Busca la derecha chilena poner límites al nuevo proceso constituyente

Propone que "expertos" definan los "principios ordenadores"

Santiago. La derecha chilena está envalentonada y cada vez más deja en evidencia que de ninguna manera permitirá que un eventual nuevo proceso constituyente se realice en condiciones idénticas al que finalizó con la victoria del "rechazo" –62 por ciento de los votos versus 38 por ciento del "apruebo"– en el plebiscito del 4 de septiembre: esto es, una Convención cuya totalidad de integrantes sean electos por la ciudadanía, con participación de listas de independientes y con amplia representación de los pueblos-naciones originarias.

Tampoco la derecha está dispuesta a que, de iniciarse ese nuevo proceso, el mismo sea desde una "hoja en blanco", vale decir, donde los redactores del articulado tengan libre albedrío para aprobar desde "cero", sino que busca limitar la soberanía del poder constituyente.

Por el contrario, aquella parte de la derecha que dice estar dispuesta a reabrir el camino constitucional –porque hay una, la ultrapinochetista y/o fascistoide, que se niega rotundamente a ello– quiere que "especialistas" definan una suerte de marco teórico para limitar aquello que se pueda redactar, acotarlo a una suerte de "guía básica".

"Un comité de expertos que nos faculte a redactar principios que guíen y que permitan limitar el trabajo de la redacción de una nueva Constitución", resumió la presidenta de Evolución Política (Evopoli), Luz Poblete, al explicar lo acordado por los mandamases de la coalición Chile Vamos, integrada además por la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN).

Las directivas derechistas sellaron un borrador que hoy pondrán sobre la mesa durante una reunión con el oficialismo acerca de la materia, de la cual el gobierno fue excluido.

Una línea roja de conversación

Según el secretario general de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, se trata de que haya "principios ordenadores, bordes que den tranquilidad a los chilenos, es una línea roja de conversación".

La trampa radica en que dicho comité, según plantean, sería integrado conforme a la representación que las fuerzas políticas tienen en el Parlamento, donde la centroizquierda es minoría clara tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. De 155 diputados, las dos coaliciones que sustentan al gobierno (Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático) tienen sólo 67; mientras que, de 50 senadores, el oficialismo suma 19.

"El comité político o los especialistas deberían funcionar desde ya para orientar las modificaciones. Hemos dicho que los expertos debieran ser elegidos en proporción de las fuerzas que están en el Congreso", declaró el presidente de RN, el senador Francisco Chahuán.

"No hay espacio para intentos refundacionales. Las hojas en blanco no tienen espacio en el trabajo que vamos a realizar. No hay espacio para imitar el mecanismo que originó una Convención fracasada que dividió a los chilenos", agregó.

De concretarse lo de los expertos, queda pendiente saber si éstos tendrían similares atribuciones –voz y voto– que los delegados democráticamente electos.

Toda definición acerca de revivir el camino a una nueva Carta Magna en Chile pasa por la aprobación de una reforma constitucional con por al menos cuatro séptimos de ambas Cámaras.

 

Por Aldo Anfossi

Especial para La Jornada

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Martes, 20 Septiembre 2022 05:17

¿Qué Lula es el que vuelve?

¿Qué Lula es el que vuelve?

El modelo lulista es un modelo de conciliación de intereses, un sistema complejo que procedió, a lo largo de sus doce años en el poder, mediante una búsqueda permanente de balances y articulaciones. Más que resolver las contradicciones, el lulismo procuraba moderarlas, dando como resultado un equilibrio siempre inestable: reducir la pobreza sin confrontar con el capital, conservar el apoyo del Movimiento sin Tierra empujando el agronegocio, mantener el voto de los sectores conservadores del nordeste avanzando en reformas progresistas.

La idea de pacto con el capital no integraba el programa original del PT, surgido en los 80 como parte del movimiento de resistencia a la dictadura con propuestas mucho más radicales. Tal como lo conocemos hoy, el lulismo es resultado de la progresiva moderación ideológica operada en Lula durante los 90, cuando las sucesivas derrotas contra Fernando Collor de Mello y Fernando Henrique Cardoso (en dos oportunidades) lo convencieron de que la ortodoxia económica no era incompatible con la popularidad electoral. Y es consecuencia del cambio en la base de apoyos de Lula experimentado durante su primer mandato, cuando el escándalo del mensalão produjo el alejamiento de amplios sectores de clase media, intelectuales y trabajadores sindicalizados del centro y del sur del país, reemplazados por el voto de las zonas más empobrecidas de las periferias urbanas y sobre todo del nordeste, que hasta entonces se inclinaban por las propuestas neofeudales y que, gracias al impulso de inclusión de las políticas sociales y el Bolsa Familia, comenzaron a votar a Lula. Como la distribución oficialismo-oposición se mantuvo parecida, esta mutación del electorado lulista pasó desapercibida hasta que el politólogo André Singer la detectó y analizó en un libro que haría historia1/. Al desplazarse de la clase media a los excluidos y del sur al norte, el lulismo protagonizaba un hito: por primera vez en la historia brasilera, los más pobres entre los pobres votaban por un candidato de izquierda.

Exitoso durante su larga década en el poder, el modelo lulista de regulación del conflicto fue posible por tres circunstancias. La primera es la cultura política brasilera, que tiende a procesar los grandes cambios históricos –la independencia, la abolición de la esclavitud, la proclamación de la República, el fin de la dictadura– mediante reformas graduales, por vía de la acumulación y la negociación más que de la ruptura. La segunda son las condiciones excepcionales del boom de los commodities, que permitieron avanzar en una redistribución del ingreso sin afectar los márgenes de rentabilidad de la banca y las empresas. La tercera es el liderazgo único de Lula.

Los límites del modelo

El ciclo lulista –los dos gobiernos de Lula y el primero de Dilma- combinaron estabilidad política, crecimiento económico (moderado si se lo compara con otros gobiernos del ciclo progresista, pero sostenido) y formidables avances de inclusión social, tanto material como simbólica. El dato más importante es conocido: 35 millones de personas superaron la pobreza para ingresar a la nueva clase media durante los gobiernos del PT. Otros avances son menos publicitados pero igual de relevantes: las cuotas raciales y étnicas para democratizar el acceso al elitista sistema universitario brasilero, el plan Brasil Sonriente (dentaduras gratis para un país que, al momento de asumir Lula el poder, tenía 30 millones de desdentados) y la plebeyización, muy al estilo del primer peronismo, de ámbitos hasta entonces reservados a las elites blancas: dos millones de brasileros, por ejemplo, se subieron por primera vez a un avión durante las gestiones del PT (en su mayoría pobres que trabajaban en el sur y que hasta el momento viajaban tres días en ómnibus para visitar a sus familias del nordeste durante las fiestas de fin de año)2/.

Pero la estrategia de conciliación implicaba también ciertos límites. La política de alianza con las grandes empresas le impidió a Lula avanzar en una reforma impositiva progresiva que alterara de manera permanente la distribución del poder; la legislación laboral, salvo en el caso del empleo doméstico, se mantuvo inalterada, y las ganancias del sector financiero batieron todos los récords. Tampoco se avanzó en una reforma política (recién lo intentó Dilma, y de hecho fue uno de los motivos de su caída). El cambio en la composición del electorado, la inclusión vía consumo de los nuevos votantes y cierto amodorramiento de la dirigencia petista, cómoda en la tibieza burocrática de los organismos del Estado, los fondos de pensiones y las empresas públicas, atenuó el ímpetu reformista y produjo una desmovilización de la militancia. Cuando llegó el momento, Dilma fue desplazada del poder mediante un juicio político teñido de irregularidades sin que volara una mosca.

Con sus logros y sus limitaciones, el lulismo no es un punto cero de la historia brasilera sino parte del proceso histórico abierto con el fin del ciclo militar y la inauguración de la Nova República. Una etapa que comienza en 1985 y que también es fruto de una tensión irresuelta: el intento de saldar la deuda social de la dictadura, simbolizado en la “Constitución ciudadana” de 1988, y el contexto internacional en el que se inserta, marcado por el auge del neoliberalismo. La solución institucional a esta ambigüedad es lo que se conoce como “presidencialismo de coalición”. Los politólogos han dedicado toneladas de papers al asunto, que suena muy sofisticado pero no es otra cosa que la necesidad del Presidente, aprendida luego del impeachment contra Collor, de asegurarse el respaldo parlamentario mediante la construcción de una alianza más amplia que la que hizo posible su elección. Básicamente, garantizar los votos necesarios para que el Congreso no impida la gobernabilidad y, llegado el caso, no lo destituya. A este método recurrieron Cardoso, Lula, Temer (él mismo producto de este esquema) y Bolsonaro, pero no Dilma, que terminó pagando el precio.

El lado B del presidencialismo de coalición es que obliga al gobierno a un ejercicio exasperante de negociación con una selva de partidos desideologizados y dirigentes venales (el famoso centrão) que pugnan por beneficios para sus distritos, sus electorados y ellos mismos en verdaderas subastas de adhesión, con las grandes empresas contratistas de la obra pública como el aceite que lubrica la maquinaria. El resultado es un sistema opaco de relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo que pone límites a la vocación reformista de los gobiernos y que lleva implícita una dinámica de corrupción sistemática, que se puede moderar pero no enfrentar.

En su libro Brasil autofágico 3/, los politólogos Daniel Feldmann y Fabio Luis Barbosa dos Santos analizan el fin del ciclo lulista y el ascenso de Bolsonaro en el contexto más amplio de la crisis del capitalismo abierta en los 70. Para ello, discuten la tesis que explica el agotamiento de la ola progresista latinoamericana de la siguiente manera: los gobiernos progresistas crearon las condiciones para la emergencia de una nueva clase media, la clase media es individualista y conservadora por definición, los gobiernos progresistas pierden las elecciones. El problema de esta explicación –sostienen– es que exime de responsabilidad a los propios gobernantes, como esas personas que cuando les piden que mencionen un defecto propio dicen “soy muy perfeccionista”. La explicación omite los puntos ciegos, lo que los gobiernos no pudieron resolver y lo que hicieron definitivamente mal.

Los autores sostienen que, al no alterar las estructuras profundas de distribución del poder ni modificar la raíz del modelo de producción, los gobiernos progresistas lograron contener pero no revertir la crisis de onda larga del capitalismo, que finalmente se terminó imponiendo. En el caso de Brasil, identifican tres decisiones, fundantes del lulismo, que luego terminarían precipitando su final: la temprana designación del neoliberal Henrique Meirelles al frente del Banco Central (no es casualidad que el mismo Meirelles fuera luego ministro de Hacienda de Temer), el pacto espurio con los partidos del centrão para evitar las consecuencias del mensalão, y el fortalecimiento del poder de los militares. Decisivas para la supervivencia inicial de Lula, estas decisiones impidieron mejorar la estructura impositiva, transparentar la política o juzgar a los represores de la dictadura. Y, más relevante aun, fortalecieron lo que los autores llaman “agentes de la aceleración”, aquellos que luego protagonizarían el impeachment contra Dilma, que no sería entonces un giro de 180 grados sino una consecuencia lógica, hasta previsible, en una misma línea histórica.

Aunque interesante para iluminar los puntos oscuros de una etapa que hoy es recordada con nostalgia, el argumento de que el final del lulismo se explica por su “debilidad reformista” resulta problemático, al menos si se juzga por los contraejemplos: el de la propia Dilma, que ensayó un modelo menos conciliador –y definitivamente menos tolerante con la corrupción– que el de su padrino político, y terminó desplazada por un impeachment. Y el de Hugo Chávez, que sí intentó remover la estructura capitalista mediante un festival de expropiaciones, quiso crear una democracia de base mediante las comunas y promovió una reforma constitucional socialista, todo para terminar arrastrando a Venezuela al caos económico, el autoritarismo político y la emigración masiva. La pregunta quizás sea la siguiente: ¿es posible reformar Brasil sin una alianza de clases?

