Viernes, 15 Octubre 2021 06:13

Tortura indetenible

Tortura indetenible

La violencia estatal en Venezuela

Desapariciones, golpes, culatazos, asfixia, quemaduras, descargas eléctricas, violencia sexual y, a veces, la muerte. Un mal que ha sido endémico en el país se ha agravado en los últimos años y dispara cada vez más alarmas.

 

La noche del 28 de junio de 2019, el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, de 50 años, retirado de la Armada en 2006 y considerado opositor político, fue llevado ante un tribunal castrense por efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela (DGCIM) para oír cargos de conspiración contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Horas antes lo habían llevado al hospital militar de Caracas, donde el médico certificó que tenía traumatismos en el tórax, la nariz, un dedo, un tobillo, infección en la piel y deshidratación. Acosta ni siquiera pudo articular palabra. Por señas pidió ayuda a su abogado, asintió con la cabeza cuando este le preguntó si había sido torturado y el juez lo vio en tal mal estado que ordenó devolverlo al hospital.

Acosta se desmayó y, según algunos testigos, murió allí mismo, en el estrado. Llegó al hospital sin signos vitales. Un informe forense dio cuenta de que presentaba 38 lesiones, como las fracturas del tabique nasal y un pie, quemaduras, hematomas en varias partes del cuerpo y escoriaciones en hombros, codos y rodillas.

Una semana antes de su muerte, cuando viajaba desde Caracas hacia Guatire, 30 quilómetros al este, su familia perdió todo contacto con él y solo supieron de su paradero cuando se informó que era llevado al tribunal.

Dos oficiales de menor rango, un teniente y un sargento, fueron procesados por homicidio preterintencional y la fiscalía no investigó evidencias de tortura ni responsabilidades mayores en la cadena de mando. El Tribunal Supremo de Justicia ordenó una nueva investigación y un nuevo juicio, con resultados aún esperados, pero solo se responsabiliza a los subalternos.

Este es el corazón del caso Acosta tal como lo recogen informes de la Misión Independiente de Determinación de Hechos sobre el caso Venezuela constituida por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y reportes sucesivos en los dos últimos años de la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet. Esos informes están nutridos de casos, señalamientos y recomendaciones con respecto al tema de la violación de derechos humanos fundamentales en Venezuela, sistemáticamente rechazadas por el gobierno de Maduro, la fiscalía y demás instituciones en la cúpula del Estado.

En paralelo, la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), que la gambiana Fatou Bensouda traspasó en julio al británico Karim Khan, hizo un examen preliminar de la situación de los derechos humanos en Venezuela y llegó «a la conclusión de que la información disponible proporciona una base razonable para creer que desde, al menos, abril de 2017 autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas y personas progubernamentales han cometido crímenes de lesa humanidad», entre ellos, la tortura. Ese reporte abre puertas para un posible encausamiento, ante la justicia penal internacional, de responsables del Estado venezolano y de sus aparatos armados.

VIEJA PRÁCTICA

La tortura en Venezuela «es una práctica que tiene muchos años, y no solo la comete la DGCIM, uno de los organismos más señalados en los últimos cuatro años, sino también el Servicio Bolivariano de Información (la Policía política), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (la Policía judicial), que tiene muchos años practicándola, y se han sumado Policías regionales y municipales», dijo a Brecha Marino Alvarado, quien ha sido coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), posiblemente la más reconocida ONG de derechos humanos en el país.

En el siglo XX, las dictaduras militares de Juan Vicente Gómez (1908-1935) y Marcos Pérez Jiménez (1948-1958) practicaron la tortura contra los detenidos políticos y, en los años sesenta y setenta, lo hicieron unidades militares y policiales que combatían a las guerrillas izquierdistas. En paralelo, fue avanzando la práctica, por parte de las Policías a cargo de combatir los delitos comunes, de torturar a los detenidos para arrancarles confesiones o para infligirles castigos, lo que, junto con los tratos inhumanos y degradantes, se hizo pan de cada día en las prisiones y comisarías. El resultado fue una suerte de institucionalización de esa práctica, que acompañó muchas veces a las ejecuciones extrajudiciales en las redadas o razias policiales y a la represión en las cárceles, que condujo a motines, varias veces saldados con decenas de muertes.

Cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1999, la represión por razones políticas amainó, pero resurgió después de las manifestaciones estudiantiles de 2007. Y, tras la muerte del carismático líder, en 2013, se incrementaron las facultades, la organización, el número de efectivos y el equipamiento de las fuerzas del orden, y se crearon unidades de comandos señalados por ONG humanitarias como perpetradoras de múltiples violaciones a los derechos humanos.

Maduro, quien gobierna desde entonces, ha denunciado, develado y superado complots para derrocarlo o asesinarlo, y en ese contexto se mantiene a cientos de civiles y militares como presos políticos –con frecuencia salen algunos y se aprehende a otros, en una especie de puerta giratoria–. De allí emanan constantes denuncias de torturas y tratos inhumanos (como no permitirles a los presos políticos el acceso a una oportuna atención médica en plena pandemia, por ejemplo), a las que las entidades internacionales de derechos humanos agregan las denuncias de los crímenes perpetrados contra los presos «comunes».

CIFRAS Y GOLPIZAS

Entre 2013 y 2020, el Provea contabilizó 1.267 casos de tortura y la muerte de 76 personas por haber sido torturadas. De estos fallecimientos, 23 ocurrieron en 2019 y cuatro en 2020, cuando también disminuyeron las cifras de otras violaciones a la integridad personal (lesiones, tratos crueles, amenazas, allanamientos ilegales de hogares), que afectaron a 2.700 víctimas en vez de a las 5.200 de 2019. Pero el Provea advierte la probabilidad de un subregistro, porque, junto con las situaciones derivadas de la pandemia y el persistente miedo de las víctimas a denunciar, están la opacidad oficial y el desplome de la prensa independiente para ventilar las denuncias. Por ello, la organización considera que, en general, se mantienen para estas violaciones «los promedios de la era Maduro».

La mayoría de las lesiones infligidas a las víctimas consisten en golpes, patadas, culatazos, descargas eléctricas, crucifixión, violación, peinillazos (golpes con la hoja de un machete) e insultos, según el Provea. Familiares de internos en una cárcel de Barquisimeto, en el centrooeste del país, denunciaron que a los presos se los castiga de madrugada con palizas y colgándolos cabeza abajo con un artefacto que denominan la grúa. Las listas de ejecutores de violaciones las encabezaron el año pasado el cuerpo de vigilantes penitenciarios y los comandos de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana. En 2016 y 2017, el mayor número de casos se atribuyó a organismos militares y comandos policiales. A comienzos de julio, Bachelet dijo que este año su oficina «continúa recibiendo denuncias de torturas y tratos crueles» contra personas detenidas en Venezuela.

LAS MUJERES

A la fecha, según el Foro Penal, una red de abogados que defiende a presos políticos, en Venezuela hay 259 detenidos por razones políticas, de los que 133 son militares. Hay un adolescente y 15 son mujeres. Los familiares denuncian que, como muchas otras detenidas, las presas por razones políticas han sido víctimas de agresiones, amenazas e insultos. Un caso destacado es el de Emirlendris Benítez, detenida en las llanuras al suroeste de Caracas en agosto de 2018, acusada de participar en un intento de magnicidio contra Maduro. Estuvo presa en la DGCIM y permanece en la cárcel de mujeres de Los Teques, cerca de Caracas. Una hermana denunció que «sufrió torturas que le provocaron un aborto», según se enteró al cabo de meses sin saber de la detenida, quien ahora también padece de una hernia y otras dolencias.

En marzo, Marta Valiñas, presidenta de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU, dijo que su equipo investigaba «denuncias de tortura y tratos y penas crueles, incluidas las de actos de violencia sexual y de género contra las personas detenidas». Estudios de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones señalan que las mujeres –2.300 de los 57 mil presos en este país de 28 millones de habitantes– a menudo son víctimas de extorsión por parte de custodios y lideresas negativas en las cárceles, forzándoselas a intercambiar sexo por protección o acceso a suministros esenciales como agua, alimentos, productos de higiene o atención médica.

RÉPLICA

En febrero, ante la Asamblea Nacional (Parlamento), el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, defendió el trabajo de su despacho para encarar los crímenes que padecen los detenidos, pues en el período 2017-2020, dijo, «fueron acusados 1.019 funcionarios y 136 civiles por casos de homicidio, tortura, tratos crueles, tratos inhumanos o degradantes, privación ilegítima de libertad y violaciones de domicilio. En el 16 por ciento de los casos hubo condenas». Además, Saab ofreció colaboración a la CPI. En cambio, calificó como un «panfleto» ofensivo a la institucionalidad venezolana los informes de la Misión de Determinación de Hechos y acusó a sus integrantes de recibir sobornos de gobiernos enemigos del de Caracas.

En 2013, la Asamblea Nacional, entonces dominada por el oficialista Partido Socialista Unido, adoptó la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, promulgada por Maduro. Creó una comisión nacional estatal para prevenir la tortura, adscrita a la Defensoría del Pueblo (que integra uno de los cinco poderes a la cabeza del Estado), le asignó amplias funciones en ese campo y dispuso penas de entre 15 y 25 años para los funcionarios que fueran hallados culpables de tortura.

