Movilizaciones por el aborto en Argentina en diciembre del 2020 (foto de archivo). — Matias Chiofalo / Europa Press

Diversos estudios realizados en países de la región, desvelan que la judicialización de las mujeres se ha incrementado en los países que han despenalizado el aborto sólo en algunos supuestos. Las organizaciones reclaman sacar el aborto del código penal y considerarlo un servicio de salud.

 

La criminalización del aborto en América Latina se ceba con las mujeres de escasos recursos económicos, menores de 24 años, que viven en áreas rurales o apartadas de los centros urbanos y que provienen de etnias indígenas o son afrodescendientes. Así lo desvelan diversas investigaciones realizadas en distintos países de la región recientemente. Incluso en aquellos países en los que se han realizado importantes avances en el derecho al aborto, despenalizándolo en algunos supuestos, la criminalización de las mujeres no sólo no ha disminuido, sino que por el contrario, se ha incrementado. 

Uno de los casos más llamativos es el de Colombia, cuya Corte Constitucional despenalizó el aborto en tres amplios supuestos en 2006 (por riesgo para la vida o salud de la mujer, por violencia sexual o por incompatibilidad del feto con la vida extrauterina) y que tiene aún una de las legislaciones más avanzadas de la región. Según un reciente estudio titulado La criminalización del aborto en Colombia, realizado por el colectivo colombiano La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y la Universidad de Los Andes, desde la sentencia de la Corte Constitucional hace 15 años, se han disparado los casos de persecución penal por aborto en el país. Denuncian que desde 2005 la persecución judicial se cuadruplicó, pasando de los 130 casos hasta los más de 400 que se producen anualmente en el país.

"La despenalización del aborto por causales es una solución insuficiente. Ha ampliado las posibilidades para abortar pero sobre todo a las mujeres de clase media y clase alta, a las privilegiadas, pero ha tenido un efecto criminalizante entre los grupos más vulnerables", afirma a Público Lucía Hernández, abogada de la organización Women's Link Worldwide con sede en Bogotá. 

Por estas razones esta pasada semana las organizacioens feministas y las defensoras de los derechos sexuales y reproductivos, festejaron la resolución de la Suprema Corte de Justicia de México, que declaró inconstitucional criminalizar a las mujeres por abortar. Denuncian que la inclusión del aborto como un delito en los códigos penales y las leyes que restringen la interrupción del embarazo no penalizan el aborto, sino a las mujeres más vulnerables. 

Hace unos días un amplio grupo de más de 90 organizaciones de la sociedad civil y mas de 100 personalidades agrupados bajo el movimiento Causa Justa, interpusieron una demanda conjunta pidiendo a la Corte Constitucional de Colombia que elimine el delito de aborto del Código Penal por vulnerar los derechos fundamentales de las mujeres y del personal de salud. Esta demanda podría abrir el proceso para una legislación de plazos.

Un patrón en la región

Colombia no es el único ejemplo en donde se vulneran los derechos de las mujeres más desprotegidas. Recientemente otras dos investigaciones, una realizada por la organización GIRE en México y otra por Human Rights Watch en Ecuador, arrojaban conclusiones similares. 

La investigación en Ecuador, realizada sobre 148 casos en los cuales mujeres o niñas, profesionales de la salud o acompañantes fueron acusados de obtener o practicar abortos entre 2009 y 2019, arrojó que el 81% de ese total eran casos iniciados contra mujeres y niñas, y un número desproporcionado de estos tuvo lugar en provincias con un gran porcentaje de población indígena o afrodescendiente. La mayoría eran personas jóvenes, de menos de 24 años y el 12% de las judicializadas por abortar eran niñas menores de 15 años. Casi todas vivían en condiciones de pobreza. 

En Ecuador, el aborto consentido constituye un delito penado con hasta dos años de prisión y con entre uno y tres años para los profesionales de la salud que practican un aborto. La interrupción del embarazo sólo está legalizada cuando la vida y la salud de la mujer embarazada están en riesgo, y en todos los casos de violencia sexual. Sin embargo, ni siquiera en estas circunstancias las mujeres están libres de ser perseguidas. 

"Esta tremenda criminalización hace que no solo mujeres o niñas que se induzcan el aborto acaben siendo procesadas, sino también mujeres que llegan con abortos incompletos, con emergencias obstétricas o con perdidas, terminan siendo castigadas por la justicia", explica Ximena Casas, investigadora sobre Mujer en la división de América Latina de Human Rights Watch (HRW).

El informe narra el caso de una mujer joven que cuando estaba trabajando se cayó por las escaleras y tuvo una hemorragia. Fue de emergencia al centro de salud, donde certificaron que estaba embarazada de poco más de un mes, una condición que la mujer desconocía. Los médicos la denunciaron ante la Fiscalía y la Policía, porque penaban que se estaba induciendo un aborto. La mujer acabó procesada y estuvo 3 meses en la cárcel con su hijo de tres años. "No importa en qué país estemos, casos similares ocurren en todos los países que tienen el aborto dentro del código penal".

El informe de GIRE, resalta que en México existe una gran brecha entre los derechos establecidos en papel y los servicios a los que, de hecho, tienen acceso las personas. El estudio concluye que el acceso al aborto por causales en México (determinados supuestos por los que se despenaliza el aborto) es "precario o nulo". "Existe un gran desconocimiento por parte de las autoridades y, en particular, del personal de salud acerca de sus obligaciones; se imponen requisitos no solicitados por la legislación que obstaculizan y en ocasiones hacen imposible el acceso a servicios legales de aborto; se permite la desinformación por parte de grupos antiderechos mediante la promoción de legislaciones que buscan restringir los derechos humanos; se viola el secreto profesional y se criminaliza a mujeres con emergencias obstétricas", afirma el estudio".

En la mayoría de los casos, las mujeres que entran en un centro de salud con una emergencia obstétrica o con pérdidas por un inicio de aborto, son denunciadas por los propios médicos a la Fiscalía y la Policía, que les toman declaración en la camilla del hospital o que incluso son llevadas casi desnudas, tapadas sólo con la bata hospitalaria, a declarar a la fiscalía. El informe de HRW, desvela que el 73% de los procesos judiciales contra estas mujeres se inician por denuncias de los profesionales de la salud, una cifra similar a lo que ocurre en México o Colombia. 

Falta de información y de acceso a la salud

Las causas que generan este perfil de mujeres criminalizadas son múltiples. Entre ellas destacan las barreras derivadas de la falta de información. Mujeres que viven en zonas alejadas de los centros urbanos o en medios rurales no conocen sus derechos al aborto y cuando los conocen, no tienen centros de salud cercanos donde acudir. En ocasiones deben recorrer largas distancias y usar medios de transporte que son caros y no pueden costear. Otro problema común en diversos países es la poca formación e incluso la desinformación por parte de los servicios de salud y de las instituciones judiciales. "Los servicios de salud denuncian a las mujeres por posible inducción de un aborto, violando el secreto profesional que tienen los médicos y los jueces, sin embargo, las admiten. También admiten los historiales clínicos", añado Casas.

Esta activista relata que las mujeres de clase media y acomodada y que viven en medios urbanos, no sólo tienen recursos económicos para pagar servicios de salud privados que les realizan abortos o la posibilidad de viajar al extranjero, sino también recursos para pagar a abogados que las defiendan. Las mujeres con menos recursos recurren a abogados de oficio que mucha veces les recomiendan que se declaren culpables para tener una condena menor, aunque su caso entre dentro de los supuestos permitidas para interrumpir el embarazo.
"La gran mayoría tienen barreras para acceder a una adecuada representación legal y se les viola el acceso a la tutela judicial efectiva", añade Casas.

El miedo a las denuncias y ser judicializadas hace que muchas mujeres no acudan a los centros de salud, sino que opten por abortos "artesanales" e inseguros, golpeándose, metiéndose ganchos en la vagina o tomando hierbas. Métodos todos que ponen en riesgo su salud y su vida. 

Las cifras reales de abortos en la región son difíciles de calcular. No hay registros y las mujeres que acceden a un aborto lo ocultan para no ser estigmatizadas. Además, la gran mayoría de las interrupciones se hacen en lugares no autorizados, de los que no hay registro. Sin embargo, la dimensión de este drama que viven a diario las mujeres se puede inferir por el escaso numero de mujeres que efectivamente acceden a un aborto legal. "La excepción es un acceso al aborto seguro y en buenas condiciones", afirma Hernández. "En Colombia, tras la despenalización, el acceso al aborto es muy limitado. Guttmacher  [instituto que se dedica a investigar sobre los derechos sexuales y reproductivos en el mundo], calcula que sólo entre el 1% y el 9% de los abortos que se realizan en el país son legales y seguros y se hacen en las grandes ciudades", concluye Hernández.

El aborto está altamente penalizado aún en muchos países de América Latina. Aunque en los últimos años se han producido importantes avances, sólo cinco países (Cuba, Uruguay, las Guayanas y recientemente Argentina), han despenalizado el aborto y tienen leyes de plazos en distintos niveles de implementación. Otros siete (El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Haití, Jamaica o Surinam) lo prohíben de forma total, incluso cuando la vida de la madre corre peligro. En el resto existen leyes que permiten la interrupción del embarazo en determinados supuestos. 

Ahora la tendencia, tal como explican diversas expertas, es hacia la despenalización total del aborto. "Las mujeres criminalizadas son quienes enfrentan una mayor afectación cuando el aborto es considerado un delito y no un servicio de salud", concluye en informe de Gire.

 

13/09/2021 22:03 Actualizado: 14/09/2021 00:19

Marisa Kohan@kohanm

Publicado enSociedad
Una mujer utiliza su iPhone frente a la sede de la firma israelí NSO Group, fabricante del software espía Pegasus, el 28 de agosto de 2016, cerca de Tel Aviv. Foto Afp

 

Si el megaescándalo hoy abruma a Pegasus, de la empresa israelí NSO Group –que estalló con un retraso de cuatro años–, la efectividad pertenece a la ciberarma Candiru, también de Israel, infinitamente mucho más maligna (https://bit.ly/3Bokjhy).

Desde la matriz operativa del ciberespionaje del Ministerio de Defensa de Israel, Amitai Ziv expone que fue el anterior premier Netanyahu –al unísono de su íntimo aliado, el talmúdico Jared Kushner, yerno de Trump–, quien “empujó (sic) la venta de las ciberarmas (https://bit.ly/3rnJCvy)”: no solamente de Pegasus/NSO Group, sino también de otras empresas que son sus competidores, como Quadream, especializada en hackeo de celulares y con varios litigios a cuestas (https://bit.ly/3Bs6bUG), y Cellbrite, que “construye un dispositivo hardware UEFD que puede penetrar cualquier teléfono (https://bit.ly/3wTG59i)”, no se diga Candiru que hoy opera bajo su nuevo disfraz de Saito Tech Ltd.

