Sábado, 05 Febrero 2022 07:24

El stalker

El stalker

BUKELE Y SU ESPIONAJE DE LA PRENSA INDEPENDIENTE

 

Durante tres meses, de setiembre a diciembre de 2021, los teléfonos Iphone de todos los miembros de El Faro fueron examinados en diferentes etapas, en un proceso liderado por Citizen Lab, laboratorio de la Universidad de Toronto especializado en ciberseguridad, en el que participó Access Now, organización que vela por la protección de los derechos digitales. La conclusión técnica, validada por Amnistía Internacional, fue contundente: los aparatos telefónicos de 22 miembros del periódico fueron intervenidos con Pegasus, el software de espionaje de la empresa israelí NSO Group. El equipo –los jefes editoriales, los periodistas, los miembros de la junta directiva y el personal administrativo– permaneció bajo constante vigilancia entre, por lo menos, el 29 de junio de 2020 y el 23 de noviembre de 2021. En total, se hicieron 226 intervenciones, y hay evidencia de que un operador ejecutó Pegasus desde el territorio salvadoreño.

Las intervenciones duraron desde un día hasta un año, en un ataque constante. En otras palabras: se trata de 17 meses de espionaje continuo y con total acceso a los aparatos telefónicos de más de la mitad del personal que trabaja para este periódico, en fechas específicas, que coinciden con diferentes procesos de investigación de El Faro, acontecimientos relevantes de la vida política salvadoreña y ataques gubernamentales contra el periódico. En 11 de los casos de empleados de este medio, el peritaje concluyó que hubo hackeo, es decir, intromisión en el aparato. En otros 11 casos, el peritaje concluyó que, además, se extrajo información. La pericia no logró determinar qué tipo de información fue secuestrada, pero Pegasus permite extraer lo que sea que haya en el teléfono: fotos, conversaciones, audios, contactos. El peritaje no descarta que se haya robado información en los demás teléfonos, pero concluyó, sin matices, que en 11 casos sí.

En diciembre de 2020Citizen Lab publicó uninforme sobre 25 países. En él concluía que el Estado salvadoreño había adquirido un sistema de vigilancia de la compañía Circles, afiliada a NSO Group. También concluía que ese sistema había sido utilizado en el país desde 2017 (cuando gobernaba el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional) hasta la fecha de la publicación del informe. Según John Scott-Railton, investigador sénior de Citizen Lab, los hallazgos en los teléfonos de El Faro son diferentes a los de aquel informe. Lo que se detectó en los teléfonos de este medio fue Pegasus y no otros softwares de espionaje. Pegasus, según Citizen Lab, supera al programa de Circles. «Pegasus instala un programa en el teléfono; Circles no lo hace. Con Circles, hay solo monitoreo e intercepción; con Pegasus, los teléfonos se ven hackeados», aseguró Scott-Railton.

«Lo que nos ha sorprendido no es sabernos intervenidos, sino la cantidad, la frecuencia y la duración de estas intervenciones. Casi todo El Faro ha sido intervenido. Todo apunta, según los peritajes que hemos analizado, a que el responsable de estas intervenciones es el gobierno salvadoreño, que está utilizando el software para espiar y obtener ilegalmente información alojada en los teléfonos de los periodistas. Es completamente inaceptable. Después de las revelaciones del Pegasus Project, esperábamos que los dueños del software cumplieran su palabra y verificaran que no estaba siendo utilizado para perseguir periodistas. Evidentemente no lo hicieron», dijo el fundador y director de El Faro, Carlos Dada. Citizen Lab, la misma organización que analizó los teléfonos del periódico salvadoreño, ya había descubierto una masiva intervención de Pegasus en dispositivos de periodistas y activistas de derechos humanos en México, Marruecos, Arabia Saudita, Hungría, India y Azerbaiyán. La revelación fue publicada en medios internacionales como The Washington PostThe Guardian Le Monde (véase «El espía», Brecha, 23-VII-21).

NSO Group ha declarado que solo vende el Software de espionaje Pegasus a gobiernos, con la autorización del Ministerio de Defensa de Israel. En el peritaje de los teléfonos de El Faro, hecho por las organizaciones internacionales que han liderado procesos similares con periodistas, activistas y la oposición política de varios países, todo apuntó a que fue el gobierno el que estuvo detrás de las intervenciones. Scott-Railton dijo: «Si encuentras Pegasus, sabes que esa persona ha sido intervenida por un gobierno».

DOSCIENTAS VEINTISÉIS INTERVENCIONES

El 23 de noviembre de 2021, la empresa estadounidense Apple envió correos a algunos periodistas, políticos y activistas salvadoreños, incluyendo a 14 miembros de El Faro. En el correo, Apple advertía de un posible espionaje «bajo el patrocinio del Estado». La alerta coincidió con el inicio de una demanda presentada ese mismo día por Apple en contra de NSO Group en una corte federal de California, Estados Unidos, por infectar dispositivos de actores específicos a través de Pegasus. Cuando los periodistas de El Faro recibieron el correo de Apple, el proceso independiente de análisis de los teléfonos con las organizaciones Access Now y Citizen Lab ya llevaba dos meses. Los miembros de este medio ya habían sido notificados de que sus dispositivos estaban siendo vigilados con Pegasus.

Producto de esas pericias, se determinó que desde el 29 de junio de 2020 se hicieron al menos 226 intervenciones a las 22 personas de El Faro que fueron víctimas de espionaje, de acuerdo con el informe técnico brindado por Citizen Lab y Access Now. Las organizaciones no descartan que haya más víctimas de espionaje cibernético dentro del periódico. Sin embargo, el peritaje no pudo hacerse en teléfonos con el sistema operativo Android ni en dispositivos en que se hayan hecho ciertas actualizaciones recientes.

«Este es uno de los casos de espionaje más impactantes y obsesivos que hemos investigado», expresó Scott-Railton.

UNA «INVERSIÓN PÚBLICA» MILLONARIA

Debido a las políticas de privacidad de NSO Group, no es posible determinar a cabalidad cuánto se invirtió en una operación de espionaje como la que ha sufrido El Faro. «Pegasus cuesta millones de dólares», respondió el investigador de Citizen Lab al consultársele si podía calcular una cifra. «Cuando un gobierno adquiere Pegasus, adquiere un número concreto de licencias por infección. Si la licencia A te infecta un lunes, no pueden usar esa misma licencia para infectar a otras tres personas», agregó.

Según Citizen Lab, basándose en contratos que la empresa israelí ha hecho públicos, es posible hacerse una idea. «Se gastaron millones de dólares en esta herramienta de espionaje. Pero, en lugar de ser usadas para combatir el crimen, las licencias fueron usadas cientos de veces para vigilar periodistas», aseguró Scott-Railton. Para hacer las cuentas, agregó el investigador, es necesario cuantificar la tarifa por instalarlo, el equipo tecnológico necesario y la capacitación para el personal que debe correr Pegasus.

¿Qué posibilidades da una intervención de este tipo? Todas: la extracción de mensajes, imágenes y cualquier archivo; la activación de la cámara y el micrófono; el acceso a los adjuntos de los mensajes de texto y las aplicaciones de mensajería y de correo electrónico, y la posibilidad de acceder a las bitácoras de geolocalización, los registros de llamadas y la actividad de navegación en sitios de Internet. Según Citizen Lab, además, se ha detectado una novedad entre las posibilidades de Pegasus: el robo de credenciales, o tokens, que se guardan en el dispositivo, lo que permite al atacante acceder a las cuentas aun cuando el dispositivo ya no está infectado, gracias a la información que extrajo.

Durante el tiempo del espionaje, los periodistas de El Faro investigaban las negociaciones secretas entre el gobierno de Nayib Bukele y las maras, el robo de alimentos destinados a cubrir el déficit causado por la pandemia por parte del director de los centros penales y su madre, las negociaciones secretas de los hermanos de Bukele para implementar el bitcoin, el patrimonio de los funcionarios del actual gobierno, el manejo de la pandemia y un perfil del presidente.

3 febrero, 2022


(Publicado originalmente en El FaroBrecha reproduce fragmentos. Titulación propia.)

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Miércoles, 02 Febrero 2022 05:50

Ciberataques: la 'otra' guerra de Rusia

Ilustración sobre ciberataques. — Dado Rublik / REUTERS

Al menos desde 2007, la ciberguerra es un hecho aunque no siempre es visible. Estamos en tiempos de guerra hibrida, en los que la amenaza militar viene acompañada de intentos de desestabilización, y las víctimas siempre son inocentes.

 

Es la guerra "que no se ve" pero cuyos ataques pueden afectar de lleno a sectores enteros de un país. La llamada guerra híbrida tiene una cara digital que estamos viendo en forma de ciberataques por el conflicto que mantiene Rusia en Ucrania. Las armas no son visibles pero el daño que hacen pueden ser enorme.

