Jueves, 24 Septiembre 2015 06:44

La esperanza es colombiana

Escrito por Katalina Vásquez Guzmán
Valora este artículo
(0 votos)
La esperanza es colombiana

"¡La foto, la foto!", gritaban en el salón de protocolo de La Habana cuando, después de anunciar el más importante paso en el actual proceso de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Colombia, el presidente Juan Manuel Santos y el comandante alias Timochenko se pusieron de pie con Raúl Castro en medio. Minutos antes los jefes de las dos delegaciones –Iván Márquez por la insurgente y Humberto De La Calle por la oficial– firmaron el más sustancial de los acuerdos hasta ahora logrados en Cuba: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Esto es: cómo se alcanzará la justicia con los guerrilleros –y de paso los agentes del Estado– que han cometido delitos durante su vida en las armas, y de qué manera las víctimas resultarán satisfechas, reparadas y dignificadas. En Colombia –entre tanto– más y más voces se sumaron al optimismo de vislumbrar, al fin, una luz en el largo trasegar de tropiezos por un conflicto armado que ha golpeado sobre todo a los inocentes.


No pocos colombianos que lucharon por la paz pagando con su propia vida se perdieron la imagen por décadas soñada y que ayer se dio: el máximo jefe de estado y el número uno de los rebeldes se apretaron la mano. Varias generaciones de colombianos, desde hace más de medio siglo, sólo han conocido la guerra, por eso en las asociaciones campesinas y afros, frente al televisor de cafeterías, en los resguardos indígenas, en las salas de los hogares, en las sedes de los partidos en las capitales, y en los potreros humildes de la Colombia más alejada, se escucharon las voces de alegría tras el anuncio y el encuentro entre Santos y Timochenko que aparecen juntos por primera vez ante medios. También en las redes sociales jóvenes y adultos se hicieron escuchar: "Me dejo dominar por las extrañas esperanzas, he vivido 60 años y todos ellos en un país en guerra, tengo toda mi fe y mi alegría en un día cercano despertar y creer que no hay dos ejércitos enfrentados matando colombianos. Es mi más sagrado derecho a soñar. Quiero vivir ese día", anotó Gerardo Pérez ciudadano de Medellín. Desde Bogotá, Juan Camilo Maldonado, de 33 años y editor del portal Pacifista, invitó "a seguir de cerca este proceso, a comprender cada detalle, a blindarlo comprendiéndolo y cerciorándonos de que lo que se promete se cumple. La paz es de todos".


En el Palacio de Convenciones de La Habana, entre tanto decenas de políticos que viajaron en la comitiva del gobierno desde Bogotá la tarde ayer, así como los insurgentes que viven en la isla desde hace días o meses y hacen parte de la Delegación de Paz, aplaudieron y mostraron las sonrisas. También, algunos integrantes de la Delegación de Gobierno como Humberto de La Calle quien, aunque menos emotivo, se veía satisfecho con los avances del proceso que lidera desde finales de 2012 cuando se instaló la Mesa de Conversaciones en Oslo, Noruega, y luego se trasladó a Cuba. Lo que ocurrió ayer es considerado el más grande avance en los Diálogos de La Habana, toda vez que de seis puntos que tiene la agenda pactada por las partes, el de víctimas y justicia es el que más tiempo ha tomado en conversaciones, más de un año. En 32 meses de discusiones, las partes han llegado a acuerdos en tres puntos: tierras, drogas ilícitas y participación en política. Además, este año se ha pactado que se conformará una Comisión de la Verdad, y se firmó un acuerdo más para "desescalar" el conflicto en Colombia y acelerar las negociaciones en La Habana.


Desde diciembre de 2014 cuando el proceso entró en crisis por el secuestro de un general del ejército, y luego en abril con el asesinato de 11 soldados por parte de las FARC, esta guerrilla ha declarado ceses al fuego de forma unilateral. El gobierno se ha negado a ceder al fuego bilateral, mientras los índices de violencia se han mermado sustancialmente gracias al cumplimiento de la tregua por parte de los rebeldes. Los últimos dos meses han sido, según el Cerac, los más pacíficos en Colombia en el último siglo.


Pero los reclamos en contra de la impunidad de parte de las víctimas de las FARC siguen dándose, y han sido el clamor desde que comenzaron los diálogos. Los rebeldes, en respuesta, siempre han insistido en que no pagarán ni un día de cárcel, y empezaron sus apariciones en público justificando su accionar armado considerándose a sí mismos como víctimas.


