Justicia: el grito de las madres de las víctimas de disparos de la Policía en Colombia

De las 46 muertes verificadas por la ONU durante el estallido social de 2021, en al menos 28 los responsables serían agentes de la Policía. Los familiares de las víctimas lamentan que no hay avances en las investigaciones

Santiago Mesa Andrés Buitrago Catalina Oquendo

Cali / Medellín - 12 ene 2022 - 16:02 COT

Jóvenes de entre 17 y 26 años de barrios pobres, hijos de campesinos, indígenas y afrodescendientes, desplazados por la violencia, vendedores ambulantes, artistas o estudiantes. Ese es el factor común de los muertos durante las protestas de 2021 en Colombia, un suceso que mantiene una herida abierta en el país. Según Naciones Unidas, al menos en 28 de esas muertes los responsables habrían sido agentes de la Policía. Pero aunque han pasado casi 7 meses del estallido social que sacudió varias ciudades colombianas, los familiares de las víctimas aún esperan justicia.

En Cali, que fue el epicentro de la represión policial y de los choques con los manifestantes, sus familiares denuncian a EL PAÍS que no hay avances en las investigaciones.

En barrios populares de esta ciudad como Siloé recuerdan a Harold Antonio Rodríguez Mellizo de 20 años, quien el 3 de mayo se disponía a comprar comida cuando recibió un disparo de arma de fuego “en el contexto de una intervención de la Fuerza Pública”, como documentó la ONU; o el caso de Kevin Antony Agudelo Jiménez, un deportista que fue asesinado cuando participaba en una velatón por las víctimas del paro.

Algo similar a lo que le ocurrió a Joan Nicolás Guerrero, un artista urbano de 26 años, asesinado mientras participaba en un homenaje a otros fallecidos en el Paso de Aguante, el mismo lugar donde murió Yinson Andrés Rodríguez Angulo, trabajador de 23 años. Y a Michael Vargas López, deportista de 23 años, quien murió el 17 de mayo cuando participaba de una actividad en el punto de concentración de la Estancia; a Sebastián Jacanamijoy, de 25 años, indígena del Pueblo Inga y miembro del Cabildo Indígena Universitario, quien murió el 28 de mayo en el sector de Meléndez de esta ciudad. Y a Maicol Andrés Aranda que, según el informe de Naciones Unidas, participó por única vez en la protesta en las marchas del 28 de mayo y falleció ese día en Siloé; Jhordany Yesid Rosero Estrella, Cristian Javier Delgadillo y Segundo Jaimes Rojas, entre otros.

“Solo pedimos justicia”, dicen al unísono las madres de varios de estos jóvenes. Hasta ahora, sin embargo, el Gobierno ha dicho que se iniciaron 231 investigaciones internas por presuntas faltas disciplinarias cometidas por la policía, incluidas 16 por homicidio, 108 por abuso de autoridad, 45 por agresiones físicas, 26 por lesiones personales, 12 por incumplimiento de órdenes y 24 por otras conductas. De esas, solo 38 se encuentran vigentes.

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El candidato a las elecciones en Colombia, Gustavo Petro, durante su entrevista con 'Público'. — Jairo Vargas

Fue guerrillero del M19 y años después, como uno de los senadores más críticos con el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), puso al descubierto los vínculos de políticos conservadores con el paramilitarismo. Fue elegido alcalde de Bogotá en 2012, le destituyeron cuando intentó poner en marcha un proyecto de recogida de residuos y reciclaje, le boicotearon los poderosos empresarios que tenían el control del sector de las basuras en la capital, pero la justicia le dio la razón y le restituyeron sus derechos políticos en 2014. Ahora es el favorito a ganar las elecciones presidenciales de mayo próximo y podría liderar, con el Pacto Histórico, el primer gobierno progresista de la historia de Colombia.

Gustavo Petro (Ciénaga de Oro, 1960) inició esta semana en España su campaña y lo hizo arropado por el exilio colombiano. En un acto multitudinario, en la sede madrileña del sindicato UGT, desfilaron madres de hijos asesinados, lideresas que han abandonado su país por amenazas, jóvenes que formaron la primera línea de lucha durante las protestas del pasado año en Cali (y que sabían que si seguían en su país iban a matarles), mujeres y hombres escapados de la pobreza y la persecución. Más de cinco millones de colombianos viven en el exterior, varios cientos llegaron a Madrid, muchos desde otras ciudades europeas y españolas, y una buena parte no pudo entrar al evento por las restricciones de aforo por la covid, pero no les importó. Le recibieron en la calle al grito: "Petro presidente". Allí le acompañaron políticos de los tres partidos que forman el Gobierno de España (PSOE, Izquierda Unida y Unidas Podemos). Antes había sido recibido por el presidente Pedro Sánchez, la vicepresidenta Yolanda Díaz, Felipe González y empresarios y banqueros con inversiones e intereses en Colombia.

Justo antes de partir a Bogotá, en una entrevista exclusiva con Público, Gustavo Petro afirmó que el proyecto uribista ha llegado a su fin, que ahora comienza la verdadera transición hacia la paz y la democracia en Colombia, y habló de sus prioridades: crisis climática, cambio de la matriz energética, de su ánimo para negociar con los grupos armados y de poner fin al narcotráfico; también lamentó las heridas de la guerra y anunció la transición hacia la democracia real.

Muchas zancadillas en un país donde siempre el poder ha estado en manos de conservadores y oligarquías. ¿Ha llegado el momento de que, por primera vez, la izquierda gobierne en Colombia?

Yo no divido la política entre derecha e izquierda, es difícil aplicar esos conceptos europeos en América Latina, la divido entre política de la vida y política de la muerte, y a Colombia la ha gobernado durante dos siglos, con muy breves interrupciones, una política de la muerte, una política de la exclusión social, por eso tenemos uno de los países más desiguales del mundo y una violencia casi perpetua. En esa medida, mi gobierno, al ganar las elecciones, sería el primero progresista de la historia republicana del país.

¿Y qué cambiará en Colombia?

Se disminuirá la desigualdad, habrá más justicia social y se construirá la paz. Si logramos una sociedad que permita derechos fundamentales, ese sería el verdadero acuerdo de paz, el pacto de la ciudadanía, no de los grupos armados. Un pacto no se puede establecer bajo la base de la exclusión, de la injusticia, un pacto se establece a través de la inclusión y la equidad.

¿Qué es el Pacto Histórico?

El Pacto Histórico es una coalición de fuerzas políticas y sociales, no solo de organizaciones que provienen de la izquierda, también liberales, de centro, de movimientos sociales, indígenas, feministas, ambientalistas. Si ganamos las elecciones, seremos también una forma de gobernar, vamos a gobernar a partir de la concertación y el diálogo, es la única manera de construir una paz grande de camino a unas reformas fundamentales, no para mantener un estatus quo. Un pacto que busque reformas en el terreno de la educación, la salud, los derechos en el terreno productivo.

¿Los acuerdos de paz con las FARC y el estallido social de 2021 han ayudado a unir a las fuerzas progresistas en Colombia?

Ha sido la crisis y el mal gobierno de (Iván) Duque lo que ha hundido completamente algo que era antes valorado: el proyecto uribista. Este proyecto es una especie de franquismo a la colombiana pero con elementos nuevos como la ideología neoliberal que mantiene esa herencia violenta, excluyente y antidemocrática. Ese proyecto hoy está en mínimos históricos de aceptación popular y se plasma en las políticas contra la pandemia. Si miras a Estados Unidos, Europa o el Sudeste Asiático, afectados por el mismo virus, allí se estableció una política socialdemócrata que ha permitido que no aumente la pobreza y que el empleo se mantuviera en niveles en los que se pudiera actuar. En Colombia se aplicó el neoliberalismo, se profundizó el modelo de antes del virus y produjo un crecimiento rápido y sustancial del hambre y de la pobreza. Las estadísticas oficiales muestran saltos de 20 puntos en niveles de pobreza, el hambre se convirtió en algo cotidiano, de ahí el aumento de la delincuencia que es consecuencia del hambre. La élite política y económica de Colombia se equivocó, cuando aumentaba el hambre, el gobierno propuso una reforma tributaria que elevaba el impuesto a la comida y estalló la movilización social que terminó siendo confrontada con asesinatos por el aparato público armado. En vez de proceder a un diálogo, el gobierno de Duque mató a los jóvenes.

La izquierda siempre ha sido perseguida y aniquilada en Colombia. ¿Teme por su vida?

"A las élites les aterroriza la posibilidad de un gobierno transparente, luchan para evitarlo y eso nos pone en riesgo"

No voy a mentir, sí hay riesgos y son altos en la medida que nos acercamos al poder, a gobernar; no hay más que mirar los trinos (tuits) de Uribe mientras yo desarrollaba mi agenda en España para darse cuenta cómo ascendía la histeria y la sinrazón. Es el desespero y el miedo que tiene que ver con una especie de culpabilidad por parte de la elite colombiana porque es promotora de grandes procesos de corrupción y de la quiebra de los derechos humanos, hasta el punto que podemos hablar de genocidio. Les aterroriza la posibilidad de un gobierno transparente, luchan por todas las vías -en Colombia se llama combinar todas las formas de lucha- para impedirlo y eso eleva el riesgo. De hecho la violencia está ascendiendo, el homicidio, la masacre, motivada por el narcotráfico pero también por la propia violencia política y el discurso estatal del odio; y esos son indicadores de riesgo. Lo cierto es que el país ha sido incapaz de resolver la conflictividad propia de toda sociedad con instrumentos pacíficos y ha recurrido permanentemente a la guerra, esa historia nos acompaña desde hace siglos y es el momento de frenarlo. Yo le llamo cambiar de era, es pasar de una era de violencia a una era de paz.

El precio es alto, decenas de integrantes de Colombia Humana, guerrilleros desmovilizados y líderes comunitarios han sido asesinados en los últimos años. ¿Merece la pena?

Sí, siempre merece la pena porque Colombia necesita la paz. El Pacto Histórico ha transformado la enorme burbuja de dolor en una enorme burbuja de esperanza, y estamos ante la posibilidad de construir una sociedad en paz, justa y democrática en el corto plazo.

Lo primero es ganar el 13 de marzo las primarias del Pacto Histórico, su principal rival es Francia Márquez, una mujer afrodescendiente. ¿Si usted lo consigue, Márquez será candidata a vicepresidenta?

Hay varios aspirantes a ser candidatos presidenciales del Pacto Histórico, entre ellos, dos mujeres muy valiosas: una que viene de la afrodescendencia; otra es indígena. La ciudadanía escogerá la candidatura oficial del gran cambio en Colombia y todas las fuerzas participarán del gobierno si ganamos las elecciones. Es una nueva forma de hacer política.

¿Y Francia Márquez?

La candidatura que quede segunda tiene opción preferencial, el acuerdo es que la vicepresidencia no sea un cargo simbólico. Si es Francia Márquez se abre esa posición a un mundo completamente excluido en Colombia, el de las negritudes. Hoy quienes gobiernan son los herederos de los esclavistas. En Colombia una mujer tiene siete veces más posibilidades de morir si es pobre y negra, en el caso de los niños afrodescendientes menores de un año se dispara hasta diez veces. Esta es una de las estadísticas de la política de la muerte más tristes y deprimentes. Si Francia se convierte en fórmula presidencial, porque podría ser al revés [sonríe], será la encargada de una enorme lucha contra la exclusión en términos de mujer, racismo, regiones y pobreza.