Volver

En enero de 2019, unos meses antes de la designación de Alberto Fernández como candidato y la construcción del Frente de Todos, nos preguntábamos desde la tapa de Le Monde diplomatique por el regreso de Cristina. La ex presidenta volvió, aunque no de la forma que imaginábamos. ¿Volverá Lula? Por lo pronto, está haciendo todo lo posible: luego de su liberación, la recuperación de sus derechos políticos y la anulación de la condena por parte del Supremo Tribunal Federal, el ex presidente se dio a la tarea de articular un frente integrado por diez partidos cuyo símbolo principal es la incorporación del conservador Geraldo Alckmin, rival del mismo Lula en las elecciones de 2006, como candidato a vice. Muy razonable desde el punto de vista electoral, el plan aperturista de Lula implica dejar en segundo plazo la renovación generacional experimentada por la izquierda brasilera (un proceso del que surgieron figuras juveniles como Manuela d`Ávila y Guilherme Boulos) y someter a la militancia petista al trago amargo de votar a los oponentes del pasado, tal como demuestran dos episodios recientes: un acto liderado por Lula en Pernambuco en el que un candidato local fue abucheado por la militancia, que no olvidaba su voto favorable al impeachment 4/, y un mitin en Recife, también encabezado por Lula, en el que los organizadores recurrieron a aplausos grabados para tapar los silbidos contra los nuevos aliados 5/.

La estrategia de Lula es simple: construir una alianza que, más que izquierda contra derecha, confronte democracia contra neofascismo. Como Emmanuel Macron, que reorganizó el sistema político francés para derrotar a Marine Le Pen, Lula se propone crear una nueva polarización que le permita recuperar el modelo de conciliación de la Nova República, del que el bolsonarismo sería, de acuerdo a ese análisis, un desvío, casi diríamos un accidente. Pero, ¿es esto posible? La sociedad brasilera no es la misma que la de hace veinte años, cuando Lula llegó al gobierno subido a una ola de esperanza. La politización de las iglesias evangélicas, el poder destructor de las redes sociales, el fortalecimiento de la extrema derecha… el mundo de hoy es el mundo de los Trump y los Bolsonaro. Con sus mil recursos políticos, Lula nada a contracorriente de la época. Probablemente gane las elecciones, pero las dificultades serán gigantescas.

19 septiembre 2022 |

Notas:

1/ Os Sentidos do Lulismo: Reforma Gradual e Pacto Conservador,  Companhia das Letras, 2012.
2/ José Natanson, El milagro brasileño, Debate, 2014.
3/ Ediciones Tinta Limón, 2022.
4/ www.dw.com/pt-br/o-petismo-n%C3%A3o-ganha-elei%C3%A7%C3%A3o-o-lulismo-aparentemente-sim/a-62693034
5/https://jc.ne10.uol.com.br/politica/2022/07/15049374-ato-publico-de-lula-no-recife-teve-palmas-gravadas-e-orquestra-de-frevo-para-abafar-vaias-a-candidatos.html

Publicado en Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, septiembre 2022.

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Nayib Bukele, presidente de El Salvador, en imagen de archivo. Foto Europa Press/Archivo.

San Salvador. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este jueves que buscará la reelección en los comicios generales de 2024.

"Luego de conversarlo con mi esposa Gabriela y con mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República", señaló el mandatario en un mensaje difundido en cadena nacional de radio y televisión en virtud del 201 aniversario de la Independencia del país.

En las elecciones de 2024, los salvadoreños además de elegir presidente, deberán votar por una nueva Asamblea Legislativa y los consejos municipales de los 262 municipios del país.

Bukele reconoció que "más de algún país desarrollado no estará de acuerdo con esta decisión" de buscar nuevamente la presidencia por otros cinco años.

Pero "no son ellos los que decidirán, sino (…) el pueblo salvadoreño", sostuvo el mandatario que goza de una amplia popularidad, según han señalado diversas encuestas.

A mediados de 2021, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador emitió una resolución que habilita la reelección presidencial inmediata, pese a que críticos consideran que la carta magna lo prohíbe.

Si bien goza de un fuerte apoyo popular interno, Bukele mantiene sin embargo relaciones tensas con Estados Unidos, su viejo aliado en el continente.

Las relaciones de por si complejas del mandatario con el presidente Joe Biden se enredaron aún más desde que en mayo de 2021, con ayuda de sus aliados en el Congreso, destituyó a magistrados de una sala de la Corte Suprema y al fiscal general, lo cual fue considerado "antidemocrático" por Estados Unidos.

¿Derecho a reelección?

Para el presidente Salvadoreño, que una nación desarrollada lo critique por su decisión de buscar la reelección "sería una protesta hipócrita".

"Prácticamente todos los países desarrollados tienen la reelección", dijo Bukele que leyó un listado del FMI de 39 países desarrollados que tienen contemplada la reelección, entre los que mencionó a "Andorra, Austria, Bélgica, Canadá, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Islandia (…), Estados Unidos".

Pero la apuesta de Bukele divide a los expertos de su país.

Según Eduardo Escobar, director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana, una ONG que fiscaliza la corrupción, el mandatario salvadoreño "no tiene derecho a la reelección".

"Él no puede buscar la reelección pues la Constitución se lo prohíbe, y (…) hacerlo es ir en contra del ordenamiento jurídico y no respetar las leyes, aunque eso no es nada extraño por parte de él", consideró Escobar antes de que se conociera la intención de Bukele de postular a un nuevo mandato.

Mientras que al contrario, el exministro de Justicia Francisco Bertrand, respetado abogado constitucionalista, aseguró recientemente que Bukele "sí está habilitado a buscar la reelección, tomando en cuenta la decisión de la Sala de lo Constitucional que es inapelable".

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha señalado que acatará la resolución de la sala Constitucional de la Corte Suprema y avalará que Bukele se inscriba, en su debido tiempo, como candidato en busca de reelección presidencial.

Tras el anuncio del mandatario, personas celebraron en distintos lugares de la capital, San Salvador, quemando petardos.

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Imagen: EFE

Luego de un domingo con giros en las tendencias habrá que esperar los resultados del miércoles

El partido de la primera ministra Magdalena Andersson fue el más votado, pero conservadores, cristianodemócratas, liberales y ultraderechistas sumarían juntos más apoyos que la izquierda.

La oposición de derecha y extrema derecha se perfila para ganar ajustadamente las elecciones generales del domingo en Suecia, con un alto índice de inflación, el aumento de los casos de criminalidad y la futura adhesión del país a la OTAN como telón de fondo. El Partido Socialdemócrata de Suecia (PSS) de la primera ministra Magdalena Andersson fue el más votado en las legislativas con un 30,5 por ciento de los votos, pero los cuatro partidos de derecha sumarían juntos más apoyos que la coalición de izquierda, según los resultados oficiales correspondientes al 94 por ciento de las mesas escrutadas.

La segunda formación más votada es el partido de extrema derecha Demócratas Suecos (DS) con un 20,7 por ciento de los votos, mientras que el Partido Moderado (PM) se quedaría con un 19 por ciento de apoyos. La situación es de un empate técnico entre los dos bloques, lo que pone en duda que el PSS pueda gobernar con un acuerdo de coalición o con apoyos puntuales en el Parlamento del Partido Verde, el Partido de Centro y el Partido de Izquierda.

Entre los cuatro partidos progresistas sumarían un 48,9 por ciento de votos, mientras que los otros cuatro partidos, si lograran entenderse, acumularían un 49,7 por ciento de los votos. La opción de un acuerdo de derecha parece sin embargo lejana ya que aunque la suma alcanzara para gobernar, es difícil imaginar un Ejecutivo liderado por los moderados cuando la ultraderecha lo supera claramente en votos.

La prudencia se impone ya que las diferencias entre un bloque y otro son mínimas, del orden de unos 50 mil votos para un electorado de 7,8 millones de personas. El resultado preliminar de las elecciones estará claro a más tardar el miércoles, cuando se haya sumado el voto en el exterior y el anticipado por correo.

Giro sorpresivo en la tendencia

Magdalena Andersson confirmó que no se iban a conocer los resultados definitivos el domingo aunque dijo que los socialdemócratas hicieron una buena elección. "El día de las elecciones, todos los votos tienen el mismo peso. Las mayores victorias no son de un solo partido o candidato, sino de la democracia", aseguró la primera ministra sueca. Por su parte el líder de los moderados y uno de los derrotados del domingo, Ulf Kristersson, advirtió: "No sabemos cómo terminarán estas elecciones. Pero fuimos a las elecciones creyendo que el cambio es posible y que podemos liderar ese cambio".

Tanto los sondeos a boca de urna como los votos de los primeros distritos apuntaban a una victoria apretada del bloque de Andersson, pero la tendencia empezó a invertirse cuando el recuento superó el 50 por ciento de los distritos electorales. El fuerte ascenso del DS y su condición de segunda fuerza generaría un problema en la oposición si se confirma su victoria: quién encabezaría un nuevo gobierno.

Avance de la ultraderecha

Durante la campaña electoral conservadores, cristianodemócratas y liberales se mostraron abiertos a pactar con la ultraderecha, pero no a que forme parte de un hipotético gobierno, mientras que el líder del DS, Jimmie Akesson, ha defendido que su partido integre un Ejecutivo de coalición. "Si hay cambio de poder vamos a tener una posición central en el nuevo gobierno. Nuestra ambición es formar parte del gobierno. Nuestra ambición es un Ejecutivo con mayoría, sería lo mejor para Suecia", dijo Akesson el domingo en la fiesta electoral de su partido.

Las elecciones legislativas de hace cuatro años ya fueron un drama, con un solo escaño a favor del bloque gubernamental, después de una semana de espera para tener un resultado definitivo, presagio de unas arduas negociaciones para formar gobierno que duraron 134 días, un récord en la historia sueca.

En estos comicios estaban en juego 349 escaños, en un sistema de representación proporcional en donde sólo los partidos con más del cuatro por ciento obtienen representación. Para ser investido el primer ministro no debe tener 175 votos o más en su contra, pero tampoco necesita contar con una mayoría absoluta que lo respalde. La distancia entre los dos bloques, con el 94 por ciento de los votos escrutados, era de 176 para la oposición y 173 para la centroizquierda gobernante.

La campaña estuvo dominada por temas en principio favorables a la agenda de la derecha, como la criminalidad, los problemas de integración de los migrantes y la disparada del precio de la energía.

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Noam Chomsky durante una visita a México en 2017.Foto Marco Peláez

Trump busca construir una alianza reaccionaria, afirma

En décadas recientes, el Partido Republicano ha derivado hacia el extremo más reaccionario. Trump sólo aceleró y cimentó la transición de ese partido hacia una organización antidemocrática y protofascista. Pero el fenómeno Trump es también singular en otros aspectos, y su impacto en la política se sentirá durante muchos años.

En esta entrevista, Noam Choms­ky ofrece un profundo análisis de la evolución del entorno político estadunidense y de cómo la lucha de clases y la represión han convertido a la cultura empresarial en la fuerza dominante, que ha llevado a la sociedad de Estados Unidos hacia una distopía neoliberal. También arroja luz sobre por qué el Partido Republicano ha convertido la política del país en una batalla cultural, al postular políticas que suprimen los derechos sociales y ahorcan la libertad intelectual.

  1. J. Polychroniou (CJP): Noam, el Partido Republicano se ha convertido en una organización descaradamente antidemocrática, que conduce a Estados Unidos hacia el autoritarismo. ¿Qué es lo que da forma a su carácter actual?

Noam Chomsky (NC): Lo que se despliega ante nuestros ojos es una especie de tragedia clásica, cuya sombría conclusión viene dada de antemano. Los orígenes están muy arraigados en la historia de una sociedad que ha sido libre y próspera para los privilegiados, terrible para los que se interponen en su camino.

En la guerra abierta de clases de los años neoliberales, los partidos políticos se adaptaron al asalto de las empresas y ayudaron a acelerarlo. Los demócratas abandonaron su limitado compromiso con la clase trabajadora y se volvieron un partido de acaudalados profesionales. Los republicanos moderados, que apenas si se distinguían de los demócratas liberales, desaparecieron.

Es muy notable ver lo que ha ocurrido a los restos de lo que alguna vez fue un auténtico partido, en el caso republicano. Actualmente, las calificaciones para el Congreso se reducen en gran parte a votar "no" si McConnell lo ordena y hacer viajes ocasionales a Mar-a-Lago para sacar brillo a los zapatos de Trump.

La base popular del partido ha sido afectada por esta declinación, en particular en los años del culto a Trump. Alrededor de 70 por ciento cree que la elección de 2020 fue robada. Dos tercios “creen que los cambios demográficos del país son orquestados por ‘líderes liberales que intentan ganar poder político remplazando a más electores blancos conservadores’”, la teoría de la gran sustitución, que hace no mucho tiempo se restringía a la periferia neonazi.