A casi tres años de comenzar estos Diálogos, las posturas tanto de guerrilla, como de gobierno y de la sociedad colombiana se han vuelto más flexibles. Y, como pudo evidenciarse ayer, se ha hechos posible lograr acuerdos en temas álgidos y controversiales como justicia. Según se explicó ayer, la Justicia Especial para la Paz contará con un Tribunal para la Paz y salas de justicia, integrados por magistrados colombianos mayoritariamente, y con participación de algunos extranjeros; se indultarán los delitos políticos y conexos, y se dictará una ley de amnistía. Además, los responsables de crímenes de lesa humanidad deberán pagar penas entre 5 y 8 años que incluye restricción "efectiva" de la libertad, pero no cárcel. Quienes no reconozcan su responsabilidad, pasarán a la justicia ordinaria y pagarán, esta vez sí entre barrotes, 20 años o más.


Después de estrecharse la mano con el máximo líder de las FARC, Santos se reunió con su delegación de negociadores y detalló a la prensa que "hay delitos que ni nuestra propia conciencia nos permiten amnistiar", y se refirió a la tortura, al genocidio, a la toma de rehenes, a la violencia sexual. Estos también, según Santos, "serán investigados, juzgados y sancionados por la nueva jurisdicción especial". Aunque para algunas víctimas no es claro aún la aplicación de este acuerdo, que solo será efectivo si se firma un acuerdo final entre las partes en La Habana y si en Colombia los ciudadanos refrendan el Acuerdo, otras se mostraron optimistas.


"Estamos viviendo algo que nunca imaginé alcanzar, al ver que es la posibilidad de alcanzar la paz. Cuando escuché la noticia me dio emoción porque era algo que no esperaba. La noticia es darle sin duda base sólida al proceso de paz", dijo Clara Rojas, quien ha vivido uno de los más horrendos episodios de la guerra en Colombia: civil secuestrada, embarazada en cuativerio, obligada a entregar su hijo a los rebeldes, y, años después, liberada y reunida con su primogénito rescatado de la selva. Además del acuerdo para la Justicia que se firmó ayer, la historia de violencias se llenó de esperanzas por el plazo de seis meses que se dio para la firma final, y el anuncio de que, si toda sale bien, en marzo las Farc serían ya una organización desarmada y en ejercicio de la política y la vida civil. Cualquier colombiano sabe que no solo basta que las FARC suelten las armas para que conozcamos un país en paz; pero sí que se estará más cerca de lograrla en tanto los rebeldes tomen la palabra, en vez del fusil.


Santos y las FARC anuncian un acuerdo de paz


Con la presencia de Raúl Castro, y tras casi tres años de diálogos en La Habana, Santos y Timochenko acordaron un sistema de justicia transicional que garantiza que no habrá impunidad. Se dieron seis meses para firmar la paz definitiva.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el jefe máximo de la guerrilla de las FARC, Timoleón Jiménez, alias Timochenko, anunciaron en La Habana el acuerdo de justicia transicional, que garantiza que no habrá impunidad. Y se dieron seis meses, hasta el 23 de marzo de 2016, para firmar la paz definitiva. Una vez lograda, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia tendrán 60 días para dejar las armas.


Los puntos revelados en el encuentro, en el que además participó el jefe de Estado cubano Raúl Castro, se refieren a la jurisdicción especial a la que se someterán quienes cometieron crímenes durante los 50 años de conflicto, que según cifras oficiales dejó 220.000 muertos y seis millones de desplazados, y que es uno de los temas más espinosos del proceso.
A través de su cuenta de Twitter, Santos anunció ayer por la mañana que previo a su llegada a Nueva York para acudir a la Asamblea General de la ONU, visitaría la capital cubana. El mandatario partió de Bogotá y llegó a media tarde a La Habana junto a funcionarios del gobierno y miembros de la subcomisión técnica de justicia. Allí lo esperaba Timochenko, quien había arribado a Cuba la noche anterior. La reunión transcurrió en el palacio de convenciones de La Habana, donde también estuvieron representantes de Cuba y Noruega, los países garantes de los diálogos.


