Represión y venta de datos: el espía en tu móvil

Las grandes empresas y los Estados han desarrollado diversas técnicas de espionaje a través de los teléfonos móviles. Los datos obtenidos son utilizados para fines comerciales o represivos.

 

Vigilancia y espionaje son las dos caras de una moneda. La moneda es el software imbricado en las vértebras de tu dispositivo digital. La cara es la vigilancia masiva y acumulación de datos para elaborar perfiles comerciales y segmentar publicidad, por ejemplo, para recomendarte la música que no sabías que querías escuchar. La cruz es el acceso total a todos los resquicios de tu vida para tenerte bajo el punto de mira, desacreditarte públicamente, encarcelarte o matarte si hace falta.

“Nos hemos acostumbrado acá en México, pero nos han intervenido a 15.000 personas en todo el mundo, es una barbaridad, es monstruoso”, dice el periodista mexicano Ignacio Rodríguez Reyna, una de esas personas espiadas. El informe publicado por Forbidden Stories en colaboración con Amnistía Internacional y otros medios revela que gobiernos de todo el mundo contrataron el software Pegasus a la empresa israelí NSO Group para espiar a activistas, periodistas, disidentes políticos o defensores de derechos humanos en países como México, Marruecos o Arabia Saudí. Con todo, la empresa israelí dice que se dedica a hacer del mundo “un lugar mejor”.

Vulnerabilidades en tu móvil

Cada vez a más gente le resulta familiar la siguiente conversación: “Ayer hablamos de estas zapatillas y hoy me han salido en Instagram. Estoy segura de que el móvil me espía”. Pero, de todo lo que decimos, ¿qué espían exactamente las plataformas? Juan Tapiador es investigador y profesor de seguridad informática en la Universidad Carlos III de Madrid y hace unos años publicó junto con otros colegas un estudio titulado An Analysis of Pre-installed Android Software (Un análisis del software preinstalado de Android), en 2019. Buscaban confirmar mediante métodos científicos esa “evidencia anecdótica” que tenía cada vez más gente respecto a sus teléfonos móviles. El grupo de investigación desarrolló una aplicación que distribuyó a través de contactos y redes sociales. La aplicación, Firmware Scanner, le hacía una foto a todo aquello que viniese preinstalado en los teléfonos Android. Su sospecha era que muchas aplicaciones preinstaladas en dichos teléfonos extraían datos de los usuarios y usuarias. A través de contactos y redes sociales, consiguieron que muchísima gente se descargase Firmware Scanner y recogieron cientos de miles de fotografías de las tripas de los teléfonos. “Nos encontramos una confirmación a una escala inusitada, de cosas que eran más o menos conocidas, pero no hasta ese nivel”, afirma Tapiador. La vigilancia era masiva.

Tapiador explica que en la cadena de suministro intervienen muchos agentes: el que fabrica los circuitos, el que los integra, el que mete la cámara o el que introduce el micrófono, por mencionar algunos. “Lo que conocemos como fabricantes, la marca que te vende el dispositivo, en realidad son integradores, y su papel es ensamblar las partes previamente fabricadas por subcontratas”, afirma el informático. La cadena no atañe solo al hardware, sino que continúa hasta los operadores telefónicos, que también manipulan los teléfonos móviles e implementan aplicaciones de software cuya finalidad es conseguir datos de los usuarios. “En todo ese proceso como parte del esquema de monetización, que es pervasivo en internet y que tiene que ver con la recolección de datos, están presentes muchísimos agentes que introducen componentes software”, afirma el investigador. En la cadena de ensamblaje de los teléfonos, no se sabe qué agente introduce qué software. No hay ninguna trazabilidad y ninguna regulación que les obligue a informar sobre ello. 

Las motivaciones son diversas, pero principalmente suelen atender a dos principios: conseguir una predominancia del mercado, como es el ejemplo de Facebook, que lo que quiere es estar presente en todos los teléfonos posibles y monetizar los datos de los usuarios, o lo que es lo mismo, obtener telemetría del dispositivo para luego vender esa información. Muchas de estas aplicaciones preinstaladas son las que ofrecen puertas traseras abiertas o vulnerabilidades por las que pueden entrar muy fácilmente softwares como Pegasus.

Realizando una mínima interacción como coger una llamada o hacer un clic en un enlace, la puerta trasera del teléfono se abre sin que nos enteremos. Aunque el software destinado al espionaje es distinto al que usan las empresas para recopilar datos, son estas funcionalidades de base las que permiten que el espionaje sea tan sencillo. Según el análisis forense de Amnistía Internacional, en el caso de los iPhone 11 y 12 el virus se propagaba a través del envío de un simple mensaje sin necesidad de hacer ningún clic.

“Yo ya me había dado cuenta en 2017 de que mi teléfono estaba intervenido y dejé de usarlo, pero lo guardé. Cuando me contactaron en 2020 desde Forbidden Stories les doné mi móvil para que hicieran el trabajo forense para su investigación. Desde aquel entonces trato de ser más cuidadoso, uso correos encriptados y aplicaciones seguras, pero la verdad es que hay tal vulnerabilidad que de una manera u otra van a conseguirlo”, relata Rodríguez Reyna. “No solamente tuvieron acceso a todas mis conversaciones, contactos, correos, anotaciones o a las fotos que tomé, pudieron encender mi cámara o mi micrófono en mis situaciones íntimas y personales. Tienen un acceso al control de mi dispositivo en tiempo real. Esto no solo nos coloca en riesgo a nosotros, coloca en riesgo físico a nuestras fuentes. Coloca en la indefensión y susceptibilidad de ser chantajeados por actos de nuestra vida privada que nos ridiculicen o nos quiten credibilidad o cualquier asomo de dignidad”, añade.

Y qué más me da si yo no soy nadie

“Las empresas no están interesadas en las fotografías de tus gatitos ni en las conversaciones ni en los mensajes, eso no sucede”, informa Tapiador, “pero los metadatos son muy buenos predictores de los comportamientos”. La información que recogen las aplicaciones móviles es muy valiosa para luego cruzarla con la navegación web y construir perfiles que durante muchos años se han venido utilizando para dar servicios de publicidad dirigida. “Esta es la gasolina que ha movido internet durante la última década y algo”, afirma este investigador en seguridad informática.

En julio de 2020, los nombres de NSO Group y Pegasus volvieron a llenar los medios nacionales  gracias al estudio del instituto de ciberseguridad de la Universidad de Toronto, el Citizen Lab, que publicó que diversas figuras públicas del independentismo catalán como Roger Torrent —entonces president del Parlament— fueron espiadas por Pegasus. A pesar de que el Gobierno, a través del CNI y de los Ministerios de Interior y Defensa, negó rotundamente estar involucrado, la empresa NSO Groups ha manifestado que los únicos clientes de su producto estrella de espionaje son gobiernos. Un extrabajador afirmó que España llevaba siendo cliente de NSO Groups desde 2015.

“En el caso del espionaje sí les interesan tus fotos de gatitos”, bromea Tapiador haciendo alusión a la última megafiltración de 15.000 personas espiadas. “El caso de NSO Group y Pegasus es un animal totalmente distinto [a la vigilancia comercial]. Son empresas que trabajan con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado porque los países tienen una necesidad de monitorizar los dispositivos de lo que ellos consideran objetivos”, comenta Tapiador.

Virginia Álvarez es responsable de investigación y política interior en Amnistía Internacional. “La empresa decía que el software solo se utilizaba para ciberterrorismo, para localizar delincuentes, pero Amnistía ha empezado a tener información de que este software se estaba utilizando para cometer violaciones de derechos humanos y la intromisión al derecho a la intimidad es un delito”, nos recuerda la activista y portavoz de Amnistía Internacional España.

Rodríguez Reyna es uno de los fundadores de 5º Elemento Lab, una organización que se dedica al periodismo de investigación. Tres de sus miembros fueron infectados por Pegasus. “Cuando nos empezaron a vigilar estábamos trabajando en la ramificación mexicana de la trama de corrupción Odebrecht”, cuenta. Esta es una de las mayores tramas de corrupción de la historia reciente de América Latina y tiene como centro de operaciones a la constructora brasileña Odebrecht, que ha realizado sobornos a figuras importantes de 12 gobiernos del continente. “Nosotros señalamos a Emilio Lozoya, figura cercana a Peña Nieto [expresidente mexicano], consejero de OHL en México, como la puerta de entrada de la constructora brasileña al país a través de sobornos. Además, una compañera nuestra estaba creando el primer mapa de las 2.000 fosas clandestinas de personas asesinadas y desaparecidas por el Estado”, relata. Según datos oficiales, se cifran en 80.000 las desaparecidas en los últimos 15 años en México.

Cecilio Pineda es un periodista mexicano que fue asesinado a los pocos días de que Pegasus entrase en su móvil. Según The Guardian, a pesar de que no hay pruebas vinculantes, la hipótesis principal señala que se usó el virus para localizarlo. Otro caso conocido en México fue el de uno de los asesores legales en la lucha por esclarecer el crimen de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Su teléfono fue intervenido, se sacó una frase de contexto y se difundió en redes a través de cuentas falsas haciendo creer que había traicionado al movimiento, lo cual provocó una fractura real en el mismo.

La industria global de vigilancia y espionaje

“Es toda una industria la que hay detrás de esto. Siento que estamos ante una indefensión casi absoluta y es algo terrible”, reflexiona Reyna. El coste de infectar un teléfono en México, según los datos publicados, sería de alrededor de 64.000 dólares, y el Gobierno se gastó 32 millones en espiar a 500 personas de interés. Un amplio número de especialistas considera que es necesaria más regulación para controlar el acceso a los dispositivos tecnológicos, especialmente los teléfonos. Ya sea en el ámbito de la vigilancia y el acceso a metadatos, ya sea en el caso del espionaje y el acceso a datos.

Tapiador afirma que no hay una regulación que obligue a decir qué proveedor de la cadena de suministro introduce software en los dispositivos móviles. “Un problema de este mundo del databrokering es que es muy oscuro, no es nada transparente”, advierte. Para las leyes de protección de datos de usuarios la transparencia es muy importante, saber qué datos se recopilan y con qué fines, y “en los casos de las aplicaciones de software preinstaladas, no existe”, sentencia el investigador.

