Lunes, 17 Enero 2022 05:15

Criptomonedas en el radar del FMI

Criptomonedas en el radar del FMI

El organismo pidió regularlas por su impacto en las finanzas

El Fondo advirtió que la correlación de las criptomonedas con inversiones tradicionales, como las acciones, ya representa un riesgo.

 

El Fondo Monetario Internacional consideró que es necesario regular las criptomonedas. Aseguró que estos activos ya no se encuentran al margen del sistema financiero y por ese motivo requieren nuevos controles. El organismo aseguró que las monedas digitales comienzan a estar cada vez más correlacionadas con lo que ocurre con los activos de renta variable, como las acciones.

El análisis del FMI sobre el riesgo y la necesidad de regulación de las criptomonedas se hizo a través del blog oficial de la entidad en el artículo “Los precios de las criptomonedas se mueven más en sincronía con las acciones, lo que plantea nuevos riesgos".

Entre los problemas que plantea el informe sobre las cripto aparecen los riesgos para los inversores, al verse limitada la posibilidad de diversificación de cartera, lo cual aumenta el riesgo de contagios en los mercados financieros. De todas maneras, las declaraciones del Fondo le dan un nuevo rol a las criptomonedas porque convalidan su crecimiento en los últimos años y consolidan su papel en los mercados globales.

El FMI detalló que el valor de mercado de estos nuevos activos digitales aumentó hasta casi los 3 billones de dólares el pasado mes de noviembre, desde 620 mil millones de dólares en 2017. En tanto, la capitalización de mercado se había reducido en 2022 a alrededor de 2 billones de dólares, lo que de todas formas representa un aumento de casi cuatro veces desde 2017.

Por otro lado, el Fondo indica que la correlación de las criptomonedas con inversiones tradicionales como las acciones aumentó significativamente, por lo cual esta interconexión creciente se considera un canal de transmisión de shocks que puede desestabilizar al conjunto de los mercados financieros. “Nuestro análisis sugiere que los criptoactivos ya no están al margen del sistema financiero", señala el FMI.

Como resultado, el FMI considera que es hora de adoptar un marco regulatorio global "integral y coordinado" para guiar la regulación y supervisión nacional y mitigar los riesgos para la estabilidad financiera derivados del mercado cripto. Propone que este marco debería abarcar regulaciones adaptadas a los principales usos y establecer requisitos claros para las instituciones financieras reguladas con respecto a su exposición y compromiso con estos activos.

"Los criptoactivos como el bitcoin han pasado de ser una clase de activos oscuros con pocos usuarios a una parte integral de la revolución de los activos digitales", afirma el autor del artículo, Tobias Adrian. "Las correlaciones más fuertes sugieren que el bitcoin ha estado actuando como un activo de riesgo en lugar de un valor refugio, como muchos de sus defensores como elemento diversificador de cartera han venido señalando desde hace tiempo”, agrega. "La correlación con las acciones se ha vuelto más alta que la de las acciones y otros activos, como el oro y las principales monedas", completa.

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Viernes, 07 Enero 2022 06:39

La absurda idea de una moneda libertaria

La absurda idea de una moneda libertaria

Una ideología libertaria pueril pretende argumentar que las criptomonedas como Bitcoin constituyen la solución a la arrogancia estatal y a los desmanejos económicos de algunos políticos. Pero lo que se necesita no es una nueva moneda (con características muy discutibles), sino una democracia que ponga límites a la irresponsabilidad de un capitalismo desbocado.

Con el precio del Bitcoin en nuevos máximos y la decisión de El Salvador y Cuba de aceptarlas como moneda legal, las criptomonedas han llegado para quedarse. ¿Qué implicaciones tendrá esto para el dinero y la política?

El dinero depende de la confianza. Se acepta a cambio de bienes y servicios solo porque la gente puede asumir con seguridad que otros lo aceptarán en el futuro. Esto es tan cierto para el dólar estadounidense como para el oro. Sostener que las criptomonedas como el Bitcoin son un mero juego de confianza -o una burbuja especulativa, como han subrayado muchos economistas- es ignorar su popularidad. Y, sin embargo, las criptomonedas carecen de las bases institucionales estables necesarias para reforzar la confianza del público en ellas. La confianza avanza y retrocede, haciéndolas frágiles y volátiles, como han demostrado ampliamente los giros salvajes de Bitcoin.

Además, con Bitcoin y otras criptomonedas que se basan en mecanismos de «prueba de trabajo», las transacciones deben verificarse y registrarse continuamente en un libro de contabilidad descentralizado (en este caso basado en blockchain o «cadena de bloques»). Esto requiere que millones de computadoras operen continuamente para actualizar y verificar las transacciones, un trabajo que se ve incentivado por la oportunidad de ser recompensado con Bitcoins recién acuñados. La energía consumida en estas operaciones de «minería» supera ya la de un país de tamaño medio como Malasia o Suecia. Ahora que el mundo se ha dado cuenta de los peligros del cambio climático (y de la mezquindad de nuestra respuesta), este desperdicio masivo debería hacer que Bitcoin sea muy poco atractivo.

Sin embargo, a pesar de su volatilidad, fragilidad y enorme huella de carbono, hay cinco factores que han concurrido para hacer de Bitcoin una propuesta atractiva para mucha gente: su narrativa política, las actividades criminales que permite, el señoreaje que distribuye, el tecnooptimismo de la época actual y el deseo de hacerse rico rápidamente en un momento en el que hay pocas oportunidades económicas. Consideremos cada uno de estos puntos en orden inverso.

Vivimos en una época de perspectivas económicas decrecientes. Incluso los trabajadores con un título universitario ya no acceden a un trabajo estable y bien remunerado. Cuando las oportunidades económicas son tan escasas, los planes para enriquecerse rápidamente se vuelven especialmente atractivos. No es sorprendente que ahora exista toda una industria dedicada a decirle a la gente que pueden hacerse ricos invirtiendo en Bitcoin. El dinero se ha volcado en la criptomoneda porque millones de personas en Estados Unidos y en todo el mundo creen que pueden obtener importantes beneficios con ella.

La narrativa de rendimientos masivos para los inversores aficionados y minoristas de una criptodivisa está en consonancia con nuestra era obsesionada por la tecnología. Se nos dice constantemente que el ingenio tecnológico está creando un futuro más brillante. Y, a primera vista, no se puede negar que Bitcoin es una maravilla de la innovación tecnológica. Se ha necesitado auténtica creatividad y maestría para crear un sistema descentralizado tan intrincado y capaz de funcionar sin ninguna supervisión ni aplicación gubernamental.

El señoreaje, o el poder adquisitivo adicional que confiere (normalmente a los gobiernos) el control de la oferta monetaria, es otro factor del atractivo de Bitcoin. Cuando el gobierno estadounidense pone en circulación una nueva moneda, puede utilizarla para comprar servicios o pagar su deuda. La perspectiva de obtener señoreaje es muy atractiva, y probablemente ayuda a explicar por qué hay ahora más de 1.600 criptodivisas cotizadas. En el caso de Bitcoin, la ausencia de una autoridad centralizada significa que el señoreaje está distribuido, lo que supone un incentivo para los esfuerzos de minería (que ahora llevan a cabo más de un millón de personas en todo el mundo).

Una fuente de demanda específica puede ayudar a una nueva moneda a establecerse de forma fiable. Para las criptomonedas en general, y para el Bitcoin en particular, este ancla está firmemente asentada en el mundo criminal. En sus inicios, la demanda de Bitcoin se vio impulsada por sitios web oscuros como Silk Road, que permitían todo tipo de transacciones ilícitas. A día de hoy, las actividades delictivas representan casi la mitad de las transacciones de Bitcoin, según algunas estimaciones.

Cada uno de estos cuatro factores ha impulsado el Bitcoin de forma artificial. Obviamente, los males económicos de nuestra sociedad no se solucionarán porque la gente gane dinero con Bitcoin. Tampoco se ha confirmado en el mundo real el ánimo tecnooptimista imperante. Y cualesquiera que sean los beneficios de la distribución del señoreaje a través de la minería, están más que compensados por el masivo desperdicio de energía.

Eso deja el argumento político a favor de Bitcoin. ¿Nos liberará del indebido poder estatal sobre la economía? Realmente no.

Es cierto que la Reserva Federal de Estados Unidos actúa a veces de forma misteriosa, y el rescate de Wall Street durante la crisis financiera de 2008 fue visto, con razón, como un trabajo interno que benefició a los bancos y a los banqueros a expensas de la gente común. Por tanto, es comprensible el deseo de reducir el excesivo poder de los políticos y los responsables de la administración pública. Pero Bitcoin no es la respuesta. Apela a una ideología libertaria pueril en la que un genio solitario lucha contra un Estado arrogante para liberar la excelencia individual. De hecho, la persona (o personas) del mundo real que diseñó Bitcoin y escribió su inspirador manifiesto bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto merece aún más la etiqueta de «visionario» que el ficticio John Galt (el héroe de La rebelión de Atlas de Ayn Rand).

Sin embargo, la visión de ese «visionario» es pura fantasía. El riesgo de que los gobiernos occidentales produzcan una inflación desbocada o socaven el sistema monetario internacional es prácticamente nulo. La verdadera amenaza existencial reside hoy en la polarización política, el desmantelamiento de la democracia y la incapacidad de los sistemas políticos democráticos para mantener a raya a las élites económicas y a los políticos autoritarios.  Una nueva moneda no resolverá estos problemas. Lo que se necesita son medidas para garantizar que los políticos, los burócratas y los magnates de Silicon Valley y Wall Street actúen de forma responsable. Esto requiere una participación democrática y un compromiso cívico activo. Los trucos como el Bitcoin son una distracción del verdadero trabajo que hay que hacer.

 

Fuente: Project Syndicate

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La Asociación Económica Integral Regional de los miembros del próspero bloque de 10 países del sudeste asiático, que encabeza China, alcanzaría a cubrir 50 por ciento del PIB mundial en 2030. En la imagen, puerto de carga en la ciudad china de Haikou.Foto Afp

En su celebración del año nuevo "occidental", el mandarín Xi Jinping exultó como uno de los mayúsculos logros de la China comunista haber sacado de la pobreza a 850 millones desde hace 43 años, según el Banco Mundial (https://bit.ly/3HwSmq9). El mandarín Xi comentó que había vivido en el campo y entendía el flagelo de la pobreza.

China erradicó la "pobreza absoluta" (sic) de 100 millones de las zonas rurales gracias a su reciente plan de ocho años: "Gran hazaña de China: erradicación de la pobreza extrema, y Chiapas, ¿cuándo?" (https://bit.ly/3FUMUNe). La "segunda larga marcha" del Partido Comunista chino, en cuanto al combate a la pobreza se refiere, no puede ser deslindado de la "primera larga marcha" del Ejército Rojo y del gran timonel Mao Zedong, que también trajo a colación el mandarín Xi, que culminó en Shaanxi, ni mucho menos de su "tercera larga marcha tecnológica" que se despliega en el espacio (https://bit.ly/3JEPzgl).

Tampoco se puede soslayar, en la óptica de la metafórica "tercera larga marcha tecno-industrial", el lanzamiento del máximo bloque geoeconómico del planeta de 15 miembros que encabeza China: el 15-RCEP, Asociación Económica Integral Regional (sic), de los miembros del próspero bloque de 10 países del sudeste asiático (10-ASEAN; https://bit.ly/3pWOmcB), sumando a Japón y Sudcorea (noreste asiático), así como a dos atípicos países anglosajones: Australia y Nueva Zelanda. Llamó poderosamente la atención el retiro in extremis de India.