Amitai Ziv desnuda que con el impulso de las ventas de ciberarmas con Netanyahu y Kushner, “Israel detenta "intereses geopolíticos (sic)" –donde se expone la colusión de Netanyahu con Peña–, acoplados a los "Acuerdos Abraham" (https://bit.ly/2V2m5E9).

A Amitai Ziv le faltó exhibir la suprema colusión entre el talmúdico Kushner y Videgaray, el verdadero poder tras el trono de Peña.

La venta del ciberespionaje militarizado forma parte de la "seguridad (sic) de Israel", al grado tal que la empresa israelí NSO determina su venta de acuerdo con la virtud kosher del cliente. ¿Es México ya "país kosher"?

Amitai Ziv expone cómo la tecnología de ciberespionaje israelí "se volvió la selectiva arma de los dictadores" cuando “Israel desde hace mucho es un exportador de armas a muchos estados, varios de los cuales violan frecuentemente los derechos humanos (https://bit.ly/3hUbDrG)”, y ahora lo hace con sus ciberarmas, tipo Pegasus y Candiru, que le reditúan una fortuna.

Por cierto, el mercader israelí de NSO para México, con filiales pantalla en Panamá, es Uri Emmanuel Ansbacher Benarama, director de KBH Aviation SA, de Mecale SA de CV y negocios en CCTV (https://bit.ly/3zk5ISk): implicado en lubricaciones mafiosas con los panistas de Conagua y Korenfeld (https://bit.ly/3hPt7W2 ), donde la mafia israelí de Netanyahu se atragantó con casi 4 millones de dólares de “comisiones (https://bit.ly/3roUSrv)”.

Ansbacher ya traía una sulfurosa biografía criminal a cuestas desde hace 21 años y su socio era Avishay Shmuel Neria: ¡cónsul honorario de México en Haifa (Israel)! ¿Quién lo nominó y aprobó?

En medio del tsunami por la develación más detallada del añejo escándalo de Pegasus/NSO Group, Edward Snowden, ex consultor de inteligencia informática en la National Security Agency (NSA), exilado en Rusia, comentó que los ciudadanos carecen de protección frente a los malignos malware tipo Pegasus: "¿Qué puede hacer la gente para protegerse de las armas nucleares?" ¡Obviamente, nada!

Snowden refiere que "existe cierto tipo de industrias, de sectores, en los que no existe protección, por lo que se trata de limitar la proliferación de estas tecnologías. No permitimos un mercado comercial a las armas nucleares" por lo que la única solución viable es una moratoria internacional para su venta. Snowden se centra en el carácter mercantilmente redituable de las ciberarmas y soslaya que están conectadas matricialmente al Ministerio de Defensa de Israel –específicamente, en el caso de Candiru, a la "Unidad 8,200" especializada en el hackeo ajeno– y pierde de vista el carácter de control geopolítico que ejercen las trasnacionales cibernéticas de Israel sobre los países –lo cual va más allá de la banalidad pecuniaria de empresas con disfraz "privado" (https://bit.ly/3kRIsr9).

Independientemente de que sea imperativa la prohibición de las indetectables ciberarmas de destrucción masiva (https://bit.ly/2UvlzPk), los países tienen la perentoria obligación civilizatoria de legislar en consecuencia para proteger a los indefensos ciudadanos enjaulados en la invisible cárcel cibernética (https://amzn.to/3Bry7HZ).

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Escuelas en tiempos alterados Tecnologías, pedagogías y desigualdades

La pandemia de covid-19 obligó a cerrar los edificios escolares y hubo que ensayar otras formas educativas. Si en muchos países del Norte esto supuso un traslado casi inmediato a las plataformas digitales, en América Latina ese tránsito fue minoritario, y se abrieron alternativas que abarcaron desde una eventual desescolarización de ciertos grupos hasta el uso intensivo de redes sociales. A partir de los casos de México y Argentina, es posible reflexionar sobre la experiencia de la pandemia en los sistemas educativos y sobre las desigualdades que los atraviesan.

A poco de comenzar la pandemia, en marzo de 2020, un artículo publicado en una prestigiosa revista estadounidense señaló que la crisis epidemiológica era la oportunidad para realizar un gran experimento masivo de enseñanza en línea1. Para su autor, un reconocido historiador de la educación, el cierre de las escuelas en buena parte del mundo aparecía como una posibilidad excepcional para testear algunas hipótesis sobre las ventajas de la educación virtual y compararla con los logros de la educación presencial. 

Más de un año después de aquella proyección, la idea del experimento controlado se ve no solo como una arrogancia insostenible tras la lección de humildad que dio el año 2020, sino también como un sinsentido conceptual y político. El problema, más que el pronóstico fallido, son las deficiencias de un modo de pensar –y de tratar de gobernar– la educación como si fuera el efecto de variables aisladas y controlables, y la tecnología educativa como si se limitara a la interacción entre humanos y máquinas, que se puede trasladar de un espacio a otro sin afectaciones. Al contrario, si hay algo que se aprendió en estos tiempos de pandemia es que la educación es un fenómeno complejo y heterogéneo, en el que es fundamental la organización material de tiempos, espacios, cuerpos y saberes. Quedó claro, quizás como nunca antes, que en los procesos educativos importan las políticas e infraestructuras públicas, las interacciones interpersonales, los tiempos, los artefactos de distinto tipo, las geografías, los apoyos afectivos y las pedagogías que se ponen en juego. Se vio también con toda crudeza que la disponibilidad tecnológica no estaba garantizada para todos ni siquiera en los países de alto poder adquisitivo, y que en buena parte del mundo la «educación virtual» se tradujo en «educación remota», con combinaciones imprevistas de plataformas como WhatsApp o Facebook con soportes mucho más antiguos, como la televisión educativa, los libros de texto y los cuadernillos impresos. 

Por otra parte, también se hizo evidente que las historias y los imaginarios siguen pesando en lo que se hace y se espera de las escuelas. Volviendo a la idea del gran experimento, quizás resulte una paradoja que uno de los efectos de la crisis del covid-19 sea un fortalecimiento de la escuela presencial, una forma institucional que estaba bajo asedio desde hace tiempo y que sin embargo hoy surge como un espacio-tiempo revalorizado por jóvenes y adultos. Al comienzo de la pandemia, muchas chicas y chicos festejaron la clausura de edificios escolares como una vacación anticipada; pocos habrían sospechado que unos meses después extrañarían a sus docentes y estarían pidiendo volver a las aulas. Todavía más imprevistos son los nuevos sentidos con los que aparece investida la presencialidad a comienzos de 2021, convertida en bandera de peleas electorales y sostenida por aliados insospechados como el Banco Mundial, otrora acérrimo crítico de las escuelas «tradicionales» y defensor de la digitalización del sistema educativo2

¿Cómo pensar estos escenarios tan complejos y tan distintos de los que se podían imaginar hasta hace pocos años? ¿Y qué revelan estas nuevas situaciones sobre las escuelas, sobre lo que fueron, pero también sobre lo que pueden ser? En este artículo quiero proponer algunas reflexiones sobre la experiencia de la pandemia en los sistemas educativos de Argentina y México, centrándome sobre todo en las relaciones entre desigualdades, tecnologías y pedagogías. Esas relaciones no son en modo alguno nuevas: las escuelas siempre fueron entornos sociotécnicos que conjuntan de maneras particulares artefactos y tecnologías, ya sean los pizarrones, cuadernos, lápices, edificios o dispositivos digitales, con las acciones humanas. Por ejemplo, el edificio escolar «moderno», organizado en aulas con ventanas y pizarrones, permitió ciertas formas de trabajo colectivo, estructuración de la atención y circulación de la palabra que eran difíciles en las escuelas del siglo xviii, que tenían espacios y equipamiento menos diferenciados. Pensada en esa clave histórica, la pandemia implicó un cambio abrupto en este entorno sociotécnico al mudar la escuela a los hogares y a las pantallas, aunque esto último no haya sido del todo efectivo. En esa súbita reacomodación de la escuela a las salas, los cuartos y hasta los baños de docentes y estudiantes, atravesados por las desigualdades persistentes en la región, se abrió espacio a otras experiencias que habría que empezar a pensar y a nombrar. Puede decirse, entonces, que si hubo, si hay, algún experimento educativo en la pandemia, no parece haber sido el de la virtualidad, sino el de la reacomodación del trabajo escolar a otros territorios, mucho más heterogéneos que el binarismo de acceso o exclusión de los promotores de la educación virtual, y que presentan desafíos mucho más complejos a las políticas públicas.

Las desiguales infraestructuras tecnológicas

Como ya se señaló, al principio de la pandemia hubo una ola de confianza en que la digitalización permitiría sostener una continuidad pedagógica en los hogares de manera accesible y eficaz. Después de más de una década de inversión en programas de equipamiento tecnológico universal en la región, parecía razonable esperar una buena respuesta de los países latinoamericanos a la nueva situación. Sin embargo, aunque en muchos países de altos ingresos el cierre de edificios escolares supuso un traslado casi inmediato a las plataformas digitales, con la consiguiente privatización y comercialización de los datos de las interacciones educativas3, en América Latina ese tránsito fue minoritario, y se abrieron alternativas que abarcaron desde una eventual desescolarización de ciertos grupos hasta el uso intensivo de WhatsApp y otras redes sociales. Conscientes del alcance parcial de la digitalización, buena parte de los gobiernos latinoamericanos optaron por estrategias múltiples, que incluyeron soportes como plataformas digitales, programación televisiva y materiales impresos.

Pese a esta pluralidad de estrategias, en el curso de 2020 se hizo evidente que la infraestructura tecnológica era insuficiente, desigual y en muchos casos obsoleta, incluso en el caso de las televisiones analógicas que no podían recibir señales digitalizadas, y que eso afectaba los planes de continuidad pedagógica. Se volvieron relevantes la conectividad y el tipo de artefacto tecnológico disponible, cuyos usos y posibilidades para el trabajo escolar son muy dispares. Fue claro que la desigualdad digital no era ni es una brecha divisoria clara y definida, que coloca a algunos del lado del acceso pleno y a otros en la exclusión completa, sino un proceso sinuoso y multidimensional con una topografía muy densa4.

Varios de los estudios disponibles sobre los sistemas educativos en la pandemia permiten definir algunos contornos de esa topografía de las desiguales infraestructuras tecnológicas en la región. En el caso de México, es muy reveladora la encuesta que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) entre noviembre y diciembre de 2020, que indagó sobre la disponibilidad de tecnologías en los hogares de la población en edad escolar. Los datos para el ciclo escolar 2020-2021 muestran una diversidad de aparatos tecnológicos en uso, con un predominio notorio de los celulares inteligentes en la educación primaria y secundaria, y un peso creciente de las computadoras (de escritorio o portátiles) conforme avanza el nivel educativo. Solo 6,7% de los estudiantes de primaria usan la televisión digital como medio predominante, lo que también señala la limitación de la principal estrategia para la continuidad pedagógica del gobierno mexicano, el programa «Aprende en casa», que se emite por televisión. 