Virginia Álvarez afirma que existe una falta de control absoluta. “Mientras no haya un marco regulador que no evite el mal uso del software de espionaje, Amnistía seguirá pidiendo su no comercialización”. Dario Castañé, del Partido Pirata de Catalunya, considera que “habría que establecer una prohibición a la compra y venta de software para espionaje, así como revertir y anular toda iniciativa que vaya a minar la confidencialidad de las conversaciones, ya sea mediante filtros de subida, control de mensajes o puertas traseras en los algoritmos de cifrado”.

Sin embargo, cuando hablamos de espionaje, se cruzan los intereses geopolíticos de los Estados en la propia regulación. Desde NSO han manifestado que la publicación “es tendenciosa y tiene una clara motivación comercial y que, en cualquier caso, no ha sido la empresa la que ha hecho uso del software”. No deja de ser interesante, tal y como señala un artículo del Financial Times, que los países clientes de NSO como Emiratos Árabes o Arabia Saudí son aliados recientes con los que han crecido las relaciones con Israel. Países como Hungría, India o Ruanda aparecen también en el informe, en momentos en los que el ex primer ministro, Benjamin Netanyahu, buscaba alianzas con líderes ultraderechistas en estos países.

En su informe Operando desde las sombras, publicado a principios de julio, Amnistía Internacional sostiene que existe toda una industria de empresas dedicadas al espionaje. Otras de las empresas que fueron contratadas por el Gobierno de México son Hacking Team (Italia) o Rayzone Group (Israel). También podemos encontrar a empresas vinculadas a grandes controversias como Clearview AI, envuelta en un escándalo por almacenar millones de fotos de redes sociales. O Palantir, la máquina de espiar de Silicon Valley relacionada con varias operaciones al margen de la legalidad. Todas ellas son compañías multimillonarias. Según el informe de Amnistía, el campo de juego de los productos de espionaje ha venido delimitado por las decisiones de diferentes Estados que han permitido autorizaciones legales que se saltan los derechos humanos básicos para poder aplicarlas tanto fuera como dentro de sus territorios.

No obstante, hay que tener en cuenta que la tecnología que lo permite está en manos de dichas compañías. “Es el momento de detenernos y preguntarnos qué está pasando. Estamos ante un monstruo tecnológico que tiene muchos brazos, una dictadura o dictablanda capaz de mover el poder en cualquier lugar del planeta”, reflexiona Rodríguez Reyna.

Genoveva López / Álvaro Lorite

@genolomo

Álvaro Lorite

@lorojuntaletras

7 ago 2021 06:00

Publicado enSociedad
Miércoles, 04 Agosto 2021 06:13

Haití: la trama internacional del magnicidio

Juvenel Moïse, el presidente de Haití asesinado el pasado 7 de julio, en un encuentro entre jefes de Estado del Caribe y Donald Trump en 2019. Foto: Gobierno Danilo Medina

El caso Moïse ha adquirido una gran relevancia internacional. Antes de haber transcurrido la primera semana desde el atentado, ya aparecen implicados ciudadanos e instituciones de cinco países: Colombia, Venezuela, Estados Unidos, República Dominicana y Taiwan.

Eduardo Giordano

4 ago 2021 07:07

El asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse el pasado 7 de julio, ejecutado por comandos de mercenarios extranjeros, sacudió bruscamente a todo el mundo, provocando una inmensa ola de repudio. Acaso por primera vez tras el terremoto de 2010, Haití volvía a ocupar las portadas de los informativos. El ataque contra la residencia presidencial, llevado a cabo por un grupo paramilitar integrado por 26 colombianos y cinco estadounidenses de origen haitiano, contratados por una empresa de seguridad de Miami vinculada al exilio venezolano y colombiano, ha encendido todas las alarmas de la comunidad internacional.

Evoquemos los hechos. Los comandos de ex militares colombianos ingresaron a la residencia presidencial con chalecos de la DEA y gritando que eran funcionarios de la agencia antinarcóticos de Estados Unidos. Intimidados por sus amenazas de disparar, los responsables de seguridad del presidente se replegaron sin oponer resistencia ni intercambiar disparos. Jovenel Moïse fue asesinado con visible ensañamiento, tenía varios huesos fracturados, un ojo arrancado y recibió más de diez disparos en distintas partes del cuerpo. La esposa del presidente fue herida en las extremidades y trasladada inmediatamente a Miami. Antes de huir, los asaltantes sustrajeron varios objetos de valor que encontraron a su alcance. Extrañamente, Martine Moïse, la viuda del presidente, manifestó cuatro días después desde Estados Unidos su intención de continuar la “batalla” de su marido, y a su regreso declaró que sólo había podido ver las botas de los sicarios que lo acribillaron.

El presidente haitiano no tenía una amplia base social ni demasiados partidarios en su apoyo. Empresario rural y ex secretario general de la Cámara de Comercio e Industria de Haití, Jovenel Moïse se presentó en 2016 como candidato del partido de derecha Tet Kale, enfrentado ideológicamente a la corriente de centroizquierda que lidera Jean-Charles Moïse (Pitit Desalin), próxima al ex presidente Jean-Bertrand Aristide, derrocado en dos ocasiones a instancias de Estados Unidos. El partido Tet Kale venía gobernando el país con candidatos del agrado del Departamento de Estado desde el terremoto de 2010 y la posterior intervención de la ONU liderada por Washington. El predecesor de Jovenel Moïse, Michel Martelly, fundador de ese partido político, fue elegido fraudulentamente en 2010 bajo presiones de la OEA y de Estados Unidos, que forzaron su paso a la segunda vuelta a pesar de haber quedado en tercer lugar, para bloquear la participación del líder izquierdista Jude Celestin, que había obtenido un mejor resultado.

Una situación similar se produjo en las elecciones de 2016. Tras denuncias de fraude que llevaron a repetir las elecciones un año más tarde, Moïse fue elegido con una representatividad muy baja, y su gestión estuvo caracterizada por múltiples conflictos con la oposición, entre otras razones por no haber convocado elecciones legislativas para renovar el Congreso. Al final de su mandato el Senado solo contaba con diez de sus miembros y la Corte Suprema estaba descabezada.

Moïse gobernó el país con rigor y talante autoritario. Durante su gobierno se produjeron estallidos sociales que reprimió sin compasión, y hubo un descomunal despliegue de las bandas criminales que de forma creciente aterrorizan a la población de la capital y el interior del país. El presidente Jovenel Moïse fomentó la expansión de las pandillas, que durante el último año secuestraron a más de mil personas, principalmente en barrios populares y zonas marginales, para exigir rescates millonarios a los familiares, según ha informado la organización de derechos humanos haitiana Défenseurs Plus.

A mediados de 2020, nueve pandillas de la capital crearon una federación conocida como G9, dirigida por Jimmy Cherizier, alias Barbecue, “un expolicía que fue retirado de esa institución en diciembre del 2018, bajo graves acusaciones de violaciones de derechos humanos”. La impunidad con la que actúan ha forzado la salida de la ONG Médicos sin Fronteras de Martissant, un barrio de Puerto Príncipe abandonado por las autoridades y convertido en zona de guerra desde hace dos meses. Además, estas pandillas suelen perpetrar masacres en los barrios de mayoría política opositora para acallar las protestas, tienen comunicación fluida con los jefes de la policía y se ofrecieron como garantes de una victoria fraudulenta de Moïse en las elecciones.

Por otra parte, desde febrero de 2021, el propio Jovenel Moïse se sentía amenazado, evitaba salir de su residencia y denunció que se fraguaba un atentado en su contra. Acusó como inductores a un importante grupo empresarial que controla el monopolio de la electricidad y a la “oligarquía corrupta”, de la que él mismo formó parte, acusado de haber dilapidado en beneficio propio los ingresos de Petrocaribe, la compañía impulsada por Venezuela para abastecer de petróleo subsidiado a los países caribeños. En febrero de 2019 una auditoría del Tribunal de Cuentas reveló irregularidades entre 2008 y 2016 que comprometen a 15 ex ministros y funcionarios, así como a una empresa que dirigía Jovenel Moïse antes de convertirse en presidente. Paradójicamente, su alineamiento con Donald Trump lo convirtió a su vez en un acérrimo enemigo político de Venezuela. Al conocerse esos hechos, la población de Haití estalló enfurecida ocupando las calles y exigió su renuncia. Previamente, en 2018, una manifestación de cientos de miles de personas ya había reclamado su destitución.

El asesinato de Moïse tiene todos los ingredientes de una novela de espionaje, con poderes mafiosos y acción política; dicho esto sin intención de banalizar la situación del país, que por supuesto no es ficticia sino muy real y dramática. La intriga principal de esta trama es el móvil: quién podría haber querido asesinarlo faltando apenas tres meses para las elecciones legislativas y presidenciales del 26 de septiembre, y por qué, cuando él mismo había anticipado que no se presentaría como candidato y la Constitución le prohibía un segundo mandato consecutivo.

Militares colombianos en la industria del crimen

El gobierno del presidente colombiano Iván Duque, en gran parte desbordado por la situación política interna tras más de dos meses de Paro Nacional, condenó el brutal atentado y se vio obligado a colaborar con la policía de Haití. El jefe de la policía colombiana confirmó que los 26 mercenarios de esa nacionalidad habían pertenecido al Ejército, del cual se retiraron entre 2018 y 2020. Entre ellos había varios oficiales y suboficiales, y se supo que al menos siete mercenarios sabían cuál sería el desenlace final de la operación. La esposa de uno de los ex militares capturados declaró que a su marido le pagaban 2.700 dólares mensuales y que había sido contratado como vigilante. Se trata de Fancisco Eladio Uribe, quien dejó el ejército colombiano en 2019 y está implicado en una investigación por ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos.