Trump ha expresado con claridad su intención de "secar el pantano", al destruir el servicio civil no partidista que es el fundamento de cualquier cosa parecida a una democracia. Las recientes conferencias en Budapest y Dallas, en las que la Conferencia de Acción Política Conservadora –el eje del Partido Republicano– fue la atracción principal, dejaron en claro hacia dónde se dirige la organización. Su guía es Viktor Orbán, cuyo gobierno cristiano radical racista y protofascista es ensalzado como el ideal para el futuro. Para el mundo, es probable que se consolide el proyecto de Trump de construir una alianza de brutales estados reaccionarios. Y, peor aún, el mundo se acercará al desastre terminal en tanto fluyen las ganancias hacia las compañías de combustibles fósiles.

No podemos exagerar la importancia del hecho de que hoy día la mera supervivencia está en riesgo.

CJP: Los republicanos están mucho menos divididos sobre la cultura que los demócratas. ¿Será por eso que ese partido se esfuerza tanto en las luchas culturales en su intento de regresar al poder?

NC: Ese partido ha tenido un problema desde que eliminó sus elementos más liberales y adoptó el proyecto neoliberal de Powell-Friedman y compañía, desde principios de la década de 1970, y ganó el poder con Reagan. Expresado en términos simples, no es posible acercarse a los electores diciendo: "Voy a dejarte en cueros y a destruir todos tus sistemas de apoyo, así que vota por mí". Ni siquiera un operador político como Trump podría hacer eso. Tiene que plantarse con una pancarta en una mano que diga "Te amo", mientras con la otra nos da una puñalada en la espalda con los programas legislativos reales.

La solución son las guerras culturales, que desvían la atención de las políticas. Y está claro qué es lo que funciona con la población objetivo: el supremacismo blanco, el nacionalismo cristiano, el rechazo al aborto, montones de armas, no más escuelas públicas que molestan a los niños blancos enseñando historia o biología básica, no a la educación pública en general porque es manejada por fanáticos sexuales y marxistas.

El esfuerzo por eliminar la educación pública tiene un papel esencial en la embestida neoliberal que busca atomizar a la población y destruir los lazos sociales. Ha causado severo daño a lo que había sido una importante contribución estadunidense a la democracia: la educación pública de masas.

La izquierda del Partido Demócrata apoya a su manera la explotación de los "temas culturales" que hacen los republicanos. La política de clases, los derechos de los trabajadores e incluso los temas sociales y económicos han sido hechos de lado.

Los amos de la humanidad tienen claros sus intereses

CJP: La relación de larga data del Partido Republicano con los grandes consorcios muestra signos de profunda fricción sobre las causas sociales y culturales. ¿Qué probabilidad hay de que podamos presenciar un divorcio entre las dos entidades?

NC: No es muy probable. Creo que los amos de la humanidad entienden muy bien dónde están sus intereses y continuarán apoyando a los elementos proempresariales de los dos partidos, haciendo a un lado la retórica de que no esperan que éstos se traduzcan en políticas. Ese respaldo puede ser fastuoso ahora que las decisiones de la Suprema Corte ponen pocos límites a la compra de elecciones (Buckley vs. Valeo, Citizens United), que es sólo uno de los medios por los que los amos pueden asegurar que sus intereses "se puedan atender del modo más peculiar".

CJP: Ha habido guerra de clases en Estados Unidos durante los 40 años pasados, y ha sido de un solo lado. Sin embargo, existen sucesos políticos recientes que indican que ya no es de un solo lado. ¿Está de acuerdo con esta evaluación?

NC: La guerra de clases es incesante, pero existen variaciones en cuanto a qué tan unilateral es. Por muchas razones históricas, Estados Unidos ha tenido un empresariado con gran conciencia de clase y extraordinariamente poderoso, que es la razón de fondo de la violencia y brutalidad de su historia laboral y de la falta de beneficios sociales, que ahora es extrema en términos comparativos. El periodo del Nuevo Trato fue una pausa, que se extendió hacia la década de 1970, que fue de transición y condujo a la reanudación de la guerra de clases de alta intensidad. En los años recientes ha habido un renovado compromiso popular con cierta forma de democracia social, en parte bajo el muy efectivo liderazgo de Bernie Sanders, en parte a través de movimientos populares.

Si bien con desgano, algunos segmentos del mundo empresarial toman algunas medidas que reflejan las preocupaciones populares por la supervivencia. Sin embargo, me parece que no basta para crear una tregua entre los amos y las organizaciones políticas que en su mayor parte les han servido con lealtad.

CJP: La iniciativa de reconciliación Schumer-Manchin, que Joe Biden promulgó como ley, reafirmó la idea de que las políticas de transformación son extremadamente difíciles en el sistema bipartidista. ¿Qué opina de la situación política en relación con la Ley de Reducción de la Inflación?

NC: Hace mucho tiempo se observó que Estados Unidos es en esencia un Estado monopartidista: el partido empresarial, con dos facciones, demócratas y republicanos. Ahora existe una sola facción: los demócratas. Los republicanos difícilmente califican como un auténtico partido parlamentario. Eso es muy explícito bajo el liderazgo de McConnell. Cuando Obama asumió el cargo, McConnell dejó en claro que su objetivo primordial era asegurar que Obama no pudiera lograr nada, de modo que los republicanos pudiesen volver al poder.

Ahora, con un puñado de demócratas de derecha que secundan a la unánime oposición republicana, la plataforma de Biden ha sido recortada severamente. Tal vez el presidente hubiera podido hacer más, pero se le culpa injustamente, me parece, por el fracaso de lo que habrían sido programas constructivos que se necesitan con urgencia. Uno de ellos era su programa sobre el clima, inadecuado, pero mucho mejor que cualquiera que lo haya precedido y que, de ser aprobado, habría sido un paso adelante.

La situación política es horrible, y es muy probable que se vuelva mucho peor en noviembre, si los republicanos se hacen del poder. Es probable que empeore tanto, que literalmente amenace la supervivencia, "como ninguna persona en su sano juicio puede negar", para citar al muy estimable juez Powell.

Publicado originalmente en Truthout.

Traducción: Jorge Anaya

Versión completa en La Jornada-on-line: https://bit.ly/3L33nlS

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Sábado, 10 Septiembre 2022 05:51

Chile, las preguntas que dejó el plebiscito

. Imagen: AFP

Llueve en Santiago de Chile. Otra vez los camiones hidrantes, el agua con químicos, los estudiantes que corren, gritan “pacos culeaos”, vuelven a la carga sobre la avenida Alameda. La imagen parece de años atrás, cuando en estas mismas calles, ante estos mismos chorros de agua, se producían movilizaciones de estudiantes encabezadas por algunos de quienes están hoy frente al Palacio de La Moneda. Es la segunda marcha seguida de represión en la semana luego del plebiscito, otra vez los “cabros” con bronca frente a los Carabineros comandados por el mismo General Director, Ricardo Yánez, que durante el anterior gobierno de Sebastián Piñera.

Quien estuvo al frente del ministerio del Interior, Izkia Siches, bajo cuya órbita se encuentra Carabineros, ya no está más en su cargo: salió del gabinete luego de la derrota del domingo pasado. En su lugar ingresó Carolina Tohá, del Partido Por la Democracia (PPD), proveniente de la ex Concertación. El discurso ante lo ocurrido es que “aquí no hay una interpelación de una demanda del pueblo chileno, hay hechos de violencia que el pueblo rechaza mayoritariamente (…) no puede ser que los estudiantes sirvan de primera línea de grupos de choque”, afirmó Manuel Monsalve, número dos del ministerio, del Partido Socialista (PS).

El ingreso de Tohá ocurrió en el marco de los cambios efectuados que dieron mayor espacio a integrantes de la ex Concertación. Es el caso, por ejemplo, de la nueva ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, del PS, en remplazo de Giorgio Jackson del Frente Amplio (FA) que pasó a encabezar el ministerio de Desarrollo Social. Ese día de cambios también ocurrió un retroceso hecho público: el nuevo Secretario del Interior iba a ser Nicolás Cataldo, del Partido Comunista (PC), pero su nombramiento fue descartado luego de las presiones de los partidos de oposición. Temblor y concesiones, una imagen post derrota del plebiscito que fue un cross a la mandíbula a seis meses de iniciado el Gobierno.

¿Qué pasó?

La pregunta no cesa de dar vueltas. Cómo fue que de los casi 4,5 millones de nuevos electores, la casi totalidad votara por el Rechazo. Cómo obtuvo 25 puntos de diferencia sobre el Apruebo. Cómo no se lo vio venir. El efecto de optimismo por la masividad de los “apruebazos” y el cierre de campaña en Santiago pueden haber empañado la percepción del ánimo social, no haber detectado una gran mayoría silenciosa que emergió y dijo no al texto redactado durante un año por la Convención Constitucional. No votó a favor de la Constitución vigente, tampoco se pronunció por una propuesta alterna: rechazó la propuesta, o su interpretación, muchas veces mediada, de la misma.

Una de las explicaciones sobre la derrota fue la eficacia de la campaña de miedo. El Centro de Investigación Periodística publicó un análisis realizado en zonas populares de Santiago donde relevó algunas de las razones del Rechazo. Las más repetidas fueron en primer lugar el temor a que las viviendas serían expropiadas por el Estado o no serían heredable; en segundo término, la plurinacionalidad y la división del país; como tercer punto que los fondos de pensiones no serían heredables o serían expropiados; como cuarta razón las críticas al presidente Gabriel Boric y el Gobierno; y, quinto, la crítica a quienes redactaron el texto. También estuvieron presentes el rechazo al aborto, los derechos de diversidad sexual, y el rechazo a los políticos.

Los tres primeros puntos señalados fueron los ejes centrales sobre los cuales se centró la campaña, lo cual evidencia su efectividad. El eje de las pensiones fue el primero en golpear fuertemente a fin de marzo, con titulares falsos como “los trabajadores ya no serán dueños de sus ahorros previsionales”. El Gobierno recién asumía, y estaba por oponerse al proyecto de quinto retiro de los fondos previsionales -retiro del 10% por parte de las personas de sus ahorros de jubilación-, una demanda social extendida luego de los cuatro retiros realizados bajo el anterior Gobierno durante la pandemia y crisis. Las figuras del actual Gobierno habían hecho campaña a favor de los retiros anteriores. “No cumplió”, fue la expresión de una señora que votó el Rechazo y había votado por Boric en el 2021.

La campaña del Apruebo, que comenzó en julio luego de que la Convención Constitucional le entregara el texto a Boric, no contó con figuras claras a su cabeza. El Gobierno respaldó la propuesta de Constitución desde su lugar limitado institucionalmente, a su vez que la cuestionó en parte al sostener que debería ser reformada en caso de ser aprobada. ¿Cuánto tuvo que ver en el plebiscito una ausencia de dirección clara o la situación del mismo Gobierno? Algunos números son llamativos: el Apruebo obtuvo 38.3 por ciento, es decir al porcentaje de aprobación con que cuenta el Gobierno según varias encuestas.

Mayorías volátiles

Victorias y derrotas breves, es una de las síntesis de época que se ha hecho común en varios análisis. El caso chileno no escapó a esa temporalidad. Si el cálculo del Gobierno era esperar la aprobación de la nueva Constitución para iniciar grandes o medianos cambios, entonces la apuesta no resultó. El Gobierno se encuentra más débil, obligado a concesiones como darle más espacio a actores de la ex Concertación que están ahora al frente de los principales ministerios: Hacienda, Cancillería, Interior, Defensa, Secretaría de Presidencia, y Minería, además de puestos de dirección en otras carteas.

Es cierto que la coalición que ganó las elecciones, FA y PC, cuenta con poca experiencia de Gobierno. También que la incorporación central de los aliados puede otorgar gobernabilidad, pero bajo el riesgo de convertirse en continuidad del statu quo impugnado masivamente a partir de octubre de 2019. Esa impugnación no fue lineal, muchos de quienes estuvieron en las calles durante esos meses votaron luego de maneras contradictorias: Apruebo en el plebiscito de 2020, Boric en 2021, pero también al candidato Franco Parisi que hizo campaña desde Estados Unidos, o al mismo José Antonio Kast, y seguramente también Rechazo en 2022. Y muchos nunca fueron a las urnas, hasta este domingo de votación obligatoria.

Boric asumió en un país con movimientos de fondo que no se estabilizaron. Existen varias demandas cruzadas, como de transformaciones y orden, o un orden que lleve adelante los cambios, que no necesariamente son de izquierda, como retiro de pensiones, freno de la inflación, ayudas sociales, seguridad. Otros, que podrían situarse como más claramente progresistas, también tienen apoyo, como educación superior gratuita o un sistema de seguridad pública, como muestra la encuesta de Feedback post plebiscito, donde también se indica que, por ejemplo, la justicia indígena no tiene consenso mayoritario.