Ha habido algunas disputas en la elaboración de las listas al Congreso para las legislativas del 13 de marzo. ¿Cómo evitar una ruptura de la izquierda por desacuerdos internos?

Ha sido un proceso difícil, complejísimo, porque la tradición en Colombia es hacer campañas individuales (listas abiertas). Logré, y espero no equivocarme, que las agrupaciones del Pacto Histórico acordaran una lista cerrada, donde el orden determina quien entra al Congreso, quisimos así intercalar los géneros, que la mitad de curules sean mujeres, en el voto abierto eso no es posible. Es una conquista histórica, por eso se volvió más complejo el proceso. Le agregamos la ‘cremallera’, además del género decidimos que cada cinco renglones se incluyera en la lista un representante étnico para garantizar la diversidad. La bancada progresista será muy femenina y diversa. Obviamente quedaron heridas, individualidades que se sintieron excluidas, pero marcaremos un hito en la nueva política.

Si llega a la Presidencia, ¿cómo va a sacar adelante el programa del Pacto Histórico, teniendo en cuenta que cuando fue alcalde de Bogotá le destituyeron sin razones jurídicas ni constitucionales?

Yo planteé el reciclaje, ¡algo tan subversivo! [ríe con ironía], y por eso me destituyeron; simplemente porque los grandes operadores eran unos empresarios privados poderosos que terminaban su contrato con la Alcaldía. Yo no les quité el contrato, simplemente terminaba; y había una orden de la Corte Constitucional de incluir en el sistema a miles de recicladores que andaban con sus hijos durante las madrugadas en las calles, sobreviviendo, recogiendo residuos que dejaba la gente, y había que incluirles en el modelo de aseo, darles una remuneración y potenciar el reciclaje. El resultado fue que 65.000 niños dejaron de trabajar y esos empresarios, que se creyeron tenían un derecho perpetuo, sabotearon el proceso y yo terminé destituido. Gracias a la justicia internacional, y a la nacional de diversas maneras, logré restablecer mis derechos políticos porque a la postre lo que querían era inhabilitarme para, precisamente, no poder competir en las elecciones, ni disputar el poder.

¿Esta experiencia le servirá si llega a la Presidencia? Hay antecedentes en países vecinos, el mejor ejemplo es Brasil con la destitución de Dilma Roussef y el encarcelamiento de Lula da Silva.

He hablado con Felipe Gonzalez, aquí en Madrid, porque fue protagonista de un proceso en el que una sociedad pasa del fascismo a una democracia moderna, de cómo una fuerza policial y militar creada y criada en concepciones fascistas puede convertirse en una fuerza pública y aceptar el control civil. Esto es importante para Colombia, porque estamos en una transición democrática. Mi gobierno de cuatro años será de transiciones, de una economía extractivista basada en el petróleo y el carbón, hacia una economía productiva, agraria y agroindustrial. En el siglo XXI, esto significa una transición de la ignorancia al conocimiento, del autoritarismo a la democracia, desde la violencia a la paz, de una sociedad del machismo a una sociedad femenina. Pero harán falta varios gobiernos, con presidencias diferentes, parecido a lo que inició Chile. En cuatro años sí podremos hacer al menos la transición hacia la democracia, y no será fácil. Implica un gran cambio en el Congreso, si el ciudadano vota progresista a la Presidencia y corrupción al Congreso, lo de Brasil podría volver a ocurrir. También hay que modernizar la fuerza pública, ponerla en la escala del honor militar y policial que corresponde en el respeto a la ciudadanía y los derechos humanos.

La crisis climática es una de sus banderas políticas. ¿Cuál es su propuesta para atajar la explotación de recursos naturales y el uso de energías sucias?

Yo lo introduje en la Alcaldía de Bogotá cuando la expresión ‘cambio climático’ no se usaba en la prensa colombiana, aun sin comprender a fondo la discusión mundial que empezaba a librarse. Este es uno de los ejes ahora de Colombia Humana. Colombia depende desde hace 30 años de exportar carbón y petróleo, el otro sector de la exportación es la cocaína, y no son mundos separados, interactúan entre sí, se mueven como una gran masa de liquidez que hizo creer a la sociedad la ilusión de que se hizo rica. Esas burbujas han explotado y parte de la crisis actual tiene que ver con eso. No es sostenible que un país políticamente, éticamente y económicamente se sustente sobre el petróleo, el carbón y la cocaína. La transición consiste en salir de ahí hacia una economía agraria, agroindustrial, democratizar la producción e iniciar el balbuceante proceso de industrialización.

Pero sin reforma agraria y con la oposición de los empresarios y latifundistas será difícil. ¿Ve posible un acuerdo con esos sectores?

El narcotráfico hizo de la tierra fértil, cerca de 20 millones de hectáreas, su caja de ahorros, se apropió de ella, la compró en efectivo o la tomó de forma violenta, de ahí el desalojo de cinco millones de campesinos y pequeños y medianos empresarios, de ahí la destrucción del mundo agrario, hundido en la violencia y donde han proliferado ejércitos privados del narcotráfico y paramilitares. El narcotráfico está ligado a la destrucción de la economía productiva tanto rural como urbana. Una ciudad como Medellín permitió a un Pablo Escobar porque se destruyó su industria textilera. El narcotráfico creció en la medida que se profundizó el neoliberalismo con mucha ayuda de gobiernos extranjeros que no vieron esta evolución dañina. Hoy dependemos del petróleo, el carbón y la cocaína, y mi gobierno tiene que liberar a Colombia de ello. Dejaremos de firmar contratos de exploración petrolera desde el próximo 7 de agosto si ganamos las elecciones, eso nos da un margen de 12 años porque tenemos reservas para hacer la transición, para que la demanda interna de combustible sea reemplazada por energías limpias. En el corto plazo se puede sustituir petróleo, carbón y cocaína por turismo, tenemos la posibilidad de pasar de 4 a 15 millones de turistas al año, pero eso no se logra si no hay paz. Una serie de variables (acabar con la violencia, la paz, democratizar el país, aumentar la producción) permite las sinergias y eso es lo que nos va a permitir reducir el narcotráfico y desligarnos de una economía fósil.

Las fuerzas reaccionarias califican este discurso de castrochavista.

No tanto Castro, pero sí el proyecto de Chávez -parecido a proyectos del socialismo árabe- se sustentó en el petróleo. En cierta forma, el progresismo latinoamericano resultó afectado por el elevado precio de las reservas fósiles a causa de la demanda china desde la crisis de 2008. Un progresismo realmente sostenible y constructivo no puede afianzarse en los fósiles. Yo propongo lo contrario a lo que se hizo en Venezuela.

¿Cómo va a controlar a las bandas del narcotráfico, a la guerrilla del ELN, a las disidencias de las FARC?

Tengo un reto ambicioso y la realidad es que hay miles de hombres armados bajo diferentes agrupaciones todas ligadas al narcotráfico. Proponemos un desarme para lo que queda de la vieja insurgencia, un diálogo político rápido, y ahí incluyo al ELN (Ejército de Liberación Nacional) y a las disidencias de las FARC, que se forjaron porque Duque saboteó el acuerdo de paz, y ese acuerdo debe cumplirse. El ELN puede dejar las armas en el corto plazo en medio de un proceso de profundización democrática. Pero las agrupaciones más ligadas al narcotráfico son más complejas, ahí no hablamos de un diálogo político, ahí tenemos que hablar de un diálogo judicial. Quiero plantear una opción: el desmantelamiento pacifico del narcotráfico, pero no soy ingenuo, sé de lo que estamos hablando, es un negocio que mueve miles de millones de dólares, y hoy se quedan más en México que en Colombia porque los cárteles mexicanos dominan más el escenario. A Colombia entran unos 15.000 millones de dólares, hoy por hoy es el mayor producto de exportación dada la caída del precio del petróleo. Esto es lo que deja el uribismo en Colombia después de 20 años. La base por la cual el narcotráfico se mantiene y crece es porque tiene poder político, y eso es control sobre la población, sobre tres grandes masas: campesinos-productores de hoja de coca, consumidores en general urbanos, del mundo y de Colombia, y la economía popular que no tiene crédito, también muy urbana, y acude al crédito usurero que la mafia entrega para lavar dólares. Si le quitas esas masas de población, le quitas poder al narcotráfico. Y hay políticas específicas que pueden lograr la democratización del crédito, incluida la banca pública. De eso he hablado en Madrid, de tú a tú, con banqueros muy poderosos españoles que operan en Colombia. El objetivo es democratizar el crédito, regular el consumo de estupefacientes, que es una experiencia mundial exitosa y que quita al consumidor del contacto directo con la mafia, y la reforma agraria para que el campesino tenga opciones distintas al cultivo de coca. Así le quitamos poder al narcotráfico y se puede abrir una vía de desmantelamiento pacifico a través de un sometimiento colectivo a la justicia. No digo que inmediatamente pero se podrían iniciar los procesos.

¿Colombia está preparada para vivir en paz?

En un anhelo, no hay mujer que no quiera vivir en paz, que no quiera que sus hijos no sean materia prima de una guerra, que sus amores acaben muertos en una esquina. Si sumamos todos los casos, eso implica una sociedad que está preparada para la paz.

madrid

12/01/2022 21:39 Actualizado: 13/01/2022 09:27

 

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Prepotencia, silencio y muerte: rasgos del dominio paramilitar

El asesinato de Huber Velásquez, el pasado 17 de diciembre de 2021, en la vereda La Balsa de San José de Apartadó, tiene características que revelan la extrema gravedad a que ha llegado el dominio paramilitar en la región y sus relaciones con las instituciones, con el Acuerdo de Paz, con el modelo de desarrollo y el modelo de sociedad dominante. No fue un simple episodio de violencia a los que la población de la región se ha acostumbrado tras muchas décadas de terror.

El contexto inmediato fue la pantomima de pavimentación de dos kilómetros de vía entre Apartadó y San José. Un grupo de pobladores de la vereda La Balsa decidieron hacer la Veeduría ciudadana y descubrieron horrores de corrupción: viviendas averiadas y no reparadas, materiales ineptos, calidad muy baja de la obra no obstante su elevadísimo costo que escandalizó a un diputado de la región. Esta veeduría no fue aceptada porque ya existía una veeduría registrada en la Personería; sin embargo, el grupo de Veeduría de La Balsa decidió continuar su trabajo investigativo ya que la otra veeduría no les daba suficiente confianza al aceptar muchas irregularidades que se estaban cometiendo.

Si se tiene en cuenta que la financiación de esa obra fue cubierta con los fondos del Acuerdo de Paz, asumiéndola como un PDET [Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial] para lo cual la Comunidad Internacional aportó enormes sumas de dinero, es de elemental honestidad solicitarle a los organismos internacionales un examen exhaustivo de los gastos, lo cual debe incluir una examen minucioso a los contratos de METRO-PLUS. También la Alcaldía debe ser sometida a rigurosos exámenes de sus egresos. Corre entre la población de la zona el rumor sobre la participación del alcalde Cañizalez en el crimen de Huber, pues sus simpatías por las estructuras paramilitares son de conocimiento público. Una entidad internacional independiente debe investigar esos rumores, pues los órganos de control del Estado hoy día están cooptados, a la luz del día, por el alto gobierno.