En esta clase de operaciones internacionales es cada vez más frecuente contratar personal militar reciclado para ejecutar operaciones especiales que no quieren acometer directamente los estados. El gobierno de George W. Bush contrató ejércitos privados para hacer parte del trabajo sucio durante la guerra de Irak, y muchos de ellos quedaron envueltos en casos de masacres y torturas. Por las mismas fechas se desplegó también el Plan Colombia, por el cual Estados Unidos envió asesores militares y empresas de seguridad privada para entrenar al Ejército colombiano. Durante la última década, el fenómeno de la “seguridad privada” como tapadera del reclutamiento de mercenarios floreció en Maimi, con Colombia como principal cantera de ex militares, y las mismas empresas que formaron a esos comandos con técnicas de contrainsurgencia de la CIA empezaron a reclutarlos como mercenarios para realizar operaciones terroristas en el exterior. El negocio de la seguridad privada con caladero en Colombia prosperó y rápidamente se internacionalizó, ya que contratar mercenarios norteamericanos o europeos resulta mucho más caro.

Altos mandos del Ejército colombiano expresaron su preocupación por la imagen de la institución en el mundo, ya muy degradada por su historial represivo y de masacres en el interior del país. Entre ellos, el general Jaime Alfonso Lasprilla, ex comandante del Ejército, afirmó que cuando los militares dejan las fuerzas armadas, “si incurren en hechos al margen de la ley no se los pueden achacar a las fuerzas”, añadiendo que “uno asocia estos hechos a los temas de desempleo en el país, y el crimen es una industria que ha venido creciendo y desafortunadamente busca a estas personas”.

En contrapunto, el general (r) William Salamanca aseguró que “cuando uno deja la institución es dueño de sus actuaciones, y aquí es importante que la comunidad nacional e internacional sepa que ellos ya gozaban de su escenario del retiro”. En su opinión, llegado este momento el único compromiso del Ejército es pagar su jubilación. Una pensión que a algunos ex militares les parecerá insuficiente, ya que muchos de ellos se reciclan en el mercado de los servicios sicariales o la “industria del crimen”, que tienen por pantalla empresas legales de seguridad privada estrechamente vinculadas a la extrema derecha y los servicios de inteligencia.

En sus declaraciones a la policía haitiana, algunos mercenarios dijeron haber sido contratados por Christian Emmanuel Sanon, un pastor evangélico haitiano residente en Florida que diez años atrás lanzó una fantasmagórica propuesta de “Liderazgo para Haití” a través de una breve intervención en Youtube, con un video en inglés titulado “La corrupción en la política” en el que se postula para gobernar Haití. Después de esta fugaz aparición, solo se sabe que se declaró en quiebra en 2013 y que dado su nivel de ingresos, nunca podría haber financiado la operación. El costo de la operación, estimado en unos 30 millones de dólares, es otro elemento a favor de la hipótesis de un golpe inducido.

En el primer relato policial de los hechos, Christian Sanon se habría desplazado un mes antes a Haití con la agenda política de derrocar a Jovenel Moïse y asumir la presidencia del país. Según confesó Sanon a una persona de su confianza, citada por la agencia AP, habría sido contactado por agentes de los departamentos de Estado y de Justicia de Estados Unidos para embarcarlo en la aventura, ofreciéndole la presidencia de Haití como recompensa, tras una operación que en principio sería incruenta porque sólo debía consistir en arrestar a Jovenel Moïse.

Además de Sanon, en la trama interna estaría implicado al ex senador John Joel Joseph, quien habría facilitado las armas a los sicarios, y un ex funcionario del Ministerio de Justicia, Joseph Felix Badio, a quien la policía de Colombia acusa —sin pruebas contundentes, solo por declaraciones de sicarios— de haber dado la orden de asesinar al presidente de Haití. El ministro de Elecciones de Haití, Mathias Pierre, declaró sin embargo a CNN que Badio “efectivamente está en el centro del asesinato, pero creemos que trabaja para peces gordos. Los autores intelectuales son más grandes. Quién financió la operación sigue siendo la gran incógnita”.

La empresa que contrató a los mercenarios, CTU Services (Counter Terrorist Unit Federal Academy), registrada en Doral Beach (Miami), es propiedad del opositor venezonalo Antonio Intriago, muy próximo al autoproclamado 'presidente' de Venezuela Juan Guaidó. Intriago se jacta de haber pertenecido a la oficialidad de la policía venezolana y de “tener vínculos o haber trabajado directamente para agencias de inteligencia de Estados Unidos”. Su compañía vende servicios, cursos de formación y armamento a personal de seguridad de países latinoamericanos. Y es una más de las que actúan desde Florida en operaciones políticas tenebrosas, amparadas en una legislación muy permisiva, a veces en concomitancia con los organismos de seguridad estadounidenses.

Por otra parte, el medio digital venezolano La Tabla reveló que Intriago “es miembro y tesorero de la Fundación Latino Americanos Unidos, organización de derecha con amplia presencia política, social y mediática en toda Florida” y “forma parte de una cofradía llamada ‘Hombres de la Guerra Crisol’. Es una especie de hermandad de participantes de un programa bélico y filosófico de formación de ‘guerreros’ entrenados por exagentes de Navy Seals, Comandantes SWAT, emprendedores Élite y expertos en artes marciales”.

El principal socio del venezolano Intriago en CTU Services es Gabriel Pérez, ex militar colombiano e informante de la DEA reconvertido en empresario experto en seguridad, conocido en círculos de Miami como Arcángel Pretelt. Los ex militares colombianos que actuaron como jefes de los comandos lo conocen desde hace al menos diez años, cuando los capacitó en Cali en métodos de lucha contra el narcotráfico en el marco del Plan Colombia, y mantienen contacto con él desde entonces.

El periódico El Nuevo Herald de Miami recuerda en su edición del pasado 10 de julio que “un golpe fallido en mayo de 2020 en Venezuela involucró de manera similar a hombres de seguridad contratados en Florida”, refiriéndose a la operación Gedeón, patrocinada por Estados Unidos para sabotear Venezuela y derrocar a Nicolás Maduro, a la que también optó sin éxito la empresa de Intriago. El periódico estadounidense concluye: “Miami y el enclave de Doral se han convertido en una especie de taberna de Star Wars para los aspirantes a libertadores y guerreros a sueldo”.

A su vez en la prensa colombiana aparecen los nexos entre Antonio Intriago, el “reclutador de militares-sicarios colombianos”, con el presidente Iván Duque, con quien organizó en 2019 el macroconcierto de Cúcuta contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Intriago, propietario de la marca organizadora “Venezuela somos todos”, se reunió en diversas ocasiones con el presidente de Colombia, previamente durante su campaña electoral y después en ese concierto internacional patrocinado por el gobierno de Estados Unidos, en presencia de la estrella fugaz Juan Guaidó.

El director del Cerac, Jorge Restrepo, constata por su parte que “el crimen organizado en Colombia ha adquirido, unas dimensiones formidables y tiene un alcance de desestabilización regional que no habíamos sospechado”. A diferencia de los ex oficiales citados, Restrepo advierte  de “la necesidad de adoptar medidas drásticas en un esfuerzo para prevenir la creación de grupos de mercenarios por parte de militares y de policías en retiro del servicio activo”.

La periodista colombiana María Jimena Duzán completa este análisis: “Muchos de los militares que fueron entrenados bajo el Plan Colombia, la estrategia de Washington para ganar la guerra contra las drogas y contra las guerrillas de izquierda, se están retirando a la edad de 40 años luego de haber prestado 20 años de servicio. Eso ha ido creando un mercado de mercenarios de bajo precio que parecen estar dispuestos a todo. Se estima que hay cerca de 6.000 mercenarios colombianos en el Medio Oriente, unos cuantos han montado compañías de seguridad y otros han terminado prestando sus servicios para secuestrar y/o asesinar a presidentes. Así de simple”.

La trama basada en Colombia no se agota en la aportación de los ex militares que actuaron como mercenarios en la ejecución del crimen de estado. El jefe de seguridad del Palacio presidencial del presidente haitiano, Dimitri Herard, viajó siete veces a Colombia desde el 19 de enero de este año. En el vuelo del 6 de mayo, de regreso desde Bogotá a República Dominicana, coincidió con los jefes de los mercenarios colombianos contratados para cometer el magnicidio. Incluso llegó a mantener una reunión ese día en Santo Domingo con al menos dos ex sargentos integrantes del grupo, Duberney Capador y John Jairo Ramírez, según reveló Interpol Colombia. Meses antes Capador había creado un grupo de whatsapp para ofertar trabajo a ex militares colombianos indicando que se trataba de “prestar la seguridad del presidente del país”. Este actor clave fue abatido por la policía haitiana después del magnicidio.

Según la policía colombiana, en la planeación y organización del ataque también habría participado el ex capitán del Ejército colombiano Germán Rivera, quien sí ha facilitado información sobre los autores intelectuales del crimen. En sus declaraciones a la policía aseguró que hubo reuniones previas a la operación donde se planificó el relevo presidencial, y que “el programa de gobierno lo hizo todo [el empresario colombiano] Gabriel [Pérez] porque Sanon no tenía ni idea”. Gabriel, el ya citado Arcángel Pretel, habría digitado y financiado el cambio de régimen a cambio de asegurarse millonarios contratos con el nuevo gobierno haitiano que esperaba imponer por la fuerza y es ahora la persona más buscada del hemisferio.

Por su parte el jefe de seguridad de la residencia presidencial, Dimitri Hérard, con antecedentes de narcotráfico en los registros de la DEA, declinó declarar ante la Fiscalía de Haití a los pocos días del magnicidio y se ordenó su captura. También quedó detenido por negarse a declarar Jean Laguel, el coordinador de seguridad del presidente. Añadiendo más intriga a esta historia, si cabe, pocos días después del atentado se supo que varios de los ex militares colombianos que intervinieron en la misión delictiva son confidentes de la DEA —que lo admitió en un comunicado —y del FBI. Así pues, todo cobra un giro inesperado cuando el jefe de la Policía de Colombia ‘revela’ que el comando paramilitar pretendía en realidad 'retener' al presidente Jovenel Moïse para entregarlo a la DEA.