¿Que advendrá del AUKUS geopolítico anglosajón? (https://bit.ly/3sYO9r9) El 15-RCEP sepultó al ATP (Asociación TransPacífico) forjado por Obama (https://bit.ly/3HBTdWt). El ATP fue otro cataclismo más de los zelotes neoliberales de la tríada aldeana del infatuado Videgaray, el ignaro Peña y el regio locuaz Guajardo, como también había sido otra hecatombe el hilarante "Plan Puebla Panamá" de la dupla Fox/Castañeda Gutman.

Según Andrew Mullen (AM), del SCMP, portal chino de Hong Kong, el 15-RCEP "cubre la tercera parte de la población global y 30 por ciento del PIB mundial" –que alcanzaría 50 por ciento en 2030, de acuerdo con proyecciones del banco británico HSBC–.

El 15-RCEP arrancó el 1º de enero con 10 de sus 15 miembros, mientras Sudcorea se incorporará el 1º de febrero y cuatro países (Indonesia, Malasia, Myanmar y Filipinas) deben ratificar todavía el tratado. Suena también impactante que Japón haya firmado su primer acuerdo de libre comercio en un bloque donde participan China y Sudcorea, pese a la conspicua ausencia de Estados Unidos. Se trata de un acuerdo "intra-asiático" que ya supera el comercio asiático con Norteamérica y Europa juntos (sic).

Se cumple un sueño que China promovió vehementemente desde 2012, con el fin de contrarrestar la apabullante influencia de Estados Unidos en la región Asia-Pacífico. Quizá el momento clave haya sido en 2017, cuando Trump retiró a su país del disfuncional ATP al que suscribió la aldeana tríada neoliberal Videgaray/Peña/Guajardo, carente de visión geoestratégica. Según AM, las "importaciones y exportaciones entre China y los otros 14 miembros del RCEP alcanzaron 1.72 millones de millones de dólares entre enero y noviembre de 2021, lo que representa 31 por ciento del valor comercial foráneo total de China", lo cual define quién resultó el gran vencedor.

El portal Russia Today aduce que el flamante 15-RCEP constituye "una mala noticia para los exportadores de energía de Estados Unidos" (https://bit.ly/3sZMTEa). Dicho sea con humildad de rigor, se asienta mi hipótesis de hace 13 años (sic): "desglobalización y regionalismos" (https://bit.ly/3JG1Jpk).

Hoy el mundo propende a una lucha de "regionalismos" con sus respectivos bloques comerciales: en primer lugar, se posiciona el 15-RCEP (30.5 por ciento del PIB global); en segundo, el 3-TMEC (28 por ciento) y, en tercer lugar, 27-Unión Europea (17.9 por ciento), según UNCTAD (https://bit.ly/3qJ0rkG).

No hay que perder de vista el peso de India y la Unión Económica Euroasiática de Rusia en sus próximas alianzas "regionales". ¡Llegó el mundo de los "regionalismos"! El "centro de gravedad" geoeconómico es hoy asiático.

 

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Martes, 04 Enero 2022 06:14

La orquesta del caos

La orquesta del caos

Borrón y cuenta nueva.

En el último trimestre de 2021, hasta 111 buques portacontenedores fondeaban en fila india frente a los congestionados puertos californianos, hasta el punto de que el Gobierno estadounidense se planteó movilizar a la Guardia Nacional para acelerar la evacuación de las mercancías; cientos de miles de contenedores vacíos se apilaban en Occidente y faltaban en Asia; transportar y colocar una bola de adorno fabricada en China en un árbol de Navidad holandés costaba hasta diez veces más que dos años antes; el índice de precios del transporte aéreo se disparaba; los retrasos en las entregas, que poco antes se medían en días, ahora se computaban en semanas o en meses; los proveedores informaban de la escasez de madera, de papel, de componentes electrónicos, de medicamentos y hasta de cereales de desayuno; los precios subían como la espuma; más del 55% de los grupos industriales franceses y tres cuartas partes de las empresas alemanas informaban de problemas de suministro. El libre comercio está descarrilando.

Desde 2020 los confinamientos sanitarios han trastornado la frágil infraestructura del comercio mundial. Montadas desde la década de 1990 para fomentar una máxima deslocalización de la producción hacia países de bajos costes laborales, las cadenas de suministro han cedido. La epidemia revela la verdad del sistema: en caso de crisis, sálvese quien pueda. No hay test sin reactivos, no hay reactivos sin industria química, etc. Y no hay vacuna para África. Ocurre que, desde 2008, la sucesión de choques económicos, climáticos, sanitarios y sociales se ha convertido en una nueva rutina. De repente, los Estados contemplan relocalizar.

Que simplemente se contemple ya es demasiado para la Organización Mundial del Comercio (OMC), al mando de esta orquesta del caos. Su último informe sobre el estado del comercio mundial tiene mucho de llamada de atención. “El informe transmite tres mensajes principales: en primer lugar, la actual e hiperconectada economía mundial, caracterizada por sus estrechos vínculos comerciales, ha hecho que el mundo sea más vulnerable a las perturbaciones, pero también más resiliente a ellas cuando se producen; en segundo lugar, las políticas que tratan de reforzar la resiliencia económica revirtiendo la integración comercial –por ejemplo, relocalizando la producción y defendiendo la autosuficiencia– pueden tener a menudo el efecto contrario y, en realidad, disminuir la resiliencia económica; y, en tercer lugar, reforzar esta resiliencia requiere más cooperación internacional” (1).

Causa preocupación que la palabra “resiliencia” solo aparezca 738 veces en 212 páginas. ¿Es esto de verdad suficiente para convencernos de la legitimidad de un sistema que hasta hace poco se presentaba como el remedio a las estrecheces de la Unión Soviética y que en definitiva se muestra incapaz de transportar tostadoras? Máxime cuando dicha legitimidad consiste simplemente en pretender restablecerse después de sus repetidos colapsos. Egresados de las más prestigiosas universidades del mundo, los economistas con rótulo de la OMC sueltan el carrete de una lógica imparable: en caso de choque, el libre comercio entra en barrena, pero la relocalización sería peor porque un comercio aún más desenfrenado gracias a una mayor cooperación internacional nos llevará a la felicidad por su mayor “resiliencia”. En resumen, como explicó una vez el presidente Mao Zedong, “no hay más que caos bajo el cielo, la situación es excelente”.

Nota:

 (1) “World Trade Report 2021. Economic resilience and trade”, World Trade Organization, Ginebra, 2021.

Pierre Rimbert. Redactor jefe de Le Monde diplomatique.

Fuente: https://mondiplo.com/la-orquesta-del-caos?utm_campaign=julio-2018-lmd&utm_medium=email&utm_source=julio-2018-lmd

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MÁS LEÍDOS 2021: El Banco Mundial y la “Tierra prometida del capital”

El Banco Mundial (BM) publicó el 27 de octubre el informe “Hacia la construcción de una sociedad equitativa en Colombia”. El estudio se fundamenta en la teoría del “capital humano”; según ésta, el conocimiento y la salud promueven la equidad y determinan el incremento de la productividad individual y el crecimiento económico. La política fiscal deberá ser el medio para invertir en el “capital humano”: el impuesto extendido a toda renta personal –IRP– y el impuesto universal al valor agregado –IVA– serán las principales fuentes utilizadas por el Estado para redistribuir entre los más pobres. El colofón es sencillo: i) hay pobreza porque los pobres cuentan con poco capital humano; ii) hay desigualdad y pobreza porque el Estado no dispone de los suficientes recursos presupuestales para incrementar el capital humano de los pobres; superados estos impasses, alcanzaremos la “Tierra prometida del capital”.

 

El BM, organización multinacional especializada en finanzas y asistencia creada en 1944, tiene como misión reducir la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida en los países en desarrollo (fomentar el aumento de los ingresos de los más pobres). Funcionarios de la institución analizaron la situación de Colombia como sociedad equitativa. Una sociedad equitativa, la define el BM, es aquella en la que las personas tienen las mismas oportunidades para seguir la vida que elijan, independientemente de las circunstancias en las que nacieron, y no están sometidas a la pobreza.

El informe documenta y describe las principales fuentes de desigualdad en Colombia, identifica los impulsores de esas disparidades y propone un menú con opciones de políticas, para abordar las causas de la desigualdad y promover una sociedad más equitativa. Para explorar los factores que conducen a las disparidades entre grupos, el informe se enfoca en el marco basado en activos, esto es, los elementos que determinan la capacidad de un individuo o un hogar para generar ingresos de mercado.

De acuerdo con el BM, la desigualdad de ingresos en Colombia es muy alta (gráfico 1), lo que se constituye en una limitación fundamental para el crecimiento económico y el progreso social. Esta realidad, que es estructural y crónica, en el 2019 fue la más alta entre todos los países de la Ocde y la mayoría de los de América Latina y el Caribe (ALC). Los ingresos del 10 por ciento de la población más rica de los colombianos son once veces mayor que la del 10 por ciento más pobre.

Una constante histórica en aumento desde 2018, agravada, además, por el impacto del covid-19, factor que aumentó la pobreza en 6,8 puntos porcentuales en 2020, y llevó a que 3,6 millones de personas más se volvieron pobres, particularmente en las áreas urbanas, provocando, también, que la pobreza extrema aumentara en 5,5 puntos porcentuales, para dejar a 2,8 millones de personas más sin poder cubrir las necesidades alimentarias básicas.

Estas realidades, la histórica y la coyuntural, al ritmo del declive observado entre 2008 y el 2019, justo antes de que estallara la pandemia, implican que a Colombia le tomaría cerca de cuatro décadas para alcanzar el nivel promedio de desigualdad que resalta entre los países de la Ocde.

El BM sostiene que las políticas tributarias y de transferencias vigentes en Colombia, en el mejor de los casos, solo tienen un impacto positivo modesto sobre estos desequilibrios, por lo que es evidente que existe un amplio potencial para mejorar el papel redistributivo de su política fiscal. Las reformas de políticas en muchas áreas podrían ayudar a trazar un futuro más equitativo para el país.


La estructura

El informe está estructurado en seis capítulos: i) vista general del desafío: impulsores de las desigualdades y opciones de política; ii) principales activos con los que las personas, en particular las más pobres, pueden contar para generar ingresos: la educación y la salud, o lo que se conoce como su capital humano; iii) barreras que afectan la utilización y el rendimiento del capital humano en el mercado laboral: las barreras a la movilidad laboral, desde sectores con baja productividad a los sectores más dinámicos, y el acceso desigual a las nuevas tecnologías que limitan el acceso de los pobres a los trabajos del futuro; iv) propiedades redistributivas del sistema fiscal en Colombia y análisis del alcance de los impuestos directos e indirectos, el gasto social y los subsidios en la reducción de la desigualdad; v) impulsores de las diferencias en el bienestar entre territorios; vi) impactos a largo plazo del cambio climático sobre la desigualdad, a través de sus efectos sobre la productividad sectorial, la productividad laboral y el suministro de energía.

El aspecto más grave que describe este informe es el de la persistencia intergeneracional de las desigualdades, la pobreza y las exclusiones. En Colombia no existe movilidad social ascendente: quien nace pobre, vive y muere en igual circunstancia y las generaciones que le siguen heredan la pobreza. Las perspectivas de ingresos y formación de un niño o niña en el país dependen, lamentablemente, de las circunstancias en que nacen, de la situación de sus padres, de su pertenencia étnica, incluso de la región geográfica.

