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Policía antinarcóticos durante un operativo en una propiedad de Carlos Mario Jiménez, en Caucasia, Colombia, el 13 de marzo de 2009. William Fernando Martinez (AP)

Los documentos emergieron durante un juicio al exjefe paramilitar Macaco por el asesinato del líder y periodista Eduardo Estrada

El 27 de septiembre, durante un juicio contra Carlos Mario Jiménez, Macaco, temido exjefe paramilitar, en una corte federal en Florida salieron a la luz documentos desclasificados de la CIA y el departamento de Estado que confirman que en Colombia hubo una “relación simbiótica” entre las fuerzas del Estado y los grupos paramilitares.

“Los actores estatales apoyaron activamente las operaciones del Bloque Central Bolívar BCB (que encabezó Jiménez) mediante el intercambio de inteligencia, armas y uniformes militares”, escribió el juez federal Edwin Torres en su fallo, considerado un hito. La sentencia responsabilizó a Macaco del asesinato de Eduardo Estrada, un líder social y periodista baleado en 2001 en el departamento de Bolívar, y de la tortura de su esposa, como parte de una demanda civil presentada a nombre de varias víctimas. La justicia ordenó también el pago de 12 millones de dólares a los familiares de las víctimas.

Para llegar a esa conclusión, Torres se apoyó en al menos una decena de informes desclasificados de la CIA y el departamento de Estado, que han sido publicados por el portal informativo National Security Archive en distintos momentos. Se trata de una serie de informes, memos y cables diplomáticos que dan cuenta de la colaboración entre esos escuadrones y el Estado colombiano, una verdad a voces en el país que era conocida también por el Gobierno estadounidense, como ahora se demuestra.

“El Ejército los trató ‘bien”

En 2001, la CIA reportó que meses antes del asesinato de Estrada, el Ejército colombiano “trató bien” a los paramilitares del BCB y a otro bloque de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). El documento indica que debido a una operación estatal los paramilitares fueron “temporalmente obligados a reubicarse”, y algunos fueron detenidos. Sin embargo, “los capturados durante la operación fueron posteriormente liberados, junto con sus armas”.

“Esta decisión (el fallo contra Macaco) es el resultado de la incansable lucha de las víctimas por su derecho a la verdad y a la justicia, cuando por poco les fue arrebatado este derecho al ser Macaco extraditado exclusivamente por cargos de narcotráfico”, señala a EL PAÍS Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), que acompañó el caso junto al Center for Justice and Accountability (CJA). “La decisión demostró lo que Macaco por muchos años negó en tribunales colombianos, su participación y responsabilidad en el asesinato de Eduardo Estrada, ya que argumentaba que no se encontraba en la región del Magdalena Medio para la época de estos hechos”, explica Gallón.

“No los persiguen activamente”

Otro de los documentos divulgados por NSA es un análisis de la embajada de Estados Unidos en Bogotá fechado en 1999 que asegura que “las Fuerzas Armadas de Colombia no han perseguido activamente a los miembros de los grupos paramilitares porque los ven como aliados en la lucha contra la guerrilla”.

El mismo informe señala que los paramilitares controlan los cultivos de uso ilícito en la región del sur de Bolívar, la zona de operaciones de Macaco. El exjefe paramilitar empezó su vida criminal escudándose en el oficio de ganadero, y ascendió hasta encabezar el Bloque Central Bolívar, uno de los más poderosos de las extintas AUC, que se desmovilizaron entre 2003 y 2006 bajo el Gobierno del Álvaro Uribe.

Militares y su versión de la aterradora masacre de El Salado

Documentos del mismo año refuerzan la idea de que los altos mandos del Ejército colombiano no veían necesario combatir a los paramilitares. El general (Néstor) Ramírez dijo durante la reunión que no era asunto del Ejército perseguirlos “porque estos eran delincuentes apolíticos y por lo tanto no amenazaron el orden constitucional a través de actividades subversivas”, se lee en el cable.

Mientras el Ejército hacía la vista gorda, miles de poblaciones colombianas eran azotadas por las masacres. Una de las más crueles fue la de El Salado, en la que 450 integrantes de las AUC asesinaron a 60 personas después de torturarlas durante 6 días sin que el Ejército ni la Policía intervinieran. La prensa llamó a esa matanza “fiesta de sangre”, por los detalles macabros de cómo obligaron a los habitantes a tocar música de tambores antes de ejecutarlos en la cancha de fútbol del pueblo; o la cruel lotería en la que los obligaban a contar hasta 30 para definir el orden de los asesinatos.

En 2009 el portal NSA publicó un cable de la Embajada que evidenciaba su preocupación por el rol que las fuerzas militares tuvieron en esta masacre. “El Ejército sabía por inteligencia que los paramilitares estaban en el área, pero se fueron antes de la masacre”, dice una fuente a la Embajada en el texto. De los 450 paramilitares apenas fueron capturados 11. Años después, la Corte Suprema de Colombia condenó a un capitán y otros oficiales de la Primera Brigada de Infantería de Marina por “permitieron el accionar violento de los grupos paramilitares que se tomaron El Salado”

El General Del Río y la “cooperación” con los paramilitares

En un documento de 1998, se registró que un oficial del Ejército le dijo a la Embajada, en calidad confidencial, que el general Rito Alejo del Río, comandante para esa época de la Brigada 17 en la región del Urabá, era uno de los dos militares más corruptos del Ejército. “La fuente afirmó que Del Río le dijo al personal de la Brigada que cooperaran con los paramilitares cuando él estuviera físicamente ausente del área”, indica el cable. También, que el general hoy retirado y que fue condenado a 25 años por el homicidio del campesino Marino López Mena había desviado “un avión cargado de armas y municiones a los paramilitares en el Región del Magdalena Medio en 1985″.