Marta Beltrán, profesora de informática de la universidad Rey Juan Carlos, investigadora en el campo de la ciberseguridad y co-fundadora del Cybersecurity Cluster del centro, recuerda que "cuando hablamos de guerra híbrida -que no sólo es tecnológica, sino diplomática, social, incluso migratoria- se habla de 'paz formal' o de 'zona gris', y esto parece que responde a lo que hay ahora" en la zona fronteriza entre Rusia y Ucrania. "No es guerra convencional, pero sí se juega a desmoralizar a la sociedad, intentar influir en la opinión pública de otro estado y que deje de confiar en sus instituciones", añade.

En el conflicto actual con Rusia ha habido ciberataques que parecen estar enmarcados en esta contienda que mantiene en alerta a la OTAN y al Gobierno de Putin. Los efectos se han dejado ver en Ucrania, en donde varios ciberataques coordinados desde Rusia afectaron a cerca de 70 páginas web oficiales del Gobierno, entre ellas la web del Gabinete de Ministros, del ministerio de Asuntos Exteriores, de Emergencia y otros, durante la noche del 13 al 14 de enero.

El centro de seguridad informática de Ucrania denunció la "huella rusa" tras el ciberataque masivo. "Para ocultarla, los ciberatacantes debían aludir (en su mensaje) a Bolín, la OUN-UPA, Galíchina, Polesia y otros territorios históricos. Es evidente que eso fue hecho deliberadamente para responsabilizar a Polonia del ciberataque", informó entonces el Centro de Comunicaciones Estratégicas y Seguridad Informática en un comunicado.

Poco más tarde, el Gobierno de Kiev aseguraba tener "todas las pruebas" para acusar a Rusia de dichos ataques. Para Ucrania, el campo de batalla por la seguridad se libra en varios planos: el militar, diplomático, histórico y ahora digital, según afirmó recientemente su ministro de Transformación Digital del país.

Otras acciones digitales contra el país incluyen, por ejemplo, la infección con código malicioso en equipos y sistemas de Microsoft bastante avanzado y que afecta a agencias del gobierno ucranianos relacionadas con la rama ejecutiva y emergencias, así como a una empresa privada de servicios web y hosting, que se sepa.

Incluso un inédito ataque de ransomware contra los ferrocarriles privados de Bielorrusia, aliada de Rusia, se ha enmarcado en este contexto de tensión: sus supuestos autores justificaron la acción para impedir el traslado de tropas rusas a la frontera del conflicto.

A fuego lento

El año 2007 supuso un hito en cuanto a la visibilidad de una guerra soterrada en el mundo digital y en las redes. La opinión pública internacional supo de la existencia de la llamada 'ciberguerra fría' a raíz de auténticos 'bombardeos informáticos' contra Estonia (ataques que llegaron a bloquear sistemas de algunos bancos y periódicos tras el derribo de una estatua en su capital, Tallín), o los casos de espionaje industrial masivo que sufrieron potencias como Alemania, Reino Unido o EEUU. Desde entonces, cayó una barrera y los estados comenzaron a acusarse abierta y mutuamente de este tipo de ataques.

Las tensiones entre Occidente y Rusia se han ido cociendo a fuego lento, pero empezaron a escalar especialmente a partir la adhesión de la península de Crimea y el conflicto en el Donbás en 2014. La amenaza rusa de invadir Ucrania si no se repliegan las fuerzas de la OTAN está desencadenando desde el pasado año un periodo de inestabilidad que ha fomentado de alguna manera este tipo de acciones.

Por ejemplo, en el campo digital, el pasado mes de septiembre la UE ya denunciaba ataques contra políticos e instituciones comunitarias, todos ellos provenientes de la Federación Rusa. Y supone una escalada difícilmente controlable.

Una respuesta "difícil"

El investigador principal del Real Instituto Elcano Félix Arteaga considera que "sigue siendo muy difícil establecer la atribución de estos ataques, puede intuirse que detrás hay un estado cuando el nivel de sofisticación del ciberataque es tan elevado que sólo cabe tener detrás a un país como China o Rusia". "Este tipo de ataques necesitan mucha preparación", añade, en declaraciones a Público.

Algo en lo que coincide plenamente la profesora Beltrán, que apunta que "hoy existe el cibercrimen como servicio". "Hace muchos años la atribución de un ataque cibernético es complicada, porque hay muchos agentes diferentes que pueden estar patrocinados por un régimen pero también puede ser organizaciones criminales o terroristas, agentes mercenarios, etc", comenta, y añade además que "las víctimas de estos ataques y de las posibles respuestas son personas inocentes, porque la parte más débil, la parte más vulnerable de la sociedad, se usa como arma en una guerra híbrida, como puede suceder si dejas en pleno invierno a la gente sin gas".

Así, mientras que los ataques para tumbar sitios web (que suelen ser de denegación de servicio, o DDoS) puede provenir de grupos nacionalistas afines a una causa, pero también de grupos criminales organizados, que ven en este maremagno una oportunidad de obtener beneficios económicos. O una mezcla de ellos, en una suerte de "grupos mercenarios digitales" que actúan en su propio beneficio pero con el visto bueno o incluso la protección de un estado.

"Todo esto complica bastante la posibilidad de respuesta por parte de Occidente", afirma Arteaga, "porque el dilema es cómo utilizar las capacidades ofensivas de represalia, o incluso preventivas, para evitar una escalada por culpa de una desproporción en la respuesta". Según este experto, existe un riesgo de verse "atrapado" ya que la respuesta a veces sólo puede ser una defensa (algo relativamente fácil, como desviar un ataque DDoS).

El enemigo silencioso

Algunos de los ataques más sofisticados (y dañinos) se producen de forma que "pasan desapercibidos", recuerda Arteaga, que incide en que "lo preocupante es no saber" que existe código malicioso en los propios sistemas. "Este tipo de ataque consiste en la inserción de código que no está 'dormido', sino que busca sistemáticamente las vulnerabilidades hasta que llega la hora de ser activados", explica el experto, que añade que "ese tipo de malware sofisticado le da a un gobierno -de cualquier bando- la capacidad de ponerlo en marcha en un momento de crisis".

Existe la sospecha de que las grandes potencias tienen ya este tipo de software incrustado en los sistemas del contrario, añade el experto. "Lo vemos periódicamente, como por ejemplo el caso del ataque al oleoducto de Colonial en EEUU, cuyo origen había pasado desapercibido, cosa que convierte a esta herramienta en un medio de presión extraordinario".

"Lo difícil de esta hibridación, además, es que muchos grupos criminales organizados se 'aprovechan' de la situación para actuar en su propio beneficio", recuerda Arteaga. por su parte, Beltrán insiste en que, al final, es la parte más vulnerable de la sociedad la que sale perjudicada en estos ataques y contraataques. Y todo aquello produce más inestabilidad.

01/02/2022 21:25

 

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Miércoles, 26 Enero 2022 05:14

La ruta del crack comienza en la CIA

La ruta del crack comienza en la CIA

El informe del entonces senador John Kerry contenía algunas pistas vinculando la CIA con el tráfico de drogas.

La CIA afirma que cualquier historia que la relacionara con la explosión de la cocaína en los años 80 es una calumnia conspiratoria. Pero las pruebas de su complicidad están todas en los expedientes del Congreso. Esto es lo que sabemos:

La CIA pensó que había enterrado una historia sórdida con la muerte del reportero del Mercury News de San Jose, Gary Webb. Webb había pasado años documentando el tráfico de crack en Estados Unidos y la complicidad de la agencia de inteligencia en el mismo, y se quitó la vida en 2004 después de que su serie de reportajes «Dark Alliance», de 1996, fuera objeto de un intenso escrutinio por parte de los pesos pesados del periodismo estadounidense, como el New York Times, el Washington Post y Los Angeles Times.

Desgraciadamente para los jefes de la inteligencia estadounidense, las acusaciones de Webb y otros periodistas continuaron prendiendo en la cultura popular, donde la oportunidad de combinar dos arquetipos cinematográficos, el espía y el gángster, parece irresistible. Varias películas de Hollywood, como el biopic de Webb Kill the Messenger (2014) y American Made (2017), con Tom Cruise como el piloto de la CIA Barry Seal, han ayudado a mantener las acusaciones en la conciencia pública.

El mismo año en que se estrenó Kill the Messenger, la Agencia Central de Inteligencia publicó un artículo previamente clasificado de 1997 de su revista interna titulado «Managing a Nightmare: CIA Public Affairs and the Drug Conspiracy Story» (La gestión de una pesadilla: los asuntos públicos de la CIA y la historia de la conspiración del narcotráfico). Su autor, Nicholas Dujmovic, describió la controversia como un síntoma de la creciente «desconfianza pública en el gobierno», con la CIA como un espectador inocente atrapado entre fuego cruzado: «En estos tiempos, incluso las alegaciones más fantásticas sobre la CIA —como el asesinato de JFK, el encubrimiento de OVNIS o la importación de drogas a las ciudades de Estados Unidos— resonarán e incluso atraerán, a gran parte de la sociedad estadounidense».

