende artificializar la vida, acelerando los ritmos sin respetar los tiempos de regeneración de la naturaleza, de los cuerpos, del cuidado de lo que está vivo. Y para ello oculta la dependencia que tenemos entre nosotros y con la naturaleza.

En la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios, Bayer, Syngenta y el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible [World Business Council for Sustainable Development – WBCSD] – organización internacional que agrupa a más de 200 empresas vinculadas al desarrollo sostenible – impulsan el debate sobre las “oportunidades de inversión en el suelo”. Se guían por una visión que reduce el suelo a un sumidero de carbono. Por otro lado, las agricultoras agroecológicas consideran el suelo como un organismo vivo y diverso. Uno de los aportes de las mujeres a la agricultura agroecológica es el cuidado y cultivo de suelos fértiles, ricos y complejos.

Ampliando la discusión sobre el tema, las compañeras denuncian el discurso de las corporaciones que llegan a los territorios con la promesa de invertir en “territorios ociosos”. En Mozambique, por ejemplo, las empresas consideran “ociosas” las tierras que no se utilizan para la machamba (cultivo). Pero no hay espacio inutilizado en los territorios de las comunidades. De esos espacios las mujeres extraen las plantas medicinales y son los que se utilizan para el culto y el rezo, donde las comunidades encuentran la fuerza para resistir y crear la vida común. A las comunidades, son negados esos espacios vitales, que son apropiados en nombre de una visión de progreso devastadora. Afirmar el derecho a esos territorios y sus usos es reconocer las prácticas ancestrales y el aprendizaje intergeneracional – prácticas que incluso han sido criminalizadas por los proyectos de economía verde.

La política ambiental conservacionista, impulsada por organizaciones transnacionales como WWF y TNC, conlleva un racismo ambiental profundamente colonialista. En nombre de una supuesta conservación ambiental, expulsan a las comunidades de sus territorios, como si sus modos de vida ancestrales entraran en contradicción con la naturaleza. Pero son esas comunidades las que históricamente cuidan y nutren la biodiversidad.

La agroecología feminista no puede ser secuestrada por las corporaciones

Uno de los grandes peligros de la Cumbre es el establecimiento de los marcos necesarios para incorporar la agroecología al circuito de la economía verde. Basándose en la idea de “carbono neutral”, con soluciones basadas en la naturaleza, sus agentes plantean la ampliación del mercado del carbono a los manglares, océanos y la agroecología como modo de ampliar la financiarización de la naturaleza. La agroecología es una práctica, una ciencia y un movimiento. No puede ser apropiada de forma fragmentada y selectiva, y mucho menos desvinculada del sujeto político que la construye. Lo que se considera como ciencia y tecnología también es objeto de disputa en la Cumbre. El poder corporativo intenta legitimar una ciencia antropocéntrica y androcéntrica[2] para los sistemas alimentarios, vinculada a sus intereses y a la reorganización del lenguaje del capital.

La agroecología es un conocimiento estratégico. Las mujeres reivindican el saber y las tecnologías de los pueblos y denuncian el epistemicidio, que consiste en la destrucción de los conocimientos y las culturas de los pueblos racializados.

El maquillaje verde (greenwashing) y lila se articula en la agenda corporativa de la Cumbre, teniendo como eje transversal el empoderamiento de las mujeres desde una perspectiva neoliberal. De ahí resultan consignas como “la naturaleza contrata a las mujeres”.

En los proyectos de carbono azul en océanos y manglares (como el proyecto Vida Manglar en Colombia), la publicidad está dirigida a la contratación de mujeres como guardianas. Son proyectos que se basan en la asociación entre el sector público y el privado y que tienen como resultado el acaparamiento de territorios y la expulsión de comunidades. Por esta razón, los movimientos han decidido llamarlos “opresiones y exclusiones basadas en la naturaleza“.

Cuando las empresas llegan a los territorios, encuentran comunidades en situación precaria y desprovistas de políticas públicas. Llegan con medidas compensatorias que integran a las comunidades en el mercado, con herramientas de cultivo y cría de animales más tecnificadas, creando dependencia entre la comunidad y los propietarios de las tecnologías. Un ejemplo compartido por las mujeres de Brasil es la instalación de estanques de pesca en las comunidades indígenas, una contrapartida a los proyectos de REDD+. En esas comunidades, donde siempre se ha pescado en los ríos – que a menudo están contaminados por la minería u otras intervenciones. Poco a poco, el poder corporativo desmantela las economías locales y acentúa los obstáculos a la autodeterminación y soberanía de los pueblos.

Las mujeres se oponen a esta ofensiva y apuestan por la afirmación de sus prácticas y movimientos: la diversidad de la naturaleza, sus múltiples funciones y relaciones. Como dicen las compañeras: en el patio de una agricultora hay mucha más diversidad que en un programa de bioeconomía de la industria farmacéutica.

Desmantelar el discurso que incorpora a las mujeres y a la agroecología al capital es una tarea del feminismo popular en la lucha por la soberanía alimentaria.

Tal tarea se vincula a la reivindicación de la agricultura llevada a cabo por las mujeres campesinas y los pueblos ancestrales, a través de la diversidad y la complejidad de la agroecología. Esta práctica, ciencia y movimiento implica disputar el significado de los territorios y cuestionar la propiedad privada – territorial e intelectual –, reivindicando los territorios y las tecnologías libres.

La Contracumbre de los pueblos será un momento de convergencia entre diferentes movimientos sociales y de construcción de fuerzas entre los pueblos contra el poder corporativo.