De este modo, las disparidades entre los ingresos en los adultos surgen de las brechas abiertas desde la vida temprana para las oportunidades de alta calidad en desarrollo infantil, nutrición, educación y servicios de atención médica. La desigualdad en el acceso a empleos de calidad amplifica aún más estas brechas, lo que convierte al país en un territorio donde las desigualdades son más persistentes entre generaciones. La desigualdad de larga data entre las regiones se superpone con las grandes brechas en el bienestar entre los afrodescendientes e indígenas y el resto de la población.

De manera crónica y estructural, la evidencia empírica en Colombia muestra históricamente que los pobres se vuelven más pobres mientras los ricos se vuelven más ricos. La intervención del Estado a través de la política fiscal, el gasto social y los subsidios no transforma esta cruda realidad ni reduce las amplias brechas de la desigualdad. No importa que el ingreso social crezca a un ritmo significativamente más rápido que la población; de todos modos la pobreza y la desigualdad se reproducirán de manera ineluctable (gráfico 2). Durante las últimas tres generaciones, de 1950 a 2021, el ingreso per cápita (valor del PIB dividido por el tamaño de la población) creció 3,5 veces en precios constantes y el coeficiente de concentración Gini aumentó en 0,153, esto es, de 0,400 a 0,553 (el valor del coeficiente tiene un rango de 0 a 1, donde 0 es igualdad absoluta y 1 la máxima desigualdad). El sistema está diseñado de tal manera que los pobres transfieren ingresos y riqueza a los más ricos mediante diversos procedimientos.

Una realidad tal que lleva a que Colombia sea uno de los países del mundo donde las desigualdades sean más persistentes entre generaciones. Las desigualdades y las brechas de pobreza entre sus connacionales son abrumadoras, multifactoriales y se generan desde el nacimiento (gráfico 3).

 

 

Una realidad palpable. En general, un niño o niña pobre recibe dos años y medio menos de educación y tiene tres veces más riesgo de sufrir desnutrición que uno que no está en esa condición socioeconómica. La educación que reciben los pobres es de mala calidad y poco pertinente para su desarrollo personal, la inserción en el mercado laboral y el ejercicio de la ciudadanía. Los pobres no tienen acceso a una atención médica de alta calidad; esto contribuye a las disparidades en los resultados: los niños más empobrecidos tienen tasas de retraso en el crecimiento que son tres veces mayores que las de los niños más ricos. El empleo que logran es de bajos e inestables ingresos y sin acceso a la seguridad social; además la informalidad, los puestos de trabajos precarios e inhumanos son la marca imborrable de sus actividades laborales. Cuando el mercado laboral los excluye por vejez, enfermedad o invalidez, los pobres están desprotegidos, esto es, no acceden a una pensión y deben sobrevivir, si lo logran, del asistencialismo público o de la solidaridad familiar, pues carecen de ahorros o medios de vida o sustento que les permitan asegurar sus necesidades vitales.

Debido a la alta informalidad, inestabilidad laboral y desempleo, solo uno de cada cuatro colombianos logra acceder a una mesada pensional. De los cerca de 80 billones de pesos que al año debe sacar el fisco para todos los fines sociales, unos 25 billones de pesos se están yendo a subsidiar las pensiones del régimen público (prima media) y de esos subsidios, el 65 por ciento (unos 16,3 billones de pesos) va al 20 por ciento de mayores ingresos de la población, y menos del uno por ciento (solo 250.000 millones de pesos al año) son apropiados para subsidiar las pensiones del 20 por ciento de la población de menores ingresos. Las pensiones de más de veinte salarios mínimos legales (SML), subsidiadas con recursos públicos, favorecen y benefician a los altos funcionarios del Estado, miembros de las fuerzas armadas, políticos de carrera y poderosos empresarios. En el régimen de prima media el monto máximo de la mesada pensional no puede exceder al equivalente de 25 SML mínimos mensuales según el artículo 18 de la ley 100 de 1993; no obstante, políticos y magistrados han logrado pensiones infinitamente superiores a ese tope, pero ello no está al alcance del ciudadano común y corriente, quien no podrá aspirar a más de 25 SML mensuales (el 85% de las mesadas pensionales son inferiores a los dos SML mensuales). Este es un ejemplo entre muchos de como la institucionalidad y las leyes favorecen la desigualdad y las profundas brechas de ingresos entre ricos y pobres, entre quienes detentan el poder y el ciudadano de a píe. La teoría del “capital humano” no tiene ni asomo de validez para explicar esta situación de inequidad estructural; ni siquiera el nivel educativo alcanzado es un buen predictor de la distribución de los ingresos. En resumen, el sistema de seguridad social es inequitativo, puesto que los subsidios pensionales se concentran en los sectores más ricos de la población.


Principales hallazgos y recomendaciones


En este plano el informe, “Hacia la construcción de una sociedad equitativa en Colombia”, plantea:

• La desigualdad en nuestro país se extiende más allá de los aspectos materiales de los medios de vida. Los colombianos con menos educación, la población rural y los desempleados o empobrecidos tienen muchas menos probabilidades de considerarse felices. Cuatro de cada cinco connacionales creen que la distribución del ingreso es injusta o severamente injusta.
• En Colombia, las desigualdades afectan a las personas desde el comienzo de sus vidas de una manera que tiene consecuencias en la acumulación de capital humano y, por lo tanto, en las oportunidades disponibles al momento de ingresar al mercado laboral u obtener ingresos.
• Una mujer tiene 1,7 veces más probabilidades de estar desempleada que un hombre. Un indígena recibe en promedio dos años menos de escolaridad que otros habitantes del país, y un afrocolombiano tiene el doble de probabilidad de vivir en un barrio pobre.
• Las desigualdades también persisten entre generaciones. Los niños en este país enfrentan perspectivas de vida muy diferentes, debido a las circunstancias en las que nacen: es probable que un hijo de un padre con bajos ingresos gane menos que un hijo de un padre con altos ingresos. Entre un grupo de 75 países, la transferencia de la brecha de ingresos de una generación a la siguiente en Colombia es la más arraigada.
• Las desigualdades afectan a las personas desde el comienzo de sus vidas de una manera que tiene consecuencias en la acumulación de capital humano y, por lo tanto, en las oportunidades disponibles al momento de ingresar al mercado laboral u obtener ingresos.
• Promover la acumulación de capital humano desde la primera infancia requiere simplificar los procedimientos administrativos para que los ciudadanos accedan a los servicios de desarrollo de la primera infancia (DPI), introducir un plan de estudios básico para las competencias esenciales en todo el sistema educativo y brindar apoyo pedagógico a sus docentes sobre las pautas del plan de estudios básico. Al mismo tiempo, también requiere fortalecer los vínculos entre la educación primaria y secundaria y terciaria, asegurando la calidad y pertinencia del plan de estudios. En salud, el modelo de prestación de servicios debe transformarse en un sistema de atención primaria que se adapte a las necesidades locales; se deben proporcionar acreditación e incentivos financieros a las aseguradoras de salud.
• Solo el 40 por ciento de los colombianos que trabajan tiene empleo en el sector formal, lo que es una de las tasas más bajas de ALC. Las estrictas regulaciones laborales y los altos salarios mínimos desalientan la creación de empleos en el sector formal, y dejan a la mayoría de los pobladores trabajando en el sector informal. Con una clasificación de 109 entre 141 países, Colombia tiene una de las disparidades más grandes del mundo en el uso de tecnología entre grupos socioeconómicos: aunque el 73 por ciento de las personas en el 60 por ciento superior usa Internet, esa cifra es solo del 53 por ciento entre los del 40 por ciento inferior.
• Las políticas para reducir las distorsiones del mercado laboral que afectan a estos grupos incluyen hacer contribuciones a la seguridad social proporcionales a las horas trabajadas y limitar el crecimiento del salario mínimo a la inflación hasta que alcance un nivel más favorable a la creación de empleo. Cerrar las brechas entre los grupos también exige eliminar las barreras al acceso equitativo a las oportunidades económicas.
• La brecha entre la región más rica y la más pobre de Colombia es más del doble que la de otros países de la Ocde. Las disparidades espaciales se superponen con los grupos de población definidos por etnia. Reducir la desigualdad territorial requiere de políticas que fortalezcan la capacidad técnica y el desempeño fiscal de los gobiernos subnacionales, particularmente entre aquellos que están rezagados y necesitan más apoyo. La expansión de la conectividad, desde las secciones residenciales de las áreas periurbanas y los municipios más pequeños, hasta la red de carreteras terciarias y secundarias, y el refuerzo de los programas de vivienda también pueden aumentar el acceso a las oportunidades y reducir las desigualdades.
• En comparación con otros países de la Ocde y ALC, en Colombia los impuestos y las transferencias impactan poco para reducir la desigualdad de ingresos. Las políticas para aumentar el efecto redistributivo del sistema fiscal incluyen (i) extender el impuesto de renta personal a los dos deciles superiores de la distribución del ingreso en el corto plazo, con el objetivo de extenderlo a la mitad superior de la distribución del ingreso a largo plazo, a medida que aumenta el ingreso y la pobreza se reduce significativamente; (ii) reducir la lista de bienes exentos de IVA, lo que podría hacerse de manera paulatina, imponiendo inicialmente una tasa baja que va aumentando para dar tiempo a las cadenas productivas (especialmente para aquellos bienes que están excluidos del IVA) a adecuar sus precios; y (iii) mejor focalización de las transferencias y reducción de las fugas en los subsidios a los servicios públicos. Además, la creación de un registro social único dinámico, confiable e integrado puede informar el diseño y la implementación de programas de gasto social más efectivos.
• Los programas de asistencia social no están diseñados para proteger de manera flexible a los hogares contra las crisis. Las opciones de política relacionadas con las políticas de mitigación y adaptación climáticas que tienen como objetivo reducir el impacto de los choques climáticos en los más vulnerables incluyen (i) fortalecer el Sistema Nacional de Extensión Agrícola, mediante la incorporación de criterios de mitigación y adaptación en los planes departamentales de extensión y el desarrollo de la capacidad de los proveedores de servicios de extensión agrícola; (ii) consolidar el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén), registros administrativos de asistencia social y otras bases de datos clave en un registro social único dinámico, confiable, integrado y equipado con herramientas de evaluación de riesgos climáticos; y (iii) fortalecer la fijación de precios del carbono, mediante la ampliación del impuesto al carbono y la introducción de un sistema de comercio de emisiones.
• Reducir las desigualdades no es solo un objetivo por motivos morales, también tiene un buen sentido económico. Abordar las desigualdades puede conducir a una fuerza laboral mejor preparada, más capacitada y productiva; un crecimiento económico más fuerte y sostenible, y una cohesión social más estrecha. En síntesis, la “Tierra prometida del capital”.


Trascender la ideología

Una distribución más equitativa del ingreso social ha sido reconocida durante largo tiempo como uno de los fines principales de la política económica. El método más popular y simple a corto plazo para la redistribución del ingreso real consiste en la recaudación de impuestos sobre la renta y sobre el capital altamente progresivo, al mismo tiempo que el gobierno suministra a todo el mundo, de manera gratuita, un mayor número de bienes y servicios1.