Evidentemente, la norma ha quedado en el papel. La oficina de Bachelet señaló hace tres meses, por ejemplo, que entre junio de 2020 y abril de 2021 no logró conocer ninguna acción de esa comisión nacional. La Defensoría del Pueblo tampoco se moviliza ante las denuncias de tortura, según organizaciones de derechos humanos, a pesar de que su titular, Alfredo Ruiz, condujo durante años la ONG Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, impulsora de la ley contra la tortura.

EL DRAMA SIGUE

«La mejor prevención es sancionar a los responsables de la tortura, lo que prácticamente no se hace», lamenta Alvarado. Pero, además, señala que ese lunar en la vida venezolana se expande con hechos como la existencia, según denuncias recogidas por organizaciones de derechos humanos, de centros o casas clandestinas para la práctica de la tortura por parte de algunos organismos de seguridad. Otras denuncias refieren, con por lo menos un caso documentado, que algunos grupos paraestatales alineados con el oficialismo, los autodenominados colectivos, han practicado por su cuenta detenciones arbitrarias durante semanas, acompañadas de torturas, de personas de tendencias políticas rivales. Muchos de estos colectivos son agrupaciones solo de trabajo político y comunitario, pero algunos exhiben su condición de grupos armados y controlan la vida de vecindarios enteros en Caracas y otras ciudades.

Alvarado también lamentó recibir denuncias de casos en los que fiscales y jueces presencian torturas a detenidos o se enteran de ellas y hacen la vista gorda, a despecho de que la ley dispone castigar con entre 13 y 23 años de cárcel al funcionario que sea cómplice de ese delito. Y, finalmente, reconoce que la tortura adquiere visibilidad cuando sus víctimas son detenidas por razones políticas, pero casi nunca cuando lo son por delitos comunes, lo que explica de forma parcial la indiferencia de gran parte de la población –por lo demás, en el caso de Venezuela, sumida y absorta en una superposición de crisis económica, política, social y migratoria– a este drama.

Sin embargo, el tema ya se ha instalado en los radares de los sistemas internacionales de derechos humanos. Se trata de delitos que no prescriben y pueden dar lugar a un proceso penal contra responsables del Estado venezolano.

Por Humberto Márquezdesde Caracas 
14 octubre, 2021

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Milicianos de Hezbollah disparan contra grupos armados cristianos en Beirut.. Imagen: AFP

La manifestación fue convocada por el movimientos chiíta Hezbollah y sus aliados de Amal

Los enfrentamientos cerca del Palacio de Justicia de la capital libanesa incluyeron francotiradores y el uso de pistolas, fusiles Kalashnikovs y lanzadoras de granadas. Ya hay nueve detenidos, entre ellos un ciudadano sirio.

15 de octubre de 2021

Al menos seis personas murieron y unas 30 resultaron heridas en Beirut por tiroteos registrados durante una protesta de los movimientos chiitas Hezbollah y sus aliados Amal contra el juez que investiga la explosión en el puerto de la capital libanesaen agosto de 2020. Disparos incesantes y explosiones resonaron cerca del Palacio de Justicia, ante el que se habían reunido centenares de manifestantes, vestidos de negro, algunos de ellos armados. Los enfrentamientos incluyeron francotiradores y el uso de pistolas, fusiles Kalashnikovs y lanzadoras de granadas. Las escenas vividas el jueves, por las que ya hay nueve detenidos, entre ellos un ciudadano sirio, provocaron el miedo a una nueva oleada de violencia sectaria en este país que fue escenario de una guerra civil (1975-1990).

Los detalles de una escena de guerra

Francotiradores apostados en los tejados del barrio capitalino de Tayoune atacaron a un grupo de manifestantes cuando se dirigían a una protesta convocada por Amal y Hezbollah frente al Palacio de Justicia. El ministro de Interior libanés, Bassam Mawlawi, confirmó posteriormente en conferencia de prensa que varias personas recibieron disparos "en la cabeza", lo que confirmaría la hipótesis de los francotiradores, mientras que a los disparos le sumó el lanzamiento de granadas propulsadas por cohetes en la misma zona.

Al ataque le siguieron varias horas de enfrentamientos entre hombres armados chiitas y otros de afiliación aún desconocida, con un saldo de al menos 30 muertos según el último balance de la Cruz Roja. Entre los fallecidos hay una mujer de 24 años que recibió una bala en la cabeza cuando estaba en su casa, dijo un doctor del hospital Sahel, al sur de Beirut.

En las redes sociales circulaban videos de estudiantes escondidos bajo sus pupitres o tirados al suelo en plena clase. "Me escondí con mi primo y mi tía en un espacio de dos metros cuadrados, entre dos habitaciones, por miedo a las balas perdidas", decía Bissan al Fakih, una vecina de la zona.

Temor al sectarismo

El área donde se registraron los disturbios, los peores en años, se ubica cerca de la división entre una zona chiita y otra cristiana que durante la guerra civil libanesa fue escenario de importantes batallas sectarias, lo cual eleva el temor a una posible repetición de aquel conflicto entre grupos religiosos.

En un comunicado conjunto, Hezbollah y Amal acusaron por el ataque a "grupos del (partido cristiano) de las Fuerzas Libanesas desplegados en los barrios y tejados aledaños". Se trata del segundo bloque cristiano del Parlamento libanés y una antigua milicia que operó durante el conflicto que ensangrentó al Líbano.

Sin embargo la formación de Samir Geagea, quien fue un importante comandante durante la contienda y estuvo encarcelado por su participación, negó categóricamente las acusaciones y pidió a las autoridades una "clara y explícita" adjudicación de responsabilidades por la violencia. Las Fuerzas Libanesas culpan por los disturbios a los esfuerzos de Hezbollah por apartar al juez Tarek Bitar de la investigación.

Implosión del gobierno y crisis en el país

Cientos de partidarios de Amal y Hezbollah se congregaron el jueves por la mañana en Beirut al grito de "Fuera Bitar" o "Está jugando con fuego", días después de que el juez de la causa citara a declarar a dos exministros de Amal sospechosos de negligencia en el caso de la explosión del puerto, ocurrida el cuatro de agosto de 2020 debido a cantidades de nitrato de amonio almacenadas de forma irregular. En esa tragedia murieron al menos 214 personas, hubo más de 6.000 heridos y numerosos edificios de la capital terminaron devastados.

Durante la protesta del jueves, los manifestantes quemaron retratos del juez y de la embajadora estadounidense en Líbano, Dorothy Shea. Estos cruentos enfrentamientos coinciden con la presencia en Beirut de la número tres del Departamento de Estado norteamericano, Victoria Nuland. 

Ali Toubi, un abogado que asistió a la movilización, aseguró que apoya a las familias de las víctimas de la explosión en su lucha por llevar ante la justicia a "todos los perpetradores", pero insistió en que el juez actúa de forma "selectiva" y carga contra "gente de un solo color y partido".

El primer ministro Nayib Mikati llamó a mantener la calma y a "no dejarse llevar a la sedición, sin importar el pretexto". Mikati mantuvo reuniones con el presidente de Líbano, Michel Aoun, y el presidente del Parlamento, Nabih Berri, para abordar la situación y pidió una reunión del Consejo de Seguridad libanés en las próximas horas.

Hezbollah y sus aliados chiitas entienden que el juez está politizando la investigación. El martes, el juez Bitar lanzó una orden de detención contra el diputado y exministro de Finanzas Ali Hassan Khalil, miembro de Amal. Acto seguido se vio obligado a suspender la investigación ya que dos exministros presentaron una denuncia contra él ante la justicia, que fue desestimada este jueves, por lo que el magistrado podrá seguir adelante con su trabajo. 

Este asunto está a punto de provocar una implosión del recién formado gobierno libanés, después de un año de bloqueo políticoLas autoridades locales, señaladas por negligencia criminal y abandono, se niegan a autorizar una investigación internacional y son acusadas por las familias de las víctimas y ONGs de obstaculizar a la justicia.

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¿Estados Unidos está experimentando una huelga general no oficial?

Presentamos la última editorial de Robert Reich, exsecretario de Trabajo de Estados Unidos, es profesor de políticas públicas en la Universidad de California en Berkeley y autor de varios libros, además es columnista en el diario británico, The Guardian. Reich no es un izquierdista pero su análisis sobre las huelgas en EE. UU. puede ser de interés a nuestros lectores.

 

En todo el país, la gente se niega a regresar a trabajos de bajos salarios agotadores o abrumadores.


El informe de empleo del viernes pasado del Departamento de Trabajo de EE. UU. provocó una avalancha de titulares sombríos. El New York Times enfatizó el crecimiento de empleos es "débil" y se preocupó de que "los desafíos de contratación que han acosado a los empleadores durante todo el año no se resolverán rápidamente" y "el aumento de los salarios podría aumentar las preocupaciones sobre la inflación". Para CNN, fue "otra decepción". Para Bloomberg, el “informe de empleos de septiembre pierde mucho por segundo mes consecutivo”.

Los medios de comunicación no informaron la gran historia, que en realidad es muy buena: los trabajadores estadounidenses ahora están mostrando sus músculos por primera vez en décadas.

Se podría decir que los trabajadores han declarado una huelga general nacional hasta que obtengan mejores salarios y mejores condiciones laborales.

Nadie lo llama huelga general. Pero a su manera desorganizada, está relacionado con las huelgas organizadas que estallan en todo el país: equipos de cine y televisión de Hollywood, trabajadores de John Deere, mineros de carbón de Alabama, trabajadores de Nabisco, trabajadores de Kellogg, enfermeras en California, trabajadores de la salud en Buffalo.