Muchos habitantes de La Balsa no salían de su estupor cuando vieron que muchachos muy jóvenes de su misma vereda paralizaron el tráfico, tanto hacia arriba (San José) como hacia abajo (Apartadó) mientras se consumaba el asesinato de Huber, permitiendo que 8 hombres armados penetraran en su vivienda y le arrancaran violentamente la vida. Sin embargo, los pobladores sabían que romper el silencio equivalía a correr un riesgo muy seguro de muerte. Varios asesinatos ocurridos en la zona en el último año se explicaron por la desobediencia de las víctimas a órdenes de los paramilitares. El terror selló el silencio que cubrió y sigue cubriendo este crimen. Adicionalmente hay otro rumor que corre entre los pobladores de La Balsa, según el cual la Junta Comunal ha ordenado destruir la casa construida por Huber en su finca; parece que el afán de arrasar la memoria de las víctimas, como costumbre de los regímenes más crueles, sigue haciendo carrera.

Los mensajes no pueden ser más contundentes: aquí mandan los paramilitares y el que les desobedezca compromete su misma vida; la población debe optar así entre la vida y la muerte.

Con pocos días de distancia, la junta comunal de la vereda La Esperanza decidió introducir a la fuerza una maquinaria en el asentamiento de nuestra Comunidad de Paz, con el fin de iniciar la construcción de una carretera ilegal que nuestra Comunidad ha denunciado repetidas veces, pues no ha respetado ningún requisito de planeación participativa, es planeada y construida por estructuras paramilitares con maquinarias de la fuerza pública y busca servir a la introducción de maquinarias de empresas multinacionales extractivistas que van en contravía de una desarrollo humano y ecológico. Los líderes de la Acción Comunal de la Esperanza han afirmado que construirán la carretera a las buenas o a las malas, sin importarles violar cualquier propiedad privada y cualquier interés que se oponga a su concepción del desarrollo y del progreso que va en contravía de lo humano.

Los métodos de coordinación y de aquiescencia entre la fuerza pública y los paramilitares son ya muy conocidos y rutinarios: el negativismo; la evasión; la ficción de ignorancia; los acuerdos verbales para no encontrarse en los mismos territorios en coincidencia. Así, cuando las evidencias son ineludibles, es aún posible engañar a la sociedad.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Enero 12 de 2022

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Las tensiones en Kazajistán y Libia aumentan los temores a una nueva crisis del petróleo

Los conflictos en Asia Central y el Magreb, una industria petrolera sin inversiones desde 2014 y una demanda creciente de petróleo auguran un próxima etapa de la crisis energética centrada en el petróleo.

 

El despegue de la economía tras los peores meses de la pandemia, los problemas globales de suministro, los conflictos geoestratégicos y un declive en las reservas y en la industria petrolera que viene de lejos aumentan los temores de que 2022 sea el año de una nueva crisis energética, con el petróleo en el centro. 

Durante 2021 el precio del petróleo creció un 46% espoleado por el aumento de la demanda de una economía que se despertaba del confinamiento. En diciembre, la rápida expansión de la variante ómicron rebajó las expectativas de crecimiento y, con ella, las previsiones de demanda de petróleo, acercándola a la capacidad de producción. Entonces el precio del barril Brent cayó desde los 83 dólares a valores cercanos a los 73. 

Sin embargo, cuando se comenzaban a conocer las características de la nueva variante, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) no tardó en afirmar que la nueva cepa tendría un “impacto leve y breve” y elevó sus previsiones sobre la demanda de barriles. Según su análisis, en la segunda mitad de 2022, el mundo habría recuperado y superado el consumo de petróleo anterior a la pandemia.

Un análisis semejante sobre el escaso impacto económico de la nueva variante de coronavirus hace Julian Lee, analista petrolero de Bloomberg. La menor tasa de hospitalizaciones, especialmente entre personas vacunadas, ha llevado a muchos gobiernos a revertir las restricciones levantadas en diciembre y a aumentar el número de vuelos, augurando un fuerte crecimiento de la demanda de petróleo en los próximos meses.

Podría parecer una buena noticia económica, pero no lo es necesariamente. La industria petrolera no está preparada para suministrar los barriles necesarios, sostiene Lee. Para este experto en temas energéticos, “a menos que la necesidad de petróleo disminuya drásticamente” la perspectiva para este año es de un “suministro inadecuado y precios de tres dígitos”, es decir, barriles de petróleo con precios superiores a los 100 euros o, dicho de otra manera, una nueva crisis energética.

Para Lee, la “potencial debilidad del mercado petrolero proviene de una demanda desenfrenada”, que la OPEP prevé que superará los 104 millones de barriles por día antes de llegar a finales de año, cuando actualmente ronda los 96,5 millones. Para cubrir esa demanda, la OPEP y sus socios pretenden añadir 400.000 barriles diarios en su producción de cada mes.

Unos objetivos que no son nada realistas, sostiene Lee, ya que los países productores están teniendo ya “problemas reales” para cubrir la actual demanda. Para este analista, el problema es que la mayoría de estos países, salvo Arabia Saudí, no están en condiciones de aumentar la oferta de crudo aunque quieran hacerlo. La prueba está en la brecha cada vez mayor entre los objetivos de producción y la cantidad de barriles que efectivamente salen al mercado. Este déficit es especialmente observable, continúa, en los países de la OPEP, responsables del 40% del suministro global, en los que el déficit entre objetivos y producción real no ha dejado de crecer desde enero de 2021. A finales de año, estos países producían 700.000 barriles diarios menos de lo que deberían según sus propias metas. Según Lee, esta brecha “no se cerrará pronto” y, previsiblemente, irá a peor. Un déficit que solo puede aumentar “a medida de que el objetivo continúe aumentando”. 

Y esta diferencia entre objetivos y producción real habría sido mucho mayor si la economía mundial no hubiera experimentado una desaceleración en el último trimestre de 2021 por el parón de China, la crisis de suministros y el aumento de los contagios. 

Estos temores sobre una nueva crisis centrada en el petróleo surgen pocos meses después de que Estados Unidos, en noviembre de 2021, anunciara junto con China, Japón, Corea del Sur y Reino Unido la puesta en circulación de parte de sus reservas estratégicas para intentar reducir los precios y solucionar ese desajuste entre la oferta y la demanda de petróleo. Solo EE UU puso en circulación 50 millones de barriles, algo menos del 10% de los 620 millones de barriles de los que dispone.

Hasta ahora, EE UU solo había recurrido a sus reservas estratégicas en momentos de guerra o de fenómenos meteorológicos extremos; nunca hasta ahora para “tratar de mover el mercado”, indicaba Mariano Marzo, profesor de Ciencias de la Tierra de la UAB, en El País.

Las consecuencias de un petróleo y un diésel caro, fundamental para el transporte por tierra, aire y mar, ya se están dejando notar desde finales del último verano. “Los consumidores estadounidenses están sintiendo el impacto de los elevados precios de la gasolina en el surtidor y en las facturas de calefacción de sus hogares, y las empresas también lo están notando porque el suministro de petróleo no se ha mantenido a la altura de la demanda a medida de que la economía mundial emerge de la pandemia”, sostuvo la Casa Blanca para justificar la liberación de parte de sus reservas. Esta operación coordinada contribuyó a una rápida reducción de un 10% en el precio del petróleo. Sin embargo, en pocas semanas el precio del petróleo ya había recuperado las cifras previas.

Kazajistán, Libia, Alberta

La recuperación del precio del petróleo no se debe solo a una revisión a la baja de la peligrosidad de la variante ómicron y a los problemas en la producción sino también a un calentamiento de los conflictos geoestratégicos en los países productores o de paso de los combustibles fósiles.

El principal desencadenante de que el petróleo volviera a superar los 80 dólares por barril ha sido la crisis en Kazajistan, en donde el aumento del precio del gas doméstico provocó una ola de protestas que ya ha causado más de 164 muertos y 8.000 detenidos. La crisis, que ya se ha llevado por delante al Gobierno, ha elevado la tensión entre bloques con la intervención de tropas rusas en el conflicto. 

Kazajistán es el primer productor de petróleo de Asia Central, con las doceavas mayores reservas probadas del mundo, según la agencia energética de EE UU. Esta exrepública de la URSS también es el segundo productor mundial de uranio, material cuyo precio ha experimentado un crecimiento del 31% en 2021. 

El suministro de estos dos combustibles fósiles no se ha visto afectado de forma significativa, más allá de cortes temporales en Tengiz, el mayor campo petrolero del país, después de que contratistas y trabajadores afines a las protestas interrumpieran las líneas ferroviarias. Sin embargo, los temores de las bolsas y de los inversores han llevado a que tanto el petróleo como el uranio hayan experimentado subidas importantes, aunque moderadas en los últimos días.

Los conflictos internos en Libia se han sumado a las incertidumbres generadas por los enfrentamientos y choques entre Argelia y Marruecos por la cuestión del Sahara o la decisión de Indonesia de paralizar la exportación de carbón para asegurar el suministro interno, que han contribuido a aumentar el precio de los combustibles. Días antes de las Navidades, el mayor campo petrolero libio, El-Sharara, cerraba para realizar tareas de mantenimiento y reparación después de sufrir un ataque de las milicias. Pese a que el campo se ha reabierto, la producción petrolera de Libia está un 25% por debajo de su nivel habitual. El frío extremo en el oeste de Canadá y noroeste de EE UU, con temperaturas inferiores a los -40 grados, también ha llevado a paralizar parte de la producción petrolera y gasista, en especial en el Estado canadiense de Alberta, rico en arenas bituminosas.

Frente a estas incertidumbres, los mercados ponen sus esperanzas en que los países de la OPEP y sus socios aumenten la producción, una posibilidad que Lee relativiza: “Si bien es probable que el aumento de la producción de la OPEP+ reduzca esa brecha [entre los objetivos y la producción real], simultáneamente erosionará la capacidad disponible en el mundo para hacer frente a interrupciones inesperadas del suministro. Y esas interrupciones ya están apareciendo”.

El ruido de fondo

Los factores coyunturales que han impulsado una nueva subida del petróleo en las últimas semanas tienen como telón de fondo un declive y un proceso de desinversión en la industria petrolera sostenido desde 2014, defiende el físico Antonio Turiel, autor de Petrocalipsis y miembro del CSIC.

Esta desinversión, sostiene en sus Predicciones para 2022que recoge en su blog, ha desembocado en una “caída acelerada en la producción de petróleo”, algo que llevará a que el precio del crudo “oscile con fuerza” este año con dos picos: uno a principios de año, antes de la primavera, y otro en el segundo semestre. Según su análisis, estas subidas acercarán el barril a los 100 dólares.

Según cuenta Turiel a El Salto, el problema de fondo es estructural y se resume en una cada vez menor disponibilidad de petróleo. El hecho de que el petróleo que queda sea cada vez de peor calidad, más caro de extraer y de menor rentabilidad energética ha hecho que las propias petroleras hayan ido abandonando la búsqueda de nuevos yacimientos. Este proceso de desinversión se ha visto acelerado con la pandemia al caer en picado la demanda de crudo en los tres meses de confinamiento duro. Según defiende este científico del CSIC, sin ningún combustible a la vista para sustituir la funcionalidades del petróleo, cada vez va a resultar más difícil cubrir la demanda y el mercado será más sensible a las crisis coyunturales, como las que estamos viviendo.

Para Turiel, 2014 fue el año de la inflexión. “Entonces concluyeron que era imposible seguir así. Era un callejón sin salida y como no tenía remedio, entonces empezaron a desinvertir. El negocio del petróleo se ha acabado”, dice.

Sin embargo, advierte Turiel, hay que huir de las explicaciones simplistas y lineales. Si esa escasez es real y cada vez hay menos petróleo, ¿cómo se explica que hace diez años el barril estuviera en los 150 dólares y hace un año cerca de los 15?

