Este martes los principales sindicatos y organizaciones sociales realizan una movilización nacional contra las reformas impulsadas por el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso.

El anuncio, el viernes pasado, de la suspensión de posibles subidas del precio de los combustibles no alcanzó para frenar las protestas.

La convocatoria nacional fue llamada desde el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la principal central obrera del país; la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie); el Frente Popular; la Unión Nacional de Educadores (UNE), y la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), entre otras.

La movilización se da a tan solo cinco meses de haber asumido Lasso y con el presidente que se encuentra sin aliados claros, con un apoyo minoritario en el Congreso y cruzado por las revelaciones de los Pandora Papers que expusieron las cuentas en paraísos fiscales del mandatario.

En paralelo, el Gobierno utilizó la “crisis de seguridad” que vive el país, golpeado por la crisis económica, para sacar a los militares y policías a las calles, luego de que el presidente decretó el estado de excepción la semana pasada. "Empezando de inmediato, nuestras Fuerzas Armadas y policiales se sentirán con fuerza en las calles porque estamos decretando el estado de excepción en todo el territorio nacional", había dicho Lasso en un mensaje transmitido por el canal estatal EcuadorTV.

En este contexto se darán manifestaciones contra el Gobierno en varias ciudades del país en rechazo a las medidas políticas oficiales, entre ellas el fallido intento de aumento del combustible en base al sistema de fijación de precios con base en el mercado internacional que implementó la Administración del ex presidente Lenín Moreno. Una medida similar había sido el detonante del estallido social de 2019.

Desde las organizaciones que convocan las protestas exigieron que se frene el aumento del combustible permanentemente. "Que se congele, no solo que se suspenda, porque sino también con conceptos se puede estar, en ese sentido, engañando al pueblo ecuatoriano", advirtió Leonidas Iza, presidente de la Conaie.

Para el presidente del FUT, Ángel Sánchez, la suspensión debió contemplar todo el incremento desde junio pasado, y no solamente el de este mes, es decir, regresar a 1,75 dólares y 1,00, respectivamente.

Las manifestaciones están incluyen otras demandas de carácter social y legislativo, entre ellos, que el presidente no aproveche el estado de excepción en el país por la crisis de seguridad, para pasar leyes de forma acelerada.

En concreto una serie de reformas que propuso Lasso, pero no lograron avanzar en el Congreso, donde el Gobierno controla apenas 13 de los 137 escaños que tiene la cámara única. El mes pasado el parlamento rechazó la ley Creando Oportunidades, una de las principales reformas impulsadas por el oficialismo que incluía entre una reforma fiscal y laboral que fue catalogada como “regresiva” por sindicatos. A esto se suma un presupuesto con recortes en materia social dictada por el mandato de austeridad del FMI, que ha prolongado el programa de crédito que empezó con Lenin Moreno.

En un acto público este lunes, el presidente aseguró que frente a las manifestaciones la decisión del Gobierno es mantenerse "firme". "Vamos a desarrollar todo un dispositivo para evitar el cierre de vías, para que impere la ley, (..) y con la fuerza pública, con la Policía Nacional, vamos a imponer el orden", afirmó Lasso.

Los organizadores de las protestas advirtieron un posible uso de las Fuerzas Militares, amparado por el estado de excepción, para bloquear o impedir la salida de manifestantes.

Lasso llegó a la presidencia cuando el país enfrentaba una profunda crisis económica desde antes de la pandemia. Según los pronósticos del FMI el crecimiento para este año rondará el 2,5%, uno de los más bajos de Sudamérica. El presidente saliente Lenin Moreno sumó 6500 millones de dólares a la ya abultada deuda externa de 17.400 millones, y bajo los auspicios del FMI intentó imponer un duro ajuste.

Ecuador tiene una deuda externa de 52.000 millones de dólares, necesitará más de 7.000 millones de dólares en un nuevo financiamiento en 2021, según un informe del FMI. La condición a cambio sería que el país acepte recortar su déficit presupuestario a un objetivo de $ 2.800 millones este año desde $ 7.200 millones en 2020. Es decir, un gigantesco recorte y ajuste en el gasto público.

Un ajuste según los dictados del FMI fue lo que terminó motorizando el levantamiento indígena, obrero y popular de octubre de 2019, que no terminó con la caída del expresidente Lenin Moreno por la acción de las direcciones sindicales y de las organizaciones indígenas que las terminaron desactivando.

Ante la crisis el presidente amenaza con activar un mecanismo que le permite al Ejecutivo disolver el Congreso y gobernar por decreto por 90 días hasta que se realicen nuevas elecciones presidenciales y legislativas.

Una medida de ese tipo podría abrir un escenario político y social imprevisible, en el contexto de la crisis social provocada por los ajustes sistemáticos para cumplir con una deuda odiosa contraída con organismos internacionales.

Lunes 25 de octubre

Diego Sacchi@sac_diego

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Martes, 26 Octubre 2021 05:58

El enredo democrático

El enredo democrático

El orbe vive uno de los mayores enredos ideológicos de su historia. “el siglo 20 [y el 21] es un despliegue de maldad insolente…; vivimos revolcaos en un merengue…” cantaba el profeta Enrique Santos Discépolo en su afamado Cambalache de 1934.

A la par del merengue, el poder tiene completa claridad sobre sus intereses. El poder, está a la vista: el capital, las grandes empresas trasnacionales –las medianas empresas también–, los banqueros, y su ejército de voces. En los medios escritos y electrónicos, en las iglesias, en la educación, que producen el ruido ensordecedor: es mejor que nadie entienda nada. Murieron los referentes ideológicos del siglo XX, se impuso el capitalismo neoliberal y hubo paso libre a la privatización, la confusión, la mentira, el fraude y la corrupción.

Venezuela, Bolivia o Cuba, son lo mismo, populismo y nada más, y también Perón y Getulio Vargas, escribe Sergio Ramírez en estas páginas. La pobreza histórica de masas, y los hechos de siglos que la configuraron, o los horrores cometidos por el imperialismo estadunidense y su peso decisivo en lo que ocurre en esos países, y en el resto de América Latina, no son visibles para Ramírez. "La única salida para la izquierda es hacerse parte del sistema democrático sin apellidos", escribió: el mismo "as bajo la manga" de Enrique Krauze Kleinbort de 1984, cuando se erigió en uno de los principales ideólogos de la derecha neoliberal de México. "El repertorio humano tiene sólo una invención probada: la democracia", dijo el ingeniero historiador. ¿Alguna referencia al sistema socioeconómico sobre el que opera la única invención? No, sin adjetivos ni apellidos. Después Krauze preferiría la idea de una democracia liberal. Con ese apellido.

El siglo pasado N. Bobbio definió la concepción procedimental de la democracia. Así perdió los apellidos. Fue reducida a un conjunto de reglas para establecer quién tiene, y mediante qué procedimientos, la autoridad para tomar decisiones que afectan al conjunto social. Deciden los ciudadanos, cada ciudadano un voto. Todos los ciudadanos son iguales ante la ley. ¿Y el sistema socioeconómico que está bajo "los ciudadanos" que produce personas concretas absolutamente desiguales? Una pregunta fuera de lugar para los de arriba. Aunque son éstos los que cuentan con los medios económicos y mediáticos para manipular "las reglas" y sacar de ellas "una autoridad" al servicio de los de arriba. El momento mexicano de 2018 fue un rayo caído de un cielo azul, tal vez.

En el pasado ya remoto, el liberalismo y la democracia eran incompatibles. Se inspiraban en ideales distintos: el primero en la libertad (definida por intereses económicos) y la segunda, en la igualdad. Como siempre: los de arriba y los de abajo.

Sobre el efecto suscitado con la democracia, Cristiano Procentese escribe: “No es irrelevante, con respecto al proceso de legitimación, que el vínculo sea profundamente integrador o meramente asociativo. Es muy diferente si las personas tienen un sentimiento de pertenencia a una comunidad ( Gemeinschaft) o si ven su vínculo con los demás más como un lazo contractual, algo más externo y menos envolvente ( Gesellschaft). En las sociedades que sustentan las democracias modernas, las personas tienden a ser cada vez más una Gesellschaft y menos una Gemeinschaft”. El individualismo, cada vez más profundo (y más desolador) rige de modo predominante en el planeta.

Son conocidas las advertencias de Tocqueville, en su estudio La democracia en América, sobre los riesgos de los principios liberales como fundamento de la democracia en Estados Unidos. Percibió que un exceso de individualismo no podía conducir a la libertad personal, "sino a un aislamiento desesperado, al conformismo y a la uniformidad de las personas", según sus propias palabras.

La libertad individual de los modernos es la libertad económica irrestricta. Es dejar que el mercado se imponga como una norma social con total autonomía, es imponer una ley que garantice el enriquecimiento cada vez mayor de unos cuantos individuos, sin intervención pública.

Esa norma conduce sin remedio a la desigualdad social aguda, al capitalismo rapaz que produce toda clase de crisis, económicas en primer lugar, pero también ambientales y sanitarias, como está a la vista en el planeta. Desatadas las crisis, ¿qué demandan entonces las fuerzas "liberales" e individualistas? Que el gobierno componga los estropicios resultado de fuerzas ciegas desatadas por el libre mercado. El gobierno invocado, en tanto, fue constituido por unas reglas procedimentales "democráticas", manipuladas por el poder del capital y en favor del libre mercado. Absurda contradicción. Una ruptura social es entonces indispensable.

Un pueblo advertido no tolerará nunca, si está en sus manos, una democracia sin apellidos. Sino una con los adjetivos de la justicia social; una de la que derive una autoridad ­–la rama representativa de la democracia–, que vele por una sociedad de derechos y por los bienes comunes.

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Detiene EU máximo histórico de 1.7 millones de migrantes en un año

 El número de migrantes detenidos en su intento por entrar a Estados Unidos alcanzó un nivel histórico en el año fiscal 2021. Más de 1.7 millones de personas en condición de movilidad irregular fueron aprehendidas por autoridades estadunidenses en la franja fronteriza en este lapso.

