Martes, 27 Octubre 2015 10:52

Territorios tomados por el neoliberalismo, el paramilitarismo y la corrupción

Escrito por Allan Bolívar
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Territorios tomados por el neoliberalismo, el paramilitarismo y la corrupción

Un ambiente caracterizado por la proliferación de riesgos electorales (1)  gobernó la dinámica electoral el 25 de octubre. Los partidos tradicionales lograron imponerse en todo el país, y dentro de estos La 'Unidad Nacional' integrada por el Partido de la U, Cambio Radical, el Partido Liberal. El Uribismo disminuyó su poder regional y capacidad de incidencia política. La gran derrotada de la jornada fue la izquierda, que no logró conservar la alcaldía de Bogotá.

El domingo 25 de octubre tuvieron lugar las elecciones regionales en Colombia, en las que fueron elegidos los gobernadores de sus 32 departamentos, los alcaldes de sus más de mil municipios, concejales, diputados a las asambleas departamentales y ediles de las juntas administradores locales.

El 25 despertó con un ambiente nacional lleno de expectativas ya que en ciudades como Bogotá estaba proyectada una reñida disputa entre tres de los aspirantes a suceder al Alcalde.

Como en otras ocasiones, los sondeos de opinión pública se dedicaron a dirigir, de acuerdo a intereses preestablecidos, el escenario electoral, mientras los candidatos y sus clientelas regionales protagonizaron un sombrío espectáculo que resaltó una vez más cuán posicionadas se encuentra este tipo de prácticas 'democráticas' en que se cimienta la legitimidad del Estado nacional, la de sus sistemas de gobierno y dominación.

Es así como los resultados arrojados por los comicios el 25 de octubre permiten afirmar que el escenario nacional, sus poderes regionales y locales, poco cambió con respecto a elecciones y resultados anteriores en los que los mismos fueron conquistadas por elites regionales con el auspicio y respaldo armado de agrupaciones paramilitares, embarcados unos y otros en la empresa de "refundar al país" para convertir a Colombia en un idílico paraíso donde las "mejores" familias instaurarían oficialmente la triunfante república antisubversiva y neoliberal en la que las pocas barreras constitucionales, y el estorbo de organizaciones sociales –para sus prácticas de acumulación–, serían finalmente extinguidas. En esta oportunidad la empresa no tuvo los mismos tintes de macro-proyecto, pero los intereses de las oligarquías regionales otra vez lograron imponerse recurriendo a procederes y alianzas poco pulcras para consolidar su modelo económico, preeminencia y poderes territoriales.

El panorama fue poco alentador. Las elecciones celebradas este octubre permitieron visibilizar que las relaciones de connivencia entre Estado, paramilitarismo y criminalidad fueron revitalizadas en muchas regiones. Las organizaciones delincuenciales y grupos paramilitares lograron nuevas posibilidades de negocios, impunidad y poder en diversas regiones a través del triunfo de delegatarios de parapolíticos y organizaciones criminales; las elites regionales también ganaron pues a través de las alianzas con la delincuencia y sectores empresariales corruptos tienen nuevamente la posibilidad de robustecer su estabilidad política, reforzar los sistemas de acumulación y despojo, profundizar el clientelismo como supremo dinamizador de prácticas político/económicas que les permiten ahondar en su hegemonía social.

 

El panorama pre-electoral

 

Un informe de la Fundación Paz y Reconciliación titulado "¿A eso le llaman Democracia?", a partir de un estudio desarrollado en 21 (2) departamentos del país ya había anunciado a mediados de año: "Basados en toda la información recopilada, se ha logrado establecer un total de 152 candidatos con presuntos vínculos con la ilegalidad, los cuales fueron agrupados en una matriz de riesgos electorales. Del total de candidatos, el 81% tiene altas probabilidades de salir elegidos". Estos candidatos se distribuían en el país tal como lo muestra la gráfica 1.

 

Cuatro departamentos concentraban mayores riesgos electorales: Sucre, Valle del Cauca, Magdalena y Antioquia. Se presumía que allí candidatos a alcaldías y gobernaciones tenían serios vínculos con políticos condenados por parapolítica o con estructuras delincuenciales. Este informe de la Fundación Paz y Reconciliación presenta siete conclusiones basadas en el análisis de los datos recopilados.