Los movimientos de gabinete indican una búsqueda de estabilización política post plebiscito, ante un escenario de negociación con la oposición de cara a establecer acuerdos legislativos, como la reforma tributaria impulsada por el Gobierno y el camino para convocar a la nueva Convención Constitucional. Mientras, las movilizaciones mostraron que puede regresar una conflictividad en las calles ante un Gobierno que se encuentra en un difícil y frágil centro político, tironeado entre su equilibrio interno, la presión de la derecha, la necesidad de impulsar cambios, y el peligro de la frustración social por falta de respuestas.

 

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Nada parece detener la marcha de Trump de regreso a la Casa Blanca.

El pasado 8 de agosto agentes del FBI allanaron la mansión del ex presidente ubicado en Mar-a-Lago, en el sector más exclusivo de Palm Beach, ubicado en el estado de La Florida. Mientras se realizaba el procedimiento, trascendió que Trump estaba bajo sospecha de haber violado la Ley de Espionaje al haber sustraído cuando todavía era presidente todo un conjunto de documentos vinculados a la seguridad nacional.

Una vez producido el allanamiento, el FBI declaró la captura de once bloques de documentos confidenciales, existiendo incluso información marcada como “ultrasecreta”. Varios analistas afirmaron que algunos de estos documentos podrían tener vinculación con la actual capacidad nuclear de los Estados Unidos.

Sin que hasta el momento se conocieran detalles precisos sobre el contenido de este archivo, por información brindada por el Washington Post trascendió que un documento se refería a las capacidades nucleares de un gobierno extranjero, sin que hasta el momento se conozca de qué país se trata.

En tanto que otra parte del material requisado tendría relación con el presidente Emmanuel Macron, lo que derivaría en una tensión mayor entre los países miembros de la OTAN en caso de comprobarse que existió algún tipo de espionaje sobre la figura del gobernante francés.

La investigación sobre este caso la llevará adelante el fiscal Merrick Garland, un jurista de alta reputación, ideológicamente moderado, pero finalmente alineado con el gobierno demócrata, lo que generó previsibles críticas por parte del ex mandatario, a quien de todos modos será juzgado por Aileen Mercedes Cannon, una jueza federal del distrito sur de la Florida, cuya designación promovió en 2020.

Nacida en Colombia e hija de madre cubaba, la jueza Cannon es ahora objeto de fuertes críticas por su presunta parcialidad al haber accedió a un pedido de los abogados de Trump para que un perito independiente revise los documentos obtenidos por el FBI. El experto en cuestión tendrá la facultad, incluso, de desechar aquellos documentos que afecten directamente cuestiones de privilegio de las que actualmente goza el ex presidente.

Para Trump éste es un caso que viene a sumarse a otros procesos actualmente en curso en torno al intento por falsear los resultados electorales en las presidenciales de 2020 (particularmente en el Estado de Georgia) y, con más repercusión política que jurídica, sobre su relación con el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

Ahora bien, si el gobierno de Biden mantenía alguna esperanza de que el caso Mar-a-Lago contribuiría a diluir la imagen pública de Trump, las primeras encuestas muestran que, por el contrario, su ponderación del ex presidente ha aumentado en los últimos días.

En efecto, y antes que presentarse como el responsable de una inquietante red que podría atentar contra la seguridad nacional, Trump aparece como una víctima de los atropellos de un gobierno que siembra la sospecha en contra de aquellos dirigentes con posibilidades de ganar las próximas presidenciales.

En su propia red, Truth Social, Trump afirmó que todo se trata de una persecución y de un intento deliberado por parte de los poderes del establishment para que no vuelva a presentarse en las próximas elecciones presidenciales.

En un clima creciente de polarización política (según algunos analistas, como no se veía en Estados Unidos desde los tiempos de la Guerra de Secesión), una nueva encuesta de NBC confirmó que mejoraron las chances de Trump en una posible primaria presidencial republicana de 2024.

Así, si en el mes de mayo un 34% de los votantes republicanos afirmaron que apoyaban al ex presidente más que al propio partido, luego del allanamiento a su mansión, el número de respaldo había aumentado al 41 por ciento.

Sin embargo, y en contexto, la misma encuesta también mostró que el 57% de los estadounidenses pensaba que las investigaciones sobre las posibles irregularidades del ex presidente debían continuar, en tanto que el 40% evidenció su rechazo al procedimiento porque éste tenía motivaciones políticas y podía dividir, aún más al país.

En consecuencia, y sin que varíen sustancialmente los alcances del voto demócrata y republicano en torno a la siempre controversial figura de Trump, lo que se puede observar desde los sucesos en Mar-a-Lago es que el ex presidente tendría más chances de ganar una eventual primaria en la que, además, abundan pre candidatos con un perfil similar al suyo, como son los casos del actual gobernador de La Florida, Ron DeSantis, y mucho más atrás, el senador por Texas Ted Cruz y hasta el ex secretario de Estado Mike Pompeo.

En las internas del partido, el voto republicano contrario a Trump sobrevive tímidamente en la figura de Mike Pence, su ex vicepresidente, quien se diferenció del ex gobernante al reconocer el triunfo electoral de Biden y al repudiar la toma del Capitolio. En menor medida, aunque con una proyección que genera cada vez más interés, debe tenerse en cuenta a la representante Liz Cheney, hija de Dick Cheney, quien fuera vice de George W. Bush (2001-2009).

En consecuencia, el peso específico de Trump hoy es prácticamente incuestionable dentro de su propio partido, incluso, pese a que algunos de sus candidatos más visibles fueron derrotados en las primarias para conformar las listas electorales en la próxima contienda parlamentaria en el mes de noviembre.

Pero más allá de lo que ocurra dentro del Partido Republicano, lo cierto es que hoy ya se encuentra en plena consolidación el “trumpismo” como una línea política de características cada vez más autónomas.

Así, conservadores, cristianos, y distintos representantes de la derecha se han congregado en el America First Policy Institute (AFPI) con el objetivo de trazar un plan de gobierno no sólo ante la eventual llegada de Trump al poder sino, y por primera vez, pensando en la posibilidad de institucionalizar un programa político a futuro. Se busca garantizar de este modo la supervivencia del “trumpismo” más allá de Trump.

Uno de los puntos que más controversia ha generado es que el futuro gobierno pueda despedir a funcionarios estatales que no le resulten leales, reemplazando así a miles de funcionarios públicos con militantes propios y de su corriente política, America First. Se trata de un proyecto que eliminaría (o que “drenaría el pantano”) en áreas altamente estratégicas como el departamento de justicia, el FBI, la seguridad nacional, la inteligencia, el Departamento de Estado y el Pentágono.

Seguramente, en las filas del “trumpismo”, el allanamiento a la mansión del ex presidente sólo agregó certezas en la necesidad de avanzar y de ir a fondo en el proyecto de lucha contra el así llamado “Deep State”.

En este sentido, distintos analistas notaron que desde Mar-a-Lago se percibe un notorio incremento en la actividad de los grupos y organizaciones de extrema derecha que siguen a Trump como su máximo líder. En tanto que el llamado del presidente Biden por intentar que los republicanos no trumpistas voten por los demócratas en las próximas elecciones no hizo sino agregar más gasolina al fuego.

De ahí que la reciente caracterización formulada por Trump de que el actual presidente es el “enemigo del Estado” y de que el Departamento de Justicia y el FBI se comportan como “monstruos viciosos” son sólo algunas muestras de un clima político cada vez más enrarecido. 

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Gabriel Boric, en el Palacio de la Moneda (Santiago). — Reuters

La reestructuración del Gabinete se produce después del contundente rechazo a la nueva Constitución.

 

06/09/2022

Público / EFE

El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha realizado este martes una profunda remodelación de su Gobierno que ha afectado a su núcleo de confianza, como a los ministros de Interior, Izkia Siches, y de la Presidencia Giorgio Jakson, y al comité político, donde se toman las decisiones de calado en el Palacio de la Moneda.

El líder afirmó que "no se puede gobernar con superficialidad" y subrayó que la remodelación de su Ejecutivo busca responder a las necesidades diarias de la población. En un breve discurso tras la presentación de su nuevo Gabinete, el mandatario recordó a los ministros que "el cambio no es protocolar ni para la foto", sino que debe responder de forma rápida a los desafíos que afronta el país y la ciudadanía.

Esta restructuración, que gira hacia el centroizquierda, es la primera en sus seis meses de mandato, se produce dos días después del abrumador triunfo del rechazo en el plebiscito para cambiar la Constitución y tiene lugar en medio de presiones de la oposición y tensiones en el seno de la colación de izquierda en la que se apoya el mandatario.

Boric nombró nueva ministra de Interior a Carolina Toha, integrante del Partido Por la Democracia (PPD), de centro, e hija de Jose Tohá, primer ministro de Interior en el Gobierno del derrocado presidente Salvador Allende y uno de los hombres que fue encarcelado por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1989). Como ministro de la Presidencia, el mandatario eligió a Ana Lya Uriarte, una mujer del Partido Socialista con una amplia carrera y experiencia política.

Primera piedra en el camino

Boric se ha retractado en apenas una hora del nombramiento como número dos del Ministerio de Interior de Nicolás Cotaldo Astorga, profesor de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso y líder estudiantil vinculado al Partido Comunista. La designación fue anunciada a través de un comunicado oficial.

Poco después, miembros de la oposición y el diario local La Tercera rescataron de las redes sociales, principalmente Twitter, mensajes de Cotaldo en 2011 en el que criticaba con dureza a los militares y les acusaba de infiltrarse en las protestas, torturar y sobrepasar sus atribuciones.

Una de la más críticas con el nombramiento fue la exministra de Educación, Marcela Cubillos, quien aseguró que "si eso es verdad el Gobierno ha decidido reírse en la cara de las víctimas de la violencia y de la macrozona sur", en relación al conflicto en la Araucanía.

Con una hora de retraso sobre el horario previsto, el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, que en todas las quinielas sonaba como nuevo ministro de la Presidencia, ofició de notario, con lo que se confirmó el cese de Cotaldo y la permanencia de Monsalve en la subsecretaría de Interior.

La derecha recela de la reestructuración

La derecha del país no se ha sentido satisfecha con la remodelación de Boric. "Volvimos a lo que tanto criticó el Frente Amplio que no quería para Chile, la Nueva Mayoría en los puestos claves. El Gobierno en práctica accedió a tomar más clases porque son incapaces de asumir las tareas, funciones y obligaciones mínimas de cualquier Gobierno con su ciudadanía", ha argumentado Andrés Celis, diputado de la coalición derechista Chile Vamos. 

Por su parte, Álvaro Carter, de la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), ha bromeado que el "cuoteo y la improvisación son dignos de una asamblea estudiantil. El gobierno del presidente Boric jugando a la sillita musical". Para los conservadores, el Ejecutivo de Boric ha desatendido los problemas que la ciudadanía considera más relevantes como el aumento de la inseguridad, la delincuencia o la inflación. 

Han rechazado que el mandatario haya sumado a la ministra del Trabajo, Jeanette Jara, al comité político, núcleo duro de la toma de decisiones del Ejecutivo. Con esa incorporación, suben a dos de seis las ministras pertenecientes al Partido Comunista en el comité político.

Otra señal de molestia la dio Francisco Chahuán, presidente del partido de derechas Renovación Nacional (RN), que declinó nuevamente participar de la reunión convocada por el presidente para esta tarde La Moneda para definir el camino de la nueva Constitución. RN, que iba ser la única fuerza de su sector en asistir, acusa "improvisación" del Gobierno en el cambio de gabinete, en particular en el cargo de la Subsecretaría de Interior.


Cambio de gabinete en Chile: tras la derrota del plebiscito Boric da un giro a la derecha

Con la designación de los principales ministerios a cargo de representantes de la ex Concertación el gobierno de Boric marca un claro cambio de signo. Nada bueno para el pueblo trabajador vendrá de este cambio de gabinete. Juan Sútil, representante del gran empresariado chileno, dio su aprobación este último lunes diciendo que había “que sacar a los extremos”. Después de este cambio, Boric se reunirá con los presidentes de los partidos de derecha de "Chile Vamos".