Los trabajadores estadounidenses, desorganizados u organizados, ahora tienen poder de negociación para hacerlo mejor. Después de un año y medio de pandemia, los consumidores tienen una demanda reprimida de todo tipo de bienes y servicios.

Pero a los empleadores les resulta difícil cubrir puestos.

El informe de empleos del viernes pasado mostró que el número de puestos vacantes alcanzó un nivel récord. La proporción de personas que trabajan o buscan trabajo activamente (la tasa de participación en la fuerza laboral) se ha reducido al 61,6%. También ha disminuido la participación de las personas en sus mejores años laborales, definidos como de 25 a 54 años.

Durante el año pasado, las ofertas de trabajo aumentaron un 62%. Sin embargo, la contratación general ha disminuido.

¿Lo que da?

Otra pista: los estadounidenses también están renunciando a sus trabajos a la tasa más alta registrada. El Departamento de Trabajo informó el martes que unos 4,3 millones de personas renunciaron a sus trabajos en agosto. Eso equivale aproximadamente al 2,9% de la población activa, frente al récord anterior establecido en abril , de alrededor de 4 millones de personas que dejaron de fumar.

En total, alrededor de 4 millones de trabajadores estadounidenses han dejado sus trabajos todos los meses desde la primavera.

Estos números no tienen nada que ver con el fantasma republicano de los beneficios de desempleo adicionales que supuestamente desaniman a la gente a trabajar. Recordatorio: los beneficios adicionales se agotaron el Día del Trabajo.

Los temores renovados de la variante Delta de Covid pueden jugar algún papel. Pero no puede ser el factor más importante. Con la mayoría de los adultos ahora vacunados, las tasas de hospitalizaciones y muertes han disminuido.

Mi opinión: los trabajadores son reacios a regresar o permanecer en sus trabajos anteriores principalmente porque están agotados.

Algunos se han jubilado antes de tiempo. Otros han encontrado formas de llegar a fin de mes además de permanecer en trabajos que aborrecen. Muchos simplemente no quieren volver a trabajos de mierda de bajos salarios, agotadores o abrumadores.

Los medios de comunicación y la mayoría de los economistas miden el éxito de la economía por la cantidad de puestos de trabajo que crea, ignorando la calidad de esos puestos de trabajo. Eso es un gran descuido.

Hace años, cuando era secretario de trabajo, seguía conociendo a trabajadores de todo el país que tenían trabajo de tiempo completo pero que se quejaban de que sus trabajos pagaban muy poco y tenían pocos beneficios, o eran inseguros o requerían horas largas o impredecibles. Muchos dijeron que sus empleadores los trataban mal, los acosaban y no los respetaban.

Desde entonces, estas quejas solo se han vuelto más fuertes, según las encuestas . Para muchos, la pandemia fue el colmo. Los trabajadores están hartos, aniquilados, agotados y agotados. A raíz de tantas dificultades, enfermedades y muertes durante el año pasado, no lo van a soportar más.

Para atraer a los trabajadores, los empleadores están aumentando los salarios y ofreciendo otros incentivos. Las ganancias promedio aumentaron 19 centavos la hora en septiembre y han subido más de $ 1 la hora, o 4.6%, durante el último año.

Claramente, eso no es suficiente.

Corporate America quiere enmarcar esto como una "escasez de mano de obra". Incorrecto. Lo que realmente está sucediendo se describe con mayor precisión como una escasez de salario digno, una escasez de pago por condiciones de vida peligrosas, una escasez de cuidado de niños, una escasez de licencias por enfermedad pagadas y una escasez de atención médica.

A menos que se rectifique esta escasez, muchos estadounidenses no volverán a trabajar pronto. Por eso digo que ya está sucediendo.

Miércoles 13 de octubre

El artículo original en inglés se publicó en The Guardian.

Para profundizar

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América del Sur: una periferia convulsionada

América del Sur es la región más castigada del planeta como efecto del coronavirus. Una gran depresión económica de arrastre y un creciente malestar social, agravados por la pandemia, hacen al actual estado de convulsión, que se expresa en protestas sociales. Al mismo tiempo, se observa en este delicado escenario un incremento de la presencia de Estados Unidos y de China que, desde diferentes prismas, observan con atención la espiral de inestabilidad e intentan demarcar diversas formas de control.

«Quien ha visto vaciarse todo, casi sabe de qué se llena todo», escribió Antonio Porchia, escritor ítalo-argentino, en 19431. Para una región como América del Sur, que ingresó en un estado de convulsión en 2019 por distintos motivos, que ha visto desmantelados en ese mismo año organismos regionales como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y mecanismos de gobernanza como el Consejo Suramericano de Salud, y que se encuentra más vulnerable y expuesta a la rivalidad entre Estados Unidos y China desde que Washington decidió apostar a frenar la ascendente influencia económica, financiera, comercial y tecnológica de Beijing en su periferia, es una necesidad clave conocer lo que se vació para aspirar a llenarlo. 

Indicar de qué forma y por qué razones América del Sur se ha convertido en la región más castigada del planeta a causa de la pandemia de coronavirus no es una parada sencilla. El momento actual es singular en muchos sentidos. ¿A qué se debe el impacto desproporcionado de la pandemia en la región? ¿En qué medida ello obedece a causas endógenas? ¿Cuáles son los puntos candentes que las principales potencias, Washington y Beijing, están observando? ¿Contribuye la presencia ubicua de potencias extrarregionales a la erupción de este volcán? ¿Cómo se puede canalizar un impulso constructivo centrípeto que no sea meramente restaurador de fórmulas pasadas y responda adecuadamente a los desafíos actuales?

Algo se rompió

A fines de junio de 2021, América del Sur acumula más de 75.000 casos de covid-19 por cada millón de habitantes, casi 10.000 más que América del Norte y por encima de esa cifra respecto a Europa. Los 985.346 muertos contabilizados oficialmente por causa de la enfermedad son equivalentes a una proporción de 25,3% del total mundial, a pesar de que la población sudamericana representa solo 5,5% del total global. Una tesis extendida sobre las razones de este descalabro es que los efectos de la pandemia se habrían agudizado por el mayor costo relativo socioeconómico –en comparación con los países desarrollados– de implementar medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio. Desde el inicio de la pandemia, los gobiernos debieron buscar un delicado equilibrio entre los objetivos de salud pública, cumpliendo a la vez con el mandato conferido por la población para conservar los medios de subsistencia y la actividad económica. Sin embargo, ¿cuáles han sido los condicionantes estructurales previos?

La pandemia de covid-19 llegó a América del Sur con el trasfondo de una gran crisis de arrastre. La región estaba en su peor crisis en casi un siglo antes de 2020. Según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el sexenio 2014-2019 fue uno de los de menor crecimiento desde que hay registro, solo comparable con los que incluyen a la Primera Guerra Mundial o la Gran Depresión. El crecimiento promedio fue de solo 0,3% y el crecimiento por habitante fue negativo. De esa manera, la pandemia llegó en el peor de los escenarios y llevó a la mayor contracción del pib desde 1900 y a que se registrara en América del Sur el desempeño más pobre entre las regiones en desarrollo. Como si esto no bastara, el descalabro social conforma un cóctel explosivo con los desequilibrios económicos. En el último año, la tasa de pobreza alcanzó el 33,7%, la desigualdad en la distribución del ingreso aumentó el equivalente a 2,9% del índice de Gini y la inseguridad alimentaria llegó a 40,4% de la población, lo que significa una proporción de 65 millones de personas2. La situación, por lo tanto, no solo es de declinación, sino de un contrato social fracturado, tal como lo refleja el fuerte deterioro de los indicadores económicos y sociales.

Previo a la pandemia, ya se observaba una considerable inconformidad de los sudamericanos con la persistente desigualdad y una insatisfacción con el funcionamiento de la política. Esto se ha traducido en demandas de mayor igualdad y no discriminación, y en algunos casos, en procesos de movilización social. Las protestas sociales que estallaron a fines de 2019 en Chile, Ecuador y Bolivia siguieron su paso firme en Perú, Brasil y Colombia, pese al contexto de plena ebullición de casos de covid-19. La erupción de este volcán es un subproducto de un creciente malestar social que deviene de la exacerbación de una situación de efervescencia previa, concatenada con una variedad de causas políticas, económicas y sociales. Según un estudio de la Cepal3, el aumento de las frustraciones de la ciudadanía está relacionado con el deterioro socioeconómico, que se traslada a un cuestionamiento generalizado de la distribución del bienestar, el acceso a la salud, la educación o la protección social y la desigualdad social; con las debilidades político-institucionales, que se expresan en una insatisfacción con la representación política; y con la evaluación negativa de las relaciones sociales, manifestada en experiencias de individualismo exacerbado, polarización ideológica y vivencias de discriminación. La fractura está expuesta.