Turiel ofrece una respuesta sencilla: cuando la demanda de petróleo supera la oferta y se produce cierta escasez, el precio sube; y cuando el precio es tan alto que las empresas y los consumidores no pueden pagarlo, se produce una crisis económica que genera destrucción de empresas y, por lo tanto, la disminución de la demanda de petróleo, y el precio baja. “Cuando el precio cae son las propias petroleras las que no se pueden permitir el lujo de seguir explotando el petróleo y son ellas las que empiezan a reducir su producción, y esa producción sigue cayendo hasta que vuelve a encontrarse otra vez con la demanda, se vuelve a producir cierta escasez y vuelve a comenzar otro ciclo”, termina de explicar este científico.

El problema es que después de cada ciclo, concluye Turiel, hay menos petróleo disponible y las posibilidades de que surja una energía que consiga reemplazar las utilidades de este combustible fósil son menores. Mientras, las crisis coyunturales como las de Kazajistán, Libia o Alberta pueden desencadenar problemas cada vez más graves.

Por Martín Cúneo

@MartinCuneo78

11 ene 2022 06:00

Publicado enEconomía
La crisis de Kazajistán no es una de las “revolución de colores” made in USA

El 2 de enero, la ciudad obrera de Janaozén volvió a quitar el sueño a la clase gobernante, cuando el presidente Tokaev anunció que iba a duplicar el precio del litro del Gas Natural Licuado (GNL), de 60 tenges a 120 (1 euro equivale a 492,1460 tenges), provocando la mayor crisis de la historia de la República de Kazajistán.

El estallido de protestas populares en el país centroasiático afecta no solo a la población del país y el destino de sus políticos, sino también al resto de los países de Asia Central, considerado por algunas teorías políticas como Heartland "Corazón de la Tierra": quien lo domine controlará el mundo.

Kazajistán en el mapa

"La tierra de los errantes", eso significa Kazajistán, nombre compuesto por el término turco "kaz" «deambulante, nómada» y el sufijo persa de "stán", del verbo indoeuropeo astan-estar, «lugar de hábitat de un pueblo». Antes de formar parte de la Unión Soviética, sus tierras fueron dominadas por tres imperios: persa, mogol y ruso. A mitad de camino, los kazakos se islamizaron y, tras unos 70 años siendo una las repúblicas soviéticas de la URSS, en 1991 por primera vez se convierten en un Estado.

Otros datos claves sobre este país:

- Con sus 2.727.300 kilómetros cuadrados es el noveno país más grande del mundo, el más amplio sin litoral, y siendo de mayoría musulmana (sunnita) es el principal país "musulmán" en cuanto a superficie, aunque el Estado sigue laico y sus musulmanes no son practicantes, al igual que la mayoría de los creyentes del mundo.

- Limita con Rusia, China, Kirguistán, Uzbekistán y Turkmenistán y el Mar (lago) Caspio.

- Está habitado por solo 18,8 millones de personas, pertenecientes a un centenar de grupos étnicos; el 28% son rusos.

- Hablan una de las lenguas túrquicas, y la escriben en cirílico. Planean adoptar la escritura latina en 2025.

- Cerca del 70% de la población es musulmana sunnita, con minorías chiitas; un 20% se declara cristiana y el resto no creyentes.

- Cuenta con inmensas reservas de petróleo, gas natural, cobre y uranio, siendo el principal productor mundial (el 40%) de la materia radioactiva.

- Alberga el cosmódromo de Baikonur, el más antiguo del mundo (años 50): desde donde fue lanzado el Sputnik 1, y Yuri Gagarin y Valentina Tereshkova realizaron sus vuelos espaciales.

Por lo que, su ubicación, su petróleo, gas y uranio le convierten en un país de interés para las potencias mundiales.

Kazajistán o Nazarbáyev SL Company

Nur sultán Nazarbáyev (1940) es la encarnación del chaquetismo: fue el presidente de la República Socialista de Kazajistán entre 1984 y 1991, y después él mismo desmanteló el sistema socialista para sustituirlo por un capitalismo tribal de las estepas. De la noche a mañana, se convirtió en Haji, tras una peregrinación a la Meca, y sembró el país de mezquitas, que lejos de ser un lugar de culto es otra herramienta del control social y retén del progreso.

El mandato de Nazarbáyev ha ido acompañado de una corrupción monumental, dura mano contra la oposición de izquierdas y la clase trabajadora y un obsceno culto a su propia personalidad: ha llegado a cambiar el nombre de la capital de Astaná por el suyo: Nur-Sultán, que también luce en la entrada del aeropuerto a pesar de las protestas ciudadanas.

El clan Nazarbáyev controla los negocios del petróleo y gas, el uranio, la construcción, la minería, la banca y las telecomunicaciones, entre otros. La hija mayor de la "familia", Darigha Nazarbaeva, ha sido presidenta del Senado, viceprimera ministra y, junto con su esposo, fundadora del partido Asar, aliado del partido Nur-Otan de su padre, que copan los escaños del parlamento; la benjamina Dinara y su esposo Timur Kulibaev también se llevan una gran parte del pastel, al igual que el nieto del patriarca, Nurali Aliyev, ex teniente de alcalde de Astaná, banquero y propietario de varias compañías, cuya fortuna conocida asciende a 200 millones dólares.

Un país indignado

Nazarbáyev ya se había enfrentado con varias grandes protestas populares: 

- Abril de 2005 y febrero de 2007: huelgas y manifestaciones de los trabajadores del campo de petróleo de Tengiz. Exigían un convenio colectivo, libertad de actividad sindical y un sueldo decente. La petrolera estadounidense Chevron es el mayor productor extranjero de petróleo en Kazajstán con una participación del 50% en la empresa conjunta Tengizchevroil, y una inversión de 45 mil millones de dólares en la industria, en cuya gestión participa el yernísimo Kulibaev. Parte del pastel también se la llevan la estadounidense ExxonMobily y una contratista de la rusa Lukoil. En 2021, según el Movimiento Socialista de Kazajistán, cerca de 40.000 trabajadores perdieron su empleo en la zona y se han planificado más despidos.

- Diciembre de 2011: ciudad petrolífera de Janaozén. Miles de trabajadores que habían declarado una huelga en protesta por las condiciones de trabajo y los salarios ocuparon las calles tras el despido de varios compañeros. El presidente mandó a la policía dispararles: hubo al menos 15 obreros asesinados y cientos de heridos y detenidos.

- Marzo de 2016: masivas protestas por cambiar la Ley de Tierra y subastar 1.7 millones de hectáreas de tierras agrícolas, antes en gran parte colectivas, en un país que aumenta la nostalgia hacia el pasado socialista, al igual que en el resto de Asia Central.

- Febrero de 2019: manifestación de miles de mujeres que exigían una vivienda digna tras el incendio en un piso en Astaná, que mató a 5 niños de una misma familia.

Aunque Nazarbáyev sacrificase al primer ministro Sagintayev, tuvo que dimitir -sin marcharse-, los continuos escándalos de corrupción de su familia le obligaron a renunciar un mes después. Decidió ejercer el poder desde la sombra, y mientras mantenía el control sobre el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) y otros órganos del poder clave, designó a su leal amigo y presidente del Senado Kasim-Yomart Tokaev como presidente, tras unas elecciones a su medida.

En 2021: más huelgas de los mineros y de los obreros del petróleo en regiones de Aktobe, Kazajstán Occidental, ahora con Tokaev de presidente, y la misma clase social, obviamente, no iban a cambiar la situación a mejor. Por lo que hoy regresan las protestas, aunque con más fuerza que nunca.

El contrato social entre el poder y los ciudadanos, que consistía en que éstos se mantuvieran al margen de la política a cambio de recibir alguna ayuda en forma de subsidios, se ha roto, debido a la lógica de la codicia ilimitada inherente a la burguesía que gestiona el país, quien busca más ganancias recortando los "gastos" en los servicios imprescindibles para la población.

¿Por qué decidió subir el precio del gas?

- La presión mundial, sobre todo de Europa, de recibir mayor flujo de hidrocarburo y más barato: dentro de la actual crisis energética. Para más inri, México ha anunciado que la compañía petrolera estatal reducirá las exportaciones para elevar el uso interno del petróleo.

- Las compañías multinacionales italianas y francesas, Eni y Total, han firmado contratos con KazMunayGas, de propiedad estatal de Kazajistán, y han realizado grandes inversiones para explotar los hidrocarburos en Abay y en el sector kazajo del Mar Caspio: pretenden recuperar sus inversiones en el menor tiempo posible, vendiendo un gas caro.

- El afán del gobierno de maximizar las ganancias como vendedor del GNL, reduciendo su consumo por los ciudadanos que no sólo lo usan lo como combustible en automóviles, sino que un 20% lo hace también para cocinar o calentarse. Por lo que, en vez de aumentar la producción, el gobierno planeó eliminar el subsidio de hasta el 60% que aplica al gas, y así disuadir a la gente de su consumo sin ofrecerles otra alternativa, ¡encima durante el invierno!

- En los próximos meses está prevista la inauguración de un nuevo complejo petroquímico que requerirá 550.000 toneladas del GNL al año, por lo que el Estado deberá reducir las exportaciones de este combustible hasta el 40%, provocando inquietud  en sus clientes internaciones, desde Europa hasta China y Rusia.

- Padecer una profunda "Enfermedad Holandesa" que sufre como gran exportador de petróleo: la suma de corrupción gubernamental y abandonar el desarrollar de otros segmentos de la economía.

- En vez de invertir en la modernización de la infraestructura obsoleta de la producción de energía de la era Soviética, que además causa la pérdida de parte de la producción, el régimen capitalista decidió recurrir al manual de represión.

¿Por qué la indignación popular?

Debemos tener en cuenta que:

- Un tercio de los automóviles del país funcionan con GNL, y además la gasolina es cara.

- Una subida en los precios de combustibles generará un efecto inflacionario sobre todos los bienes de consumo.

El PIB de Kazajistán (la economía número 53 en el ranking mundial entre 196 países) es de 171 mil millones de dólares, para una población pequeña: sí, el país es uno de los más ricos del mundo. ¿A dónde va la fortuna creada?

Antes de que Tokaev mandase a disparar a los manifestantes y cuando aún había alguna posibilidad de llegar a un pacto, la demanda de los indignados, que carecen de organización y líderes, era:

- Un cambio real en el poder.

- Elección directa de los gobernadores que son designados por el presidente.

- Restablecer la Constitución de 1993 que limitaba las facultades del jefe del ejecutivo.

- Dejar de perseguir a los opositores y activistas sociales.

Los 400 mineros de Armlormital Temirtau que se han unido a la huelga general en la industria minera exigen también una subida salarial, bajar la edad de jubilación y tener derechos sindicales y huelgas.

La metamorfosis instantánea del presidente

La ira ciudadana y su magnitud cogió por sorpresa a Tokaev, por lo que, en menos de una semana, cambió varias veces de posición:

- El primer día prometió acelerar las reformas sociales y ampliar las libertades políticas. El segundo, dio marcha atrás en la subida del precio de carburantes, culpó a sus ministros por la medida, disolvió el gabinete y apartó al odiado Nazarbáyev del CSN. Al ver que la gente se negaba a creer al presidente "marioneta" de la familia Nazarbáyev, el tercer día declaró el estado de emergencia y, para desacreditar a los manifestantes y justificar la represión, insultó a la inteligencia de los trabajadores y usó el desgastado mantra de la clase burguesa mundial acorralada y sin imaginación, tachándoles de estar manipulados por los "terroristas a sueldo de extranjero", como si fueran tontos, además de vendepatrias. Presentó como intento de golpe de Estado el lanzamiento de unos cócteles molotov al ayuntamiento, el derribo de una estatua (¡de una docena!) del sultán Nazarbáyev y la irrupción de unos cientos de manifestantes en el aeropuerto de Almaty, que horas después fueron desalojados sin más. Una chiquillada para ser un golpe de Estado, que requiere un complot de generales, tanques en las calles, asaltar los medios de comunicación, etc.

