Caso Diego Felipe Becerra: Condenan a 22 años de prisión a coronel de la Policía por manipulación de la escena del crimen

El excomandante tendrá que responder por los delitos de favorecimiento en homicidio agravado y fabricación, porte y tenencia de armas

Este lunes 25 de octubre, un juez condenó al coronel Nelson de Jesús Arévalo, excomandante de la Estación de Policía de Suba, a 22 años de prisión por su responsabilidad en la manipulación de la escena del crimen para desviar la investigación que se adelantaba por la muerte del joven Diego Felipe Becerra Lizarazo, el 19 de agosto de 2011.

El excomandante tendrá que responder por los delitos de favorecimiento en homicidio agravado y fabricación, porte y tenencia de armas. De acuerdo con la investigación, Arévalo llegó al lugar de los hechos a la medianoche y habló durante varios minutos con los agentes de la Policía que estaban en el sector.

“Supo de la obtención del arma y la escenificación”, precisó la jueza, quien señaló además que en base a las declaraciones de varios testigos, desde el primer minuto, Arévalo sabía de la estrategia de los policías para inculpar a Becerra.

De igual forma, el teniente Rosember Madrid Orozco recibió una pena de 11 años de prisión, mientras que el patrullero Wilmer Antonio Alarcón, quien ya había sido condenado a 37 años de prisión por el homicidio del joven, fue sentenciado a 22 años. El abogado Héctor Hernando Ruiz también recibió una pena de 20 años.

Dentro del proceso judicial quedaron absueltos de sus cargos los coroneles José Javier Vivas y John Harbey Peña. Esto porque, según la juez, la Fiscalía General de la Nación no encontró pruebas de que los uniformados tuvieran conocimiento sobre la intención de plantar un arma para alterar la escena del crimen.

La juez también absolvió del delito de favorecimiento de homicidio a los civiles Jorge Narváez, el conductor del bus que atestiguó que Becerra subió para atracarlo, algunos instantes antes del supuesto cruce de disparos con la Policía; y a Nubia Mahecha, la esposa del mencionado.

Cabe recordar que en 2017, el subintendente Nelson Giovanni Tovar fue condenado a ocho años de prisión, en un preacuerdo con la Fiscalía, por ser quien puso el arma de fuego junto al cuerpo sin vida de Diego Becerra, al norte de Bogotá. A este se le permitió cumplir su sentencia bajo casa por cárcel, tras haber colaborado con la justicia. Los delitos por los que responde son fraude procesal, falsedad ideológica en documento público, ocultamiento, alteración de material probatorio, favorecimiento, porte ilegal de armas de fuego y falsa denuncia.

A estos sucesos también se suma Wilmer Alarcón, quien le disparó al joven grafitero, y cuyo procedimiento de captura fue legalizado en Yopal, Casanare, a finales de agosto, por parte del Cuerpo Técnico de Investigaciones y el Gaula. Este fue trasladado en su momento a la cárcel La Picota, de Bogotá, donde cumplirá su condena pendiente a 37 años, 6 meses y 1 día. Cabe destacar que esta pena había sido impuesta en agosto de 2016, cinco años después del homicidio

Diego Felipe Becerra rechazó una salida a cine con sus papás para ir con sus amigos a pintar un grafiti. En esas estaba la noche del 19 de agosto de 2011, bajo el puente de la calle 116 con avenida Boyacá, dejando grabada la imagen del Gato Félix, cuando fueron sorprendidos por policías.

Los jóvenes corrieron porque, como era común, los uniformados los golpeaban y les quitaban las pinturas. Pero el patrullero, entonces adscrito al CAI Andes, Wilmer Alarcón alcanzó a Diego Felipe y le disparó. El menor de entonces 16 años fue llevado a la Clínica Shaio con un disparo en el área lumbar de la espalda y un orificio en un hombro que le causaron la muerte, después de llegar al centro asistencial.

Su padre llegó a la clínica, conoció el fallecimiento, y un uniformado le dijo que había encontrado un arma. En la escena del crimen vio a los policías en una dudosa conversación y decidió alertar que había una alteración de los hechos, pues su hijo estaba pintando un grafiti, no era un criminal. A partir de ese momento, se empezó a ‘desenmascarar’ el entramado que buscaba inculpar al menor de edad.

25 de Octubre de 2021

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Martes, 26 Octubre 2021 05:58

El enredo democrático

El enredo democrático

El orbe vive uno de los mayores enredos ideológicos de su historia. “el siglo 20 [y el 21] es un despliegue de maldad insolente…; vivimos revolcaos en un merengue…” cantaba el profeta Enrique Santos Discépolo en su afamado Cambalache de 1934.

A la par del merengue, el poder tiene completa claridad sobre sus intereses. El poder, está a la vista: el capital, las grandes empresas trasnacionales –las medianas empresas también–, los banqueros, y su ejército de voces. En los medios escritos y electrónicos, en las iglesias, en la educación, que producen el ruido ensordecedor: es mejor que nadie entienda nada. Murieron los referentes ideológicos del siglo XX, se impuso el capitalismo neoliberal y hubo paso libre a la privatización, la confusión, la mentira, el fraude y la corrupción.

Venezuela, Bolivia o Cuba, son lo mismo, populismo y nada más, y también Perón y Getulio Vargas, escribe Sergio Ramírez en estas páginas. La pobreza histórica de masas, y los hechos de siglos que la configuraron, o los horrores cometidos por el imperialismo estadunidense y su peso decisivo en lo que ocurre en esos países, y en el resto de América Latina, no son visibles para Ramírez. "La única salida para la izquierda es hacerse parte del sistema democrático sin apellidos", escribió: el mismo "as bajo la manga" de Enrique Krauze Kleinbort de 1984, cuando se erigió en uno de los principales ideólogos de la derecha neoliberal de México. "El repertorio humano tiene sólo una invención probada: la democracia", dijo el ingeniero historiador. ¿Alguna referencia al sistema socioeconómico sobre el que opera la única invención? No, sin adjetivos ni apellidos. Después Krauze preferiría la idea de una democracia liberal. Con ese apellido.