Otro dato llamativo que ofrece esta encuesta es la propiedad y uso exclusivo de estos aparatos: 74,6% de quienes asisten a la escuela primaria comparten el artefacto con otros miembros de la familia, algo esperable por la edad de los escolares, pero esta situación solo se revierte en el nivel superior, en el que 67,7% de estudiantes dice tener uso exclusivo del artefacto. Entre los estudiantes que decidieron no reinscribirse en la escuela debido a los efectos de la pandemia (un total de 2,3 millones para todos los niveles), el grupo más importante incluye a los jóvenes de entre 13 y 18 años, que trabajan mayoritariamente a través de un teléfono celular, con un porcentaje de acceso a computadoras de escritorio o portátiles que va de 25,5% para los secundarios a 44% en los de media superior5. Es indudable que las posibilidades de conexión y de trabajo escolar a distancia se ven seriamente condicionadas por la desigualdad de acceso y de uso de los artefactos, y por la gran dependencia de los celulares, que tienen menos posibilidades para la producción y el manejo autónomo de textos que las computadoras. La encuesta no indaga sobre la disponibilidad de datos, pero a partir de investigaciones cualitativas es posible ver que esta es otra limitante fundamental para la inclusión en las distintas formas de continuidad pedagógica. Un caso particularmente complejo, en México, son las escuelas rurales, con distinto grado de aislamiento geográfico y exclusión social. En una investigación en curso sobre las experiencias educativas durante la pandemia6, se entrevistó a un director de una escuela secundaria rural que describe de este modo la infraestructura tecnológica de la población de su escuela:

La señal de tv es básicamente nula [en el pueblo], solamente se puede acceder con tv satelital, pero solamente cuatro o cinco casas la tienen. Internet es solamente por pago de fichas, que vende un particular. (…) Las fichas cuestan 20 pesos [un dólar estadounidense] la hora. (…)7 Me hubiera gustado que el internet hubiera llegado, que hubieran puesto antenas más grandes. Aquellas personas que tienen internet satelital y cobran fichas podrían dejar dos horas abiertas para los estudiantes, pero no lo hubo.8

A partir de esta situación, en la que hay tantos «solamente» que dificultan la conexión, los docentes de esta escuela han buscado distintos modos de encontrarse con sus estudiantes. Algunos viajan al pueblo cada dos o tres semanas, llevando y trayendo impresos, pero quizás también virus, lo que genera otras tensiones entre los actores escolares y la comunidad; otros establecen horarios de llamada por WhatsApp con algún estudiante que sí tiene señal, pero con moderación, dado el alto costo que esto supone para la familia. Una madre entrevistada en esta escuela pide que el gobierno «mande fichas» para que su hija pueda tomar clases. Lo que se evidencia en este y otros casos es una gran precariedad de la conectividad y las plataformas, y un traslado de los costos y riesgos de la conexión a los maestros y las familias, lo que empeora una situación ya muy difícil.

La desigualdad de conexiones es también evidente en el entorno urbano. Maestros entrevistados en Ciudad de México y Toluca señalan que usan «100% WhatsApp», pero también echan mano de plataformas como Facebook, GoogleMeet, GoogleClassroom, Zoom en su versión gratuita, Padlet, Edmodo y Kahoot. Esta diversidad de plataformas lleva a que los docentes tengan que convertirse en el agente que realiza la interoperabilidad entre los distintos soportes en los que van, casi literalmente, al encuentro de sus alumnos. Por ejemplo, un maestro de una escuela secundaria rural de Guerrero relata que recibe en su WhatsApp entre 50 y 80 fotos con tareas de sus 15 alumnos cada semana, que tiene que descargar en su computadora, organizar, corregir y devolver a la semana siguiente, y enviar a la dirección de la escuela como «evidencias» del trabajo realizado. Esta acción de interoperabilidad entre plataformas y soportes también se ve en los resultados de una encuesta a personal directivo de escuelas realizada por el Ministerio de Educación de Argentina, que muestran que más de la mitad de estas escuelas utilizaron en promedio cinco plataformas distintas para encontrar a sus alumnos, que acceden a veces a alguna red social y otras a tres o a ninguna, en cuyo caso los docentes van en auto, bicicleta o transporte público a intercambiar impresos9. En estos y otros casos, son los docentes quienes tienen que asumir la tarea de recuperar y reorganizar todos esos registros para poder darles sistematicidad y seguimiento, y esa tarea desborda el horario escolar para convertirse en un tiempo 24/7, de un funcionamiento continuo que no reconoce pausas ni límites10.

Por otro lado, en el mismo estudio realizado en Argentina puede verse que esta heterogeneidad condiciona las interacciones pedagógicas. Una mayoría de los docentes argentinos encuestados manifiesta que la principal vía de comunicación con sus estudiantes es WhatsApp (89% en primaria y 75% en secundaria, junto con el correo electrónico). En tanto, 27% de los docentes de escuelas primarias y 38% de escuelas secundarias dice sostener encuentros sincrónicos con sus alumnos a través de Zoom o Meet. ¿Cuáles son las posibilidades pedagógicas de estas plataformas? Mientras que WhatsApp permite un contacto cotidiano, el envío de mensajes de audio y texto e imágenes, las más de las veces fotos de tareas impresas o de libros de ejercicios, no es propicio para desarrollar secuencias pedagógicas ni para organizar intercambios en los grupos; antes bien, promueve una conversación desordenada, multimodal, libre, sin claro inicio ni cierre. En cambio, plataformas de encuentro sincrónico como Zoom y GoogleMeet permiten ordenar las interacciones, organizar grupos pequeños y compartir contenidos en la misma pantalla, lo que dirige la atención hacia un mismo texto, pero requieren banda ancha y pantallas más grandes que la del celular. Por otro lado, plataformas como Zoom son más invasivas del espacio personal, más demandantes en términos de performance individual y mucho más datificadas que otras plataformas11.

En el estudio realizado en Argentina, puede verse que estos distintos usos se distribuyen de manera desigual entre escuelas públicas y privadas, y entre escuelas rurales y urbanas. Para el caso de los encuentros sincrónicos, los docentes de escuelas secundarias privadas los sostienen en 70% de los casos, contra 34% de quienes trabajan en públicas, porcentaje que desciende a 31% en zonas rurales. En las escuelas primarias, la distancia es aún mayor: mientras que 72% de los docentes de escuelas primarias privadas proponen encuentros por Zoom, Meet o similar, solo 20% de los de las públicas y 10% de los de las rurales lo organizan con sus estudiantes. WhatsApp u otras redes de mensajería instantánea son usadas por 78% de los docentes de escuelas secundarias públicas y 96% de docentes de escuelas rurales, mientras que solo 43% de los docentes de escuelas secundarias privadas lo usa de manera frecuente.

Este panorama no solo pone en evidencia la desigualdad existente, sino que también permite avizorar algunas tendencias futuras. El acceso a datos y a encuentros sincrónicos queda en general delimitado a un sector social privilegiado y geográficamente integrado a las conexiones digitales, si es que no median políticas públicas de distribución de datos –que ya se empiezan a reclamar–. Sin embargo, cabría señalar una paradoja: los usuarios invisibles, como llama Jenna Burrell a quienes no están plenamente conectados, corren con ventaja en términos de su menor integración a las formas de «gobierno por los datos» y al capitalismo de vigilancia12. En este como en otros casos, la inclusión no es el lado positivo de una oposición binaria, sino una inscripción en un entramado complejo de poderes. 

Otro aspecto que puede señalarse en relación con las formas que toma la desigualdad es que el acceso a un dispositivo digital no es suficiente, como lo supusieron algunas políticas de equipamiento, sino que hay que tener en cuenta las condiciones de uso (exclusivas o compartidas) y sus posibilidades o affordances, por ejemplo para la producción y el manejo de textos escritos o audiovisuales. Esta imbricación entre tecnologías y pedagogías ha implicado que, en los casos de los sectores más excluidos en términos socioeconómicos, la «educación remota» supuso acceder a un grado variable de contenidos presentados como actividades que suelen mandarse por WhatsApp o por medio de impresos; han sido escasas las posibilidades de encuentros sincrónicos y de seguimiento de las producciones en conversaciones grupales sostenidas en el tiempo. Ante esta situación, no llama la atención que haya añoranza por la educación presencial. La ausencia del espacio físico muestra que, aun con todas sus deficiencias y dificultades, las aulas organizaban un encuentro pedagógico en condiciones más igualitarias que las que permite una infraestructura tecnológica tremendamente desigual, que desborda el tiempo y espacio de trabajo en un continuo permanente y que descarga en las familias y los docentes los costos de conectarse y operar en esa topografía tan heterogénea.

Las pedagogías pandémicas13: los márgenes de autonomía

Como fue señalado inicialmente, el cierre de los edificios escolares obligó a ensayar otras formas educativas, a expandir los repertorios de prácticas y a inventar, porque no había experiencias previas en que apoyarse. Se trató de probar qué era eso de una escuela sin muros, y con tiempos que no se miden en las horas que se pasan sentados. Se experimentaron distintas formas de promover y aprovechar la autonomía, y se discutió qué efectos y alcances podía tener la digitalización, con toda la heterogeneidad que se mencionó en la sección anterior. Una docente de Ciudad de México trabajó con un programa de promoción de la lectura argentino que encontró en redes; un docente de Guerrero utilizó un programa de Michoacán. En este caso, la infraestructura tecnológica habilitó otras conexiones y permitió ampliar márgenes de acción, aliados y estrategias pedagógicas. 

Quizás uno de los esfuerzos más interesantes fue indagar qué pasaba si la escuela, por las condiciones especiales de la pandemia, no evaluaba, sino que promovía de forma automática, apostando a diseñar estrategias compensatorias a futuro para lo que empiezan a llamarse «pérdidas de aprendizaje en la pandemia», en una vuelta que quizás clausure la posibilidad de ver qué se aprendió, qué otros saberes y prácticas entraron en escena ante la retirada del paradigma evaluador de la escuela. Ante la demanda de no calificar, debido a la situación extraordinaria, muchos docentes desarrollaron otras formas de anotación de los logros, una comunicación más fluida en correos electrónicos o en clases virtuales que hicieran balance de lo trabajado, más apelación a la autoevaluación y a la evaluación compartida con las familias, sobre todo en los niveles inicial y primario, donde la participación de madres y padres fue fundamental.