Método que ha conducido a la autoreproducción ampliada, parasitaria e imparable del moderno Estado administrativo, intervencionista, fiscalista y policial. Tendencia que recuerda la ley wagneriana, conocida también como “ley de la cuota estatal creciente” o “ley de la ampliación continua de la actividad estatal”. Cada vez son menos los que consideran la ampliación autógena de las actividades estatales dentro del marco de la satisfacción de la necesidad comunitaria, mientras que la mayoría contempla con ojos escépticos y conciencia crítica el complejo del estatalismo, fiscalismo, intervencionismo, autoritarismo y represión, y suponen en él, cada vez más, el teatro absurdo de una sobredimensionada institución de autoservicios y corrupción que es contraproductiva. De este modo, la exigencia actual de “justicia social” tiende a confiscar la propiedad del sector productivo y los ingresos de la clase trabajadora para desviarla “socialmente” al sector improductivo2.

La distribución del ingreso depende de una multitud de factores que ejercen una variada influencia. Los más visibles son el grado de concentración de la propiedad y de la renta del capital, y los niveles de remuneraciones y ocupacionales. La distribución determinada por estos factores (distribución funcional del ingreso) es modificada por la tributación sobre el capital y el trabajo y por el sistema de seguridad social. La distribución que resulta –distribución personal y familiar del ingreso– refleja de manera predominante ingresos de carácter monetario; por lo que es necesario también incorporar la provisión por parte del Estado de bienes y servicios colectivos (educación, salud, vivienda, servicios domiciliarios) y los gastos improductivos del Gobierno (técnicamente llamados de funcionamiento) que genera esta intermediación: sostenimiento de un frondoso aparato burocrático-militar improductivo.

En Colombia siempre ha habido una relación de simbiosis entre el gran capital privado y el poder del Estado. Las políticas públicas son un reflejo de la lucha de clases cuidadosamente perfiladas y planeadas para favorecer a los ricos y exprimir aún más a los pobres. En la perspectiva de la dinámica sociopolítica, económica, cultural y ambiental sistémica y compleja el modelo de análisis para la determinación de las fuerzas que operan en la distribución y redistribución del ingreso debe contemplar los siguientes elementos y ámbitos:

i) la ideología económica y política preponderante que deriva de la coalición hegemónica existente y que sirve de orientación general para la política económica, en particular, y las políticas públicas, en general (complejo de necesidades e intereses que predominan en el poder y los centros de decisión);
ii) la composición del elenco gobernante que toma las decisiones principales de la política económica; los partidos y grupos políticos de donde provienen y las alianzas que establecen, los intereses sectoriales que representan y las vinculaciones que mantienen con los principales grupos, transnacionales y sectores económicos privados dentro del contexto de las relaciones entre “los negocios” y el gobierno;
iii) los grupos de presión, partidos, movimientos políticos y mafias organizadas: sus principales conexiones y alianzas, grado de influencia y medios a través de los que la ejercen, ideologías respecto a la distribución del ingreso y la riqueza;
iv) la política económica misma, en tanto estrategia para la distribución del ingreso, sus relaciones con la política general y la ideología predominante, su consistencia interna, las reacciones de aceptación y oposición que produce, dinámica y resultados de la lucha de clases;
v) La situación económica general, tendencias del modelo dominante de desarrollo, estado coyuntural de la economía, dependencia, articulaciones y relaciones comerciales con el sistema mundo capitalista, políticas gubernamentales orientadas a mejorar las condiciones de los pobres, heterogeneidad del aparato productivo, vigencia de los derechos humanos y calidad de la democracia, el proceso inflacionario y los precios relativos, etcétera.

Todos estos elementos y ámbitos deben considerarse como unidades de un conjunto analítico estructural y de un tipo histórico que tiene sentido y significado propio al interior de una totalidad sistémica emergente, dinámica, dialéctica, cambiante y en desarrollo3.

1 Mishan, E. J. Los costes del desarrollo económico. Oikos-Tau ediciones, España, p. 44.
2 Sloterdijk, Peter. (2018) ¿Qué sucedió en el siglo XX? Ediciones Ciruela S. A. España, pp. 16 y 82.
3 Graciarena, Jorge. (1974), “Estructura de poder y distribución del ingreso en América Latina”; en: Foxley, Alejandro (editor), Distribución del ingreso, Fondo de Cultura Económica, México, pp. 318-319.
* Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos desdeabajo y Le Monde diplomatique, edición Colombia.

 


 Perspectiva analítica

La desigualdad es un agravio a la justicia. El valor central para definir una desigualdad como iniquidad es la justicia: la iniquidad es una desigualdad considerada injusta. La desigualdad también afecta negativamente la garantía y disfrute de los derechos humanos como también el efectivo ejercicio de la democracia diaria.


Por debajo de la distribución del ingreso subyace una estructura de poder. De una parte, el ingreso es una categoría económica y, de otra, los mecanismos que pueden modificar las pautas dominantes de la distribución son de naturaleza política, dado que son controlados desde los grandes centros de decisión de la sociedad (principalmente el Estado). Por tanto, el punto de convergencia estructural entre el ingreso y el poder social se encuentra en la propiedad y organización de las fuerzas productivas y en las relaciones sociales de producción que dan origen a las clases sociales, o grupos de gentes, que se diferencian unos a otros en su posición en un modo de producción, y en el tamaño de la parte de ingresos sociales y riqueza que les corresponde como consecuencia de su conciencia social, fuerza organizativa, posición y del balance de la lucha de clases.


Generalmente se utilizan cuatro tipos de análisis económico de la distribución del ingreso: i) la funcional (capital/trabajo), ii) la personal o familiar según factores demográficos y socioeconómicos, iii) la dada por categorías socioeconómicas; iv) la propiciada por las fuerzas sociopolíticas que operan en la asignación del ingreso social desde la perspectiva de la dinámica societal sistémica, estructural e histórica.


Un modelo analítico para la determinación de las fuerzas socioeconómicas y políticas que operan en la asignación del ingreso social debe contar con la perspectiva de la dinámica histórica y societal global. En el campo de la lucha sociopolítica, el enfrentamiento entre derechos iguales lo define el poder o la fuerza dominante. Es una regla para el análisis de la dinámica social, primero, que las acciones sociopolíticas están motivadas por necesidades e intereses y, luego, que habitualmente hay una convergencia relativa entre los efectos de la acción y las finalidades perseguidas por los agentes beneficiados por ella. Una de las características centrales de las sociedades capitalistas modernas es la vinculación cada vez más estrecha entre los “negocios” y la política*. Las necesidades e intereses de los grupos que dominan se proyectan en la política económica, monetaria, crediticia, cambiaria, de precios, fiscal y de subsidios.


En la perspectiva analítica del informe del BM, ni el sistema económico ni la estructura de poder son cuestionados, en consecuencia carece del análisis de la dinámica sociopolítica. La distribución del ingreso es un hecho “natural” económico e institucional, sin que nada tenga que ver con el sistema o la estructura del modo de producción y menos aún con la lucha política entre las diferentes clases o grupos sociales. Las participaciones en los ingresos sociales del factor capital y del factor trabajo (distribución funcional) están determinadas por las productividades marginales relativas que, con una tecnología dada, dependen a su vez de los montos relativos de los factores empleados. En este modelo analítico, a nivel microeconómico las participaciones relativas se alteran tanto con los cambios técnicos que modifican las productividades marginales, cuanto con las variaciones en las cantidades relativas de factores empleados; el nexo con el análisis macroeconómico se concreta a través de las funciones agregadas de producción. Dinámica que depende de los precios relativos del capital y el trabajo, en un contexto de maximización de utilidades y de competencia perfecta en el cual operan las fuerzas del mercado.


La productividad del factor trabajo es fruto, según la ideología que sustenta el informe del BM, del “capital humano” que posee cada individuo. En consecuencia, el documento “Hacia la construcción de una sociedad equitativa en Colombia” se centra en los principales activos con los que las personas, en particular las más pobres, pueden contar para generar ingresos: la educación y la salud, o lo que se conoce como su capital humano. Por esa razón, el BM se centra en los mecanismos que dispone el gobierno para modificar la distribución primaria y secundaria del ingreso a través del sistema fiscal (impuestos directos e indirectos), el gasto social y los subsidios, teniendo como objetivo principal del análisis la reducción de la desigualdad y la pobreza. Corolario del “capital humano”, el BM da preponderancia al uso diferencial y selectivo de mecanismos redistributivos directos al margen del mercado, tales como “inversiones” en educación, salud, vivienda y equipamiento comunitario.


El Grupo Banco Mundial que tiene como eslogan trabajar con los países en desarrollo con el fin de reducir la pobreza y aumentar la prosperidad compartida, no toma en cuenta que una estrategia redistributiva, para lograr el éxito, necesita de un sólido apoyo político. El problema consiste en que los grupos sociales a favor de los cuales hay que redistribuir son aquellos que tienen un menor grado de organización, cohesión interna y capacidad de presión sobre el aparato del Estado. Es preciso diseñar estrategias y políticas que abran paso a la participación directa de estos grupos en el poder. La conciencia social, la organización, la lucha por el poder y la profundización de la democracia real y directa son fundamentales en la conquista y construcción de una sociedad igualitaria. Los ricos raramente ayudan a los pobres, más a menudo los explotan.
En resumen, el estudio del BM carece de un análisis sistémico, de una perspectiva histórica crítica y de mecanismos estructurales que permitan superar la desigualdad y garantizar el acceso de todos los connacionales a una vida digna, solidaria y democrática.

* Graciarena, Jorge. (1974). “Estructura de poder y distribución del ingreso en América Latina”; en: Foxley, Alejandro (editor), Distribución del ingreso, Fondo de Cultura Económica, México, p. 311.


 Retos que tendría un gobierno “progresista” de salir electo en el 2022


Siete son los retos que debe enfrentar un gobierno alternativo a las clases y grupos hegemónicos que han dominado el escenario sociopolítico y económico durante el último medio siglo en Colombia: i) deconstruir los mecanismos de conservación y reproducción que siempre han estado representados o encarnados en las clases o grupos que controlan el poder, son dueños del capital y determinan las instituciones públicas; ii) romper el vínculo entre negocios, política y corrupción; iii) transformar la política social asistencialista en una dinámica que recupere la dignidad humana, el trabajo productivo y asociativo, a la vez que promueve la autonomía territorial y el desarrollo sostenible de las localidades y comunidades; iv) profundizar la democracia radical en una perspectiva universal y sistémica; v) garantizar un ingreso básico ciudadano universal y la satisfacción gratuita de las necesidades vitales de toda persona (educación, salud y seguridad social); vi) emprender una reforma agraria integral y nacional, fortalecida financiera, técnica y comercialmente orientada a abastecer los mercados internos y externos; vii) Control estatal y popular sobre los medios estratégicos y financieros del desarrollo, sustituyendo el modelo económico neoliberal por un sistema de planificación democrático, plural y global, sectorial y regional.


 

La otra cara de la riqueza

El BM encubre la estructura económica y sociopolítica del capitalismo, sus desigualdades, contradicciones y conflictos. Oculta que la otra cara de la riqueza y la concentración del ingreso son la pobreza crónica y la exclusión. El principio guía: “lo que es bueno para los ricos necesariamente debe ser bueno para los pobres”. Ignora que la sociedad capitalista con su estructura definida de clases antagónicas contiene, a la vez, una inmodificable estratificación socioeconómica al interior de las clases. El informe descansa en la utopía de una sociedad sin pobres, armónica, prospera y equitativa. En síntesis, el BM prefigura para Colombia, si se obedecen sus recomendaciones, el que se haga realidad el concepto mesiánico de la “Tierra prometida del capital”. En la lectura del informe, por su ocultamiento o negación, es necesario, entonces, evidenciar las contradicciones y antagonismos del sistema, como también desenmascarar los mecanismos de conservación y reproducción que siempre están representados o encarnados en las clases o grupos controladores del poder y que determinan la estructura de las desigualdades y la pobreza.