Actualmente Del Río entrega su versión ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por la masacre de Mapiripán, ocurrida en 1997, en la que 120 paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), se desplazaron en dos aviones militares desde el Urabá antioqueño, sede de la brigada 17, hasta San José del Guaviare, en el suroriente de Colombia, para asesinar a 49 personas. Ante la JEP, que investiga los delitos cometidos en el conflicto armado, Del Río negó su participación.

Macaco exploraba una nueva alianza paramilitar desde prisión

Entre el 2004 y el 2006, los jefes paramilitares se desmovilizaron bajo el Gobierno de Álvaro Uribe. A cambio de entregar las armas, ofrecer la verdad sobre los crímenes y no reincidir podían acceder a un tipo de justicia transicional y pagar una pena de cárcel de ocho años. Sin embargo, en 2008, por orden de Uribe, varios de los más sanguinarios fueron extraditados a Estados Unidos. Durante el proceso por su responsabilidad en el asesinato de Eduardo Estrada, fue citado otro cable de 2007 que indicaba que este exjefe paramilitar habría seguido delinquiendo desde la cárcel.

En Estados Unidos, Macaco cumplió 11 años de prisión –de una sentencia original de 33 años– por cargos relacionados con narcotráfico, no con violaciones de derechos humanos, y en 2019 fue repatriado a Colombia, donde permanece bajo custodia. A principios de este año reconoció violencia sexual, homicidios, desplazamientos, desapariciones, torturas y otras conductas ilícitas en las que habría participado el Bloque Central Bolívar, con un saldo de al menos 250 víctimas, de acuerdo con la Fiscalía. Un proceso que sigue en marcha. Entre los años de 1997 y el 2006, solo esa estructura paramilitar, la mayor de cuantas se agrupaban bajo la sombrilla de las AUC, operó en 13 de los 32 departamentos de Colombia, de acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica.

A pesar de reconocer su responsabilidad en el caso de Estrada, su defensa ha solicitado la preclusión de la investigación, ya que han pasado más de 20 años desde que se dieron estos hechos, explica Gustavo Gallón. “De esta forma, la sentencia proferida por la Corte Distrital del Sur de Florida debe ser un referente para el fiscal encargado de la investigación en el caso colombiano, ya que demuestra que el asesinato de Eduardo Estrada se dio en un contexto de sistematicidad y generalidad, gracias a la ayuda y tolerancia de las fuerzas armadas colombianas, catalogándose este homicidio como un crimen de lesa humanidad y por lo tanto, un delito imprescriptible”, apunta

Greta Thunberg pidió acciones reales y acabar con las excusas

Este martes comenzó en Milán, Italia, la conferencia Youth4Climate ("Jóvenes por el clima"). La referente del movimiento Greta Thunberg dijo que los lideres políticos han pronunciado palabras altisonantes que son solo excusas: "Si esto es lo que consideran acción climática, no la queremos".

 

La activista sueca por el clima Greta Thunberg reclamó hoy en la apertura de la conferencia Youth4Climate ("Jóvenes por el clima") de Milán (norte de Italia) acciones reales contra el cambio climático y definió las promesas sobre el medio ambiente de los líderes políticos como un continúo "bla,bla, bla".

"Escuchamos de nuestros líderes palabras altisonantes que no se han convertido en nada. Basta de bla, bla, bla", dijo Thunberg.

La joven activista lamentó que los líderes políticos "no actúan" y les acusó de hacerlo "a propósito", porque mientras dicen implementar medidas "contra el cambio climático, continúan abriendo minas y explotando recursos", pero "no aumentan los fondos para los países vulnerables".

"Si esto es lo que consideran acción climática, no la queremos", denunció Thunberg, que acusó a los líderes de "fingir" que escuchan a los jóvenes que invitan a los actos por el clima, aunque en realidad "no escuchan nunca".

Thunberg recordó que "la ciencia no miente" y que "las emisiones siguen creciendo" ante los cerca de 400 jóvenes de todo el mundo presentes en esta reunión celebrada en Italia, uno de los países organizadores de la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP26) de Glasgow del próximo noviembre junto al anfitrión Reino Unido.

La activista finalizó su intervención preguntando a los jóvenes varias veces: "¿Qué es lo que queremos y cuándo lo queremos?", a lo que el público respondió: "acción climática ahora".

La cumbre Youth4Climate de Milán, con la participación de cerca de 400 jóvenes de 197 países de todo el mundo, dos por país, tiene lugar desde hoy hasta el próximo jueves, para que estos activistas debatan sobre el papel de la juventud en la toma de decisiones por el clima.

Tras esta cumbre se celebrará también en Milán la Pre-COP26, una reunión ministerial oficial que reunirá hasta el sábado 2 de octubre a delegaciones de cerca de 40 países para discutir "potenciales obstáculos al aumento de la ambición climática y establecer estrategias para superarlos durante la próxima COP26" y que tendrá en cuenta las propuestas de Youth4Climate.

La reunión tiene lugar a unos días de la Huelga Global por el Clima que se realizó en numerosas ciudades alrededor del mundo y a un mes y medio del último informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), que encendió las alarmas sobre la gravedad de la situación.