Tres de los colombianos detenidos habrían implicado además al primer ministro Claude Joseph en la planeación del asesinato, extremo rechazado por el jefe de la policía haitiana, que está bajo su control. Algunos medios de comunicación colombianos, en cambio, como la emisora Caracol, aseguran que el FBI no descarta esa posibilidad. El móvil en este caso saltaría a la vista. El presidente Jovenel Moïse acababa de sustituir a Joseph designando un nuevo primer ministro, Ariel Henry, ex ministro del Interior de talante supuestamente aperturista con la oposición, rechazado por las élites derechistas del Tet Kale. El momento del crimen podría haber sido perfectamente calculado para que Henry no llegase a jurar el cargo.

Cabe preguntarse finalmente si la policía de Estados Unidos no debería estar bien informada por sus confidentes de quién actuó como cerebro de la operación. Según opinión generalizada entre muchos haitianos, en el país nada se mueve sin que lo sepa Estados Unidos. ¿Cómo podrían ignorar sus servicios de inteligencia que se estaba gestando un hecho de esa magnitud, con semejantes ramificaciones internacionales? Una explicación hipotética sería que el FBI o la DEA no podrían saber a priori los planes de otras agencias de inteligencia estadounidenses, pongamos por caso la CIA, que pudieran haber estado interesadas en conectar los movimientos de Christian Sanon, Antonio Intriago, Arcángel Pretel, Duberney Capador, Germán Rivera, Dimitri Herard y eventualmente Claude Joseph, entre muchos otros, para conseguir la sustitución del autócrata ya desgastado por otro gobernante del agrado de Washington.

El colapso planificado del Estado

Las principales medidas que adoptó el primer ministro Claude Joseph tras la muerte del presidente Moïse fueron tres: autoproclamarse primer ministro (en lugar del nuevo primer ministro elegido por el presidente días antes, que no había llegado a jurar el cargo), declarar el estado de sitio y solicitar el envío de tropas estadounidenses y de la ONU para mantener el control interno. También requirió la colaboración del FBI para investigar y esclarecer los hechos. Varios agentes de ese organismo y de la DEA se desplazaron inmediatamente al país caribeño, del mismo modo que ya desembarcaron en Haití oficiales de inteligencia del Ejército y la policía de Colombia a fin de colaborar con el gobierno haitiano.

El caso Moïse ha adquirido una gran relevancia internacional. Antes de haber transcurrido la primera semana desde el atentado, ya aparecen implicados ciudadanos e instituciones de cinco países: Colombia, Venezuela, Estados Unidos, República Dominicana (como país facilitador del tránsito de personas y armas) y Taiwan (en cuya embajada se refugiaron 11 de los mercenarios detenidos). Además, la policía colombiana investigó las frecuentes escalas en Ecuador y Panamá de algunos ex militares en sus viajes entre Colombia y República Dominicana. Se atribuye al ecuatoriano Walter Veintemilla la financiación de los pasajes de los mercenarios. Además, la conexión ecuatoriana aparece también con el jefe de seguridad presidencial, Gerard Hérard, quien se formó en 2012 en una Academia Militar de Ecuador y “se movilizaba por el mundo con una cédula de identidad de Ecuador legítimamente obtenida”, según aseguró el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso.

Como bien señala el periódico haitiano Le Nouvelliste en su editorial del 12 de julio, “el caso Moïse es complicado porque están implicados varios países y cada país querrá proteger su imagen, a sus ciudadanos y sus intereses”.

Un duro pronunciamiento del Colegio de Abogados de Puerto Príncipe muestra el ánimo de los letrados haitianos. Afirman que se trata “de unas prácticas infra-estatales que ilustran el nivel de colapso planificado del Estado mismo”. Para esta entidad, se trataría de un signo de decadencia que pondría de manifiesto la claudicación del Estado ante fuerzas ajenas a sus intereses. Algunos miembros del poder judicial que investigan el asesinato del presidente recibieron amenazas de muerte y pidieron protección especial.

Con todo, no pocos activistas haitianos se oponen a la narrativa del caos como estado permanente (y actual) de su sociedad, ya que esta mirada a la que consideran sesgada es lo que permitiría que el país sea ocupado militarmente de forma continuada por tropas estadounidenses y/o internacionales. Además de los tremendos atropellos reportados durante las prolongadas estadías de militares extranjeros en el país, como los abusos sexuales denunciados contra niñas por cascos azules de la ONU, con más de 2.000 casos documentados entre 2004 y 2017, o la propagación de epidemias de cólera, hay entre los haitianos clara conciencia de que cualquier intervención exterior en tiempo de elecciones solo puede servir para consagrar a un nuevo gobierno derechista en el poder. La retirada de la misión de la ONU (MINUSTAH ) no significó el final de su influencia en Haiti, ya que desde 2017 mantiene una misión civil con un componente policial, que le permite conservar su influencia en la política interna haitiana.

La trama del asesinato presidencial se complica a diario. Los países occidentales, encabezados por la diplomática estadounidense Helen La Lime, representante de la ONU en Haití —conocida en medios populares como la 'reina de Haití'—, permitieron que el primier ministro Claude Joseph continuara a cargo del Ejecutivo, contrariando lo dispuesto por el presidente Moïse, quien ya había designado para ese puesto a su ministro de Defensa Ariel Henry. Al difundirse las sospechas de que Joseph podía estar involucrado en el golpe, Estados Unidos y el llamado core group (Francia, España, Canadá, Brasil, la UE y la OEA) decidieron inclinar la balanza a favor de Henry, quien asumió como primer ministro a los trece días de la muerte de Moïse. En un nuevo enroque de poder, Joseph volverá a ocupar el ministerio de Exteriores.

El nuevo jefe de gobierno forma parte del establishment político de Haití que domina el país desde el golpe contra Aristide de 2004 y que él mismo promovió. A la caída de Aristide, Henry formó parte del ‘Consejo de Sabios’ nombrado para sustituirlo, que impuso un regimen dictatorial y sanguinario. Tras el terremoto de 2010 ejerció como ministro de Trabajo y Asuntos Sociales del gabinete de Michel Martelly y después como ministro del Interior de Jovenel Moïse. Su principal misión como primer ministro sería ahora asegurar la celebración de las elecciones, aunque el día de su investidura dejó sin concretar la fecha en que se celebrarían.

Toda esta estructura internacional paternalista destinada a monitorear la democracia en Haití es un gran lastre para el pequeño país y no aporta ninguna ayuda real. Así lo advierten algunos analistas haitianos, como por ejemplo el periodista Daly Valet, director de Radio Trans Inter, quien afirma en un tuit en francés: “Estados Unidos y ese cartel internacional llamado Core Group deben dejar de tomar a Haití como su posesión de hecho y de derecho. Deben dejar de tomarse por el pueblo haitiano, su Constitución y nuestra Corte Suprema. Los haitianos deben hacer cuerpo contra este Core Group.”

Esta es la temperatura política del país antillano, al que acaba de llegar el ex presidente Aristide, recuperado de la covid-19 tras haber pasado algunas semanas en Cuba. Sin ambiciones presidenciales, su presencia seguramente agitará la campaña de los sectores populares que siguen identificándose con el ex sacerdote salesiano de orientación socialdemócrata y su partido Familia Lavalas. Mientras tanto, en la sociedad haitiana crece el rechazo a la presencia militar extranjera solicitada por sus élites, tras una larga historia de secuestro de la democracia por poderosos intereses foráneos.

En este contexto, una nota editorial del diarioLe Nouvellisteinsta al primer ministro Henry a entablar un amplio diálogo con la oposición, y advierte que si los haitianos no consiguen encontrar un consenso para dirigir el país, “el campo queda libre a la comunidad internacional para imponer su solución. Una apuesta arriesgada cuando se hace balance de las intervenciones extranjeras en Haití desde el golpe de Estado de 1991”.

Hace ahora 30 años Haití pudo haberse convertido, por primera vez en su historia, en un país democrático. Esta esperanza se vio truncada con el derrocamiento del presidente Jean Bertrand Aristide, que triunfó en las elecciones de 1990 con el respaldo de grandes mayorías populares (67 % de los votos). Aristide fue derrocado por el general Raoul Cédras siete meses después de llegar al gobierno con apoyo implícito de Estados Unidos.

La represión dictatorial que impuso el general Cédras produjo cerca de 4.000 muertos y generó un enorme caos, hasta que una coalición internacional tuvo que forzar su dimisión en 1994 y restituyó a Aristide en la presidencia. Después de entregar el poder en 1995 al presidente electo René Préval, Aristide volvió a ser elegido en 2001, pero en 2004 volvió a ser derrocado, esta vez con intervención directa de Estados Unidos, cuyas tropas lo trasladaron a un exilio forzado en la República Centroaficana. Tras su destierro, Aristide quedó excluido de participar en las elecciones.

Uno de los promotores de ambos golpes contra Aristide fue el influyente empresario haitiano Reginald Boulos —con intereses en los sectores financiero, farmacéutico, de medios de comunicación y en la distribución comercial, entre otros—, dueño de una de las mayores fortunas del país. Boulos creó en 2018 un nuevo partido político para optar a la presidencia, el llamado Movimiento Tercera Vía (MTV), con fuertes vínculos en el Congreso de Estados Unidos, y ahora es, junto con el también empresario Dimitri Vorbe, sospechoso de haber actuado como cerebro de la trama local en el asesinato de Jovenel Moïse.

Boulos y Vorbe pertenecen a un puñado de empresarios haitianos de origen blanco y árabe que controlan los principales recursos de un país con un 95 % de población negra, y que se disputan la nominación a la presidencia compitiendo por los favores de Washington. Estas élites conforman lo que se ha denunciado desde la izquierda haitiana como un sistema de appartheid, que excluye a los empresarios negros del control de sectores estratégicos de la economía nacional.

La primera consecuencia internacional del golpe de Estado en Haití y de la inestabilidad política que este agudizó es una tragedia humanitaria de dimensiones continentales. A pocas semanas del magnicidio de Jovenel Moïse, decenas de miles de haitianos están abandonando la isla, la mayor parte con destino a Estados Unidos y en menor medida a Canadá. La mayoría de ellos no se dirigen allí directamente, sino a través de un largo recorrido por seis países de Centroamérica y México, que empieza precisamente en Colombia, el primer eslabón de esta nueva explosión migratoria.