La primera de ellas es que existían varias tipologías de candidatos relacionados con la ilegalidad: a. Los candidatos que eran cuota directa de un político involucrado en la para política; b. Los candidatos vinculados a organizaciones criminales que aspiraban a participar en política; c. Aquellos que tenían condenas o inhabilidades por parte de la Procuraduría, Contraloría o Fiscalía; d. Los candidatos ligados con redes de contratistas que se habían beneficiado con el desfalco al erario público; e. Los parapolíticos que habían pagado condenas o firmaron pactos con grupos armados.

La segunda indica que la estrategia de recolección de firmas utilizada en otras ocasiones, para que este tipo de candidatos pudieran lanzarse a través de movimientos supuestamente independientes, fue reemplazada por los avales que los partidos políticos tradicionales entregaron con muy pocos reparos y poca responsabilidad política. La distribución de avales otorgados por los partidos a los candidatos cuestionados en las elecciones del 25 de octubre puede observarse en la gráfica 2.

 

 

La tercera conclusión aportada por el estudio es que los candidatos cuestionados habían consolidado su caudal electoral en los mismos municipios que sufrieron los más altos niveles de violencia en la arremetida del paramilitarismo, cuestión que dejó serias dudas respecto a la desaparición del fenómeno paramilitar y de su incidencia política local. La cuarta conclusión de la investigación de la Fundación Paz y Reconciliación sostiene que las campañas empezaron mucho antes que el periodo establecido para llevarlas a cabo, lo que contribuyó a que los costos de las mismas se elevaran demandando enormes cantidades de dinero (3) para sustentarlas, dinero que en muchas oportunidades provino de grupos armados al margen de la Ley o de contratistas con los que se contrajeron compromisos de tipo económico y político. La quinta conclusión indica que ante los altos costos de las campañas políticas los candidatos independientes no tuvieron más alternativas que lanzar su candidatura por medio de clanes que pusieron a su disposición maquinarias y enormes cantidades de dinero con las que financiaron sus campañas.

Las conclusiones seis y siete sostienen respectivamente que el dinero de los cupos indicativos (4) entregados en el 2014 logró cambiar el mapa político (5) en varias regiones del país y que en términos de violencia política se presentaron 160 casos, entre ellas 119 amenazas, 18 atentados, 17 asesinatos a candidatos o políticos en ejercicio.

Por su parte, la Misión de Observación Electoral (6) (MOE) presentó en el mes de agosto del presente año su informe: "Mapas y factores de riesgo electoral. Elecciones de autoridades locales 2015", en el cual sostiene: "El mapa consolidado de riesgos electorales (7) para las elecciones 2015 arroja que un total de 204 municipios presentan algún nivel de riesgo electoral. Si bien no es positivo que uno de cada cinco municipios se encuentre en riesgo electoral, la buena noticia es que este universo ha venido teniendo una disminución sostenida frente a las dos últimas elecciones locales, la caída más drástica es frente al 2007 con un 52,4%, y un poco más moderada con referencia al 2011, que fue del 15.3%". Según este informe, aunque el número de municipios en riesgo para las elecciones del 25 de octubre presentó un decrecimiento del 31%, los municipios de alto riesgo presentaron un incremento del 82%; de los 32 departamentos del país cinco se encontraban en alto riesgo por tener más del 90% de sus municipios en riesgo. El mapa 1 ilustra la situación delineada por la MOE.

 

 

Uno y otro informe permiten afirman que para octubre ya estaba configurado en Colombia un panorama electoral en que proliferaban riesgos por doquier: candidatos que disputaban alcaldías, gobernaciones, etcétera, con el aval de partidos tradicionales, seriamente cuestionados por sus relaciones con parapolíticos y grupos armados al margen de la ley; candidatos con procesos en organismos de control y otros con estrechas relaciones con contratistas, prácticas de transhumancia (8) electoral, campañas financiadas por grupos políticos integrados por familias cuyos miembros habían sido vinculados a procesos de corrupción y paramilitarismo, prácticas de violencia política y periodística sobre opositores locales, entro otros.