El siglo pasado N. Bobbio definió la concepción procedimental de la democracia. Así perdió los apellidos. Fue reducida a un conjunto de reglas para establecer quién tiene, y mediante qué procedimientos, la autoridad para tomar decisiones que afectan al conjunto social. Deciden los ciudadanos, cada ciudadano un voto. Todos los ciudadanos son iguales ante la ley. ¿Y el sistema socioeconómico que está bajo "los ciudadanos" que produce personas concretas absolutamente desiguales? Una pregunta fuera de lugar para los de arriba. Aunque son éstos los que cuentan con los medios económicos y mediáticos para manipular "las reglas" y sacar de ellas "una autoridad" al servicio de los de arriba. El momento mexicano de 2018 fue un rayo caído de un cielo azul, tal vez.

En el pasado ya remoto, el liberalismo y la democracia eran incompatibles. Se inspiraban en ideales distintos: el primero en la libertad (definida por intereses económicos) y la segunda, en la igualdad. Como siempre: los de arriba y los de abajo.

Sobre el efecto suscitado con la democracia, Cristiano Procentese escribe: “No es irrelevante, con respecto al proceso de legitimación, que el vínculo sea profundamente integrador o meramente asociativo. Es muy diferente si las personas tienen un sentimiento de pertenencia a una comunidad ( Gemeinschaft) o si ven su vínculo con los demás más como un lazo contractual, algo más externo y menos envolvente ( Gesellschaft). En las sociedades que sustentan las democracias modernas, las personas tienden a ser cada vez más una Gesellschaft y menos una Gemeinschaft”. El individualismo, cada vez más profundo (y más desolador) rige de modo predominante en el planeta.

Son conocidas las advertencias de Tocqueville, en su estudio La democracia en América, sobre los riesgos de los principios liberales como fundamento de la democracia en Estados Unidos. Percibió que un exceso de individualismo no podía conducir a la libertad personal, "sino a un aislamiento desesperado, al conformismo y a la uniformidad de las personas", según sus propias palabras.

La libertad individual de los modernos es la libertad económica irrestricta. Es dejar que el mercado se imponga como una norma social con total autonomía, es imponer una ley que garantice el enriquecimiento cada vez mayor de unos cuantos individuos, sin intervención pública.

Esa norma conduce sin remedio a la desigualdad social aguda, al capitalismo rapaz que produce toda clase de crisis, económicas en primer lugar, pero también ambientales y sanitarias, como está a la vista en el planeta. Desatadas las crisis, ¿qué demandan entonces las fuerzas "liberales" e individualistas? Que el gobierno componga los estropicios resultado de fuerzas ciegas desatadas por el libre mercado. El gobierno invocado, en tanto, fue constituido por unas reglas procedimentales "democráticas", manipuladas por el poder del capital y en favor del libre mercado. Absurda contradicción. Una ruptura social es entonces indispensable.

Un pueblo advertido no tolerará nunca, si está en sus manos, una democracia sin apellidos. Sino una con los adjetivos de la justicia social; una de la que derive una autoridad ­–la rama representativa de la democracia–, que vele por una sociedad de derechos y por los bienes comunes.

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Martes, 26 Octubre 2021 05:48

Assange: que cese la venganza

Assange: que cese la venganza

La jueza británica Vanessa Baraister deberá iniciar mañana miércoles la revisión de la apelación presentada por Washington a la negativa judicial a extraditar a Julian Assange a Estados Unidos, emitida en enero pasado por esa misma magistrada. El informador australiano permanece en una prisión de Londres desde abril de 2019, luego de que el gobierno ecuatoriano de Lenín Moreno decidió expulsarlo de su embajada en la capital británica, en donde estuvo refugiado durante casi siete años.

La persecución contra Assange ha durado más de una década. Se inició con una investigación de la policía sueca por supuestos delitos sexuales tan insustanciales que nunca dieron lugar a una imputación formal, pero que fueron el pretexto para detenerlo en Londres, en respuesta a una petición de Estocolmo para someterlo a un interrogatorio. Temiendo que la demanda fuese una coartada para llevarlo a Suecia y extraditarlo de allí a Estados Unidos; Assange buscó refugio en la mencionada representación diplomática y ofreció comparecer allí ante representantes legales de Suecia. Su sospecha se vio confirmada por el hecho de que Estocolmo cerró definitivamente la pesquisa policial y desechó los cargos.

Sin embargo, para entonces el Departamento de Justicia ya había formulado imputaciones graves en su contra, una de ellas por “espionaje”, debido a que el fundador de Wikileaks divulgó en 2010 documentos secretos que demostraban la comisión de crímenes de lesa humanidad por parte de las fuerzas armadas de Estados Unidos en Afganistán e Irak.

Posteriormente, al año siguiente, la organización de Assange distribuyó entre varios medios del mundo –entre ellos, La Jornada– cientos de miles de reportes enviados al Departamento de Estado desde las representaciones diplomáticas de Estados Unidos en el mundo. Tales documentos revelaron la falta de escrúpulos con la que las autoridades de Washington se conducían en otros países, pero también la supeditación y la corrupción, si no es que el carácter llanamente delictivo, de numerosos gobiernos.

Es claro, pues, que el informador australiano no puede considerarse espía, porque no entregó información alguna a un tercer gobierno sino que la divulgó para la opinión pública internacional. Es evidente también que ha sido víctima de una vasta venganza de Estado por haber dado a conocer a la sociedad la descomposición, la inmoralidad y hasta las facetas criminales de la superpotencia en su proyección diplomática, económica y militar en el ámbito internacional.

Con esas consideraciones en mente, es ine-ludible concluir que el encarnizado acoso judicial de tres presidentes estadunidenses contra Assange –Barack Obama, Donald Trump y Joe Biden– reviste el carácter de escarmiento para cualquier informador que pretenda revelar documentación clasificada del gobierno estadunidense y es, en tal medida, un bárbaro e injustificable ataque a la libertad de expresión de los periodistas y al derecho a la información de las audiencias. Resulta desolador, por lo demás, que tres gobiernos que se presumen defensores de esa libertad y de ese derecho –Estados Unidos, Suecia y Reino Unido– se hayan conjurado para imponer un castigo ejemplar a un individuo que no cometió más delito que revelar la verdad.

Es exasperante, además, que se haya mantenido en prisión a una persona a todas luces inocente a pesar de su salud precaria y de los riesgos que corre en el encierro. Su encarcelamiento no es sólo una injusticia y un atropello inexcusable a los derechos humanos sino también una afrenta a los principios elementales de la democracia, la transparencia y la libertad de expresión.