Según Dujmovic, el asunto de la «Alianza Oscura» («Dark Alliance») había «seguido en gran medida su curso», dejando a los agentes de inteligencia lamentando el «escaso aprecio público de su dedicación y duro trabajo» entre la ciudadanía estadounidense:

En última instancia, la historia de la CIA y las drogas dice mucho más sobre la sociedad estadounidense en vísperas del milenio que sobre la CIA o los medios de comunicación. Vivimos en tiempos un tanto toscos y emocionales, en los que un gran número de estadounidenses no adhieren a los mismos estándares de lógica, evidencia o incluso discurso civilizado que los practicados por los miembros de la comunidad de la CIA.

Afortunadamente, hubo excepciones a esta regla. Dujmovic atribuyó a «una base de relaciones ya productivas con los periodistas» el haber ayudado a «evitar que esta historia se convirtiera en un desastre sin paliativos» mientras la agencia daba a conocer su versión de los hechos: «Durante los primeros días, los portavoces de la CIA recordaban a los periodistas que la serie no representaba ninguna noticia real, ya que en los años ochenta se hicieron acusaciones similares que fueron investigadas por el Congreso y se comprobó que no tenían fundamento».

El informe Kerry

Aunque no lo mencionó por su nombre, Dujmovic solo puede haberse referido a un informe publicado en 1989 por el senador de Massachusetts John Kerry y su equipo tras una investigación del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Si la CIA considera realmente que el informe del Comité Kerry es una exoneración de su historial, resulta difícil saber qué podría considerar como una acusación.

Aunque Kerry no encontró pruebas de que los jefes de la CIA hubieran orquestado deliberadamente la venta de drogas en ciudades estadounidenses, sus conclusiones siguen siendo condenatorias:

Está claro que los individuos que proporcionaron apoyo a los Contras estaban implicados en el tráfico de drogas, la red de suministro de los Contras fue utilizada por organizaciones de narcotraficantes, y elementos de los propios Contras recibieron a sabiendas ayuda financiera y material de los narcotraficantes. En cada caso, una u otra agencia del gobierno de los Estados Unidos tenía información sobre la participación, ya sea mientras se estaba produciendo o inmediatamente después.

El informe citaba el testimonio del jefe del Grupo de Tareas de la CIA en América Central, Alan Fiers, sobre los vínculos entre los Contras y el contrabando de drogas: «No se trata de un par de personas. Es mucha gente». Refiriéndose a un destacado líder de la Contra, Edén Pastora, Fiers fue igualmente sincero: «Sabíamos que todos los que rodeaban a Pastora estaban involucrados en la cocaína».

El patrón de complicidad no empezó ni terminó en Langley. Los funcionarios del Departamento de Justicia seguían negando las acusaciones en 1986, señala el informe, a pesar de que el FBI ya tenía en su poder «información significativa sobre la participación de narcotraficantes en las operaciones de la Contra». Por su parte, el Departamento de Estado había «seleccionado cuatro empresas propiedad de narcotraficantes y operadas por ellos para suministrar asistencia humanitaria a los Contras». Todavía estaba haciendo negocios con una empresa, Diacsa, seis meses después de que sus directores fueran acusados de contrabando de cocaína y lavado de dinero.

Los exiliados cubanos de derecha, con fuertes vínculos con el gobierno estadounidense, especialmente con la CIA, habían estado muy involucrados en el apoyo a los Contras: «Su ayuda, que incluía suministros y entrenamiento, fue financiada en parte con dinero de la droga». El comité de Kerry descubrió que el mayor grupo de la Contra, la Fuerza Democrática Nicaragüense, «sí movió fondos de la Contra a través de una empresa de tráfico de drogas y una operación de lavado de dinero». Este tipo de actividad era un secreto a voces en los círculos gubernamentales:

Los funcionarios estadounidenses implicados en la asistencia a los Contras sabían que los contrabandistas de drogas estaban explotando la infraestructura clandestina establecida para apoyar la guerra y que los Contras estaban recibiendo ayuda derivada del tráfico de drogas. En lugar de denunciar a estas personas a los organismos de seguridad correspondientes, parece que algunos funcionarios pueden haber hecho la vista gorda ante estas actividades.

El diario del funcionario de la administración Reagan, Oliver North, fue redactado en gran medida antes de las audiencias de Irán-Contra, pero todavía contenía anotaciones como «El DC-6 hondureño que se está utilizando para las salidas de Nueva Orleans probablemente se está utilizando para el tráfico de drogas en los EE. UU.» de agosto de 1985. El dictador panameño Manuel Noriega también se benefició de la indulgencia de Washington, como señalaba el informe: «Todas las agencias del gobierno estadounidense que tenían relación con Noriega hicieron la vista gorda ante su corrupción y tráfico de drogas, incluso cuando se estaba convirtiendo en un actor clave en nombre del cártel de Medellín».

Hacer la vista gorda

Las conclusiones del informe de la Comisión Kerry respaldan ampliamente las acusaciones de que la CIA facilitó, al menos indirectamente, el tráfico de drogas. Incluso el inspector general de la agencia, Frederick Hitz, confirmó a regañadientes la idea general de la acusación de «hacer la vista gorda»: «Hay casos en los que la CIA no cortó de forma expeditiva o coherente las relaciones con individuos que apoyaban el programa de la Contra y que supuestamente habían participado en actividades de tráfico de drogas, ni tomó medidas para resolver las acusaciones».

Llegados a este punto, podríamos imaginar las citas pertinentes de Hitz o del informe Kerry, pero con las letras «KGB» en lugar de «CIA». Si los agentes de inteligencia soviéticos hubieran mostrado un historial similar de connivencia con los narcotraficantes que introducían toneladas de cocaína en Estados Unidos, no nos habríamos preguntado si se propusieron deliberadamente fomentar una catástrofe social o simplemente no les importaba lo que ocurriera al otro lado de sus cadenas de suministro cuidadosamente construidas.

Dicho de otro modo: cuando bancos como Wachovia y HSBC han tenido que pagar multas masiva —1900 millones de dólares en el caso del HSBC— por ayudar a los cárteles mexicanos a blanquear sus beneficios, nadie ha intentado defenderlos alegando que solo querían ganar dinero y que solo trataban con los cárteles porque esos grupos tenían mucho.

Entonces, ¿cómo es posible que «Managing a Nightmare» se refiera con tanta seguridad a la «historia de la conspiración de la CIA contra el narcotráfico» como una fábula desacreditada que se parece más a The X-Files que a All The President’s Men? Dujmovic se declaró gratamente sorprendido por el historial de los medios de comunicación estadounidenses: «La profesión periodística tiene la voluntad y la capacidad de hacer que sus propios miembros cumplan ciertas normas». Los miembros del personal de Asuntos Públicos de la CIA no tardaron en «recibir llamadas de diversos reporteros que se mostraban escépticos ante las acusaciones y que planeaban escribir artículos que pusieran en duda la serie del Mercury News».

Gatekeepers

En un artículo de 1997 para Columbia Journalism Review, Peter Kornbluh adoptó una visión mucho más áspera del historial de sus colegas. Como señaló Kornbluh, había una larga historia de control de acceso en este campo, que se remontaba a la publicación del informe Irán-Contra en noviembre de 1987:

Cuando un reportero de investigación se levantó para preguntar al abogado principal de los comités si los legisladores habían encontrado alguna conexión entre los contras y el contrabando de drogas, un corresponsal del New York Times le gritó burlonamente desde el otro lado del pasillo: «¿Por qué no haces una pregunta seria?»

Cuando el equipo de John Kerry publicó su propio informe dos años después, la respuesta de los principales medios de prensa «constituyó poco más que un bostezo colectivo (…) el Washington Post publicó un breve artículo en la página 20 que se centraba tanto en las luchas internas del comité como en sus conclusiones; el New York Times publicó un breve artículo en la página 8; Los Angeles Times publicó un artículo de 589 palabras en la página 11». Los mismos periódicos dedicaron mucho más espacio a desmontar la serie de Gary Webb en el Mercury News siete años después.

Fueron Webb y sus editores quienes finalmente pusieron el tema en la agenda de las noticias en 1996, ayudados por el auge de Internet y por las emisoras de radio alternativas que amplificaron (y a veces embellecieron) las principales afirmaciones. Los principales periódicos de Estados Unidos se dedicaron entonces a desmontar la historia de Webb, en particular Los Angeles Times, que asignó un equipo de diecisiete reporteros a la tarea. Uno de sus miembros lo describió con agudeza como el «equipo para atrapar a Gary Webb».

Inevitablemente, pudieron encontrar algunos agujeros en los artículos del Mercury News. Informar sobre la actividad de las bandas criminales, los grupos paramilitares y las agencias de inteligencia no es como informar sobre el Capitolio: los actores principales se esfuerzan por cubrir sus huellas, dejando importantes lagunas en el registro documental, y las pruebas individuales a menudo estarán abiertas a múltiples interpretaciones.