Elías MuñozPeriodista - Editor General

La Izquierda diairo

Martes 6 de septiembre

De ahora en más, la ex Concertación (que gobernó Chile durante gran parte de los 30 años de herencia pinochetista con políticas neoliberales) tendrá tres de los seis puestos en el Comité Político del Gobierno. Boric le entrega la conducción política (Interior y el ministerio de la Secretaría General de la Presidencia -Segpres-) y la conducción económica (Hacienda) al conglomerado de centroizquierda neoliberal.

Tras la derrota estrepitosa del apruebo el pasado domingo, el gobierno de Boric se prepara en todos los terrenos para un cambio de signo político hacia el centro derecha. El primer paso es ese importante cambio de gabinete para entregarle las principales carteras al llamado Socialismo Democrático, la ex Concertación (sin la Democracia Cristiana). Así, Iskia Sichez (que se asume como independiente) deja de ser ministra de Interior y Seguridad Pública y en su reemplazo entrará Carolina Tohá del Partido por la Democracia -PPD- (cuyo principal referente es el expresidente Ricardo Lagos, quien durante su presidencia firmó tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea, avanzando en medidas neoliberales).

En el caso de la Segpres, el ministerio a cargo de la relación con el Congreso, sale Giorgio Jackson, aliado de Boric, que pasará al ministerio de Desarrollo Social. En su reemplazo llegará la ex jefa de asesores de Michelle Bachelet, Ana Lya Uriarte del Partido Socialista. También se anunciaron cambios en los ministerios de Salud, Energía y Educación.

El cambio no estuvo exento de polémicas ya antes el gobierno había nombrado a Nicolás Cataldo, actual subsecretario de educación, como reemplazante de Manuel Monsalve en la Subsecretaría del Interior. Sin embargo, la derecha condicionó su participación en la reunión con el gobierno si el nombramiento seguía. Ante esto el gobierno cedió a la presión de la derecha y mantuvo a Monsalve proponiendo a Ana Uriarte como nueva ministra de la Segpres. Todo esta exigencia de la derecha hizo demorar en más de una hora el cambio que estaba pronosticado originalmente para las 12 hora de Chile.

Tras el cambio, Boric dijo que el cambio lo hacía "pensando en Chile". Ratificando el giro hacia un centro tironeado por la derecha, el presidente dijo que “Este cambio de gabinete no es protocolar ni para una foto. Aquí cambia también el Comité Político que es la conducción de nuestro gobierno”.

Además, el mandatario reforzó la idea de estar contra el “maximalismo, la violencia y la intolerancia” como había dicho la noche del domingo. En ese sentido, Boric dijo que “La historia nos ha enseñado que los verdaderos cambios, esos que perduran, son aquellos que no se hacen de la noche a la mañana. Sino que tienen que ser abrazados por la gran mayoría”. Así, el gobierno justifica su giro a la derecha tras el triunfo del rechazo.

¿Cómo queda el comité político?

  • · Ministerio del Interior: Carolina Tohá (PPD)
  • · Ministerio Segpres: Ana Lya Uriarte (PS)
  • · Ministerio Sesegob: Camila Vallejo (PC)
  • · Ministerio de Hacienda: Mario Marcel (Ind-PS)
  • · Ministerio de la Mujer: Antonia Orellana (CS)
  • · Ministerio del Trabajo: Jeanette Jara (PC)

El detalle de los cambios a continuación:

  • · Ministerio del Interior: Sale Izkia Siches (Ind) | Entra Carolina Tohá (PPD)
  • · Ministerio Segpres: Sale Giorgio Jackson (RD) | Entra Ana Lya Uriarte (PS)
  • · Ministerio Desarrollo Social: Sale Jeanette Vega (PPD) | Entra Giorgio Jackson (RD)
  • · Ministerio de Salud: Sale Begoña Yarza (Ind-PS) | Entra Ximena Aguilera (Ind)
  • · Ministerio de Energía: Sale Claudio Huepe (CS) | Entra Diego Pardow (RD)
  • · Ministerio de Ciencia: Sale Flavio Salazar (PC) | Entra Silvia Díaz (Ind)
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Desconsuelo de simpatizantes de una nueva Constitución en Chile tras conocer en Santiago, la capital, los resultados del plebiscito. Horas después, el presidente Gabriel Boric emitió un discurso: “recojo con humildad este mensaje y lo hago propio. Hay que escuchar la voz del pueblo”. Instó a rencauzar el proceso constitucional, porque, enfatizó, la Carta Magna pinochetista está caduca. Foto Ap

Se cerró el ciclo iniciado por el estallido social de octubre de 2019 y que terminó en este intento de reemplazar la carta magna de la dictadura, que ha beneficiado más a las empresas que a las personas. 

Por Juan Carlos Ramírez Figueroa

Desde Santiago

Y el pueblo de Chile no aceptó la nueva constitución que vendría a reemplazar a la de 1980, redactada en plena dictadura. Con el 100% de las mesas escrutadas, el “Rechazo” ganó por 61,9% frente al 38,1% del “Apruebo”. Las encuestas habían pronosticado el triunfo de la derecha, por no con una cifra tan holgada. Unas horas antes, con apenas el 23% de las mesas escrutadas ya estaban celebrando en el comando del “Rechazo” —que incluye a la derecha, pero también a figuras de la democracia cristiana— con gritos, banderas chilenas y cantando el himno nacional. El ambiente en el comando del “Apruebo”, y la izquierda que integró la convención constituyente que redactó la nueva constitución no era de los mejores. Algo que contrastaba con la fiesta ciudadana con 300 mil personas el jueves pasado durante el cierre de la campaña.

Boric promete nuevo proceso constituyente

“En Chile las instituciones funcionan. Este 4 de septiembre la democracia chilena sale más robusta (…) El esfuerzo realizado no será en vano, porque así es como mejor avanzan los países, aprendiendo de las experiencias y volviendo sobre sus huellas para buscar nuevas rutas. El pueblo chileno no quedó satisfecho con la propuesta de constitución. Esta decisión exige a nuestras instituciones y actores políticos que trabajemos con más diálogo, más empeño, respeto y cariño”, señaló en cadena nacional.

“Hay que escuchar la voz del pueblo, no solo este día sino todo lo acontecido en estos últimos años intensos que hemos vivido. No olvidemos por qué estamos aquí. Ese malestar sigue latente y no podemos ignorarlo”, señaló además de destacar que la izquierda debe ser autocrítica y estar a la altura de estas necesidades del pueblo chileno “Me comprometo a construir en conjunto con el Congreso y la sociedad civil un nuevo texto que interprete a la gran mayoría ciudadana”.

Mañana a primera hora se reunirá con los presidentes de la cámara de diputados y senadores para avanzar rápidamente, junto a una ronda de conversaciones para recoger propuestas de distintos sectores para un nuevo proceso constituyente, a fin de evitar mayores incertidumbres y construir “un nuevo Chile” para superar “heridas profundas”, como en 1988 con el retorno a la democracia. “Lo volveremos a hacer, no tengo ninguna duda de ello. Y no partiremos de cero”, dijo Boric. También señaló que se viene un ajuste de su gabinete que, debería ser a mediados de esta semana.

El fantastma de Pinochet no muere 

¿Esto significa que se mantendrá la constitución de Pinochet? Por el momento y técnicamente sí. Aunque la derecha dice apoyar la propuesta de Boric. “Ratificamos nuestro compromiso por una nueva y buena Constitución”, aseguraron en una declaración conjunta los tres presidentes de Chile Vamos, coalición de derecha opositora —Javier Macaya (Unión Demócrata Independiente), Luz Poblete (Evópoli) y Francisco Chahuán (Renovación Nacional). “Creemos que hoy ha triunfado la democracia, la unidad de Chile. En paz los chilenos y chilenas han ido a votar democráticamente y es eso lo que tenemos que cuidar para mañana ponernos a trabajar en el verdadero anhelo de Chile, que es tener una nueva y buena constitución”, agregó Poblete. Macaya además dejó en claro que este no fue un triunfo de la derecha sino de los trabajadores y “el sentido común”

Así, la derecha chilena encontró una nueva oportunidad que ya esta mañana el expresidente Sebastián Piñera —que prácticamente no ha hablado desde que dejó su cargo en marzo— señaló al ir a votar. "Tenemos un compromiso por una nueva y buena Constitución, y ese compromiso lo vamos a cumplir (…) digamos las cosas como son, llevamos demasiado tiempo de divisiones, de confrontación, de violencia, de inseguridad, y lo que Chile necesita es más paz, más unidad, porque solo de esa manera vamos a poder construir la casa de todos" e incluso pidió dejar "fuera la cultura de la cancelación y comprendamos que en Chile necesitamos una cultura de mayor amistad, de mayor colaboración".

Calor, voto obligatorio y fin de ciclo 

Este domingo fue jornada particularmente calurosa para el invierno santiaguino —con temperaturas que llegaron a 27 grados— donde a pesar de la gran afluencia de público, en general el proceso fue expedito debido a que los recintos de votación fueron relocalizados en relación a la vivienda del votante. Algo que no sucedió por ejemplo en las elecciones presidenciales del año pasado, donde hubo ausencia de locomoción pública obligando a muchísimas personas a trasladarse a pie muchas veces de una comuna a otra. Debido a que es la primera vez en una década que el voto es obligatorio, también hubo colas en la comisarías por las personas que debieron justificar la ausencia y evitar las multas. También fue la primera vez en que las personas privadas de libertad pudieron votar. Votaron 13 millones de personas -de 15 millones habilitadas para sufragar-. 

Un poco de contexto: el plebiscito de este domingo fue la consecuencia principal del “Acuerdo por la Paz” en noviembre de 2019 impulsado por el Congreso —entre ellos por el propio actual presidente Gabriel Boric— que Sebastián Piñera aceptó a regañadientes como una forma de encausar políticamente el “Estallido Social” iniciado un mes antes. Un levantamiento de proporciones, que llegó a tener un millón de personas protestando en el centro de Santiago (fenómeno que se repitió en el resto del país), la policía disparando balines de goma a los ojos, efectivos militares circulando por las calles y cacerolazos todas las noches, convirtiéndose en la crisis institucional más grande del país desde al retorno a la democracia. Se propuso un proceso constituyente que comenzaría con un plebiscito de entrada, donde la opción “apruebo” obtuvo casi un 80% de los votos junto a la opción convención constituyente paritaria y con escaños reservados que redactaría el nuevo texto constitucional, en lugar de una “mixta” donde participarían representantes tanto políticos como ciudadanos.

Esto último posibilitó que en las elecciones de convencionales constituyentes en mayo de 2021 los movimientos ciudadanos y la izquierda bajo distintos conglomerados obtuvieran la mayoría de los 155 escaños, dejando a la derecha con apenas 27 representantes y sin poder de veto. Ahí comenzaría, sin embargo, un ambiente enrarecido donde la derecha, además de no aportar demasiado más allá de criticar el proceso se sumaron ciertos capítulos mal evaluados por la ciudadanía como la interrupción del himno nacional en la primera jornada de la convención —producto de protestas y convencionales que trataban de llamar la atención sobre el tema—, el descubrimiento de un convencional que lideró las protestas (Rodrigo Vade) que mintió sobre tener cáncer o jornadas de varios días para elegir a las nuevas lideres del segundo ciclo de la convención. Aspectos que pueden ser entendidos como producto de la inexperiencia y lo inédito del proceso, también fueron aprovechados por la derecha para exaltar la sensación de caos y desorden, a pesar de que se logró tener el texto en el plazo establecido, justo un año después de iniciarse, el 4 de julio de este año.

Un nuevo rayado de cancha

El nuevo texto constitucional buscaba dejar atrás la Constitución de 1980 que, a pesar de sus modificaciones en democracia, es imposible desligarla de Pinochet y de Jaime Guzmán —su principal ideólogo— que permitieron el desarrollo de una economía neoliberal a cargo de los “Chicago Boys”, economistas de la Universidad Católica formados por personajes como Milton Friedman quienes permitieron que las empresas estatales de privatizaran, grandes estímulos a procesos extractivos como las forestales en el sur o el criticado modelo de las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) donde el dinero de las jubilaciones son administradas por nuevas empresas que invierten en el extranjero, sin hacer participantes a las personas de las ganancias, pero si de las pedidas. Modelos que siguen vigentes.