Fue precisamente el representante cubano, Rodolfo Benítez, quien hizo la lectura del documento. Este incluye un sistema de justicia llamado "Jurisdicción Especial para la Paz" que operará bajo el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Este sistema se aplicará tanto para los miembros de la guerrilla como para los militares que hayan cometido delitos vinculados directamente con el conflicto armado en el país, e incluso para los financiadores, como empresarios o industriales que han contribuido con la guerrilla. Para evitar que se presenten personas que no tengan relación alguna con el proceso de paz y busquen los beneficios de este modelo, se establecerán una serie de filtros. Algunos de éstos son haber firmado el fin de la guerra con el Estado y que, además, los casos estén relacionados directamente con el conflicto armado.


El tribunal estará conformado por dos salas, una de sentencia y otra de juzgamiento. La diferencia es que a la primera llegarán los procesos en los que los involucrados acepten responsabilidad de los hechos, y a la segunda le corresponderán los casos en que los juzgados no reconozcan su culpabilidad.


El modelo base será de justicia restaurativa, lo que permitirá imponer penas restrictivas de la libertad, pero que no implican cárcel en algunos casos. Esto quiere decir que la víctima y el victimario podrían acordar la forma en que se cumplirá la sentencia, por ejemplo a través del desarrollo de obras. Todo esto se mantendrá siempre y cuando se garantice la reparación de las víctimas, porque de lo contrario se podría aplicar una pena efectiva de cárcel. Aquellos que reconozcan su responsabilidad por delitos graves, podrán recibir la pena de cinco a ocho años con beneficios carcelarios. Y aquellos que no admitan su responsabilidad pero sean encontrados culpables por el juzgado, podrían recibir hasta 20 años de cárcel.


Tras la lectura del documento, el presidente Santos destacó especialmente el paso que dieron las FARC al acordar bases de justicia transicional. "Somos adversarios, estamos en orillas diferentes, pero hoy avanzamos en una misma dirección, que es la de la paz", dijo. "Tan importante como satisfacer los derechos de las víctimas es asegurar que no haya nuevas víctimas; que se acabe definitivamente el conflicto armado en Colombia", afirmó. Santos agregó que el acuerdo final debe ser firmado en un plazo no mayor a seis meses, y las FARC contarán con hasta 60 días para desarmarse. "No va a ser una tarea fácil, porque aún faltan puntos difíciles por acordar. Pero esa es la instrucción que le hemos dado a nuestras delegaciones: que terminen el acuerdo."


Por su parte, Timochenko aseguró que existe una gran satisfacción sobre el tratado alcanzado, el cual avanzará para una paz definitiva. "El acuerdo fue diseñado para todos los involucrados en el conflicto. La jurisdicción establece un modelo respetuoso con la ley de Colombia y los cánones internacionales", opinó. "Corresponde a las partes ahora llegar a consensos para que lleguemos a un cese al fuego bilateral y llegando a condiciones específicas, como el desmonte del paramilitarismo", dijo.


En tanto, el presidente cubano celebró la noticia, tras casi tres años de negociaciones en La Habana. "La paz en Colombia no solo es posible, es indispensable, pero requiere grandes esfuerzos como lo han demostrado ambas partes", dijo.


El tema de la justicia por los crímenes cometidos a lo largo del conflicto fue objeto de largas negociaciones. Mientras las FARC señalaron que no esperan que los rebeldes tengan que ir a la cárcel, hay un sector encabezado por el ex presidente Alvaro Uribe que piden que al menos los jefes rebeldes se sometan a juicios por crímenes de lesa humanidad como secuestros y asesinatos y paguen penas de cárcel, así sean simbólicas.


La reunión de ayer se desarrolló luego de que el papa Francisco dijera tras su paso por Cuba que el proceso de paz debía ser firmado con urgencia. "Por favor, no tenemos derecho a permitirnos otro fracaso más en este camino de paz y reconciliación", dijo al dirigir su pensamiento "a la querida tierra de Colombia", en la misa que ofició en la Plaza de la Revolución en La Habana.