En las costas del Caribe antioqueño, en la pequeña Necoclí, una localidad de 20.000 habitantes, se hacinan en estos días más de 10.000 migrantes, la mayoría de origen haitiano (cerca del 70 %), que esperan poder atravesar la temible selva cenagosa del Tapón de Darién, en la frontera del Chocó con Panamá, para iniciar el arduo recorrido de 4.000 km que los llevará hasta Norteamérica. La distancia por mar entre Puerto Príncipe y Necoclí es en línea recta de unos 1.200 km, la misma que si pudieran viajar directamente a Miami. En plena pandemia, sin mascarillas y hacinados como ganado en las calles, los migrantes haitianos esperan su turno de que una naviera los transporte al lugar de cruce hacia el otro lado de la frontera. Mientras tanto, el alcalde de Necoclí confiesa que todas las capacidades del municipio están completamente desbordadas por la situación. Con una media de llegada diaria de 800 a 1.000 personas, los servicios públicos colapsaron, en particular los servicios sanitarios y el suministro de agua en el casco urbano. La situación de escasez se convierte en paraíso de especuladores. Algunos alimentos, como los plátanos, ya han aumentado de precio en casi el 1.000 %.

La paradoja de esta situación es que Colombia, que ha exportado a Haití los mercenarios que participaron en la generación de este caos, sufre ahora —aunque solo como país de tránsito— un flujo desorbitado de migrantes, de haitianos desahuciados que atraviesan parte del territorio colombiano en el largo rodeo que los llevará a su destino norteamericano. Estados Unidos, como país receptor, debería prepararse para acogerlos de manera digna, por haber creado, tanto ahora como históricamente, las condiciones de ingobernabilidad que propician que esto ocurra.

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EEUU: los campamentos de verano donde se aprende a ser espía

Funcionan como semillero de la CIA y de la NSA 

Dos programas son claves para que miles de estudiantes se formen en ciberseguridad: GenCyber y CyberPatriot. El rol de las instituciones educativas. 

01/08/2021

Los campamentos de verano funcionan como el semillero de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) y de la CIA estadounidenses. Durante julio y agosto, estos laboratorios trabajan a pleno. Miles de alumnos y profesores, en 45 de los 50 estados de EEUU, se forman en ciberseguridad. De esa masa crítica saldrán muchos de los especialistas del rubro, sean o no espías o hackers del futuro. Dos programas son claves para comprender la envergadura del plan con generoso apoyo gubernamental. El GenCyber comenzó en 2014 y fue creado por la NSA. El CyberPatriot es una iniciativa de la Asociación de la Fuerza Aérea (AFA) que persigue un objetivo similar. Su principal patrocinadora es la Fundación Northrop Grumman, un apéndice del complejo de empresas aeroespaciales y de defensa homónimo. Se trata del cuarto mayor contratista de defensa militar de los Estados Unidos, fabricante del B-2 Spirit (también conocido como el Stealth Bomber o bombardero furtivo) y primer constructor de buques de guerra.

Expertos en ciberseguridad

Uno de los argumentos que sostiene la NSA para formar en sus campamentos – hasta hoy han sido 154- es “la brecha de hasta 600.000 profesionales necesarios para satisfacer la demanda de la nación”. Aduce que la oferta de expertos en ciberseguridad “ha quedado muy por debajo de la demanda”. En la página oficial del GenCyber se lee que ese programa “busca despertar y mantener el interés en ciberseguridad en el nivel K-12 con el fin de construir un flujo de trabajo competente, diverso y adaptable a través de la alineación con los Centros Nacionales de Excelencia Académica en Ciberseguridad…”

Qué es la NSA

  La NSA es la responsable del monitoreo, recopilación, procesamiento global de la información y datos con el objetivo de hacer inteligencia y contrainteligencia en el país y en el exterior. Además se especializa en una disciplina conocida como inteligencia de señales (SIGINT). Las denuncias de Edward Snowden en 2013 expusieron que sus presuntos objetivos legítimos eran tan ilegítimos como la forma en que EEUU espíaba al resto del mundo. Angela Merkel y Dilma Rousseff fueron víctimas de ese espionaje en 2013. 

El contratista estadounidense asilado en Rusia trabajó para la NSA. La misma agencia que sostiene ahora lo vital que resulta el GenCyber en el objetivo de “asegurar que suficientes jóvenes se sientan inspirados para utilizar sus talentos en ciberseguridad” porque “es fundamental para el futuro de la seguridad nacional y económica de nuestro país a medida que dependemos aún más de la tecnología cibernética en todos los aspectos de nuestra vida diaria”. Además de la NSA, el programa es apoyado financieramente por la Fundación Nacional de Ciencias y otros socios federales que hacen aportes anuales.

Las instituciones educativas de EEUU son claves para que esta experiencia en seguridad tenga su espacio propicio: “Las universidades, las escuelas públicas o privadas o los sistemas escolares son elegibles para recibir becas GenCyber. Las subvenciones proporcionan fondos para que las universidades administren y ejecuten campamentos GenCyber”, informa la página del programa. Los campamentos deben durar un mínimo de cinco días y/o treinta horas y están destinados a la enseñanza intermedia y secundaria. No pueden participar ciudadanos no estadounidenses o sin residencia permanente en el país.

El programa ya se está dando en lenguas extranjeras como el portugués. La Universidad de Augusta, en Georgia, difunde que si los alumnos “son aceptados en la cohorte del campamento anual, los campistas disfrutarán de oportunidades de aprendizaje prácticas y atractivas que incluyen actividades en el aula y excursiones a NSA Georgia y al Centro de excelencia cibernético de Fort Gordon”.

Este cuartel cuyo nombre fue asignado en honor a un militar del ejército confederado, se abrió en 1941 para entrenamiento de las tropas durante la II Guerra Mundial. Desde junio de 1985, Fort Gordon aloja al Cuerpo de Señales de los EEUU, la rama del ejército que se encarga de proporcionar y mantener sus sistemas de información y redes de comunicación. En apenas seis años, los campamentos GenCyber pasaron de ocho a 154 y en estos días se siguen desarrollando semana a semana.

Las universidades que adhirieron al programa llaman a las instalaciones como Fort Gordon “academias de guerreros” diseñadas para entrenar futuros “ciberguerreros”. En un artículo publicado en la página oficial de la Universidad pública del Norte de Georgia sobre el curso de 2017 se lee: “La Academia de Guerreros Cibernéticos entrena a la próxima generación para el empleo en el combate virtual”.

El CyberPatriot no es muy diferente del programa prohijado por la NSA. Estimula que los alumnos se anoten en carreras de seguridad informática o de planes de estudio semejantes bajo el auspicio de la Asociación la Fuerza Aérea (AFA) que reúne tanto a militares en actividad como retirados. Pueden cursarlo alumnos de casi todos los niveles de enseñanza. El financiamiento lo aporta la fundación de la corporación armamentística Northrop Grumman de Denver, Colorado. Es el cuarto mayor proovedor del ministerio de Defensa de EEUU.

En el distrito escolar de Fairfax, un condado de Virginia, se adhirieron al CyberPatriot en 2014. A las escuelas del lugar se las encuadró en el llamado Centro de Excelencia CyberPatriot de la AFA. A pocos minutos de ahí se encuentra Langley, donde tiene sus oficinas centrales la CIA. En la zona también se levantan las sedes de varias agencias de seguridad. Todo queda muy cerca de Washington, desde donde gobierna el presidente Joe Biden. Pero los campamentos de verano en los que se enseña ciberseguridad están desparramados por la amplia geografía de Estados Unidos. Un país donde no sólo proliferan las armas. También los aprendices de espías.

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Hacia un mundo feliz con el capitalismo digital

En una de las más famosas distopías de las muchas que la ciencia ficción ha imaginado, en "Un mundo feliz", Aldous Huxley describe una sociedad en la que los seres humanos están determinados desde que nacen a ser Alfas, Betas, Gamma…. Una jerarquía que da a cada grupo de personas una función laboral y un lugar en la escala social. Nada nuevo, lo radical de la novela es que en ese futuro que imagina (el 632 después de Ford) cada casta humana está feliz con su condición, se les determina a estar felices con la categoría humana que se le asigna al nacer. De esta forma el sistema funciona de manera armónica y, sobre todo, no se quejan.

Hoy que tanto se habla de capitalismo digital me pregunto si esa función de condicionante y somnífero social no lo están haciendo los algoritmos, el big data y Amazon. ¿Exagero? Pues si yo exagero qué no harán los organizadores del Foro Económico de Davos (el think tank del capitalismo por excelencia) al diseñar este eslogan para su encuentro de este año: "En 2030 no tendrás nada, pero serás feliz". Si pretendían ser optimistas, conmigo fallaron. Me eché a temblar.

Sabemos que toda revolución tecnológica produce cambios en el modelo productivo y, por tanto, en el trabajo y en la estructura social, pero lo que estamos viviendo sobrepasa los que conocemos por su dimensión y por su rapidez. El COVID ha catapultado esa revolución digital y, como en revoluciones tecnológicas anteriores, el coste cae sobre los hombros de los de siempre. No me crean a mí, sino a los datos de la OCDE, esa organización que no sirve para nada más que para dar buenas estadísticas:

En los próximos años las tecnologías como el 5G, la robótica avanzada y la inteligencia artificial van a transformar el mercado de trabajo en occidente. En la próxima década desaparecerá el 14% de los empleos tal como los conocemos ahora y cambiará el contenido del 35% de los empleos restantes. Es decir, casi el 50% de los empleos que conocemos actualmente serán totalmente distintos a causa de la tecnología. La mala noticia es que incluso los apologetas de la digitalización reconocen que esta transición puede ser larga y dolorosa.

Tendemos clasistamente a pensar que afectará solo a los trabajos menos cualificados, pero no es verdad. Volvamos a los datos de la OCDE: "La revolución digital está afectando especialmente a los trabajadores de cuello blanco: contables, abogados, administrativos…" Y anuncia que la clase media, vinculada a estos trabajos, a empezado a contraerse en occidente, es decir, hay menos movilidad social, o como lo explican ellos: "un milenial tiene un 20% menos de posibilidades de pertenecer a la clase media que los nacidos tras las II Guerra Mundial".