Cabe esperar, en suma, que la jueza Baraister ratifique mañana su negativa a otorgar la extradición del fundador de Wikileaks, que con ello Washington se desista de buscar venganza contra Assange y que éste obtenga una pronta e incondicional liberación.

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Corte Constitucional de Colombia comenzó debate sobre la despenalización del aborto

La Corte Constitucional de Colombia comenzó a debatir la despenalización delaborto en un clima de incertidumbre en torno a la posición que asumirán los nueve magistrados, y en medio de los intensos activismos que hay a favor y en contra de la propuesta.

Desde que el órgano inició el debate el viernes pasado, organizaciones feministas y religiosas realizaron movilizaciones en las calles y campañas en las redes sociales para tratar de influir en la decisión, que se tomará a más tardar a fines de noviembre.

Desde 2006, el aborto fue despenalizado en Colombia si la vida de la mujer corre peligro, por violación e incesto, y por malformaciones del feto.

Sin embargo, el artículo 122 del Código Penal sigue estableciendo penas de 16 a 54 meses de prisión para las mujeres que interrumpen de manera voluntaria sus embarazos sin ajustarse a las tres causales, y a quien le ayude a concretarlo.

Por eso la Corte está analizando ahora dos recursos de inconstitucionalidad que apuntan a que las mujeres dejen de ser criminalizadas por abortar.

Una la presentó el presidente del tribunal, José Lizarazo, a partir de una demanda iniciada por el colectivo feminista Causa Justa; y otra el magistrado Alberto Rojas Ríos en respuesta a una solicitud del abogado Andrés Mateo Sánchez Molina.

La discusión se enmarca en los recientes avances que han logrado los movimientos de mujeres en la región y que son conocidos como "la marea verde", ya que es el color del pañuelo que simboliza la lucha por el derecho aborto y que muestran de manera masiva en las manifestaciones.

Uno de los momentos culminantes de esta lucha ocurrió el pasado 30 de diciembre, cuando el Congreso de Argentina legalizó el aborto. Nueve meses más tarde, la Suprema Corte de Justicia de México sorprendió al despenalizar esta práctica con el voto unánime de sus integrantes. Dos semanas después, la Cámara de Diputados de Chile también aprobó la despenalización, pero todavía falta el aval del Senado.

Escenario

Para despenalizar el aborto en Colombia se requieren por lo menos cinco de los nueve votos que hay en la Corte Constitucional.

Por ahora, se prevé que votarán a favor José Fernando Reyes, Alejandro Linares, Alberto Rojas Ríos y José Lizarazo, y en contra Gloria Ortiz y Cristina Pardo, pero no se tiene certeza sobre la posición de Jorge Enrique Íbañez, Paola Meneses y Diana Fajardo.

Parte de la incertidumbre se debe a que falta conocer los detalles de las ponencias de Rojas Ríos y de Lizarazo, y debatirlas en el pleno. En ambos casos, la tesis central es que se debe declarar la inconstitucionalidad del Artículo 122 del Código Penal porque discrimina a las mujeres.

Por otro lado, la semana pasada la Consultora Ipsos reveló que, de acuerdo con una encuesta global, en Colombia la legalización del aborto solo tiene un apoyo del 26 % y que el 9,0 % lo considera inadmisible en cualquier circunstancia. Por el contrario, un 36 % la aprueba solo en determinados casos.

Más allá de que el respaldo social no es mayoritario, el movimiento Causa Justa advierte que el derecho al aborto en Colombia no está plenamente garantizado, ya que hay médicos que se amparan en la objeción de conciencia para no interrumpir embarazos aunque cumplan con alguna de las tres causales que ya están despenalizadas.

El informe “Criminalización por el delito de aborto en Colombia”, que esta organización realizó junto con la Universidad de Los Andes y la Mesa por la Vida y Salud de las Mujeres, reveló que hay 5.737 procesos por el delito de aborto en la Fiscalía General, y que en 450 ya se dictaron penas.

Uno de los datos más destacados del documento, que fue presentado en julio pasado, es que demuestra que desde 2006, cuando se logró la despenalización por causales, las denuncias en lugar de reducirse, aumentaron hasta alcanzar un promedio de 400 al año.

21 octubre 2021

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La periodista colombiana Jineth Bedoya, en una fotografía de archivo. EFE/Leonardo Muñoz

Más de 21 años después de la agresión a la periodista en la Cárcel Modelo de Bogotá, el tribunal internacional determinó que el Estado deberá pagar

 

Veintiún años después de que la periodista Jineth Bedoya fuera atacada en la Cárcel Modelo de Bogotá y agredida sexualmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) falló a favor de la actual subeditora del diario El Tiempo. Según el tribunal internacional, el Estado colombiano fue responsable no solo del ataque que sufrió Bedoya dentro de la prisión el 25 de mayo del 2000, sino del posterior secuestro en el que fue agredida sexual, física y verbalmente por paramilitares.

“La Corte IDH declaró la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los derechos a la integridad personal, honra y dignidad, libertad de pensamiento y expresión y garantías judiciales en perjuicio de la periodista por la ausencia de investigaciones sobre las amenazas que recibió con carácter previo y de manera posterior a los referidos hechos de 25 de mayo de 2000″, se lee en el resumen de la sentencia publicado por el tribunal este 18 de octubre.

La pelea de Bedoya en los tribunales internacionales está relacionada a dos atentados contra su integridad física y mental que sufrió en su labor como periodista. El primero, como ya se mencionó, ocurrió el 25 de mayo del 2000 y fue orquestada por paramilitares con la intención de detener su cubrimiento del conflicto armado y situación de violencia en la cárcel La Modelo. Allí se documentaron casos de descuartizamiento y desaparición y Bedoya, quien en ese momento trabajaba para el diario El Espectador, fue a investigar el tema.

El segundo caso ocurrió en 2005, cuando ya trabajaba para El Tiempo. La periodista fue retenida por una célula de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) que la liberó después de la presión del diario para el que trabajaba y de la sociedad civil.

Ambas situaciones sucedieron a pesar de que Bedoya había pedido protección al Estado debido a amenazas en su contra. La respuesta que recibió fue que “no estaba en riesgo y no podía recibir un esquema de seguridad”.

Teniendo esto en cuenta, y las otras evidencias aportadas por la periodista, la Corte IDH tomó la decisión de forma unánime.