Más allá de todos los señalamientos que permitieron catalogar como riesgosos varios municipios y departamentos en el proceso electoral del 25 de octubre, se encontraba un riesgo transversal a todos: la posibilidad de que siguiera primando en las regiones el sistema político y económico basado en la apropiación de lo público por oligarquías regionales y grupos armados al margen de la Ley, en el saqueo a los erarios departamentales y municipales, en la concentración de la propiedad de la tierra, el ejercicio del clientelismo y la corrupción como prácticas capaces de asegurar durante los próximos cuatro años la hegemonía de las elites regionales entronizadas en el poder.

 

¿Qué pasó en las elecciones?

 

El gran vencedor de las elecciones fue Cambio Radical, regentado por el vicepresidente todopoderoso, German Vargas Lleras, quien de esta manera consolida un capital político imprescindible para sus aspiraciones presidenciales en el 2018. Cambio Radical ganó 14 gobernaciones, cinco de ellas en solitario (Guajira, Magdalena, Sucre, Vaupés, Amazonas), y un número importante de alcaldías entre ellas las de Barranquilla y Bogotá.

César Gaviria, presidente del Partido Liberal habló sobre el proceso electoral en los medios de comunicación: "La jornada nos arroja un balance positivo, estamos en el corazón de los colombianos, más de dos millones y medio de personas votaron por nuestro partido en un balance más que satisfactorio, que nos indica que creen en el proceso de paz, que no están en la confrontación contra la posibilidad de que Colombia vuelva la paz". Amplia votación para el partido político que de la mano del expresidente Gaviria fue la segunda colectividad en términos de entrega de avales a candidatos abiertamente cuestionados por sus relaciones con la delincuencia, paramilitarismo y corrupción. Resultados poco halagüeños.

El Partido Liberal obtuvo, en solitario, las gobernaciones de los departamentos de Atlántico, Bolívar, Santander y Caquetá, además de 240 alcaldías e incrementó su presencia en los concejos y asambleas municipales. Las votaciones recibidas por este Partido se distribuyeron de la siguiente manera: gobernación: 1.629.000 votos, alcaldías: 2.015.000 votos, concejos: 2.558.000 y asambleas: 2.296.000 votos.

El partido de la U logró, en solitario, las gobernaciones de los departamentos de Valle del Cauca y Cesar, además de las de Córdoba, Caldas, Meta y Norte de Santander en coalición con otros partidos de la unidad nacional. El partido de la U mantuvo su representatividad e incidencia a nivel nacional como fuerza política aliada al presidente Santos.

El Centro Democrático, partido presidido por el expresidente Uribe, resultó debilitado en estas elecciones de autoridades regionales pues solo pudo ganar, en coalición interpartidista, las gobernaciones de Casanare y Tolima, además de perder las alcaldías de Manizales, que se daba por descontada, y la de Medellín –en este caso por un pequeño margen de nueve mil tres votos. En número de votaciones por partido para alcaldías ocupó la cuarta posición, para gobernación la tercera, para asambleas municipales la quinta posición y para juntas administradoras locales la cuarta. En todas las ocasiones fue precedida por partidos de la 'unidad nacional' (Cambio Radical, Liberal, partido de la U). Similar suerte tuvo el Partido Conservador quien en solitario solo logró la gobernación de Risaralda, sin mayores ganancias de alcaldías o municipios estratégicos.

Los grandes derrotados de la jornada fueron los partidos y movimientos de izquierda: Polo Democrático, Unión Patriótica y Progresistas, quienes tuvieron un pobre desempeño durante la jornada, perdiendo el gran fortín electoral de Bogotá y quedando bastante mal paradas frente a su capacidad de incidencia política regional. Gran reversa para los partidos de izquierda que llega en un pésimo momento, justo cuando debieron salir fortalecidos para alcanzar un margen de maniobra más amplio en los procesos de refrendación de los acuerdos de paz con las Farc y el Eln.

 

¿Y los candidatos cuestionados?