Trabajos más precarios y no solo para los sectores menos cualificados, eso significa el capitalismo digital. Menos derechos, una "vida low cost". Copio el término del estudio editado por CCOO en el que el profesor Jaime Aja, uno de los mejores sociólogos del trabajo de nuestro país, describe así la precariedad en la que vive la mayoría de juventud española: "una situación de inestabilidad e inseguridad laboral que provoca una dificultad creciente para desarrollar un proyecto de vida autónomo".

Que el capital quiera imponer esta transformación no significa que lo consiga, al menos no como quisieran. La rebeldía está ahí, los conflictos laborales y sociales también o las oportunidades para exigir menos horas de trabajo o la semana laboral de 4 días. Lo que me asusta no es eso, sino que nos vendan esa vida low cost como un mundo deseable.

Trabajas por un bajo salario en uno o varios empleos temporales y vives en un piso pequeño o una habitación compartida que se lleva la mitad de tu sueldo, pero vas a casa en patinete eléctrico, puedes ver una serie de Netflix, comprar muebles baratos muy estilosos en Ikea y camisetas a 7 euros en el Primark, descargarte videojuegos entretenidísimos mientras subes fotos de una vida irreal a Instagram o debates muy sesudamente en Twitter sobre la realidad del mundo. ¿Por qué no ibas a ser feliz, aunque no tengas nada?

El epitome de este absurdo lo encuentro en el vuelo privado de Jeff Bezos a la estratosfera. El hombre al que la pandemia ha convertido en el más rico de la historia moderna satisfacía así su delirio narcisista y de paso, avanzó en la privatización de los vuelos espaciales, es decir, de la conquista de otros mundos. Insisto en que el que ellos lo pretendan no significa que pase, pero la forma acrítica con la que los medios trataron semejante dislate ególatra en medio de una pandemia mortal, me pilló por sorpresa.

Entiendo y comparto la seducción de la tecnología, a mi también me encantan los avances tecnológicos, pero esta atracción por la novedad no debe cegarnos. El capitalismo digital no va de tecnología, va de nuevas formas de explotación. Sirva este artículo como alerta, entre los muchos y muchas que ya los están haciendo, para que su distopía no avance ni se convierta en realidad.

¿Cómo evitarlo? No tengo la respuesta, aunque sí sé que vendrá de los y las que luchan. Encuentro una pista, quizá, en "Un mundo feliz" y en la deliciosa ironía con la que Aldous Huxley dio nombre a sus personajes. ¿Saben qué nombre le puso al protagonista que rompe ese "mundo feliz", que lo desvela, lo desafía y abre la puerta a la esperanza? Lo llamó Bernard Marx.

Por Marga Ferré

Co-presidenta de Transform Europe

30/07/2021

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El presidente de EE.UU., Joe Biden.Foto: Evelyn Hockstein / Reuters

La ciberseguridad ha pasado a ocupar un lugar destacado en la agenda del Gobierno estadounidense, después de que una serie de ataques de gran repercusión contra distintas entidades afectaran al suministro de combustible y alimentos en varias partes del país.

Un ciberataque significativo contra EE.UU. podría llevar a "una verdadera guerra a tiros" con una potencia importante, advirtió el presidente Joe Biden, refiriéndose a lo que Washington considera amenazas crecientes planteadas por Rusia y China, recoge Reuters.

"Creo que es más que probable que acabemos, si acabamos en una guerra –una verdadera guerra a tiros con una gran potencia–, que sea como consecuencia de una brecha cibernética de grandes repercusiones y que está aumentando exponencialmente las capacidades", declaró este martes durante su visita a la Oficina del Director de la Inteligencia Nacional.

El mandatario también destacó las amenazas que plantea Pekín, calificando al presidente del gigante asiático, Xi Jinping, como "mortalmente serio en cuanto a convertirse en la fuerza militar más poderosa del mundo, así como en la mayor y más prominente economía del mundo a mediados de la década del 2040".

Ciberseguridad en la agenda de la administración Biden

La seguridad cibernética ha pasado a ocupar un lugar destacado en la agenda del Gobierno de EE.UU., después de que una serie de ataques de gran repercusión contra entidades, como las empresas SolarWinds, Colonial Pipeline, JBS y Kaseya, hayan perjudicado al país norteamericano mucho más allá de las compañías 'hackeadas', ya que afectaron al suministro de combustible y alimentos.

Durante la cumbre celebrada el 16 de junio en Ginebra (Suiza) con el presidente ruso, Vladímir Putin, el mandatario estadounidense compartió una lista de "infraestructuras críticas" que debe estar fuera de los límites del 'hackeo'. Desde entonces, altos miembros de Seguridad Nacional de la administración Biden han estado en contacto constante con altos cargos del Kremlin en relación con los ciberataques contra Estados Unidos, según declaró la Casa Blanca.

Publicado: 28 jul 2021 00:20 GMT

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Una mujer utiliza su iPhone frente a la sede de la firma israelí NSO Group, fabricante del software espía Pegasus, el 28 de agosto de 2016, cerca de Tel Aviv. Foto Afp

 

Si el megaescándalo hoy abruma a Pegasus, de la empresa israelí NSO Group –que estalló con un retraso de cuatro años–, la efectividad pertenece a la ciberarma Candiru, también de Israel, infinitamente mucho más maligna (https://bit.ly/3Bokjhy).

Desde la matriz operativa del ciberespionaje del Ministerio de Defensa de Israel, Amitai Ziv expone que fue el anterior premier Netanyahu –al unísono de su íntimo aliado, el talmúdico Jared Kushner, yerno de Trump–, quien “empujó (sic) la venta de las ciberarmas (https://bit.ly/3rnJCvy)”: no solamente de Pegasus/NSO Group, sino también de otras empresas que son sus competidores, como Quadream, especializada en hackeo de celulares y con varios litigios a cuestas (https://bit.ly/3Bs6bUG), y Cellbrite, que “construye un dispositivo hardware UEFD que puede penetrar cualquier teléfono (https://bit.ly/3wTG59i)”, no se diga Candiru que hoy opera bajo su nuevo disfraz de Saito Tech Ltd.

Amitai Ziv desnuda que con el impulso de las ventas de ciberarmas con Netanyahu y Kushner, “Israel detenta "intereses geopolíticos (sic)" –donde se expone la colusión de Netanyahu con Peña–, acoplados a los "Acuerdos Abraham" (https://bit.ly/2V2m5E9).

A Amitai Ziv le faltó exhibir la suprema colusión entre el talmúdico Kushner y Videgaray, el verdadero poder tras el trono de Peña.

La venta del ciberespionaje militarizado forma parte de la "seguridad (sic) de Israel", al grado tal que la empresa israelí NSO determina su venta de acuerdo con la virtud kosher del cliente. ¿Es México ya "país kosher"?

Amitai Ziv expone cómo la tecnología de ciberespionaje israelí "se volvió la selectiva arma de los dictadores" cuando “Israel desde hace mucho es un exportador de armas a muchos estados, varios de los cuales violan frecuentemente los derechos humanos (https://bit.ly/3hUbDrG)”, y ahora lo hace con sus ciberarmas, tipo Pegasus y Candiru, que le reditúan una fortuna.

Por cierto, el mercader israelí de NSO para México, con filiales pantalla en Panamá, es Uri Emmanuel Ansbacher Benarama, director de KBH Aviation SA, de Mecale SA de CV y negocios en CCTV (https://bit.ly/3zk5ISk): implicado en lubricaciones mafiosas con los panistas de Conagua y Korenfeld (https://bit.ly/3hPt7W2 ), donde la mafia israelí de Netanyahu se atragantó con casi 4 millones de dólares de “comisiones (https://bit.ly/3roUSrv)”.

Ansbacher ya traía una sulfurosa biografía criminal a cuestas desde hace 21 años y su socio era Avishay Shmuel Neria: ¡cónsul honorario de México en Haifa (Israel)! ¿Quién lo nominó y aprobó?

En medio del tsunami por la develación más detallada del añejo escándalo de Pegasus/NSO Group, Edward Snowden, ex consultor de inteligencia informática en la National Security Agency (NSA), exilado en Rusia, comentó que los ciudadanos carecen de protección frente a los malignos malware tipo Pegasus: "¿Qué puede hacer la gente para protegerse de las armas nucleares?" ¡Obviamente, nada!

Snowden refiere que "existe cierto tipo de industrias, de sectores, en los que no existe protección, por lo que se trata de limitar la proliferación de estas tecnologías. No permitimos un mercado comercial a las armas nucleares" por lo que la única solución viable es una moratoria internacional para su venta. Snowden se centra en el carácter mercantilmente redituable de las ciberarmas y soslaya que están conectadas matricialmente al Ministerio de Defensa de Israel –específicamente, en el caso de Candiru, a la "Unidad 8,200" especializada en el hackeo ajeno– y pierde de vista el carácter de control geopolítico que ejercen las trasnacionales cibernéticas de Israel sobre los países –lo cual va más allá de la banalidad pecuniaria de empresas con disfraz "privado" (https://bit.ly/3kRIsr9).

Independientemente de que sea imperativa la prohibición de las indetectables ciberarmas de destrucción masiva (https://bit.ly/2UvlzPk), los países tienen la perentoria obligación civilizatoria de legislar en consecuencia para proteger a los indefensos ciudadanos enjaulados en la invisible cárcel cibernética (https://amzn.to/3Bry7HZ).

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  Imagen del logo de la empresa de ciberespionaje NSO Group. — Público / Archivo

Son malos tiempos para activistas, políticos y periodistas comprometidos con los derechos humanos y que denuncian abusos de cualquier poder. Ahora conocemos que este spyware, desarrollado teóricamente como herramienta para la seguridad pública, se ha usado para espiar y señalar a denunciantes, a opositores, a periodistas críticos y a activistas.