De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país (CBP, por sus siglas en inglés), entre octubre de 2020 y septiembre de 2021 –el periodo del año fiscal– esta cifra alcanzó un millón 734 mil 686 migrantes; de ellos casi cuatro de cada 10 eran de origen mexicano.

En 2021 hubo 757 mil 177 migrantes detenidos más que los 977 mil 509 reportados en el año fiscal 2019, que era la cantidad más alta en la historia. El número actual creció 77 por ciento en relación con el de hace dos años.

A lo largo de ese lapso las cifras fueron al alza, pues 46.37 por ciento de las retenciones (804 mil 468) se registraron entre junio y septiembre de este año.

El mes con el mayor número de detenciones en este periodo fiscal fue julio, con 213 mil 593; seguido de agosto, con 209 mil 840; septiembre ocupó el tercer lugar, con 192 mil una aprehensiones, y siguió junio, con 189 mil 34, de acuerdo con los números de la CBP.

Este número histórico se presenta en medio de una crisis en materia migratoria en la región. Los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de Joe Biden han coincidido en la necesidad de brindar apoyo a las localidades de origen migratorio, a fin de atacar las causas del fenómeno.

Diversos análisis realizados por la CBP apuntan que la pobreza y la pobreza extrema son la principal razón por la que miles de personas se ven obligadas a salir de varios puntos de México y las naciones del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador).

Otras causas identificadas por esta dependencia estadunidense son la violencia, la ausencia de políticas sociales en sus poblaciones de origen y la reunificación con familiares que se encuentran en Estados Unidos.

Del total de migrantes detenidos en este año fiscal, la mayoría, 655 mil 594, eran mexicanos, equivalente a 37.79 por ciento.

La CBP reportó 319 mil 324 migrantes hondureños en esta situación, 18.4 por ciento; 283 mil 35 procedentes de Guatemala, 16.31 por ciento, y 98 mil 690 de El Salvador, 5.68 por ciento. El resto, 378 mil 43, 21.79 por ciento, eran de otras naciones.

Si bien la mayoría de los migrantes detenidos en este periodo eran adultos en solitario, un millón 105 mil 925, la cantidad de menores de edad que viajaban solos retenidos en la franja fronteriza estadunidense alcanzó 146 mil 925 (8.46 por ciento del total). Este número es mayor en 66 mil 291 casos a los 80 mil 634 niños y adolescentes registrados durante el año fiscal 2019.

Lunes 25 de octubre de 2021


Migración: ¿callejón sin salida?*

 

Varios miles de migrantes salieron el sábado pasado de Tapachula, Chiapas, hacia esta capital, tras permanecer varios meses en esa ciudad sin haber conseguido regularizar su estancia en el país. El domingo, los viajeros, entre los que hay numerosas mujeres y niños, debieron enfrentar altas temperaturas en el trayecto y apenas lograron avanzar unas decenas de kilómetros hasta llegar a la localidad chiapaneca de Huehuetán. La mayoría de ellos tiene el objetivo de llegar a territorio estadunidense.

En este nuevo episodio, la intervención de las autoridades se ha limitado hasta ahora a proteger a los migrantes e incluso a brindarles auxilio y la Comisión Nacional de Derechos Humanos dirigió requerimientos a las secretarías de Salud y de Seguridad y Protección Ciudadana, así como a la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, la Procuraduría Federal de protección de Niñas, Niños y Adolescentes y a las secretarías de Gobierno de Chiapas, Tabasco y Oaxaca, para salvaguardar la integridad física de los extranjeros y garantizar ayuda humanitaria para ellos.

La protección de los derechos humanos de los migrantes es sin duda una obligación indeclinable del Estado mexicano y cabe hacer votos porque ese principio se cumpla a cabalidad en la actual circunstancia. Pero es pertinente señalar que esa condición no va a resolver la crisis migratoria en la que se ha visto envuelto nuestro país, pues ésta depende de soluciones que están más allá de las atribuciones del gobierno nacional: por una parte, hay una multiplicidad de condiciones que llevan a miles de personas a abandonar sus lugares de origen y, por el otro, figura el sueño –o el espejismo– de lograr mejores condiciones de vida en Estados Unidos.

Sin embargo, la frontera común entre ese país y el nuestro se mantiene cerrada a la migración y, pese a las promesas electorales de su actual presidente, Joe Biden, no parece estar a la vista una pronta apertura, porque el cambio de rumbo que el demócrata ofreció en materia migratoria –como en muchas otras– se ha visto empantanado en un laberinto judicial y burocrático de solución incierta. En tal circunstancia, es claro que las caravanas migrantes no consiguen más que trasladar la crisis humanitaria que se vive en Tapachula a las ciudades de nuestra frontera norte, además de exponer a sus integrantes a los peligros e incertidumbres de la extensa ruta entre una y otras.

Por otra parte, la presidencia de Andrés Manuel López Obrador ha venido insistiendo ante la Casa Blanca –tanto en la administración de Donald Trump como en la de Biden– que la solución duradera y de fondo a esta complicada situación consiste en atacar de raíz las causas que alientan la emigración en los países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, formado por El Salvador, Guatemala y Honduras, mediante la aplicación en esos países de programas sociales similares a los que se realizan en México, como Sembrando Vida y Construyendo el Futuro, a fin de anclar a las poblaciones susceptibles de emigrar con trabajo y una paulatina mejoría en su nivel de vida y su entorno social. En el momento actual no parece haber más solución que ésta al flujo que constituye el grueso del fenómeno migratorio –en el que se cuentan también personas oriundas de otros países de Centro y Sudamérica y del Caribe, e incluso de otros continentes–. Es preciso, en consecuencia, seguir insistiendo ante el gobierno de Washington para que, si no puede sacar adelante una reforma profunda de su regulación migratoria, otorgue al menos los recursos necesarios para la aplicación de esa propuesta.

*Edotproañ diario La Jornada, México, lu8nes 25 de octubre

 

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Una niña con una mascarilla protectora juega en los terrenos de una urbanización en el distrito de Kowloon en Hong Kong, a 31 de enero de 2020. — Philip Fong / AFP

La hibernación en las compraventas durante la Gran Pandemia ha dado lugar a un nuevo boom inmobiliario, con encarecimientos desconocidos en décadas y, sobre todo, movimientos de reivindicación de viviendas a precios justos.

25/10/2021 07:27

 

Por si los tambores de estanflación no se escucharan con suficiente fuerza por los mercados de capitales y los centros económicos y de investigación del planeta por la escalada de los precios de la energía, otra réplica acústica importante y de elevada tensión social, el encarecimiento de la vivienda empieza a sonar con insistencia. El acceso a una vivienda a costes asequibles es cada, vez más, una quimera; muy en especial, para las generaciones más jóvenes. Ante una oleada de subidas que se propagan por una riada de ciudades de todas las latitudes. Una reciente nota a inversores de JP Morgan alertaba del calentamiento de los mercados inmobiliarios y dejaba caer este sentimiento de creciente escalada reivindicativa.

Los precios globales de la vivienda se han disparado, "después del primer trimestre del año, hasta cotas desconocidas en cuatro décadas", dicen en la sala de máquinas de este banco de inversión, desde donde se resalta que, en EEUU, a finales de septiembre, el malestar ha saltado ante las dificultades de oferta de viviendas a unos precios asequibles. Tras las compras masivas de los primeros meses de la epidemia por parte de propietarios con altos ingresos. El descontento civil –aseveran en JP Morgan– es el más intenso desde 1982. Pero la descompensación y el desorden del mercado –otro caso de desequilibrio en la oferta y la demanda, como ocurre con la electricidad, desde el circuito mercantil del gas– se han agudizado en economías como Australia, Nueva Zelanda, Brasil, Alemania, Corea del Sur o Turquía. Todos con señales inflacionistas.

El siguiente capítulo, el que sigue a las escaladas de precios en los inmuebles, es el de la protesta ciudadana. Inmediatamente después de duros y largos confinamientos sociales y de una pérdida generalizada del poder adquisitivo. Más eventual que el que siguió al credit crunch de 2008 pero cargado, a medida que avanza el despegue de la actividad, de incertidumbres. Así lo explica a Business Insider el analista de HousingWire en el mercado estadounidense, Logan Mohtashami, para quien el asunto esencial es que no hay suficientes casas en un momento en el que los tipos de interés y, por ende, las hipotecas, están en niveles históricamente bajos. Esta subida artificial, derivada de un déficit de promociones y de falta de dinamismo en el mercado de segunda mano, está alterando a los compradores: "Construir es la solución mágica" –dice–, aunque alerta de que "a los constructores no les importa el cuello de botella de la vivienda, como siempre; de hecho, nunca les va a generar preocupación alguna". Motivo por el que Mohtashami también cree que los conatos actuales de reivindicación social a los gobiernos en defensa de una vivienda a precios dignos es la consecuencia lógica de que las leyes de los mercados inmobiliarios están regidas por constructores, intermediarios y vendedores. "Necesitan un ajuste estructural", admite.

En algunas grandes capitales, como Fráncfort, Toronto o Hong-Kong, ya en situación de elevado riesgo de burbuja antes de la Gran Pandemia, "se han amplificado los peligros de estallido, por la expansión de sus precios y de su radio de acción territorial", reconocen en UBS Global Estate. Dentro de una coyuntura general de crecimiento de precios en el mundo, explican sus expertos en su Bubble Index 2021. Su diagnóstico está dirigido a los inversores, a los que les recomienda "considerar alternativas", ante la creciente amenaza de precios, que están mostrando una gran elasticidad para alejarse de valores asequibles, no sólo por la irrupción del trabajo en remoto y pese a los bajos costes financieros y las expectativas de ganancias de los propietarios, que siguen al alza, explica en un editorial el equipo de UBS.