 

Oneida Pinto, elegida como gobernadora de La Guajira, es el arquetipo de los candidatos bajo sospecha de relación con el paramilitarismo y la corrupción. Obtuvo 180.263 votos que representan el 65.64% de los depositados para la gobernación de La Guajira. Luego de conocer su victoria expresó en medios de comunicación "Trabajaremos para sacar adelante el departamento, le pido a los guajiros que trabajemos unidos por el agua, por disminuir los índices de desnutrición, por la salud, por la educación y por un pilar importante que es el turismo". Rampante descaro.

Pinto fue alcaldesa del municipio de Albania en el año 2003, justo cuando ese municipio y otros en la Guajira experimentaban una cruenta arremetida del paramilitarismo. Según el informe de la Fundación Paz y Reconciliación es la heredera política de Kiko Gómez (9) exgobernador de la Guajira, inició su carrera política de la mano de su tío Sergio Hernández Pinto, perteneciente al Movimiento Renovador de Acción Social de Miguel Pinedo, condenado a 9 años de prisión por los nexos económicos y políticos con el Bloque Tayrona de las auc. En el 2003, cuando ganó las elecciones, fue acompañada por "El negro" Parra, su esposo, colaborador de grupos paramilitares. Oneida pinto recibió el aval de Cambio Radical.

Luis Pérez, electo gobernador de Antioquía con 816.337 votos, equivalentes al 39.43% de las papeletas depositadas. Este político fue denunciado en el 2011 por el entonces alcalde Alonso Salazar de recibir apoyo para su campaña a la alcaldía de Medellín de parte de los paramilitares localizados en las comunas 8 y 9 de la ciudad. La Fundación Paz y Reconciliación consigna en su informe "de acuerdo con el investigador Juan Diego Restrepo "Diversos testigos coinciden en señalar que Pérez se alió con la Corporación Democracia para recaudar votos en sus bases sociales, siendo respaldado por sus directivas a través del acta N. 44 del 29 de septiembre de 2007. El documento fue aportado por Luís Carlos Piedrahita, director ejecutivo de la Corporación desde mayo de 2006 a noviembre de 2007 por mandato de Don Berna. En sus declaraciones ante la fiscalía Piedrahita aseveró que a Pérez se le dieron $16 millones para su campaña [...] y se acusó a este candidato de asociarse con grupos paramilitares en el corregimiento San Antonio de Prado". Luis Pérez recibió el aval del Partido Liberal.

Rosa Cotes, elegida como gobernadora del Magdalena con 294.793 votos, equivalentes al 59.38% del total, también había sido fuertemente cuestionada. Es la tía del actual gobernador del Magdalena, Luis Miguel Cotes hábil (10) acordeonero, pero pésimo orador y mucho más pésimo gobernador. Es la esposa y cuota política de José Francisco Zuñiga, ex alcalde de Santa Marta condenado por parapolítica. Además, es señalada de tener el apoyo político de Trino Luna (11), Alfonso Campo Escobar (12) y Jorge Caballero (13). En esta oportunidad el aval fue entregado por Cambio Radical quien ignoró el prontuario delictivo del selecto club de para políticos que propiciaron el ascenso a la gobernación de esta integrante de la oligarquía genocida, narcotraficante y corrupta del Magdalena.

Otro ejemplo similar es el de Didier Tavera, elegido como gobernador de Santander con 311.458 votos, equivalentes al 31.50% del total. Tavera había sido capturado (14) en mayo del 2014 cuando exparamilitares lo señalaron del asesinato de una persona. Según la Fundación Paz y Reconciliación "Es hijo de Ernesto Tavera, narcotraficante de la cordillera oriental, que trabajó junto a 'El Caracol' y 'El Viejo', a quien la Policía incautó en 2010 cerca de 98 bienes avaluados en 50 mil millones de pesos, ubicadas en los municipios de Piedecuesta, Guespa, San Benito, Moniquirá, Suaita, Floridablanca, Sabanalarga, Barranquilla y Bucaramanga". El honor de entregar el aval a este candidato lo ostentó el Partido Liberal.

Pero el fenómeno aquí relacionado es mucho más amplio, pues similar actuar recae sobre candidatos para alcaldías, concejos municipales y asambleas en todo el país, los cuales: resultaron electos, y en no pocos casos con amplias votaciones y ventajas significativas sobre sus directos competidores. Solo en los departamentos de Antioquia y Sucre, donde el fenómeno de los candidatos abiertamente señalados por tener vínculos con estructuras delincuenciales e involucrados en prácticas de corrupción, ganaron siete y seis alcaldías respectivamente.