La denuncia de Thunberg a los Gobiernos que solo hablan pero no actúan, expresa la realidad de una situación en la que los líderes políticos actúan en común, y cubriendo, a las grandes empresas que son responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero, el extractivismo, la extensión de las fronteras agrícolas. Todas actividades íntimamente relacionadas con la depredación del propio capitalismo sobre el medio ambiente.

Como señala una declaración de jóvenes anticapitalistas de 14 países que se movilizaron el último viernes 24 de septiembre alrededor del mundo: "El calentamiento global como resultado de la producción capitalista representa una amenaza directa para la vida de cientos de millones en las próximas décadas. Pero en lugar de sucumbir a la desesperación y la desmoralización climáticas, debemos canalizar nuestra frustración hacia la lucha para derrocar el sistema capitalista. No es demasiado tarde para evitar niveles catastróficos de calentamiento. Pero no debemos hacernos ilusiones en los partidos del capital para hacer los cambios que necesitamos. Solo la clase trabajadora y sus aliados tienen el poder de construir un nuevo sistema en interés del conjunto de la humanidad."

Martes 28 de septiembre

Jefe del Comando Sur, almirante Craig Faller, en Washington, EE.UU., el 7 de febrero de 2019Saul Loeb / AFP

La presencia del Comando Sur en el país suramericano ha sido rechazada anteriormente tanto por Venezuela, que la considera como una "provocación".

El almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur de EE.UU., anunció que se encuentra en Colombia, "un aliado vital y confiable en seguridad", para reunirse con la cúpula militar de ese país, en medio de las tensiones con el Gobierno de Venezuela. 

El Comando Sur informó mediante un tuit que Faller se reunirá con "líderes militares" en Colombia, país que visitó en junio pasado, "para discutir la cooperación en materia de seguridad". La información fue ratificada por la Embajada de EE.UU. en Bogotá.

La llegada de Faller coincide con la estadía del presidente colombiano, Iván Duque, en EE.UU., país al que arribó el pasado domingo para tratar una "agenda focalizada en temas ambientales, migratorios y crediticios", según informó en su cuenta de Twitter. Se prevé que el mandatario colombiano además participe en la Asamblea General de la ONU, que se llevará acabo esta semana. 

Antes de este viaje, Duque estuvo en España, de jueves a sábado. Allí se reunió con su homólogo Pedro Sánchez y autoridades de su gabinete; con el rey de ese país, Fernando IV; con los expresidentes Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy; con sectores empresariales y de la banca, y con el opositor y prófugo de la justicia venezolana, Leopoldo López, entre otros.

Colombia, Maduro y la Celac

El mandatario colombiano no participó en la 6.ª Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), celebrada el pasado sábado en México.

El repudio de Bogotá a Caracas quedó recogido en un comunicado, emitido por la Cancillería colombiana, donde se rechaza la participación del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en la cita regional.

Colombia ratificó que desconoce "el poder de facto" de Maduro "como resultado de la elección presidencial del 20 de mayo de 2018, viciada por la ausencia de garantías a la oposición y por el fraude". Esta postura ha sido mantenida por el país suramericano con el apoyo de EE.UU. y un grupo de países de América Latina, a pesar de que los observadores internacionales no encontraron pruebas de irregularidades en esos comicios.

Los mandatarios Mario Abdo Benítez, de Paraguay, y Luis Lacalle Pou, de Uruguay, que sí asistieron al encuentro, también expresaron su cuestionamiento a la legitimidad de Maduro, como ya lo habían demostrado ambos países en el Grupo de Lima, cónclave surgido en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) con la finalidad de proponer medidas y mecanismos regionales para deponer al mandatario venezolano.

Al respecto, el jefe de Estado venezolano le pidió a ambos presidentes que pusieran "la fecha, el lugar y la hora" para "debatir de democracia, de libertades, de resistencia, de revolución".

Faller de nuevo en Colombia

Hace tres meses, cuando Faller estuvo en territorio colombiano, hubo un cruce de declaraciones entre Caracas y Bogotá, en el contexto de las tensiones entre ambos países y de las acusaciones mutuas de desestabilización a través de la acción de grupos armados ilegales y de organizaciones criminales.

En esa oportunidad, el mandatario colombiano publicó en su cuenta de Twitter que en el encuentro con Faller y con el embajador de EE.UU. en ese país, Philip S. Goldberg, ambos le expresaron "su interés por seguir profundizando cooperación entre las dos naciones".

Duque también escribió que su país era para EE.UU. "uno de los aliados más importantes de la región" para "garantizar la seguridad y la lucha contra el narcotráfico, así como una democracia respetuosa de los derechos humanos".

En respuesta, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela (FANB) emitió un comunicado en el que expresó su preocupación por la llegada de Faller a Colombia, y afirmó que esta no respondía a "razones de cooperación bilateral en materia de seguridad", sino que era una acto de "injerencismo y provocación".

Cinco días después de esa visita, el helicóptero en el que viajaba el presidente colombiano fue atacado con disparos de fusil, cuando aterrizaba en el aeropuerto de Cúcuta, procedente del municipio de Sardinata, al norte de Santander. Toda la tripulación resultó ilesa y la Casa de Nariño señaló como responsable a un miembro de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), que supuestamente estaría en suelo venezolano, sin ofrecer mayores pruebas de esas acusaciones.

Esta nueva visita reaviva una vieja polémica surgida en el país hace un año por la presencia del Comando Sur en Colombia, que ha sido una constante durante el Gobierno de Duque. 