Aun así, algunas de las «correcciones» publicadas por Los Angeles Times eran mucho más dudosas que el informe original de Webb. Uno de los artículos acusaba a Webb de inflar groseramente el papel de «Freeway» Rick Ross, un narcotraficante de Los Ángeles que también aparece en el documental de 2021 Stanley Nelson Crack: Cocaine, Corruption & Conspiracy. Según el Times, Ross era realmente una figura menor, sin mayor trascendencia en la historia del crack. Sin embargo, tres años antes había publicado un artículo en el que se afirmaba precisamente lo contrario, con un titular de uno de los mismos reporteros: «Si hubo un ojo de la tormenta, si hubo un cerebro criminal detrás del reinado del crack durante una década, si hubo un capitalista fuera de la ley más responsable de inundar las calles de Los Ángeles con cocaína comercializada en masa, su nombre fue Freeway Rick».

La mayoría de las refutaciones en los medios de comunicación estadounidenses se referían en realidad a una acusación que Webb no había formulado, pero que no tardó en generalizarse en las comunidades afroamericanas: la CIA no solo había hecho la vista gorda ante el tráfico de drogas, sino que en realidad había fomentado la proliferación del crack como parte de una estrategia deliberada para hacer retroceder los logros políticos de los años sesenta y setenta. Era perfectamente comprensible, después de las experiencias de COINTELPRO, Reaganomics y el encarcelamiento masivo, que muchos negros estuvieran dispuestos a creer tales acusaciones. Incluso si las pruebas no apoyan la versión fuerte de esta tesis, la verdad bien documentada es apenas menos condenatoria.

En noviembre de 1996, el director de la CIA, John Deutch, aceptó dar la cara en una reunión comunitaria en el barrio de Watts, en Los Ángeles. En la víspera de su comparecencia, Kornbluh resumió el dilema de la agencia:

Para contrarrestar las acusaciones extremas de que la CIA eligió comunidades de color para la distribución de crack con el fin de financiar la guerra de la Contra, Deutch debe admitir una verdad diferente, pero igualmente escandalosa: la disposición de los funcionarios de seguridad nacional a conspirar con los traficantes de droga simplemente porque tenían una contribución que hacer a la guerra encubierta contra la Nicaragua sandinista. Dependerá de Deutch convencer a los que han sufrido este escalofriante conjunto de prioridades de la Guerra Fría de que la CIA está ahora comprometida con la prevención de la criminalización de la doctrina de seguridad nacional.

Perspectivas positivas

La historia de la «Alianza Oscura» captó la imaginación del público por su relevancia para un problema social catastrófico en los propios Estados Unidos. Pero el vínculo entre la política exterior estadounidense y el narcotráfico no empezó ni terminó con Centroamérica en los años ochenta. Las operaciones clandestinas fomentan este tipo de empresas del mismo modo que los pantanos fomentan la malaria. En la década de 1950, la CIA envió armas a los anticomunistas señores de la guerra chinos que habían cruzado al norte de Birmania, lo que les permitió hacerse con su propia porción de territorio. Los señores de la guerra empezaron a cultivar opio para financiar sus actividades, y así nació el Triángulo de Oro.

Robert Oakley, embajador de Estados Unidos en Pakistán entre 1988 y 1991, se quejó de que la estación local de la CIA trabajaba mano a mano con los líderes muyahidines afganos que estaban muy involucrados en el comercio de narcóticos, incluso después de la retirada de las tropas soviéticas:

Pedí constantemente a la estación que obtuviera información sobre este tráfico de sus fuentes dentro de Afganistán. Negaron que tuvieran fuentes capaces de hacerlo. No podían negar que tuvieran fuentes, ya que estábamos obteniendo información sobre armas y otros asuntos. Incluso planteé el asunto a [el jefe de la CIA] Bill Webster. Nunca obtuve una respuesta satisfactoria. Nunca pasó nada.

Entre los socios elegidos por Langley se encontraba el futuro aliado de los talibanes, Gulbuddin Hekmatyar.

El informe Kerry relacionaba las prácticas que documentaba en América Latina con el entorno más amplio de la Guerra Fría: «las operaciones de los cárteles se han visto con demasiada frecuencia como un complemento de lo que se ha percibido como la cuestión más importante del conflicto Este-Oeste en la región». Poco después de la aparición del informe, cayó el Muro de Berlín, pero la «criminalización de la doctrina de la seguridad nacional» ha seguido estando muy presente en las últimas tres décadas.

La relación de Estados Unidos con el presidente colombiano Álvaro Uribe ofrece un ejemplo sorprendente. Durante su primer mandato, Uribe promulgó la llamada «Ley de Justicia y Paz», que concedía una amnistía a los líderes paramilitares de derecha que habían matado a muchos miles de civiles colombianos. Los tribunales colombianos dictaminaron posteriormente que los términos de la ley eran inconstitucionales. Los jefes paramilitares, que ahora se enfrentaban a la posibilidad de ser encarcelados, sintieron que Uribe les había traicionado, y estaban a punto de empezar a hablar libremente sobre su largo historial de connivencia con sus actividades.

Afortunadamente para Uribe, tenía amigos en Washington dispuestos a ayudarle a salir de una situación complicada. Los paramilitares eran buscados por delitos de narcotráfico en Estados Unidos, pero Uribe se había negado hasta entonces a extraditarlos. De repente, cambió esa política y los sacó del país de la noche a la mañana para que ningún juez colombiano pudiera intervenir. Personajes infames como Salvatore Mancuso pasaron ahora a manos de las autoridades estadounidenses.

Una investigación del New York Times de 2016 encontró algunas irregularidades extraordinarias en el manejo de sus casos:

Los líderes extraditados en masa habrán cumplido una media de 10 años como máximo por conspiraciones de drogas que implicaban toneladas de cocaína. En comparación, los presos federales condenados por tráfico de crack —en su mayoría traficantes callejeros que vendieron menos de una onza— cumplen una media de poco más de 12 años de prisión (…) Se les trató como si fueran delincuentes por primera vez a pesar de sus amplios antecedentes penales en Colombia, y se les acreditó el tiempo que habían cumplido allí a pesar de que la justificación oficial de su extradición era que estaban cometiendo delitos en las cárceles colombianas.

Los funcionarios jurídicos estadounidenses que se ocuparon de los casos de estos hombres, ninguno de los cuales llegó a juicio, no tuvieron reparos en expresar su admiración y respeto por los narcos. Uno de los jueces describió al hombre al que estaba sentenciando como «sustancialmente diferente» de los señores del crimen comunes y corrientes, ya que utilizaba el dinero del narcotráfico para ayudar a financiar una guerra contra la izquierda colombiana: «se dedicaba a una actividad que tenía algunas perspectivas positivas». Un fiscal federal de narcóticos fue igualmente generoso en su valoración: «Claramente, hicieron algunas cosas desagradables. Pero, ya sabes, era una guerra civil allí. Siempre he querido creer que si me pusieran en la misma situación, habría hecho las cosas de otra manera. Pero no lo sé».

Desde cualquier punto de vista racional, el hecho de que los líderes paramilitares utilizaran sus beneficios del narcotráfico para pagar una campaña de asesinatos en masa debería haber sido un factor agravante, que diera lugar a sentencias más duras.

Las oscuras alianzas que contribuyeron a fomentar una calamidad social durante los años 80 y 90 encajan en un patrón mucho más amplio. Existe un abismo entre la «seguridad nacional», tal como la interpretan agencias gubernamentales como la CIA, y la seguridad real de los ciudadanos estadounidenses. En nombre de la protección de la patria y de la seguridad de su población, estos organismos han aplicado sistemáticamente políticas que aumentaron los peligros que se suponía debían combatir.

El trabajo de reporteros como Gary Webb puso de manifiesto esa realidad para todos los que sufrieron directa o indirectamente la explosión de la adicción al crack y la criminalidad violenta que la acompañaba. La pesadilla de las relaciones públicas de la agencia de inteligencia era la sombra que proyectaba una pesadilla real en los barrios humildes de todo Estados Unidos.

Por Daniel Finn | 26/01/2022

Daniel Finn: Editor de Jacobin Magazine y autor de One Man’s Terrorist: A Political History of the IRA (Verso, 2019).

Fuente: https://jacobinlat.com/2022/01/23/la-ruta-del-crack-comienza-en-la-cia/?mc_cid=d0d4794333&mc_eid=a22595803c

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Sede de la empresa israelí que comercializa el programa Pegasus, NSO Group, en Herzliya, cerca de Tel Aviv.. Imagen: AFP

Hackearon los celulares de civiles, incluyendo a manifestantes e intendentes opositores al exprimer ministro Netanyahu.

La policía israelí utilizó el software de espionaje Pegasus de la empresa de tecnología local NSO Group. La investigación revelada por el medio digital Calcalist indica que la policía hackeó los teléfonos celulares de civiles, incluyendo a manifestantes e intendentes opositores al exprimer ministro Benjamin Netanyahu. Mientras que el Controlador Estatal de Israel, Matanyahu Englman, afirmó que va a investigar el uso de Pegasus por parte de la policía.