En términos generales, podría decirse que hubo, ante todo, «arreglos» más locales, provisorios e improvisados, que requirieron mucha más flexibilidad de lo habitual y mayores lazos solidarios con las familias. Así lo manifiesta una maestra de quinto grado de primaria de la Ciudad de México:

Un niño absolutamente jamás entró a Zoom, pero su mamá me explicaba: solamente tengo un dispositivo que llevo al trabajo, usted mándame el trabajo y se lo devuelvo a la semana (…) El primer trimestre no me entregó absolutamente nada, en este segundo trimestre ya hubo más compromiso de parte de él, pero pues sí, algunos trabajos entrega, otro trabajos no, pero era por su realidad de su entorno, que la mamá pues solamente es la mamá y ya.14

Estos arreglos locales dejan en evidencia formas distintas de la desigualdad, no solamente asociadas a cuestiones socioeconómicas sino también a los márgenes de autonomía que pueden asumir los actores educativos. Estos se vinculan con tradiciones pedagógicas y relaciones políticas dentro de los sistemas escolares, sobre todo con las relaciones más o menos jerárquicas en las escuelas y las formas de control establecidas.

Por el lado de las tradiciones pedagógicas, los ensayos iniciales siguieron en la huella de lo que ya se hacía, pero empezaron a aparecer algunas novedades. Los primeros meses de la pandemia fueron tiempos de envíos de trabajos, asentados en la convicción de que un buen maestro es el que da mucha tarea15. Pronto la situación de pandemia invitó a escrituras más personales, a habilitar la expresión de las emociones y los afectos. En México se invitó a escribirles cartas a los maestros y a prestar atención a saberes no curriculares pero valiosos en la vida de los estudiantes. Por ejemplo, un maestro guerrerense contó la siguiente experiencia:

Pensé que llevaran a cabo una actividad sobre qué están aprendiendo. Por ejemplo, toman mucha Pepsi, Coca, y entonces les propuse probar una semana sin refrescos ni jugo con azúcar. Les propuse tomar agua y contar los vasos de agua que tomamos. Las otras actividades son de observación: cuando vemos a una persona que está sana o enferma, entonces hay que dibujarlo, observarlo, comentarlo. Les propongo observar cuerpos, animales, plantas que tienen. (…) Otras cosas que me cuentan en las cartas que me mandan es que fueron a limpiar el terreno, llevé las bestias, fui a pastorear. Las mujeres dicen: me levanté temprano, hice el fogón, hice el café, tomé con mis familias, barrer, hacer la tarea, otra vez a moler y hacer tortillas. A la tarde se sientan a tomar café. Ven más el vínculo familiar.16

Si en México entraron más algunos saberes y prácticas locales, en Argentina se promovió la escritura de diarios de la pandemia, con recursos multimodales como dibujos, historietas y fotos. Una asesora pedagógica de una escuela secundaria pública en un barrio urbano marginal de la ciudad de Buenos Aires relató la experiencia desarrollada por tres profesores de artes y literatura, que se unieron para proponerles a los estudiantes de cuarto año que escribiesen un diario de la pandemia. Los docentes postearon en Classroom sus respuestas y los escritos de los alumnos fueron llegando; fue un desafío cómo hacer las devoluciones ante trabajos muy personales. Los profesores, que trabajaron en conjunto por primera vez, notaron que fue muy bueno poner el foco en lo vincular para que los jóvenes se conectaran más con la escuela. También observaron que, aunque no demoraban más de un día en responder, los estudiantes se angustiaban cuando no les confirmaban la recepción del trabajo. Los docentes tenían que trabajar en medio de equilibrios inestables, que exigían más cuidado y atención que en otras ocasiones.

En relación con los márgenes de autonomía para ensayar formas nuevas y promover relaciones políticas distintas dentro de los sistemas educativos, las experiencias argentinas y mexicanas parecen ir por carriles distintos. Una maestra de la ciudad de Buenos Aires dijo en una entrevista reciente, ya en situación de enseñanza híbrida y con presencialidad intermitente: «Estamos haciendo una planificación docente sin papeles». El «sin papeles» da cuenta tanto de las limitaciones de formato de la planificación educativa en una situación donde se controla muy poco, como de las dificultades para poner en palabras criterios y decisiones que se construyen sobre la marcha.

Mientras que en Argentina la regulación estatal es débil y el temor de las autoridades es a ser consideradas autoritarias, en el caso de las escuelas mexicanas la situación es distinta y las prácticas de autonomía encuentran límites concretos en formas burocráticas muy establecidas. La relación de sospecha del Estado hacia el trabajo de los docentes tuvo un punto crítico durante el gobierno de Enrique Peña Nieto con la evaluación docente instalada desde 2013, pero pareciera que, a pesar de la derogación de esta medida por el actual gobierno, la sospecha todavía se sostiene. 

Así, muchos docentes mexicanos son compelidos por las autoridades a reunir «evidencias» de los aprendizajes de sus alumnos como muestra de su propio trabajo de enseñanza, tal como se hacía en los tiempos de la evaluación docente. Estas evidencias suelen ser fotos de tareas que, multiplicadas por grandes números de estudiantes y actividades, constituyen un archivo burocrático hipertrofiado, lo que hace sospechar que esos registros no tienen en el fondo otro objetivo que el de que los docentes muestren que cumplieron con su tarea. Al mismo tiempo, la relación de la «evidencia» con los procesos de aprendizaje de los estudiantes es débil y es escasamente cuestionada; pareciera que, tanto para los alumnos en relación con los docentes como para los docentes en relación con las autoridades, lo importante es mandar la tarea, cumplir, sin que esos registros se inscriban en procesos de trabajo pedagógico que impliquen una devolución o retroalimentación sobre qué se hizo y qué se puede hacer mejor. Peor aún, la «evidencia» se convierte en la moneda de cambio en la relación entre docentes y alumnos o familias; es común escuchar a los docentes quejarse con y de los padres porque no enviaron evidencias, y a los padres quejarse de los maestros porque son unos «flojos» que lo único que quieren es justificar su trabajo. 

Ese esquema se reproduce en la relación entre los directores y los docentes. En la pandemia, y ante las dificultades para reunirse de forma presencial, se crearon sistemas de comunicación a través de WhatsApp y otras redes sociales para garantizar el trabajo. La desconfianza sobre cuánto y cómo se trabaja llevó a promover otro formato, el «reporte de incidencias», que el director o directora puede levantar toda vez que un docente no se comunique en el horario de trabajo. 

Pueden verse en estas pedagogías pandémicas muchos elementos contradictorios. La posibilidad de invención estuvo presente en grados muy distintos y dependió tanto de los recursos ya existentes como de los permisos y voluntades disponibles en cada sistema educativo. Los entornos sociotécnicos habilitaron ciertos cruces, aperturas y encuentros, pero también limitaron otros, y en algunos casos expandieron el celo burocrático de registrar todo a niveles superiores. Lo que parece indiscutible es que la pandemia ha sido y es un tiempo en el que hubo que alterar posiciones y revisar certezas, en el que las desigualdades se hicieron más evidentes y aparecieron como un problema, y en el que las pedagogías tuvieron que revisarse a la luz de estos nuevos desafíos.

¿Qué quedará de todo esto cuando pase la pandemia? Ya se vio que los pronósticos iniciales fracasaron rotundamente, así que no habría que repetir la experiencia. Pero una mirada a la historia puede traer algunas perspectivas que ayuden a colocar este episodio en el largo plazo. El historiador Emmanuel Saint-Fuscien señala que, al término de la Primera Guerra Mundial, muchos de los cambios que se habían producido en el sistema educativo francés durante el conflicto bélico (más mujeres en puestos directivos, más autonomía y movilización de las comunidades escolares, apertura de contenidos curriculares) no pudieron sostenerse. Pero otros sí: en 1919 se equiparó el salario de maestras y maestros, en 1921 se creó la Liga Internacional para la Escuela Nueva, en 1923 se introdujo el autogobierno infantil en los planes de la escuela primaria, y avanzó la idea de una escuela secundaria unificada, ya que «si los hombres habían combatido en la misma trinchera, los niños tenían que sentarse en los mismos bancos de escuela»17. No se puede saber si las experiencias de haber pasado por situaciones de fragilidad y vulnerabilidad, de haber experimentado la necesidad de mejores infraestructuras públicas, de haberse preocupado por los efectos de la desigualdad, de haber ensayado una escuela que se desplaza, aunque sea de a ratos, de la preocupación por el control y el cumplimiento burocrático hacia formas de trabajo con más compromiso y desafío intelectual, dejarán huellas duraderas. No se puede saber eso, pero sí se puede intentar, desde la política pública, la investigación y la formación docente, que esos ensayos se vayan afirmando como posibilidades concretas para nuestras escuelas.

  • 1.

Jonathan Zimmerman: «Coronavirus and the Great Online-Learning Experiment» en Chronicle of Higher Education, 10/3/2020.

  • 2.

Banco Mundial: Actuemos ya para proteger el capital humano de nuestros niños. Los costos y la respuesta ante el impacto de la pandemia de covid-19 en el sector educativo de América Latina y el Caribe, Washington, DC, 2021.

  • 3.

También en estos países hay desigualdad en el acceso, sobre todo en los sectores urbanos pobres. Sobre la experiencia europea, v. Niels Kerssens y José van Dijck: «The Platformization of Primary Education in The Netherlands» en Learning, Media and Technology, 2021; Ben Williamson y Anna Hogan: Commercialisation and Privatisation in/of Education in the Context of covid-19, Education International, Bruselas, 2020.

  • 4.

Jenna Burrell: Invisible Users: Youth in the Internet Cafés of Urban Ghana, The MIT Press, Cambridge, 2012.

  • 5.

INEGI: Encuesta para la medición del impacto covid-19 en la educación (ECOVID-ED) 2020, disponible en www.inegi.org.mx/contenidos/investigacion/ecovided/2020/doc/ecovid_ed_2020_presentacion_resultados.pdf.

  • 6.

El proyecto «Recepción, experiencias y prácticas de la estrategia ‘Aprende en casa’ en la emergencia covid-19. Un estudio desde la heterogeneidad», cuya responsable es Rosa María Torres, es una investigación conjunta de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), DIE-CINVESTAV, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y Flacso México. Las entrevistas referidas fueron realizadas por Yuri Paéz y por mí.

  • 7.

Como parámetro, puede verse el cálculo que hace un docente de la comunidad del ingreso promedio de las familias: 3.000 pesos mensuales (150 dólares). Entrevista a maestro de telesecundaria pública rural, estado de Guerrero, México, 12/3/2021.

  • 8.

Entrevista a director de telesecundaria pública rural, estado de Guerrero, México, 22/3/2021.

  • 9.

Ministerio de Educación de Argentina, Secretaría de Evaluación e Investigación Educativa: «Informe preliminar. Encuesta a docentes. Continuidad pedagógica en el marco del aislamiento por covid-19», 8/2020, disponible en www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_preliminar_encuesta_a_docentes_enpcp.pdf.

  • 10.

Ver Jonathan Crary: 24/7. El capitalismo tardío y el fin del sueño, Paidós, Buenos Aires, 2014.

  • 11.

Geert Lotvink: «The Anatomy of Zoom Fatigue» en Eurozine, 2/11/2020.