La conciencia a su incapacidad de controlar y gestionar la situación, y la desconfianza hacia la lealtad de las fuerzas armadas kazakas, por si se negaban a disparar al pueblo, fueron parte de los motivos del presidente a solicitar la ayuda a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) para rescatarle.

El Kremlin, que inicialmente había calificado las protestas como un "problema interno", aceptó enviar las "Fuerzas de mantenimiento de la paz":

  1. ¿Acaso cree que hay una guerra con una potencia extranjera?
  2. Si se trata, del "terrorismo internacional", como afirma Tokaev, ¿de qué "paz" habla entonces?
  3. Se pensaba que esta fuerza se había formado para defender a las naciones miembros del Tratado de una agresión de la OTAN, que no para aplastar a los ciudadanos que ejercen su legítimo derecho de levantarse contra sus sin vergüenzas autócratas. Ahora, la rabia de los manifestantes se ha dirigido hacia Rusia.

Una cosa es vigilar a EEUU, que intenta arrastrar a Rusia y China a una guerra, y la entrega de Kabul a los Talibán, el acuerdo de Aukus y las provocaciones en Ucrania sólo han sido parte de su estrategia, y otra perder el norte y caer en su trampa: nada beneficia más a EEUU y sus socios que ver cómo, sin disparar una sola bala, sus rivales cavan su propia tumba.

En este escenario gris no podía faltar Tayyab Erdogan, garbanzo que se mete en todo tipo de sopa -como se dice en persa-, el padre del "nacionalislamismo" de Turquía, país miembro de la OTAN: ha ofrecido a su homólogo kazako "proporcionarle cualquier asistencia que necesite". Erdogan ha lanzado un ambicioso proyecto de "unificación del mundo turco" que incluye a Turquía, Azerbaiyán, Kazajistán, Uzbekistán y Turkmenistán, para contener la influencia rusa y china en Asia central y en Cáucaso.

Las amistades de Astaná

Kazajistán tiene una política exterior multilateral: además de ser miembro de OTSC, es también socio de la Organización de Cooperación de Shanghái, liderada por Beijing y Moscú. Provee el 5% de las importaciones de GNL de China, mientras participa en la mega Iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda. Miles de uigures viven en Kazajistán, al igual que una importante minoría kazaja habita la provincia china de Sinkiang.

En cuanto a Rusia, Astaná le sigue alquilando el cosmódromo de Baikonur y le vende GNL. Kazajistán se abstuvo en la votación del 2014 de la Asamblea General de la ONU, que aprobó una resolución para invalidar el referéndum en Crimea para integrarse a Rusia, y durante sus dos años en el Consejo de Seguridad (2017-2018), votó en numerosas ocasiones en oposición o no alineación con Rusia, incluso cuando presentó una condena a los ataques aéreos estadounidenses sobre Siria.

Astaná tiene buenas relaciones con EEUU y las utiliza para contrarrestar la influencia de sus dos vecinos gigantes en el país: aceptó los 240 millones de dólares de EEUU en asistencia a cambio de eliminar sus armas nucleares, cooperó con Washington en el Afganistán ocupado, y recibió en 2020 al secretario de Estado Mike Pompeo, que iba tantear la posibilidad de una base militar en este costado de China y Rusia.

***

Si continúan las huelgas y manifestaciones y se interrumpe el suministro de GNL desde Kazakstán al mercado europeo y sureste asiático, la represión aumentará. En cuanto al uranio, su precio subió en el mercado a 45,50 dólares por libra, aunque los clientes no muestran nerviosismo: suelen tener una reserva para los próximos 10 años, y la empresa estatal kazaka Kazatomprom y la francesa Orano siguen explotando las minas del país, ubicadas lejos de las principales ciudades.

Los manifestantes no están organizados, ni tienen líderes. El Partido Comunista, que cuenta con alrededor de 70.000 miembros y simpatizantes clandestinos, es ilegal. Por otro lado, es dudoso que Tokayev tenga la capacidad de gestionar esta profunda crisis:  Un panorama bastante inquietante y complejo.

Y una lección desde Kazajistán: dividir el mundo en "Oriente" y "Occidente" o "Norte" y "Sur" es una cortina de humo, en el análisis político, que oculta los problemas compartidos por las clases trabajadoras del mundo, y también la alianza de sus líderes (a pesar de sus discrepancias y rivalidades) cuando se trata de salvar el sistema capitalista, aunque unos se declaren "antiestadounidenses" y otros "antirrusos" en falsos bloques .


Aumenta a 164 la cifra de muertos por los disturbios en Kazajistán

El gobierno reconoce nuevo parte policial en el que se multiplica el número de fallecidos y detenidos

Afp

Kazajistán. Los disturbios en Kazajistán causaron 164 muertes y unos 2 mil heridos, en tanto las autoridades anunciaron ayer haber arrestado a casi 6 mil personas vinculadas a estas sangrientas revueltas que han sacudido durante toda la semana al país más grande de Asia central.

Las cifras no pudieron ser confirmadas por una fuente independiente, pero 103 de las muertes se registraron en Almaty, capital económica, informaron varios medios, citando al Ministerio de Salud.

Fuentes oficiales indicaron que murieron 26 "delincuentes armados" y 16 miembros de las fuerzas de seguridad.

En total, unas 5 mil 800 personas fueron detenidas, "entre las cuales hay muchos extranjeros", durante 125 investigaciones distintas, señaló en un comunicado la presidencia kazaja, sin brindar más detalles.

"La situación se ha estabilizado en todo el país", pese a que las fuerzas de seguridad continúan realizando operativos de "limpieza", añadió la fuente, tras una reunión de crisis convocada por el presidente, Kassym Jomart Tokayev.

Adicionalmente las tropas de un contingente multinacional de la organización del tratado de seguridad colectiva (OTSC), dirigida por Rusia, vigilan instalaciones clave.

Kazajistán, un país con 19 millones de habitantes, rico en hidrocarburos, se vio sacudido por disturbios sin precedentes desde su independencia, en 1989, cuando murieron decenas de personas.

La protesta comenzó el domingo pasado en provincias a causa del aumento de los precios del gas, para extenderse a las grandes ciudades, incluida Almaty, donde estallaron disturbios a los que la policía respondió con balas reales contra los manifestantes.

De acuerdo con el Ministerio del Interior kazajo, citado ayer por la prensa local, los daños materiales fueron estimados en unos 199 millones de dólares. Más de 100 empresas y bancos fueron saqueados y unos 400 vehículos destruidos.

El sábado, fue arrestado el exdirector de los servicios de inteligencia, Karim Massimov, primera figura importante detenida, por sospechas de "alta traición".

Rechazando todo diálogo con los manifestantes, Tokayev autorizó el viernes a las fuerzas de seguridad a "disparar a matar".

Almaty retornó a una calma relativa en los últimos días, y allí agentes de policía disparan tiros al aire para evitar que sus habitantes se aproximaran a la plaza central de la ciudad, constató el sábado un periodista de la Afp.

Señal del tímido regreso a la normalidad, unos 30 supermercados reabrieron ayer para evitar la inquietud de la población sobre una posible escasez, informaron los medios.

En estos días, se veían largas colas de vehículos en las estaciones de servicio de combustible. En Almaty quedan cicatrices de los recientes días de violencia, con fachadas de edificios ennegrecidas por el fuego, y automóviles calcinados bloqueando las calles. El aeropuerto local, que debería reabrir el lunes, permanecerá cerrado "hasta una estabilización de la situación", indicaron ayer las autoridades.

Además del aumento del costo de vida, la figura del ex presidente Nazarbayev, quien gobernó con mano de hierro desde 1989 hasta 2019, se encuentra en el meollo de la cólera de los manifestantes.

Su portavoz, Aidos Ukibai, negó nuevamente que Nazarbayev hubiera abandonado el país, asegurando que apoya a Tokayev.

En el marco de rumores sobre una lucha por el poder, también comentó que Tokayev cedió voluntariamente a Nazarbayev el liderazgo del Consejo de Seguridad Nacional, luego del anuncio de que tomaría las riendas del país.

Además, la crisis kazaja ha provocado más tensiones entre Rusia y Estados Unidos, en un contexto de relaciones difíciles entre ambas potencias. La OTSC se reunirá el lunes por videoconferencia para evaluar la situación en Kazajistán.

 

Tomado del diario La Jornada

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La persecución de Biden a Julian Assange

¡Dejen de criminalizar a la prensa!

Con la persecución que está llevando a cabo en contra del fundador de Wikileaks, Julian Assange, el Gobierno de Biden está liderando el ataque contra el periodismo y fortaleciendo a los aspirantes a autócratas de todo el mundo

Al cumplirse un año de la insurrección que tuvo lugar el 6 de enero de 2021 en Estados Unidos, cuando el expresidente Donald Trump incitó a miles de sus simpatizantes a irrumpir violentamente en el Capitolio con la intención de revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, las amenazas a la democracia continúan en el centro de la escena. Mientras el Partido Republicano se sume en el culto de Trump, activistas progresistas de todo el país luchan para ampliar los derechos electorales y garantizar el desarrollo de elecciones libres y justas. Uno de los principales baluartes de la democracia es la libertad de prensa. Lamentablemente, con la persecución que está llevando a cabo en contra del fundador de Wikileaks, Julian Assange, el Gobierno de Biden está liderando el ataque contra el periodismo y fortaleciendo a los aspirantes a autócratas de todo el mundo.

Julian Assange es el fundador y editor de Wikileaks, un sitio web pionero al servicio de la transparencia. Wikileaks expuso los crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos en Irak y Afganistán, así como también sus prácticas de tortura en Guantánamo y otros abusos de poder, al publicar miles de documentos militares y gubernamentales secretos estadounidenses que los principales medios de noticias de diversas partes del mundo —incluidos los periódicos The New York Times, The Washington Post y The Guardian— utilizaron como base para publicar reportajes que luego fueron ampliamente galardonados. Mientras lucha contra el intento del Gobierno de Estados Unidos de extraditarlo por cargos de espionaje y hackeo de información, Assange se encuentra encerrado en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en Londres, que ha sido descrita como la “versión británica de la prisión de la bahía de Guantánamo”. Si es extraditado, el fundador de Wikileaks podría enfrentar una condena de hasta 175 años de prisión.

Este miércoles se cumplieron 1.000 días de reclusión de Julian Assange en Belmarsh y un grupo de activistas se congregó frente a la prisión para conmemorar la fecha y exigir su liberación. Antes de ser recluido en Belmarsh, Assange pasó casi siete años en la Embajada de Ecuador en Londres, en calidad de asilado político.

Entre los manifestantes se encontraba Stella Moris, pareja de Assange y madre de sus dos hijos menores. Como parte de su campaña por la liberación de Assange, Moris concurrió a la cumbre contra el cambio climático que se desarrolló en noviembre en Glasgow. En esa ocasión dijo a Democracy Now!: “Realmente todo esto ha comenzado a afectarlo. Cada día es una lucha para él. No se vislumbra un final. Esta [situación] puede continuar así durante años”.

