Una mujer utiliza su iPhone frente a la sede de la firma israelí NSO Group, fabricante del software espía Pegasus, el 28 de agosto de 2016, cerca de Tel Aviv. Foto Afp

 

Si el megaescándalo hoy abruma a Pegasus, de la empresa israelí NSO Group –que estalló con un retraso de cuatro años–, la efectividad pertenece a la ciberarma Candiru, también de Israel, infinitamente mucho más maligna (https://bit.ly/3Bokjhy).

Desde la matriz operativa del ciberespionaje del Ministerio de Defensa de Israel, Amitai Ziv expone que fue el anterior premier Netanyahu –al unísono de su íntimo aliado, el talmúdico Jared Kushner, yerno de Trump–, quien “empujó (sic) la venta de las ciberarmas (https://bit.ly/3rnJCvy)”: no solamente de Pegasus/NSO Group, sino también de otras empresas que son sus competidores, como Quadream, especializada en hackeo de celulares y con varios litigios a cuestas (https://bit.ly/3Bs6bUG), y Cellbrite, que “construye un dispositivo hardware UEFD que puede penetrar cualquier teléfono (https://bit.ly/3wTG59i)”, no se diga Candiru que hoy opera bajo su nuevo disfraz de Saito Tech Ltd.

Amitai Ziv desnuda que con el impulso de las ventas de ciberarmas con Netanyahu y Kushner, “Israel detenta "intereses geopolíticos (sic)" –donde se expone la colusión de Netanyahu con Peña–, acoplados a los "Acuerdos Abraham" (https://bit.ly/2V2m5E9).

A Amitai Ziv le faltó exhibir la suprema colusión entre el talmúdico Kushner y Videgaray, el verdadero poder tras el trono de Peña.

La venta del ciberespionaje militarizado forma parte de la "seguridad (sic) de Israel", al grado tal que la empresa israelí NSO determina su venta de acuerdo con la virtud kosher del cliente. ¿Es México ya "país kosher"?

Amitai Ziv expone cómo la tecnología de ciberespionaje israelí "se volvió la selectiva arma de los dictadores" cuando “Israel desde hace mucho es un exportador de armas a muchos estados, varios de los cuales violan frecuentemente los derechos humanos (https://bit.ly/3hUbDrG)”, y ahora lo hace con sus ciberarmas, tipo Pegasus y Candiru, que le reditúan una fortuna.

Por cierto, el mercader israelí de NSO para México, con filiales pantalla en Panamá, es Uri Emmanuel Ansbacher Benarama, director de KBH Aviation SA, de Mecale SA de CV y negocios en CCTV (https://bit.ly/3zk5ISk): implicado en lubricaciones mafiosas con los panistas de Conagua y Korenfeld (https://bit.ly/3hPt7W2 ), donde la mafia israelí de Netanyahu se atragantó con casi 4 millones de dólares de “comisiones (https://bit.ly/3roUSrv)”.

Ansbacher ya traía una sulfurosa biografía criminal a cuestas desde hace 21 años y su socio era Avishay Shmuel Neria: ¡cónsul honorario de México en Haifa (Israel)! ¿Quién lo nominó y aprobó?

En medio del tsunami por la develación más detallada del añejo escándalo de Pegasus/NSO Group, Edward Snowden, ex consultor de inteligencia informática en la National Security Agency (NSA), exilado en Rusia, comentó que los ciudadanos carecen de protección frente a los malignos malware tipo Pegasus: "¿Qué puede hacer la gente para protegerse de las armas nucleares?" ¡Obviamente, nada!

Snowden refiere que "existe cierto tipo de industrias, de sectores, en los que no existe protección, por lo que se trata de limitar la proliferación de estas tecnologías. No permitimos un mercado comercial a las armas nucleares" por lo que la única solución viable es una moratoria internacional para su venta. Snowden se centra en el carácter mercantilmente redituable de las ciberarmas y soslaya que están conectadas matricialmente al Ministerio de Defensa de Israel –específicamente, en el caso de Candiru, a la "Unidad 8,200" especializada en el hackeo ajeno– y pierde de vista el carácter de control geopolítico que ejercen las trasnacionales cibernéticas de Israel sobre los países –lo cual va más allá de la banalidad pecuniaria de empresas con disfraz "privado" (https://bit.ly/3kRIsr9).

Independientemente de que sea imperativa la prohibición de las indetectables ciberarmas de destrucción masiva (https://bit.ly/2UvlzPk), los países tienen la perentoria obligación civilizatoria de legislar en consecuencia para proteger a los indefensos ciudadanos enjaulados en la invisible cárcel cibernética (https://amzn.to/3Bry7HZ).