Pegasus

Según reveló la investigación del diario Calcalist, la policía compró el softaware espía Pegasus de la empresa israelí NSO Group por primera vez en 2013 y desde entonces el mismo fue utilizado contra una lista de personas entre ellas líderes civiles y políticos, aunque no precisó nombres. El portal indicó que el exfuncionario del Servicio de Seguridad General de Israel (Shin Bet) y exjefe de policía de Israel, Yohanan Danino, fue el primero en hacer un uso masivo del sistema.

Pegasus fue desarrollado en la ciudad de Herzliya y permite a sus operadores acceder de forma remota a los celulares infectados con el software. El sistema de espionaje fue vendido a las agencias de inteligencia en todo el mundo y permitió obtener acceso a los contenidos dentro del dispositivo: mensajes, fotografías, así como una funcionalidad para activar de forma remota la cámara y el micrófono del celular infectado, todo sin el consentimiento del propietario del teléfono.

En su artículo, Calcalist reveló un detallado historial del uso de Pegasus por parte de la policía israelí. En 2015, con la llegada de Roni Alsheich a la dirección de la policía, que venía de ocupar un alto cargo en el servicio de seguridad Shin Bet, uso del software de espionaje fue ampliado. El matutino israelí Hareetz consignó que recibió una copia de la factura entre NSO Group y la policía de Israel que evidencia la compra del programa por parte de las fuerzas de seguridad. Esa misma factura fue enviada en diciembre de 2013 al departamento de presupuesto del Departamento de Investigaciones e Inteligencia de la Policía de Israel. El diario israelí además citó a una fuerte cercana que afirmó que la policía primero compró el paquete básico del software y cada año fueron incorporando actualizaciones adicionales para el desarrollo de Pegasus.

En la factura a la que accedió Haaretz la descripción del producto era vaga, no hacía referencia de forma explícita al nombre del software de espía, de igual forma el documento fue firmado por Shirley Shochat de NSO Technologies Ltd. y Hadas Biton del Departamento de Investigaciones e Inteligencia de la Policía de Israel.

Diplomacia y espionaje

Durante mucho tiempo Israel colaboró en la promoción de la venta de Pegasus y otros servicios cibernéticos como parte de su “diplomacia cibernética”. Entre los clientes más reconocidos del NSO Group figuraban los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, India, Hungría, México y Polonia. En julio de 2021 la ONG Forbidden Stories publicó la investigación del Proyecto Pegasus, donde reveló que el software de espionaje era utilizado contra periodistas, activistas de derechos humanos y presidentes en todo el mundo. En este sentido, la fundación para la protección de defensores, Front Line Defenders, precisó hace unos meses que Pegasus fue utilizado para espiar a los palestinos que trabajaban con grupos de derechos que Israel proscribió.

Según el informe de Calcalist, entre los objetivos espiados por la policía también había empleados del gobierno que no estaban acusados ​​de delitos penales pero que tenían acceso a información que podría resultar clave en una investigación más amplia. El informe por su parte subraya que teóricamente algunos de estos casos pueden incluir objetivos legítimos, pero el espionaje se realizó sin supervisión y sin justificación legal.

Sin embargo, Pegasus no es el único software de espionaje con el que cuenta la policía israelí. Cellebrite, por ejemplo, permite a los efectivos policiales acceder a cualquier teléfono en su posición física. En esos casos, por lo general obtiene una orden judicial antes de infiltrar los teléfonos. Algo que no se cumplió con el uso de Pegasus.

En tanto, tras la publicación de Calcalist, el Controlador Estatal de Israel, Matanyahu Englman, afirmó que su oficina, encargada de fiscalizar las decisiones de los organismos públicos, va a investigar el uso de Pegasus por parte de la policía para espiar a ciudadanos israelíes. Por su parte, el jefe de la policía, Kabi Shabtai, no negó el uso de Pegasus aunque indicó que algunos datos del reportaje son "incorrectos".

"Todo se llevó a cabo con las debidas garantías legales y supervisiones", insistió. Shabtai sí desmintió que Pegasus fuera utilizado para espiar a los manifestantes del movimiento "Bandera Negra", que lideró protestas masivas y recurrentes contra Netanyahu entre 2020-2021 para exigir su renuncia tras las acusaciones de corrupción en su contra. “La Policía de Israel no utiliza sus capacidades tecnológicas avanzadas contra civiles inocentes y manifestantes”, dijo Shabtai en un comunicado emitido por la policía.

En el congreso, diputados de todo el arco político exigieorn abrir una investigación parlamentaria, mientras que el ministro de Seguridad Pública, Omer Barlev, aseguró  en Twitter que "no hay prácticas de escuchas telefónicas o intrusión en dispositivos por parte de la Policía de Israel sin la aprobación de un juez", aunque afirmó que iba a verificar que ese cuerpo reciba autorización explícita de un juez para usar el software de espionaje.

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Estados Unidos vuelve a insistir con la extradición de Julian Assange

La justicia británica está examinando la solicitud de Estados Unidos de revocar la decisión de una jueza de primera instancia de rechazar la extradición de Julian Assange para enfrentar cargos de espionaje. Washington lo acusa de 17 cargos de espionaje que suman una pena posible de 175 años de prisión. El fundador de WikiLeaks es señalado por divulgar cientos de miles de documentos confidenciales de militares y diplomáticos estadounidenses.


El abogado de Estados Unidos en el caso contra Assange, James Lewis, alegó que la jueza Vanessa Baraitser se equivocó al fallar que Assange podría suicidarse debido a sus opresivas condiciones de detención y al estrés de tantos años de persecución.

En enero, Baraitser rechazo la demanda de extradición de Washington argumentando que existía riesgo de que Assange se suicidara debido a sus opresivas condiciones de detención y al estrés de tantos años de persecución.El fundador de WikiLeaks es considerado por sus seguidores como una víctima de ataques contra la libertad de expresión. Assange estuvo recluido durante siete años en la embajada de Ecuador en Londres, en 2019 fue trasladado a la prisión de máxima seguridad en Belmarsh.

Por su parte, Lewis dijo que el gobierno de Estados Unidos prometió que Assange, de 50 años, no será mantenido en una prisión de máxima seguridad ni en condiciones de aislamiento antes de ser juzgado. Además, aseguró que si es condenado podría cumplir su sentencia en su natal Australia.

En respuesta, el abogado Edward Fitzgerald, el defensor de Assange, dijo en un escrito que Australia todavía no aceptó recibir a Assange en caso de que sea condenado en Estados Unidos. En caso de que aceptara, el proceso legal en EE.UU. podría alargarse una década, "durante la cual el señor Assange permanecerá detenido en un aislamiento extremo", argumentó Fitzgerald que acusó a Lewis de intentar “minimizar la severidad del trastorno mental y el riesgo de suicidio del señor Assange".

Libertad de expresión

Afuera del tribunal, ubicado en el centro de Londres, se congregaron decenas de seguidores del fundador de WikiLeaks. Los manifestantes pedían por la libertad de Assange al tiempo que calificaron de “juicio político” el proceso judicial en su contra.

Se esperaba que Assange compareciera por videoconferencia, pero Fitzgerald dijo que su cliente había recibido una alta dosis de medicación y no se sentía bien para participar del procedimiento. Más tarde, en una pantalla de video en la sala se lo vio conectarse por momentos para seguir la audiencia.

La pareja de Assange, Stella Moris, manifestó su preocupación por la salud de su compañero. “Lo vi el sábado. Está muy flaco”, afirmó. La audiencia se extenderá hasta el jueves aunque los jueces que la presiden, entre ellos el jefe de la judicatura del Reino Unido, Lord Ian Burnett, no tienen previsto dar su veredicto hasta dentro de varias semanas. La parte que pierda esta audiencia puede apelar la decisión ante la Corte Suprema del Reino Unido. Los cargos contra Assange contemplan una pena máxima de 175 años. Según Lewis "la condena más larga jamás impuesta por estos mismo delitos es de 63 meses".

Una década de persecución

Tras siete años refugiado en la embajada de Ecuador en Londres, Assange fue detenido en abril de 2019 cuando el entonces presidente ecuatoriano, Lenin Moreno revocó el asilo político y la ciudadanía otorgada por su predecesor, Rafael Correa. El fundador de WikiLeaks se había recluido en la embajada mientras estaba con libertad bajo fianza. Assange temía ser extraditado a Estados Unidos o Suecia, que lo requería por violación, cargos que fueron abandonados desde entonces.


Su libertad es reclamada por organizaciones defensoras de derechos humanos y de la libertad de prensa como Reporteros Sin Fronteras, Amnistía Internacional y Human Rights Watch. La directora de campañas internacionales de RSF, Rebecca Vincent, aseguró que en el último año se intensificó la atención mundial sobre el caso, aunque se subestima la gravedad de la situación desde el punto de vista de la libertad de prensa, según consigna el diario británico The Guardian.