Esta compleja comprensión del escenario de los mercados de la vivienda también ha sido motivo de análisis por parte de The Economist. El seminario británico avisaba hace unas fechas de que los desembolsos en las compraventas de inmuebles "son demasiado elevados". Al menos, en la mayor parte de las grandes ciudades de las economías de rentas altas. Aunque su radiografía se ciñe más al mercado EEUU, donde el patrimonio inmobiliario supera los 34 billones de dólares, una suma casi similar a la del PIB conjunto estadounidense y chino. Y sólo en 2020, durante la epidemia, se cerraron acuerdos por 1,5 billones, en montante de la economía española. Buena parte de este dinamismo se produce, además, de forma sorprendente, pese al alambicado y caro –"extraordinariamente caro", recalca– proceso de compraventa. Dado que las comisiones de los distintos agentes inmobiliarios alcanzan entre el 5% y el 6% del valor de la propiedad. El triple que la media del resto de potencias industrializadas. Y el mantenimiento, a pesar de los avances tecnológicos, de unas labores de intermediación que deberían empezar a ser prescindibles en un mercado ampliamente digitalizado. Aun así, estos agentes lograron una cuenta de resultados de 75.000 millones de dólares, el 0,4% del PIB. En el segmento inmobiliario, las viejas formas de hacer persisten. Todavía hay más de 2 millones de ellos, lo que merma la competitividad en el sector.

Inicio de un descontento social en las grandes urbes

Todo ello ha suscitado las primeras protestas sociales. Con la coyuntura económica en un estado crítico por los cuellos de botella de abastecimiento global, la interrupción de flujos comerciales e inversores o los nuevos retrasos de los millennials para acceder al mercado de la vivienda. Por un elemento nuevo: la contracción de la oferta. Lo que ha llevado a una cierta preocupación en los gobiernos. Con cambios regulatorios en ciudades como Berlín, en países como España, con un cambio de paradigma normativo en ciernes o, incluso en EEUU. Porque los 3,5 billones de dólares del programa de estímulo de la Administración Biden que se tramita en la actualidad en el Congreso incluye una partida de nada menos que 213.000 millones para garantizar un parque substancial de viviendas a precios asequibles. Además de planes del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano para construir más de 2 millones de inmuebles con los que corregir el déficit de 6,8 millones en los que se calcula el desequilibrio entre oferta y demanda. Mohtashami señala el planteamiento de una forma más elocuente: "necesitamos gobiernos que empiecen a ayudar a las personas a adquirir viviendas en vez de gabinetes políticos preocupados por los márgenes de beneficios". Sólo así, "la producción y las decisiones de compra de viviendas confluirán".

En Berkeley (California) se han puesto en marcha un censo limitado de viviendas para minorías étnicas o residentes con alta vulnerabilidad patrimonial. Mientras en Canadá se ha puesto coto a las ventas de casas con fines especulativos, con la pertinente reprimenda de firmas financieras, y en Nueva Zelanda, el gobierno socialdemócrata de Jacinda Ardern, ha impuesto reglas estrictas a los inversores –similares a las de su homólogo canadiense, el liberal JustinTrudeau– y ordenar al banco central incorporar formalmente los precios inmobiliarios en su política monetaria para la fijación de los tipos de interés. Y la ciudad de Berlín, en referéndum, dio validez, por un amplio margen, el pasado 26 de septiembre, coincidiendo con las elecciones federales, a una iniciativa popular (Deutsche Wohnen & Co. Enteignen) por la que se insta a la alcaldía berlinesa –de triple coalición progresista (socialdemócrata, izquierda y verde)– a adquirir apartamentos de grandes propietarios para espolear la oferta con viviendas públicas. La capital alemana podría poner en el mercado, a unos precios asequibles, más de 240.000 viviendas por los efectos de este plebiscito popular.

En UBS también constatan esta tendencia. En su Global Real Estate Bubble Index (GREBI) 2021 se asegura que el repunte de la vivienda en sus 25 ciudades internacionales analizadas fue del 6% en términos ajustados a la inflación, entre mediados de 2020 y el ecuador de este año. El mayor incremento desde 2014. Con tan sólo cuatro de ellas, Milán, París Sídney y San Francisco, en una tasa decreciente. Pero con Moscú, Estocolmo, Sídney y Vancouver en dobles dígitos. Pese a lo cual, la capital rusa, como Madrid, se halla entre las grandes capitales con valoración todavía razonable. Aunque desde julio de 2020 ha alcanzado ya el incremento medio de los últimos cinco años, lo que induce a pensar que la escalada seguirá en los próximos meses.

Riesgos de mercado con tensiones inflacionistas

Por si fuera poco, la crisis de Evergrande podría constreñir el mercado inmobiliario chino, dos veces mayor que el de su rival estadounidense, en el que, irónicamente, el 20% de su parque se encuentra vacío. Es, pues, el caso contrario. Un escenario de exceso de demanda. En el que sólo este emporio chino tiene 1,6 millones de viviendas en sus balances. En medio de una batalla de Pekín por evitar el colapso del conjunto de su sistema inmobiliario, que Goldman Sachs calculaba en 52 billones de dólares en 2019; dentro de un rampante proceso de urbanización, con una tasa que superó el 60% de la población antes de la epidemia, y con un alza exponencial de la demografía de las ciudades. Pero en el que 65 millones de viviendas continúan sin ocupación. Tanto como el censo de Francia.

En este contexto, el FMI también ha emitido un diagnóstico de tenso compás de espera. En su informe de Estabilidad Financiera Global (GFS) de su reciente cumbre otoñal detecta riesgos en la venta de activos bursátiles e inmobiliarios de producirse la retirada de estímulos monetarios. La política ultra-laxa de los bancos centrales –explica Tobias Adrian director del Departamento Monetario y de Mercados de Capital del Fondo– "ha conducido a una exuberancia bursátil y a un incremento del apalancamiento financiero" que podría generar un "desorden" en la cotización de los índices y de los activos, cuando la Reserva Federal y otros organismos de supervisión retiren sus apoyos –programas de compra de deuda soberana y corporativa– y se empleen en subidas de tipos de interés.

"Los shocks podrían aparecer de manera inminente, ya que varios bancos centrales han iniciado ya un endurecimiento más rápido de lo previsto de sus condiciones monetarias", precisó Adrian, quien advirtió, sin tapujos, que "nos preocupa ver ventas masivas de gran magnitud ya que se ha alcanzado un nivel demasiado elevado en la cotización de ciertos valores". Para precisar con posterioridad que, "en los cálculos recientes de los bancos centrales han emergido las presiones inflacionistas como nunca antes se habían visto". Pese a que desde el FMI se descarten episodios de estanflación. Y anticipar finalmente que "el riesgo de desplome en los precios de la vivienda –en especial, en ciudades con un sector sobrecalentado– es significativamente alto". En el peor escenario calculado por el FMI, podrían caer hasta un 14% en las economías de rentas altas en los próximos tres años y hasta en un 22% en los mercados emergentes. En cierto modo, recuerda el estiramiento del ciclo inmobiliario del credit crunch de 2008, explica. Eso sí, con la salvedad importante de que los sistemas bancarios están mucho más saneados que entonces, asevera el director del Departamento Monetario del FMI.

Sin embargo, y a la espera de movimientos de los bancos centrales que hasta ahora se muestran reacios a provocar, el FMI en su blog oficial, asegura que, de momento, los precios siguen al alza. Como resalta su Global House Price Index, donde se registra que las tres cuartas partes de sus más de 60 países analizados experimentaron aumento de precios en 2020. Tendencia que se ha acentuado con los datos más recientes este ejercicio, avisa. Y que contribuirá a prolongar las presiones inflacionistas, admiten sus expertos.

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"Otoniael', sontie ante los celulares de los oficiales del Ejército que lo capturaron

Las autoridades colombianas llevaban aproximadamente siete años tras el rastro líder del Clan del Golfo, por el que la DEA ofrecía hasta cinco millones de dólares.

Este sábado, las autoridades colombianas confirmaron la captura del hombre más buscado del país, Dairo Antonio Úsuga, conocido en el mundo criminal bajo el alias de 'Otoniel'.

Úsuga, de 49 años, era la cabeza del Clan del Golfo, considerado el grupo narcotraficante más grande de Colombia y sus crímenes lo llevaron a consagrarse como uno de los capos más buscados a nivel internacional. Por información que llevara a su captura, la DEA ofrecía hasta cinco millones de dólares.

Tras el arresto, el presidente de Colombia, Iván Duque, ofreció una rueda de prensa en la que declaró que este es "el golpe más duro al narcotráfico de este siglo en Colombia" y aseguró que es "comparable solo con la caída de Pablo Escobar".

Vida criminal

'Otoniel' nació en el municipio de Necoclí, en Antioquia, y desde allí empezó a fortalecer su emporio criminal. Inicialmente fue miembro del Ejército de Liberación Popular (EPL), donde llegó a delinquir con tan solo 16 años de edad. Posteriormente se deslindó de este grupo subversivo, para luego entrar a las filas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo paramilitar que operó hasta el 2006.

En ese bloque estuvo a las órdenes de Daniel Rendón Herrera, alias 'Don Mario', con quien iniciaría en el negocio de las extorsiones y el lavado de activos. El 3 de septiembre de 2005, Úsuga se desmovilizó de nuevo, cuando se desintegraron las AUC. 

Tras la captura de 'Don Mario', 'Otoniel' y su hermano Juan de Dios Úsuga David, alias 'Giovanny', tomaron el control de Los Urabeños, cuyo nombre se debe al control que ejercían en la zona antioqueña de Urabá. Desde entonces podría hablarse del denominado 'Clan Úsuga', que posteriormente se conocería como el Clan del Golfo.

Tras la muerte de su hermano, a manos de la Policía colombiana en 2012, 'Otoniel' ocupó el cargo de máximo cabecilla de nuevo grupo criminal. En su contra existen más de 120 procesos abiertos por toda una serie de crímenes y una circular roja emitida por Interpol por homicidio múltiple agravado, varios tipos de secuestro y concierto para delinquir, recoge El Tiempo.