Luego del anuncio hecho por el fallecido ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, de que una misión militar de EE.UU. operaría en Colombia para "combatir el narcotráfico", un grupo de senadores expresó su repudio por considerar que esta decisión vulneraba la soberanía y Constitución del país y que podría fortalecer la actuación los grupos armados paramilitares, como ya ha sido señalado en otras oportunidad por el excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso. 

Tras esos señalamientos, el Tribunal Administrativo del departamento de Cundinamarca aprobó la suspensión de las actividades del Ejército estadounidense en territorio colombiano, a raíz de una tutela presentada por un grupo de congresistas, que manifestaron que la decisión había sido inconsulta e inconstitucional.

Publicado: 20 sep 2021

El primer ministro de Australia, Scott Morrison, el presidente de EE.UU., Joe Biden, y el primer ministro británico Boris Johnson, durante una reunión virtual, 15 de septiembre de 2021.Foto: Andrew Harnik / AP

El anuncio se realiza en medio del aumento de la influencia de China en la zona.

El presidente de EE.UU., Joe Biden, el primer ministro británico Boris Johnson y el primer ministro de Australia, Scott Morrison, han anunciado este miércoles la formación de una nueva alianza de seguridad y cooperación en materia de defensa para el Indo-Pacífico.

La cooperación trilateral, que llevará el nombre de AUKUS, prevé que EE.UU. ayude a Australia con tecnologías necesarias para dotarse de submarinos de propulsión nuclear, argumentando la "estabilidad" en la región donde China va aumentando su influencia y capacidades militares.

"Todos reconocemos el imperativo de garantizar la paz y la estabilidad en el Indo-Pacífico a largo plazo", declaró Biden desde la Casa Blanca en una reunión virtual con sus homólogos.

Por su parte, Morrison aseguró que Australia seguirá cumpliendo con todas sus obligaciones de no proliferación nuclear y no va a poseer armas nucleares. Los submarinos en cuestión se construirán en Adelaida en una estrecha colaboración con EE.UU. y Reino Unido, agregó.

Johnson calificó el proyecto de los submarinos de propulsión nuclear para Australia como "uno de los más complejos y técnicamente exigentes del planeta", al sostener que su construcción hará del mundo un lugar más seguro.

La propulsión nuclear permitiría a los submarinos australianos moverse y operar sigilosamente y durante períodos más prolongados. Además de la cooperación naval, la nueva alianza también implicará colaboración en la inteligencia artificial, la tecnología cuántica y la cibernética.

Pese a que ninguno de los tres líderes mencionó si su iniciativa va dirigida contra algún país en particular, durante su presidencia, Biden ha buscado reorientar la política exterior de EE.UU. hacia el Pacífico, mientras que su Administración ha acusado a Pekín de ignorar las normas del mar de la China Meridional, lamentando que el Gobierno chino "no se ha enfrentado a ninguna consecuencia" por ello.

En ese sentido, desde China recuerdan que Washington no ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y, sin embargo, se considera a sí mismo como "un juez de la Convención, que señala con el dedo a otros países e interfiere arbitrariamente". Además, insisten en que Pekín siempre ha defendido el concepto de seguridad marítima común con el fin de lograr una cooperación mutuamente beneficiosa para todos.

Publicado: 15 sep 2021

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, el 4 de agosto de 2021Foto: Luis Cortes / Reuters

El próximo 18 de septiembre se celebrará la VI Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

La próxima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), a celebrarse el próximo 18 de septiembre en México, podría definir el futuro de la Organización de Estados Americanos (OEA). 

México ostenta la Presidencia Pro Témpore de la CELAC y como anfitrión de la VI Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, propondrá la discusión sobre el destino de la OEA, frecuentemente criticada por la actitud sesgada de su secretario general, Luis Almagro, siempre proclive a defender los intereses de EE.UU.

"Tenemos que preparar para 2022 la propuesta que le vamos a hacer a EE.UU. y a Canadá de cuál sería el futuro distinto de la Organización de Estados Americanos", señaló este jueves el canciller mexicano, Marcelo Ebrard. 

Durante una conferencia de prensa realizada en la Embajada de México en Washington D.C., Ebrard detalló que intentarán llegar a un consenso sobre el futuro de la OEA, que responda a las interrogantes sobre si es necesario reformar. o reemplazar a la organización hemisférica.

"¿Qué rasgos tendría? ¿Cómo funcionaría? Eso va a ser el día 18 de septiembre", adelantó el ministro de Exteriores, quien aseguró que la propuesta final podría ser presentada a EE.UU. y Canadá durante el primer semestre de 2022

Contrapeso a la OEA

El pasado 24 de julio, previo a una reunión de la CELAC, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que buscaban diseñar un plan para sustituir a la OEA por un "organismo verdaderamente autónomo" que no fuese "lacayo de nadie"

El anuncio de López Obrador recibió el respaldo de los presidentes de Bolivia, Luis Arce; y de Venezuela, Nicolás Maduro. Por su parte, Colombia rechazó la propuesta, al considerar que la integración regional debe buscar relaciones "más estrechas" con EE.UU. y Canadá.

El pasado 24 de febrero, durante una visita oficial del presidente argentino Alberto Fernández a México, los Gobiernos de ambas naciones firmaron una declaración conjunta, en donde advirtieron del peligro de que la Organización de Estados Americanos se extralimite en sus alcances, como ocurrió en 2019 durante el proceso electoral en Bolivia. 