"El hecho de que se haya llegado tan lejos tiene un efecto escalofriante en la información sobre seguridad nacional en todo el mundo. Sigue habiendo una tendencia entre algunos a compartimentar esto, o a tomar una posición particular basada en opiniones personales sobre Julian Assange, pero si Estados Unidos tiene éxito en asegurar su extradición, entonces el precedente que podría establecer para cualquier organización de medios de comunicación no puede ser exagerado".

A mediados de octubre instaron al fiscal general de Estados Unidos a abandonar las medidas contra Assange. El proceso en su contra fue lanzado durante la presidencia de Donald Trump (2017-2021), mientras que en la administración de Barack Obama (con Biden como vicepresidente) la justicia norteamericana había renunciado a actuar contra el fundador de WikiLeaks. Actualmente la Casa Blanca no modificó la postura endurecida durante el gobierno de Trump.

27 de octubre de 2021

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El Gran Hermano nos vigila y el espionaje electrónico invade nuestras vidas

La novela británica 1984, de George Orwell, caracterizaba una sociedad distópica en la que las personas tenían restringido el pensamiento independiente y eran víctimas de una vigilancia constante.

Publicada en 1949, la obra se planteaba como una profecía futurista con un tema de fondo: “El Gran Hermano te vigila”, algo que parece estar haciéndose realidad en 2021.

Ahora parece que vivimos en el ambiente de “1984”, donde todos nuestros movimientos son controlados esta vez por cámaras de vigilancia colocadas en las calles de las grandes ciudades como Nueva York, en las autopistas, en los parques públicos, en el metro, en los centros comerciales y en los aparcamientos, violando la privacidad personal y los derechos civiles.

Un artículo publicado en The New York Times (TNYT) en septiembre, destaca que el Departamento de Policía de Nueva York ha continuado con su vigilancia masiva e ininterrumpida,  desde que comenzó a hacerla sistemática tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en el World Trade Centre de Nueva York.

Según el diario neoyorquino, los residentes en la metrópoli realizan su vida cotidiana mientras  conviven habitualmente –y la mayoría inadvertidamente- con herramientas de vigilancia digital, como programas de reconocimiento facial, lectores de matrículas o furgonetas móviles de rayos X que pueden ver a través de las puertas de los automóviles.

Además, drones de vigilancia sobrevuelan las manifestaciones masivas y los manifestantes dicen haber sido interrogados por agentes antiterroristas después de las marchas.

Pero Estados Unidos no está solo en esta emulación de la distopia orwelliana.

Quizá se esté convirtiendo en un fenómeno mundial a medida que la vigilancia electrónica se extiende por todos los continentes, sean los países del Norte industrial o del Sur global.

Según un nuevo estudio de la Red Africana de Derechos Digitales, publicado el jueves 21, los gobiernos de seis países africanos -Egipto, Kenia, Nigeria, Senegal, Sudáfrica y Sudán- están llevando a cabo una vigilancia masiva y las leyes vigentes no protegen los derechos legales de los ciudadanos ante ese espionaje.

El estudio, descrito como la primera comparación sistemática de las leyes de vigilancia en África, llega en un momento en que aumenta la preocupación por la proliferación de la vigilancia digital a medida que las tecnologías se vuelven más sofisticadas y más intrusivas en la vida de la población.

Muchos gobiernos han ampliado sus facultades de vigilancia y acceso a los datos personales durante la pandemia de la covid-19, señala el estudio.

La Red Africana de Derechos Digitales aglutina a 30 activistas, analistas y académicos de 12 países africanos centrados en el estudio de la ciudadanía digital, la vigilancia y la desinformación, y forma parte del Instituto de Estudios para el Desarrollo (IDS, en inglés), un grupo con liderazgo mundial en la reflexión sobre investigación y política.

Tony Roberts, investigador del IDS, con sede en Londres, y coautor del informe, afirma que los Estados necesitan poderes de vigilancia para prevenir atrocidades terroristas, pero que, para ser coherentes con los derechos humanos, dichos poderes deben estar estrechamente orientados a los delitos más graves, utilizarse cuando sea estrictamente necesario y ser proporcionales a las necesidades.

Señala que los ciudadanos deben ser más conscientes de sus derechos a la intimidad y de las actividades de vigilancia emprendidas por sus gobiernos. La legislación puede ser útil para definir controles y equilibrios que protejan los derechos de los ciudadanos y proporcionen transparencia.

“Pero la sociedad civil necesita la capacidad de controlar las prácticas de vigilancia y hacer que el gobierno rinda cuentas ante la ley”, subrayó en una entrevista con IPS.

El especialista aseguró que esa vigilancia promovida por los gobiernos no es solo algo de Estados Unidos y otro grupo de países, sino que “la vigilancia estatal de los ciudadanos está aumentando en Europa occidental”.

Señaló que las tecnologías digitales han facilitado y abaratado la vigilancia de los ciudadanos por parte de los Estados. Antes se necesitaba todo un equipo de personas para vigilar un objetivo, intervenir las líneas telefónicas, grabar, transcribir y analizar los datos de un solo objetivo.

“Ahora, las búsquedas en Internet y en las comunicaciones móviles están automatizadas mediante inteligencia artificial (IA) y algoritmos”, destacó Roberts.

En ese sentido, consideró que el escándalo de Cambridge Analytics mostró cómo la vigilancia de las redes sociales es utilizada por los partidos políticos en Reino Unido o Estados Unidos.

“Las revelaciones de Edward Snowden mostraron cómo los gobiernos de Europa occidental y Estados Unidos realizan sistemáticamente una vigilancia masiva de los ciudadanos. El caso del programa espía (israelí) Pegasus mostró cómo los Estados utilizan programas maliciosos para espiar al presidente francés, a los líderes de la oposición, a los jueces y a los periodistas”, añadió.

Mientras tanto, la División de Inteligencia de la Policía de Nueva York, rediseñada en 2002 para enfrentarse a las operaciones del grupo islamista Al Qaeda, utiliza ahora tácticas antiterroristas para luchar contra la violencia de las bandas y la delincuencia callejera en Nueva York.

Según TNYT, el Departamento de Policía ha invertido recursos en la ampliación de sus capacidades de vigilancia. El presupuesto de la división de inteligencia y antiterrorismo se ha cuadruplicado con creces, gastando más de 3000 millones de dólares desde 2006, y más a través de fuentes de financiación difíciles de cuantificar, incluidas las subvenciones federales y la secreta Fundación Policial, una organización sin ánimo de lucro que canaliza el dinero y los equipos hacia el departamento a través de benefactores y donantes.

Funcionarios y exfuncionarios de la policía afirman que estas herramientas han sido eficaces para frustrar docenas de atentados. Y el departamento tiene la obligación, dicen, de reutilizar sus herramientas antiterroristas para la lucha diaria contra el crimen, dijo TNYT.

Donna Lieberman, directora ejecutiva de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, dijo al diario que su organización ya estaba preocupada por la vigilancia policial sigilosa en la década de los 90. Ya poco antes de los ataques, su organización  había trazado un mapa de todas las cámaras que pudo encontrar en la ciudad. En retrospectiva, reconoció, fue una labor ingenua.

“Hicimos un mapa, y teníamos puntos, teníamos chinchetas en ese momento donde había cámaras. Y cuando lo hicimos, había un par de miles”, dijo Lieberman.  “Repetimos la encuesta en algún momento después del 11-S, y había demasiadas cámaras para contarlas”, añadió.

Mientras tanto, el nuevo informe también identifica a Egipto y Sudán como los países en los que los derechos de los ciudadanos a la privacidad estaban menos protegidos. Esto se debe a una combinación de protecciones legales débiles, una sociedad civil débil para pedir cuentas al Estado y una mayor inversión estatal o gubernamental en tecnologías de vigilancia.

Por el contrario, a pesar de que el gobierno de Sudáfrica también viola la ley de privacidad, la determinada sociedad civil del país, los tribunales independientes y los medios de comunicación obligan con éxito al gobierno a mejorar su ley y sus prácticas de vigilancia.

En general, la investigación identificó seis factores que significan que las leyes de vigilancia existentes no protegen los derechos de privacidad de los ciudadanos en cada uno de los seis países analizados:

  • La introducción de nuevas leyes que amplían los poderes de vigilancia del Estado,
  • la falta de precisión jurídica y de garantías de privacidad en la legislación sobre vigilancia,
  • el aumento de la oferta de nuevas tecnologías de vigilancia que facilitan la vigilancia ilegítima,
  • los organismos estatales que llevan a cabo regularmente actividades de vigilancia al margen de lo permitido por la ley,
  • la actual impunidad de quienes cometen actos ilegítimos de vigilancia,
  • la debilidad de la sociedad civil, incapaz de hacer que el Estado rinda cuentas ante la ley.

Roberts dijo a IPS que el aumento de la vigilancia es una violación de los derechos civiles, concretamente del derecho a la intimidad.

“Vivía en Londres cuando tenía la mayor densidad de cámaras de seguridad del mundo. Ahora Seúl, París y Boston ostentan ese dudoso récord. Y Nueva York se está poniendo al día rápidamente”, afirmó.