Además de encontrar responsable al Estado colombiano por los que le sucedió a Bedoya en el año 2000, los magistrados declararon “violación del derecho a la integridad personal, honra y dignidad, garantías judiciales y protección judicial” en perjuicio de Luz Nelly Lima, madre de Bedoya.

En razón de estas violaciones, la Corte IDH ordenó siete medidas esenciales de reparación para resarcir a Bedoya de forma directa y para evitar que se presenten más casos como este en el futuro.

En la lista está promover y continuar las investigaciones que sean necesarias para sancionar a los otros responsables de los actos sucedidos el 25 de mayo del 2000 y los actos de amenazas que ha sufrido. Además, el Estado colombiano deberá pagar las cantidades fijadas en la sentencia por concepto de rehabilitación, daño material, inmaterial y costas.

El Estado también deberá garantizar la difusión del programa transmedia “No es hora de callar”, el cual se transmitirá por el sistema de medios públicos. Este proyecto inició en 2010 y es liderado por Bedoya.

Entre las medidas que se deberán adoptar para evitar casos parecidos en el futuro, la Corte IDH ordenó crear e implementar un plan de capacitación y sensibilización a funcionarios públicos, fuerzas de seguridad y operadores de justicia para garantizar que cuenten con los conocimientos necesarios para identificar casos de violencia contras las mujeres basadas en el género. En este sentido, también deberán diseñar e implementar un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra periodistas, así como de violencia basada en género contra mujeres periodistas.

Por último, el Estado debe crear un centro estatal de memoria y dignificación de todas las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y del periodismo investigativo. Además de un Fondo destinado a la financiación de programas dirigidos a la prevención, protección y asistencia de mujeres periodistas víctimas de violencia.

18 de Octubre de 2021

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Por abusos sexuales a menores, piden la renuncia de 120 obispos franceses

Es a partir del informe publicado hace días por la Comisión Independiente sobre Abuso Sexual en la Iglesia donde certifican al menos 330 000 abusos sexuales y violaciones, así como el encubrimiento institucional de estos crímenes.

 

La Iglesia católica de Francia se ha convertido en la punta de iceberg de los escándalos de pedofilia que atraviesan desde hace años a la milenaria institución a nivel mundial. Tres importantes personalidades se manifestaron por la renuncia en conjunto de la cúpula eclesiástica de este país. Se trata de la teóloga Anne Soupa, la directora editorial del semanario Témoignage chretien, Christine Pedotti y del ex presidente de la asociación de víctimas “La Palabra Liberada”, François Devaux.

El informe de la Comisión Independiente sobre Abuso Sexual en la Iglesia (Ciase) publicado el 5 de octubre fue lapidario: 216 000 menores de edad fueron víctimas de violencia sexual por religiosos desde el año 1950. El 32% de estos crímenes fueron violaciones. Y a esto se agregan crímenes similares cometidos por laicos vinculados a la Iglesia como directores de coros o líderes grupos de boy scouts, entre otros.

Así, las víctimas ascienden a 330 000 menores. Esto equivale a 12 niños abusados todos los días desde aquel año. En ese terrorífico contexto, el informe señala que la Iglesia encubrió a más de 3 000 pedófilos. Y hay que tener en cuenta que muchos abusadores ya murieron, con lo cual los números globales podrían ser mucho mayores.

El escándalo llega a tal nivel que incluso personalidades de la propia Iglesia salen a marcar distancia y pedir medidas concretas para salvar la institución. "Nunca sabremos el alcance de esta tragedia absoluta", señaló en tono crítico Véronique Margron, teóloga y presidenta de la Conferencia de religiosos y religiosas en Francia.
Pierre Vignon, sacerdote del departamento de Drôme y reconocido crítico de las prácticas criminales de miembros de la Iglesia, dijo por su parte que “una renuncia colectiva tendría sentido. Sería un gesto fuerte que impactaría en el público” y que “aunque no todos los obispos lo hayan cubierto, sería una forma de ser solidarios con sus antecesores, y de asumir colectivamente esta responsabilidad”.

Estos referentes son parte de lo que podríamos llamar el sector renovador o reformista de la Iglesia cuya principal figura es el papa Francisco, quien desde el Vaticano señaló que este tipo de hechos le causan “vergüenza”. Pero no hay que llamarse a engaño. Este ala de la Iglesia no difiere en lo esencial de la doctrina ultraconservadora y antiderechos que es la base ideológica de los abusadores pedófilos. Están en contra del elemental derecho democrático al aborto para las mujeres, incluso en casos de violación o del uso del preservativo, entre otras barbaridades oscurantistas propias del medioevo.

La realidad es que la Iglesia en su conjunto es responsable. Como señala el informe de la Ciase, "Los actos cometidos, caratulados como delitos de derecho común, han sido a menudo calificados por sus autores o por funcionarios eclesiásticos como simples ‘gestos inapropiados’, ‘desviación’, ‘torpeza’ o incluso ‘imprudencia’”. Simplemente indignante.

Pero hay más. Luego de conocerse el informe, el presidente de la Conferencia Episcopal Francesa, Eric de Moulins-Beaufort, dijo que “la confesión se impone a los religiosos y el secreto es más fuerte que las leyes de la República; abre un espacio de libertad de expresión, que se hace ante Dios”. Por si no queda claro, para la Iglesia las normas confesionales están por encima de las leyes y los religiosos pueden guardar silencio (o sea ser cómplices) sobre las aberraciones que cometen sus pares.

El propio gobierno del derechista Emmanuel Macron tuvo que separarse de semejantes declaraciones que violan la propia legalidad del Estado capitalista. El 12 de octubre ante la Asamblea Nacional, el ministro de Interior, Gérald Darmanin, señaló: “Quiero reiterar aquí las leyes de la República: el secreto de la confesión se conoce desde hace casi doscientos años en nuestro derecho como secreto profesional al igual que los médicos o los abogados. Sin embargo, adolece de excepciones cuando se trata, en particular, de delitos cometidos contra niños menores de 15 años."

La Iglesia como institución tiene que pagar por esas prácticas aberrantes y en particular todos los responsables directos y sus cómplices con cárcel común. Como había señalado François Devaux, cuya asociación destapó escándalos de pederastia en la iglesia de Lyon en 2018, "Ustedes deben pagar por todos estos crímenes". Devaux también denunció que el papa Francisco "está ausente" ante esta realidad y que la iglesia francesa se escuda en "una estrategia fétida" de indemnizaciones a las víctimas.