  • 12.

Además del libro de Burrell mencionado en la nota 4, v. la lúcida intervención de Evgeny Morozov: «Capitalism’s New Clothes» en The Baffler, 4/2/2019.

  • 13.

Ben Williamson, Rebecca Eynon y John Potter: «Pandemic Politics, Pedagogies and Practices: Digital Technologies and Distance Education during the Coronavirus Emergency» en Learning, Media and Technology vol. 45 No 2, 2020.

  • 14.

Maestra de quinto de primaria, escuela pública, Ciudad de México, 26/3/2021.

  • 15.

Patrick Rayou (dir.): Faire ses devoirs: enjeux cognitifs et sociaux d’une pratique ordinaire, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2010.

  • 16.

Entrevista a maestro de telesecundaria pública rural, estado de Guerrero, México, 12/3/2021.

  • 17.

Annie Tobaty: «L’école face à l’épreuve: quelle histoire?», entrevista a Emmanuel Saint-Fuscien en Administration et Éducation No 169, 2021, p. 20.

Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad 293, Mayo - Junio 2021, ISSN: 0251-3552

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Evaluará la CIDH 584 quejas de abuso durante las protestas en Colombia

Bogotá. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evaluará 584 presuntas violaciones de los derechos humanos durante las protestas en Colombia, la mayoría cometidas por elementos de la fuerza pública, informó ayer la Defensoría del Pueblo.

La oficina del ombudsman entregó a la CIDH un balance sobre la cruenta represión a las manifestaciones que estallaron el 28 de abril contra el gobierno de Iván Duque, en medio de una visita de la Comisión al país entre el 6 y 10 de junio.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, aseguró que entre el 28 de abril y el 3 de junio recibió 417 quejas que dan cuenta de 584 violaciones a los derechos humanos, según la transcripción oficial de su declaración ante la CIDH.

"Del total de las quejas recibidas en el periodo de análisis, en 73 por ciento se refiere como presuntos responsables a miembros de la fuerza pública, y de ese total 98 por ciento son atribuidas a la Policía Nacional", indica el texto compartido a la prensa.

Según el jefe de la entidad, "las vulneraciones más graves se traducen en 58 presuntos casos de homicidio", de los cuales 45 ocurrieron en el departamento del Valle del Cauca, cuya capital es Cali.

El Comité Nacional del Paro señaló antier que al menos 77 personas han sido asesinadas presuntamente por elementos de la fuerza pública.

El estallido social comenzó contra un alza de impuestos promovida por el gobierno y desechada más tarde ante la presión de cientos de miles de personas que protestan en las calles. Las manifestaciones se mantienen a diario con jornadas más intensas que otras y violentos enfrentamientos entre civiles y la fuerza pública.

La policía está en la mira de la comunidad internacional que denuncia excesos y abusos contra los manifestantes.

La CIDH, con sede en Washington y adscrita a la Organización de los Estados Americanos (OEA), visitará Bogotá y Cali, las ciudades más golpeadas por crisis.

La Defensoría del Pueblo señaló además 113 actos de violencia de género y 3 mil 144 bloqueos en las vías que afectan el abastecimiento y el paso de misiones médicas.

La entidad recoge también información de la Fundación para la Libertad de Prensa sobre ataques a 233 periodistas, en los cuales "el agresor más recurrente es la fuerza pública, a quien se le atribuye 53.73 por ciento de los atropellos".

Los manifestantes exigen una reforma a la formación policiaca y un Estado más solidario para lidiar con los estragos económicos de la pandemia, que atraviesa su pico más letal en 15 meses de emergencia sanitaria.

El Comité Nacional del Paro, la organización más visible de los manifestantes, suspendió las conversaciones que mantenía con el gobierno desde principios de mayo y convocó a nuevas protestas para mañana.

Afp

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Lunes, 03 Mayo 2021 18:20

Colombia sigue CALIente

https://tubarco.news/tubarco-noticias-occidente/tubarco-noticias-cali/elogios-para-cali-miles-de-manifestantes-se-mantienen-en-la-calle-frentiando-al-gobierno-nacional/

Un asesinado más. El domingo 2 de mayo, cuando la penumbra ya había caído sobre el territorio palmireño, y cuando una multitud de jóvenes exigían cambios económicos, sociales y políticos para el país, la acción violenta del Esmad descargó de nuevo la parca sobre ciudadanos desarmados.


En esta oportunidad la fuerza letal cayó sobre la humanidad de Nicolás Guerrero, impactado en su cráneo. Nicolás, un joven de 21 años de edad, con vocación artística, participaba de una manifestación que se movilizaba por Puerto Comercio, nodo entre las ciudades de Cali y Palmira; allí, en medio de la penunbra que llega con el final del día, fue el lugar donde la mal llamada “fuerza pública” (fp) disparó sus armas en contra de los manifestantes, desconociendo normativas locales e internacionales de DDHH.
Una vez la humanidad de este joven sintió el impacto fatal fue auxiliado sin tardanza por otros manifestantes quienes lograron trasladarlo en un automóvil particular hasta un centro asistencial, pero falleció antes de poder ser atendido. Los hechos se encuentran documentados en un en vivo de Instagram en la cuenta de @dj_juandeleon quien filmó los hechos.


En plena mocedad, otra vida, de otro joven lleno de enegía y sueños de un país donde todas y todos puedan vivir en justicia, es arrebata por “la cara amable del Estado”.


Este nuevo asesinato se suma a por lo menos otros 10, hasta ahora documentados y otros tantos aún en comprobación, así como decenas de heridos, que ha cobrado el Esmad en cinco días de protestas que suma el alzamiento social en demanda del desmonte de la reforma tributaria, reivindicación ya conquistada producto de la masiva y decidida movilización juvenil que ha copado calles y plazas de todo el país


Violencia creciente, sin respeto por los derechos humanos, que evidencian la inexistencia de un democracia real en nuestro país, y cuyas víctimas registra un informe de la ONG Temblores: desde el día 28 de abril y hasta el domingo 2 de mayo: 851 casos de violencia policial en todo el país, los que incluyen violencia homicida, arrestos arbitrarios y demás irregularidades tanto por parte de policías en general como miembros del Esmad en particular.


En protección del derecho a la protesta y de los derechos humanos


Alejandro Guevara, defensor de DDHH en la ciudad de Cali, nos narra de su empeño para lograr que no judicialicen a las personas detenidas, apresados bajo procesos irregulares. Alejandro denuncia que la fp hace todo lo posible por entorpecer la labor de los veedores de derechos humanos pues, los jóvenes retenidos son golpeados con saña antes de ser entregados a las familias y organizaciones independientes.


El modus operandi de la fp cumple ciertos patrones en todo el país, especialmente en Cali, ciudad donde decenas de jóvenes han sido arrestados: esparcen indiscriminadamente gases lacrimógenos antes de abrir fuego, en la carrera que sigue a esta acción capturan a todo manifestante que vaya quedando relegado al tratar de escapar de la ofensiva del cuerpo acorazado de la Policía.


Los detenidos se suman por decenas. “En la estación de Fray Damián había 25 detenidos, de los cuales 6 eran menores de edad”, asegura Guevara quien estuvo pendiente de su liberación. Las autoridades de Cali, ciudad vecina de Palmira, destinaron el coliseo del barrio Las Américas para retener a la decenas de personas que calculan serán detenidas.


Otro de los propósitos de los actores en pro de los derechos humanos, es que quienes hayan sido capturados no sean trasladados a Unidades de Justicia Permanente (UPJ), pues ellos no están inculpados por delitos comunes. Sin embargo y pese al esfuerzo por asistir jurídicamente a quienes están bajo arresto, no se logra el cometido pues el rigor jurídico no se cumple en estos casos, muchos de ellos viciados por procederes irregulares, sin estar ausente en ello las golpizas, la presión sicológica y las amenazas de todo tipo.


Este patrón de actuación ha sido la regla en la ciudad de Cali durante los cuatro días (28 de abril-2 de mayo) de convulsión social registrada en el país. En los barrios donde ha centrado su acción defensora Alejandro y algunos de sus colegas, se denunciaron 28 casos de irregularidades, efectivas violaciones de la integridad y garantías humanas de los manifestantes, violaciones grabadas, además, en decenas de videos donde el Esmad arremete con armas de fuego para reprimir la expresión de descontento.


Cae la reforma


Esta digna rabia juvenil, con eco por todo el país, que el establecimiento trató de contener con violencia homicida y con un complot de saqueos e infiltraciones de la protesta social, logró en pocos días poner patas arriba el país, acorralar al gobierno al desnudarlo en sus pretensiones de injusticia social y económica que lo han caracterizado, como prolongación de una forma de usurpar lo colectivo que suma decenas de años, hasta obligarlo a proceder como bombero y quitar el carburante que insufla las llamas sociales. Es así como el 2 de mayo oficializa el retiro del Congreso de la reforma motivo del alzamiento social y el llamado al país a discutir una nueva propuesta.


Esta generación de jóvenes, decididos con claridad sobre el carácter del gobierno logra así su primer triunfo, que se extiende a otras generaciones de activistas que pese a su persistente empeño pocos logros de este tamaño pueden mostrar ante el país.
Vienen otros propósitos, tanto dentro de las protestas en curso, como para el mediano y largo plazo. Entre las inmediatas: justicia por las personas asesinadas y heridas –quién dio la orden de disparar y quién ejecutó en uno y otro caso los disparos–; libertad para todas aquellas personas apresadas en el curso de las protestas.


En el mediano plazo corresponde, aprendiendo del actual triunfo, seleccionar dentro de la decena de demandas que contiene el pliego nacional levantado y presentado como agenda común en el 2019, una exigencia que logre sintonía en los distintos sectores y clases sociales, motor de acción y energía que logra aislar al gobierno y obligarlo a ceder.


Otros propósitos seguramente podrían proponerse (por ejemplo, el desmonte del Esmad), pero es obligatorio, por ahora y de manera inmediata, construir una propuesta de reforma tributaria alternativa fruto del debate por liderar ante todo el país nacional, como parte de una agenda educativa que aborde toda la política económica del establecimiento, para así evidenciar la distancia real que marca los intereses económicos, sociales y políticos de las mayorías de los que alimentan el apetito de las minorías.


Al desplegar esta dinámica, seguramente, emergeran propósitos puntuales por demandar, entre ellos, con toda seguridad, ingresos dignos, empleo, seguridad social, alimentación, salud, educación, entre otros. Y esto es así porque al tiempo que se discuten los impuestos por aplicar como mecanismos de ingresos para cubrir los gastos sociales del país también debe discutirse los sectores dónde se aplicarán, cuantías, tiempo, por qué, para qué, entre otros aspectos. Como puede verse, la discusión de la política tributaria es una matrioska.