El gobierno colombiano y las FARC llevaron a cabo negociaciones de paz anteriormente, la última vez a fines de los 90 y comienzos de los 2000, pero terminaron en fracaso y se reanudaron las hostilidades. Hasta ahora, las partes consensuaron tres de los seis puntos de la agenda y en los últimos ciclos de diálogo (van 41 hasta ahora), venían discutiendo sobre la reparación a las víctimas, que incluye el tema de la justicia, mientras una subcomisión conjunta preparaba paralelamente planes para un cese al fuego definitivo. Desde julio rige en Colombia una tregua unilateral de las FARC y Santos ordenó suspender los bombardeos a posiciones rebeldes.



Comunicado conjunto # 60 sobre el Acuerdo de creación de una Jurisdicción Especial para la Paz

La Habana, Cuba, 23 de septiembre de 2015

1. El Gobierno de la República de Colombia y las FARC-EP reafirman su compromiso con los acuerdos logrados hasta la fecha: "Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral", "Participación política: Apertura democrática para construir la paz" y "Solución al Problema de las Drogas Ilícitas".

2. A la vez, reafirman su compromiso con una fórmula de justicia que satisfaga los derechos de las víctimas y contribuya a la construcción de una paz estable y duradera. Con ese propósito estamos construyendo un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. En ese marco hemos acordado que se creará una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y hemos logrado acuerdos importantes en materia de reparación de las víctimas.

3. En cuanto al componente de justicia, hemos acordado crear una Jurisdicción Especial para la Paz, que contará con Salas de Justicia y con un Tribunal para la Paz. Las Salas y el Tribunal estarán integrados principalmente por magistrados colombianos, y contarán con una participación minoritaria de extranjeros que cumplan los más altos requisitos. La función esencial de las Salas y del Tribunal para la Paz es acabar con la impunidad, obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado, particularmente los más graves y representativos, garantizando la no repetición.

4. El componente de justicia prevé que a la terminación de las hostilidades, de acuerdo con el DIH, el Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos. Una ley de amnistía precisará el alcance de la conexidad. En todo caso no serán objeto de amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional que se correspondan con los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra, entre otros delitos graves como la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual. Estos delitos serán objeto de investigación y juzgamiento por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz.

5. La Jurisdicción Especial para la Paz tendrá competencia respecto de todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno, incluyendo a las FARC-EP y a los agentes del Estado, por los delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto, en especial respecto de los casos más graves y representativos.

6. La Jurisdicción Especial para la Paz contempla dos tipos de procedimientos: uno para quienes reconocen verdad y responsabilidad, y otro para quienes no lo hacen o lo hacen tardíamente. A los primeros se les impondrá una sentencia, fundada en las conductas reconocidas después de haber sido contrastadas las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, las sanciones impuestas por otros órganos del Estado, las sentencias judiciales existentes, así como la información que provean las organizaciones de víctimas y de derechos humanos. Los segundos enfrentarán un juicio contradictorio ante el Tribunal.

7. Las sanciones que imponga el Tribunal tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz y deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado. Para todos aquellos que reconozcan responsabilidades por los delitos competencia del Sistema, la sanción tendrá un componente de restricción de libertades y derechos que garantice el cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras de las mismas mediante la realización de trabajos, obras y actividades y en general la satisfacción de los derechos de las víctimas. Las sanciones para quienes reconozcan delitos muy graves tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de 5 años y un máximo de 8 de restricción efectiva de la libertad, en condiciones especiales. Las personas que hagan dicho reconocimiento de manera tardía ante el Tribunal serán sancionadas con pena de prisión de 5 a 8 años, en condiciones ordinarias. Para tener derecho a la pena alternativa, se requerirá que el beneficiario se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de la libertad. Las personas que se nieguen a reconocer su responsabilidad por tales delitos y resulten culpables serán condenadas a pena de prisión hasta de 20 años, en condiciones ordinarias.

8. Para acceder a cualquier tratamiento especial dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición.

9. En el caso de las FARC-EP, la participación en el sistema integral estará sujeta a la dejación de armas, que deberá comenzar a más tardar a los 60 días luego de la firma del Acuerdo Final.

10. La transformación de las FARC-EP en un movimiento político legal es un objetivo compartido, que contará con todo el apoyo del Gobierno en los términos que se acuerden.

Información adicional

  • Autor:Katalina Vásquez Guzmán
  • País:Colombia
  • Región:Suramérica
  • Fuente:Página12
Visto 1486 veces

Deja un comentario

Asegúrate de llenar la información requerida marcada con (*). No está permitido el Código HTML. Tu dirección de correo NO será publicada.