La postura de la OEA fue clave para elevar los niveles de presión por parte de la oposición boliviana, con una denuncia de "fraude" que nunca pudo comprobarse, y que precipitó el golpe de Estado contra Evo Morales.

Publicado: 9 sep 2021

Los científicos trabajan en una cueva en Indonesia.Griffith University / Reuters

El análisis mostró que la joven desciende de la primera ola de humanos modernos que llegó a Wallacea hace 50.000 años.

Los huesos de una cazadora adolescente que murió hace más de 7.000 años en la isla indonesia de Sulawesi ayudaron a los científicos a descubrir un grupo de humanos previamente desconocido.

"Hemos descubierto el primer ADN humano antiguo en la región insular entre Asia y Australia, conocida como 'Wallacea', que proporciona una nueva perspectiva de la diversidad genética y la historia de la población de los primeros humanos modernos en esta parte del mundo poco estudiada", manifestó Adam Brumm, coautor del estudio y profesor de Arqueología de la Universidad Griffith (Australia), en un correo electrónico citado por 9 News.

Los investigadores descubrieron el esqueleto de una mujer de entre 17 y 18 años en una cueva en Sulawesi en el 2015. Sus restos fueron enterrados en un sitio arqueológico llamado 'Leang Panninge' hace 7.200 años. La adolescente era parte de la cultura Toalean, cuyos rasgos solo están presentes en Sulawesi. 

"Los 'toaleanos' es el nombre que los arqueólogos han dado a una cultura bastante enigmática de cazadores-recolectores prehistóricos que vivieron en las llanuras boscosas y montañas del sur de Sulawesi entre hace unos 8.000 años y aproximadamente el siglo V d. C.", explicó Brumm. "Hicieron herramientas de piedra muy distintivas (incluidas puntas de flecha diminutas, finamente elaboradas y conocidas como 'puntas de Maros') que no se encuentran en ningún otro lugar de la isla o en Indonesia en general", recalcó el investigador. 

Los científicos pudieron recuperar ADN del hueso petroso en la base del cráneo de la joven para establecer una descendía de la primera ola de humanos modernos que ingresó a Wallacea hace 50.000 años. Esto fue parte de la colonización inicial de la "Gran Australia", o la masa continental combinada de Australia y Nueva Guinea. Son los antepasados ​​de los indígenas australianos y papúes actuales, explicó Brumm.

"Anteriormente, se pensaba que la primera vez que las personas con genes asiáticos entraron en Wallacea fue hace unos 3.500 años, cuando los agricultores de habla austronesia del Neolítico de Taiwán atravesaron las Filipinas y llegaron a Indonesia", contó la investigadora. "[Este hallazgo] sugiere que podría haber habido un grupo distinto de humanos modernos en esta región del que realmente no teníamos idea hasta ahora, ya que los sitios arqueológicos son muy escasos en Wallacea y los restos de esqueletos antiguos son raros", dijo. 

El estudio de Brumm y sus colegas fue publicado este miércoles en la revista Nature.

Publicado: 26 ago 2021 09:22 GMT

Comunicado sobre la propuesta de amnistía general del Álvaro Uribe Vélez

Frente a la propuesta del expresidente Álvaro Uribe de una “amnistía general” y un “borrón y cuenta nueva” para Colombia, queremos recordar lo siguiente:

1. La base de la posición del Gobierno Nacional en las negociaciones en La Habana con las FARC-EP, y en el proceso de paz en general, fue el rechazo tajante a una amnistía general y la priorización de los derechos de todas las víctimas en el marco del fin del conflicto. Queremos reiterar ese rechazo. Desde la firma del Acuerdo General en agosto de 2012, se dijo que las víctimas estarían en el centro del Acuerdo y esa ha sido hasta hoy nuestra estrella polar. Una amnistía general como propone Álvaro Uribe daría al traste con la investigación y juzgamiento de los principales responsables de las graves violaciones. Y con los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

2. En realidad, la discusión sobre la posibilidad de una amnistía general se cerró hace al menos nueve años -si no antes, con la jurisprudencia de las Cortes-, cuando el Congreso de la República, presidido por el Partido Conservador, expidió el Acto Legislativo No 1 de 2012: el llamado “Marco Jurídico para la Paz”. En ocho intensos debates “en frío”, sin la presión de las negociaciones, el Congreso buscó un equilibrio entre la necesidad de facilitar la terminación del conflicto y la mayor garantía posible de los derechos de las víctimas. El Marco establece -siguiendo las recomendaciones del Secretario General Kofi Annan al Consejo de Seguridad-, que una combinación de instrumentos de carácter judicial y extrajudicial permitirá “garantizar los deberes estatales de investigación y sanción”.

3. En particular, esta norma constitucional permite la selección de los máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, para que sean investigados y juzgados, y autoriza la renuncia condicionada a la acción penal para quienes no sean seleccionados. El Marco Jurídico delimita su ámbito de aplicación a quienes participaron en el conflicto armado interno y de manera expresa extiende este tratamiento “a los agentes del Estado, con relación a su participación en el mismo”. En su primer enunciado el Marco deja claro que estos instrumentos tienen carácter excepcional, restringido a quienes, de nuevo, participaron en el conflicto.

4. El Gobierno negoció en La Habana partiendo de este marco constitucional. En enero de 2015, en uno de los momentos más difíciles en los casi cinco años de negociaciones, les explicamos a puerta cerrada al Secretariado de las FARC-EP que esa era no solo la
posición del Gobierno Nacional, sino lo que exigía la realidad política y jurídica del siglo XXI: “no puede haber y no habrá amnistía general. Punto.”