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Empieza el juicio a Julian Assange y EE.UU. suma acusaciones

El gobierno de Trump aprovechó la demora por la pandemia para agregar cargos contra el fundador de WikiLeaks

Según la defensa del periodista, una larga lista de irregularidades y violaciones de derechos fundamentales deberían impedir su extradición. 

 

En medio de una ofensiva política y legal del gobierno de Donald Trump, comienza este lunes en Londres el juicio de extradición a Estados Unidos del fundador de Wikileaks Julian Assange.Estados Unidos lo acusa de violar su ley de Espionaje por la publicación de documentos secretos en 2010 sobre la guerra de Irak y Afganistán. La defensa pide la liberación y nulidad del proceso a Assange debido a la violación de derechos humanos y civiles consagrados por la ONU, la Convención Europea de los Derechos Humanos y la ley consuetudinaria inglesa.

El tortuoso caso Assange comenzó en 2010 con la publicación de cientos de miles de documentos clasificados que revelaban crímenes de guerra, corrupción y prevaricato en la política bélica estadounidense en Irak y Afganistán. La primera y sorprendente vuelta de tuerca, digna de un thriller, fue la denuncia contra el carismático fundador de WikiLeaks en Suecia unos dos meses más tarde por presunta violación y abuso sexual de dos mujeres. Suecia pidió la extradición de Assange que fue arrestado por la policía británica y puesto en libertad bajo fianza mientras duraba el juicio por extradición en el Reino Unido. Cuando en 2012 la Corte Suprema británica falló a favor de que se lo extraditara a Suecia, Assange solicitó asilo político en la embajada de Ecuador en Londres.

Desde entonces estuvo a merced de los vientos políticos y diplomáticos: los vaivenes judiciales en Suecia, los cambiantes aires de Ecuador, la presión de Estados Unidos y el Reino Unido. La decisión de Suecia de retirar los cargos contra Assange se vio más que compensada por la salida de Rafael Correa, el acelerado giro a la derecha de su sucesor, Lenín Moreno, y el deterioro de la situación económico-social ecuatoriana. A cambio del visto bueno de Estados Unidos para un préstamo con el FMI por 4 mil millones de dólares, el gobierno de Lenín Moreno abandonó a Assange a su suerte. En abril del año pasado la policía inglesa ingresó en la embajada ecuatoriana y lo arrestó por no haberse entregado a la corte cuando estaba libre bajo fianza en 2012. Desde entonces permanece en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh, en el sudeste de Londres.

La larga extradición de Assange

Este segundo proceso de extradición debía comenzar en abril: se demoró con la pandemia. Estados Unidos aprovechó esta demora para añadir nuevos cargos a los 18 delitos que se le imputan. Estos cargos se extienden más allá de la figura misma de Assange. Dos de sus socios en WikiLeaks y un empleado de la organización son acusados de cómplices en la conspiración contra la seguridad estadounidense. El mensaje del departamento de estado es una advertencia a cualquier “whistleblower” tentado de revelar los trapos sucios del gobierno: Estados Unidos los seguirá hasta el fin del planeta.

El argumento estadounidense es que la publicación de estos documentos clasificados pone en peligro la vida de personas o la seguridad del estado. El secretario general de la Association of American Lawyers, Luis Carlos Moro refutó este argumento, un clásico de los estados sean democráticos o dictatoriales. “Una extradición de Assange sentará un peligroso precedente para todo el mundo democrático porque lejos de representar la vigencia del estado de derecho significará una victoria de la persecución política”, dijo Moro.

Según la defensa, una larga lista de irregularidades y violaciones de derechos fundamentales deberían impedir la extradición. Los argumentos legales son sólidos y fueron adelantados en una carta abierta al primer ministro Boris Johnson en agosto firmada por más de 150 prominentes abogados y organizaciones legales de Estados Unidos, el Reino Unido, Europa y Australia. Entre los puntos citados se encuentran algunos de casi irrebatible contundencia:

- el artículo 4 del tratado de extradición bilateral entre Estados Unidos y el Reino Unido prohíbe la extradición por motivos políticos.

- También la prohíbe en caso de que haya “un riesgo de ser sometido a un juicio injusto”, es decir, sin las garantías mínimas de imparcialidad de un estado de derecho.

  • ·-El riesgo de tortura citado por el Rapporteur sobre tortura de la ONU en el caso de extradición de Assange.

- y la violación a la libertad de prensa y expresión: la extradición consagraría como delito la divulgación de información gubernamental.