En esa dirección, es menester observar que el concepto de pandemia no solo es insuficiente, sino que podría ser acotado e inútil para demarcar el fin de un evento cuya duración aparentemente será mucho mayor que el tiempo que lleve la inmunización colectiva de América Latina. En el actual contexto, es correcto hablar de «malestar en la sindemia». El concepto de sindemia admite varias acepciones. Una de ellas es la suma de dos o más epidemias concurrentes o secuenciales que exacerban el pronóstico y la carga de una enfermedad. Un ejemplo reciente es el comienzo de la circulación comunitaria y simultánea de las nuevas variantes de covid-19 propias de la región (Lambda y p1) y de otras regiones (Delta). Otra acepción refiere al neologismo creado mediante la unión de las palabras «sinergia» y «epidemia», que fuera acuñado por la antropóloga Merrill Singer a mediados de la década de 19904. Las sindemias son fenómenos biosociales que suelen ser consecuencia de una inequidad sanitaria previa causada por factores como la desigualdad social, la pobreza o la violencia estructural. La figura se parece a una matrioshka, la muñeca icono de la cultura rusa, en la que una pieza madre contiene varias piezas más hasta llegar a la pieza semilla. En ese sentido, la crisis pandémica es solo una capa exterior, mientras que en el núcleo están los desequilibrios económicos, sociales y ambientales.

La región, por lo tanto, inició una nueva década con tres grandes y complejos desafíos: una gran depresión de arrastre, un creciente malestar social expresado en movilizaciones sociales y el impacto de una sindemia cuyo final es todavía incierto. La llegada de la vacuna regeneró esperanzas, pero no solucionó las cuestiones de fondo. Tanto por los problemas estructurales de índole social y económica como a raíz de la pandemia, en la región se experimenta un gran deterioro de las condiciones de vida, que se observa en indicadores objetivos que tienen correlato en expresiones subjetivas de malestar. Mientras América del Sur atraviesa aún el coronavirus con diferentes ritmos de vacunación en los países, ¿estamos ad portas de una nueva ola de inestabilidad social e institucional? ¿Expresan las movilizaciones en Chile, Ecuador, Perú, Brasil y Colombia distintas aristas de una ruptura del contrato social en la región? ¿Qué implicancias tiene y tendrá esta «gran convulsión» en la geopolítica regional?

EE.UU. y la «presencia por evangelización»

Los principales objetivos históricos de Washington en la región han sido garantizar su seguridad y propender a una estabilidad deseada. Para lograrlo, aplicó premios y castigos, políticas de «buena vecindad» y de «gran garrote», mediante un amplio abanico de instrumentos que van desde la ayuda y el financiamiento al recurso a la coerción diplomática, la ocupación física o la instalación de bases militares. Hoy la preocupación palpable de Washington se expresa en la percepción de que las causas de la fragilidad regional pueden ser múltiples, no solo político-institucionales, sino también sociales, económicas y ambientales. Aun en países que demuestran solidez institucional, el deterioro de la situación socioeconómica y/o el malestar social a raíz de la pandemia pueden ser fuente de crisis e inestabilidades varias.

Esta situación de «periferia convulsionada» no solo implica un mayor peso de las relaciones de jerarquía entre centro y periferia, sino también la peculiaridad de que las elites regionales son hoy más vulnerables a la «tensión emocional» que implica la disputa eeuu-China. En 1950, cuatro años después de enviar su famoso cable al secretario de Estado estadounidense George Marshall en el que detallaba sus puntos de vista sobre la Unión Soviética y la política estadounidense al respecto, George Kennan envió otro memorando al secretario de Estado Dean Acheson en el que incluyó una serie de afirmaciones notables sobre la importancia de América Latina para eeuu ante una eventual guerra con la urss5. La relevancia de la región –sostenía Kennan– no guardaba en sustancia relación con la presencia de bases militares, tampoco con la defensa del Canal de Panamá y el reaseguro de la presencia naval en dos océanos; en esencia, radicaba en «la posibilidad de que las actitudes de los latinoamericanos puedan influir en la tendencia política general de la comunidad internacional». En pocas palabras, habría sido un golpe profundo a la moral de Washington que la región se sumase al bando opositor. Estas recomendaciones de Kennan, que apuntaban a restaurar el dominio y la presencia estadounidenses en la región sobre la base de que era importante «mantener la realidad de que somos un gran poder y que los latinoamericanos nos necesitan más de lo que nosotros a ellos», hoy parecen cobrar vigencia6. ¿En qué medida pesa en la actualidad el factor psicológico en la disputa entre eeuu y China? ¿Da esto pie a una suerte de estrategia de evangelización desde Washington sobre los paraísos que ofrece el país del Norte frente al infierno que implicaría para la región alinearse con China?

La «Guía estratégica provisional de seguridad nacional» dada a conocer por el gobierno de Joe Biden el 3 de marzo pasado define a China como «el único competidor», una condición de gran rival que no difiere en esencia de lo expresado por la administración Trump. Si bien el gobierno de Biden inició sus primeros contactos en América Latina con México y Centroamérica como prioridad, ha comprendido, en el marco de la rivalidad con China y la creciente presencia de este país en América del Sur, que es importante desarrollar una estrategia hacia la región que aborde tanto los fenómenos de la convulsión como de la penetración. Las principales señales de alarma en el primer año de gobierno parecen estar en el riesgo de una espiral de inestabilidad regional que genere condiciones para la penetración de actores externos, primordialmente China. Ese diagnóstico aparece también en una alocución del 16 de marzo pasado del jefe del Comando Sur, Craig Faller:

Hay una espiral acelerada de inestabilidad que se apodera de la región a medida que la pandemia ha aumentado la fragilidad. América Latina y el Caribe han sufrido una de las tasas de mortalidad por covid-19 más altas del mundo, y durante mis viajes a la región, fui testigo de la profunda tensión física y emocional que están experimentando las naciones. (…) Inmediatamente después de las protestas públicas generalizadas contra los gobiernos en toda la región a fines de 2019, estas pérdidas por el covid-19, junto con agravantes socioeconómicos de larga data y corrupción, han creado las condiciones para una inestabilidad y disturbios aún mayores entre nuestros países socios. Estas condiciones crean una región más frágil que sirve como terreno fértil para que nuestros competidores promuevan sus propios intereses, tanto malignos como legítimos, lo que hace que este desafío sea aún más complejo. Incluso algunos de nuestros socios más fuertes corren el riesgo de inestabilidad debido a esta confluencia de factores (…).7

Si bien no existe un documento de referencia, los lineamientos para América del Sur se pueden inferir de la visita a Brasil y Argentina del asesor de Seguridad Nacional de eeuu, Jack Sullivan, en agosto de este año; o bien de las declaraciones públicas de los funcionarios de menor rango del Departamento de Estado y del Consejo de Seguridad Nacional. Una de las máximas preocupaciones de eeuu que aparecen en el corto plazo es el posible desembarco en la región de la tecnología 5g, de la mano de las empresas de telecomunicaciones chinas Huawei y zte. Así, la opción del veto a las «telcos» chinas ha sido presentada como un «auxilio» para que los países de la región eviten caer en los tentáculos «malignos» y no transparentes de China. No se trata, sin embargo, de una confrontación nueva, sino de algo que se remonta ya a la presidencia de Barack Obama, cuyo gobierno inició las primeras investigaciones sobre las firmas chinas8, y continuó con Donald Trump en la Casa Blanca, cuando se aplicaron las primeras restricciones y sanciones9.

La disputa tecnológica encuentra también su correlato en la diplomacia de vacunas. En esa dirección, la estrategia de donaciones a la región dispuesta por el secretario de Estado Anthony Blinken busca reaccionar y contrarrestar el avance de las vacunas de China y Rusia, mientras se habilita el apoyo logístico a los laboratorios farmacéuticos estadounidenses en competencia con los chinos y los rusos por el acceso a mercados. Como se observa en el cuadro 1, las prioridades de las donaciones en la subregión han sido extender el salvataje a Paraguay –único país que mantiene su lealtad a Taiwán en el histórico diferendo–, apoyar a Uruguay –en tratativas para un acuerdo comercial amplio con Washington– y asistir a Ecuador y Colombia –países de importancia en la dimensión militar–. No es novedad entonces que los intereses estratégicos y económicos de Washington se entrelacen en un mismo canal, combinando componentes defensivos (reacción) y ofensivos (presencia).A diferencia del periodo de la Posguerra Fría, en el actual escenario de disputa con Beijing Washington no asume exclusivamente un rol de monitoreador férreo y/o de soporte de la estabilidad, sino que se muestra decidido a extender una «presencia por evangelización», de manera similar al Imperio español, con el objetivo de ejercer una mayor influencia política sobre los gobiernos y contrarrestar el avance económico, comercial y financiero de China sobre su «patio trasero». En ese sentido, Washington apela al mantra de la democracia y la transparencia no solo para rivalizar con el modelo político de China, sino también para intentar frenar su creciente poderío económico en la región. ¿Posee hoy Washington los recursos suficientes para ofrecer incentivos y generar oportunidades económicas alternativas a Beijing? ¿Está eeuu en condiciones de proveer bienes públicos a una región necesitada de ellos? Una extensión de la influencia estadounidense podría sacar provecho de las condiciones de una América Latina con pobre volumen diplomático y en el momento de menor expresión política de mecanismos regionales de gobernanza, en una coyuntura en que se los necesita mucho. Sin embargo, no se vislumbra en el corto plazo que Washington pueda proporcionar alternativas competitivas frente a Beijing en materia de financiamiento, infraestructura y transferencia tecnológica.