A su juicio,  las pruebas indican que los barrios con población negra están más vigilados que los de población blanca. El problema se agrava cuando la tecnología de reconocimiento facial se combina con la cámara de vídeovigilancia y se vincula a las bases de datos de identidad para llevar a cabo una vigilancia invasiva generalizada.

“La privacidad es un derecho fundamental garantizado por la ley. Toda vigilancia es una violación de esos derechos civiles”, sentenció Roberts.

Y añadió: “Otorgamos a la policía la capacidad legal de llevar a cabo una vigilancia estrecha y limitada de los delincuentes más graves».

«Sin embargo, cualquier otra forma de vigilancia no consentida (con consentimiento previo) viola los derechos fundamentales y la vigilancia masiva de ciudadanos no acusados de ningún delito nunca está justificada en el derecho interno ni en el derecho internacional de los derechos humanos”, remarcó.

Tampoco es inevitable.

En la ciudad estadounidense de Los Ángeles, por ejemplo, la prevalencia de las cámaras de vídeovigilancia es relativamente baja y la tecnología de reconocimiento facial está prohibida, recordó Roberts.

Por Thalif Deen | 27/10/2021

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Martes, 26 Octubre 2021 05:48

Assange: que cese la venganza

Assange: que cese la venganza

La jueza británica Vanessa Baraister deberá iniciar mañana miércoles la revisión de la apelación presentada por Washington a la negativa judicial a extraditar a Julian Assange a Estados Unidos, emitida en enero pasado por esa misma magistrada. El informador australiano permanece en una prisión de Londres desde abril de 2019, luego de que el gobierno ecuatoriano de Lenín Moreno decidió expulsarlo de su embajada en la capital británica, en donde estuvo refugiado durante casi siete años.

La persecución contra Assange ha durado más de una década. Se inició con una investigación de la policía sueca por supuestos delitos sexuales tan insustanciales que nunca dieron lugar a una imputación formal, pero que fueron el pretexto para detenerlo en Londres, en respuesta a una petición de Estocolmo para someterlo a un interrogatorio. Temiendo que la demanda fuese una coartada para llevarlo a Suecia y extraditarlo de allí a Estados Unidos; Assange buscó refugio en la mencionada representación diplomática y ofreció comparecer allí ante representantes legales de Suecia. Su sospecha se vio confirmada por el hecho de que Estocolmo cerró definitivamente la pesquisa policial y desechó los cargos.

Sin embargo, para entonces el Departamento de Justicia ya había formulado imputaciones graves en su contra, una de ellas por “espionaje”, debido a que el fundador de Wikileaks divulgó en 2010 documentos secretos que demostraban la comisión de crímenes de lesa humanidad por parte de las fuerzas armadas de Estados Unidos en Afganistán e Irak.

Posteriormente, al año siguiente, la organización de Assange distribuyó entre varios medios del mundo –entre ellos, La Jornada– cientos de miles de reportes enviados al Departamento de Estado desde las representaciones diplomáticas de Estados Unidos en el mundo. Tales documentos revelaron la falta de escrúpulos con la que las autoridades de Washington se conducían en otros países, pero también la supeditación y la corrupción, si no es que el carácter llanamente delictivo, de numerosos gobiernos.

Es claro, pues, que el informador australiano no puede considerarse espía, porque no entregó información alguna a un tercer gobierno sino que la divulgó para la opinión pública internacional. Es evidente también que ha sido víctima de una vasta venganza de Estado por haber dado a conocer a la sociedad la descomposición, la inmoralidad y hasta las facetas criminales de la superpotencia en su proyección diplomática, económica y militar en el ámbito internacional.

Con esas consideraciones en mente, es ine-ludible concluir que el encarnizado acoso judicial de tres presidentes estadunidenses contra Assange –Barack Obama, Donald Trump y Joe Biden– reviste el carácter de escarmiento para cualquier informador que pretenda revelar documentación clasificada del gobierno estadunidense y es, en tal medida, un bárbaro e injustificable ataque a la libertad de expresión de los periodistas y al derecho a la información de las audiencias. Resulta desolador, por lo demás, que tres gobiernos que se presumen defensores de esa libertad y de ese derecho –Estados Unidos, Suecia y Reino Unido– se hayan conjurado para imponer un castigo ejemplar a un individuo que no cometió más delito que revelar la verdad.

Es exasperante, además, que se haya mantenido en prisión a una persona a todas luces inocente a pesar de su salud precaria y de los riesgos que corre en el encierro. Su encarcelamiento no es sólo una injusticia y un atropello inexcusable a los derechos humanos sino también una afrenta a los principios elementales de la democracia, la transparencia y la libertad de expresión.

Cabe esperar, en suma, que la jueza Baraister ratifique mañana su negativa a otorgar la extradición del fundador de Wikileaks, que con ello Washington se desista de buscar venganza contra Assange y que éste obtenga una pronta e incondicional liberación.

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"Otoniael', sontie ante los celulares de los oficiales del Ejército que lo capturaron

Las autoridades colombianas llevaban aproximadamente siete años tras el rastro líder del Clan del Golfo, por el que la DEA ofrecía hasta cinco millones de dólares.

Este sábado, las autoridades colombianas confirmaron la captura del hombre más buscado del país, Dairo Antonio Úsuga, conocido en el mundo criminal bajo el alias de 'Otoniel'.

Úsuga, de 49 años, era la cabeza del Clan del Golfo, considerado el grupo narcotraficante más grande de Colombia y sus crímenes lo llevaron a consagrarse como uno de los capos más buscados a nivel internacional. Por información que llevara a su captura, la DEA ofrecía hasta cinco millones de dólares.

Tras el arresto, el presidente de Colombia, Iván Duque, ofreció una rueda de prensa en la que declaró que este es "el golpe más duro al narcotráfico de este siglo en Colombia" y aseguró que es "comparable solo con la caída de Pablo Escobar".

Vida criminal

'Otoniel' nació en el municipio de Necoclí, en Antioquia, y desde allí empezó a fortalecer su emporio criminal. Inicialmente fue miembro del Ejército de Liberación Popular (EPL), donde llegó a delinquir con tan solo 16 años de edad. Posteriormente se deslindó de este grupo subversivo, para luego entrar a las filas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo paramilitar que operó hasta el 2006.

En ese bloque estuvo a las órdenes de Daniel Rendón Herrera, alias 'Don Mario', con quien iniciaría en el negocio de las extorsiones y el lavado de activos. El 3 de septiembre de 2005, Úsuga se desmovilizó de nuevo, cuando se desintegraron las AUC. 

Tras la captura de 'Don Mario', 'Otoniel' y su hermano Juan de Dios Úsuga David, alias 'Giovanny', tomaron el control de Los Urabeños, cuyo nombre se debe al control que ejercían en la zona antioqueña de Urabá. Desde entonces podría hablarse del denominado 'Clan Úsuga', que posteriormente se conocería como el Clan del Golfo.

Tras la muerte de su hermano, a manos de la Policía colombiana en 2012, 'Otoniel' ocupó el cargo de máximo cabecilla de nuevo grupo criminal. En su contra existen más de 120 procesos abiertos por toda una serie de crímenes y una circular roja emitida por Interpol por homicidio múltiple agravado, varios tipos de secuestro y concierto para delinquir, recoge El Tiempo.

Las autoridades colombianas ofrecían hasta 3.000 millones de pesos (aproximadamente 794.000 dólares) por información que ayudara a dar con su paradero.

El presidente Duque catalogó a Úsuga como "el narcotraficante más temido de todo el mundo; asesino de policías, de soldados, de líderes sociales, además, reclutador de menores. Asimismo, indicó que era conocido por "abusar de manera recurrente de niños, niñas y adolescentes". 

Duque también recalcó que contra el capo existen ordenes de extradición y aseguró que trabajarán con las autoridades "para lograr este cometido", sin que esto impida que también se pueda hacer justicia sobre el resto de sus crímenes en el país.

Operación 'Osiris'

Desde hace meses el estado de salud del jefe criminal había venido empeorando, por una serie de complicaciones. Según informes de Inteligencia, Úsuga no usaba servicios tecnológicos como celulares, sino que se comunicaba mediante una red de correos humanos, presuntamente por la presión policial.

El general Luis Fernando Navarro, comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, detalló este sábado que llevaban aproximadamente siete años tras el rastro de 'Otoniel', sin embargo, en enero de 2021 "se decidió cambiar los ritmos" y se diseñó una nueva estrategia, para entender de mejor manera a sus estructuras y red de apoyo.

"Fuimos develando los anillos de seguridad, entendiendo de mejor manera los corredores de movilidad y nos fuimos colocando de manera estratégica en el terreno, explicó el alto mando.

El general también resaltó que ya se tenía todo listo para romper la última barrera de seguridad de 'Otoniel', así que reunieron todos los recursos y se lanzó la operación 'Osiris' en la madrugada de este sábado.