La Nueva Constitución transformaría este modelo, garantizando a los chilenos la educación, salud y calidad de vida (que ni siquiera eran mencionadas en la de 1980), además de tener un enfoque de género (definiéndose como una democracia paritaria), de puesta en valor de los pueblos originarios al definir a Chile como un “Estado Plurinacional e “Intercultural” y el medio ambiente. También propone cambios en el sistema político como el fin del Senado y el Tribunal Constitucional. Algo que no cayó muy bien en partidos que en un principio apoyaron el proceso, como el Partido Socialista donde muchos de sus principales actores van a terminar sus carreras como senadores, porque luego de eso, su apoyo al “Apruebo” fue más bien tibio. Por otro lado, a los sectores conservadores de derecha no les pareció muy bien que el nuevo texto constitucional asegurará las condiciones para el embarazo, pero también su interrupción voluntaria. Una oportunidad que la mayoría de los chilenos con su voto dejó en suspenso para que siga rigiendo la carta magna de 1980. 


¿Por qué perdió el "Apruebo" en Chile?

Por Marco Teruggi

Desde Santiago

La propuesta de nueva Constitución chilena fue rechazada en las urnas. El resultado fue contundente: 61.88% el Rechazo y 38.12% el Apruebo, con una participación récord de casi 13 millones de electores, 4.5 millones más que en diciembre de 2021. La distancia entre las opciones fue superior a todo lo que habían pronosticado las encuestas que daban por perdedor el texto, pero no con un margen tan amplio. Chile quedó sorprendido en la noche del domingo: tanto quienes perdieron, como quienes ganaron, por la amplitud de la distancia.

Los primeros festejos comenzaron pasada una hora del cierre de las mesas. En cada uno de los Comandos del Rechazo tomaron la palabra sus dirigentes: el Comando de Chile Vamos compuesto por los partidos tradicionales de derechael Comando de la Centro-Izquierda por el Rechazo, o el Comando Amarillos por Chile. “Lo que ha votado Chile es seguir adelante, darse una nueva oportunidad, Chile necesita algo mejor que lo que propuso el texto de la Convención Constitucional (…) estamos plenamente comprometidos, sin ninguna duda, para dotar a Chile de una nueva Constitución”, afirmó, por ejemplo, el vocero del Comando de Centro-Izquierda.

Todos los dirigentes del Rechazo reafirmaron la voluntad de ir hacia un nuevo texto. “Nuestro compromiso es con una buena y nueva Constitución, el proceso constituyente no ha terminado”, afirmó, por ejemplo, el vocero de Chile Vamos, donde se encuentra, por ejemplo, el tradicional partido Unión Demócrata Independiente (UDI).

Se trata de un elemento central: la campaña por el Rechazo abandonó desde temprano el discurso de defensa del texto de 1980 o de su reforma. El 25 de octubre de 2020 la mayoría de la sociedad votó contundentemente por una nueva Constitución, evidenciando la derrota del legado principal de la dictadura. La derecha, en consecuencia, tomó la propuesta de ir hacia una nueva Constitución. Los dirigentes de Centro-Izquierda por el Rechazo, por su parte, construyeron un discurso que buscó interpelar a quienes se movilizaron históricamente contra el pinochetismo: “votamos No en el 88, Apruebo en el 2020, pero que esta vez dijimos no podemos aprobar este texto, tenemos que arreglarlo”, expresó uno de sus voceros.

Tal vez allí esté una de las primeras explicaciones de la victoria del Rechazo: la capacidad de haber expandido la campaña más allá de la derecha, no haber centrado el discurso en la defensa de aquello impugnado en las calles de 2019 y las urnas de 2020 y 2021, para así convencer a un electorado heterogéneo y amplio.

“La mayoría de la ciudadanía se ha manifestado, y a pesar del vivo anhelo por tener una nueva Constitución, ha rechazado la propuesta de la Convención Constitucional. Aceptamos con humildad este resultado y su contenido, como país merecemos tener una nueva Constitución que contenga el sentir mayoritario del pueblo de Chile”. Así inició el discurso del Comando de Campaña desde un escenario con varios de los principales referentes de los partidos de Gobierno.

Como suele suceder con las derrotas, comenzaron a multiplicarse señalamientos cruzados sobre responsabilidades. Algunas voces centraron el peso en las falencias de un Gobierno que cuenta con alrededor de un 38% de aprobación, mientras que otras pusieron el centro de la crítica en el mismo texto y la dinámica de la Convención. La propuesta de la nueva Constitución ya había tenido una deslegitimación anterior, con la idea de “aprobar para reformar”, es decir, aceptando que la misma tenía falencias en varios aspectos que debían ser corregidos.

Podrían pensarse otros elementos de la derrota: la dificultad, por ejemplo, de haber construido una estrategia eficaz de comunicación de la nueva Constitución, no solamente durante las semanas de campaña, sino a lo largo de sus sesiones durante un año. Son varios quienes afirman que el órgano electo no logró transmitir hacia afuera el proceso interno. Esa debilidad se enfrentó a la complejidad para explicar un texto complejo de 388 artículos, enfrentado, a su vez, a lo que fue denominado como una campaña de miedo y de avalancha de fake news por parte del Rechazo.

Lo que sigue

“No se puede disociar al Gobierno de esta derrota, no se lo puede disociar de la opción que defendió con mucha fuerza, haciendo campaña por esa opción, este tiene que ser un llamado a la reflexión”, afirmó el presidente de la UDI, Javier Macaya. La asociación entre Gobierno y plebiscito fue uno de los tópicos permanentes y complejos de la campaña, por lo que, la derrota del Apruebo busca ser asociado a una derrota del Gobierno de Boric que lleva cinco meses en el cargo.

El presidente tomó la palabra poco antes de las 22 horas locales. “Esta decisión de los chilenos y chilenas exige a nuestras instituciones y actores políticos que trabajemos con más empeño, con más diálogo, con más respeto y cariño hasta arribar a una propuesta que nos interprete a todos, que dé confianza, que nos una como país. Allí el maximalismo, la violencia y la intolerancia con quien piensa distinto deben quedar definitivamente a un lado”, señaló.

El Gobierno planteó desde julio que, en caso de ganar el Rechazo, la propuesta sería volver a convocar elecciones para formar una nueva Convención que redacte un nuevo texto. Boric se comprometió en la alocución a trabajar “en conjunto con el Congreso y la sociedad civil un nuevo itinerario constituyente que nos entregue un texto que recogiendo los aprendizajes del proceso logres interpretar a una amplia mayoría ciudadana”. Para eso este lunes se reunirá con los presidentes de ambas cámaras y luego con diferentes sectores sociales. Uno de los objetivos será construir los acuerdos para el nuevo mecanismo y cronograma de elección de otra Convención, pero ahora con el Gobierno y las calles marcados por una derrota, y la derecha que buscará pasar a la ofensiva a partir de su primera gran victoria política desde 2019

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Simpatizantes se reúnen frente a policías que custodian el acceso a la residencia de la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, a 2 de septiembre de 2022, en Buenos Aires. — Juan Ignacio Roncoroni / EFE

Argentina atraviesa una profunda crisis que la derecha aprovecha para acentuar su discurso de odio en los medios de comunicación mientras instiga a sus aliados en el poder judicial para intentar una maniobra destituyente.

Eduardo Giordano

@eduardogior

3 sep 2022

Argentina atraviesa una profunda crisis que se manifiesta con la forma de un animal bifronte: simultáneamente se produce una arremetida de los sectores más conservadores del peronismo por el control de la política económica, al mismo tiempo que la derecha macrista acentúa su discurso de odio en los medios de comunicación e instiga a sus aliados en el poder judicial para intentar una maniobra destituyente de quien representa al sector más progresista del peronismo, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El giro derechista en la política económica

El gobierno de Alberto Fernández ha dado algunos volantazos en política económica en los últimos meses, desde que firmó en marzo pasado el acuerdo con el FMI, asumiendo el pago de la deuda fraudulenta de 44.000 millones de dólares adquirida por el gobierno anterior, y que es solo una parte del total de 100.000 millones de deuda externa. El entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, cuestionado por los sectores más próximos a la vicepresidenta Cristina Kirchner por su negociación de la deuda, entre muchos otros desacuerdos, renunció intempestivamente el 2 de julio y fue reemplazado por la economista Silvina Batakis, una figura de bajo perfil político, cuya designación se concertó entre el presidente y la vicepresidenta después de la intervención de varios mediadores para que se comunicaran entre sí, ya que el diálogo entre ambos llevaba varios meses interrumpido. Esta anomalía de la política argentina puso a la nueva ministra en una situación de inicial fragilidad, en parte porque su designación se percibió como una improvisada solución de compromiso.

La respuesta inmediata del poder económico fue de boicot absoluto. Los grupos concentrados no aceptaron una gestión de la Economía que contase con el respaldo de la vicepresidenta, presuponiendo que esta implicaría una mayor intervención estatal y un posible aumento en la tributación de los más ricos, en particular de los grandes productores agropecuarios. El llamado dólar blue se disparó en el mercado informal con un incremento cercano al 50 % en pocos días, duplicando con creces el tipo de cambio oficial. Dada la política de restricción cambiaria que el gobierno implementa desde hace años para evitar la salida de divisas, el aumento del valor del dólar en el mercado negro -donde se efectúa un bajo volumen de operaciones- sirve como referencia automática para aumentar los precios de todos los productos, y en particular de los alimentos, desencadenando una espiral especulativa promovida por los grupos más concentrados de producción alimentaria y las cadenas de distribución. 

La inflación es la enfermedad crónica más grave de la economía argentina y la que genera mayores tensiones sociales. La tasa de inflación interanual alcanzó en julio un 71 %, superando a la de todo el año 2021 (51 %). Entre sus causas hay factores internacionales, como la guerra de Ucrania, que inciden en Argentina como en todo el mundo, pero esta dinámica inflacionaria es un mal enquistado en la economía nacional desde tiempos remotos y  los factores externos sólo pueden agravarlo. El ex ministro Martín Guzmán no logró controlar la inflación durante sus casi tres años de ejercicio, a pesar de un plan macroeconómico elaborado según las exigencias de los poderes fácticos del mundo de las finanzas internacionales. La persistencia de una altísima inflación resta valor a la moneda argentina no solo por su poder de compra, sino también como moneda de ahorro, de modo que un alto rango inflacionario favorece la fuga masiva de los ahorros al dólar, aumentando más aún la brecha entre el cambio paralelo y el cambio oficial de la moneda estadounidense. Un auténtico círculo vicioso que ninguno de los últimos gobiernos ha podido contener. 

La nueva ministra de Economía Silvina Batakis permaneció en el cargo menos de un mes. El presidente le comunicó que había sido destituida a su regreso del primer viaje que hizo al exterior para reunirse con Kristalina Georgieva, directora del FMI. En su lugar, el 28 de julio fue designado Sergio Massa como superministro de Economía, Producción y Agricultura, unificando los tres ministerios bajo su control. La posibilidad de su entrada en el gabinete dotado de poderes especiales para el área económica ya se había considerado antes de nombrar a Batakis, pero fue descartada porque no obtuvo el consenso inicial del sector que representa la vicepresidenta, ya que Massa supone continuidad o incluso una involución con respecto al ex ministro Martín Guzmán. 

Sergio Massa es un político todoterreno que procede del menemismo, y que tras haber sido alcalde del municipio de Tigre y durante un año jefe de gabinete de Cristina Kirchner (julio de 2008 a julio de 2009), lanzó su propio partido, el Frente Renovador, presentándose con un discurso cuyo principal argumento de mejorar la seguridad. Este dirigente de talante conservador sumó sus huestes al Frente de Todos (FdT), en las últimas elecciones presidenciales de 2019, llegando a un acuerdo de gobierno con Alberto Fernández y Cristina Kirchner dado su decisivo aporte de votos, por el cual obtuvo la presidencia del Congreso.

El nuevo contexto de aceleración de la guerra jurídica contra Cristina Kirchner, digitado por la oposición macrista y los medios afines, ha situado a la vicepresidenta en una situación defensiva dentro del mismo gobierno, ya que depende más que nunca del apoyo en bloque del peronismo y de sus principales dirigentes para enfrentar la trama mediático-judicial que se ha urdido en su contra. Después de dos cambios en el ministerio de Economía, la vicepresidenta accedió al nombramiento de Massa por entender que se requería una figura fuerte para contener la crisis. Sin embargo, la diferencia de enfoques es notable y podría ser causa de futuras fricciones.