Las autoridades colombianas ofrecían hasta 3.000 millones de pesos (aproximadamente 794.000 dólares) por información que ayudara a dar con su paradero.

El presidente Duque catalogó a Úsuga como "el narcotraficante más temido de todo el mundo; asesino de policías, de soldados, de líderes sociales, además, reclutador de menores. Asimismo, indicó que era conocido por "abusar de manera recurrente de niños, niñas y adolescentes". 

Duque también recalcó que contra el capo existen ordenes de extradición y aseguró que trabajarán con las autoridades "para lograr este cometido", sin que esto impida que también se pueda hacer justicia sobre el resto de sus crímenes en el país.

Operación 'Osiris'

Desde hace meses el estado de salud del jefe criminal había venido empeorando, por una serie de complicaciones. Según informes de Inteligencia, Úsuga no usaba servicios tecnológicos como celulares, sino que se comunicaba mediante una red de correos humanos, presuntamente por la presión policial.

El general Luis Fernando Navarro, comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, detalló este sábado que llevaban aproximadamente siete años tras el rastro de 'Otoniel', sin embargo, en enero de 2021 "se decidió cambiar los ritmos" y se diseñó una nueva estrategia, para entender de mejor manera a sus estructuras y red de apoyo.

"Fuimos develando los anillos de seguridad, entendiendo de mejor manera los corredores de movilidad y nos fuimos colocando de manera estratégica en el terreno, explicó el alto mando.

El general también resaltó que ya se tenía todo listo para romper la última barrera de seguridad de 'Otoniel', así que reunieron todos los recursos y se lanzó la operación 'Osiris' en la madrugada de este sábado.

Revelaron que la operación se desplegó con más de 500 hombres de las fuerzas especiales del Ejército y la Marina, además de 22 helicópteros de apoyo, con lo cual se logró cercar cualquier escapatoria. Finalmente se logró su captura cerca de las 15:00 (hora local). Durante la ejecución del operativo', también contaron con apoyo satelital por parte de agencias de inteligencia de Estados Unidos y el Reino Unido.

Navarro señaló que 'Otoniel' nunca tuvo oportunidad de encontrarse con sus redes de apoyo, ni de salir del área porque "todos los comandos estaban ubicados de manera estratégica".

Publicado: 24 oct 2021

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Sábado, 23 Octubre 2021 07:15

Viejos fantasmas

Viejos fantasmas

Los términos izquierda y derecha nunca han sido tan confusos como hoy en América Latina, pero sobre todo tropezamos con valladares de entendimiento cuando nos referimos a la izquierda, que padece de un síndrome de identidad.

Hay una izquierda conservadora metida en el túnel del tiempo que no puede orientarse hacia la salida del siglo XXI porque tiene enfrente de los ojos la enorme piedra filosofal de la añoranza soviética. El partido, duro y monolítico, que guía a las masas hacia un futuro sin mácula, y está la otra, de los viejos guerrilleros ideológicos que ven en la lucha armada un ideal que saben desgastado, pero para el que no encuentran sustituto.

Los acuerdos de paz conseguidos en Colombia bajo el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, significaron la renuncia a las armas de las FARC, el más viejo de los movimientos guerrilleros de América Latina, ya cuando la lucha armada como método de toma del poder había perdido todo prestigio.

Antes, los acuerdos de paz de Esquipulas, conseguidos bajo el plan impulsado por el presidente Arias de Costa Rica, terminaron con las guerras de la década de los 80 del siglo pasado en Centroamérica: la que se libraba en Nicaragua entre el régimen de guerrilleros sandinistas en el poder respaldados por la Unión Soviética, y los contras financiados por Estados Unidos, y las guerrillas del FMLN en El Salvador, y la URNG en Guatemala, cuyos dirigentes pasaron a la vida política civil.

Pero lo que se dio entonces fue una situación de orfandad. Estos procesos de paz de antes del fin del siglo coincidían con la caída del Muro de Berlín. La década de los 90 fue de agonía para la izquierda ortodoxa, que nunca estuvo dispuesta a hacer concesiones, porque sus ideas fundamentales quedaron desmanteladas: el partido único o hegemónico en control del Estado; éste como empresario único; y la democracia proletaria, contraria a la democracia burguesa.

Para quienes se negaron a aceptar que aquel mundo, en parte irreal y en parte real –se habló mucho entonces del socialismo real a la hora del derrumbe– había dejado de existir, todo se quedó en una nostalgia viciosa. No vieron, y muchos aún no lo ven desde esa estricta ortodoxia, que la única salida para la izquierda es hacerse parte del sistema democrático sin apellidos, que empiezan por competir por el poder en elecciones, y aceptar que a través de los procesos electorales se gana o se pierde.

Pero entonces, antes de empezar el nuevo siglo, el desgaste del sistema democrático en Venezuela, que perdió credibilidad por falta de renovación, le abrió las puertas al fenómeno populista de Chávez, algo que no era nuevo en América Latina –basta recordar a Perón y a Getulio Vargas–, pero que venía insuflado de un nuevo espíritu mesiánico y redentor, y volvió a poner de moda el lenguaje anquilosado de la izquierda tradicional.

Es cuando se crean las mayores confusiones acerca de la izquierda, porque detrás del populismo de Chávez, con sus petrodólares benefactores, un viejo ortodoxo como Ortega aparece también como populista en Nicaragua, porque puede disponer de los cerca de 5 mil millones de dólares que le llegan desde Venezuela a lo largo de varios años, y populista es también Evo Morales en Bolivia. Todos, junto con la Cuba de Fidel Castro, que sin la munificencia de Chávez no hubiera sido capaz de sobrevivir.

El populismo de izquierda que desangra a Venezuela. Pero entrado el siglo XXI, el populismo pasa a ser también de derecha, un populismo cerrado ideológicamente, el que Trump alienta en Bolsonaro, sectario, intransigente, demagógico. Pero también Maduro, el heredero de Chávez, es un demagogo que erige su discurso altisonante sobre las ruinas de una nación empobrecida al extremo por la corrupción y el dispendio.

Y un dirigente político de la vieja guardia de izquierda, como Cerrón en Perú, hasta hace poco seguro en su papel de poder detrás del trono del profesor Castillo, exhibe un discurso homofóbico y misógino, un conservador de izquierda, que se toca con el de Bolsonaro. Y en el mismo saco, las leyes de Ortega que castigan a quienes él juzga que atentan contra la soberanía nacional, son leyes como las de Putin, pero también como las de Mussolini.

Los grandes polos políticos en América Latina continuarán siendo los partidos de izquierda y de derecha dispuestos a aceptar la alternancia como la regla fundamental del juego. Una izquierda o una derecha tramposas, que al llegar al poder por la vía electoral asuman el designio de quedarse para siempre, concentrando todo el poder a cualquier costo, son la negación misma de la democracia, y lo único que hacen es crear nuevos ciclos de violencia.

El caudillo, sea de izquierda o sea de derecha, es un viejo fantasma que hace sonar sus cadenas de fanatismo, sectarismo, y represión de las ideas y de la libre expresión del pensamiento.

Una obsolescencia de nuestra historia, que conspira contra toda posibilidad de modernidad.

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Publicado enPolítica
Sábado, 23 Octubre 2021 07:09

Pragmático enfoque

Pragmático enfoque

Diplomáticos de 10 países se reunieron esta semana en la capital rusa –esta vez sin Estados Unidos, que duda seguir en el grupo– para discutir el futuro de Afganistán con el movimiento talibán, su principal interlocutor en las negociaciones que se dan desde 2017 en el llamado “formato de Moscú”, impulsado por Rusia de modo paralelo al que tiene (quizás tenía, después del fiasco de la retirada estadunidense) lugar en Doha, capital de Qatar, bajo los auspicios de Washington.

Por primera vez, la delegación del Talibán, catalogado como organización terrorista por sus antecedentes de violencia irracional, salvo que se considere normal decapitar a la capitana de la selección nacional para que otras mujeres no quieran jugar voleibol, asistió ya no como oposición armada al gobierno que protegía Estados Unidos, sino como gobierno de facto, aún no reconocido por nadie.

Las verdaderas negociaciones, dejando de lado las sesiones plenarias, que son más para la foto, se desarrollaron a puerta cerrada con cada una de las delegaciones por separado. Al parecer, sobre todo los países vecinos de Afganistán respaldaron el enfoque pragmático del anfitrión, el canciller ruso Serguei Lavrov, quien sostiene que hay que mantener los vínculos con el Talibán, pero sin reconocerlo todavía como gobierno legítimo, que es lo que más exigen las nuevas autoridades de Kabul para poder recibir la ayuda financiera y humanitaria que sirva de paliativo a la paupérrima situación de la mayoría de los afganos.

Aunque el Talibán afirma que cumplió una de las condiciones para que la ONU celebre una conferencia de donadores, lo cierto es que el supuesto gobierno de conciliación nacional incluye sólo a dos ministros que no son de origen pastún (un tayiko y un uzbeko), lo cual no puede considerarse distribución equitativa de las carteras entre los principales grupos étnicos afganos, sin hablar de los derechos de las mujeres, el desmantelamiento del narcotráfico y otras demandas de la comunidad internacional.

Queda aún mucho camino para que estas negociaciones culminen con éxito, pero ya la semana entrante los cancilleres de siete países que acudieron a la cita de Moscú –China, Irán, Pakistán, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán– se volverán a reunir, ahora en Teherán, con representantes del Talibán.

Publicado enInternacional
Sábado, 23 Octubre 2021 06:06

El Salvador: un autoritarismo millennial

El Salvador: un autoritarismo millennial

Dos años y medio después de la elección de Nayib Bukele, la institucionalidad de El Salvador ha sido puesta a prueba de manera creciente sin que las crisis desatadas por el nuevo mandatario parezcan mermar su popularidad. Es que después de cuatro décadas de reino de los partidos nacidos de la guerra civil, el presidente apareció no solamente como la promesa de una renovación del escenario político, sino también como el «brazo vengador» que liquidaría el «viejo mundo» político. 