5. Enumeramos una a una las restricciones. Colombia había suscrito el Estatuto de Roma y desde el 2002 estaba obligada a investigar y sancionar los crímenes de guerra y lesa humanidad, a riesgo de que interviniera directamente la Corte Penal Internacional. (Colombia está aún en un “examen preliminar”, que pende sobre los resultados del proceso actual.) La Corte Interamericana de Derechos Humanos había ordenado la derogación de las leyes de amnistía en América Latina, de Uruguay a El Salvador. La Constitución Política y la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Corte Suprema exigían la investigación y sanción de estos crímenes. Y, ante todo, los colombianos y las víctimas en particular, esperaban que el fin del conflicto se lograra con justicia y verdad. En lo posible, teníamos que estar a la altura de sus expectativas.

6. Propusimos en esa reunión que esos crímenes fueran investigados y sancionados por un tribunal especial, ante el cual las FARC-EP iban a tener que comparecer. Esa discusión -inédita con una guerrilla- concluyó más tarde en la creación del JEP. A su vez, la JEP hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que busca asegurar la satisfacción más amplia de los derechos de las víctimas, combinando instrumentos judiciales con extrajudiciales, como la Comisión de la Verdad. Cualquier discusión sobre impunidad en una transición a la paz tiene que partir del grado de satisfacción de esos derechos en su conjunto, de manera “interrelacionada”, como dice el Acuerdo Final.

7. Los primeros resultados del Sistema Integral son promisorios. En territorios como Caicedo y Sonsón en Antioquia, Ortega y Roncesvalles en el Tolima, Palestina en el Huila, Caldono en Cauca, Miravalle en Caquetá, y en ciudades como Tumaco, Popayán, Valledupar y Riohacha, entre otras, se han hecho ya importantes actos de reconocimiento de responsabilidad y de verdad entre los perpetradores y las comunidades, impulsados por la Comisión de la Verdad o en audiencias de la JEP. Y la JEP ha logrado en un tiempo razonable, en comparación con tribunales similares, imputar a guerrilleros y agentes del Estado por gravísimos crímenes de lesa humanidad que convulsionaron a Colombia, y hacer a la vez una contribución definitiva a la verdad. Son los propios mandos guerrilleros y nuestros propios oficiales y suboficiales los que están hablando.

8. Nunca antes una guerrilla había aceptado comparecer ante un tribunal y reconocer su responsabilidad por crímenes de guerra y de lesa humanidad, ni tampoco habían aparecido miembros de fuerzas militares, luego de un conflicto, dispuestos a contarles a los jueces la verdad de lo que pasó y a someterse a penas alternativas. No pasó en Sur África, ni en ninguna otra parte. La (hasta hace poco) Fiscal de la Corte Penal Internacional ha dicho que Colombia demuestra que es posible hacer un proceso de paz bajo los parámetros del Estatuto de Roma, mientras que especialistas en negociación afirman que Colombia resolvió el problema que los aquejaba desde hace treinta años: cómo superar el dilema entre la justicia y la paz.

9. La propuesta de Álvaro Uribe de una amnistía general pretende derrumbar este edificio, que Colombia ha construido con tanta dificultad. Los primeros damnificados, además de las víctimas por supuesto, serán los miembros de las Fuerzas Militares y otros agentes del Estado que participan hoy en el proceso transicional y que verán cómo se esfuma con esta propuesta su seguridad jurídica. No hay doctrina más sólida en el derecho internacional en materia de amnistías que la prohibición de la autoamnistía, que es lo que conlleva cualquier amnistía general.

10. El Marco Jurídico para la Paz, por el contrario, logró un equilibrio, permitiendo la suspensión condicionada para los agentes del Estado de la acción penal en los casos de menor responsabilidad. Esa posibilidad no existía para agentes del Estado, como sí para las guerrillas, que podían beneficiarse de una amnistía por el delito político de rebelión y delitos menores asociados al conflicto. Y el Acuerdo Final extendió, en razón del fin del conflicto, un tratamiento simétrico pero diferenciado a los agentes del Estado en la JEP, cuando en circunstancias ordinarias la responsabilidad de quienes portaron las armas en defensa de los ciudadanos y la Constitución es mayor. Este tratamiento está condicionado a la satisfacción de los derechos de las víctimas y al cumplimiento de una sanción.

11. Queda el asunto del expresidente Uribe. En La Habana tomamos la decisión de dejar explicito que la JEP no podía obligar a los expresidentes a comparecer. Pero eso no quiere decir que el expresidente no pueda ni deba contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas, acudiendo a las instituciones del Sistema Integral dentro del respeto que merecen. Lo invitamos a elevar el ancla de la polarización, que tiene a Colombia atrapada en el pasado, y a moverse de manera genuina hacia la reconciliación. Por ejemplo, aceptando la participación en política de los miembros de las FARC según los lineamientos de la Corte Constitucional, así como ha apoyado la participación en su propio partido de líderes guerrilleros como Ever Bustamante o Rosenberg Pabón, parte de la cúpula del M-19 y responsables por tanto de crímenes atroces por los que nunca han respondido.

12. Lo mismo debería hacer la izquierda, ahora que Petro se une a las voces de apoyo a una amnistía general. En lugar de estar promoviendo la impunidad, deberían estar acudiendo a la Comisión de la Verdad o, si es el caso, a la JEP, a explicar por ejemplo la relación entre le Partido Comunista Colombiano y los crímenes cometidos por las FARC-EP. Es la hora de la responsabilidad. No hay otro camino para Colombia que avanzar hacia la reconciliación sobre la base de la justicia y la verdad.