Pero esta es una acción urgente, que no da espera, pues al así proceder se ordena el esfuerzo, se pasa de la agitación y la denuncia a construir líneas programáticas que proyecten luz sobre otra sociedad posible. Deben abrirse foros y asambleas en los cuales se aborden temas puntuales como generales de lo aquí sugerido, hasta llegar a una asamblea general en la que se defina la propuesta por presentar al país nacional y al poder legislativo en particular. Todo lo cual es posible realizarlo sin renunciar a la movilización callejera.


Una propuesta de reforma tributaria, ampliada a la política económica, que debe tener como centro una consigna básica: ¡Que la crisis la paguen los ricos!


No sobra traer a cuenta otro logro de este alzamiento: la renuncia del Minhacienda y su equipo ministerial, otro triunfo, no tan relevante como la caída de la reforma, ya que los funcionarios públicos son swiches que el poder quita y pone a su conveniencia. Quien lo suceda será igual o más neoliberal que el saliente, y sus declaraciones serán matizadas según el ambiente nacional que hoy vive el país. Apariencias y no realidades. Y para desnudarlo es indispensable contar con una propuesta de política económica y su particular de política tributaria alternativa.

 

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Publicado enColombia 28A
Manifestación de Madrid con motivo del Día Internacional por la Despenalización del Aborto./ EFE

Ojalá no tuviéramos que seguir dándole vueltas a este derecho fundamental para las mujeres, ojalá llegara el día que pudiéramos decir "aborto, fin de la historia", pero ese momento está aun muy lejos. Vamos y venimos. Nos hemos llevado la inmensa alegría de ver cómo se aprobaba en Argentina y el disgusto de ver cómo se restringía aún más en Honduras y acabamos de ver cómo se restringe también hasta la casi prohibición total en Polonia, un país de la Unión Europea, un espacio que se supone que vela por los derechos de las mujeres, como tiene que hacerlo una democracia. En España vivimos hace relativamente poco tiempo un ataque frontal a este derecho y, en todo caso, lo que seguimos viendo es que la derecha sigue sin aceptarlo con normalidad democrática.

Hace pocos días se ha producido un debate en nuestro país a cuenta de la supuesta intención del Ministerio de Sanidad de facilitar el aborto farmacológico o de privilegiar este sobre el quirúrgico. No voy a entrar aquí en ese debate pero hay cuestiones que merece la pena analizar. La IVE es un derecho conquistado por las mujeres y ampliamente asumido y defendido por la sociedad española y sin embargo…no dejamos de tener la percepción de que sigue estando en riesgo. Esto es porque, a pesar de las leyes, naturalidad con la que la sociedad lo asume y los avances legales…hay cuestiones que siguen pendientes y es verdad que los poderes públicos, quizá, a veces lo damos por hecho y no lo defendemos lo suficiente.

En algunos aspectos sigue tratándose como si fuera algo vergonzoso, sigue cayendo sobre dicha práctica un estigma que desde las instituciones no contribuimos lo suficiente a levantar. Lo explicaba Marisa Kohan en un artículo: no se informa suficientemente de cómo acceder a este derecho; lo que contribuye a mantener el estigma y lo aleja de la normalidad de cualquier otra prestación sanitaria. La información sobre dónde abortar y cómo debería estar fácilmente accesible y debería figurar como una prestación sanitaria más dentro de las que ofrece el Sistema Nacional de Salud. Normalizar dicha práctica es una de las mejores maneras de defenderla. A veces parece que más bien se esconde.

Otro de los problemas que arrastra desde su despenalización, relacionado con el anterior,  es que no se ha conseguido que las intervenciones se realicen con normalidad en la sanidad pública. Los sucesivos gobiernos (incluso los muy favorables a este derecho) se han venido despreocupando de que se pueda realizar dentro del Sistema Nacional de Salud, y esto tiene consecuencias importantes que a veces pasan desapercibidas. Por una parte, no todas las mujeres españolas pueden acceder en las mismas condiciones a la prestación, sino que depende de la provincia en que se encuentren, lo que supone una discriminación según el lugar de residencia. Por otra parte, el hecho de que la IVE no se haga prácticamente nunca en la Sanidad Pública, de que se haga siempre fuera, no contribuye a que socialmente se considere una prestación más. Se mantiene siempre en una especie de régimen de excepcionalidad que tampoco contribuye a su normalización.

No hay que entender con esto un menosprecio a las clínicas concertadas que llevan años atendiendo a las mujeres. Estas no han sido nunca meros negocios. Garantizaron ese derecho cuando nadie lo hacía, muchas y muchos de sus profesionales afrontaron presiones e incluso cárcel; ofrecieron a las mujeres asesoramiento y acompañamiento y muchas de ellas fueron fundadas y dirigidas por feministas de amplia trayectoria. Así que todo el reconocimiento para ellas.  Pero el estado debería garantizar que el derecho al aborto se pueda ejercer en la sanidad pública y en condiciones de igualdad en todo el territorio. Que esto no se hiciera se debió en parte a las presiones de los grupos ultras que desde el principio han venido señalando a cualquier profesional que en los hospitales públicos se prestara a realizar abortos; y esto, así como una muy mala regulación de la objeción  de conciencia, ha expulsado, literalmente, la IVE de la sanidad pública. Vamos a reconocer que la batalla no se ha dado quizá asumiendo que el derecho al aborto estaba asegurado de cualquier forma y que lo importante es poder acceder a él, y no en qué condiciones. Pero no, esta batalla es material pero también ideológica, y  hay que darla cada día; lo estamos viendo.

Además,  este "extrañamiento" de la sanidad pública va más allá. Y como si las técnicas de aborto fuesen algo vergonzoso éstas no son materia que se enseñe en las carreras de Medicina ni Enfermería ni se enseña tampoco durante la especialización.  El estado de nuevo renuncia a la obligación que tiene de formar profesionales en dichas técnicas para así garantizar que las mujeres reciban la mejor atención cuando ejercen su derecho. Y esto  a pesar de que la obligatoriedad de esa formación figura en la ley; no se cumple. Unas de las cosas que aprendí mientras fui diputada y me ocupé de este tema es que existe el miedo entre los y las profesionales de que llegue un momento en que no haya especialistas con la suficiente formación en esta materia. Es un riesgo real y puede que la escasez de profesionales formados pueda llegar a poner en peligro el ejercicio del derecho; al menos el ejercicio del derecho en igualdad de condiciones para todas las mujeres o su capacidad para elegir.  Ni se garantiza la formación, ni se garantiza que se pueda realizar en la sanidad pública con normalidad. No se combate el estigma ni el secretismo y, por el contrario, parece que se da la razón a los ultras antifeministas que quieren que sea una práctica estigmatizada dentro de la medicina, señalada, apartada.

Por último, y muy importante, hasta ahora no hemos sido capaces de garantizar que desaparezcan las presiones e intimidaciones a las puertas de las clínicas. Es descorazonador la poca importancia que los gobiernos autonómicos siguen prestando a que las mujeres puedan ejercer su derecho con seguridad y privacidad; es un desprecio absoluto a los derechos de las mujeres el hecho de que no haya manera de entrar en las clínicas con absoluta discreción, libertad, y confianza en no ser molestada.  Desde distintas instituciones y partido y Unidas Podemos hemos impulsado iniciativas en este sentido, muchas de ellas aprobadas con amplio consenso (incluso con el apoyo de Ciudadanos) pero que nunca se cumplieron.  Estamos trabajando desde el Ministerio en la reforma de la ley 2/2010, pero muchas de estas cuestiones que he comentado corresponden a las CC.AA y otras al Ministerio de Sanidad.

La interrupción voluntaria del embarazo es un derecho y todas las administraciones tenemos que ponernos de acuerdo para garantizarlo en condiciones de igualdad y seguridad. Sabemos que el retroceso es posible y a veces está más cerca de lo que pensamos. No podemos asumir que ya está todo conseguido porque estamos frente a una reacción antifeminista muy profunda. No avanzar puede ser, a la larga, retroceder y en este tema, ni un paso atrás.


Detienen a 14 personas en el segundo día consecutivo de manifestaciones en Varsovia.

Polonia restringe el derecho al aborto

La justicia polaca declaró inconstitucional la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) por malformación del feto. La medida prohibiría un 98 por ciento de los abortos realizados en el país.

Personas con pañuelos verdes y tapabocas con el rayo rojo -que identifica la lucha a favor de la interrupción voluntaria del embarazo en Polonia- llegaron a las inmediaciones de la Corte para protestar (foto) la medida que restringe el derecho a decidir de las personas gestantes. Al menos 14 personas fueron detenidas en la segunda noche de manifestaciones en rechazo a la promulgación de la sentencia judicial.

"Nos reuniremos aquí ya que este Estado piensa que puede apropiarse de nuestra libertad", dijo a la multitud Marta Lempart, una de las fundadoras de Huelga de Mujeres, una de las fuerzas populares que apoyan el derecho a decidir.  En octubre del año pasado, el Tribunal Constitucional (TC) declaró “inconstitucional” la ILE por malformación fetal. La medida tuvo que ser suspendida por el rechazo que llevó a manifestaciones multitudinarias y que duraron semanas en las calles Varsovia, capital polaca. En ese momento, un estimado de 150 mil personas (la manifestación más grande desde el movimiento por la solidaridad con los trabajadores en la década de 1980) salieron a las calles para oponerse a las medidas que restringen el derecho al aborto.

 “El estado quiere limitar aún más los derechos, arriesgar vidas y condenarlas a la tortura” sostuvo Adam Bodnar, defensor de derechos humanos en Polonia tras la prohibición casi total de la interrupción legal del embarazo (ILE). El fallo del Tribunal Consititucional eliminó la ILE en casos de malformación fetal, contemplado como una de las tres excepciones que permite acceder a un aborto en el país. Según datos del ministerio de Salud, el 98 por ciento de los 1.100 abortos practicados en 2019 fueron por malformación fetal.

Hace casi 90 años que Polonia fue el pionero en legalizar el aborto por la causal de violación en Europa, con la promulgación del fallo pasó a tener una de las legislaciones que más restringe el derecho a decidir. De acuerdo con datos oficiales del país, se realizan unos dos mil abortos legales anualmente, sin embargo, esta cifra contrasta la brindada por organizaciones feministas que estiman que la cifra es cien veces mayor -cerca de 200 mil- si se contabilizaran los realizados de forma clandestina o en el extranjero.

Por Beatriz Gimeno

Directora del Instituto de las Mujeres

Página12

30/01/2021

Publicado enSociedad
Domingo, 01 Noviembre 2020 05:12

No hay salud mental sin derechos

Ilustración de Verónica Montón Alegre.

Este lema utilizado por la OMS y aceptado a nivel mundial, pone de manifiesto la importancia de la salud mental como clave para el bienestar, no sólo individual sino también de la sociedad en general. La buena salud mental hace que las personas  desarrollen su potencial, superen el estrés normal de la vida, trabajen de forma productiva y hagan sus aportaciones a la comunidad.