Sábado 16 de octubre

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Milicianos de Hezbollah disparan contra grupos armados cristianos en Beirut.. Imagen: AFP

La manifestación fue convocada por el movimientos chiíta Hezbollah y sus aliados de Amal

Los enfrentamientos cerca del Palacio de Justicia de la capital libanesa incluyeron francotiradores y el uso de pistolas, fusiles Kalashnikovs y lanzadoras de granadas. Ya hay nueve detenidos, entre ellos un ciudadano sirio.

15 de octubre de 2021

Al menos seis personas murieron y unas 30 resultaron heridas en Beirut por tiroteos registrados durante una protesta de los movimientos chiitas Hezbollah y sus aliados Amal contra el juez que investiga la explosión en el puerto de la capital libanesaen agosto de 2020. Disparos incesantes y explosiones resonaron cerca del Palacio de Justicia, ante el que se habían reunido centenares de manifestantes, vestidos de negro, algunos de ellos armados. Los enfrentamientos incluyeron francotiradores y el uso de pistolas, fusiles Kalashnikovs y lanzadoras de granadas. Las escenas vividas el jueves, por las que ya hay nueve detenidos, entre ellos un ciudadano sirio, provocaron el miedo a una nueva oleada de violencia sectaria en este país que fue escenario de una guerra civil (1975-1990).

Los detalles de una escena de guerra

Francotiradores apostados en los tejados del barrio capitalino de Tayoune atacaron a un grupo de manifestantes cuando se dirigían a una protesta convocada por Amal y Hezbollah frente al Palacio de Justicia. El ministro de Interior libanés, Bassam Mawlawi, confirmó posteriormente en conferencia de prensa que varias personas recibieron disparos "en la cabeza", lo que confirmaría la hipótesis de los francotiradores, mientras que a los disparos le sumó el lanzamiento de granadas propulsadas por cohetes en la misma zona.

Al ataque le siguieron varias horas de enfrentamientos entre hombres armados chiitas y otros de afiliación aún desconocida, con un saldo de al menos 30 muertos según el último balance de la Cruz Roja. Entre los fallecidos hay una mujer de 24 años que recibió una bala en la cabeza cuando estaba en su casa, dijo un doctor del hospital Sahel, al sur de Beirut.

En las redes sociales circulaban videos de estudiantes escondidos bajo sus pupitres o tirados al suelo en plena clase. "Me escondí con mi primo y mi tía en un espacio de dos metros cuadrados, entre dos habitaciones, por miedo a las balas perdidas", decía Bissan al Fakih, una vecina de la zona.

Temor al sectarismo

El área donde se registraron los disturbios, los peores en años, se ubica cerca de la división entre una zona chiita y otra cristiana que durante la guerra civil libanesa fue escenario de importantes batallas sectarias, lo cual eleva el temor a una posible repetición de aquel conflicto entre grupos religiosos.

En un comunicado conjunto, Hezbollah y Amal acusaron por el ataque a "grupos del (partido cristiano) de las Fuerzas Libanesas desplegados en los barrios y tejados aledaños". Se trata del segundo bloque cristiano del Parlamento libanés y una antigua milicia que operó durante el conflicto que ensangrentó al Líbano.

Sin embargo la formación de Samir Geagea, quien fue un importante comandante durante la contienda y estuvo encarcelado por su participación, negó categóricamente las acusaciones y pidió a las autoridades una "clara y explícita" adjudicación de responsabilidades por la violencia. Las Fuerzas Libanesas culpan por los disturbios a los esfuerzos de Hezbollah por apartar al juez Tarek Bitar de la investigación.

Implosión del gobierno y crisis en el país

Cientos de partidarios de Amal y Hezbollah se congregaron el jueves por la mañana en Beirut al grito de "Fuera Bitar" o "Está jugando con fuego", días después de que el juez de la causa citara a declarar a dos exministros de Amal sospechosos de negligencia en el caso de la explosión del puerto, ocurrida el cuatro de agosto de 2020 debido a cantidades de nitrato de amonio almacenadas de forma irregular. En esa tragedia murieron al menos 214 personas, hubo más de 6.000 heridos y numerosos edificios de la capital terminaron devastados.

Durante la protesta del jueves, los manifestantes quemaron retratos del juez y de la embajadora estadounidense en Líbano, Dorothy Shea. Estos cruentos enfrentamientos coinciden con la presencia en Beirut de la número tres del Departamento de Estado norteamericano, Victoria Nuland. 

Ali Toubi, un abogado que asistió a la movilización, aseguró que apoya a las familias de las víctimas de la explosión en su lucha por llevar ante la justicia a "todos los perpetradores", pero insistió en que el juez actúa de forma "selectiva" y carga contra "gente de un solo color y partido".

El primer ministro Nayib Mikati llamó a mantener la calma y a "no dejarse llevar a la sedición, sin importar el pretexto". Mikati mantuvo reuniones con el presidente de Líbano, Michel Aoun, y el presidente del Parlamento, Nabih Berri, para abordar la situación y pidió una reunión del Consejo de Seguridad libanés en las próximas horas.

Hezbollah y sus aliados chiitas entienden que el juez está politizando la investigación. El martes, el juez Bitar lanzó una orden de detención contra el diputado y exministro de Finanzas Ali Hassan Khalil, miembro de Amal. Acto seguido se vio obligado a suspender la investigación ya que dos exministros presentaron una denuncia contra él ante la justicia, que fue desestimada este jueves, por lo que el magistrado podrá seguir adelante con su trabajo. 

Este asunto está a punto de provocar una implosión del recién formado gobierno libanés, después de un año de bloqueo políticoLas autoridades locales, señaladas por negligencia criminal y abandono, se niegan a autorizar una investigación internacional y son acusadas por las familias de las víctimas y ONGs de obstaculizar a la justicia.

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Policía antinarcóticos durante un operativo en una propiedad de Carlos Mario Jiménez, en Caucasia, Colombia, el 13 de marzo de 2009. William Fernando Martinez (AP)

Los documentos emergieron durante un juicio al exjefe paramilitar Macaco por el asesinato del líder y periodista Eduardo Estrada

El 27 de septiembre, durante un juicio contra Carlos Mario Jiménez, Macaco, temido exjefe paramilitar, en una corte federal en Florida salieron a la luz documentos desclasificados de la CIA y el departamento de Estado que confirman que en Colombia hubo una “relación simbiótica” entre las fuerzas del Estado y los grupos paramilitares.