Revelaron que la operación se desplegó con más de 500 hombres de las fuerzas especiales del Ejército y la Marina, además de 22 helicópteros de apoyo, con lo cual se logró cercar cualquier escapatoria. Finalmente se logró su captura cerca de las 15:00 (hora local). Durante la ejecución del operativo', también contaron con apoyo satelital por parte de agencias de inteligencia de Estados Unidos y el Reino Unido.

Navarro señaló que 'Otoniel' nunca tuvo oportunidad de encontrarse con sus redes de apoyo, ni de salir del área porque "todos los comandos estaban ubicados de manera estratégica".

Publicado: 24 oct 2021

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Imagen ilustrativa. La sede de la CIA, Langley, Virginia, EE.UU.Jason Reed / Reuters

Según The New York Times, una comunicación interna de la agencia señala que sus oficiales tienden a subestimar la contrainteligencia de otros países, tienen una competencia técnica relativamente baja y confían demasiado en sus informantes.

La Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. (CIA) envió la semana pasada a sus oficinas en otros países una misiva en la que advierte sobre una creciente pérdida de informantes locales, reporta The New York Times al atribuir esa información a varias personas familiarizadas con el asunto.

Según afirma ese medio, el mensaje la agencia de espionaje hace referencia a decenas de colaboradores extranjeros arrestados o incluso asesinados, así como a otros que se ven comprometidos o hasta convertidos en agentes dobles en beneficio de servicios secretos de otros Estados. Al mismo tiempo, destaca lo difícil que es reclutar nuevos informantes.

El problema central en esto, conforme a la misiva, es que los agentes de la CIA subestiman las capacidades de los cuerpos de contrainteligencia de otros países. Asimismo, critica la baja competencia técnica de sus propios oficiales y su excesiva confianza en sus fuentes.

En cuanto a las razones objetivas del desmejorado rendimiento actual de los espías estadounidenses, la agencia señala que se debe a un mayor desarrollo tecnológico de sus rivales. En particular, indica que el uso de escaneos biométricos, reconocimiento facial, inteligencia artificial y 'hackeo' ha facilitado el rastreo de sus agentes fuera de EE.UU.

Publicado: 6 oct 2021 02:57 GMT

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Pine Gap, la base espía de EE.UU. en Australia

Es clave en el pacto de defensa entre Washington, Londres y Canberra

Bajo la apariencia engañosa de monitorear satélites, el país del norte intercepta millones de comunicaciones y facilita información sensible para operar drones con fines bélicos. 

 

Pine Gap se levanta en el corazón desértico de Australia. No es cualquier base, es la base espía más importante de Estados Unidos alrededor del mundo. Edward Snowden hizo más visibles sus propósitos en 2013 cuando la denunció, pero funcionaba desde 1970. Un tratado firmado entre los dos países le dio vida el 9 de diciembre de 1966. Bajo la apariencia engañosa de monitorear satélites, EE.UU. intercepta millones de comunicaciones, facilita información sensible para operar drones con fines bélicos y realiza espionaje en beneficio de intereses propios y de sus aliados desde ahí.

El Pacto AUKUS

Hoy sus instalaciones son un dispositivo clave en el control de una región donde Washington mide fuerzas con China. Acaba de firmar en septiembre pasado la alianza AUKUS (con los gobiernos de Londres y Canberra) que motivó un conflicto internacional con Francia, damnificada de un acuerdo que quedó cancelado para venderles submarinos a los australianos. Ahora, cuándo no, el negocio lo hará el complejo militar-industrial que el expresidente Dwight Eisenhower presentó en sociedad en 1961 en su discurso de despedida. Pasaron sesenta años.

La base de Pine Gap queda a medio camino entre Adelaida al sur y Darwin al norte, rodeada del desierto de Simpson. Un extenso territorio de dunas rojizas, como de película. Extrañas figuras en la roca erosionada por el viento le dan a la zona un semblante lunar, que podría haber inspirado a Ray Bradbury. La CIA controla la infraestructura del lugar que Snowden, su ex contratista, vinculó con la red de espionaje Echelon. La más grande de la historia. Durante décadas Australia y Estados Unidos mantuvieron con incómodo esfuerzo el secretismo sobre sus verdaderos fines. Típica plataforma de vigilancia de la Guerra Fría, nació con el objetivo de espiar el desarrollo nuclear de la ex Unión Soviética y sus aliados.

Cuando el ex primer ministro australiano Gough Witlam insinuó un posible cierre de la base –gobernó entre 1972 y 1975 – terminó depuesto. La renuncia se la pidió el gobernador general y representante de la reina de Inglaterra en Australia, John Kerr, un funcionario de estrecha relación con la CIA. Esa fue la única vez en poco más de 50 años que EEUU corrió el riesgo de quedarse sin Pine Gap. El político laborista estaba amparado legalmente para cerrarla. El convenio firmado en el ‘66 entre ambos países decía que después de nueve años, cualquiera de los dos podía rescindirlo si avisaba un año antes. Pero no pasó y a Witlam le costó su salida.

Una historia de película

La historia de la base fue tratada por Netflix en una miniserie de seis capítulos estrenada en octubre de 2018. La productora australiana Screentime da una idea de cómo funciona Pine Gap, pero no tuvo demasiado suceso. Incluso fue levantada en Vietnam por lo que este país consideró un error geopolítico del guión. Dos veces aparece un mapa que le atribuye a China una zona marítima que está en disputa con su vecino. Los vietnamitas lo tomaron como una ofensa. En los diálogos hay un pasaje crítico a EEUU sobre el control de la base. Se da cuando la subjefa local le dice a su superior: “Los australianos estamos muy acostumbrados a aceptar. En toda la historia de Pine Gap el jefe siempre fue estadounidense”.

Proyecto Rainfall: la historia secreta de Pine Gap es un libro de Tom Gilling basado en documentos desclasificados de Estados Unidos y Australia. Su autor sostiene en el texto la idea de que los ovnis son objeto de estudio para la base. El periodista Alex Salmon escribió sobre la investigación en septiembre de 2019: “Gilling documenta de manera experta la historia secreta de Pine Gap, el secreto que rodea su papel en la máquina de guerra de los EEUU. Y cómo convierte a Australia en un objetivo militar en el caso de futuras guerras imperialistas de Estados Unidos. Si bien no pide explícitamente el cierre de Pine Gap, el libro proporciona evidencia más que suficiente para cerrarla y poner fin a la alianza militar de Australia con los EEUU”.

Lo que muestra la actualidad es bien diferente. AUKUS reforzó la asociación estratégica entre las dos naciones y el Reino Unido. No es la única en la región. Existe además el Quad (Quadrilateral Security Dialogue), una coalición que integran EEUU, Australia, India y Japón en la zona del Indo-Pacífico, un concepto geopolítico relativamente nuevo.

El prestigioso analista de Inteligencia australiano, Desmond Ball, también definió a Pine Gap como “máquina de guerra” en 2014, un par de años antes de su muerte. De aquella base a principios de los ’70 que apenas tenía dos antenas y nació como una instalación de investigación espacial de defensa conjunta -según el tratado firmado en 1966-, se pasó a un complejo con 38 antenas cubiertas por sus respectivos radomos en 2017. Esas estructuras que semejan gigantescas pelotas de golf y las protegen del mal tiempo. Pero no solo crecieron las instalaciones de modo exponencial. También su dotación.

Las primeras familias estadounidenses se instalaron en la zona de Alice Springs, la ciudad más cercana a la base, cuando ésta se abrió. Las tareas secundarias fueron destinadas a australianos, que con el tiempo pasarían a ocupar la mitad de los puestos de trabajo. Desde la Guerra Fría a la etapa posterior a los atentados a las Torres Gemelas, Pine Gap casi duplicó su personal, según Ball. Mimetizados en ese paisaje desértico, algunos agentes de la base se hacían pasar por jardineros. Alice Springs tuvo una alta densidad de ellos. El secretismo el gobierno local contribuyó a que estas habladurías se volvieran frecuentes y hasta aparecieran publicadas en los medios.

Las tierras donde funciona este núcleo de espionaje son consideradas sagradas por los pueblos originarios de la región que fueron desalojados hace décadas. En ellas también proliferan historias sobre avistajes de platos voladores. Nada de lo que ocurre en esta porción del mundo donde la influencia de China resulta notoria, es ajeno a Pine Gap ni a la voracidad informativa de la CIA y la NSA (Agencia Nacional de Seguridad de EEUU). Si Estados Unidos tenía 686 bases militares fuera de su territorio en 2015 – cifra que ahora algunos informes elevan a casi un millar -, la que opera desde el centro de Australia es su Big Brother. Las guerras que libró Washington basadas en su credo selectivo contra el terrorismo abarcaron la ex Yugoslavia, Libia, Irak, Afganistán y Siria. Todos países que quedaron destruidos por los bombardeos indiscriminados. Hoy son reemplazados por drones con los que se cometen ataques quirúrgicos que tampoco evitan los llamados daños colaterales contra civiles indefensos. Para eso EE.UU. necesita seguir espiando y Pine Gap es su músculo vital.

4 de octubre de 2021

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