Si Nayib Bukele encarnó una promesa de renovación política, fue sin duda por la imagen de outsider que vistió a lo largo de su campaña. Sin embargo, esta aura no ha sido más que el producto de una estrategia de marketing político y el resultado de los errores de valoración de su antiguo partido, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (fmln). De hecho, cuando Bukele postuló su candidatura a la Presidencia, no era ningún novato de la política. Criado en una acomodada familia de comerciantes, pasó brevemente por la carrera de Derecho en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, que abandonó con tan solo 18 años de edad para hacerse cargo de los negocios familiares. Después de haber encabezado con éxito una empresa de import/export se lanzó a la publicidad, actividad que fue su puerta de entrada en la política. Tras varios años como responsable de las campañas del fmln, Bukele conquistó la Alcaldía Municipal de una localidad de la zona conurbana de la capital con el apoyo del partido izquierdista. Valiéndose de este primer mandato y nuevamente como abanderado del Frente, se lanzó con éxito a la contienda por la Alcaldía de San Salvador. Electo en 2015, implementó una política bastante tradicional: aseguramiento y recuperación de los espacios públicos, extensión de redes eléctricas a las zonas marginadas, construcción de caminos y glorietas... Pero afianzado por «sus obras» y su popularidad en los medios de comunicación, Bukele buscó su investidura por el fmln como candidato presidencial. Lo hacía sin contar con el recelo de los apparatchiks del partido, quienes no demuestran ninguna simpatía por las «estrellas en ascenso» que no pertenecen al comité central. Fue por ello que Bukele se mostró cada vez más crítico hacia la cúpula del fmln, hasta ser expulsado del partido en octubre de 2017 por «promover prácticas que incitan a la división interna», «irrespeto a los principios del partido» e «irrespeto al derecho de las mujeres»1

Si su expulsión del partido entonces en el poder le valió la imagen de «rebelde», sus pugnas con el Tribunal Supremo Electoral, que le impidió el registro de su nuevo partido y canceló la personería jurídica del pequeño partido socialdemócrata que se había propuesto promover su candidatura, lo erigieron definitivamente en candidato «antisistema». 

Pero su verdadera imagen de outsider surgió de su estilo personal de gobernar: adepto a Twitter y a la retórica publicitaria, Bukele no dudó en privilegiar las demostraciones de fuerza y en jactarse de ser un hombre fuerte e independiente, sub 40, cuyo brazo iba a barrer «el sistema corrupto» instalado por los dos grandes partidos que compartieron el poder desde el fin de la guerra. Constantemente, en la enunciación de su poder y en la escenificación de una relación «directa» con «el pueblo» –aunque este solamente sea compuesto por la suma de sus followers–, Bukele manejó un estilo populista que chocaba con el carácter colegiado y burocrático del fmln y de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena). Mostraba así un estilo personal cuyos lemas antisistema y anticorrupción anunciaban algo más que el reemplazo de la vieja clase dirigente por una nueva generación de millennials: la liquidación de las reglas del juego político salvadoreño. 

No hay que olvidar el sentimiento de desilusión que invadió al electorado salvadoreño después del segundo mandato del fmln, más aún entre los votantes de este partido. No solo la revolución prometida por el partido de izquierda nunca llegó, sino que los diez años de gobierno del fmln quedaron manchados por los escándalos y la incapacidad de reforma. Ni el desempleo ni la violencia disminuyeron. Al contrario, el fmln y Arena se comprometieron en pactos con las pandillas y permitieron su reconversión al negocio de la extorsión o el tráfico de drogas, a tal punto que se habló de «partidos mafiosos». De la misma manera, los discursos revolucionarios del fmln no resistieron ante los escándalos de nepotismo y corrupción millonaria y el descubrimiento del tren de vida lujoso de la nueva «burguesía roja» vinculada al gobierno y a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (alba). En fin, tanto el fmln como Arena se encerraron en una forma muy tradicional y clientelista de hacer política, sin ver que el clientelismo se ha desgastado a los ojos de una juventud que reivindica sus derechos y aspira a algo más que recibir ayudas puntuales. En definitiva, la popularidad de Bukele fue el espejo del rechazo de Arena y el fmln. 

Por ello, la elección triunfal de Bukele en 2019 significó más que una voluntad de cambio. Personificó un rechazo de la población hacia las maniobras y los pactos partidistas que hundieron al país en un estado de convulsión permanente, de estancamiento económico y de bloqueos institucionales. Es decir que Bukele representó, si no una ruptura real, por lo menos una «brecha populista» en un país regido durante muchos años por un sistema «partidocrático» que había erigido los arreglos partidarios y la limitación de las ambiciones personales en reglas del juego.

Entre la dramaturgia y la inercia

La llegada al poder de Bukele fue sin duda una primera prueba de verdad. Sin mayoría en el Parlamento, sin partido estructurado ni cuadros sobre los cuales apoyarse, su discurso de «liquidación del viejo mundo» no podía sino tropezar con la realidad de las relaciones de poder y las inercias de la política salvadoreña. 

De hecho, desde el inicio el presidente Bukele se topó con los mismos problemas estructurales que conocieron sus predecesores: en el plano económico, el país acumulaba una deuda que lo colocaba al borde del incumplimiento y limitaba el lanzamiento de políticas públicas ambiciosas; en el institucional, Bukele gobernaba con un Congreso en el cual no solo estaba en minoría, sino donde la oposición se había coaligado en su contra. Además, tuvo que transigir con un Poder Judicial que, a pesar de su politización, se ha profesionalizado y ha ido impulsando una judicialización de la vida política, así como una fiscalización cada vez más minuciosa del ejercicio del poder. El contexto, a pesar de sus problemas, ha permitido la consolidación de sindicatos de empleados estatales, de periódicos de investigación, de ong de defensa de los derechos humanos y de otros contrapoderes atentos a la gestión tanto de los mandatarios como de sus funcionarios.

No sorprendió entonces que los deseos del presidente se vieran inmediatamente frustrados por el Congreso o la Corte Suprema de Justicia. Así ocurrió con su voluntad de terminar con el llamado «nepotismo» del fmln, para lo cual despidió masivamente a los empleados públicos contratados por las administraciones anteriores y desmanteló las secretarías presidenciales existentes para sustituirlas por nuevas secretarías a su medida. No contó entonces con el bloqueo del Congreso, única institución habilitada para crear plazas, suprimirlas y asignar sueldos a funcionarios y empleados públicos2, ni con la acción de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó enseguida reinstalar a varios funcionarios removidos de sus cargos por incumplimiento de los procedimientos legales de cesación de contrato por parte de las nuevas autoridades. Es decir que, como ocurriera con los de sus antecesores, los márgenes de acción de Bukele se vieron limitados al reemplazo de las «plazas de confianza» y a la contratación de una nueva capa de funcionarios que se agregaría a las de los gobiernos anteriores. Así, Bukele tuvo que crear cerca de 3.662 empleos públicos en 2020 y 9.363 nuevas plazas en todos los sectores del Estado en 20213, además de que tuvo que inventar plazas de asesores ad honorem para sus consejeros, quienes eran en realidad pagados con plazas de otros ministerios. 

De la misma manera, en febrero del año pasado, la Asamblea Legislativa liderada por Arena bloqueó la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares destinados a la fase iii del programa estrella de Bukele: su Plan Control Territorial. La votación del préstamo, destinado a la compra de material para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, fue suspendida por la Asamblea tras las revelaciones de posibles conflictos de interés entre el mismo presidente y varios contratistas contemplados para la venta de tecnologías, así como prevenciones sobre la sobrevaluación e incoherencia de algunos gastos4. La discusión parlamentaria no tardó en convertirse en una batalla mediática entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. 

Limitado financieramente, Bukele rompió de inmediato su primera promesa de campaña de eliminar los gastos reservados de la Presidencia para utilizar de manera secreta hasta un millón de dólares por mes en los primeros tiempos de su gestión5. Pero Bukele se abocó sobre todo a una teatralización exacerbada del poder presidencial, con la cual intentaba compensar lo máximo posible su impotencia6. Así se debe interpretar el espectáculo que dio apenas instalado en el sillón presidencial, cuando ordenó por Twitter a sus nuevos ministros despedir de inmediato a los familiares de los principales cuadros del fmln que fungían legalmente como empleados públicos. Como muchos ocupaban plazas de confianza revocables, la caza de brujas de Bukele no era otra cosa que una simulación de la depuración del Estado y la puesta en escena del advenimiento de un nuevo mundo donde sus ministros acatarían sus mandamientos a golpe de «inmediatamente» o «¡sí, mi presidente!». 

La agitación populista de Bukele llegó a su verdadero clímax en febrero de 2020, cuando en un intento por doblegar a la representación nacional –después de haber amenazado a los diputados con represalias si no aprobaban el préstamo– llamó a una «insurrección popular» contra la «elite política» e instó al pueblo y al Ejército a manifestarse ante la Asamblea Legislativa. Entonces, a primeras horas del domingo 9 de febrero de 2020, Bukele irrumpió en la Asamblea rodeado de militares y policías armados para exigir a los diputados la aprobación del préstamo que requería para financiar su plan. Sentado en la silla del presidente de la Asamblea, dio inicio a la sesión plenaria ante una sala casi vacía donde solo habían acudido a su convocatoria los pocos diputados de su partido aliado, Gran Alianza por la Unidad Nacional (gana). Cuando, consciente de haber llegado al límite de su demostración de fuerza, dio marcha atrás, comenzó a orar y declaró que Dios le había ordenado ser paciente. 