Humberto De la Calle Sergio Jaramillo
Ex Jefe de la Delegación del Ex Alto Comisionado para la Paz
Gobierno Nacional en La Habana

 Marines de Estados Unidos brindan asistencia durante una evacuación en el aeropuerto internacional de Kabul, Afganistán, el viernes pasado. Foto Afp

Detrás del desastre muy cantado de Estados Unido y la OTAN en Afganistán (https://bit.ly/3sBYqam) se encuentra el velo de las enormes ganancias circulares del Pentágono y la bancocracia de Wall Street, además de las pletóricas reservas de "tierras raras" y litio (https://bit.ly/3B5R8Pr).

Al contrario de la revista globalista británica The Economist –que disminuye a la mitad los costos de la guerra en Afganistán y que promovió el narconeoliberalismo-militarizado (https://econ.st/3kgt3hN)–, la Universidad Brown de Estados Unidos publicó, tres meses y medio antes de la humillante caída de Kabul, la cuantiosa "inversión" de Estados Unidos durante 20 años aparentemente "estériles", que ascienden a 2.26 millones de millones de dólares (trillions en anglosajón) que fueron desglosados de la siguiente manera :1) 933 mil millones para los gastos militares; 2) pago de 530 mil millones de "intereses" (¡mega-sic!) del "préstamo" para su guerra; 3) 443 mil millones de "incrementos" a la base presupuestal del Pentágono; 4) 296 mil millones para "cuidado de veteranos de guerra", y 5) 59 mil millones del presupuesto del Departamento de Estado (https://bit.ly/3sDGaOc).

Los "costos del proyecto de guerra" en Afganistán estiman que "241 mil personas han muerto como resultado directo de esta guerra" y "constituyen una parte (¡mega-sic!) de los costos más amplios de las guerras (sic) de Estados Unidos después del 11 de septiembre" que "se extienden a Irak, Siria, Yemen, Somalia y otros lugares".

Así, resulta que el complejo-militar-industrial de Estados Unidos y sus "guerras eternas" practican la "economía/finanzas de guerra" y la destrucción nihilista de los países que invade.

Estas cifras perturbadoras contrastan con el PIB nominal de Afganistán –casi 20 mil millones de dólares, según el FMI–, uno de los países más pobres del planeta con ingresos de menos 2 dólares al día de 90 por ciento de su población (https://bit.ly/3zaWCaQ), sin contar su primer lugar global en mortalidad infantil, pese a ostentar en sus entrañas pletóricas reservas de "minerales de tierras raras" y litio.

En un escrutinio expedito, se deduce que la "industria de defensa" de Estados Unidos –con sus célebres empresas Raytheon, Lockheed Martin, General Dynamics, General Electric, Northrop Grumman, Boeing– descolgaron pantagruélicas ganancias, al unísono de los cuantiosos ingresos financieros por "intereses" (sic) de la bancocracia de Wall Street.

No aparecen tramposamente los beneficiarios del pago de "intereses" por el préstamo de guerra ni los "costos" o "ganancias" de los numerosos "contratistas" ni de los 6 mil paramilitares/mercenarios "privados" de la estadunidense Blackwater/Academi/Xe Services LLC (https://bbc.in/2W34o87) y la británica G4S (https://bit.ly/37W49i0).

Quien invirtió 10 mil dólares en acciones bursátiles de la industria de defensa de Estados Unidos de sus principales cinco empresas hace 20 años, obtuvo hoy jugosas ganancias por casi 100 mil dólares (https://bit.ly/2UBmEoK).

Hace 11 años, The New York Times, con base en un memorándum interno del Pentágono, publicó que Afganistán posee inmensas reservas que lo podrían convertir como la "Arabia Saudita del Litio" (https://nyti.ms/3gn2arw).

En ese entonces –cuando el general David Petraeus, comandante del CentCom de Estados Unidos se extasiaba de sus cantidades "inmensamente significativas"– se calculaba su valor en un millón de millones (one trillion, en anglosajón). Hoy, 11 años más tarde, la cotización del litio se ha disparado (https://bit.ly/3B0Yrb8).

Ahora, el mayor temor de Estados Unidos se (con)centra en la "santa alianza minera" de los talibanes y China (https://bit.ly/3gmp6XO), con el fin de explotar las pletóricas reservas de "minerales en tierras raras" (https://bit.ly/3B1Dtsx) en Afganistán, indispensables para las aplicaciones de las nuevas tecnologías militares, espaciales y computacionales.

La nueva "geopolítica de las tierras raras" en el siglo XXI expone la gran vulnerabilidad de Estados Unidos frente a China cuando las reservas de "tierras raras" en Afganistán tendrían hoy un valor de 3 millones de millones de dólares. Quizá esa haya sido la peor derrota allí de Estados Unidos.

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Gerardo Blyde Pérez, Dag Nylander y Jorge Rodríguez firman el memorando de entendimiento durante un reunión en la Ciudad de México, 13 de agosto de 2021.

 

 

Las partes afirmaron haber mantenido "reuniones constructivas" este fin de semana.

Representantes del Gobierno de Nicolás Maduro y de la oposición de Venezuela acordaron celebrar una nueva ronda de conversaciones entre el 3 y el 6 de septiembre, según se desprende de un comunicado difundido en Twitter por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega, país que ejerce como mediador en el diálogo.