 

Nos espían y lo sabemos. Lo asumimos. Vemos y leemos constantemente historias sobre la permanente vigilancia online; a veces hacemos caso a quienes nos aconsejan pequeños gestos para aumentar nuestra privacidad, pero nunca es suficiente. La investigación del grupo Forbiden Stories, ayudados por Amnistía Internacional, supervisado por Citizen Lab y asociados a un consorcio internacional de medios, muestra cómo una poderosa herramienta de vigilancia, Pegasus, capaz de infectar cualquier teléfono (también los iPhones), ha pasado por las manos de Arabia Saudí, Azerbaiyán, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Hungría, India, Kazajistán, Marruecos, México, Ruanda y Togo; todos ellos países que no son precisamente abanderados de los derechos humanos.

Para Amnistía Internacional, la clave de esta investigación es que el software de la compañía israelí NSO Group "se ha utilizado para facilitar la comisión de violaciones de derechos humanos a gran escala en todo el mundo".

Esto queda explicado a raíz de una filtración de más de 50.000 números de teléfono de posibles objetivos para espiar, entre ellos jefes y jefas de Estado, activistas y periodistas, incluida la familia del periodista Jamal Khashoggi, asesinado por el régimen Saudí en Estambul.

Hasta el momento, se sabe que hay al menos 1.000 personas de más de 50 países señaladas por este malware, entre los que destacan algunos miembros de la familia real árabe, un total de 65 altos ejecutivos, 85 activistas de derechos humanos, 189 periodistas y más de 600 políticos, ministros y militares. "La cifra de periodistas identificados como objetivos ilustra con claridad que Pegasus se utiliza como herramienta para intimidar a los medios de comunicación críticos", comenta Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

Para conocer el alcance de esta importante investigación, que muestra cómo cualquiera puede ser alcanzado por un malware tan potente que es capaz de tomar el control total de los móviles (incluso se ha usado para espiar a activistas contra las bebidas azucaradas), proponemos cinco claves:

1) Un poco de historia: no es nuevo

Existen varias empresas en el mundo que desarrollan herramientas de software para el control tecnológico o para, directamente, tareas de espionaje. NSO Group es una de las más conocidas, pero no es la única. Ya en 2011 se detectó el gusano Stuxnet —desarrollado conjuntamente por los gobiernos estadounidense e israelí para atacar equipos e infraestructuras nucleares— , y poco después el muy español Careto, un ciberespía usado contra Marruecos, pasando por el francés Babar.

Compañías como la italiana Hacking Team o la alemana GammaGroup se dedican abiertamente a estas tareas. Desarrollan todo tipo de malware que, insisten, sólo venden a gobiernos, nunca a particulares o grupos. Sin ir más lejos, Marruecos compró hace años un troyano a Hacking Team capaz de hackear una página web concreta, Mamfakinch ("no renunciaremos", la versión marroquí de la Primavera Árabe), de modo que a través de un formulario podía infectar un dispositivo y habilitaba un acceso remoto a todo su contenido.

Desde hace años existen informaciones sobre espionaje en los que aparece vinculada la compañía NSC Group. Ya en 2018 Citizen Lab alertó de una serie de ataques diversos en 45 países mediante Pegasus. Dos años antes salía a la luz que este software espiaba a activistas defensores de los derechos humanos.  En España, sin ir más lejos, este diario sacó a la luz que el spyware había sido comprado ilegalmente para espiar a políticos catalanes en 2015.

2) Cómo funciona: espía a fondo

Pegasus es un programa de espionaje (spyware) muy sofisticado que se puede instalar de forma remota en un teléfono inteligente directamente, es decir, no requiere ninguna acción por parte de su propietario. Es complicado explicar el funcionamiento técnico de este malware, que además es realmente esquivo: sabemos de su instalación en los móviles de algunos ciudadanos únicamente gracias a una filtración. Una vez instalado, es posible tomar el control absoluto del dispositivo, incluido el acceso a mensajes cifrados como los de WhatsApp y Signal, la geolocalización del teléfono, y el encendido de micrófono y cámara.

Actúa en silencio. El propio consorcio reconoce que no se puede saber si un número de teléfono específico que aparece en la lista está comprometido sin analizar el dispositivo asociado. Sin embargo, el Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional pudo realizar análisis forenses en los teléfonos de más de una docena de estos periodistas (67 teléfonos en total), lo que reveló que muchos de ellos, incluso iPhones, estaban infectados, en algunos casos gracias a un agujero de seguridad hallado hace apenas un mes.

¿Cómo se han podido filtrar las más de 50.000 identidades espiadas, como afirman los autores de la investigación? Marcelino Madrigal, un incansable investigador de ataques a los derechos humanos en las redes, apunta a que este tipo de datos y recursos se venden en la Dark Web —el submundo invisible y paralelo a la red de internet pública—, y eso es lo que aparentemente sucedió en este caso: un ex empleado de NSO Group descontento sacó a la venta en 2017 la poderosa herramienta, capaz de explotar vulnerabilidades aún no publicadas (zero day exploits) incluso del muy seguro iOS (el sistema operativo del iPhone).

3) Te puede afectar: nadie está a salvo

Casos como el de Pegaso o el de la compañía Candiru, también israelí, muestran dos realidades que juntas se comprenden mejor y son, de alguna manera, más terroríficas: por un lado, aunque esas compañías vendan sus productos "exclusivamente" a estados y policías para luchar contra el delito, es evidente que puede usarse (y se usa) para otros fines contra la sociedad civil.

Por ejemplo, en el caso de México, al menos 50 personas cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador aparecen como posibles objetivos de espionaje cuando aún estaba en la oposición. "El Gobierno ya no espía a nadie, los opositores no son espiados", ha indicado el presidente desde el Palacio Nacional tras publicarse la investigación.

Asimismo, el negocio para espiar a ciudadanos —especialmente periodistas— es muy lucrativo y en él participan también los carteles, según un amplio dossier de Forbidden Stories publicado hace tiempo que recuerda la ola de asesinatos de periodistas en el país.

Por tanto, esas herramientas están cayendo en manos de grupos criminales sin que las compañías que desarrollan estos productos o sus clientes (los gobiernos) hagan nada al respecto. En una conversación con Público, Madrigal señala el dinero como la motivación más poderosa. "Para hacernos una idea, el precio que se paga en la dark web por el acceso a 10 números de teléfono es de 1,5 millones de euros", comenta, y añade: "Esas cantidades de dinero indican que alguien más puede estar detrás".

Nadie está a salvo precisamente porque la naturaleza de este tipo de spyware es su sigilo. Normalmente no requiere del afectado ninguna acción, como descargarse un archivo o pinchar en alguna dirección extraña en un correo spam. Los vectores de ataque que muestra la investigación del laboratorio técnico de Amnistía Internacional señala que explotar vulnerabilidades existentes (como una que existe en iMessage) o se cuela en los móviles a través de mensajes enviados a través de SMS o WhatsApp que contienen algún enlace a un sitio web malicioso para instalar el programa.

4) Las consecuencias: persecuciones y asesinatos

"¿Pero esto a mí qué más me da?", "no soy tan importante" o "no tengo nada que ocultar" son algunas de las reacciones más comunes ante este tipo de revelaciones. Sucedió cuando Wikileaks publicó los papeles secretos de la diplomacia estadounidense en el llamado Cablegatey se mostró al mundo el comportamiento real de la primera democracia del mundo y su "cinismo", así como en revelaciones posteriores. Simplemente se mató al mensajero.

La finalidad de este tipo de malware es variada según en manos de quién esté. Porque este tipo de herramientas son parte de las principales armas de la ciberguerra: espionaje, localización de la disidencia, perfilado social y, por supuesto, represión y asesinato. En una sociedad cada vez más polarizada, esta herramienta puede servir para luchar contra el crimen o el terrorismo, pero también para cercenar los derechos humanos.

En la lista de 'infectados', por ejemplo, se encuentran periodistas de Azerbaiyán, Hungría, India y Marruecos, países donde la represión contra los medios de comunicación independientes se ha intensificado. El spyware tuvo también como objetivo el teléfono del periodista Cecilio Pineda apenas unas semanas antes de su asesinato en 2017. Hay periodistas espiados en Associated Press, CNN, The New York Times y Reuters, e incluso aparece en esta lista Roula Khalaf, directora de Financial Times.

También aparece el periodista español Ignacio Cembrero, quien ha contado a Público que quizá cambie su teléfono debido a la complejidad técnica del ataque, tras asesorarse en una firma de seguridad informática. "Es prácticamente imposible extirpar Pegasus" del dispositivo infectado, comenta. El periodista afirma no haber recibido mensaje alguno de las autoridades españolas.

El propio Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, vio hackeado su móvil de aparentemente esta manera (y aceleró su divorcio). Precisamente la parte más importante de su compañía, Amazon Web Service, justo ahora ha anunciado el borrado en su 'nube' (sus centros de datos) de cualquier rastro de este spyware. Pero él parece estar a cosas más importantes.

5) Responsabilidades: espionaje, control y transparecia

Hoy en día estamos asediados por la vigilancia, tanto en el mundo real como en el digital. Y cada vez es más difícil detectar las intrusiones en la privacidad, que sigue siendo un derecho fundamental. Investigaciones como ésta ponen de relieve el grado de sofisticación al que están llegando los sistemas de vigilancia que, en este y otros muchos casos, son desarrolladas por compañías privadas.

El insuficiente control y la falta de transparencia de estos productos hacen que puedan ser usados para fines ilegítimos —algo parecido a lo que pasa en el mercado de las armas—, tanto por parte de los estados como desde grupos criminales de todo tipo. Como siempre cuando se destapa algo así, en realidad lo preocupante es lo que no sabemos. Por tanto, es importante exigir la máxima transparencia a nuestros representantes públicos.

De momento, la Justicia francesa ha abierto una investigación a raíz de la denuncia de dos periodistas de Mediapart, cuyos teléfonos móviles podrían estar siendo espiados por Marruecos. Hay un millar de franceses o residentes en Francia que aparecen en las listas de teléfonos que pudieron ser también infiltrados por Pegasus, y varios de ellos también han anunciado que lo denunciarán a la Justicia, informa EFE.

Mientras, la reacción de NSC Group ha sido negar con rotundidad todo lo que revela este nuevo informe; En un comunicado, la empresa expresa a través de su abogado que la información publicada "no tiene base fáctica" y que los datos utilizados "se basan en una interpretación engañosa de datos de información básica accesible y abierta, como los servicios de búsqueda de HLR [Home Location Register, la base de datos principal de información de suscriptor permanente para una red móvi], que no tienen relación con la lista de objetivos de los clientes de Pegasus o cualquier otro producto".