Stella Moris anunció la vigilia de protesta por los 1.000 días de encarcelamiento de Assange en un tuit que incluye una grabación de audio supuestamente realizada dentro de la celda de la prisión de Belmarsh donde está recluido Assange. En dicha grabación, los gritos de los reclusos, los ladridos de los perros guardianes y el sonido incesante de puertas de metal que se abren y cierran pintan una imagen cruda de las duras condiciones que se viven dentro de Belmarsh.

En su conversación con Democracy Now!, Stella Moris agregó: “El relator especial de Naciones Unidas sobre la Tortura ha dicho que Julian está siendo torturado psicológicamente. Su salud física se ha deteriorado muchísimo. Lo están matando. Si muere, es porque lo mataron. Lo están torturando hasta la muerte”.

Stella Moris reveló recientemente que Julian Assange sufrió un pequeño accidente cerebrovascular en prisión el 27 de octubre, el primer día de su audiencia de apelación ante el Tribunal Superior de Londres. Ese tribunal finalmente falló a favor del Gobierno estadounidense para que Assange pueda ser extraditado. Assange está actualmente solicitando permiso a ese mismo tribunal para apelar el fallo ante la Corte Suprema del Reino Unido.

Las amenazas a periodistas y trabajadores de los medios en todo el mundo han ido en aumento. El Comité para la Protección de los Periodistas declaró que, al 8 de diciembre, 24 periodistas habían sido asesinados en el cumplimiento de su deber en 2021 y se cree que otras ocho muertes estuvieron relacionadas con el trabajo periodístico. Asimismo, 293 periodistas fueron encarcelados durante 2021, lo que constituye una cifra récord.

El 9 de diciembre pasado, el presidente Joe Biden inauguró la “Cumbre por la Democracia”, organizada por la Casa Blanca, con las siguientes palabras: “Medios de comunicación libres e independientes. Esa es la base de la democracia. Así es como la población se mantiene informada y como los Gobiernos rinden cuenta de sus actos. En todo el mundo, la libertad de prensa está amenazada”.

Las palabras del presidente Biden son ciertas, pero suenan huecas, ya que su Departamento de Justicia busca encerrar en prisión a Julian Assange de por vida, por el simple hecho de desempeñar justamente las funciones de la prensa libre que Biden elogia.

Refiriéndose a los periodistas María Ressa, de Filipinas, y Dmitry Muratov, de Rusia, quienes fueron galardonados con el Premio Nobel de la Paz 2021 por los valientes informes que llevaron a cabo mientras estaban bajo la amenaza de sus Gobiernos, el director ejecutivo adjunto del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), Robert Mahoney, dijo el 10 de diciembre: “El mismo día que se honra a los periodistas con el Premio Nobel de la Paz, un tribunal del Reino Unido dictamina que Estados Unidos puede extraditar a Julian Assange, un fallo que daña gravemente al periodismo. […] La obstinada persecución del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el fundador de WikiLeaks ha sentado un precedente legal dañino para la prensa […]. Esta semana, en su Cumbre por la Democracia, el Gobierno de Biden se comprometió a apoyar al periodismo. Para ello, podría comenzar por eliminar la amenaza que ahora enfrentan los periodistas de investigación de todas partes del mundo de ser juzgados según la Ley de Espionaje”.

Una coalición de 24 organizaciones internacionales —incluidas Human Rights Watch, la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles, Freedom of the Press Foundation, PEN America y Reporteros sin Fronteras— instaron al Gobierno de Biden a detener el juicio contra Assange, afirmando que este “amenaza la libertad de prensa porque gran parte de la conducta descrita en la acusación es la conducta de muchos periodistas en su día a día, y la que deben adoptar para poder hacer el trabajo que la ciudadanía necesita que hagan”.

La democracia está bajo ataque. El presidente Biden debe cumplir con su promesa de apoyar la libertad de prensa, que actualmente se necesita más que nunca, y abandonar la persecución contra Julian Assange.

Por Amy Goodman - Denis Moynihan | 10/01/2022

Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

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Aliados y agresores, ¿qué significa el silencio de los hombres ante la violencia de género?
 
 

No quiero hablar tanto del asesinato en sí, sino del silencio con el que se encontró. ¿Por qué hay un silencio tan grande de hombres ante casos como éstos?

 

Escribir este artículo será duro. Primero, porque parte de un hecho horrible y doloroso. Segundo, porque no tengo claro del todo mi postura, pero creo que romper el silencio cómplice implica también hablar desde la duda y, aunque no sepamos exactamente qué postura tomar, dejar claras un par de cosas.

Antes que nada, me gustaría plantear la base indiscutible: no solo es horrible lo que ha sucedido en Madrid con relación a Julien Charlon, el hombre que asesinó a su hija de 3 años para dañar a su expareja (es decir, violencia vicaria) y después se suicidó. Sino también resulta bochornoso el silencio que se ha dado entre los hombres que militamos en el cambio y la igualdad (y más bochornoso aún la defensa al asesino que ha habido en espacios periodísticos).

Este caso tiene algo de especial. Este hombre era un conocido activista en el entorno vecinal de Lavapiés, así como fotógrafo en la Casa Encendida y en varios proyectos sociales. Entre ellos, participó en algunos proyectos feministas, por lo que la polémica es clara. Sin embargo, no quiero hablar tanto del asesinato en sí (¿hay algo de lo que hablar?) sino del silencio con el que se encontró ¿Por qué hay un silencio tan grande de hombres ante casos como éstos? Hoy quiero hablar de maltratadores, aliados y política.

Masculinidades dubitativas

Cuando se escribe sobre masculinidades, una tiene que elegir entre dos opciones: o escribir para el movimiento feminista y las personas ya convencidas o escribir para los hombres en proceso de cambio. Las personas que ya me han leído saben que suelo decantarme por la segunda. Me parece más adecuado, políticamente útil y transformador dada mi posición. También resulta más polémico. Cuestión de riesgos, supongo.

La cosa es que, dada esta situación, habría que ser precavidas. A la hora de hablar de hombres comprometidos con el cambio, hay que saber distinguir entre hombres que están comprometidos por unos valores profundos de autocrítica, justicia y coherencia moral; y otros hombres a los que esto del cambio se les puso delante y están intentando surfear la ola sin saber mucho de qué va el asunto, sin creérselo mucho o aceptándolo pero hasta cierto punto. Pero para ambos tipos se aplica la misma regla: no hay final utópico de la deconstrucción.

No quiero ser catastrofista, ni caer en individualismos moralizantes o esencializar la violencia en los hombres. Nada de eso. Pero hay que recordar que posiblemente nunca estemos más allá del machismo. Es decir, no llegaremos a ese momento en el que no reproduzcamos relaciones de poder, ejerzamos violencias o saquemos ventaja de los privilegios. Y no pasa nada, es decir, la vida sigue desde la contradicción. Pero debemos tener claro esto: la vida sigue desde dentro del patriarcado y, por lo tanto, con un imperativo de duda y precaución permanentes.

¿Qué implica entender esto? Entre otras cosas, que, a nivel personal, no podamos confiar del todo en nuestra perspectiva. ¡Cuidado! No quiero decir con esto que debamos entrar en la duda neurótica y en la auto-luz de gas. Pero sí que más nos vale dudar un poco de lo que creemos (ser un pelín más socráticos y saber que, en cuestión de género, sabemos más bien poco), escuchar más, hablar menos, leer y entender que, como medida de precaución, es útil pensar que nunca seremos totalmente conscientes de la violencia que reproducimos.

También implica que, por muy fuerte que creamos que es, nuestro compromiso con la igualdad no siempre es suficiente porque depende de nuestra percepción y ésta, en muchas ocasiones, está muy enraizada en prejuicios o mecanismos defensivos que nos hacen exculpar comportamientos abusivos que podemos tener por razones que consideramos justas.

Dilemas identitarios

Ahora bien, entiendo también la necesidad que muchos tenemos de sentirnos parte de algo y acabar con la sensación de estar siempre siendo el malo, el error, el problema. Esto tiene unas importantes implicaciones identitarias: ¿puede habitarse la categoría de malo? ¿Cuánto puedo sostener la mirada del reflejo que me dice que soy violento, machista o el problema social? En ese sentido, es fácil entender lo psicológicamente tentador que supone descansar identitariamente y pensar que en algún momento puedo parar con la duda, con la incertidumbre y el vértigo. 

Esto supone una tensión importante para cualquier hombre. Y no estoy aquí para dar lecciones, pero sí para avisar de lo delicado que este funambulismo. Caer en posiciones complacientes por cansancio puede ser comprensible, pero el riesgo que corremos es el de estar pasando por alto relaciones de mierda, comportamientos de mierda o daños generados de los que no somos conscientes (y de los que no nos responsabilizamos).

Por esto resulta tan espinoso el tema del aliado. Por un lado, resulta lógico que los hombres queramos salvaguardar parte de la identidad en este concepto: es de los pocos espacios positivos desde los que poder emerger como hombres. Sin embargo, por otro lado, ya son muchos los casos en los que ese chubasquero identitario del aliado (el cual nos permite resguardarnos de la lluvia del malestar) ha operado justificando comportamientos abusivos. Hablando en plata: ha habido (y sigue habiendo) hombres que mientras se identifican como aliados reproducen a su vez relaciones violentas.

Las aristas del aliado

Por esto, es comprensible la respuesta de gran parte del movimiento feminista frente a la figura del aliado. Con brillantes aportes como el de June Fernández en su famoso artículo El maltratador políticamente correcto, se demostró ya cómo el acceso a los hombres a posiciones igualitarias a veces opera camuflando las violencias sutiles (como la luz de gas) y haciendo que las relaciones de poder sean más difíciles de identificar. Y es que efectivamente, muchas veces la posición de aliado supone un pedestal que nos da más valor social y por lo tanto, se vuelve atractivo para hombres más centrados en ganar valor para sí mismos que en lo que generan en su entorno.

Así como hay interseccionalidad en el padecimiento de la opresión, hay interseccionalidad también en el ejercicio: cuando se suman más ejes, las relaciones de poder se vuelven más complejas. Cuando además de la relación de poder de género, estoy en posiciones de ventaja de clase (mayores ingresos, mayor tiempo libre), ventajas sociales (más fama, más capital cultural) o raciales (documentación, permiso laboral, sin marcas raciales), es fácil que para uno mismo las relaciones de poder que ejercemos sean difíciles de identificar. Pero eso no quiere decir que no las reproduzcamos, como hemos explicado en el capítulo sobre este tema de nuestro podcast Esas cosas del follar.

Con todo esto, ¿cómo no esperar que haya un escrutinio desconfiado por parte del movimiento feminista? Y en realidad, este escrutinio no tiene por qué ser malo, al revés, puede venir bien para tener un contra-relato, una presión crítica que nos ayude a ver con otra perspectiva lo que hacemos (o lo que no hacemos). 

Ahora bien, existe también una tensión en la desconfianza. Hay quien vio en el horrible incidente de Lavapiés una muestra de que no hay que fiarse de los hombres cercanos a la lucha feminista. Esto lo entiendo como comentarios desde la rabia y el dolor. Y me parecen legítimos. Pero también me lo parecen aquellos comentarios de hombres que intentan distanciarse de este asesinato por resultarles incomprensible cualquier cercanía con un acto tan atroz. Aunque en este caso, el resultado de este distanciamiento es el de patologizar la violencia desde el capacitismo y la neuronorma (“estaba loco”), simplificar sus causas (“era malo”) o crear una alteridad marginada (“no todos somos así”) con la que podemos jugar al “si no lo veo no existe”.