Una vez más, Bukele quedaba atrapado entre la radicalidad de sus discursos y la realidad de su poder. De allí su dramaturgia: sus tuits y sus «golpes tentativos» son en esencia escenificaciones de una autoridad presidencial limitada en los hechos por la oposición. No obstante, este tipo de actuación populista comporta siempre riesgos. Por más simbólicas que sean, las demostraciones de fuerza y de autoridad implican siempre la posibilidad de pasarse los límites de la violencia y la transgresión aceptables en democracia. Y a este «cruce del Rubicón» lo llevó la crisis del covid-19.

El covid-19: la oportunidad autoritaria

Para Bukele, la pandemia de covid-19 fue sin duda una oportunidad inesperada para obtener los márgenes de acción que le faltaban. De hecho, le permitió primero invertir las relaciones de fuerza con la oposición parlamentaria, gobernar por decretos y obtener por otras vías los fondos y préstamos que la Asamblea le había denegado. Es más, el contexto de urgencia le otorgó la posibilidad de beneficiarse de nuevos préstamos internacionales, de emitir bonos y de utilizar fondos reservados o líneas presupuestales ya asignadas para financiar su nueva política, empezando por su política de seguridad pública7

De esta manera, el nuevo presidente supo ganarse, si no la fidelidad de la población y de los funcionarios públicos, por lo menos sus simpatías. De hecho, pudo celebrar su primer año de gestión con la construcción de un hospital súper moderno, así como realizar varios proyectos sociales apalancados por una fuerte campaña publicitaria. A la vez, pudo financiar el reclutamiento de miles de nuevos funcionarios en las áreas de salud o de seguridad y, sobre todo, aumentar la remuneración de varios sectores del gobierno. 

También logró implementar programas de alivio, como la entrega de un subsidio de 300 dólares a 1,5 millones de hogares considerados vulnerables o afectados por el desempleo (aproximadamente 75% de la población salvadoreña), así como el reparto de paquetes alimenticios, distribución de granos y enseres agrícolas para los agricultores o la oferta de créditos a bajo interés para las pequeñas y medianas empresas.

Pero los grandes beneficiarios de los fondos de la pandemia fueron ante todo la policía y los militares, o sea, los dos pilares sobre los cuales Bukele podía sostenerse para asentar su autoridad, a falta de apoyos significativos en el Congreso. Por lo que las fuerzas de seguridad no solo recibieron fondos considerables para el reclutamiento de nuevos efectivos y la compra de equipamientos modernos, sino que además obtuvieron «carta blanca» del nuevo mandatario para manejar «sus» asuntos. Así, el nuevo presidente no solamente prometió doblar los efectivos del Ejército en los próximos cinco años –pasando de 20.000 a 40.000– y extender sus facultades en materia de intervención interior, sino que, en septiembre de 2020, el mismo Bukele asumió la decisión de impedir el acceso a los archivos militares del juez del proceso penal encargado del caso de la masacre de El Mozote de 19818. De la misma manera, se esmeró en ganarse la lealtad de la Policía Nacional Civil y su jefatura a golpe de bonos, de seguros privados y de aumentos presupuestales, pero también encubriendo los atropellos de la institución y dejándola manejar el «problema de las pandillas» con una severidad al límite de la violación de los derechos humanos. Sobre la marcha, Bukele protegió a Osiris Luna, viceministro de Seguridad y director general de Centros Penales, sospechado de haber recibido sobornos por parte de una empresa mexicana de seguridad9. A cambio, la Policía se alineó tras el presidente y llegó incluso a desacatar órdenes de la Asamblea Legislativa u obstaculizar la investigación de la Fiscalía General en posibles casos de corrupción en el gobierno de Bukele10

Asegurados la lealtad de las fuerzas de seguridad y los nuevos financiamientos, el gobierno logró revertir en parte el desequilibrio que mantenía con la oposición. Sin embargo, la pandemia exacerbó peligrosamente las tendencias poco institucionales de Bukele. De hecho, la cuarentena nacional obligatoria otorgó poderes considerables a la Policía y al Ejército y reforzó a su vez los componentes autoritarios del gobierno. Pero el verdadero deslizamiento se dio por las contradicciones y el amateurismo del nuevo gobierno en su gestión de la crisis. Así, si bien Bukele había hecho de la lucha contra la corrupción su prioridad, a finales de 2020 la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (cicies) entregó a la Fiscalía General pruebas de numerosas irregularidades en los procesos de licitación pública o de compra de insumos médicos11. De la misma manera, por generosos e innovadores que fueran, los programas de alivio económico lanzados por el gobierno alcanzaron rápidamente sus límites y no lograron cubrir en su totalidad las necesidades de la población y de las empresas. Por ello, la cuarentena nacional implementada por el presidente –entre las más estrictas de la región– suscitó ciertas resistencias. Ante la multiplicación de desobediencias, la Policía reaccionó con exceso de violencia y arbitrariedad. Se encarceló a simples infractores del toque de queda en centros de detención o en hoteles de cuarentena donde la promiscuidad y las condiciones de atención precarias multiplicaban los riesgos de infección. De la misma manera, se prolongó fuera del límite legal el hacinamiento de viajeros puestos en cuarentena porque el Estado no tenía testeos o los recursos necesarios para asegurar su situación sanitaria12. Es decir que las propias limitaciones del gobierno lo llevaron a tomar actitudes cada vez más autoritarias. 

Bukele empezó entonces a sufrir revés tras revés. Primero, ante una prensa independiente que, atenta a la supuesta «intachabilidad» del nuevo mandatario, empezó a revelar sus contradicciones y sus incumplimientos, empezando por casos de corrupción. Luego, los golpes vinieron de la Sala de lo Constitucional, que invalidó uno tras uno los decretos antipandemia de Bukele por violar los derechos fundamentales de los ciudadanos13

Llamado por la Justicia a acatar sus resoluciones, Bukele prefirió encerrarse en un discurso populista que arremetió contra la prensa, los jueces y los universitarios. Cualquier voz crítica que reafirmaba la necesidad de respetar la formalidad del derecho era inmediatamente identificada como perteneciente a la oposición y rechazada del lado de aquellos a quienes llamaba confusamente «amigos del virus», «enemigos del pueblo» o simplemente «delincuentes»14. Pero pretendiendo encarnar al «Pueblo» y protegerlo de «sus enemigos», aunque estos fueran las propias instituciones del Estado, Bukele dio un vuelco a un discurso «provida», a través del cual se erigió en defensor de un principio aún más sagrado que la voluntad del pueblo: «la vida», y esto le permitió pisotear cualquier otro principio, ya fuera el interés público, los derechos individuales o la necesaria toma en consideración de las minorías… De tal manera que se elevó en una posición tutelar y no poco paternalista, que pretendía velar por los intereses del pueblo a pesar del pueblo mismo. Era imposible que esta actitud no suscitara el rechazo de una parte de la población.

El problema es que, en lugar de frenar a Bukele, ese mismo rechazo lo arrinconó cada vez más en su certeza autoritaria. Así se formó un círculo vicioso que lo llevó a romper en varias ocasiones con la legalidad. Se rehusó, por ejemplo, a aplicar las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia que le exigían poner en libertad a los detenidos por infracción a la cuarentena. También dirigió varios ataques contra periódicos de investigación y periodistas independientes, quienes han sufrido exclusiones de las conferencias de prensa de Casa Presidencial, acusaciones de lavado de dinero y evasión fiscal, y hasta hostigamientos, intimidaciones o agresiones físicas15

Es decir que la pandemia le permitió a Bukele no solo asentar las bases de su poder, sino también encontrar un estilo personal de gobernar que mezcla «reflejos vanguardistas» y «tentación autoritaria». Estos rasgos del bukelismo no serían tan preocupantes si no hubiera encontrado una manera de institucionalizarse tras la victoria arrasadora del oficialismo en las últimas elecciones legislativas de marzo de 2021.

La institucionalización del bukelismo

El 1 de marzo de 2021, Bukele y su partido, Nuevas Ideas, obtuvieron una contundente victoria electoral que les otorgó la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, con 56 diputados sobre 84. Aun sin contar con sus aliados de gana, el partido presidencial dispone ahora de todas las latitudes para cambiar en profundidad la institucionalidad del país16. En lo esencial, Bukele está convencido de que el mal desarrollo de El Salvador es el resultado de la corrupción de los partidos nacidos de la guerra civil, que se incrustó hace 30 años en las instituciones del Estado, y por lo tanto, ahora que tiene las manos libres, se lanzó al desmantelamiento de las instituciones heredadas de los Acuerdos de Paz de 1992. El primer acto de este desmantelamiento ha sido la destitución de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general de la República, el primer día de sesión de la nueva Asamblea. Pasando por alto los procedimientos legales y constitucionales para deponer y reemplazar a estos funcionarios, la Asamblea nombró inmediatamente a un nuevo fiscal y a nuevos magistrados afines al partido presidencial, los cuales fueron escoltados por la Policía hacia sus nuevos puestos después de que esta allanara las instalaciones de la Corte Suprema y de la Fiscalía17. Leal al presidente, el nuevo fiscal lanzó una campaña de lucha contra la corrupción, no sin que antes la Asamblea otorgara inmunidad a los funcionarios del Ministerio de Salud por compras durante la pandemia y que la sección de probidad de la Corte Suprema dejara de investigar el patrimonio de los nuevos funcionarios de Bukele. Así, la campaña anticorrupción se redujo de hecho a una auditoría de los mandatos pasados de la oposición. 

En paralelo, el gobierno tomó medidas para descartar de las instituciones a cualquier actor exterior que no le sea leal. Así, la nueva Asamblea aprobó un pliego de reformas a leyes constituyentes de instituciones autónomas y descentralizadas de gobierno, con el fin de retirar la facultad exclusiva a los empresarios agremiados en la Asociación Nacional de la Empresa Privada (anep) de colocar representantes en las juntas directivas de estas entidades estatales. De la misma manera, el presidente Bukele rompió el acuerdo que tenía con la Organización de Estados Americanos (oea) que dio origen a una comisión internacional contra la corrupción, la cicies, para investigar irregularidades en las gestiones gubernamentales pasadas y presentes, después de que la Comisión hubiera denunciado ante la Fiscalía varios casos de posible corrupción del nuevo gobierno. 