“Los actores estatales apoyaron activamente las operaciones del Bloque Central Bolívar BCB (que encabezó Jiménez) mediante el intercambio de inteligencia, armas y uniformes militares”, escribió el juez federal Edwin Torres en su fallo, considerado un hito. La sentencia responsabilizó a Macaco del asesinato de Eduardo Estrada, un líder social y periodista baleado en 2001 en el departamento de Bolívar, y de la tortura de su esposa, como parte de una demanda civil presentada a nombre de varias víctimas. La justicia ordenó también el pago de 12 millones de dólares a los familiares de las víctimas.

Para llegar a esa conclusión, Torres se apoyó en al menos una decena de informes desclasificados de la CIA y el departamento de Estado, que han sido publicados por el portal informativo National Security Archive en distintos momentos. Se trata de una serie de informes, memos y cables diplomáticos que dan cuenta de la colaboración entre esos escuadrones y el Estado colombiano, una verdad a voces en el país que era conocida también por el Gobierno estadounidense, como ahora se demuestra.

“El Ejército los trató ‘bien”

En 2001, la CIA reportó que meses antes del asesinato de Estrada, el Ejército colombiano “trató bien” a los paramilitares del BCB y a otro bloque de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). El documento indica que debido a una operación estatal los paramilitares fueron “temporalmente obligados a reubicarse”, y algunos fueron detenidos. Sin embargo, “los capturados durante la operación fueron posteriormente liberados, junto con sus armas”.

“Esta decisión (el fallo contra Macaco) es el resultado de la incansable lucha de las víctimas por su derecho a la verdad y a la justicia, cuando por poco les fue arrebatado este derecho al ser Macaco extraditado exclusivamente por cargos de narcotráfico”, señala a EL PAÍS Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), que acompañó el caso junto al Center for Justice and Accountability (CJA). “La decisión demostró lo que Macaco por muchos años negó en tribunales colombianos, su participación y responsabilidad en el asesinato de Eduardo Estrada, ya que argumentaba que no se encontraba en la región del Magdalena Medio para la época de estos hechos”, explica Gallón.

“No los persiguen activamente”

Otro de los documentos divulgados por NSA es un análisis de la embajada de Estados Unidos en Bogotá fechado en 1999 que asegura que “las Fuerzas Armadas de Colombia no han perseguido activamente a los miembros de los grupos paramilitares porque los ven como aliados en la lucha contra la guerrilla”.

El mismo informe señala que los paramilitares controlan los cultivos de uso ilícito en la región del sur de Bolívar, la zona de operaciones de Macaco. El exjefe paramilitar empezó su vida criminal escudándose en el oficio de ganadero, y ascendió hasta encabezar el Bloque Central Bolívar, uno de los más poderosos de las extintas AUC, que se desmovilizaron entre 2003 y 2006 bajo el Gobierno del Álvaro Uribe.

Militares y su versión de la aterradora masacre de El Salado

Documentos del mismo año refuerzan la idea de que los altos mandos del Ejército colombiano no veían necesario combatir a los paramilitares. El general (Néstor) Ramírez dijo durante la reunión que no era asunto del Ejército perseguirlos “porque estos eran delincuentes apolíticos y por lo tanto no amenazaron el orden constitucional a través de actividades subversivas”, se lee en el cable.

Mientras el Ejército hacía la vista gorda, miles de poblaciones colombianas eran azotadas por las masacres. Una de las más crueles fue la de El Salado, en la que 450 integrantes de las AUC asesinaron a 60 personas después de torturarlas durante 6 días sin que el Ejército ni la Policía intervinieran. La prensa llamó a esa matanza “fiesta de sangre”, por los detalles macabros de cómo obligaron a los habitantes a tocar música de tambores antes de ejecutarlos en la cancha de fútbol del pueblo; o la cruel lotería en la que los obligaban a contar hasta 30 para definir el orden de los asesinatos.

En 2009 el portal NSA publicó un cable de la Embajada que evidenciaba su preocupación por el rol que las fuerzas militares tuvieron en esta masacre. “El Ejército sabía por inteligencia que los paramilitares estaban en el área, pero se fueron antes de la masacre”, dice una fuente a la Embajada en el texto. De los 450 paramilitares apenas fueron capturados 11. Años después, la Corte Suprema de Colombia condenó a un capitán y otros oficiales de la Primera Brigada de Infantería de Marina por “permitieron el accionar violento de los grupos paramilitares que se tomaron El Salado”

El General Del Río y la “cooperación” con los paramilitares

En un documento de 1998, se registró que un oficial del Ejército le dijo a la Embajada, en calidad confidencial, que el general Rito Alejo del Río, comandante para esa época de la Brigada 17 en la región del Urabá, era uno de los dos militares más corruptos del Ejército. “La fuente afirmó que Del Río le dijo al personal de la Brigada que cooperaran con los paramilitares cuando él estuviera físicamente ausente del área”, indica el cable. También, que el general hoy retirado y que fue condenado a 25 años por el homicidio del campesino Marino López Mena había desviado “un avión cargado de armas y municiones a los paramilitares en el Región del Magdalena Medio en 1985″.

Actualmente Del Río entrega su versión ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por la masacre de Mapiripán, ocurrida en 1997, en la que 120 paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), se desplazaron en dos aviones militares desde el Urabá antioqueño, sede de la brigada 17, hasta San José del Guaviare, en el suroriente de Colombia, para asesinar a 49 personas. Ante la JEP, que investiga los delitos cometidos en el conflicto armado, Del Río negó su participación.

Macaco exploraba una nueva alianza paramilitar desde prisión

Entre el 2004 y el 2006, los jefes paramilitares se desmovilizaron bajo el Gobierno de Álvaro Uribe. A cambio de entregar las armas, ofrecer la verdad sobre los crímenes y no reincidir podían acceder a un tipo de justicia transicional y pagar una pena de cárcel de ocho años. Sin embargo, en 2008, por orden de Uribe, varios de los más sanguinarios fueron extraditados a Estados Unidos. Durante el proceso por su responsabilidad en el asesinato de Eduardo Estrada, fue citado otro cable de 2007 que indicaba que este exjefe paramilitar habría seguido delinquiendo desde la cárcel.