Trump, Brexit y George Orwell

Al sesgado entorno judicial se le agregan incomprensibles restricciones a la prensa para la cobertura de un juicio seguido en todo el mundo: solo 10 periodistas podrán ingresar a las sesiones. Además de comprometer la transparencia del proceso, esta restricción es una manera de invisibilizar el estado de salud de Assange: la última vez que se lo vio fue en su arresto en la embajada ecuatoriana. La información de las pocas personas que han tenido acceso a Assange en todos estos meses – su actual pareja, sus abogados - es que su estado de salud es precario.

El proceso de extradición comienza en un momento sobrecargado políticamente: el 3 de noviembre son las elecciones en Estados Unidos, el 1 de enero la definitiva salida del Reino Unido de la Unión Europea. Al calor de la gigantesca polarización del Brexit, los conservadores con Boris Johnson a la cabeza y la poderosa prensa afín a la carga, han lanzado en los dos últimos años una ofensiva contra el poder judicial con titulares de tapa que calificaban a los jueces de “enemigos del pueblo”, con nombre y foto de los magistrados que fallaran en contra de la ruta legal que buscaba imprimirle el gobierno a la salida británica de la Unión Europea. El Rasputinesco cerebro de Johnson, Dominic Cummings, quiere reformar el sistema judicial de cuajo, en especial sus rasgos más progresistas, “herramientas de campaña de izquierda”, según el ultra conservador matutino Daily Mail.

Esta ofensiva, que puede hacer pensar en una suerte de “lawfare” a la británica, tiene límites institucionales y colectivos que van a pesar en el caso Assange. En un célebre ensayo en medio de la segunda guerra mundial, el autor de 1984, George Orwell, rescataba el respeto a la justicia como un rasgo inglés que trascendía clases e ideologías. “Todos creen que la ley es algo incorruptible que está por encima del estado y del individuo y que debe ser impartida de manera imparcial. Se dirá que es una ilusión, pero es una ilusión muy poderosa que tiñe la conducta social y la vida colectiva”, escribe Orwell.

Esta visión colectiva es un ideal cultivado desde la niñez (la queja favorita de los muy modosos niños ingleses es “it is not fair”: no es justo). Es también fuente de hipocresía como en el célebre “fair play”. En el mejor de los casos funciona como una salvaguarda contra la farsa judicial y los juicios amañados. En el otro gran caso de extradición de los últimos 30 años, el de Augusto Pinochet, la justicia británica estaba camino a conceder su extradición a España cuando intervino el poder político. El proceso estuvo cargado de ironías. Un supuesto refugio del privilegio como la Cámara de los Lores – corte suprema en aquellos años – falló dos veces a favor de la extradición. Un gobierno laborista, supuestamente de centro izquierda, terminó inventando una coartada de salud física y mental – senilidad – para que el ex dictador regresara a Chile.

Las audiencias del caso Assange se extenderán hasta el 25 de septiembre. El fallo de esta primera instancia podrá ser apelado. El caso seguirá con toda seguridad una trayectoria similar al caso Pinochet: la High Court de Londres y la Corte Suprema. Es un poco prematuro para los pronósticos, pero no habría que descartar un escenario similar al del caso Pinochet: la justicia moviéndose por un lado, el poder político por el otro. En buena medida dependerá de que las palabras de Orwell sigan describiendo a la sociedad británica del Brexit y las fake news unos 84 años más tarde.

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Viernes, 02 Marzo 2018 06:36

Brasil tras los pasos de México

Brasil tras los pasos de México

El gobierno de Michel Temer entregó la seguridad de Río de Janeiro a las fuerzas armadas, el pasado 16 de febrero. Desde los cuerpos policiales hasta los bomberos y las cárceles, pasaron a ser gestionados por los militares. La excusa, como siempre, es la violencia y el narcotráfico; que existen y son enormemente peligrosos para la población.
Río es una de las ciudades más violentas del mundo. En 2017 hubo 6 mil 731 muertos y 16 tiroteos diarios con un saldo mínimo de dos personas muertas en cada uno, casi siempre negros. De las 50 ciudades más violentas del mundo, 19 son brasileñas y 43 latinoamericanas (goo.gl/CvnFQU). En paralelo, Brasil está entre los 10 países más desiguales del mundo, algunos de ellos también los más violentos, como Haití, Colombia, Honduras, Panamá y México (goo.gl/XPKd7Y).


En el caso de Río de Janeiro, la actuación de los uniformados tiene una característica especial: se focaliza en las favelas, o sea va en contra de la población pobre, negra y joven. En las 750 favelas de Río donde viven 1.5 de los 6 millones de habitantes de la ciudad. Los militares se colocan en las salidas y fotografían a todas las personas, les piden documentos y confirman su identidad. Nunca se había hecho este tipo de control de forma tan masiva y tan específica.