Es decir que, asegurado de su mayoría, Bukele emprendió la tarea de reformatear las instituciones del país para debilitarlas o achicarlas, comenzando por recortar sus presupuestos. Así procedió inmediatamente con instituciones fiscalizadoras como el Instituto de Acceso a la Información Pública, la Corte de Cuentas y la Procuraduría de Derechos Humanos18. A la par, promulgó reformas legislativas que concentraron los poderes de las secretarías y entidades autónomas del Estado en las únicas manos de los administrativos nombrados por él19. También, desde 2020, dejó de transferir 10% del presupuesto de la nación destinado a las municipalidades del país –muchas de ellas gobernadas entonces por la oposición– para reducir este monto a 6%, del cual 75% será únicamente entregado en «obras» sobre la base de proyectos aprobados por una nueva Dirección Nacional de Obras Municipales controlada por la Presidencia20. De esta manera, recentralizando el poder y los recursos, Bukele ha iniciado un trabajo paulatino de debilitamiento de las instituciones del Estado; trabajo que ha ido de la mano de la creación de estructuras paralelas de decisión que responden únicamente a su persona y se imponen sobre el resto de los ministros o secretarios presidenciales. El primero de estos círculos está compuesto por los hermanos del presidente, quienes, a pesar de no tener oficialmente ningún puesto público, operan como negociadores, emisarios y principales estrategas del gobierno de Nayib21. Verdadero clan familiar que tiene una influencia considerable sobre su hermano, los Bukele no solo llegaron a reclutar a algunos de los altos funcionarios del gobierno, sino que negocian y pactan en nombre del presidente con todo tipo de actores, desde la oposición legislativa hasta los grandes empresarios del país o algunas potencias extranjeras; esto sin que jamás se pueda rastrear este «trabajo entre bastidores» por no implicar ningún tipo de gasto público. 

Abajo de este clan familiar se encuentra otro gabinete ad hoc, compuesto por una decena de venezolanos, asesores extraoficiales también sin cargos formales –la mayoría de ellos ligados al gobierno «interino» de Juan Guaidó y a la dirigencia del partido Voluntad Popular–, los cuales hacen el enlace entre los hermanos Bukele, el partido dirigido por un primo de la familia y los ministros y secretarios. No solamente controlan la comunicación y la propaganda de todo el gobierno, sino que además bajan lineamientos, dan órdenes y diseñan los programas del gobierno, como el Plan Control Territorial o el Programa de Emergencia Sanitaria22

Es decir que, a la vez que debilita las instituciones del Estado, Bukele reinstitucionaliza una estructura personal de decisión compuesta de familiares y allegados, varios de ellos extranjeros, una de cuyas «virtudes» es estar completamente desarraigados del juego político salvadoreño y de sus protagonistas tradicionales; una desconexión de la esfera de decisión y de poder que se tradujo, por ejemplo, en la adopción por la Asamblea Legislativa, sin debate alguno, de una ley de reforma monetaria que confirió al bitcoin el estatus de moneda de curso legal y «obligatoria» en un país donde solo 57% de la población tiene acceso a internet23. Esta reforma, que se quiere el primer paso hacia la creación de una moneda virtual nacional y una futura «digitalización» del Estado salvadoreño, no se puede entender sin la intervención personal de los hermanos Bukele, jóvenes empresarios convertidos a la economía financiera y virtual, quienes negocian con las grandes empresas del sector y proponen usar el Estado y sus recursos para respaldar sus ambiciones de liderar una de las primeras economías digitalizadas del mundo24. Pero tampoco se puede entender sin ver en ello la huella de los asesores venezolanos de Bukele, quienes tejen indudablemente un puente entre El Salvador, la diáspora venezolana y Venezuela, cuya economía se ha transnacionalizado, digitalizado e inclinado cada vez más hacia la «minería» de bitcoins.

En conclusión, y retomando conceptos de Alain Touraine, la institucionalización del bukelismo no solamente reemplaza la institucionalidad del país por un organigrama personal a mano del presidente, sino que acentúa en exceso la desarticulación de la sociedad salvadoreña, y con ello, sus contradicciones25. Por ejemplo, abrir la economía al bitcoin no bastará para atraer inversionistas y crear empleos si no se diseña un plan de inversión millonario para que la juventud salvadoreña salga del sistema educativo con diplomas universitarios y técnicos de calidad en economía, informática o idiomas. De la misma manera, bajar las tasas de homicidios del país y así atraer a inversionistas extranjeros no bastará para dinamizar la economía nacional si no se detiene la extorsión que sofoca el tejido de empresas pequeñas y microempresas del país. Podríamos alargar la lista de evidentes contradicciones del bukelismo. El riesgo no es solamente ver alejarse una economía y un Estado cada vez más internacionalizados mientras la sociedad queda atrapada en desafíos locales muchas veces muy básicos; es también que el choque del bukelismo con las inercias de la sociedad lo hunda cada vez más en un populismo autoritario, o lo convenza de que la solución se encuentra en la liquidación total del «viejo régimen» gracias a la reescritura de una Constitución a su medida.

  • 1.

Una consejera municipal de la ciudad de San Salvador acudió al Tribunal de Ética del FMLN y acusó a Bukele de haberle dicho «bruja» y de haberle arrojado una manzana a la cara. Ver Jonathan Laguan y Cristian Meléndez: «Nayib Bukele, expulsado del fmln por estas razones» en La Prensa Gráfica, 10/10/2017; Sebastián Escalón: «¿Quién es Bukele, el presidente electo milenial y pro cicig de El Salvador?» en Nómada, 25/2/2019.

  • 2.

Eugenia Velázquez: «Secretarías creadas por Bukele sin base legal ni fondos» en El Diario de Hoy, 20/6/2019.

  • 3.

Denni Portillo y Laura Flores: «El Salvador: Ejecutivo pagará casi $200 millones más en salarios que en 2019» en El Economista, 21/12/2020; Yolanda Magaña: «Planilla estatal crecerá $124 millones y 9.363 plazas el próximo año» en Diario El Mundo, 13/10/2020.

  • 4.

Jimmy Alvarado: «El préstamo del bcie, un paso más en la militarización de la seguridad pública de Bukele» en El Faro, 8/3/2020.

  • 5.
  1. Alvarado: «Bukele ya gastó $2 millones de la billetera secreta de la Presidencia» en El Faro, 4/9/2019.
  • 6.

Para un análisis del papel de la teatralización del poder en América latina, v. Danilo Martuccelli: ¿Existen individuos en el sur?, LOM, Santiago de Chile, 2010.

  • 7.

FUSADES: «Impacto del covid-19 en la liquidez del gobierno» en Análisis Económico No 53, 9/2020.

  • 8.

José Miguel Vivanco: «Con el respaldo de Bukele, el Ejército bloquea una investigación sobre la masacre de El Mozote» en Los Angeles Times en español, 9/11/2020.

  • 9.

Sergio Arauz: «Empresa mexicana de seguridad pagó el viaje de Osiris Luna» en El Faro, 3/2/2020.

  • 10.

Gabriela Cáceres: «El día en que la Policía obstaculizó la investigación del Fiscal contra el Gobierno Bukele» en El Faro, 11/11/2020; Gabriel Labrador: «Director de la PNC es absuelto y juez le advierte que ‘no estamos en una monarquía’» en El Faro, 23/12/2020.

  • 11.

«Investigan en El Salvador 17 casos de supuestas compras irregulares por covid» en Agencia EFE, 13/11/2020.

  • 12.

Lissette Monterrosa: «Con gritos de desesperación y carteles, personas que ya cumplieron su cuarentena piden regresar a sus hogares» en Elsalvador.com, 17/4/2020.

  • 13.

Daniel Miranda: «Nayib Bukele: ‘El Estado soy yo’. ¿Hasta dónde impondrá su agenda autoritaria?» en Envío No 468, 3/2021.

  • 14.

Ibíd.

  • 15.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): «Resolución 12/2021. Medidas cautelares Nº 1051-20. 34 miembros identificados del Periódico Digital El Faro respecto de El Salvador», 4/2/2021; Nelson Rauda y Gabriel Labrador: «El Estado sin respuestas ante la CIDH por ataques a periodistas» en El Faro, 3/12/2020.

  • 16.

Para una lista de las decisiones al alcance de Bukele desde marzo de 2021, v. J. Alvarado y S. Arauz: «Todas las decisiones legislativas estarán al alcance de Bukele» en El Faro, 1/3/2021.

  • 17.

Fernando Romero, Bryan Avelar, Loida Avelar y Gerson Vichez: «La Asamblea de Bukele se toma la Corte Suprema y la Fiscalía» en Revista Factum, 2/5/2021; G. Vichez: «Asamblea estrena coreografía para elegir magistrados» en Revista Factum, 30/6/2021.

  • 18.
  1. Portillo: «¿Qué dice y qué no dice el decreto del presupuesto 2021?» en El Economista, 30/12/2020.
  • 19.

Beatriz Benítez: «Bukele pide ocultar las declaraciones patrimoniales y propone otras 12 reformas en contra de la transparencia» en El Gato Encerrado, 13/7/2021.

  • 20.

Yolanda Magaña: «Bukele anuncia recorte del Fodes y dice ‘ya no se entregará en efectivo’» en Diario El Mundo, 7/4/2021.

  • 21.

Para una descripción exhaustiva del círculo de poder familiar que rodea a Bukele, v. el artículo de J. Alvarado, G. Labrador y S. Arauz: «El clan Bukele que gobierna con Nayib» en El Faro, 7/6/2020.

  • 22.

Estos elementos han sido detallados en J. Alvarado: «El gabinete oculto de venezolanos que gobierna con Bukele y su familia» en El Faro, 6/6/2021.