En Estados Unidos, Macaco cumplió 11 años de prisión –de una sentencia original de 33 años– por cargos relacionados con narcotráfico, no con violaciones de derechos humanos, y en 2019 fue repatriado a Colombia, donde permanece bajo custodia. A principios de este año reconoció violencia sexual, homicidios, desplazamientos, desapariciones, torturas y otras conductas ilícitas en las que habría participado el Bloque Central Bolívar, con un saldo de al menos 250 víctimas, de acuerdo con la Fiscalía. Un proceso que sigue en marcha. Entre los años de 1997 y el 2006, solo esa estructura paramilitar, la mayor de cuantas se agrupaban bajo la sombrilla de las AUC, operó en 13 de los 32 departamentos de Colombia, de acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica.

A pesar de reconocer su responsabilidad en el caso de Estrada, su defensa ha solicitado la preclusión de la investigación, ya que han pasado más de 20 años desde que se dieron estos hechos, explica Gustavo Gallón. “De esta forma, la sentencia proferida por la Corte Distrital del Sur de Florida debe ser un referente para el fiscal encargado de la investigación en el caso colombiano, ya que demuestra que el asesinato de Eduardo Estrada se dio en un contexto de sistematicidad y generalidad, gracias a la ayuda y tolerancia de las fuerzas armadas colombianas, catalogándose este homicidio como un crimen de lesa humanidad y por lo tanto, un delito imprescriptible”, apunta

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EU, uno de los más grandes paraísos fiscales del mundo

Nueva York., Pocos estadunidenses se imaginarían que vivían en uno de esos países que ofrecen servicios para que los ultrarricos –empresarios, políticos, criminales– oculten sus fortunas, pero entre las revelaciones más sorprendentes de los Papeles de Pandora es que Estados Unidos se ha vuelto uno de los mayores paraísos fiscales del planeta; menos sorprendente es que empresas y ricos estadunidenses, incluyendo muchos bajo sospecha o investigación criminal, continúan escondiendo sus fortunas en paraísos fiscales en el extranjero.

La "economía clandestina" de empresas fantasmas y fideicomisos bajo prestanombres en paraísos fiscales es un lucrativo negocio internacional con el propósito de ayudar a los ricos a evadir impuestos o investigaciones criminales o para lavar dinero, o sencillamente para disfrazar sus activos. Sobre todo, el servicio esencial es la discreción absoluta y por ello la investigación nombrada Papeles de Pandora por un equipo de 600 periodistas del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), basada en la mayor filtración financiera en la historia, con casi 12 millones de documentos provenientes de 14 empresas dedicadas a este negocio, está generando un sismo en el paraíso de los ricos y sus cómplices.

Establecer estas empresas o cuentas no es ilícito en sí, pero los Papeles de Pandora revelan que varios de los clientes –tanto individuos como empresas– son criminales o han sido acusados de conductas sospechosas, delitos, abusos y violaciones de derechos humanos en el extranjero.

Este negocio es cada vez mayor en Estados Unidos, país cuyos gobernantes no dejan de hablar de la transparencia y la lucha contra la corrupción. Por cierto, la tarde de ayer la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, en respuesta a preguntas sobre las revelaciones, afirmó que "el presidente (Joe Biden) está comprometido a llevar transparencia adicional a los sistemas financieros de Estados Unidos y el internacional, y uno puede ver eso en las políticas que ha propuesto y apoyado".

La investigación revela que Estados Unidos –con esta industria centrada en los estados de Dakota del Sur, Florida, Texas, Delaware y Nevada entre otros– se está convirtiendo en uno de los mayores paraísos fiscales del mundo, sobre todo para fideicomisos que son establecidos para ocultar fortunas de megarricos, e identificó 206 fideicomisos ligados a individuos en 41 países, entre ellos 28 que parecen estar vinculados con clientes acusados de conducta sospechosa o criminal en el extranjero, incluyendo soborno, fraude y violaciones de derechos humanos.

Estados Unidos está superando a Suiza como el país que más asiste a individuos a ocultar sus finanzas de las autoridades.

Los Papeles de Pandora revelan que el estado de Dakota del Sur se ha vuelto rival de los famosos paraísos fiscales en el Caribe y Europa con aproximadamente 360 mil millones de dólares en este tipo de cuentas, y con algunas de las protecciones legales mas extensas del mundo.

Entre los clientes con cuentas en Dakota del Sur se ha identificado a personajes como Carlos Morales Troncoso, ex vicepresidente de la República Dominicana y ejecutivo en jefe de la mayor empresa azucarera de la isla, la familias del conglomerado ecuatoriano Grupo Isaías, el magnate de jugo de naranja brasileño Horst Happel y el empresario textilero colombiano José Douer Ambar, entre otros –todos bajo algún tipo de investigación o acusados de abusos laborales–.

A la vez, los Papeles de Pandora revelan cómo estadunidenses ricos bajo sospecha por maniobras ilícitas o investigados por delitos usaron los servicios para ocultar sus fondos, incluso de las víctimas de sus crímenes. Entre ellos se identifica a Marc Collins Rector, un ejecutivo del mundo del espectáculo en Los Ángeles que abusó sexualmente de jóvenes en los 90. Evitó pagar las demandas logradas por las familias de algunas de las víctimas ocultando sus millones en cuentas offshore en Belice.

Otros clientes de ese paraíso incluyeron a un dentista que defraudó a la aseguradora federal Medicaid, un cómplice de la mafia, un productor de drogas adulteradas y un rico que acaba de ser condenado por el homicidio de un amigo en 2000, y un empresario acusado de lavado de dinero, entre otros.

Uno de los principales actores internacionales en este negocio de finanzas clandestinas es el bufete de abogados mas grande de Estados Unidos, Baker McKenzie, con 4 mil 700 abogados en 46 países. Christine Lagarde, actual jefa del Banco Central Europeo y anteriormente del Fondo Monetario Internacional fue una abogada y ejecutiva del bufete en las oficinas en París a principios de los años 2000.

"Cuando multimillonarios, multinacionales y los políticamente conectados buscan ocultar riqueza y evitar impuestos, frecuentemente voltean a Baker McKenzie", reporta el ICIJ, identificando al bufete como “arquitecto y pilar de una economía en las sombras, frecuentemente llamada offshore que beneficia a los ricos a expensas de las tesorerías de naciones y las carteras de los ciudadanos ordinarios”.