Preocupante situación que deja entrever la ausencia de una cultura política sana y democrática en el país, además de la persistencia de una serie de factores que siguen impulsando al electorado a delegar su representación en individuos que en otras oportunidades los han victimizado, que han tenido comportamientos lesivos hacía la sociedad o que se relacionan con estructuras mafiosas y delincuenciales. Factores que no en todas las ocasiones depende del grado de intimidación de los candidatos hacia la población civil o de la manifiesta voluntad popular, sino que están relacionados con la cooptación de los aparatos productivos locales, así como del empleo público, por parte de las redes clientelares que alimentan el ejercicio de su praxis política local.

 

¡Gran peligro! el neoliberalismo gobernando Bogotá

 

Hacía las 10:30 de la noche del domingo 25 de octubre la torre Colpatria se encontraba iluminada de azul. Un gigantesco número hecho con bombillos intermitentes que se encendían y apagaban en sentido vertical exhibía un portentoso 33.10%. Era el porcentaje de votación con el que Enrique Peñalosa había ganado la alcaldía de Bogotá. De esta manera anunciaban, en el emblemático edificio de la capital, las elites comerciales, financieras y políticas, los inversionistas, constructores y organismos internacionales de crédito de la ciudad, la conquista de la ciudad más importante del país, abierta de nuevo, de par en par para sus negocios.

Los informes de la Misión de Observación Electoral y de la Fundación Paz y Reconciliación no trataron a Bogotá. Comprendieron, quizás, que en Bogotá el riesgo electoral no provenía de un candidato en especial o de prácticas específicas de fraude, el verdadero riesgo para millones de ciudadanos que habitan la ciudad radicaba en que volviera a operar, en toda su amplitud, una concepción de gobierno y administración que sitúa a la capital del país como el epicentro más importante para la acumulación privada de capitales en Colombia.

Paradoja. Los 903.764 votos obtenidos por Peñalosa no pudieron ser depositados en las urnas solo por los pobladores más acaudalados de la ciudad. Produce malestar, pero así es, reconocer que su gobierno fue refrendado en las urnas por miles de ciudadanos de los estratos medios y populares que en los próximos años serán empobrecidos, excluidos y marginados en términos espaciales de la ciudad, los mismos sectores a quienes fueron dirigidas las políticas públicas por la que el electo alcalde increpa a la administración de Gustavo Petro de haber duplicado el gasto público en los últimos cinco años. ¿Qué sucedió con los electores?

La izquierda capitalina confió su candidatura a Clara López Obregón, destacada dirigente política e intelectual nacida en el seno de una de las familias más acaudaladas del país, con trayectoria en luchas sociales y experiencia en el manejo de la administración distrital. Esposa de Carlos Romero, exconcejal de Bogotá y una de las figuras oscuras detrás del escándalo de las contrataciones suscitado en la administración de Samuel Moreno Rojas en la que López se desempeñó como Secretaria de Gobierno y luego como alcaldesa encargada cuando el burgomaestre fue destituido por saquear junto a su hermano –exsenador– Iván, a Emilio Tapia y los hermanos Nule, la ciudad.

La permanente situación de ingobernabilidad de Gustavo Petro generada por la destitución proferida por el Procurador General Alejandro Ordoñez, el inclemente saboteo protagonizado desde el Concejo de la ciudad de Bogotá a las propuestas sometidas a su consideración, y la intervención de poderes de orden nacional como el Concejo de Estado y la misma Presidencia de la República, dieron al traste con todas las ambiciones de ejecutar políticas públicas consistentes con la agenda programática de gobierno delineada para la capital, llevando a la administración Distrital a cometer errores de gestión y a ser acusada con grandes despliegues mediáticos de improvisación. Su acción no fue en vano, al final derribaron su credibilidad.