Relaciones estrechas con Estados Unidos

La agenda económica de Sergio Massa está enfocada principalmente a atraer inversiones de compañías energéticas, mineras y de agroindustria para aumentar la capacidad exportadora del país y obtener más divisas. Este es su primer objetivo en el exterior, en su primera gira por Estados Unidos, donde se reunirá con ejecutivos de las petroleras Chevron, Exxon, Shell y Total, las mineras Rio Tinto y Livent (Litio) y el grupo Amazon, entre otras compañías. 

Su trayectoria es bien conocida por los sectores kirchneristas que aceptaron su nombramiento a regañadientes, considerándolo el mal menor. Aceptaron que el descontrol de la situación económica requería una figura de peso, con entrada en los mercados de capitales para calmar las turbulencias monetarias que presagiaban una espiral inflacionaria desenfrenada. Massa serviría así como parapeto para poner freno a una posible debacle económica, pero también, paradójicamente, como correa de transmisión de los planes del FMI y del Departamento de Estado para Argentina.

El primer conflicto interno en el peronismo como consecuencia del nombramiento del nuevo ministro se manifestó el 31 de agosto, cuando el líder social Juan Grabois, dirigente del Frente Patria Grande, anunció que su grupo saldría del bloque de Diputados del Frente de Todos para formar un grupo propio, con un alegato muy duro contra la orientación de la política económica de Massa. Afirmó que habían esperado casi un mes en vano a que el Ejecutivo cumpliera con la promesa de adoptar medidas destinadas a los sectores más vulnerables: “Nos mintieron... Nos dijeron que iba a haber algo para los más pobres y no hubo nada”, afirmó Grabois, implicando en ese plural al presidente Alberto Fernández. Y sobre las reuniones de Massa con empresarios estadounidenses, sentenció: “Le va a dar todo a los dueños del litio, los hidrocarburos y el agronegocio. A los banqueros y grupos económicos”. “En mi visión este gobierno va perdiendo su carácter popular y adoptando un carácter colonial”. El Frente Patria Grande que dirige Grabois fue uno de los organizadores de las 50 marchas convocadas en todo el país el 20 de julio, en reclamo de un Salario Básico Universal inmediato para sacar de la indigencia a los más pobres, una exigencia que no obtuvo respuesta por parte del gobierno.

El sector kirchnerista de La Cámpora manifestó su respaldo al nuevo ministro Sergio Massa forzado por las circunstancias. Su portavoz, Andrés Larroque, reprochó a Grabois el haber tomada la “decisión inoportuna” de romper el bloque, restándole así centralidad en la agenda pública a “la recuperación de la épica y la mística del peronismo” con la defensa de Cristina del acoso jurídico.

Lawfare: acoso jurídico a la vicepresidenta

La persecución judicial y de los grandes medios corporativos contra Cristina Kirchner es la otra cabeza del animal bifronte que se apresta a devorar la convivencia entre los argentinos. Es sabido que el lawfare, o guerra jurídica, es la forma que ha adoptado la derecha latinoamericana para derrocar o inhabilitar mandatarios y candidatos del campo popular. Fue el caso de Lula da Silva en Brasil, con un proceso montado por quien sería el futuro ministro de Justicia de su adversario ultraderechista Jair Bolsonaro, por el cual se le impidió disputar las elecciones presidenciales en las que era el favorito. Es también el caso de Rafael Correa en Ecuador, perseguido por supuestos actos de corrupción con el fin de impedirle que vuelva a la política activa. Y fue el caso del ex presidente Evo Morales en Bolivia, perseguido y procesado sin fundamento durante el gobierno golpista de Jeanine Áñez. 

Esta estrategia de guerra jurídica instigada por la derecha contra los gobiernos progresistas sigue extediéndose por todo el continente con parecidos objetivos. El último ejemplo es la persecución de Pedro Castillo y sus familiares en Perú desde el primer año de su presidencia, combinada con maniobras del Congreso, mayoritariamente opositor, para trabar la gestión de su gobierno y reclamar la vacancia presidencial.

En Argentina, como en los demás países citados, la persecución judicial va acompañada de la difusión continua de falsedades y noticias ficticias por parte de los grandes grupos periodísticos de capital concentrado, en este caso principalmente Clarín y La Nación, que interactúan con los relatos y/o fabulaciones de fiscales sobornados y testigos arrepentidos para ofrecer un panorama siempre desdibujado y denigrante de los “K”, la familia Kirchner y sus allegados. En muchísimas ocasiones de la historia reciente, estos medios han servido como altavoz para la descalificación sin matices de la ex presidenta, también durante todo el gobierno de Macri, alimentando siempre la crispación social y la llamada grieta entre el peronismo y la oposicón .

Las causas judiciales contra Cristina Kirchner incluyen algunas tan absurdas como el intento de implicarla en un caso de supuesto encubrimiento de los autores del atentado contra la AMIA en 1994, por un memorándum firmado en 2013 por su gobierno con el gobierno de Irán, para que los 'supuestos autores' del atentado accedieran a declarar ante la justicia argentina. En esta causa fue acusada de colaborar con el enemigo por un acto legítimo de su gobierno. Este estigma la persiguió durante años, ya que en 2017 un juez la procesó pidiéndole prisión preventiva por “traición a la patria”, de la que quedó eximida por ser senadora, hasta que en 2021 fue sobreseída. La causa fue iniciada en 2015 por el controvertido fiscal Alberto Nisman, que apareció muerto en misteriosas circunstancias, supuestamente por suicidio. La oposición instrumentalizó la muerte del fiscal como una bandera política contra la presidenta, acusándola de haberlo asesinado, y realizó marchas multitudinarias antes de las elecciones de ese año, que dieron la victoria en segunda vuelta a Mauricio Macri con un ajustado 51 % de los votos.

Las manifestaciones populares en defensa de Cristina Kirchner de los últimos días de agosto tuvieron como detonante los pedidos de condena de los fiscales por el llamado caso Vialidad, uno de los múltiples juicios abiertos contra la expresidenta que se interpretan como parte de esa maniobra opositora para desgastarla y retirarla del ejercicio de la política. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola han pedido para ella una pena de doce años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, además de inhibición de bienes, al involucrarla en una supuesta red delictiva de sobornos a cambio de obras públicas que habría tenido lugar en la provincia de Santa Cruz y de la que se habría beneficiado especialmente el empresario Lázaro Báez, socio y amigo de los Kirchner. Como quiera que sea, la investigación estuvo llena de irregularidades y no se permitió a la ex presidenta hacer todas las alegaciones, rechazando su pedido de ampliación de declaratoria. 

Los militantes peronistas se movilizaron para defender la integridad de su lideresa ante lo que consideran un avance de la “mafia judicial” sobre la esfera política. La convocatoria a manifestarse delante del domicilio de Cristina Kirchner fue reprimida por la policía del gobernador de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, perteneciente al macrismo (Juntos por el Cambio), quien hizo cercar con vallas y un fuerte dispositivo policial el acceso a su vivienda, en el céntrico barrio de Recoleta. Esta medida tuvo un efecto reclamo, redirigiendo otras convocatorias realizadas en parques y plazas hacia ese mismo lugar. La defensa de la vicepresidenta en las calles adyacentes a su domicilio fue sostenida por La Cámpora, la agrupación kirchnerista que dirige su hijo Máximo Kirchner, presidente del bloque de diputados del FdT en el Congreso, a quien la policía de la ciudad golpeó, insultó y maltrató cuando acudió a visitar a su madre.

La persecución judicial a Cristina Kirchner es el mayor triunfo de la derecha autoritaria para desactivar su potencial político.  Las causas más estrafalarias la persiguen desde que asumió la presidencia en 2007, y cuando algunas caen por la evidencia del montaje, en seguida arrecian las que permanecen activas. En un libro publicado hace cinco años (durante el gobierno de Macri), Cristina Kirchner se refiere a “cómo está funcionando el sistema judicial argentino, no como adminisrador de Justicia sino como un instrumento de persecución política […] ¿Y cómo? Muy simple: amenazando”. Y añade que a ella no la “van a hacer callar así armen 80 causas porque soy la misma de siempre”. 

El hecho de aceptar los retos y tramoyas judiciales con valentía y confianza en sí misma no significa que esos golpes no dejen mella. El desgaste que ocasiona esta guerra (sucia) jurídica a sus víctimas es inimaginable, tanto a nivel emocional y familiar como por la dedicación intensiva que conlleva desmontar las patrañas de los fiscales y documentar las alegaciones. El lawfare obliga a concentrar la atención de sus víctimas en su defensa como prioridad absoluta, en pos de la supervivencia, desactivando así una parte de su potencial de intervención política.

No obstante, el nuevo proceso urdido contra la vicepresidenta puede resultar un búmeran que se vuelva contra la oposición. La encendida defensa que hace Cristina Kirchner de su inocencia puede ser finalmente un arma política que engrandezca su figura y reinstale la conexión popular con ella: “Este es un juicio al peronismo, a los gobiernos nacionales y populares”, afirmó en sus redes sociales. “Necesitan dirigentes disciplinados”, aseguró, motivo por el cual Cristina Kirchner considera que “la sentencia ya está escrita”. La causa será resuelta en última instancia por los cuatro miembros de una Corte Suprema que también le sería adversa.

Democratizar la Justicia

Algunos intelectuales progresistas sugieren que la única forma de democratizar la Justicia es a través de una nueva Constitución. Por ejemplo el escritor Mempo Giardinelli ha solicitado en carta abierta al presidente que la convoque. El reclamo se basa en la necesidad de depurar el sistema judicial de fiscales y jueces corruptos, que han creado falsas pruebas de manera sistemática para implicar en supuestos casos de corrupción a la vicepresidenta y miembros de sus anteriores gobiernos. Algunos de estos funcionarios no están libres de culpa, como el famoso José López, ex secretario de Obras Públicas del gobierno de Cristina Kirchner a quien ella misma considera ahora corrupto, condenado por no poder justificar la posesión de nueve millones de dólares arrojados al jardín de un convento. La vicepresidenta alegó en el Senado que los jueces de la causa no quisieron “tirar del ovillo” del origen de esos fondos porque, según dijo, provenían de comisiones de empresarios cercanos al ex presidente Mauricio Macri.

La mayor parte de las organizaciones de derechos humanos están de parte de Cristina Kirchner, incluidas las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, entre muchas otras organizaciones populares. El juez español Baltazar Garzón es una de las figuras internacionales que acaba de denunciar la irregularidad de la docena de procesos iniciados contra Cristina Kirchner desde que fue nombrada presidenta, recordando que en casi todos se contó “con la intervención de los mismos fiscales y jueces, con probados vínculos con el anterior presidente Mauricio Macri”. 

Por su parte el sacerdote Eduardo de la Serna, coordinador del Grupo de Curas en Opción por los Pobres, de reconocida filiación personal kirchnerista, responde así a una pregunta de este periodista: “Decir que el lawfare no existe como dijo el impresentable (fiscal) Luciani y todo el periodismo hegemónico es burlarse de todos y crear sentido en la sociedad con todos sus cañones mediáticos. Podrán invisibilizarlo, pero como ocurre con las brujas..., que las hay, ¡las hay!”.  

La parcialidad de la Justicia en esta causa fue denunciada también por la dirección del Frente de Izquierda (FIT), una formación marxista que impugna radicalmente la política económica del gobierno peronista y sostiene la movilización popular en su contra. A pesar de estas diferencias y viejas disputas, rechazaron de forma categórica el pedido de inhabilitación para Cristina Kirchner. La diputada Myriam Bregman, dirigente del FIT, aseguró que el juicio resultaba sospechoso, entre otras razones, por las estrechas relaciones de amistad entre el fiscal de la causa y el presidente del tribunal con el ex presidente Mauricio Macri, con quien ambos suelen jugar al fútbol en su casa. La trotskista Myriam Bregman, partidaria de crear tribunales populares para juzgar los casos de corrupción, denunció: “Quieren ir hacia un gobierno de los jueces”. También acudió en defensa de la vicepresidenta el dirigente social Juan Grabois, a pesar de su denuncia pública de la gestión económica del gobierno de Alberto Fernández.

Ante el cariz que han tomando los acontecimientos, hay quien opina que aunque Cristina Kirchner no merezca ser condenada, el lawfare ya habría triunfado. La prueba es la imposición del programa económico neoliberal de Sergio Massa. La estrategia de condicionar el proceso político para influir en las decisiones del gobierno estaría operando con éxito. 