 

 

China y la «presencia por factorías»

La presencia de China en América del Sur reúne algunas variables atípicas. Su esencia radica en la extensión de cuatro procesos concomitantes: el de transformación de su política exterior, el de internacionalización de su Estado, el de internacionalización de sus empresas y el de incremento del rol internacional de sus provincias y ciudades. Esto implica el paso de una proyección originalmente centrada en la clave Estado-Estado hacia una suerte de «presencia por factorías» de corte económico, pragmático y más caótica en su penetración, siguiendo el modelo expansionista del Imperio portugués. Las factorías de los portugueses se construían para centralizar y así dominar el comercio local de productos hacia Europa; hoy los proyectos de infraestructura de Beijing propenden a hacer más fluido el comercio de materias primas hacia Asia y China continental. Mientras Washington mantiene una presencia esencialmente política y militar ejercida de manera vertical, Beijing se proyecta sobre un rango mayor de actores y de manera más descentralizada, priorizando los lazos económicos, financieros y comerciales con gobiernos subnacionales.

Esta lógica de «presencia por factorías» está estrechamente ligada al máximo proyecto de expansión geopolítica de Beijing: la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Se dan en el caso de la diplomacia de vacunas todos los factores que se anotan habitualmente para mostrar expansión de poder económico. En efecto, de un total de 19 países miembros en América Latina de esta plataforma, diez recibieron vacunas chinas, una proporción que equivale a más de 50%. Es preciso señalar también que no solo las exportaciones fueron fluidas hacia miembros de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, sino que incluso la política de donaciones se centró en esos destinos, tal como muestran los casos de Venezuela, Guyana, Ecuador y Bolivia (cuadro 2). Por otra parte, Uruguay y Chile, los primeros países sudamericanos en sumarse a la Iniciativa en 2018, fueron los que avanzaron de manera más rápida en los procesos de inmunización a partir de la importación de vacunas de la firma privada china Sinovac, tras haber sido, en el caso chileno, lugar de ensayo de ese laboratorio. Posteriormente, ambos países fueron el conducto para llevar las vacunas chinas a Paraguay y a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), pese a las trabas diplomáticas por el reconocimiento de Asunción a Taiwán.

Además de la consolidación de la Iniciativa de la Franja y la Ruta en la región, Beijing busca influir en las condiciones de acceso al mercado en países con los que mantiene un estatus de asociación estratégica amplia, como Argentina y Brasil. Las prioridades son asegurar la continuidad de proyectos estratégicos, promover inversiones en infraestructura, apalancar la transferencia tecnológica de última generación y contribuir a la internacionalización del renminbi, la moneda china. Esto ha habilitado, por ejemplo, la celebración de acuerdos de exportación de vacunas con los gobiernos provinciales de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Jujuy, Entre Ríos, Mendoza y Ciudad de Buenos Aires en Argentina y con el estado de San Pablo en Brasil, así como la suscripción de contratos para la producción local con laboratorios argentinos y brasileños10. Por otra parte, Beijing no solo ha intentado penetrar en espacios relegados por Washington en la región, sino que ha avanzado en las relaciones bilaterales con aliados tradicionales de eeuu como Colombia. Este último país ha dado un paso histórico al apoyar a Beijing en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas poco tiempo después de haber recibido vacunas chinas11.

 

 

En esencia, la «presencia por factorías» de Beijing busca apuntalar una diplomacia económica que habilite y/o asegure el acceso al mercado de las empresas chinas. En congruencia con ello, China posee una visión sobre la estabilidad regional por la vía del control de mercados y la penetración económica, comercial y financiera para influir en los gobiernos. A raíz de la crisis de Venezuela en la región y a medida que se incrementan los desafíos de la economía china hacia adentro y prevalece un enfoque centrado en la expansión del consumo interno, esa posición sobre la incidencia económica en la estabilidad ha ganado más espacio en la política exterior china, considerando de manera prudente potenciales riesgos políticos e impactos en las inversiones. La perspectiva china de la estabilidad está centrada en las condiciones y posiciones del capital de sus empresas y en las posibilidades de internacionalización del renminbi antes que en la institucionalidad o la garantía de un tipo de régimen político. En esa dirección, se ponderan las fortalezas estatales y la capacidad de control asociada a los recursos del Estado.

Hacia un «multilateralismo de bienestar»

La condición de «periferia convulsionada» de América del Sur se acentúa por agravantes socioeconómicos, debilidades político-institucionales y fracturas sociales, profundizadas por la pandemia. Mientras se procura avanzar en la inmunización en la mayoría de los países, se profundizan las desigualdades, el malestar social y las demandas sobre la representación política. Como ya se ha observado en las protestas sociales de 2021 en Perú, Brasil y Colombia, el escenario social es complejo, por lo que es de esperar que sigan surgiendo nuevos desafíos a la capacidad de control de los gobiernos. Al mismo tiempo, se trata de problemáticas transversales que, en los casos en que recrudecen la violencia política y la represión policial, pueden poner en jaque la estabilidad regional en su conjunto. El telón de fondo es una gran sindemia con profundas consecuencias nacionales y regionales, mientras reemergen desafíos económicos, sociales y ambientales, un fenómeno que aparenta ser mucho más duradero que la pandemia. Está claro que cuestiones como el monitoreo de las fronteras, el acceso a vacunas o la resolución pacífica de conflictos seguirán siendo claves y no podrán sortearse desde la lógica unilateral del «sálvese quien pueda» que ha predominado en la pandemia. Afrontar la «gran convulsión» para evitar el colapso, y en un escenario de incremento de la presencia de eeuu y China, exige y exigirá por sobre todo concertación política regional.

Pese al complejo escenario, existen diversas señales de esperanza y espacios de oportunidad que es preciso remarcar, ya que, en palabras de Norbert Lechner, «el malestar puede ser leído como una crítica tácita (no verbalizada) del estado de cosas y, simultáneamente, como una búsqueda de alternativas»12. Como hemos sostenido en estas páginas con Mónica Hirst, la crisis del regionalismo es un escollo para que se avance hacia una agenda regional de bienestar e inclusión social necesaria e imprescindible para encontrar la puerta de salida de la sindemia13. El «multilateralismo de bienestar» puede ofrecer normativas y narrativas centrípetas, así como espacios para la concertación política que permitan abordar de manera colectiva los desafíos comunes. La región necesita hoy más que nunca bienes públicos globales y regionales para aspirar a un «nuevo contrato social» que asegure servicios públicos universales y de calidad y amplíe el acceso a ellos. No obstante, con un menor grado de pretensión, podría optarse por impulsar iniciativas puntuales de cooperación técnica bilateral y triangular basadas en los pilares de coherencia en las políticas macroeconómicas, seguridad alimentaria, generación de empleo, inclusión social, igualdad de género, transición justa energética y acceso a la salud y a la educación. Un aporte allí parece fundamental, no solo para reducir las brechas de bienestar, sino como un camino para revertir las tendencias a la inestabilidad y la desintegración de la región.

 

Relacionados

1. Porchia: Voces reunidas, Alción Editora, Córdoba, 2016.

2 Cepal: «La paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe. Crecimiento con persistentes problemas estructurales: desigualdad, pobreza, poca inversión y baja productividad», Informe Especial Covid-19 No 11, 7/2021.

3. Cepal: Panorama social de América Latina 2020, Naciones Unidas, Santiago de Chile, 2021.

4. Singer: Introduction to Syndemics: A Critical Systems Approach to Public and Community Health, John Wiley & Sons, San Francisco, 2009.

5. Juan Tokatlian: «Latin America Between Kennan and Obama» en Project Syndicate, 15/5/2015.

6. «Memorandum by the Counselor of the Department (Kennan) to the Secretary of State, Washington», 29/3/1950, disponible en https://resources.primarysource.org/c.php?g=767969&p=5508195.

7. Declaración del almirante Craig S. Faller, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos ante el 117mo Congreso del Comité de Servicios Armados del Senado, 16/5/2021, disponible en www.southcom.mil/.

8. La primera vez que las «telcos» chinas fueron categorizadas como amenaza a la seguridad fue en 2012, en el informe «Investigative Report on the us National Security – Issues Posed by Chinese Telecommunications Companies Huawei and zte», elaborado por un comité del Congreso y disponible en https://stacks.stanford.edu/file/druid:rm226yb7473/huawei-zte%20investigative %20report%20(final).pdf">https://stacks.stanford.edu/fi...

9. En abril de 2018, Trump prohibió otorgar subvenciones a empresas estadounidenses que compren equipos de Huawei y ZTE y, a través de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional de 2019, impulsó un veto provisional a la compra de equipos de estas empresas.

10. «Qué provincias buscan comprar vacunas por su cuenta y con quién negocian» en El Cronista, 30/5/2021.

11. «Colombia aplaude los avances en derechos humanos de China» en El Tiempo, 24/3/2021.

12 Lechner: «Desafíos de un desarrollo humano: individualización y capital social» en Instituciones y Desarrollo vol. 7, 2000.

13 Hirst y B. Malacalza: «¿Podrá reinventarse el multilateralismo? El orden internacional y el coronavirus» en Nueva Sociedad No 287, 5-6/2020, disponible en www.nuso.org.

 

Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad 295, Septiembre - Octubre 2021, ISSN: 0251-3552

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Baduel, en épocas de gloria, junto a su compañero y presidente Hugo Chávez

El general Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa de Venezuela murió el martes 12 de octubre como consecuencia de un paro cardiorespiratorio potenciado por el covid-19

Baduel estuvo preso de 2009 a 2015, cuando le dieron una medida cautelar. Luego fue apresado nuevamente en 2017. Hace días su familia denunció que no sabían dónde lo tenían. Sin embargo se conoce que Baduel, quien era considerado un preso político había sido trasladado de la prisión conocida como La Tumba a otra en el El Helicoide

La información oficial la dio a conocer Tarek William Saab, Fiscal General de la República quien señaló que el deceso se generó «mientras se le aplicaban los cuidados médicos correspondientes y recibido la primera dosis de la vacuna".