No es la primera vez que los militares se encargan del orden público en Brasil. En Río los militares intervinieron 11 veces en el año anterior, en el contexto de las misiones Garantía de Ley y Orden (GLO), una legislación que se aplicó en grandes actividades como las visitas el Papa y el Mundial de Futbol. Desde 2008, en 14 ocasiones asumieron funciones de policía. Sin embargo, ahora se trata de una ocupación militar que abarca todo el estado.


Muchos analistas han enfatizado que la intervención está destinada al fracaso, ya que las anteriores, aun siendo puntuales, no consiguieron gran cosa. Agregan el fracaso de las Unidades de Policía Pacificadora (UPP), que en su momento fueron glorificadas como la gran solución al problema de la inseguridad, ya que se instalaban en las propias favelas, como una policía de cercanía.


En paralelo, los analistas recuerdan que la guerra contra las drogas en México es un fracaso estrepitoso, que por ahora se ha saldado con más de 200 mil muertos y 30 mil desaparecidos, mientras el narcotráfico está lejos de haber sido derrotado y se ha fortalecido.


Sin embargo, creo que habría que señalar que estas lecturas son parciales, porque en realidad estas intervenciones son sumamente exitosas para alcanzar los objetivos no confesables de las clases dominantes y sus gobiernos: el control y exterminio de la población potencialmente rebelde o no integrable. Esta es la razón que mueve a militarizar países enteros en América Latina, sin tocar la desigualdad, que es la causa de fondo de la violencia.


Pienso que hay cuatro razones que avalan la impresión de que estamos ante intervenciones sumamente exitosas, en Brasil, pero también en Centroamérica, México y Colombia, por poner los casos más evidentes.


La primera es que la militarización de la seguridad consigue blindar al Estado como garante de los intereses del 1 por ciento más rico, de las grandes multinacionales, de los aparatos estatales armados y de los gobiernos. Cabe preguntarse porqué es necesario, en este periodo de la historia, blindar a esos sectores. La respuesta: porque dos terceras partes de la población está a la intemperie, sin derechos sociales, a expensas de la acumulación por despojo/cuarta guerra mundial.


El sistema no le da nada a las mayorías negras (51 por ciento en Brasil), indígenas y mestizas. Sólo pobreza y pésimos servicios de salud, educación y transporte. No les ofrece empleo digno ni remuneraciones adecuadas, las empuja al subempleo y la mal llamada informalidad. A largo plazo, una población que no recibe nada o casi nada del sistema, está llamada a rebelarse. Por eso militarizan, tarea que están cumpliendo exitosamente, por ahora.


La segunda es que la militarización a escala macro se complementa con un control cada vez más refinado, que apela a las nuevas tecnologías para vigilar desde cerca y desde adentro a las comunidades que considera peligrosas. No puede ser casualidad que en todos los países son los más pobres, o sea los que pueden desestabilizar al sistema, los que están siendo controlados de modo más implacable.


Apenas un ejemplo. Cuando donaron láminas para las viviendas en Chiapas, se cuidaron de pintarlas para que desde arriba pudieran identificar a las familias no zapatistas. Las políticas sociales que ensalzan los progresistas, forman parte de esos modos de control que en los hechos funcionan como métodos de contrasubversión.
La tercera cuestión es que el doble control, macro y micro, general y singular, está atenazando a las sociedades en todo el mundo. En Europa son multas o cárcel a quienes se salen del libreto. En América Latina es muerte y desaparición para quienes se rebelan o, sencillamente, a los que denuncian y se movilizan. Ya no se reprime sólo a los que se levantan en armas, como en los años 60 y 70, sino a toda la población.


Esta mutación de los modos de control, aislando y sujetando a los que pueden llegar a ser rebeldes, o no obedientes, es uno de los cambios más notables que está aplicando el sistema en este periodo de caos, que puede terminar con el capitalismo y la dominación del 1 por ciento.


La cuarta son preguntas. ¿Qué quiere decir gobernar cuando estamos ante formas de control que sólo aceptan votar cada cuatro, cinco o seis años? ¿Qué utilidad tiene poner todo el empeño político en las urnas si hacen fraude y lo consolidan con los militares en la calle, como sucede en Honduras? No digo que no haya que votar. Me pregunto para qué.


Se trata de seguir reflexionando nuestras estrategias. El Estado es una hidra monstruosa al servicio del 1 por ciento. Eso no va a cambiar si nosotros llegáramos al timón de mando, porque en el tope de la pirámide seguirán los mismos, con todo el poder para desalojarnos cuando lo estimen conveniente.

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