"Estas acusaciones son tan escandalosas y están lejos de la realidad, que NSO está considerando interponer una demanda por difamación", amenaza el escrito, para puntualizar que su tecnología no está asociada al "atroz asesinato" del periodista Jamal Khashoggi y remarcar que la empresa israelí "vende sus tecnologías únicamente a agencias policiales y de inteligencia de gobiernos examinados con el único propósito de salvar vidas mediante la prevención del crimen y los actos terroristas".

20/07/2021 22:21 Actualizado: 21/07/2021 10:21

Por Pablo Romero@pabloromero

Las fake news con etiqueta #SOSCuba fueron parte de la campaña.

Denuncian la campaña virtual contra el gobierno de la isla

La operación mediática contra el gobierno cubano lanzada desde el exterior hizo un uso intensivo de robots, algoritmos y de cuentas recién creadas para la ocasión, según una investigación del analista español Julián Macías Tovar, autodenominado "activista contra la desinformación digital." La campaña tiene por objetivo de hacer coro a los mensajes emitidos por los referentes de la campaña manipuladora, señaló el analista.

La primera cuenta que usó el hashtag #SOSCuba relacionado con la situación de la COVID en el país fue una localizada en España. La misma puso más de mil tuits tanto el 10 como el 11 de julio, con una automatización de 5 retuits por segundos, dijo Macías Tovar. El investigador señala como uno de los referentes de la operación al argentino Agustín Antonetti, quien es parte de la derechista Fundación Libertad. Antonetti ha sido un activo participante en las campañas de bulos y bots en redes sociales contra los procesos de izquierda y progresistas en América Latina, entre ellos contra el boliviano Evo Morales, el mexicano Andrés Manuel López Obrador, el argentino Alberto Fernández, según investigaciones partir de la sanción que Facebook aplicó a numerosas cuentas por operaciones políticas en las redes,dijo el experto español.

Se hicieron campañas para que influencers y artistas participaran con un tuit con los hashtags #SOSCuba y #SOSMatanzas, por las muertes por COVID y la falta de recursos médicos. Para ello se lanzó un tuit que recibió más de 1100 respuestas, agregó el especialista, citado en el portal Cubadebate. Si se analizan esas respuestas, casi todas provienen de cuentas recién creadas, o tienen una antigüedad máxima de un año. Más de 1 500 cuentas de las que participaron en la operación con la etiqueta #SOSCuba fueron creadas entre el 10 y el 11 de julio, explicó Macías Tovar.

Los medios internacionales  se encargaron después de visibilizar la campaña articulada con los artistas. El domingo 11 de julio, con cientos de miles de tuits y la participación de muchas cuentas de artistas, se convirtió en tendencia mundial la etiqueta en varios países, momento en el que sucedió la primera manifestación en San Antonio de los Baños. 

"Al analizar la etiqueta de la campaña, lo más notorio es la repetición de tuits exactos, lo que denota la existencia de patrones automatizados con cientos de miles de tuits y número similar de seguidos y seguidores, por el sistema automatizado de ganancia de seguidores," dice el medio cubano, citando al experto español.

"Otro de los elementos muy visibles de la operación es el uso masivo de cuentas matrícula, con matrices muy habituales en otras campañas internacionales como en el golpe de estado de Bolivia, o la activa presencia de voceros de la derecha latinoamericana como Tertsch, Cabal y Tuto Quiroga".

"También se alteraron los mecanismos de geolocalización de las cuentas operadoras para aparentar que estaban en Cuba cuando en realidad trasmitían desde la Florida.Fue profuso el uso de imágenes manipuladas o de sucesos en otros países y la articulación de la operación de redes con diversos medios de comunicación de derecha en el continente (Grupo Prisa, Grupo Clarín, Infobae, Grupo América, Grupo Caracol, entre otros)."

Según la investigación del experto español la campaña contra Cuba tuvo tres fases:

  1. Lanzar la campaña con el hashtag denunciando el supuesto colapso del sistema sanitario por los casos y muertes COVID, solicitando ayuda por medio de cuentas falsas y automatizadas que mencionaban de manera masiva a artistas de todo el mundo, muchos de ellos participaron usando el hashtag, llevando el hashtag a ser trending topic mundial.
  2. Publicar en medios que decenas de artistas se sumaban a una campaña para pedir un corredor humanitario que salve la situación en Cuba, al igual que pretendieron hacer en Venezuela, situación que solo se realiza en conflictos militares normalmente, más cuando Cuba tiene cifras 15 veces mejor que países como España, Ecuador o EE.UU., o 40 veces mejor que Perú, donde no se hicieron este tipo de campañas.
  3. Manifestaciones en principio con pocas personas, pero con un hashtag siendo trending topic mundial con máxima repercusión que ayudaron a que éstas crecieran y con una campaña final de una parte de los que coordinaron la campaña para solicitar una invasión militar de los Estados Unidos.

"La investigación confirma la denuncia de las autoridades cubanas de que se trata de una operación concertada en el espacio público digital, a la que se dedicaron cuantiosos recursos. No fue algo improvisado. Es algo muy bien diseñado por estructuras y agencias de EE.UU. con laboratorios dedicados a crear estas condiciones y lograr sus objetivos,”  señaló el portal cubano.

16 de julio de 2021

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EE.UU. ha creado una fuerza clandestina de unos 60.000 agentes que operan por todo el mundo, según una investigación periodística

El programa 'Signature Reduction' involucraría a 130 empresas que ganarían más de 900 millones de dólares al año. Asimismo, en él participan varias docenas de organizaciones gubernamentales secretas.

En la última década, el Pentágono ha creado una fuerza encubierta de alrededor de 60.000 agentes secretos, descubrió la revista estadounidense Newsweek en el marco de una investigación periodística que duró dos años.

Según un artículo publicado este lunes, se trata de un programa extenso denominado 'Signature Reduction' ('Reducción de la firma' en inglés), que incluye a oficiales tanto uniformados como vestidos de civiles, desplegados en EE.UU. y en el extranjero.

De ellos, más de la mitad son fuerzas especiales, que trabajan en zonas de guerra, pero también en lugares donde no se libran conflictos, como Corea del Norte e Irán. El segundo grupo más grande son especialistas de inteligencia. Asimismo, destacan los 'ciberguerreros', la categoría más novedosa y que aumenta más rápido que las demás.

El nivel del cambio de identidad de los agentes varía según sus tareas, siendo el más alto reservado para los efectivos que tienen que pasar el control de pasaportes bajo nombres falsos. Para tales casos, existen varios métodos de ocultar sus datos biométricos. Se trata de enfoques tanto físicos —por ejemplo, el uso guantes y máscaras de silicona que simulan las huellas dactilares y la apariencia de otra persona— como digitales. Así, se afirma que EE.UU. podría 'hackear' las bases de datos biométricos de otros Estados para insertar en ellas temporalmente los registros necesarios.

En cuanto al volumen económico del programa, los periodistas aseguran que involucra a 130 empresas que ganan más de 900 millones de dólares al año. Asimismo, en él participan varias docenas de organizaciones gubernamentales secretas.

Mientras que uno de los objetivos de 'Signature Reduction' es la lucha contra el terrorismo, el segundo es la competencia con Rusia y China en la "zona gris […], el continuo paz-conflicto" en las relaciones de Washington con las dos potencias, asevera la revista.

Al mismo tiempo, la gigantesca fuerza clandestina contraviene varias normas legales tanto nacionales como internacionales. "Todo, desde el estado de las Convenciones de Ginebra —si un soldado es capturado por un enemigo operando bajo una identidad falsa— hasta la supervisión del Congreso es problemático", cita Newsweek a un oficial senior retirado informado sobre el programa.

Publicado: 17 may 2021 21:44 GMT

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Colonial Pipeline: el ciberataque que puso en riesgo el abastecimiento de combustible en EE. UU.

Biden acusó a hackers rusos, pero no apuntó al gobierno de Putin 

La empresa debió pagar cinco millones de dólares para poder normalizar el servicio, que de a poco empieza a normalizarse. 

 

El operador del oleducto víctima de un ciberataque el fin de semana pasado en Estados Unidos retomó este jueves la entrega de combustible en la mayoría de sus terminales. Se trata de la empresa Colonial Pipeline. La situación en las estaciones de servicio mejora de manera lenta.

"Colonial Pipeline hizo progresos sustanciales en la vuelta a operaciones de la red de oleoductos y podemos decir que la entrega de productos comenzó en la mayoría de los mercados que atendemos", indicó la compañía en un comunicado, después del incidente del pasado fin de semana, que dejó a la red sin abastecer a las estaciones de servicio.

La red de oleoductos de Colonial Pipeline es la más grande de Estados Unidos, con 8800 kilómetros. Sirve a toda la costa este estadounidense a partir de refinerías instaladas en el Golfo de México y por tanto transporta el 45 por ciento del combustible que se consume en el este de Estados Unidos. El hackeo dificultó la provisión de combustible en las estaciones de servicio. La situación derivó en conductores que hicieron largas filas para cargar combustible y hubo casos de desabastecimiento. 

Colonial Pipeline debió pagar cinco millones de dólares para poder normalizar el servicio. Al parecer, el rescate se pagó en criptomonedas para evitar que se pueda seguir la ruta del dinero. El pago se hizo de inmediato, reveló la agencia Bloomberg, dada la presión de la compañía para evitar el colapso en la provisión de combustible.

De acuerdo a Patrick De Hann, analista del sitio GasBuddy, la provisión podría normalizarse recién dentro de "varias semanas". Mientras, el precio subió por encima de los 3 dólares por galón (3,8 litros", en su primer repunte desde 2014. 

Por su parte, el presidente Joe Biden apuntó a Rusia por el ciberataque, si bien desligó al gobierno de Vladimir Putin. El mandatario dijo que hay "fuertes razones" para pensar en Rusia como país donde se originó el hackeo, y que han habido "comunicaciones directas" con Moscú para que tome cartas en el asunto. 

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