Por | 26/07/2021

Notas:

[1] Este texto se basa en la síntesis del taller celebrado el 6 de julio, con la participación de compañeras de la Marcha Mundial de las Mujeres, Amigos de la Tierra Internacional, FIAN y Vía Campesina.

[2] El antropocentrismo considera como central y prioritario al ser humano en sus análisis. El androcentrismo remite a las experiencias masculinas como universales a todos los seres humanos.

Redacción por Tica Moreno
Edición por Helena Zelic
Traducido del portugués por Luiza Mançano

Publicado enMedio Ambiente
Los tratados de libre comercio que privatizan la biodiversidad

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Durante los últimos 30 años, los países industrializados han estado obligando a los gobiernos de los países no industrializados a adoptar leyes que privatizan las semillas, exigiendo que agricultores, campesinas y campesinos paguen por ellas para mantener a las empresas semilleras a flote. Es algo que han logrado principalmente a través de los Tratados de Libre Comercio (TLCs).

Para entender esta tendencia GRAIN ha reunido  un conjunto de datos que muestran exactamente cómo los tratados comerciales negociados por fuera de la Organización Mundial del Comercio (OMC) son utilizados para ir incluso más allá de los estándares globales sobre privatización de semillas, animales y microorganismos, e imponer así nuevas formas de privatización.

Monopolios sobre la vida

El acuerdo de 1994 de la OMC Sobre Aspectos de la Propiedad Intelectual Relacionados al Comercio (también conocidos como ADPIC o TRIPS) fue el primer acuerdo comercial mundial que fijó reglas internacionales sobre derechos privados de propiedad intelectual sobre las semillas. El objetivo es asegurar que las grandes corporaciones como Bayer, Syngenta o Vilmorin, que dicen gastar millones en el mejoramiento y modificación genética de plantas para llevar semillas “nuevas” al mercado, puedan obtener ganancias de esas semillas al impedir que agricultores, campesinas y campesinos las re-utilicen, un poco a la manera en que Hollywood o Microsoft buscan impedir que la gente copie y comparta películas o programas computacionales. Estos derechos son esencialmente derechos monopólicos.

La mera idea de permitir patentes sobre formas de vida, como las plantas y animales, ha sido fuertemente resistida, y por esta razón el acuerdo de la OMC es una especie de punto intermedio negociado entre los gobiernos. El acuerdo dice que los países pueden excluir tanto plantas como animales (pero no microorganimos) de sus leyes de patentes, pero deben instaurar alguna forma de protección de la propiedad intelectual sobre variedades vegetales, sin especificar como ha de hacerse. La Unión para la Protección de Nuevas Obtenciones Vegetales (UPOV), un organismo intergubernamental con sede en Ginebra, asegura que el sistema legal que ellos proponen es perfecto para satisfacer los requisitos de la OMC. Pero los Estados miembros de la OMC nunca han dicho ni acordado que así lo sea.

Por todas estas razones, los acuerdos de libre comercio negociados por fuera de la OMC, especialmente los iniciados por países poderosos como Estados Unidos, tienden a ir mucho más allá. En relación a la biodiversidad, a menudo exigen que los países no industrializados hagan los siguiente:

  1. a) patenten plantas o animales
  2. b) sigan las reglas de UPOV para otorgar a las empresas semilleras derechos similares a las patentes
  3. c) se adhieran al Tratado de Budapest sobre el reconocimiento de depósitos de microorganismos para procedimientos en materia de patentes

Estas medidas permiten que las corporaciones del agronegocio establezcan fuertes controles monopólicos a expensas de comunidades indígenas y campesinas. Por ejemplo, tanto UPOV como las leyes de patentes a menudo criminalizan la práctica campesina de guardar, intercambiar o modificar las semillas de las mal llamadas variedades protegidas.

Este conjunto de datos se centra en identificar cómo los países están siendo obligados a privatizar las semillas más allá de lo que indica la OMC. No incluye aspectos relacionados con la aplicación de las nuevas reglas y los castigos por infracciones (confiscación de bienes, penas de prisión, etcétera), que en muchos tratados de libre comercio también van más allá de las reglas acordadas en la OMC y que se están convirtiendo en un dolor de cabeza cada vez mayor para las comunidades rurales. Tampoco refleja la tendencia cada vez más fuerte de incluir el conocimiento tradicional o de los pueblos indígenas, así como las reglas sobre acceso a la biodiversidad, en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual —ámbito al que no pertenecen.

La mayoría de estos acuerdos son bilaterales, pero algunos son multilaterales. Y aunque la mayoría son acuerdos comerciales, unos pocos son acuerdos de cooperación en propiedad intelectual. (Revisamos muchos otros acuerdos comerciales pero no fueron incluidos aquí porque no van más allá del acuerdo de la OMC).

Exigencias cada vez mayores

GRAIN comenzó a hacer seguimiento de estos acuerdos ya en 1999. Lo que con el tiempo ha quedado claro es que, para los países ricos al menos, el acuerdo ADPIC de la OMC ya no se ve como el “estándar internacional”. Ahora se lo está presentando como el “estándar mínimo” que, por definición, debiera ser superado. Este aparentemente sutil cambio de palabras confirma lo que los movimientos sociales y de la sociedad civil han entendido desde hace mucho tiempo de las exigencias legales como las de UPOV. Una vez que se aceptan, nos convierten en parte de un sistema que cada vez más funciona en favor de las corporaciones y a expensas de las comunidades locales 

Grain.

20 julio 2021

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