 

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Naib Bukele, en la toma de posesión del cargo de presidente de la república de El Salvador en 2019. Foto: Carlos Moronta/Presidencia República Dominicana

En el mes de diciembre, en el ‘Pulgarcito de América’, tres simbólicas efemérides coincidieron con la agitación de tensiones diplomáticas, deudas históricas con la justicia por crímenes de lesa humanidad, y una marcha masiva contra el presidente.

“Las casualidades no existen, las causalidades, sí”, filosofaba Sebastián Torogoz, ex combatiente del FMLN y actual líder del mítico grupo musical, Los Torogoces de Morazán. Su reflexión coincidía con tres efemérides que, en una misma semana, y mediante actores distintos, han acrecentado las tensiones con las que se dibujan los nuevos paradigmas que afectan a los salvadoreños, a su clase política y a Estados Unidos. Casualidad, causalidad o coincidencia, así fue como transcurrieron esos días.

9 de diciembre, Día Internacional Contra la Corrupción

A San Salvador le caracteriza el caos de una ciudad centroamericana cualquiera, pero transcurre una paz inquietante. La gente vende, compra, viaja en bus, camina por la calle, llena restaurantes y se desplaza como en cualquier otro lugar del mundo, sólo que hay 19,5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Llama la atención que, pese al tráfico denso, no suena ni una bocina. “Acá nadie pita porque no sabes si en el carro de enfrente van unos mareros. Las maras ya no son un montón de tipos tatuados, ahora puede ser desde esa señora que está ahí palmeando tortillas, hasta un ejecutivo o un político”, cuenta un lugareño. Esa ‘paz’ deja entrever fotógrafos del gobierno con aparatos carísimos por toda la ciudad, documentando la obra pública del presidente para el universo paralelo de las redes sociales. 

Entre las estampas cotidianas que en el presente sólo pueden divisarse en El Salvador, hombres y mujeres de apariencia humilde buscan asesoría en los puestos de la Chivo Wallet —la cartera oficial de bitcoin del gobierno— para retirar los 30 dólares prometidos a todo aquel que descargase la aplicación en su teléfono.

Lejos de estos cajeros custodiados por militares y policías, las relaciones entre las administraciones de Joe Biden y Nayib Bukele se acercan a un punto de ebullición. Hace un mes que Jean Manes, la Encargada de Negocios interina (máximo representante comercial entre la diplomacia), sorprendió anunciando que dejaba su cargo. En alusión a un acercamiento con la Casa Blanca, Manes declaraba en un programa de televisión local que “no podemos pensar que hay interés si están usando su maquinaria de comunicación pagada para atacarnos todos los días. Ataques a la Embajada, a mi persona y hasta al presidente Biden”. 

Así, en el marco del Día Internacional contra la Corrupción, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos procuró la primera coincidencia: bajo la Ley Global Magnitski sobre Responsabilidad de Derechos Humanos, tres piezas clave del gobierno de Nayib Bukele fueron sancionadas. El director de Centros Penales y viceministro de Seguridad de El Salvador, Osiris Luna y el encargado de la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, protagonizaron el escándalo semanal. Se confirmaba así lo que el diario local El Faro ya había destapado: las negociaciones del gobierno de Bukele con las maras MS-13 y Barrio 18, consideradas organizaciones de crimen transnacional por los Estados Unidos y terroristas por El Salvador. Además, a la jefa de Gabinete del Ejecutivo, Carolina Recinos; se le acusaba de dirigir “un esquema de corrupción multimillonario en múltiples ministerios”, según un comunicado del Departamento del Tesoro.

Las negociaciones con las pandillas consistían en que estas mantuvieran bajos los homicidios y la violencia, a cambio de incentivos económicos y otras exigencias. También, se negoció apoyo político al partido Nuevas Ideas de cara a las próximas elecciones y la ayuda de las maras para mantener la cuarentena durante la pandemia en las zonas que ellos controlaban. “Las pandillas también obtuvieron beneficios para los líderes encarcelados en los centros penitenciarios, como la provisión de teléfonos celulares y prostitutas”, señalaba un comunicado del Tesoro estadounidense. Bukele, por su parte, negó los hechos desde su cuenta de Twitter.  

Combatir la corrupción es una de las estrategias con las que la administración Biden dice pretende reducir la inmigración del Triángulo Norte. Así, mientras Estados Unidos excluía a El Salvador de la lista de invitados de la Cumbre por la Democracia que se celebraba el mismo fin de semana, el autodenominado ‘CEO de El Salvador’ arremetía en Twitter publicando pantallazos de supuestas conversaciones privadas de Whatsapp mantenidas con Manes, que posteriormente eliminó. 

En la víspera del 10 de diciembre, un mensaje se difundió por las montañas de Morazán. Alertaba de la visita de Bukele a la plaza central de El Mozote, donde el 11 de diciembre de 1981, en plena guerra civil, el Batallón Atlácal del ejército salvadoreño financiado por Estados Unidos, pronunció frases como éstas: “¡Mayor! Aquí hay uno que dice que no quiere matar niños”, “¿Quién es el hijo de puta que dice eso?”. Asesinaron a 558 pequeños, utilizaron la violación a mujeres y niñas como arma de guerra y los hombres fueron torturados y aniquilados. Después quemaron sus cuerpos y sus casas y prosiguieron a hacer lo mismo en otros caseríos de la zona. ‘Tierra arrasada’ se llamaba la técnica contrainsurgente. No quedó nada. Fueron cerca de mil personas en tres días en varios cantones de la zona. Cuarenta años han pasado de un crimen que permanece impune, y la comunidad llevaba semanas preparando la conmemoración.

Pero Bukele decidió hacer un evento propio y no acompañar a las víctimas en aquel que ellas mismas, sin ayuda del gobierno, habían organizado. Fue acompañado de un equipo de alrededor de cien personas que incluía una veintena de fotógrafos y videógrafos (la materia prima del bukelismo), policías y —en un desliz de tacto con las víctimas— hasta militares. “Todo el mundo sabe que esto es para desestabilizar la conmemoración de mañana. Las instituciones querían apropiársela, pero como no se les permitió, entonces hacen sus escenarios autónomos”, espetaba Nancy Guevara, miembro de la Asociación Promotora para los Derechos Humanos de El Mozote (APDHEM).

La masacre de El Mozote y Lugares Aledaños es un punto de inflexión en su historia contemporánea, tanto por la magnitud del crimen, como por los implicados (alto mando militar, apoyo económico y asesoría militar de Estados Unidos) y por el hecho de ser el primer proceso judicial por delitos graves de la guerra civil que se realiza en el país. Pero el juicio se tropezó con varias piedras lanzadas desde la administración. Una de ellas fue la reiterada negativa de los militares a las exigencias del juez Jorge Guzmán de entregar los archivos relacionados con el caso. La otra, un decreto legislativo que jubiló a un tercio de los 690 jueces del país y que acabó por sacar a Guzmán del caso. “No vengo a pedir perdón, qué pidan perdón los asesinos”, dijo Bukele iniciando su discurso. 

“Hace poco atacaron un decreto de la Asamblea Legislativa porque dicen que yo ataco al juez de El Mozote, y pienso: ¿No hubo Asamblea Legislativa, sistema judicial, Corte Suprema de Justicia durante 40 años? ¿No fue suficiente tiempo para probar si iban a hacer justicia o no?” Así, en su discurso, el autodenominado CEO de El Salvador, prometió una inversión de 32,4 millones de dólares, pero en ningún caso se refirió a la desclasificación de los archivos militares, imprescindibles para la investigación y condena de los autores intelectuales y materiales de la masacre. Varias organizaciones le acusaron —ya que es también comandante general de las Fuerzas Armadas— de “obstruir” la justicia y solicitaron una investigación a la fiscalía. Mientras tanto, Bukele ya prepara constitucionalmente el camino para su reelección, así como la duplicación de los efectivos militares de 20.000 a 40.000 en los próximos cinco años. 

 “El Gobierno de Bukele está exacerbando el militarismo, tiene un pacto muy claro con el alto mando. Es un autoritario que no dialoga con los sectores sociales, que impone y está demoliendo los pocos estándares democráticos que se habían conseguido en El Salvador. En apenas dos años ha desbaratado la separación de poderes y la independencia judicial, además de acosar a la sociedad civil organizada”, explica David Morales, abogado de las víctimas. 

En ese sentido, El Salvador busca aprobar una Ley de Agentes Extranjeros para que las organizaciones civiles y los medios de comunicación que reciben fondos de cooperación extranjera paguen un impuesto del 40% por las donaciones recibidas. Su incumplimiento supondría penas de hasta cinco años de prisión. El Anteproyecto de Ley fue rechazado por las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Comité de Protección a Periodistas (CPJ) y la Sociedad Interamericana de Prensa. “En muchas cosas este gobierno es impredecible, se ha caracterizado por la audacia, impetuosidad, frecuentes cambios de rumbo y desdén por el Estado de derecho. Pero tiene una constante que me preocupa mucho: la ambición desmedida de controlar todos los hilos de la vida política del país”, explica Héctor Lindo, profesor emérito en historia de Fordham University.

11 a 13 de diciembre, Aniversario de la Masacre de El Mozote y lugares aledaños

Al día siguiente de la visita del presidente, comenzaron las conmemoraciones en medio de un escenario teñido de solemnidad, recuerdos dolorosos y una plaza repleta de víctimas. Hay quienes dicen que el caso de El Mozote es un tema local, sin embargo, entre los asistentes se encontraba Brendan O’Brien, sucesor de Manes, quien aprovechó la ocasión para anunciar la entrega de nuevos documentos desclasificados del gobierno de Estados Unidos. “Preservar nuestra memoria histórica es un elemento fundamental para garantizar nuestro futuro. Debemos comprender que impulsó los conflictos del pasado si queremos lograr una reconciliación significativa con ese pasado, una paz duradera, y así asegurar que tales abusos no se repitan”, expresó O’Brien en su intervención. 


Según las investigaciones de la doctora Terry Karl, perito cuyo testimonio fue también clave juicio de la Audiencia Nacional por el asesinato de los jesuitas españoles, la masacre de El Mozote generó una fuerte tensión con Washington. David Morales lo sintetizaba así: “Washington estaba muy incómodo ya que las constantes violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas de El Salvador complicaba la aprobación de la ayuda militar por el Congreso estadounidense. Karl demuestra el deliberado rol de encubrimiento de la masacre por parte de Estados Unidos, ya que el interés era seguir financiando la guerra por sus objetivos contrainsurgentes. Hubo un militar estadounidense que estuvo presente en la zona en ese momento, rompiendo las reglas que tenía como militar asesor de los Estados Unidos”.

El domingo 13, mientras unos honraban a sus muertos y desaparecidos, a 150 kilómetros de ese antiguo territorio guerrillero, la policía salvadoreña restringía el acceso de autobuses llenos de manifestantes a la capital. Pese a ello, la sociedad civil, sindicalistas, exjueces, excombatientes militares y guerrilleros y heridos de guerra, tomaron las calles por cuarta vez en una protesta masiva cuyas razones se resumen en un cartel que decía así: “Marchamos por la restauración del Estado de derecho y la independencia judicial. Por la liberación de los presos políticos, por los desaparecidos, por la eliminación del bitcoin, por los despidos masivos en el sector público, por el alza de la canasta básica y el alto costo de la vida, por los salarios y pensiones indignas, por el nepotismo y la misoginia del presidente y sus secuaces”.