Aunque así fuera, el desempeño de los fiscales en el caso Vialidad anuncia una nueva etapa de confrontación social. El nuevo esquema ideado por la derecha para dejar a Cristina Kirchner fuera de la contienda electoral en las próximas elecciones de 2023 puede incendiar las calles. Según una encuesta del mes de abril, la vicepresidenta es la candidata mejor situada en cuanto a preferencias de voto, con el 15 % del total nacional en las primarias (sobre 31 % para todos los candidatos del FdT). El candidato peronista que suma todas la preferencias del establishment sin duda es el actual superministro Sergio Massa, pero apenas mereció el 3 % de las preferencias y nunca podría competir en popularidad con ella. 

El intento de magnicidio

La primera gran chispa acaba de encenderse con el intento de asesinar a la vicepresidenta Cristina Kirchner, al regresar a su casa el 1 de septiembre. Después de 10 días de concentraciones populares de apoyo ante su domicilio, un ultraderechista se coló entre la multitud que la espera a diario y disparó un arma a pocos centímetros de su cara. Milagrosamente, no había ninguna bala en la recámara, aunque la pistola estaba  cargada con cinco municiones. El autor del disparo, Fernando Andre Sabag Montiel, es un brasileño de 35 años -nacionalizado argentino- que frecuenta páginas de internet esotéricas y supremacistas, se define como 'Cristiano' en su perfil de Instagram y lleva tatuado en el codo izquierdo un sol negro típico de la simbología neonazi.

Este intento de magnicidio, cuyo ejecutor está siendo interrogado para conocer quiénes fueron los autores intelectuales, supone el cenit la degradación de la lucha política en Argentina. El presidente Alberto Fernández se dirigió a la nación esa misma noche:

“Estamos obligados a recuperar la convivencia democrática que se ha quebrado por el discurso del odio que se ha esparcido desde diferentes espacios políticos, judiciales y mediáticos. Podemos tener profundos desacuerdos pero en una sociedad democrática, los discursos que promueven el odio no pueden tener lugar porque engendran violencia y no hay ninguna posibilidad de que la violencia conviva con la democracia”, declaró el presidente. “Es necesario desterrar la violencia y el odio del discurso político y mediático y de nuestra sociedad”, insistió, anunciando también que el día siguiente sería festivo laboral “para que en paz y armonía, el pueblo pueda expresarse en defensa de la vida, de la democracia y solidaridad con nuestra vicepresidenta”.

En el nuevo contexto que se abre, la derecha política y mediática está quedando descolocada. Cada uno de sus actos tiene el resultado de un búmeran que vuelve con fuerza contra sus propios fines. El acoso jurídico contra Cristina Kirchner, coronado ahora por el intento de asesinarla, ha situado a su figura en el centro del debate político nacional. Las crecientes movilizaciones y vigilias en su respaldo muestran que ella no ha perdido poder de convocatoria a pesar de las deficiencias del actual gobierno. Horas antes del intento de asesinato, varios dirigentes de La Cámpora, incluido su hijo Máximo Kirchner, expresaron festivamente su “deseo militante” de favorecer su candidatura a la presidencia, un tema que hasta ahora estuvo fuera de la agenda pública. A partir del pedido de condena de los fiscales, se generó un proceso interno en el peronismo que le permitió expandir su poder de convocatoria y resaltar su liderazgo. Los efectos perversos de la cacería política, jurídica y periodística a la que se ve sometida Cristina Kirchner aún no se conocen en todas sus dimensiones, pero los resultados que ya son visibles parecen incluso contraproducentes para sus adversarios políticos, enemigos y perseguidores.


El atentado contra Cristina Fernández de Kirchner genera una intensa zozobra política en Argentina

El intento de magnicidio contra la vicepresidenta y dos veces exmandataria (2007-2015) genera una gran movilización en repulsa cuando el país está por cumplir 40 años de democracia.

Buenos Aires

02/09/2022 22:03  

Ana Delicado Palacios@anina_dp

El arma quedó a escasos centímetros del rostro de la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, cuando Fernando Sabag Montiel, un hombre de 35 años de origen brasileño y residente en el país desde los 6, accionó el gatillo dos veces, sin que ninguno de los proyectiles saliera de la recámara. Argentina se salvó de un magnicidio, pero el ataque contra la figura política de mayor relevancia que tiene el país ha creado una zozobra de consecuencias imposibles de calibrar todavía.

El agresor, que exhibe tatuajes neofascistas y tenía antecedentes penales por tenencia ilícita de armas, fue reducido al momento, pero pasaron largos minutos en los que nadie pareció haber tomado dimensión del peligro en el que se encontraba la expresidenta (2007-2015). Ni ella, que continuó saludando y firmando autógrafos a los simpatizantes que se habían acercado hasta su vivienda en la ciudad de Buenos Aires, ni su custodia, que todavía permitió a su protegida encaramarse sobre un automóvil y sonreír una vez más a sus seguidores, cuando había estado a un tris de perder la vida.

A juzgar por los símbolos grabados en su cuerpo, los primeros indicios llevan a pensar en "un atentado políticamente motivado" por un "adepto a las ideas neonazis", plantea a Público el doctor en Ciencia Política Julio Burdman. Este analista descarta la premisa de que sea un loco suelto. "Aun si llevó el ataque de manera individual, esta persona forma parte de un universo de sentido que adhiere a ideas radicalizadas y esa adhesión se convirtió en un acto político político extremista", afirma. "Esto es tema de análisis político, no psicológico".

Un juicio de fondo

Dos catalizadores del atentado observa Burdman, director de la consultora de estudios políticos y sociales Observatorio Electoral y docente en la Universidad de Buenos Aires (UBA). El primero es "el discurso hiperpolarizado de la Argentina contemporánea, con discursos de radicalización muy fuertes que se cuelan dentro del debate político".

El diputado Francisco Sánchez, perteneciente al principal bloque opositor, Juntos por el Cambio, reclamaba hace unos días la pena de muerte para la vicepresidenta tras conocerse que la fiscalía pide doce años de prisión en el juicio en el que está encausada por el supuesto direccionamiento de la obra pública realizada en la provincia de Santa Cruz (sur) durante los años de su Gobierno y los de su esposo, el fallecido Néstor Kirchner (2003-2007).

A tenor de este proceso judicial, arreciaron las amenazas de muerte contra Cristina Fernández en algunas marchas opositoras. Algunas, con megáfono en mano. Otras recurrieron a simbologías más explícitas, como la horca.

"Otro aspecto no menor es el desmanejo del operativo de seguridad en torno a la vicepresidenta", pondera Burdman. El especialista refiere que la vicepresidenta quedaba en situación de vulnerabilidad cada vez que entraba y salía a pie de su vivienda, situada en un edificio que no tiene aparcamiento propio. "Desde hace doce días, cuando comenzaron las manifestaciones a favor y en contra frente a su domicilio por la causa judicial que tiene por actos de corrupción, toda la logística fue un caos".

La discusión política sobre la seguridad de la exmandataria se enroscaba en la disyuntiva de si su seguridad dependía de la Policía Federal, bajo la esfera del Gobierno nacional, o la de Buenos Aires, manejada por la jefatura de Gobierno (alcaldía) de la capital, en manos opositoras.

Dentro del contexto latinoamericano, Argentina manifestaba muy poca violencia política, pero en los últimos tiempos se han apreciado "señales de polarización en el discurso público y una creciente disposición a tomar posiciones extremas y muy encontradas, con un profundo descreimiento de las credenciales democráticas del otro", considera el también doctor en Ciencia Política Juan Negri.

Ante el pedido de condena contra la vicepresidenta, "se vio cierta radicalización de los seguidores de cada lado", explica a este diario Negri, director de Ciencia Política y Estudios Internacionales en la Universidad Di Tella. "Los votantes del kirchnerismo creen que es una operación contra ella, y los votantes del macrismo creen que es completamente corrupta y que debe ser condenada".

El intento de asesinato de Cristina Fernández, que fue a su vez una tentativa de feminicidio político, la coloca en condición de víctima, por más que esta situación exaspere a quienes se han puesto a hacer cálculos políticos sobre la ventaja que puede tener la vicepresidenta en las elecciones generales del año que viene. "Esto podría traer mayor polarización, si el Gobierno no está a la altura y empieza a atacar a la oposición como antidemocrática, y si la oposición, en vez de condenar el hecho, trata de sacar rédito", observa Negri.

Punto de inflexión

Para el politólogo Javier Cachés, consultor y docente de la UBA, en la noche del jueves "se cruzó una línea que no se había cruzado nunca desde el regreso de la democracia, al poner la violencia en el centro de la agenda como vehículo para dirimir cuestiones políticas".

Desde la capitulación de la dictadura (1976-1983), "los partidos políticos y la sociedad civil ingresaron en la democracia construyendo un gran consenso que invalidaba y deslegitimaba la violencia política como un medio parar resolver cuestiones de poder", recuerda.

Javier Cachés: "Se cruzó una línea que no se había cruzado nunca desde el regreso de la democracia"

Cachés observa los primeros focos de radicalización a partir de 2008, cuando Cristina Fernández mantuvo un pulso con patronales y productores agropecuarios para aumentar las retenciones a los cultivos de soja, trigo, maíz y girasol con un esquema de captaciones móviles de acuerdo con su precio internacional, lo que casi le costó la presidencia. "A partir de entonces, Argentina vive una dinámica de polarización política común generalizable a otras democracias modernas", sostiene este analista. "Pero como se ve en otros países, esa división política en dos bandos cada vez más enfrentados y separados tiene una dinámica asimétrica, en el que un bando, el bloque de poder que va del centro a la derecha, se ha radicalizado más que su antagonista, en este caso el peronismo".

Este movimiento, con Cristina Fernández a la cabeza, "ha sido objeto de campañas permanentes de estigmatización y deslegitimación, con discursos de odio cada vez más frecuentes", asevera Cachés. Consignas violentas o bolsas mortuorias en marchas convocadas por la oposición son la imagen gráfica de ese caldo de cultivo con el que se crispa el ambiente político y se contribuye a un estado de exasperación.

"Hay toda una dinámica en algunos referentes de Juntos por el Cambio –alianza que bajo otro nombre llevó a la presidencia a Mauricio Macri (2015-2019)–, más la emergencia de referentes de extrema derecha, que ha dado rienda suelta a una especie de fascismo social en una parte de la sociedad", alega. "Este episodio implica un punto de inflexión en la democracia argentina, un llamado de atención que nos recuerda que la democracia no es una conquista garantizada, sino que hay que revalidarla y construirla permanentemente".

El politólogo Facundo Cruz, en tanto, evalúa el intento de magnicidio como el último de nivel de polarización política al que ha llegado Argentina. "Esto pone en riesgo décadas y décadas de justicia, de memoria, de un sistema democrático que se consolidó y estabilizó luego de décadas de mucha violencia política", asume.

Necesaria conciliación

La senadora Edith Terenzi, perteneciente a la coalición que desalojó del Ejecutivo al kirchnerismo tras doce años en el poder, reconoce el shock en el que se encuentra la sociedad argentina. "Nadie en su sano juicio puede estar de acuerdo con un acto tan cobarde y cargado con la peor pulsión que puede tener el ser humano, que es el desaprecio por la vida", afirma a Público.

La legisladora, perteneciente a la Unión Cívica Radical que integra Juntos por el Cambio, reconoce "jornadas muy tensas, con muchas movilizaciones sociales y mucha violencia gestual y discursiva desde el inicio del juicio contra la vicepresidenta".

Es precisamente la justicia la que debe intervenir para esclarecer lo sucedido "sin grietas e interferencias, con libertad y garantías", a fin de que sirva de contención y no se propague más la violencia. "El atentado contra la vicepresidenta es una bisagra en la vida política y social de la República Argentina", sentencia Terenzi. "No hablamos solo de la vida de una persona, nada más y nada menos que la de la vicepresidenta, sino de la vida del sistema institucional argentino".

La senadora reclama una mayor conciencia entre la dirigencia empresarial, social, mediática y gremial para "bajar la escalada de violencia y tener un mensaje diferente de cohesión y unión nacional". Especial mención hace a sus compañeros en política, que le deben al país una reflexión sobre lo que ha sucedido para que se pueda "convivir de manera democrática y en respeto".

El diputado nacional Leonardo Grosso, por su parte, indica que fue un milagro que la bala no saliera del arma dirigida contra Cristina Fernández. El dirigente del Movimiento Evita, una organización social peronista afín al Gobierno, considera que el ataque fija "un límite que se ha traspasado en la democracia argentina". Su conclusión es una sola: construir "una unidad lo más grande posible entre todo el arco político, social, económico, y dirigencial en Argentina para poner un ‘nunca más’ en este tipo de violencia".

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