Las partes también confirmaron haber "sostenido reuniones constructivas" los días 14 y 15 de agosto e informaron "haber discutido el establecimiento de un mecanismo de consulta con actores políticos y sociales que sea lo más incluyente posible".

Este viernes en México se inició la primera ronda de diálogo entre voceros del Gobierno de Nicolás Maduro y representantes del sector radical de la oposición. Las partes firmaron un memorando de entendimiento para confirmar su disposición al diálogo.

Las conversaciones contaron con la participación de Jorge Rodríguez (representando al Gobierno de Nicolás Maduro), Gerardo Blyde (jefe de la delegación opositora de la Plataforma Unitaria de Venezuela) y los mediadores Marcelo Ebrard (canciller de México) y Dag Nylander, del Centro Noruego para la Resolución de Conflictos. 

Publicado: 16 ago 2021

Guatemala: continúan las protestas contra el presidente Alejandro Giammattei

Miles de guatemaltecos volvieron a las calles repudiando la repentina destitución del reconocido fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, el mal manejo de la pandemia y la escasa cantidad de vacunas.

 

La fiscalía de Guatemala ordenó la detención del exalcalde de Mixco, Otto Pérez Leal, hijo del encarcelado expresidente Otto Pérez Molina. Pérez Leal es señalado por delitos de conspiración, asociación ilícita y abuso de autoridad con propósito electoral, malversación de fondos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le había pedido al gobierno priorizar la lucha contra la corrupción mientras en el país miles de guatemaltecos volvieron a las calles este viernes para exigir la renuncia del presidente Alejandro Giammattei y de la fiscal general y jefa del ministerio Público, Consuelo Porras, tras la repentina destitución del exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) Juan Francisco Sandoval, reconocido en el país centroamericano por haber trabajado junto a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que llevó a que el expresidente Pérez Molina fuera detenido por corrupción.

Exalcalde detenido

Otto Pérez Leal, exalcalde del municipio de Mixco fue detenido este viernes acusado de varios delitos, informó la fiscalía de Guatemala. "La fiscalía inició la investigación luego de conocer la denuncia presentada por la Contraloría General de la Nación", el ente fiscalizador del Estado. "Las órdenes de aprehensión solicitadas contra las personas señaladas son por los delitos de conspiración, asociación ilícita, abuso de autoridad con propósito electoral, peculado por sustracción, malversación, incumplimiento de deberes y encubrimiento propio", afirmó la fiscalía. Pérez Leal utilizó más de 81 mil dólares para beneficiarse personalmente y al desaparecido Partido Patriota (PP) en las elecciones de 2015, precisó.

Además de Pérez Leal fueron capturadas otras tres personas de su administración en Mixco (2012-2016), un municipio al oeste de la capital guatemalteca. Está pendiente la detención de la exdiputada Stella Alonzo (2016-2020), esposa del exalcalde. El padre de Pérez Leal, Otto Pérez Molina (2012-2015) renunció a su cargo cuatro meses antes de finalizar su mandato luego de haber sido señalado por la fiscalía guatemalteca y la CICIG por encabezar una red de corrupción en las aduanas. El expresidente está en prisión desde 2015 a espera de un juicio. Otros integrantes de su gobierno, como la exvicepresidenta Roxana Baldetti y varios de sus ministros están también en la cárcel por actos de corrupción. La CICIG llevó al desmantelamiento de al menos 60 estructuras de corrupción dentro del Estado.

Pedido de la CIDH

Mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió el viernes a Guatemala a priorizar la lucha contra la corrupción, cuando en el país centroamericano la ciudadanía volvió a las calles con movilizaciones y cierres de calles en rechazo de la destitución del exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) Juan Francisco Sandoval y en reclamo al mal manejo que tiene el gobierno de Giammattei de la pandemia de covid-19. Los manifestantes piden la renuncia del mandatario y de la fiscal general y jefa del ministerio Público, Consuelo Porras.

Mile de guatemaltecos volvieron a movilizarse este viernes en diferentes puntos del país centroamericano. Es el segundo día manifestaciones en esta semana. La convocatoria fue impulsada por las autoridades ancestrales indígenas de Guatemala, organizaciones indígenas, Comité de Desarrollo Campesino y Comité Campesino del Altiplano, que también pidieron la renuncia del mandatario, señalado por promover la impunidad. También se sumó a las movilizaciones la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) de la estatal y autónoma Universidad de San Carlos, así como la asociación estudiantil Landivarianos, de la privada y jesuita Universidad Rafael Landívar (URL).

Las manifestaciones se extendieron por todo el país, en las calles de las zonas urbanas y en la capital, con bloqueos, bailes y consignas de apoyo a Sandoval, removido de su cargo el pasado 23 de julio, pese a ser reconocido por su trabajo como fiscal anticorrupción. El exfiscal de la FECI tuvo que salir del país para resguardar su vida.  "Considero que Giammattei es corrupto y tan corrupto es que tiene tomado el MP, una institución que debe ser independiente", afirmó Sandoval entrevistado este viernes por el canal NTN24.

Juan Francisco Sandoval al mando de la FECI y en compañía de la exfiscal general Thelma Aldana (2014-2018) y el colombiano Iván Velásquez titular de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), imputó desde 2015 a la fecha a más de 200 personas entre ministros, diputados, funcionarios, miembros de la élite empresarial, además de presidentes y expresidentes.

06/08/2021