Para Lindo, pese a que Bukele cultiva la imagen de un “nuevo tipo de líder”, su comportamiento “no dista de los hombres fuertes de la política salvadoreña del siglo XX”.  En ese sentido, el profesor destaca sus “intentos de silenciar a la prensa, supeditación de los poderes del Estado a la voluntad presidencial, dar privilegios al ejército y total falta de respeto al espíritu y la letra de la Constitución”. Pero más allá de las fantasías distópicas de Nayib Bukele y su Bitcoin City volcánico, ante el fracaso de la implantación del bitcoin como moneda de curso legal, una serie de fracturas políticas, sociales, económicas y diplomáticas comienzan a hacerse sentir y a colarse en viejas consignas de los años 80. Los ojos azules de Sebastián buscan el suelo: “Estoy muy preocupado por El Salvador”, dice. Pero él, quién asegura no haber combatido en las montañas de Morazán para ocupar asientos políticos, bromea: “Si estuve dispuesto a dar mi vida por el cambio social de mi país…¿te imaginas a Sebastián Torogoz, diputado, votando por el Chivo Wallet?”

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Martes, 23 Noviembre 2021 06:31

El dragón chino y América Latina

El dragón chino y América Latina

La locomotora china avanza imparable. Ya el principal motor de la economía mundial. Y, de acuerdo con un informe del McKinsey Global Institute, superó a Estados Unidos como la nación más rica del planeta (https://mck.co/2ZdpRxc).

El informe de la consultora analiza los balances nacionales de 10 países, que poseen más de 60 por ciento de la renta mundial. Documenta cómo la riqueza neta en el mundo pasó de 156 billones de dólares en 2000, a 514 billones de dólares en 2020. Concluye: el gigante asiático generó 50 por ciento del crecimiento del patrimonio neto en estos últimos 20 años.

Pese a la pandemia, China es la única de las grandes economías que no sufrió recesión en 2020. De hecho, aumentó 2.3 por ciento. De acuerdo con expertos, alcanzará entre 2021 y 2025 un crecimiento promedio anual de 5.7 por ciento. Encarrerada, el año pasado rebasó a Washington como principal socio comercial de la Unión Europea (UE). Según el Foro Económico Mundial (World Economic Forum), se perfila para ser el principal socio comercial de América Latina y el Caribe en menos de 15 años.

El gran dragón oriental es clave en la economía de América Latina. Es voraz consumidor de los alimentos, minerales, metales y combustibles que se producen en la región. Los intercambios comerciales, la ayuda financiera y las inversiones de ese país han sido centrales en permitirle al área, más allá del signo político de sus gobiernos, enfrentar sus retos de crecimiento.

Según Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), "la cooperación entre China y América Latina y el Caribe ofrece una oportunidad para reducir las asimetrías globales y apoyar una recuperación económica transformadora inclusiva que promueva el desarrollo sostenible" (https://bit.ly/3oST3m1).

Aunque el gigante asiático ha restringido sus préstamos en el hemisferio (https://bbc.in/3cy9rCu), aumenta aceleradamente en los demás rubros: intercambios comerciales, inversiones directas, cooperación al desarrollo e, incluso, actividades culturales. En el marco de la pandemia, se han intensificado los acuerdos de investigación y desarrollo, sobre todo en el área farmacéutica. Su apuesta (sin abandonar los otros sectores) es avanzar en logística, servicios, telecomunicaciones y transporte. Nada parece indicar que esta tendencia vaya a desaparecer.

La nación asiática es el segundo socio comercial de América Latina, por encima de la Unión Europea. Ahora representa 15 por ciento del comercio de la zona. Simultáneamente, es la tercera fuente de inversión en las economías del área. Entre 2015 y 2020, empresas privadas y paraestatales invirtieron unos 7 mil 850 millones de dólares en el hemisferio. Países como Chile tienen desde 2006 un tratado de libre comercio con la patria de Mao Tse-Tung. Y Perú se convirtió en el destino favorito de las inversiones de empresas chinas en el continente.

Según el Centro de Estudios China-México (Cechimex), el coloso de oriente tiene 138 proyectos de infraestructura en América Latina, con una inversión aproximada de 94 mil millones de dólares, que han generado 600 mil empleos directos (https://bit.ly/3kT1L2g).

La creciente presencia China en un área tradicionalmente de influencia estadunidense se topa con la creciente inquietud de Washington. El imperio ha buscado contener y administrar el impacto de la potencia oriental y circunscribirlo a la esfera económica. A su vez, Pekín ha actuado con cautela y ha dejado claro que su intención es ampliar sus fronteras económicas.

Se trata de negocios, inversiones y préstamos no condicionados a la aceptación de dogmas de desarrollo, consideraciones ideológicas o criterios estrictamente políticos. Ellos hablan siempre de cooperación y apoyo mutuo.

En entrevista con La Jornada, el ex presidente de Bolivia Evo Morales explicaba así esta relación: "China apoya el desarrollo sin chantajearnos, sin condicionarnos. Estados Unidos apoya, pero a cambio de la privatización de los recursos naturales y de servicios básicos, además de condicionar la lucha contra el narcotráfico. China sí te da crédito, no te pone ninguna condición. Esa es la profunda diferencia. Igual Rusia y otros países. En mi experiencia, estamos peleados con un imperio, pero no con otras potencias. Nos equilibramos bien" (https://bit.ly/3DHg3ub).

En un breve mensaje videograbado difundido en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en septiembre pasado, el presidente chino, Xi Jinping, ofreció ayuda a los países de América Latina y el Caribe para contribuir con su pronta recuperación tras la pandemia y para avanzar en el desarrollo socioeconómico. Las relaciones –señaló– "han entrado en una nueva era caracterizada por la igualdad, el beneficio mutuo, la innovación, la apertura y el bienestar para los pueblos". Su país –dijo– está dispuesto a trabajar coordinadamente para crear oportunidades en la región y construir un futuro compartido. Según Enrique Dussel Peters, uno de los más profundos conocedores de la relación entre China y América Latina, el videomensaje "no es detalle menor".

La contundencia de la presencia china en la región significa, lisa y llanamente, que no hay proceso de integración regional latinoamericana viable al margen de ella. El dragón del oriente llegó a la región para quedarse.

Twitter: @lhan55

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Niños afganos recolectan opio crudo en un campo de amapolas en las afueras de Jalalabad, abril 2015.- REUTERS/Parwiz

"Afganistán ya no será un país de cultivo de opio", afirma el portavoz talibán Zabihullah Mujahid, esperando el aplauso de los ingenuos -que piensan que una organización criminal puede dejar de serlo-, y el de los políticos hipócritas extranjeros, que desesperados esperan reconocer el nuevo totalitarismo islámico instalado por EEUU. Lo que buscan los caudillos del opio afganos, que jamás renunciarán a ese "oro marrón" que abastece el 83% del mercado mundial y generó en 2020 cerca de 1,6 mil millones de dólares, en realidad, es:

- Chantajear a las naciones afectadas por la sustancia asesina, y añadir a sus billonarias ganancias del comercio de opio y heroína la financiación extranjera que recibirán bajo el pretexto de "contribución al cultivo de arroz".

- Insinuar que "han cambiado a mejor", e incluso respetarán los derechos de la mujer y las minorías étnicas, eso sí, dentro del marco del islam (o sea, que seguirán sin derechos). Es otra farsa: "Talibán" ya es el sinónimo de barbarie, crueldad, subdesarrollo y falta del más mínimo escrúpulo moral y ético. ¡Tendrán que cambiar de nombre!

- Empujar los precios del opio en los mercados mundiales que temen escasez de la mercancía. De hecho, el caos en el país, el cierre de las fronteras y la propia toma del poder por este cartel de droga han elevado el precio del opio a nivel mundial.

Opio: de alucinógeno al medio del control

Han pasado 5400 años desde que los sumerios descubrieron Hul Gil, "la planta del placer", quemando sus semillas al fuego para entrar en el trance. Siglos después, la fruta de la adormidera se codeaba con el ajo en la medicina natural, y bajo el nombre griego de Theriac, "antídoto", viajaba por toda Asia a través de la Ruta de la Seda. Ya entonces se conocían los efectos perturbadores de las drogas, como el hachís, sobre la mente humana: así pudo El Viejo de Alamut Hasan Sabbah, el guerrillero iraní del siglo XI, poner en jaque a los califas y sultanes de la región con miles de adeptos "suicidas", previamente drogados (salvando distancias, la CIA lanzó en los años cincuenta el Proyecto Bluebird para "mejorar sus métodos de interrogatorio", usando sustancias químicas como LSD para manipular el comportamiento de sus presas).

Pero, es en el siglo XVII, y a mano de la Compañía Británica de las Indias Orientales, cuando el opio se convierte en un producto de consumo de masas y un gigantesco negocio transfronterizo, contaminando todo Oriente y sobre todo a China.

Y habrá más momentos históricos en la vida de esta amapola:

- En 1680, el médico británico Thomas Sydenham logra fabricar pastillas analgésicas de la sustancia marrón.

- En 1803 se extrae la morfina del opio, y se la llama "la medicina de Dios", la "heroína". Así, los laboratorios se convertirán en otro cliente-adicto de Theriac.

 La CIA y la narcopolítica

La participación de EEUU en el negocio mundial de la droga empieza durante la Segunda Guerra Mundial y le convierte en el primer país del mundo en el uso sistemático del opio para fines políticos; lo hace desde varios puntos del globo:

- En Nueva York y Chicago pacta con las mafias china e italiana (dedicadas al narcotráfico y la industria de prostitución tras la prohibición del alcohol), que también estaban conectadas con los delincuentes corsos en Marsella, con el objetivo de parar el avance de las fuerzas marxistas en Italia, Francia y China, a cambio de permitirles importar heroína a EEUU.

- En el sudeste de Asia, utiliza la estructura de tráfico de opio creada por el colonialismo francés en Indochina y, uniendo a las mafias de Laos, Tailandia y Birmania, forma el Triángulo de Oro de opio para destruir al recién fundado estado socialista chino que declara la guerra a los Señores de Tharyac. La organización producirá el 70% del opio y la heroína del planeta, y a cambio de su cooperación anticomunista, la CIA exportará su mercancía al mismísimo suelo de la patria, utilizando los vuelos chárter de Air América. Con este mismo fin, ficha al grupo anticomunista de delincuencia japonesa Yakuza, "los intocables", echándoles una mano en el tráfico de metanfetamina. Más adelante, los 30.000 soldados estadounidenses que regresarán vivos (pero adictos) a "casa" de la guerra contra Vietnam serán simples "daños colaterales" del crimen organizado (como banqueros y fabricantes de armas) instalado en Washington. La catástrofe sanitaria es tal que en 1973 el presidente Nixon ordena crear la Administración para el Control de Drogas (DEA). Serán los programas de agricultura alternativa del gobierno chino los que desmantelan el Triángulo Dorado.

- En la década de 1980, George Bush padre, director de la Agencia, paga unos 110.000 dólares al agente de la CIA, Manuel Noriega, un narcotraficante panameño, con el dinero de la cocaína colombiana por sus servicios en la lucha contra el sandinismo nicaragüense. Y como "Roma no paga a los traidores", le secuestraron y encerraron durante 17 años en una mazmorra de Miami.