Quizás por esto muchos hombres guardamos silencio frente a casos de violencia como éste (salvo cuando toca defender que no todos somos así en redes sociales), porque no podemos aguantar la idea de estar más unidos al asesino que lo que nos gustaría. 

No obstante, evitar ver este abismo (el que la violencia está ahí y que como hombres lo tenemos muy fácil para acceder a ella si así lo queremos) difumina la importancia de nuestro compromiso activo en no querer reproducir violencias y generar daño. Porque la opción está ahí, y es de ciegos negarlo. El silencio que guardamos los hombres frente a casos como este genera una distancia que es peligrosa: el silencio frente a los asesinatos presupone que no nos apela porque no somos como ellos, y con ello, separamos al hombre del monstruo. Pero también difumina la importancia del compromiso, de que el no ejercicio de la violencia es una elección, un ejercicio. El silencio no nos hace cómplices, pero sí nos ciega. Nos impide ver que no es una decisión, que ya estamos implicados en esa violencia y que es hablar, escuchar y aprender lo que marca la diferencia.


Fuente: https://www.elsaltodiario.com/masculinidad-en-demolicion/aliados-agresores-significa-silencio-hombres-ante-violencia-genero

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Policías del Capitolio apuntan a alborotadores en el asalto del pasado 6 de enero.Foto Ap

Nueva York., La creciente violencia política promovida por extremistas antimigrantes están amenazando con una "guerra civil", como parte de su estrategia para reconquistar el poder politico nacional.

La amenaza de violencia política, incluso armada, es abierta y explícita, difundida de forma cotidiana en redes sociales, radio, televisión por fuerzas derechistas cobijadas por un Partido Republicano ahora subordinado a Donald Trump y sus aliados.

Las autoridades, desde el Departamento de Seguridad Interna, la FBI y otras agencias de inteligencia y seguridad nacional repiten que la mayor amenaza de violencia "terrorista" en Estados Unidos proviene de fuerzas extremistas estadunidenses, muchas aglomeradas en torno a la supremacía blanca y doctrinas antimigrantes, incluyendo neonazis.

En mítines y comunicaciones de estas fuerzas prevalecen símbolos y referencias racistas, como la bandera de la Confederación pro-esclavista de la primera Guerra Civil, junto con imágenes y consignas neofascistas. Muchas fueron portadas por algunos de los que participaron en el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero.

"Parece que una guerra civil será inevitable" y "tendremos guerra civil en las calles antes de que Biden sea presidente", fueron algunas de las múltiples versiones de este tipo de mensaje que inundaron las redes sociales al culminar la elección presidencial de 2020.

Según una nueva investigación de ProPublica y el Washington Post, más de 650 mil mensajes de este tipo fueron subidos a Facebook amenazando con guerra civil, ejecuciones de políticos (incluido el vicepresidente de Trump y la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes) y otro tipo de violencia, entre el día de las elecciones presidenciales, a principios de noviembre, y el 6 de enero con el asalto al Capitolio.

Esos mensajes no han cesado, a más de un año de los comicios, mientras Trump y una mayoría abrumadora de republicanos –entre ellos varios legisladores– siguen promoviendo la versión de que Joe Biden ganó por un gran fraude en el cual participaron indocumentados.

La mayoría de republicanos, según encuestas, rechaza que el asalto al Capitolio haya sido un acto ilegal, y considera en cambio que fue una protesta legítima contra "la tiranía", e incluso contra "demócratas izquierdistas radicales". Algunos, entre ellos legisladores, se refieren a los más de 700 arrestados por su participación en ese asalto en términos de "prisioneros políticos".

Trump insiste en emplear una retórica diseñada para justificar la violencia política, al calificar a cualquiera que no esté de acuerdo con él de "enemigo" de la patria, y para ello hasta usa la ya anticuada, pero aparentemente aún efectiva, retórica de la guerra fría.

Los demócratas, incluido Biden, "son viciosos, violentos y brutos de la izquierda radical", escribió Trump a sus seguidores hace unos días, al criticar el manejo de la política exterior y doméstica afirmando que "están dejando que ingresen delincuentes y asesinos a nuestro país", en referencia a los migrantes. Concluyó: "amigo, esto es lo que ocurre en países comunistas y dictaduras. Nunca dejaré de luchar para salvar a América".

O sea, esto no es una disputa política entre contrincantes, sino una lucha para "salvar" al país del "enemigo".

Esa retórica está dirigida a las mismas fuerzas que no sólo expresan su disposición a emplear la violencia, sino que están armadas. Por lo menos 23 millones de armas de fuego fueron compradas en 2020, un incremento de 64 por ciento comparado con 2019 (otros cálculos estiman un total de 40 millones de armas compradas por 17 millones de personas). En 2021 se agregaron millones más a ese arsenal ciudadano en el cual ya existían más de 300 millones de armas (no hay cifras oficiales). La mayoría de los compradores se identifican como conservadores o republicanos. Aunque antes la justificación más frecuente para su compra era para cacería o uso deportivo, eso ha cambiado, pues muchos más argumentan que es para "autodefensa" o el resguardo ciudadano contra "abusos" de gobiernos.

Más aún, en mítines políticos, manifestaciones y marchas, los simpatizantes de Trump y/o de agrupaciones derechistas muestran con orgullo sus armas. Algunos las han usado con efectos fatales, otros se han presentado en acciones de protesta donde amenazan a políticos opositores, incluso en sedes de gobierno, desde el Capitolio, en Washington, hasta instalaciones oficiales estatales.

Analistas políticos siguen expresando su sorpresa porque, de repente, un sector significativo de este país aparentemente está dispuesto a disputar la política a balazos. "La idea de que la gente tomaría las armas contra una elección estadunidense ha pasado de ser un completo disparate, a algo para lo cual nos tenemos que preparar", comentó a Newsweek el profesor Adam Winkler, de la Universidad de California en Los Ángeles, experto en armas y derecho constitucional.

“Estados Unidos hoy día, otra vez, está encaminado hacia la guerra civil… los problemas políticos son tanto estructurales como inmediatos, la crisis es de largo plazo y se está acelerando”, afirmó el comentarista Stephen Marche, autor del nuevo libro La próxima guerra civil, a The Guardian. Señaló que el sistema político podría colapsar por una crisis de legitimidad, nutrida por una derecha que promueve la violencia para conquistar el poder.

Noam Chomsky califica a Trump y a sus estrategas de "protofascistas, en donde muchos de los síntomas del fascismo son aparentes; el recurso a la violencia, la creencia que la violencia es necesaria". En entrevista con Democracy Now, agregó que si logran recuperar el poder, llevarían al país más poderoso del mundo "al precipicio" con consecuencias devastadoras para todo el planeta.

En este primer aniversario del asalto al Capitolio del 6 de enero, el cual sacudió el universo político estadunidense, se ofrecerán narrativas opuestas sobre lo ocurrido. El presidente Biden y otros líderes demócratas pronunciarán discursos y marcarán con actos solemnes lo que consideran uno de los peores ataques contra la democracia estadunidense, mientras Trump, por su lado, programó una conferencia de prensa ese mismo día para continuar nutriendo su movimiento derechista.

Para muchos, la democracia estadunidense sigue al borde de un precipicio.

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Ariel Henry participaba de una misa para celebrar el 218º aniversario de la independencia del país. Imagen: AFP

Al menos una persona murió y varias resultaron heridas en la ciudad haitiana de Gonaives durante el ataque de una banda armada contra el primer ministro, Ariel Henry, y su comitiva que salían de una iglesia tras el oficio de una misa en conmemoración del 218º aniversario de la independencia. En el interior de la parroquia Saint Charles de Borome no había fieles, solo autoridades locales y la delegación del gobierno. 

La ceremonia se celebró a pesar de las amenazas del grupo armado, que le sugirió a Henry que no se presentara en la ciudad. Los irregulares fuertemente armados que controlan la zona dispararon en dirección a la delegación oficial, mientras las fuerzas que protegían respondían la agresión y sacaban del lugar al primer ministro a toda velocidad.

Haití atraviesa una grave crisis en prácticamente todos los órdenes, siendo uno de los más difíciles de superar la operación de bandas fuertemente armadas que controlan parte de Puerto Príncipe y otras zonas del país. La situación empeoró aún más tras el asesinato del presidente Jovenel Moise por un comando que entró sin resistencia a su casa el pasado siete de julio.

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San Marcos, Ancash 2013/ Créditos : Martín Mejía

En Perú hay 138 “convenios de prestación de servicios policiales extraordinarios” que permiten que policías, con sus propios uniformes, presten sus servicios a empresas mineras.

En Perú, el gobierno de Pedro Castillo deberá resolver qué hacer con la legislación que ampara los convenios de seguridad que empresas privadas acuerdan con la Policía Nacional del Perú (PNP), y qué hacer con los propios convenios que están vigentes.

Estos convenios son una grave anomalía para un estado de derecho porque lo que hacen es comercializar los servicios policiales, poniéndolos al servicio no del interés general, sino de intereses particulares demasiado a menudo enfrentados a las demandas de las comunidades en defensa de su territorio.

Un reciente reportaje de investigación de las redes de periodistas Convoca y CONNECTAS ha puesto de manifiesto los últimos datos disponibles sobre el alcance de los convenios que la Policía Nacional ha firmado con distintas empresas extractivas que se dedican a la explotación de los recursos minerales y energéticos.

Los principales datos de febrero de 2003 a mayo de 2021 resaltan que en este período se firmaron 181 convenios y adendas por un valor de 18,5 millones de dólares, y que al menos 20 convenios se firmaron con 13 empresas involucradas en conflictos ambientales por sus actividades extractivas.

Los diferentes gobiernos peruanos, al menos hasta ahora, han hecho una fuerte apuesta por el extractivismo, dando todo tipo de facilidades a las grandes empresas transnacionales para extraer los recursos naturales, minerales y energéticos de Perú, uno de los mayores productores de cobre, oro y plata del mundo. Han dado facilidades tributarias, normativas y ambientales para propiciar un crecimiento de la inversión extractiva. Las concesiones mineras abarcan 18,137 millones de hectáreas, que son el 14,8% de todo el territorio de Perú. Actividad extractiva impulsada también por la creciente demanda mundial de metales preciosos necesarios para la fabricación de dispositivos electrónicos, la multiplicación de centros de datos o la industria del automóvil. Alemania, por ejemplo, es la primera importadora de minerales de Perú y su industria del automóvil la principal consumidora. El auge del coche eléctrico también agrava los problemas por la gran cantidad de materias primas que requieren vehículos y baterías.

Este afán extractivo es la principal fuente de conflictos sociales y ambientales en Perú. La Defensoría del Pueblo contabiliza 170 conflictos sociales, conflictividad que se mantiene desde los últimos 20 años. De estos, un 70% son conflictos socioambientales, vinculados en un 65% a la actividad minera, un 15% a hidrocarburos y un 6% a energía, entre otros. Unos son conflictos con el objetivo de que las empresas mineras tengan una actitud de respeto por los derechos de las comunidades locales y poder negociar los impactos ambientales y las aportaciones a la economía local; y otros son conflictos de resistencia a megaproyectos por su impacto en las dinámicas locales, los daños a las actividades agrícolas, la ganadería, o el turismo, o el propio acceso al agua. Conflictos en los que se reclama el derecho de las comunidades a ser consultadas y a que se respete su visión de futuro.