La clave: los derechos

La Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de la ONU en 2006 y ratificada por España en 2008, es un instrumento internacional de los derechos humanos destinada a proteger los derechos y la dignidad de las personas con cualquier tipo de discapacidad (física, mental, intelectual o sensorial) garantizando que gocen de plena igualdad ante la ley.

Esta convención adopta un modelo social de la discapacidad, siendo la sociedad la responsable de eliminar las barreras y de proporcionar los apoyos necesarios para que esta igualdad pueda darse.

El estigma

Es paradójico, sin embargo, que a la salud mental se le preste, ya no poca atención y pocos recursos en relación a otros problemas de salud, sino que además el estigma, que recae sobre las personas con problemas de salud mental, suponga una clara desventaja social, discriminación y la vulneración de sus derechos.

Esta situación, que desgraciadamente se arrastra desde hace siglos, no parece tener fin. Otros problemas de salud, que también han disfrutado de altas dosis de estigma, han acabado siendo integrados como pérdidas de salud, sin por ello penalizar, juzgar o apartar a las personas.

Acabar con el estigma de otros problemas de salud ha sido el resultado del compromiso de las instituciones implicadas (sanitarias, sociales…) a través de planes, campañas y recursos, que han garantizado una buena atención de calidad y la sensibilización de la sociedad en general.

Autoestigma

Sigue siendo frecuente, aún en nuestro medio, que a las personas diagnosticadas de un trastorno mental se las siga considerando imprevisibles, incapaces e incluso violentas, a pesar de que esto no se base en ningún dato avalado por estudios científicos. A ello hay que añadir el propio autoestigma que algunas personas tienen, lo que empeora sus posibilidades de ejercer sus derechos.

Derecho al acceso al empleo, formación y vivienda

Estas ideas irracionales y preconcebidas dan lugar a actitudes de temor y rechazo en la sociedad en general y conducen en muchos casos a la vulneración de los derechos de las personas, ya que impiden el acceso en igualdad al empleo, la formación y la vivienda. Es decir, poder ejercer los derechos de plena ciudadanía.

Luchar y erradicar el estigma y el autoestigma es una cuestión de respetar y garantizar los derechos de las personas con problemas de salud mental.

El Relator de la ONU

El último informe de 2019 del Relator Especial de la ONU sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental destaca el papel fundamental de los factores sociales, como determinantes de la salud en relación con el ejercicio efectivo del derecho a la salud mental.

La promoción de la salud mental no es un lujo, es un derecho de toda la población.

El Relator considera que un enfoque basado en los derechos para la promoción de la salud mental ofrece una alternativa al "modelo biomédico" que está orientado a la enfermedad y adopta un enfoque individual y limitado en la prevención de problemas de salud mental.

Advierte en su informe que las concepciones estrechas de los determinantes de salud, junto con un exceso de confianza en las explicaciones biomédicas de la angustia emocional y los problemas de salud mental, desvían la atención de las políticas y de las acciones basadas en Derechos que promueven la salud. También alerta que esta cuestión de derechos humanos está gravemente descuidada y que requiere de acciones urgentes.

Más igualdad, menos pobreza, acceso a la formación, espacios dignos donde vivir y posibilidad de desarrollarse a través de un empleo, son la mejor manera de promocionar la salud mental y prevenir los trastornos mentales.  Acciones más complejas y con intereses menos claros que algunos de los relacionados con el modelo biomédico que domina el discurso y la acción actual. En salud mental es tiempo de derechos y de política de derechos.

Firma del Post:

  • Carmen Montón es embajadora observadora permanente ante la Organización de los Estados Americanos y ha sido Ministra de Sanidad, consumo y bienestar social y Consellera de Sanidad.
  • José Antonio López Cócera es enfermero especialista en salud mental y miembro de la comisión nacional de la especialidad.
  • Begoña Frades García. Psiquiatra y jefa del área de salud mental del Hospital Pare Jofre. Ha sido coordinadora autonómica de salud mental.

Forman el Foro Ágora Salud:

  • Carmen Montón es embajadora observadora permanente ante la Organización de los Estados Americanos y ha sido Ministra de Sanidad, consumo y bienestar social y Consellera de Sanidad.
  • Ricardo Campos. Médico Oftalmólogo. Ha sido Secretario General del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y subsecretario autonómico de sanidad.
  • Rafael Sotoca. Médico de familia y activista sanitario. Fue director general de asistencia sanitaria de la Comunidad Valenciana.
  • Begoña Frades García. Psiquiatra y jefa del área de salud mental del Hospital Pare Jofre. Ha sido coordinadora autonómica de salud mental.
  • José Antonio López Cócera es enfermero especialista en salud mental y miembro de la comisión nacional de la especialidad.
  • Isabel González. Médica radióloga. Fue jefa de servicio y profesora asociada de radiología en la Universidad Miguel Hernández de Elche así como Directora Gral. de la Alta Inspección y gerente de los departamentos de salud de San Juan de Alicante y La Ribera (Alzira)
  • Enrique Ortega. Médico especialista en enfermedades infecciosas y jefe de servicio de Enfermedades Infecciosas, Emergentes e Importadas. Ha sido profesor asociado de de medicina de la Universidad de Valencia y Director Gerente del Departamento de Salud Hospital General de Valencia.
  • Antonia García Valls. Asesora coordinadora en la Vicepresidencia Cuarta, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Ha sido diputada en el congreso de los diputados.
  • Pere Herrera de Pablo. Medico de familia y médico SAMU. Ha ejercido como director del Servicio Emergencias Sanitarias de la Comunitat Valenciana.
  • Roser Falip Barangué. Doctora en Medicina y especialista en medicina de familia y en análisis clínicos. Ha sido gerente del departamento de salud de Alcoy.
  • Juan Domene. Médico Inspector en el servicio de calidad asistencial y seguridad del paciente. Ha sido gerente del departamento de salud Arnau de VilanovaLliria.

Ilustra el blog:

  • Verónica Montón Alegre. Artista interdisciplinar.

18 octubre, 2020

Publicado enSociedad
Viajeros llevando máscaras en el aeropuerto de Babkok y respetando la distancia de seguridad que indican los carteles, el 25 de marzo del 2020.JACK TAYLOR / AFP

La mitad de ellos piden ser repatriados pero el Gobierno no planea por ahora "excepciones humanitarias”

Con visas a punto de expirar, encerrados en hostales y sin dinero. La situación de colombianos en el exterior mientras el mundo cierra fronteras por el coronavirus, es dramática. Desde el 24 de marzo, cuando el Gobierno cerró la llegada de viajeros, al menos 4.500 colombianos se han reportado en la página de Migración Colombia como atrapados en algún país y 2.300 piden algún tipo de ayuda para regresar.

Pero los mensajes de la Cancillería no son alentadores. Si bien le había informado a EL PAÍS que “la Cancillería solo podrá confirmar la posibilidad de vuelos de retorno cuando estos se concreten” y agregaba que esas posibilidades “dependen de la voluntad de aerolíneas comerciales y de decisiones de distintos gobiernos”; este jueves cambió de opinión y difundió un comunicado en el que asegura que todos los vuelos de llegada al país están prohibidos. En palabras de la Ministra de Transporte, Ángela Orozco, en esa comunicación, la Cancillería está “reiterando que no habrá excepciones humanitarias para nacionales en el exterior”.

La Cancillería afirma que son conscientes de las dificultades que están atravesando los colombianos en el exterior, pero que deben aplicar las medidas de cuarentena de “manera estricta” y que la Constitución les permite restringir la circulación e ingreso al territorio para “garantizar el interés público”. Adicionalmente, los cónsules y embajadores tienen que garantizar un “plan de auxilio económico subsidiario temporal” para atender la necesidades básicas de alimentación y hospedaje de los colombianos mientras termina la restricción de ingreso al pais.

Antes del 23 de marzo lograron llegar 45.595 colombianos que ahora están en cuarentena y el gobierno dejó abierta la posibilidad a negociaciones con gobiernos para el retorno de los restantes solo en casos excepcionales. Pero ahora esa opción quedó cancelada. Este viernes se esperaba la llegada de un grupo de colombianos desde Houston (Texas) pero como advirtió la ministra de transporte a W Radio, “no van a llegar”.

Gritos de auxilio

Los llamados de auxilio se escuchan desde distintos lugares del mundo. En Australia, un grupo de 200 colombianos envió una carta al embajador. “La gran mayoría teníamos vuelos comprados para regresar y fueron cancelados cuando el gobierno anunció que cerraba la llegada de vuelos. Compramos otros para alcanzar a llegar antes de la fecha de cierre y no fue posible”, cuenta Carolina Tafur. Esta colombiana dice que en el grupo hay personas con necesidades médicas, algunas mayores de 60 años y piden que el gobierno colombiano gestione con alguna aerolínea o con la Organización Internacional para las Migraciones.

El caso de Viviana Pieschacon, en Albania, es crítico. Con su esposo y su bebé de 6 meses, está aislada en un Airbn en la ciudad portuaria de Durrés, pero debido a la cuarentena y no tener un documento albanés no puede salir ni a comprar alimentos para la niña. “Nos preocupa que no podemos salir ni a comprar la leche para ella y solo tenemos alojamiento hasta el 3 de abril. Ya llenamos el formulario de Cancillería pero no hemos tenido ninguna respuesta”, contó a EL PAÍS. Habían viajado a Europa en febrero para recorrer Albania, Italia y Madrid. “Por fortuna no llegamos a Italia”, dice Pieschacon. Pero ahora se encuentra desesperada porque no hay colombianos en Albania y el consulado más cercano está en Italia.

En el sudeste asiático, una veintena de colombianos se debate entre regresar o esperar a que pase la tormenta de coronavirus en Colombia, donde hay 536 casos confirmados y 6 muertes. Pero tampoco tienen suficiente dinero y les preocupa el vencimiento de las visas. “Una ruta de vuelo para viajar a Colombia”, es lo que piden en un documento que crearon para solicitar en grupo el retorno desde Tailandia, donde se encuentra la mayoría. Y en Perú, 200 colombianos suplican “un vuelo de rescate”. “Así como han permitido la entrada desde otros países suplicamos nos permitan entrar y cumplir allí la cuarentena y todos los exámenes de rigor que nos exijan”, dice Martha Acosta, atrapada en Cuzco. “La Cancillería nos estaban gestionando un “vuelo humanitario” pero todo cambió ayer cuando decidieron prohibió la entrada de vuelos internacionales”, contó.

Las inconsistencias entre las declaraciones de la Cancillería y el Ministerio de Transporte es otra de las quejas de los colombianos atrapados en el exterior. “La ministra dijo en medios de comunicación que sujetos a un protocolo de bioseguridad que estableció la Cancillería con el Ministerio de Salud y Aerocivil, se puede traer a colombianos de manera puntual, siempre y cuando cumplan unos protocolos, pero ahora la Cancillería publica un comunicado que dice lo contrario”, se queja Carolina Tafur, desde Australia.