Hay que recordar que el general Raul Isaías Baduel fue uno de los cuatro miembros fundadores del Movimiento Bolivariano Revolucionario - 200 (MBR200) que el 17 de diciembre de 1982 sentó las bases para el partido político Movimiento V República (MVR) que llevó a Chávez al poder y con los años se sumó el grupo unitario llamado Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Baduel, junto a Hugo Chávez, Jesús Urdaneta y Felipe Antonio Acosta Carlés, prestó juramento en 1982 bajo el Samán de Güere: un compromiso clandestino entre los integrantes del MBR-200 con la intención de hacer una revolución política, a través de las armas en el país.

Su liderazgo y capacidad de mando lo puso en el punto decisivo al momento del primero de los golpes de Estado que sufriría la llamada “revolución bolivariana” el 11 de abril del año 2002, en momento en el cual Hugo Chávez fue captura y trasladado por los golpistas a (…), de donde fue rescatado por el General Baduel y un puñado de militares a su mando, acción que lo ratificó como uno de los hombres de confianza de su compañero de lucha.

Ocupó los máximos niveles que su carrera profesional pudiera brindarle: comandante general del Ejército venezolano desde enero de 2004 hasta julio de 2006 y ministro de la Defensa desde junio de 2006 hasta mediados del año 2007, cuando perdió la confianza del alto gobierno venezolano por oponerse al referendo constitucional que, además de otros importantes reformas territoriales y políticas para su país, permitía la reelección indefinida de Chávez. Sin renovación del liderazgo político y social, la revolución bolivariana fracasaría, y esa contradicción con el proceso en marcha, que finalmente fue sellada de manera meridiana por la historia, marcó el aislamiento del General, llevándolo a la cárcel en varias ocasiones, la primera de ellas en  enero de 2008, acusado y sentenciado en 2010 por “sustracción de dinero de las Fuerzas Armadas”.

Según la condena, se había apropiado de 30 millones de bolívares y 3,9 millones de dólares durante su gestión como ministro. A su vez, fue inhabilitado a ejercer cargos públicos.

Sus abogados y familiares denunciaron que los cargos en su contra no contaban con sustento jurídico.

El 12 de agosto de 2015 salió de la cárcel militar de Ramo Verde bajo libertad condicional. Pero el 12 de enero de 2017, a poco de cumplir la condena que terminaba en marzo de ese año, nuevamente fue encarcelado, acusado esta vez del delito de traición a la patria e instigación a la rebelión. Eran momentos de un intenso alzamiento social en Venezuela, fuertemente reprimido por el gobierno encabezado por Nicolás Maduro.

En febrero de 2018, Maduro lo destituyó y lo degradó de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, afrenta sufrida junto con otros 13 oficiales.

Desde ese entonces permaneció recluido en los calabozos del Sebin, hasta el día martes 12 de octubre, cuando el gobierno informó que había sido trasladado al penal conocido como El Helicoide, informando al mismo tiempo que su muerte fue el efecto final de un cardiorespiratorio propiciado por infección con covid-19.

Muere así, como preso político, un oficial fiel al proyecto político jurado bajo el Samán de Güere en 1982.

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La ONU condena el asesinato de dos adolescentes venezolanos en Colombia

Eran migrantes y fueron baleados después de haber sido señalados de robar en un almacén

Jaime Marthey, defensor de pueblo del departamento Norte de Santander donde ocurrieron los homicidios, aseguró que los jóvenes fueron sorprendidos robando ropa en Tibú, una población fronteriza con Venezuela.

 

La ONU y autoridades colombianas investigan el asesinato de dos adolescentes venezolanos de 12 y 18 años, que fueron baleados luego de haber sido señalados de robar un almacén en una violenta región cocalera del noreste del país, según diversas fuentes divulgadas este lunes.

En videos y fotos difundidas en redes sociales, se ve a los adolescentes con aire afligido, las manos atadas hacia adelante con cinta adhesiva mientras una persona fuera de cámara los acusa de "ladroncitos".

"Lamentablemente son muchachos muy jovencitos, no queremos verlos mañana por allá tirados en alguna orilla de las carreteras", dice la voz anónima.

Los cuerpos de los adolescentes fueron encontrados más tarde en una zona rural, aparentemente baleados y con las manos todavía amarradas.

Un cartón con la palabra "ladrones" escrita a mano reposaba sobre el cuerpo del más pequeño, tirado bocabajo con una mochila roja.

Jaime Marthey, defensor de pueblo del departamento Norte de Santander donde ocurrieron los homicidios, aseguró que los jóvenes fueron sorprendidos robando ropa en Tibú, una población fronteriza con Venezuela.

Los comerciantes los ataron, pero luego "fueron arrebatados (...) por un grupo armado ilegal que se los llevó con un destino desconocido donde luego aparecieron muertos", agregó Marthey en entrevista con Blu Radio.

Según el defensor, los jóvenes eran migrantes que huyeron de la crisis económica de Venezuela.

El coronel de la policía, Carlos Martínez, responsabilizó a las disidencias de la exguerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) que se apartaron del acuerdo de paz firmado en 2016 y aseguró que se adelantan pesquisas para esclarecer el crimen.

La oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia rechazó el homicidio del menor de 12 años y pidió a las autoridades "investigar estos hechos".

El convulso municipio de Tibú concentra la mayor cantidad de narcocultivos de Colombia con más de 19.000 hectáreas sembradas de hoja de coca, según la ONU.

Disidentes de la otrora guerrilla de las FARC, rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y narcos de origen paramilitar se disputan el territorio a sangre y fuego para controlar el negocio de la coca.

Organizaciones no gubernamentales como la internacional Human Rights Watch han denunciado que miles de migrantes venezolanos llegan a la región por el precario control de los pasos fronterizos y terminan atrapados en el conflicto armado colombiano.

12 de octubre de 2021

Publicado enColombia
En 2021, un récord de 19 mil niños migrantes cruzaron la peligrosa selva del Darién rumbo a EE.UU.

Unicef denunció un "máximo histórico" y llamó a considerar a esta "grave crisis humanitaria"

El llamado Tapón del Darién, zona selvática de 266 kilómetros donde conviven animales salvajes, ríos caudalosos y grupos criminales, se convirtió en corredor para los migrantes irregulares que intentan llegar a tierra estadounidense.

 

Cerca de 19 mil niños atravesaron en lo que va del 2021 la peligrosa selva del Darién, ubicada entre Colombia y Panamá, para llegar a Estados Unidos, una cifra que marcó un "máximo histórico" de menores migrantes según advirtió el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). La mitad del total son menores de cinco años, y este pico histórico es cerca de tres veces más que la cifra registrada durante los cinco años anteriores juntos.

La "afluencia tan creciente" de niños migrantes por el Darién "debería ser tratada urgentemente como una grave crisis humanitaria por toda la región, más allá de Panamá", denunció Laurent Duvillier, jefe regional de comunicación de Unicef para América latina y el Caribe, e instó a los gobiernos a garantizar la protección de los niños durante su viaje y a coordinar una respuesta humanitaria. 

Unicef también advirtió sobre un aumento de los niños que cruzan solos el Darién. En 2020 ocho niños no habían sido acompañados, en 2021 fueron 153. "La mayoría no viajan solos, viajan acompañados de sus papás, pero en el trayecto de la jungla pasan muchas cosas, a veces los padres se quedan atrás, la mamá se queda herida o se ven separados al momento de cruzar un río", aseguró Duvillier.

El llamado Tapón del Darién, zona selvática de 266 kilómetros donde la espesa vegetación impide a veces ver el sol, hay animales salvajes (incluso serpientes venenosas), ríos caudalosos y grupos criminales, se convirtió en corredor para los migrantes irregulares que intentan llegar a Estados Unidos.

"Cada niño que cruza el Darién a pie es un sobreviviente", afirmó la directora de Unicef para América Latina y el Caribe, Jean Gough, al detallar que "en lo profundo de la selva, el robo, la violación y la trata de personas son tan peligrosos como los animales salvajes, los insectos y la absoluta falta de agua potable". 

Según los datos de Unicef, en este 2021 al menos cinco niños fueron hallados muertos en la selva. Y entre enero y septiembre pasados el ente de la ONU registró 29 denuncias de abuso sexual de niñas adolescentes durante el viaje.

Unicef señaló que se prevé que el número de niños y familias migrantes que cruzan la selva siga aumentando en las próximas semanas y meses, ante lo cual "está ampliando su respuesta humanitaria para abordar las necesidades urgentes" de esa población.

"Unicef insta a los gobiernos a garantizar la protección de los niños en movimiento a lo largo de su viaje y a coordinar la implementación de una respuesta humanitaria más sólida en todos los países involucrados", dijo el organismo de Naciones Unidas. Se debe, además, "promover la integración de las familias migrantes en las comunidades de acogida y se deben abordar las causas fundamentales que las llevan a migrar".

Entre enero y septiembre pasados, 91.300 migrantes en tránsito llegaron a Panamá tras atravesar la jungla, una cifra que triplica el récord de 2016, según datos del Servicio Nacional de Migración (SNM) panameño citados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en un informe difundido el viernes pasado.