Baker McKenzie, según lo que revelan los documentos, ayudó a establecer empresas fantasmas en Chipre para la megamultinacional RJR Nabisco, canalizar miles de millones de ganancias de Facebook a cuentas en Irlanda con sus bajas tasas de impuestos, y a Nike ocultar beneficios en cuentas holandesas. Pero no es todo: entre sus clientes están varios implicados en corrupción política, fraudes empresariales y otros vinculados a regímenes autoritarios. Entre ellos está Najib Razak, prófugo autor intelectual del robo multimillonario de un fondo público de inversiones en Malasia, el fabricante de armas ruso Rostec, la esposa del financiero brasileño Daniel Birmann, el multimillonario colombiano Jaime Gilinski Bacal, además de empresas acusadas de evadir impuestos, como Apple.

Chuck Collins, coordinador del proyecto sobre desigualdad económica del Institute for Policy Studies en Washington, quien asesoró a algunos de los periodistas de Pandora, comentó sobre las revelaciones que "todos nosotros aquí en Estados Unidos deberíamos de estar absolutamente avergonzados de que nos hemos convertido en un imán para fortunas cleptocráticas. Nuestros políticos necesitan clausurar el sistema de riquezas ocultas".

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Pandora Papers y el impuesto global a las multinacionales

Los Pandora Papers reavivaron el reclamo por una mayor justicia tributaria. Críticas al presidente norteamericano Joe Biden

 

"Se necesita un ambicioso impuesto mínimo global sobre las multinacionales, mucho más alto que el 15 por ciento que está ahora sobre la mesa y lo más cercano posible al 25 por ciento, para acabar con la dañina competencia fiscal entre países y reducir el incentivo de las multinacionales a trasladar sus beneficios a los paraísos fiscales", señaló la Comisión Independiente para la Reforma del Sistema Impositivo Corporativo (ICRICT).

El pedido de este grupo de expertos, entre los que sobresale el Nobel Joseph Stiglitz, y el reconocido economista Thomas Piketty, es en respuesta al informe "Pandora Papers" publicado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que destapó una larga serie de operaciones por medio de empresas fantasmas que permiten a las personas más ricas del mundo transferir enormes sumas de dinero hacia los paraísos fiscales.

El ICRICT propone gravar las ganancias de las multinacionales no en función de dónde establecen su casa matriz, que suele ser en lugares de opacidad fiscal como Luxemburgo, Suiza, Hong Kong o el Reino Unido, sino en base a sus actividades reales, es decir, dónde se ubican los factores clave: empleo, ventas y activos.

También la prestigiosa organización Tax Justice Network se hizo eco del informe Pandora Papers. "Cada año, el mundo pierde 427 mil millones de dólares en impuestos a raíz de los paraísos fiscales. Eso equivale al salario anual de una enfermera que se pierde cada segundo en favor de las corporaciones y los individuos más ricos del mundo. No es casualidad que el pequeño club de países ricos que tienen el control de las reglas globales impositivas sean los responsables de dos tercios de los abusos tributarios. Los principales bloqueos a la transparencia son responsabilidad de los Estados Unidos y el Reino Unido. El Presidente Joe Biden debe hacerse cargo de su propia retórica sobre bajarle la persiana a las finanzas ilícitas comenzando con su propio país", indicó Alex Cobham, CEO de la entidad.

Pandora 

Los Pandora Papers surgieron a partir del estudio de 12 millones de documentos durante un año por 150 medios de prensa del planeta. Entre los nombres que destapan están el ex primer ministro británico Tony Blair y su esposa; el ex director gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn; el rey Abdalá II de Jordania; el círculo más próximo al presidente ruso de Vladimir Putin; los músicos Julio Iglesias, Shakira, Elton John y Ringo Starr; el entrenador del Manchester City Pep Guardiola y el primer ministro de República Checa, Andrej Babis.

La lista también incluye a 14 jefes de Estado de América Latina, de los cuales tres están en el poder: Sebastián Piñera (Chile), Guillermo Lasso (Ecuador) y Luis Abinader (República Dominicana). Argentina es el tercer país del mundo con mayor cantidad de beneficiarios finales de las firmas off-shore. Entre los nombres púbicamente conocidos destacan Zulema Menem, hija del expresidente Carlos Menem; Mariano Macri, hermano menor del ex presidente; el futbolista Angel Di María y el fallecido Daniel Muñoz, ex secretario del difunto presidente Néstor Kirchner. También aparece el ex consultor político de Macri, el ecuatoriano Jaime Durán Barba.

Impacto

"La elusión y la evasión fiscal tienden a reducir los ingresos públicos, pero también han generado un cambio en la composición tributaria hacia los impuestos indirectos, especialmente en los países en desarrollo, lo cual ha contribuido claramente a aumentar la regresividad del sistema. La forma más eficaz de acabar con los paraísos fiscales sería adoptar lo que podría ser un acuerdo internacional verdaderamente histórico: que todos los beneficios mundiales de las multinacionales tributen en función de sus actividades reales en cada país mediante un prorrateo formulario y que se adopte un ambicioso impuesto mínimo efectivo global del 25 por ciento sobre las multinacionales", señaló José Antonio Ocampo, profesor de la Universidad de Columbia y presidente de la ICRICT.

La evasión tributaria a partir de la operatoria con paraísos fiscales está estrechamente ligada con la desigualdad, en la medida en que permite a las personas ricas no pagar dinero cuyo uso por parte del Estado tiende a equilibrar la balanza social de los ingresos.

"Cuando las compañías más grandes y las personas más ricas engañan con sus impuestos, todos sufrimos de peores servicios públicos. Los gobiernos cuentan con menos recursos para redistribuir y aumenta la inequidad", explica Cobham.

Gabriel Zucman, profesor asociado de economía en la Universidad de California, Berkeley, y miembro de la ICRICT dijo que "las empresas ficticias, es decir, sociedades sin sustancia económica, cuyo único propósito es eludir los impuestos u otras leyes, deben ser prohibidas. La manera de conseguirlo no es complicada: necesitamos un acuerdo mundial. Y los principales obstáculos para acabar con las empresas ficticias no son las Islas Vírgenes Británicas o Vanuatu, a las que probablemente se pueda obligar a unirse a un acuerdo de este tipo, sino los grupos de personas en Estados Unidos y en Europa que utilizan a los gobiernos de los paraísos fiscales como excusa".

5 de octubre de 2021

Publicado enEconomía
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