  • 23.
  1. Rauda y Roman Gressier: «Asamblea aprobó en solo cinco horas la Ley Bitcoin que Bukele había anunciado tres días antes» en El Faro, 10/6/2021; José Barrera: «El Salvador alcanzó los 3,8 millones de usuarios de internet en 2020» en Diario El Mundo, 8/2/2021.
  • 24.

Para más detalles de esta confusión de intereses y proyectos, v. S. Arauz, N. Rauda y R. Gressier: «Bukele y sus hermanos planean emitir colones digitales» en El Faro, 16/6/2021.

  • 25.
  1. Touraine: Las sociedades dependientes, Siglo Veintiuno, Ciudad de México, 1978.
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Chile, entre la rebelión popular, las elecciones y una Constituyente descafeinada

La rebelión popular de octubre de 2019 marca el punto de inflexión en la política chilena. Su mayor éxito, lograr la convocatoria de un proceso constituyente que hoy se dirime entre el desencanto y la frustración. No olvidemos que el llamamiento fue hecho a regañadientes por los partidos del orden y su nuevo aliado el Frente Amplio, cuya cara es Gabriel Boric. El 15 de noviembre de 2019 firmaron el pacto por la "paz y una nueva Constitución" definiendo los límites sobre los cuales podría transitar la nueva Carta Magna. Una redacción capaz de mantener en pie el edificio neoliberal. Para lograrlo, se exigiría una mayoría de dos tercios de los convencionales para dar el visto a cada artículo propuesto. Así, bastaría un tercio de los delegados para rechazar una propuesta rupturista de los principios neoliberales. Las votaciones para la convención arrojaron unos resultados sorprendentes. La derecha obtuvo menos de un tercio de representantes, viéndose la posibilidad de formar consensos progresistas para romper el pacto de la traición. Pero la ilusión se ha ido al traste. Las alianzas en la convención recompusieron el cuadro. Lo impensable se hizo realidad. Los pactos se reditaron cuando los convencionales votaron su reglamento interno y mantener el quórum de los dos tercios. Así, la derecha, la ex concertación, el Frente Amplio, independientes no neutrales, logran el control real y cierran el paso a una redacción con efectos reales para la ciudadanía. Se podrán reconocer derechos, pero la economía de mercado pondrá límites al gasto público y de paso no permitirá la inversión en sanidad, vivienda, educación. Por otro lado, ni pensar que los convencionales determinen que las riquezas del país no puedan ser vendidas a extranjeros. Las trasnacionales tendrán carta blanca para explotar los yacimientos de cobre, litio y de paso repatriar sus beneficios vía tratados de libre comercio. La Constituyente camina desoyendo las voces que dieron lugar a la rebelión popular.

La rebelión plantea preguntas que a dos años siguen sin respuesta. La movilización no ha cuajado en un proyecto. La crítica a la corrupción, a los partidos políticos, a la represión del pueblo mapuche, al patriarcado, contra la violencia de género, el cambio climático, la privatización de la educación, la sanidad, la desigualdad social no ha sido suficiente para construir una alternativa; seguramente no era su objetivo. Pero la protesta, debió ser un punto de partida. Tal vez, las esperanzas se centraron en esa candidatura de independientes a la convención constituyente La Lista del Pueblo. Tuvo 24 constituyentes, hoy no existe. Se disolvió víctima de los males que combatía. El personalismo, la corrupción, la mentira, las malas artes políticas.

Las protestas en estos dos años, han tenido una constante, el grado de violencia con el cual se han empleado las fuerzas armadas y de carabineros contra los manifestantes. La gravedad de sus actuaciones se acrecienta. El uso indiscriminado del material antidisturbios ha significado decenas de muertos, lesiones oculares, violaciones y miles de detenidos. El Estado chileno no ha tenido límites para ejercer la represión. El mantenimiento del Estado de excepción, la militarización del Wallmapu, la aparición de paramilitares contratados por las empresas madereras para acosar e intimidar al pueblo mapuche, son los síntomas de la degradación y la perdida de legitimidad del gobierno. A pesar de ello, las protestas se han mantenido en medio de la pandemia. No es sólo Santiago, se desarrollan huelgas, paros de sanitarios, profesores, estudiantes, estibadores, pescadores, movimiento feminista y pueblos originarios. Es en toda su geografía.

La celebración de la rebelión popular busca mantener el sentido que llevó a millones de chilenos a tomar las calles clamando el fin de la Constitución pinochetista y una sociedad más justa. Hoy se suma a lo dicho, la demanda de libertad para los presos políticos detenidos durante la rebelión popular de 2019. Mientras, el partido del orden y sus nuevos aliados debaten sobre las elecciones presidenciales del 21 de noviembre, cuyos índices de abstención superan 50 por ciento. A pesar de ello, todo parece indicar que Gabriel Boric, candidato de Apruebo Dignidad y miembro del Frente Amplio, ocupará una plaza. Lo que se cuestiona es quién lo acompañará en segunda vuelta. La derecha se divide entre Sichel y el nazifascista José Antonio Kast. Por otro lado, está la democristiana Yasna Provoste, quien cuenta con apoyos entre las clases medias y sectores empresariales. En esta disyuntiva, es posible que una parte de la derecha apoye a Provoste para una segunda vuelta. En conclusión, a dos años de la rebelión popular, gane quien gane en las presidenciales, Chile seguirá bajo las leyes del mercado, gracias a una nueva Constitución que avalará su argumentario.

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Jair Bolsonaro fue acusado por la comisión de graves delitos durante la gestión de la pandemia de coronavirus en Brasil.. Imagen: AFP

La Comisión Parlamentaria Investigadora (CPI) de Brasil recomendó finalmente este miércoles imputar al presidente Jair Bolsonaro por diez delitos durante la gestión de la pandemia, entre ellos "crímenes contra la humanidad", según el informe publicado horas antes de su lectura.

La CPI investigó durante seis meses las acciones del gobierno durante la pandemia, que dejó más de 600.000 muertos en el país. El relator de esta comisión concluyó que el gobierno federal expuso "deliberadamente a la población al riesgo concreto de infección en masa", por lo que pidió la imputación de Bolsonaro, y de otras 67 personas, incluyendo varios ministros y exministros y tres de los hijos del mandatario.

Sin embargo, la CPI no tiene el poder de hacer denuncias formales. Por lo que el informe ahora deberá ser retomado por la Fiscalía General o alguna corte internacional.

Con testimonios conmovedores y revelaciones impactantes -como el uso de pacientes como "cobayos humanos" para probar medicamentos ineficaces contra el covid-, será enviado a diferentes órganos que pueden proseguir las investigaciones y formular cargos.

Los delitos que se le imputan a Bolsonaro

El martes por la noche, se anunció que se responsabilizaría al mandatario de cargos como crímenes contra la humanidad, epidemia, habladurías y prevaricación, pero que se retiraban los de "homicidio" y "genocidio de poblaciones indígenas" por desacuerdos en el seno de la comisión.

Además de un "deliberado atraso" en la compra de vacunas, "se comprobó la existencia de un gabinete paralelo (que asesoraba al gobierno), la intención de inmunizar a la población mediante el contagio natural, se dio prioridad a un tratamiento precoz sin amparo científico y se desestimaron las medidas no farmacológicas", como el uso de mascarilla y el distanciamiento, fueron algunas de las conclusiones a las que llegó el senador opositor Renan Calheiros, responsable de la elaboración del informe.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria, Bolsonaro minimizó la pandemia y defendió medicamentos sin eficacia, como la hidroxicloroquina. Más de un año después de haber contraído el virus, asegura que no se vacunará.

El senador Flávio Bolsonaro, hijo del presidente y que está entre los acusados de difundir informaciones falsas sobre la pandemia, se justificó al asegurar que se trata de un informe "político". "Es un instrumento de venganza contra Bolsonaro y su familia. Ni mis hermanos ni yo cometimos ningún delito, mucho menos el presidente de la República", defendió poco antes de la reunión de la comisión.

El resumen del informe final fue leído este miércoles pero deberá ser votado por la comisión de once miembros la próxima semana, cuando se espera que sea aprobado con pocas modificaciones.

El impacto que puede tener el informe

Aunque el informe final de la CPI podría traerle consecuencias políticas y judiciales graves, analistas coinciden en que su impacto a corto plazo será "simbólico", porque Bolsonaro aún tiene apoyo suficiente en el Congreso para evitar un 'impeachment' y ven poco probable que el fiscal general resuelva imputarlo.

La popularidad de Bolsonaro se encuentra en su nivel más bajo desde que asumió la presidencia, y las encuestas para 2022 lo muestran detrás del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Tras meses de interrogatorios a ministros, funcionarios de gobierno, directores de hospitales y empresarios, la CPI culminó sus sesiones esta semana en un tono más humano al oír a familiares de víctimas del coronavirus. "Merecemos un pedido de disculpas por parte de la máxima autoridad del país. No es una cuestión de política, estamos hablando de vidas", dijo entre lágrimas el taxista Márcio Silva, que perdió a su hijo de 25 años.

La falta de oxígeno en Manaos

En un principio, la comisión indagó en las responsabilidades por los pacientes muertos en Manaos por falta de oxígeno, pero luego se adentró en irregularidades como la demora del gobierno para comprar vacunas, o la existencia de un "gabinete paralelo" de médicos y empresarios defensores de medicamentos sin eficacia comprobada que asesoraba al mandatario.

En el camino fueron identificadas nuevas tramas, entre ellas supuestas irregularidades en la compra -no realizada- de la vacuna india Covaxin, que le valió a Bolsonaro una investigación judicial por "prevaricato" al no haber denunciado el caso, del que teóricamente estaba enterado, ante la Policía Federal.

También fueron indagadas las conexiones entre el gobierno y las operadoras privadas de salud en la promoción de medicamentos ineficaces para el "tratamiento precoz" del coronavirus.

Una de ellas es Prevent Senior, una operadora de salud para la tercera edad señalada de aplicar tratamientos experimentales sin consentimiento de los pacientes y de maquillar el número de muertos por coronavirus, un escándalo que impactó en el país.

21 de octubre de 2021

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