- En Asia Central se diseña la Medialuna Dorada de opio, compuesta por Afganistán, Pakistán e Irán; y con sus ganancias financia a las fuerzas reaccionarias islamistas, incluidas su ejército de yihadistas (chiitas y sunnitas), alias Al Qaeda, alias Muyahedines (¡los mismos "leones de Panjshir"!), alias Estado Islámico, etc.

El cartel CIA-Talibán

"No creo que tengamos que disculparnos por esto. (...) Hubo consecuencias en términos de drogas, sí. Pero el objetivo principal se cumplió. Los soviéticos abandonaron Afganistán", confiesa Charles Cogan, ex director de las operaciones de la CIA, acerca de la santa alianza anticomunista de EEUU con los Muyahedines. Entre 1986 y 1992, unos 100.000 hombres fueron entrenados para el oficio de terrorista en Pakistán y EEUU por la CIA y el MI6 británico, y enviados a Afganistán con el fin de desmantelar su recién instalado estado socialista -convirtiendo las amapolas en granadas, bombas o veneno para contaminar el agua de las escuelas de niñas- y cercar a la Unión Soviética desde Asia Central. La Agencia convertirá a los jefes tribales en barones narcotraficantes y, después, a señores de guerra, quienes tejerán una red de laboratorios de heroína a lo largo de la frontera afgano-pakistaní,  abasteciendo en 1984 el 60% del mercado estadounidense y el 80% del europeo. Al convertir el opio crudo a la morfina o heroína reducen su tamaño, aumentando los beneficios: de una tonelada de opio se obtienen 100 kilos de heroína pura, que luego se adulterará y engordará aún más las cuentas bancarias de criminales de cuello blanco que ni fuman cigarros.

Así, los camiones que transportaban armas de la CIA a Helmand regresaban a Pakistán cargados de opio y escoltados por los militares pakistaníes, lo que en la jerga inglesa se llama "hacer un backhaul". El negocio de droga requiere la misma protección militar que el petróleo.

En el propio Pakistán, donde la heroína era desconocida, en 1985 habrá 1,3 millones de personas adictas. Con los Muyahedines y los talibanes, que ofrecen protección gubernamental a la producción del opio, los cárteles internacionales harán su agosto, hasta que debido a la brutal hambruna que provoca la sequía del 2000, los Talibán se ven obligados a prohibir el cultivo de la adormidera para a cambio recibir la ayuda internacional; decisión que bajará hasta el 94% la producción y provocará graves tensiones en el mercado mundial de la droga. Este sin duda es uno de los motivos de la ocupación directa del país por EEUU en 2001: sigue financiando a cientos de miles de mercenarios por todo el mundo y en múltiples guerras y sólo podrá hacerlo con este tipo de negocios. Los mercados se recuperan. La invasión, además de restaurar el comercio del opio, lo expande. En EEUU se dispara la adicción a la heroína: habrá, en pocos años, otros 3,8 millones de consumidores.

En 2002, el país cogobernado por la OTAN-TALIBAN aumenta la superficie cubierta de la adormidera hasta 20 veces, convirtiendo la agricultura afgana en monocultivo. Se trata de una producción a escala industrial y no ocultos en las cuevas de Tora Bora.

Unas fotos filtradas en 2010 mostraban a los soldados de EEUU patrullando los campos de amapola.

¿O alguien ha pensado que abastecer un mercado con cientos de millones de clientes en el mundo era cosa de unos barbudos prehistóricos?

En 2007, Afganistán, cuyo suelo y cielo estaba bajo el control absoluto de los 300.000 soldados de la OTAN y miles de "contratistas", tenía más cultivos de droga que Colombia, Bolivia y Perú juntos, señala la ONU. Afganistán será el principal narcoestado fallido de la historia, patrocinado por EEUU y presidido por los narco-presidentes títeres, Hamid Karzai y Ashraf Ghani.

La tranquilidad también vuelve a los bancos que temían quedarse sin la liquidez generada por el blanqueo del dinero del narcotráfico. Millones de afganos, incluidos niños, que carecen de agua potable, luz, sanidad y alimento suficientes, además de adictos al opio, son explotados en estos duros campos. ¿Quiénes ganan la diferencia entre los 3 dólares que cuesta el gramo de heroína en Kabul y los 1.168 dólares por los que se vende en las calles de Nueva York?

En 2017, el valor de 9000 toneladas de heroína (con una estimación a la baja y solo basado en su precio en EEUU) asciende a 800.000.000.000 dólares, más que el presupuesto militar de EEUU.

Después de firmar el acuerdo de la entrega de Kabul a Talibán en 2019, EEUU presionó al régimen de Ashraf Ghani para liberar a decenas de Señores de Opio en el marco de amnistía para los 5000 terroristas talibanes.

La multimillonaria industria de opio-heroína afgana seguirá prosperando arrancado vidas y destrozando familias y naciones enteras: cerca del 70% de los reclusos del mundo lo están por tráfico de droga. Y, por cierto, ¿a dónde han ido los 8400 millones de dólares que EEUU afirma haber gastado en acabar con la producción de opio en Afganistán?

21 octubre 2021

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El portavoz de los talibanes, Zabiullah Mujahid, durante una entrevista en su oficina en Kabul. — AKHTER GULFAM / EFE

Gran incertidumbre en los organismos internacionales por el futuro de la lucha contra el tráfico de drogas en un país que abastece el 84% del mercado ilegal de opiáceos en el mundo y del que los talibanes obtuvieron, según la ONU, un beneficio de 389 millones de euros en 2020.

 

La vuelta al poder de los talibanes tras dos décadas de intervención militar extranjera en Afganistán ha causado una gran incertidumbre internacional sobre el futuro de la población bajo un nuevo Emirato Islámico. Y una de las mayores inquietudes gira en torno al tráfico de drogas que ha convertido a ese país de Asia Central, encrucijada de caminos, en el productor de más del 80% del opio ilegal del mundo, en el segundo de hachís y en un pujante fabricante de metanfetamina, o sea, en una de las mayores economías ilícitas del planeta. La ONU, unos meses antes de la retirada de las tropas de EEUU, ya avisó de las graves consecuencias de un negocio que sólo en 2020 reportó unos 389 millones de euros a las arcas talibanas.

Caído el gobierno, fuera ya del país el ejército estadounidense y el resto de tropas extranjeras que durante dos décadas velaron por el supuesto desarrollo de ese Estado, el poder ha quedado de nuevo en manos de los fundamentalistas islámicos que entre 1995 y 2001 impusieron un régimen de terror inquisitorial. Ese territorio, donde también campan en algunas zonas los llamados señores de la guerra y los muyahidines del Estado Islámico, es el lugar de operaciones de una economía ilícita a escala mundial que en 2019 produjo 6.400 toneladas de opio, que es, después de Marruecos, el mayor productor de hachís y que aumenta cada año la fabricación de metanfetamina hasta el punto de haberse convertido ya en el principal mercado de meta de esa parte de Asia, según los últimos informes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE).

España es el principal productor mundial de morfina legal destinada a la industria farmacéutica con algo más de 114 toneladas en un año, pero Afganistán lidera el negocio ilícito del opio para la fabricación de heroína y otros opiáceos que se venden en el mercado negro de todo el orbe. La JIFE señala en su informe de 2020, publicado el pasado mes de marzo, que aunque la superficie dedicada al cultivo de adormidera se redujo en 2019 en Afganistán de 263.000 a 163.000 hectáreas, la producción no disminuyó y mantuvo durante quinto año consecutivo un índice por encima del 84% de la producción mundial de esta sustancia que ha surtido, fundamentalmente, los mercados de Europa, Asia Meridional y Central, Oriente Medio y África, y, en menor medida, los de América del Norte y Oceanía.

La pandemia de la covid-19 también ha influido en este mercado ilícito, ya que, según la UNODC, los meses claves para la cosecha de la adormidera en Afganistán van de marzo a junio, el periodo cuando más azotó el virus en 2020. Por ese motivo, en las provincias occidentales y meridionales del país se observó "una escasez de jornaleros" dedicados a extraer el látex de la planta. "Sin embargo, parece que cada vez más mujeres de hogares dedicados al cultivo de la adormidera y personas que han perdido el empleo por la pandemia participan en las labores de extracción del látex", se añade en el informe. Como ocurre en otros países con extensos cultivos de plantas fiscalizadas internacionalmente al ser consideradas drogas, miles de familias afganas viven de plantar las amapolas de las que luego se extrae el opio.

Principal fuente de financiación de los talibanes

José Miguel Calvillo Cisneros, profesor de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense, que ha trabajado en Afganistán con la Agencia Española de Cooperación, ha escrito un libro sobre ese país y está a punto de publicar otro, subraya a Público que aunque el opio forme parte del negocio de una red del crimen internacional, también es "una de las principales fuentes de ingresos de miles de familias afganas", que consiguen un valor añadido que resulta imposible con otros cultivos gracias a una planta que se adapta muy bien, además, a las condiciones climatológicas y orográficas del país.

Pero el gran valor añadido se lo quedan, evidentemente, quienes controlan el negocio, vigilan las rutas de transporte y tratan con las organizaciones criminales. Calvillo tiene muy claro que "el opio es una de las principales fuentes de financiación" del movimiento talibán y también del Estado Islámico, con el que ahora está enfrentado en el sureste del país. Y aunque un portavoz talibán aseguró el pasado agosto que su gobierno no va a permitir el tráfico de ninguna droga, este experto cree que se repetirá lo que ocurrió durante el primer Emirato Islámico afgano. "Cuando llegaron al poder en 1996 -explica Calvillo- prohibieron el cultivo de la adormidera para el opio, pero eso sólo fue una estrategia. Dejaron sin abastecer el mercado durante un tiempo y a los tres años lo inundaron de opio, lo que hizo bajar los precios y que ellos pudieran controlar el mercado".

Los precios del opio, según la JIFE, bajaron un 37% en 2018 y un 24% en 2019, también los de la heroína de gran calidad, hasta un 27%, pero eso no ha sido un obstáculo para que los talibanes hayan seguido ganando dinero a su costa. La presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU aseguraba el pasado mes de mayo en un escrito que a pesar de la falta de información reciente, los Estados miembros estaban reportando que el cultivo de opio seguía representando la fuente de ingresos más significativa para los talibanes, "con una estimación aproximada de 460 millones de dólares", unos 389 millones de euros, en 2020.

Pero en Afganistán no es sólo opio lo que reluce. Allí se producen otras drogas que mueven mucho dinero también en el mercado ilícito mundial, como la metanfetamina, de la que ese país se ha convertido en una "fuente importante de abastecimiento en la región", advierte la UNODC. Tan es así que la proporción de meta de origen afgano incautada en la vecina Irán pasó de representar el 10% de las intervenciones en 2015 a más del 90% en 2019. "Esto ha ocurrido -subraya la Oficina de Naciones Unidas- pese a la alta destrucción mediante ataques aéreos de decenas de laboratorios de metanfetamina en las zonas controladas por los talibanes realizados en un solo día en 2019. La expansión de la fabricación de metanfetamina añade complejidad a la economía de las drogas ilícitas en Afganistán y agrava la amenaza que esto supone para los países de la región y de fuera de ella".

En su balance de 2020, la JIFE se lamenta de que mientras la meta incautada se triplicó entre 2011 y 2019, la intervención de precursores usados para su elaboración se redujo un 99%. Y eso se debe, entre otras razones –precisa-, a que los grupos delictivos que actúan en Afganistán utilizan una planta, la Ephedra, que no está sujeta a la fiscalización internacional, para producir el precursor efedrina.