Pero empresas y Estado están vulnerando numerosos derechos: a recibir, buscar y difundir información, a la vida, a un medio ambiente saludable, a la salud, a la libertad de tráfico, a la protesta, a disfrutar y disponer plenamente de los recursos naturales, a la seguridad e integridad personal y ha provocado contaminación, deterioro de los recursos naturales, degradación de los recursos productivos, desplazamiento interno, muertes a consecuencia de tortura o uso excesivo de la fuerza, abusos sexuales y violaciones de mujeres. La respuesta a estos conflictos, según los registros de la Defensoría del Pueblo, ha causado entre 2006 y 2020, 289 muertos y 5.098 heridos, la mayoría civiles.

Los convenios de la Policía con las empresas extractivas forman parte de la política de los diferentes gobiernos peruanos para facilitar la explotación de los recursos por empresas extranjeras a pesar de la oposición, muy a menudo, de las comunidades locales. Forman parte de la estrategia que el estado peruano ha llevado a cabo para neutralizar y aplacar la protesta social. Estrategia que ha comportado la criminalización de la protesta social, promulgando leyes que sancionan y sobrepenalizan todo lo relacionado con el conflicto social.

El sistema judicial también toma parte activa en esa estrategia. Se judicializa con procesos interminables a quienes ostentan liderazgos sociales para desgastar el movimiento. Los procesos se trasladan a jurisdicciones muy distantes para hacer muy costosos los desplazamientos de las personas encausadas que son obligadas a asistir personalmente a los juzgados. El acoso judicial de líderes y lideresas sociales contrasta vivamente con la resistencia de jueces y fiscales a establecer responsabilidades penales por las muertes y daños a civiles en contextos de protesta socioambiental, para procesar a policías, mandos policiales y responsables políticos de las operaciones de control interno. Se hace un uso continuado de la declaración de estado de emergencia en zonas de conflictos permitiendo la intervención de las fuerzas armadas, se militariza el conflicto social con la intervención militar y policial confrontando al manifestante como “delincuente” o “enemigo”.

Es en este contexto de criminalización de la protesta social que las empresas extractivas, mineras, petroleras y gasísticas han estado firmando convenios de servicios extraordinarios con la Policía Nacional de Perú. Como ejemplo se pueden señalar algunas de las principales empresas que han firmado convenios y los conflictos que protagonizan.

Yanacocha, la mayor mina de oro de América Latina y la segunda más grande de todo el mundo, propiedad de la multinacional norteamericana Newmont Míning, firmó 4 convenios y 12 adendas. La oposición a la explotación del Cerro Quilish y al proyecto Conga, ambos en la región de Cajamarca, por la afectación a lagunas y fuentes ubicadas en las cabeceras de cuenca hídrica generaron contundentes acciones de protesta. Durante la vigencia de los convenios con la policía en julio de 2012, la actuación policial causó la muerte de 5 manifestantes, decenas de heridos de consideración y cientos de personas procesadas. Cabe destacar también la persecución de la líder Máxima Acuña y su familia, desalojada ilegalmente repetidas veces, condenada injustamente por denuncias de la empresa, y a la que se le niega, a ella y sus acompañantes, el libre acceso a las lagunas.

Southern Perú Copper Corporation ha firmado 11 convenios de seguridad, entre los que se involucra el proyecto de Tia Maria, en Arequipa. En 2009 comenzó la oposición a este proyecto por el temor a los daños ambientales y la afectación a la agricultura que provocaba, reiniciándose en 2014 después de aprobarse el estudio de impacto ambiental. En abril de 2011 la represión contra manifestantes dejó cuatro muertes, varios heridos de gravedad y 16 detenidos. Las protestas de 2015 se saldaron con un fallecido y 11 personas heridas. En 2018 líderes y alcaldes del Valle del Tambo fueron denunciados por asociación ilícita para delinquir y continúa la persecución política y detención de opositores en el proyecto de Tia Maria.

La Minera Las Bambas lleva firmados cinco convenios con la policía. Es propiedad de la china MMG desde 2014 cuando fue traspasada por la suiza Glencore. Las Bambas produce el 18,8% del cobre peruano y el 2% de total mundial. A pesar de la oposición de las comunidades, el estado peruano sigue apoyando la construcción de este proyecto. Desde 2011 Las Bambas mantiene un conflicto con las comunidades del Corredor Minero del Sur, que atraviesa 37 comunidades campesinas quechuas de Apurímac, Cusco y Arequipa. En 2015, mientras estaba vigente el convenio de seguridad, la modificación por la minera del estudio de impacto ambiental y la negativa a construir un mineroducto para dejar de llevar los minerales por carretera hizo que estallara uno de los conflictos más graves. El gobierno envió a 1.500 policías para dispersar las manifestaciones, y tres manifestantes murieron por el impacto de proyectiles de la policía. Un año más tarde otro manifestante moría por impacto de bala.

También Minera Antapaccay ha firmado convenios con la policía. Antapaccay continúa el proyecto Tintaya, minería de cobre a cielo abierto, en Espinar, departamento de Cuzco, que ha ido cambiando de manos: de la australiana BHP Billiton, pasando por la suiza-británica Xstrata, que en 2013 se fusionó con Glencore. Tres décadas de minería en la zona han generado contaminación ambiental y desplazamiento de comunidades. En 2012 dos campesinos fueron muertos y varios heridos por la policía en Espinar. En 2018 efectivos policiales de Espinar y la minera Glencore agredieron a mujeres de la comunidad de Alto Huarca; el gobierno peruano declaró el estado de emergencia a todo el corredor minero, tres dirigentes serán juzgados por las protestas ambientales, y también existe acoso social y político contra la Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio y Cultura K'ana de Espinar .

¿En qué consisten los convenios firmados con la Policía?
A pesar de que varias organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos lo habían solicitado repetidamente no fue hasta primeros de 2017 que la PNP empezó a dar información sobre los convenios. De estos datos el informe Convenios entre la Policía Nacional y las empresas extractivas en el Perú de 2019 analizaba las principales características de los 138 “convenios de prestación de servicios policiales extraordinarios”, tal y como los llama la ley General de la Policía Nacional de Perú, concertados con empresas extractivas hasta el año 2018.

El marco legal peruano permite que la PNP pueda pactar acuerdos con empresas privadas para que efectivos policiales hagan de agentes de seguridad privada en las instalaciones y áreas de influencia de las empresas extractivas, a cambio de una contraprestación económica.

Esta contraprestación, desde 2017, se paga a la PNP la que después hace el pago a cada efectivo policial que realizó el servicio, al tiempo que se queda una parte. Primero se estipulaba un tanto en el convenio que podía oscilar al equivalente entre el 2 y el 20% pagado a los efectivos policiales y a partir de 2017 se reguló en un pago fijo por cada hora de trabajo de cada policía que prestara un servicio extraordinario.

Los efectivos policiales para realizar el servicio extraordinario son policías fuera de servicio, ya estén de vacaciones, o de permiso, aunque algunos convenios señalan que personal de servicio regular podrá prestar simultáneamente servicios policiales ordinarios y servicios policiales extraordinarios en favor de las empresas extractivas.

La mayoría de convenios señalan el número exacto de efectivos policiales asignados, entre dos y 32 en la mayoría, pero seis convenios establecen de 50 a 140 efectivos y 19 más que el número señalado puede aumentar en función de las necesidades de la empresa; 35 no precisan número dejándolo al albedrío y necesidades de la empresa, como el firmado por Minera Las Bambas en agosto de 2016.

Las mineras y petroleras que solicitan estos servicios también especifican, en muchas ocasiones, el tipo de policías que quieren, prefiriendo a los que provienen de unidades con alta capacitación y especialización en acciones antiterroristas e inteligencia, patrullaje en zonas de conflicto, con experiencia en enfrentamiento armado y táctico contra grupos subversivos o de narcotráfico.

La mayoría de convenios establecen que en la prestación del servicio extraordinario los policías harán uso de su uniforme y armamento reglamentario de la PNP. Y en algunos se estipula que se podrá utilizar, junto con el reglamentario, armamento de propiedad particular del efectivo policial, y en los menos sólo armamento particular.

El servicio extraordinario se prestará en la empresa contratante y en las zonas de influencia que estipule el convenio. En convenios más antiguos no habían tenido ningún reparo en incluir en las zonas de influencia vías públicas, comunidades o distritos enteros.

El ejército peruano también ha firmado convenios con compañías mineras, como el “convenio de colaboración recíproca” que firmó con la Compañía minera Afrodita SA, el 3/5/2010 donde se comprometía al transporte de personal a la zona de concesiones, a seguridad y a comunicación.

La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales Culturales y Ambientales de la Comisión interamericana de Derechos Humanos ya expresó en 2018 su preocupación por estos convenios, y en 2020 el relator especial de Naciones Unidas para la situación sobre los defensores y defensoras de Derechos Humanos, Michel Forst, calificó directamente estos convenios como una “comercialización” de la fuerza policial.

Las consecuencias de esta mercenerización de la fuerza pública atentan directamente contra los derechos humanos y las comunidades que se oponen a los proyectos extractivos que destrozan su territorio. Se genera una forma de protección del interés privado, el de las empresas extractivas, en detrimento de la independencia e imparcialidad que debería tener la fuerza pública, tal y como se ha visto en los conflictos sociales producidos en las zonas de influencia directa o indirecta de los proyectos extractivos.

La misma naturaleza de muchos de los convenios expresa que se hacen para contrarrestar la oposición social a proyectos extractivos, por lo que las empresas especifican que quieren policías con experiencia de conflicto, de lucha antiterrorista, de las unidades más especializadas, de unidades de control de multitudes.

Al permitir el uso del uniforme y el armamento reglamentarios para realizar los “servicios extraordinarios” o incluso que se puedan simultanear servicios extraordinarios con servicios ordinarios se fomenta una confusión que presenta agentes privados al servicio de intereses privados como agentes de la autoridad estatal.

Los policías que prestan los servicios extraordinarios cobran de la empresa, la relación de trabajo que se establece les vincula a ellas y a sus puntos de vista, poniéndolos de parte de los intereses de la empresa frente al derecho a la protesta de la ciudadanía, de las comunidades que se oponen al expolio de su territorio y a la destrucción del medio ambiente. Al permitir estos convenios el estado peruano adopta el punto de vista de los intereses de las empresas extractivas en lugar de dar protección a la población local frente a los daños que sufre y los ataques a sus territorios. Las empresas extractivas, a su vez, en lugar de resolver el fondo de los conflictos, responden con la presión y la violencia policial poniendo el estado de su parte.

Pedro Castillo, prometiendo el cambio contó para ser elegido presidente de Perú con buena parte del voto de las poblaciones más afectadas por la minería, y Mirtha Vásquez, presidenta del Consejo de Ministros desde el pasado 6 de octubre, fue la abogada de Máxima Acuña en su lucha en defensa de las lagunas contra la minera Buenaventura y criticó duramente la política de criminalización de la protesta social. Será necesario ver que hacen con la utilización privada de la Policía Nacional que permiten los convenios con las empresas y cómo acaban con la prioridad de la minería por encima de la salvaguardia de los pueblos y el medio ambiente. De momento la CONFIEP, principal asociación empresarial y las empresas extractivas, en la voz de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, ya han empezado a maniobrar para impedir que se atiendan a las demandas de las comunidades afectadas por la minería queriendo excluir la renovación de las concesiones mineras de las potestades gubernamentales.

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