Por Catalina Oquendo

Bogotá - 30 mar 2020 - 15:18 COT

Publicado enColombia
La ONU denuncia violaciones a los derechos humanos en Chile

La Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU constató que la policía chilena torturó a personas detenidas. Las conclusiones comprometen a la administración de Sebastián Piñera

La Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU (Acnudh) denunció graves violaciones a los derechos humanos durante la represión en Chile. El organismo presidido por Michelle Bachelet constató uso excesivo o innecesario de la fuerza. También sostuvo que la policía chilena torturó a personas detenidas. Según el informe emitido por la Acnudh las fuerzas de seguridad utilizaron la violencia en forma desproporcionada: lesionaron, mataron, torturaron, ejercieron violencia sexual y detuvieron arbitrariamente. Otro duro golpe para el presidente Sebastián Piñera.

La misión de la ONU visitó Chile entre el 30 de octubre y el 22 de noviembre para verificar denuncias sobre violaciones a los derechos humanos. La jefa del equipo, Imma Guerras-Delgado, dijo que existen razones fundadas para sostener que desde el 18 de octubre, día en que comenzaron las protestas, se registró un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos. Estos hechos se cometieron en todo el país, pero en su gran mayoría en la Región Metropolitana (Santiago) y en contextos urbanos, precisó el informe publicado por el organismo luego de su visita al país.

Según lo observado por la misión de la ONU en Chile, Carabineros incumplió de forma reiterada con el deber de distinguir entre manifestantes violentos y aquellas que se movilizaron pacíficamente. "Carabineros utilizó fuerza no letal cuando la manifestación fue pacífica, con el objetivo aparente de dispersar la manifestación o evitar que los participantes llegaran al punto de reunión", advierte el texto. También subraya el uso desproporcionado y a veces innecesario de armas no letales. “En particular escopetas antidisturbios pero también gases lacrimógenos, utilizados a corta distancia (..) tanto durante manifestaciones pacíficas como en el contexto de enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, especialmente por parte de Carabineros", informó la Acnudh. El organismo pudo observar que estos hechos lejos de ser aislados se replicaron en muchas ocasiones. "Ciertas violaciones a los derechos humanos, en particular el uso indebido de armas menos letales y los malos tratos, son reiteradas en el tiempo, en el espacio y con respecto a quienes son los supuestos perpetradores y las víctimas", subraya el texto.

La Oficina de la Alta Comisionada llamó la atención por la gran cantidad de personas que sufrieron lesiones oculares durante las protestas. "El número alarmantemente alto de personas con lesiones en los ojos o la cara da cuenta de una grave violación. Preocupa en particular la utilización de perdigones que contienen plomo", señala el informe. Según el organismo la policía chilena ejerció tortura contra los detenidos. "Un gran número de personas arrestadas y detenidas fueron maltratadas. Algunos de estos casos, incluidos los de violencia sexual, simulación de ejecuciones y amenazas de que las personas serían `desaparecidas', equivalen a tortura. Muchos de estos casos ocurrieron en lugares sin cámaras de vigilancia y con los perpetradores no debidamente identificados", explicita el texto.

También denunció que pese al gran número de denuncias y acciones judiciales aún no se identificó a los que las personas llevaron a cabo las acciones indebidas. El informe señala la falta de información pública por parte de las fuerzas de seguridad sobre las acciones que llevaron a cabo para para garantizar la rendición de cuentas. Junto a esto, la ONU también documentó cuatro casos de privaciones arbitrarias de la libertad y muertes ilícitas que involucran a agentes del Estado. Además da cuenta de numerosas detenciones indiscriminadas que podrían ser consideradas arbitrarias a la luz de las normas internacionales.

La represión durante las marchas dejó 23 muertos, 352 personas con lesiones ocularespor disparos de perdigones, y miles de denuncias de heridos y detenidos. Según un informe de Carabineros, los detenidos fueron 18.359, de los cuales 9.716 fueron por desórdenes y 4.991 por saqueos.

Publicado enInternacional
Domingo, 07 Julio 2019 05:37

El orden del discurso

El orden del discurso

La visita a Venezuela de Michelle Bachelet.

 

Durante su reciente estadía venezolana de tres días, la alta comisionada de la Onu para los derechos humanos y ex presidenta chilena, Michelle Bachelet, se reunió en el palacio presidencial de Miraflores con Nicolás Maduro y en la Asamblea Nacional con su presidente, Juan Guaidó. Recordemos que desde enero muchos gobiernos extranjeros, casi cincuenta, han reconocido a Guaidó como “presidente encargado de la República”, aunque en este tiempo no ha podido ejercer función alguna como tal.

La visita hizo tabla rasa de los eufemismos. Nada de “mediación entre dos presidentes”. Bachelet llegó a Caracas y nombró a cada quien según su cargo, una obviedad a la que no se atrevía la comunidad internacional que le siguió el juego a Estados Unidos. Las declaraciones de Guaidó después de la reunión, sin la delegada de la Onu a su lado, fueron bastante categóricas: Bachelet intercedió para liberar a los presos políticos. Nada de “cese de la usurpación” ni de “gobierno de transición”. Los términos que hasta hace días utilizaba Guaidó para referirse a sus actuaciones internacionales han mutado a otros más flexibles y realistas: presos políticos, violaciones a derechos humanos, negociación en Noruega.

Pero Bachelet fue todavía más lejos en eso de nombrar las cosas. Visitó en sus despachos al presidente del Tribunal Supremo de Justicia y al fiscal general, ambos presididos por funcionarios incluidos en la lista de sancionados del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Una verdadera afrenta a la vorágine política internacional deseosa de una invasión extranjera y de una purga radical. Una lluvia de críticas cayó sobre Bachelet y Guaidó por parte de opositores radicales, especialmente una vez que Bachelet demandara agilizar el diálogo en Noruega entre el gobierno y la oposición, algo que Guaidó había rechazado, salvo que fuera para la claudicación definitiva de Maduro.

Paralelamente al cierre de la visita de Bachelet, una foto estremecía a la oposición: Elliott Abrams, encargado de la Casa Blanca para asuntos sobre Venezuela, se fotografiaba con los delegados de Guaidó que asistirán, en Oslo, a la tercera ronda de negociaciones y les ofrecía su respaldo. Para la segunda ronda de negociaciones, Abrams se mostró escéptico y se atrevió a hacer recomendaciones públicas a Guaidó para que sólo se sentara a firmar la rendición de Maduro. De todas maneras, la foto en cuestión es un espaldarazo de Estados Unidos a la mediación de Noruega como única salida posible por el momento. Un verdadero balde de agua fría para Almagro, Duque y la derecha radical venezolana, que tratan de torpedear cualquier negociación política.

Se espera que la alta comisionada presente hoy, 5 de julio, un informe a Naciones Unidas sobre Venezuela y su visita de tres días. Por lo pronto, ha inaugurado otra forma de atender el conflicto venezolano.

JUEGO DE NAIPES.

Por el momento, la carta de la mediación noruega pesa más que la de una intervención militar, con la que amagaron Trump y diversos funcionarios de Estados Unidos desde comienzos de año. Desde que Trump mencionó que, con respecto a Venezuela y Maduro, “todas las opciones están sobre la mesa”, se entendió que contemplaba seriamente una intervención militar. Varios meses después, esa carta se ha ido al mazo.

Ahora sólo queda la negociación diseñada en Europa y países de América Latina, como Uruguay y México, que han visto con cierta cautela la autojuramentación de Guaidó y la ofensiva belicosa de Estados Unidos contra Venezuela. El diálogo entre las partes en cierta manera pasa por aceptar al chavismo como actor político de negociación, y no como “banda de narcotraficantes” y “genocidas”. El mismo Abrams ha considerado la opción de que Maduro sea candidato presidencial, aunque ha confirmado que antes de eso el venezolano debe dejar el poder. Todo un repertorio simbólico que da cuenta de un nuevo enfoque.

Pero lo simbólico no es independiente de lo real. Estos desplazamientos discursivos obedecen a los fracasos opositores que se han sucedido una y otra vez desde enero de este año. El primero y quizá más importante fue el del 12 de febrero en la frontera colombo‑venezolana, cuando la oposición, acompañada de manera espectacular por un concierto musical internacional y presidentes de la región, como Sebastián Piñera e Iván Duque, intentó hacer ingresar en el territorio venezolano tres camiones de ayuda humanitaria, que resultaron quemados (a la postre, The New York Times revelaría que por los mismos opositores). Finalmente, el 30 de abril, un golpe de Estado abortado y débil terminó de mostrar las pobres costuras militares de los opositores y el fracaso de la política estadounidense hacia el sector militar venezolano. Ambas acciones atrincheraron al Ejército y al chavismo en torno a Maduro.

MAL MOMENTO PARA LA OPOSICIÓN.

Durante la visita de Bachelet, la escalada del conflicto con Irán mantuvo a Estados Unidos ocupado. Fuerzas militares iraníes derribaron un dron estadounidense el 20 de junio y el propio Trump reconoció que estuvo a punto de iniciar una agresión violenta como respuesta, que finalmente detuvo a escasos minutos de concretarla. Todo ello mantiene alejada a Venezuela de las primeras planas del escenario geopolítico y levanta otras preocupaciones para Estados Unidos. La presión contra Caracas, que venía en aumento desde enero, ha estado bajando las últimas semanas y llegó a su mínimo de este año justamente durante la visita de la máxima autoridad de la Onu en materia de derechos humanos. Sin el padrino azuzándola, la oposición ha tenido que mostrar su cara dispuesta al diálogo.

La situación geopolítica no es la única que marca el desánimo del antimadurismo. Un escándalo de corrupción sobrevenido de manera inesperada señala a militantes del opositor Voluntad Popular como responsables de corrupción en temas relacionados con la ayuda humanitaria del evento del 12 de febrero. El Panam Post, un medio de oposición radical a Maduro que opera desde Estados Unidos, destapó un conjunto de documentos que comprobarían dicha corrupción, que ha salpicado incluso al representante de Guaidó en Colombia. Este ha hecho declaraciones que contradicen a su jefe en cuanto a las fechas en las que comenzaron a investigarse dichas denuncias.

Independientemente del daño que pueda hacerle este escándalo a Guaidó, da cuenta de la ruptura interna en las filas opositoras. Los denunciantes son parte de la oposición más radical y, de esta forma, le estarían cobrando a Guaidó su negociación con el gobierno en Noruega. En todo caso, el sinceramiento de la situación venezolana y la necesidad de volver a las negociaciones abren procesos políticos que favorecen la participación de sectores opositores menos radicales que hacen vida política a lo interno del país, a diferencia de los que diseñan y dirigen desde el extranjero. Una vuelta a la política real.

5 julio, 2019

*    Sociólogo, analista político y profesor de la Universidad Central de Venezuela.

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