Y hay otras drogas más cuya producción y tráfico preocupa a la Junta Internacional de Fiscalización: el captagon, una sustancia psicoestimulante hecha con fenetilina, cuyo consumo se ha extendido en los países de Oriente Medio y que supuestamente toman los soldados del DAESH antes de entrar en batalla; y otras drogas sintéticas psicoactivas que el gobierno de Tayikistán ha reportado como procedentes del país afgano.

Sin lucha contra el narcotráfico no habrá paz, según la ONU

Todo este panorama no ha hecho más que aumentar la preocupación en Naciones Unidas y en organismos como la JIFE, Junta cuasi judicial encargada de velar en el mundo por el cumplimiento de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes. En su informe del año 2020, la UNODC ya advertía de que era necesario fortalecer la cooperación internacional "más que nunca, en vista de que las tropas internacionales saldrán pronto del país". Y la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito añadía al respecto: "La prioridad reside ahora en definir objetivos, apoyar a las operaciones regionales contra los estupefacientes y proponer planes de acción regionales a fin de establecer medidas de respuesta al tráfico de drogas procedentes de Afganistán (…), problema que tiene raíces y ramificaciones regionales y mundiales".

A juicio de la JIFE, la fiscalización de drogas debe ocupar un lugar prioritario en el programa de desarrollo de ese país. Este organismo internacional considera que si el gobierno de Afganistán no enfrenta "de manera sistemática y exhaustiva", con el apoyo de la comunidad internacional, el cultivo, la producción y el tráfico ilícito de drogas, "es poco probable que los esfuerzos de desarrollo más amplios centrados en la promoción del desarrollo sostenible, la prosperidad y la paz en Afganistán sean eficaces". Y esto lo advertía tan sólo unos meses antes de la vuelta al poder de los talibanes.

El profesor de la Universidad Complutense y experto en Afganistán José Miguel Calvillo no es nada optimista sobre lo que puedan hacer los talibanes una vez de nuevo en el poder. "No se puede descartar ninguna posibilidad -dice-, pero a mí me parece muy difícil que vayan a renunciar a una de sus principales fuentes de ingresos. Están vendiendo ahora una imagen de moderación, de legalidad, pero eso forma parte de una política cosmética para conseguir un reconocimiento internacional para que los fondos de ayuda internacional sigan llegando al país".

La ayuda internacional es clave para el sostenimiento de este país asiático que ocupa actualmente el puesto 169 en el índice de desarrollo humano, es decir, que se encuentra entre los 20 países del mundo con la menor tasa de desarrollo, el único de Asia en una lista de cola copada por los Estados africanos, además de Haití, del continente americano. Y eso ha supuesto un pequeño avance, porque hace 20 años ocupaba puestos aún más bajos, cuando la esperanza de vida de un afgano no llegaba a los 46 años, la tasa de mortalidad infantil superaba los 165 fallecimientos por cada mil niños nacidos y la situación de las mujeres era infame. Según Calvillo, entre el 70 y el 80% del presupuesto del país procede de la ayuda internacional, de modo que si ésta deja de llegar el opio se convertirá ya en una de las principales fuentes de ingresos para el país.

Ante el anuncio de varios países de suspender sus ayudas a Afganistán tras la vuelta al poder del régimen talibán, Naciones Unidas ha convocado una conferencia internacional para este 13 de septiembre. Su secretario general, Antonio Guterres, advirtió la semana pasada a través de Twitter, de que la población afgana necesita ahora más que nunca el apoyo de la comunidad internacional para paliar su grave situación.

"La situación desde el punto de vista de la seguridad, de los derechos humanos, es insostenible. Los talibanes han recuperado el poder y van a volver a reimplantar un sistema basado en el totalitarismo, en el terror contra la población civil", pronostica el profesor Calvillo.

La llamada de emergencia del anterior gobierno

Pero la comunidad internacional también estaba avisada de lo que podía pasar. El último informe de la JIFE refiere que una delegación del anterior gobierno afgano asistió al 127 periodo de sesiones de la Junta celebrado en su sede de Viena en febrero de 2020, donde "exhortó a la comunidad internacional a prestarle apoyo técnico y financiero, de manera urgente y sostenida" para lograr una serie de objetivos esenciales: avanzar en programas de medios de subsistencia alternativos a la adormidera facilitando infraestructuras agrícolas y oportunidades de mercado con otros productos; hacer frente a los vínculos entre terrorismo, insurgencia, corrupción y tráfico de drogas; y facilitar la cooperación internacional en la lucha contra sus organizaciones.

La JIFE emitió entonces un comunicado en el que recalcó que los "esfuerzos de estabilización del país no serían sostenibles a menos que se enfrentara de manera efectiva su problema de la economía de las drogas ilícitas" y posteriormente, en marzo de ese año, el Consejo de Seguridad de la ONU recordó "la urgente necesidad de que todas las partes afganas contrarrestaran el problema mundial de las drogas con el objetivo de combatir el tráfico de opiáceos procedentes de Afganistán".

Pero la guerra continuó con sus miles de víctimas (más de 10.000 civiles por año entre 2014 y 2019) y ya había entrado en vigor el acuerdo que el gobierno de EEUU presidido por Donald Trump firmó con los talibanes para reducir progresivamente la presencia militar extranjera hasta su desaparición total, que llegó el pasado mes de agosto.

El periodista italiano Roberto Saviano, conocido mundialmente a raíz del libro Gomorra que destapó las actividades ilícitas de la Camorra napolitana, publicó hace un mes un artículo en el Corriere della Sera en el que vinculó la toma del poder de los talibanes con el tráfico de droga "La de Afganistán es una guerra del opio. No ha ganado el islamismo, como muchos dicen, ha ganado la heroína. Y más del 90% de la heroína mundial se produce en Afganistán.

Esto significa que los talibanes, junto con los narcos sudamericanos, son los narcotraficantes más poderosos del mundo. En otras palabras, en esta guerra, ganaron los mejores traficantes". "Las drogas que producen financian la guerra y se venden en Estados Unidos y al mundo y a las mafias italianas. El error es llamarlos milicianos islamistas: los talibanes son narcotraficantes", añadía Saviano en su artículo.

12/09/2021 22:15

Santiago F. Reviejo@sreviejo

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El empresario Baldomero Falcones, nuevo fichaje de Bit2Me.

Baldomero Falcones, ex alto cargo en empresas como el Banco Santander o FCC, ficha por la plataforma Bit2Me para hacer crecer su división de tarjetas de débito

 

 Baldomero Falcones aún no ha invertido ahorros en criptomonedas. Dice que está aprendiendo sobre el tema, pero parece confiar en el crecimiento del sector tanto como en que mañana saldrá el sol. El empresario mallorquín de 75 años ha formado parte durante décadas de la élite económica española desde cargos como el de consejero delegado de la constructora FCC o director general del Banco Santander. Y llegó a ser durante cuatro años presidente mundial del gigante de las tarjetas de crédito Mastercard. Su próxima aventura rompe con esa trayectoria más o menos tradicional: la plataforma española de criptomonedas Bit2Me lo ha fichado como consejero externo para que canalice esos años de experiencia y una agenda bien surtida de contactos hacia el desafío de hacer arrancar a finales de año su segmento de tarjetas de débito.

El objetivo es que cualquiera de sus clientes pueda pagar con criptomonedas en el supermercado o en el bar de la esquina utilizando una tarjeta Mastercard o incluso sacar dinero en el cajero. Falcones, que también forma parte de varios consejos de administración de grandes empresas, ya difunde el evangelio de su nueva casa. “Las criptomonedas son una revolución mayor que las tarjetas de crédito”, asegura por teléfono desde su retiro vacacional en Sotogrande (Cádiz).

En un mundo como el de las criptomonedas, habitualmente asociado a jóvenes ansiosos por poner patas arriba las finanzas tradicionales y arrebatar a los bancos centrales el patrimonio de la emisión del dinero, el perfil de Falcones no es común. Sin embargo, las dificultades regulatorias que afrontan este tipo de firmas, unidas a una cierta desconfianza sobre su uso, hacen que contrataciones como esta puedan servir para ganar legitimidad y abrir puertas. “Baldomero nos ayudará a conectar a Bit2Me con el sistema financiero más tradicional. Principalmente tenemos que llevar de manera exponencial las tarjetas de toda la vida al mundo cripto”, explica Leif Ferreira, fundador y consejero delegado de Bit2Me.

La firma lanzará el 6 de septiembre una ICO (siglas en inglés de Oferta Inicial de Monedas), el equivalente en el universo de las criptomonedas a las OPV bursátiles. Tras captar 2,5 millones de euros de inversores privados en una ronda de financiación previa, el objetivo de Bit2Me al salir al mercado es obtener más recursos distribuyendo su propia criptomoneda, en la que afirman será la mayor operación de este tipo celebrada nunca en España.

La iniciativa llega en un momento dulce para las criptomonedas, con el bitcoin rondando los 50.000 dólares, no muy lejos de sus máximos históricos. Pero las reticencias de los reguladores financieros sobre este tipo de activos no han desaparecido. El Banco de España y la CNMV advirtieron en febrero del “alto riesgo” de las criptomonedas por su complejidad, alta volatilidad, y falta de transparencia. Falcones admite la crítica, pero cree que esos problemas se irán corrigiendo con el tiempo. “Me parece correcta esa advertencia, es lo que tienen que hacer, pero vamos a ir a un mercado más transparente y más regulado. Las criptomonedas tiene una ventaja enorme: tienes la trazabilidad, sabes de dónde viene la inversión, y no siempre será tan inestable”, apunta.

Las entidades financieras tienen en las criptomonedas un claro competidor. Si estas prosperaran, su modelo de negocio puede verse afectado, dado que no se necesitarían intermediarios para hacer transferencias, compras o ventas. Falcones cree que se unirán a la nueva ola para no verse desplazados. “Por lo que he podido hablar con gente de la banca, las entidades tradicionales ya están invirtiendo en el sector de las criptomonedas. Los bancos comerciales y de inversión saben que se tienen que mover, como lo han hecho en otros momentos”, señala.

En su intento por destacar en el todavía incipiente ecosistema español de criptomonedas, Bit2Me no ha dudado en recurrir a golpes de efecto. La mañana del 16 de febrero Madrid amaneció con centenares de carteles repartidos por algunos de sus lugares más emblemáticos. Su lema principal: “La revolución acaba de empezar. Bienvenidos a bitcoin”, parte de una campaña publicitaria para atraer clientes, se vio junto a enclaves de la capital como el Banco de España, las cinco torres del distrito financiero o el Paseo del Prado. Ferreira explica que la idea era “aterrizar el mundo de las criptomonedas a pie de calle, materializar de forma visual que están entre nosotros”.

Baldomero Falcones defiende que siempre hay cierta resistencia a una innovación cuando esta aparece, pero luego se va diluyendo si funciona. “Cuando se introdujo la tarjeta de crédito la gente decía “caray, pagar con un plástico”. Luego se introdujo el pago sin contacto, y hoy estoy viendo pagar con tarjeta incluso cantidades mínimas. Mis hijos no llevan dinero en el bolsillo nunca. Claramente con las criptomonedas va a ser lo mismo: hay una aceptación impresionante como inversión y la habrá como medio de pago”, predice.

Madrid - 25 AGO 2021 - 22:45 COT

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