La mayoría eran haitianos (56.600), muchos de ellos acompañados por menores, seguidos de cubanos (12.800), venezolanos (1.500), además de nacionales de países de Asia y África, entre ellos Bangladesh, Senegal, Ghana, Uzbekistán, India y Nepal, dijo la OIM. En los primeros nueve meses de 2021 los menores representaron el 20 por ciento de esa población en movilidad, cuando hace cuatro años era apenas el dos por ciento.

Hacia países del norte del continente americano como Estados Unidos, Canadá o México están viajando familias enteras de haitianos con hijos nacidos en Chile o Brasil, países en lo que se habían radicado años atrás, e incluso con bebés nacidos durante la travesía.

12 de octubre de 2021

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Niños Wayúu reciben agua potable de una misión humanitaria en La Guajira, Colombia, el 26 de septiembre de 2021Legion Media / Juana Miyer / Long Visual Press / Ab

Según una investigación periodística, al menos 29 niños han muerto en esa región este año por causas asociadas a la falta de alimentos.

Un total de 16.000 niños y niñas están en riesgo de desnutrición o ya la padecen en La Guajira, región nororiental de Colombia, según los datos que maneja el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Yaneris Cotes, directora del ICBF en La Guaijira, detalló a Noticias Caracol que tras una evaluación a unos de 84.000 niños, de entre 0 y 5 años, el instituto pudo determinar qué población ya padece la desnutrición o está en riesgo de sufrirla.

Según ese mismo medio local, la situación también ha provocado la muerte de 29 menores de edad, en lo que va de año, por causas asociadas a la desnutrición en ese departamento, donde viven las poblaciones indígenas wayúu, así como los kogi, ika, kankuamo y los wiwa.

Pilar Redondo, nutricionista de la Fundación Aporta tu granito en La Guajira, ubicada en el municipio Uribia, comentó que este año han recibido a 131 niños con desnutrición, muchos de ellos graves y con signos marcados "tipo marasmo, que es cuando la piel está pegada a los huesos".

También fue consultada Liliana Fernández, una madre wayúu que lleva a su hija a este centro de asistencia nutricional porque no puede producir suficiente dinero para proveer la alimentación de la pequeña. Además, en la región escasean el agua potable y la gasolina.

Ante la situación, el movimiento Guajira Resiste, una organización que se ha dedicado a denunciar las vulnerabilidades que sufre esta población colombiana, se ha declarado en "huelga de hambre" y mantiene una protesta pacífica que el jueves se instaló en la plaza Bolívar de Bogotá, el "epicentro político de toma de decisiones del país", para que el Estado colombiano tome acciones definitivas contra "el hambre y olvido".

La gravedad de la situación en La Guajira fue señalada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2016, cuando solicitó al Estado colombiano la adopción de "medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de los niñas, niños y adolescentes de las comunidades de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao del pueblo wayúu, en el departamento de La Guajira", ya que para ese momento se registraban 4.770 niños muertos en un plazo de ocho años.

"Vulneración generalizada"

En 2017, la Corte Constitucional de Colombia constató que en el departamento de La Guajira se presentaba una "vulneración generalizada, injustificada y desproporcionada de los derechos fundamentales al agua, a la alimentación, a la seguridad alimentaria y a la salud de los niños y niñas del pueblo wayúu".

Una sentencia derivada de la Corte sostenía que la responsabilidad sobre estos hechos recaía en organismos e instituciones del Estado, como la presidencia de la República y los ministerios de salud, vivienda, agricultura, así como el Departamento Administrativo de Prosperidad Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Superintendencia Nacional de Salud, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Departamento de La Guajira y los municipios de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao.

Por esto, la Corte ordenó a la presidencia, para entonces a cargo de Juan Manuel Santos, que en 48 horas debía "iniciar o continuar", según fuera el caso, un plan de acción para atender la crisis. De no cumplir con la medida, los responsables cometerían desacato al amparo de tutela.

En agosto de este año, la Sala Plena de la Corte Constitucional le pidió al Gobierno de Iván Duque que explicara las medidas preventivas que se han adoptado en materia sanitaria para evitar las muertes de niños de La Guajira, por causas asociadas a la desnutrición, además de otras condiciones de vida, como pobreza y marginalidad.

La Corte también le pidió al Gobierno que explicara por qué afirmaba que se habían reducido las muertes de menores, si aún persisten los fallecimientos a pesar del tiempo que ha transcurrido desde la sentencia T-302 de 2017.

"Uno de los mayores problemas"

De acuerdo al informe "Desnutrición en la primera infancia: Causas estructurales y vulneraciones prevenibles y evitables", presentado a mediados de septiembre por la Defensoría del Pueblo, entre 2017 y 2020, el Instituto Nacional de Salud (INS) registró a 54.693 niñas y niños menores de cinco años, con desnutrición aguda en Colombia, una situación que deja "graves consecuencias físicas, psicológicas y cognitivas irreversibles, que afectan su desarrollo integral".

En 2020, señala el estudio, hubo 9.902 niños con desnutrición aguda, de los cuales 2.177 (19,8 %) son menores de seis meses; 2.312 (21,1 %) tienen de 6 a 12 meses, y 6.484 (59,1 %) son niños mayores de un año. Los departamentos que presentan el mayor número de casos registrados de desnutrición en niños y niñas son Bogotá (1.756), la Guajira (1.121), Antioquia (724), Cundinamarca (625) y Cesar (493).

"La desnutrición infantil es uno de los mayores problemas para la primera infancia en Colombia, e incide negativamente en las posibilidades de construir un país con bases sociales, económicas y culturales sólidas. En esa medida, la solución pasa por la articulación de los actores responsables y la comprensión de las causas y consecuencias de esta enfermedad", cita el informe de la Defensoría.

El estudio añade que la pobreza y las desigualdades sociales también "afectan la sobrevivencia de los hogares donde se concentra la primera infancia" y truncan la accesibilidad a los servicio básicos, lo que hace que el desarrollo integral de la vida y el efectivo ejercicio de los derechos humanos fundamentales se vean truncados.

Los grupos más afectados por inseguridad alimentaria son los que habitan en "zonas rurales y dispersas", entre ellos están las mujeres cabeza de familia, los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, que también se ven afectados por el desempleo, la falta de oportunidades y bajos niveles de acceso a la escolaridad.

"La desnutrición crónica sigue afectando a niñas y niños en los diferentes departamentos y municipios del país, tal como lo señalan los resultados del Índice de Desnutrición Crónica realizado por la Fundación Éxito", señala la Defensoría, que detalla que el problema nutricional afecta a 626 municipios de los 1.076 que hay en el país. 

Publicado: 8 oct 2021 20:27 GMT

Publicado enColombia
Sábado, 09 Octubre 2021 06:08

Por el derecho a una internet con derechos

Por el derecho a una internet con derechos

¿Qué duda cabe que la época está atravesada por una rasante revolución tecnológica, con la irrupción de la digitalización en casi todas las actividades sociales?

Internet, un espacio tan vital para nuestra interacción social ha ido mutando en sus características, alejándose de todo posible control democrático y siendo cada vez más permeado por los intereses mercantiles corporativos. Intereses que concentran poder y riquezas en un puñado de empresas transnacionales que van ejerciendo un control de facto sobre los contenidos que circulan por la red.

¡Sí!, la internet y sus tecnologías conexas, que idealmente pudieran servir para una mayor democratización del conocimiento y del quehacer político, que pudieran contribuir a una mejor distribución del bienestar y el patrimonio colectivo de la humanidad, se encuentran intervenidas por intenciones monopólicas particulares, que impiden o dificultan que aquello se realice.

De allí que es imprescindible analizar con mayor precisión cuáles son las intenciones y procesos que subyacen a la instalación de este modelo tecno-digital, cuáles son sus principales impactos y su posible devenir.

Los procesos en curso

Suele suceder que procesos que guardan alguna similitud externa, pero que son movilizados por distintas intenciones son confundidos y asimilados como idénticos, pese a constituir direcciones históricas distintas y hasta opuestas.

Tal es el caso de procesos como la mundialización [1] y la globalización. Mientras la primera corresponde a una tendencia histórica de conexión entre pueblos y culturas, llegando en la actualidad a formar un mosaico de diversidad plenamente interconectado y en camino a una posible Nación Humana Universal, la globalización responde al interés de empresas capitalistas de ampliar sus operaciones sin límites geográficos, intentando a su vez evadir toda responsabilidad localizada.

Es obvio que mientras la mundialización tiene una clara dirección de evolución, conllevando la posibilidad de compartir la acumulación histórica de cada cultura y de colaborar mutuamente para sortear los desafíos comunes y también los particulares de cada pueblos, la globalización actúa de manera regresiva, concentrando capital y poderío y alejando de la base social las capacidades de decisión democráticas, de por sí menguadas por la propia descomposición de la democracia formal en la institución Estado.

Algo similar acontece con las tecnologías digitales y la internet, encuadradas como están en los procesos anteriormente mencionados.

Si uno observa el avance de la digitalización a la luz de la mundialización, se hace evidente la utilidad de acortamiento del tiempo y las distancias en la comunicación junto a la posibilidad de acceder a conocimientos y compartirlos de forma libre.

Desde un espíritu mundializador, internet es una vía positiva para expresarse, cotejar hábitos, compartir experiencias, fortalecer proyectos, comunicar utopías, convocar a transformaciones y percibir al mundo y la humanidad como un todo, unido por un destino común.

Pero si se mira a estos mismos portentos tecnológicos bajo la lupa de la globalización, se devela que estamos ante un momento de reconversión del sistema capitalista, inmerso en una encrucijada por la monstruosa derivación especulativa de sus excedentes, y la reducción para el capital de espacios con márgenes de ganancia apetecibles en actividades productivas de la economía real para su afán de lucro ilimitado y presuroso.

La economía digital globalizada constituye una puerta de escape, junto con la promocionada “revolución verde”, de un sistema de acumulación excluyente e injusto que tiende, por su misma esencia, a la concentración de riqueza, a la segmentación social y, contrariamente a lo que se pretende pregonar, a la depredación del hogar común, privatizando el bienestar y socializando tan solo dificultades.

No es de extrañar entonces que el mismo Foro Económico Mundial, un cónclave de los poderosos e insensibles del mundo, haya abrazado con fervor al mismo tiempo la causa digital y el discurso de transformación ecologista. Para Naomi Klein, “El gran reinicio” – programa presentado en Davos 2020 por Klaus Schwab, director del FEM y también miembro del consejo de administración del elitista club Bilderberg y el príncipe Carlos, conspicuo miembro de la realeza Británica- es un lugar para pregonar soluciones tecnológicas con fines de lucro para problemas sociales complejos; para escuchar a los jefes de los gigantes petroleros transnacionales opinar sobre la necesidad urgente de abordar el cambio climático; para escuchar a los políticos decir las cosas que dicen durante las crisis: que esto es una tragedia pero también una oportunidad, que se comprometen a reconstruir mejor y a marcar el comienzo de un «planeta más justo, más verde y más saludable».

No por nada, entre los principales oradores en esa ocasión estuvo también el presidente de Microsoft, Brad Smith, quien señaló de modo explícito: «Los datos, y la tecnología en general, son herramientas indispensables para resolver casi todos los problemas a los que nos enfrentamos».

Tampoco es casual que ya en marzo de 2017, el Foro Económico Mundial (WEF) inaugurara el primer Centro para la Cuarta Revolución Industrial en San Francisco, Estados Unidos, en una zona de alta concentración de incubadoras y empresas tecnológicas.

Los dos caminos 

Estamos ante una clara bifurcación de caminos. Un camino corto y veloz, el de una tecnologización digital acrítica, que conduce a una mayor dependencia de poderes concentrados y un aumento de la desigualdad y la exclusión social. El otro camino, con la mirada puesta en el interés común y la participación social, es quizás  más largo y lento, pero conduce a más autonomía, equidad, inclusión y complementación social.

Por el camino que pretende el capital concentrado, internet perderá todo componente social y humano. La ansiada conectividad universal será entonces tan solo el aprovechamiento por parte de ávidos hombrecillos del negocio corporativo de la inversión social en infraestructura ejecutada por los Estados. 

Por esta vía, se multiplicarán las plataformas digitales ofreciendo trabajo precarizado. El teletrabajo, lejos de servir a la reducción de la jornada laboral, la aumentará. Se agudizarán las diferencias salariales entre trabajadores del conocimiento y empleos de segundo o tercer orden. Para las mujeres, la nueva explotación digital se sumará al trabajo de cuidado no remunerado y las diferencias de paga con los hombres.

Si internet se convierte definitivamente en la autopista del negocio transnacional, continuarán proliferando los instrumentos de manipulación informativa, de vigilancia y control, transformando a las personas en objetos de un extractivismo de datos ilimitado. 

El avance corporativo digital sobre la educación y la salud traerá consigo la intervención ideológica de sus contenidos y la invasión de la privacidad de las comunidades involucradas, siempre para mayor gloria y riqueza de los accionistas de fondos de inversión.

Por este camino, aumentará la desigualdad entre el Norte y el Sur global, que continuará abasteciendo al Norte con materia prima digital y física a través del consumo extendido sin gozar de los beneficios que otorgan la propiedad de las patentes y licencias de tecnología.

Por ese sendero, las corporaciones irán primero  invadiendo y después capturando todo resquicio de actividad democrática, tornándose en una suerte de gobierno global corporativo, avanzando sobre el sistema multilateral de relaciones internacionales  y convirtiéndolo en mera pantalla para legitimar sus intereses.

El camino alternativo es el de la apropiación común de la tecnología digital para beneficio exclusivo de la comunidad humana en su conjunto.

Para que el derecho a internet constituya una ampliación efectiva de derechos, como en cualquier otro campo y ocasión de la historia, es imprescindible la participación decidida de los pueblos y sus organizaciones. 

De este modo, podrá establecerse una alianza entre el Estado y la comunidad organizada, una alianza público-comunitaria que desplace la nefasta “asociación público-privada”, que en el marco neoliberal legitimó la intromisión del capital en regiones hasta entonces vedadas a sus negocios. 

Desde esa alianza público-comunitaria podrán acometerse proyectos de conectividad universal de gestión compartida o autónoma para que las infraestructuras, herramientas y conocimiento y la necesaria inversión estatal se orienten al bien común y a la formación de usuarios activos y críticos. 

En esa perspectiva, las prioridades son garantizar la soberanía y la autonomía con la generación de alternativas tecnológicas descentralizadas, no invasivas, interoperables y de libre elección; forjar redes de cooperación entre organizaciones para pasar de ser meras receptoras a generadoras y hacedoras de políticas sobre tecnología y posibilitar el acceso irrestricto y compartido al conocimiento estratégico entre naciones.

Es ineludible colocar hoy fuertes impuestos a las grandes empresas tecnológicas y plataformas digitales y evitar su fuga a guaridas fiscales para financiar una Renta Básica Universal Incondicional. Asimismo exigir leyes que garanticen la protección y propiedad individual o comunitaria de los datos y regulen el accionar de plataformas digitales comerciales desde el interés público.

Es fundamental apropiarse no solo del uso, sino también de la creación de tecnología y redes sociales no tuteladas ni extractivistas para favorecer la comunicación, la organización y el acercamiento social.

En definitiva, el progreso científico-tecnológico es un logro de los pueblos y de su acumulación histórica. Las herramientas digitales deben servir para la plena realización del ser humano. De lo contrario, no solo son inútiles, sino también perjudiciales. 

Esta ponencia fue expuesta el 6/10/21 en el marco de la sesión del Grupo de Educación, Academia, Ciencia y Tecnología (GEACT), mecanismo de la sociedad civil en la agenda de desarrollo sostenible (Agenda 2030) y en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible (FPALCDS). Algunos de los contenidos vertidos forman parte de los diagnósticos y propuestas colectivas de las Jornadas “Utopías o distopías. Los Pueblos de América Latina y el Caribe ante la era digital” organizadas por el espacio Internet Ciudadana.

 

Por Javier Tolcachier | 09/10/2021

 

Nota:

[1] Para ampliar el concepto de mundialización ver: Silo, Diccionario del nuevo humanismo. Obras completas Vol. II. pag. 538 (2002)  México. Editorial Plaza y Valdés. 

Javier Tolcachier es investigador en el Centro Mundial de Estudios Humanistas y comunicador en agencia internacional de noticias de Paz y No Violencia Pressenza.

El presidente de Ecuador, Lasso, es uno de los mandatorios con inversiones en paraísos fiscales según la investigación "Pandora Papers".

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Recuperan en Colombia restos de 73 posibles víctimas de desaparición forzada

 Un total de 73 cuerpos de posibles víctimas de desaparición forzada fueron recuperados luego de 13 días de intervención en el cementerio La Dolorosa, del municipio colombiano de Puerto Berrío, en Antioquia (noroeste), informó la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP, tribunal de paz).

"Desde el 14 hasta el 26 de septiembre la Unidad de Investigación y Acusación participó en la diligencia de recuperación de 73 cuerpos de posibles víctimas de desaparición forzada en Puerto Berrío, Antioquia, en conjunto con la UBPD (Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas)", indicó dicha unidad a través de Twitter.

La diligencia fue parte de las medidas cautelares adoptadas por la JEP para proteger zonas en las que posiblemente se encuentren cuerpos de víctimas del conflicto.

La acción humanitaria es hasta el momento la mayor desarrollada para identificar los restos de posibles víctimas de desaparición forzada cuyos restos fueron sepultados en el cementerio La Dolorosa, protegido con medidas cautelares de la JEP para evitar cualquier tipo de intervención mientras se realizan las exhumaciones e investigaciones respectivas.

Los restos fueron depositados en ese cementerio por la misma comunidad, que recogió de manera frecuente los cuerpos que llegaban al municipio arrastrados por la corriente del río Magdalena, el más grande de Colombia.

Hasta la fecha han sido recuperados en ese cementerio 116 restos óseos de posibles víctimas del conflicto armado, luego de que en abril pasado se exhumaron otros 43 cuerpos, que se han puesto a disposición del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para su identificación.

Según la JEP y la UBPD, en la zona del Magdalena Medio, que comprende el departamento de Antioquia, se prevé que estén los restos de unas 1.940 personas víctimas del conflicto.

Reportes del Centro Nacional de Memoria Histórica indican que de ellas, 851 estarían en el municipio de Puerto Berrío, 518 en Puerto Boyacá, 270 en Puerto Triunfo, 181 en Puerto Nare y 120 en Puerto Salgar.

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