Por otro lado, las estrategias orientadas a hilvanar en términos políticos y electorales las administraciones de Gustavo Petro y Clara Lopez, brillaron por su ausencia. No se registraron muchos movimientos desde la administración de Petro orientadas a fundamentar movimiento político y organización social capaz de liderar la transición. Las brillantes intervenciones en los sectores socialmente vulnerables de la ciudad, así como un gasto público que priorizó a estas comunidades, demostraron no ser suficientes para asegurar los votos, tampoco las oportunidades de empleo que proyectaron sobre estas poblaciones varias de las secretarias del Distrito cooptadas por crecientes y ambiciosas clientelas de izquierda que proliferaron bajo las sombras del Palacio Lievano. Petro compiló adeptos a su estilo de gobierno, pero no electores para Clara López. En realidad tenía un potencial político menos grande que el que imaginó cuando envió a Hollman Morris a conquistar la alcaldía para el Progresismo.

Una estrategia mediática sin precedentes fue desplegada en el curso de estas elecciones. La construcción de los textos audiovisuales, el trabajo de la prensa, la radio, los medios digitales, el ejercicio de construcción de opinión pública y de favorabilidad electoral estuvo al servicio de Enrique Peñalosa. ¿Y cómo no estarlo? Los dueños de los medios de comunicaciónvinculados a esta campaña mediática serán algunos de los principales actores en la empresa de urbanización y transformación que Peñalosa pretende impulsar en la capital: ganarán billones de pesos con las obras que el alcalde contratará con sus empresas de construcción a través de la figura de las APP (Asociaciones Publico Privadas). Los medios favorecieron a Peñalosa, distorsionaron aún más la imagen ya cuestionada de López Obregón. Además, generaron la sensación de que su candidatura o era muy peligrosa o era inviable, con lo que trasladaron parte de sus votos a Pardo, y los de Pacho Santos a Peñalosa.

Hasta aquí, apenas tres factores que contribuyen a explicar el comportamiento de los electores que terminaron por elegir al "restaurador" Enrique Peñalosa, quien recibe una Bogotá con 7.878.783 habitantes, el 16.34% de la población de Colombia, asentada en un área metropolitana en pleno crecimiento. Precisamente es este potencial el que la hace la joya de la corona de los proyectos de acumulación por expansión urbana, razón por la que la primera medida por expedir, tal y como lo ha manifestado en público el alcalde electo, consistirá en sepultar finalmente el Decreto 562 de 2014, el Plan de Ordenamiento Territorial de Petro, con lo cual arrasan las medidas orientadas a eliminar la segregación de la población de escasos recursos en zonas de alto riesgo, el favorecimiento de la densificación de zonas centrales en la ciudad, el crecimiento a favor de la preservación de espacios naturales y recursos acuáticos, de la descontaminación del aire y de una política de movilidad que optó por compartir y por cooperar antes que construir grandes carreteras, entre otras.

En el limbo quedarán algunas de las políticas sustentadas por Petro. Bajo el auspicio del gobierno de Peñalosa por parte del Concejo. Nos preguntamos ¿Qué va a pasar con la política del agua? ¿Qué ocurrirá con el programa Basura Cero? ¿Qué será de la población LGTBI? ¿Qué pasará con el metro cuyos diseños el alcalde electo sigue pensando en modificar? Similares preguntas pueden hacerse sobre la política del desarme ciudadano, los logros de la política educativa distrital, la política de reciclaje, la política de contención del cambio climático, la política de salud preventiva extramural, la atención a los habitantes de la calle, la política de seguridad alimentaria fundamentada por los comedores comunitarios.

Toma mayor cuerpo, de esta manera, un desafío para un amplio segmento de la izquierda centralista, acostumbrada a gobernar su fortín en la ciudad de Bogotá descuidando el trabajo en muchos municipios y departamentos estratégicos, una bofetada histórica que exige la recomposición, de la calle, la restauración de la movilización política y social, pues ahora debe desarrollar las tareas pendientes que propiciaron su derrota.

La hora del Gobierno quedó atrás, es hora de proyectar y de construir alternativas de poder cimentadas en procesos sociales de base, si algún día se quiere ser políticamente incidentes en este país del Divino Niño, de neoliberalismo, paramilitarismo y corrupción.

 

1. Por riesgo electoral se asume en este artículo la definición de Camilo Vargas Betancourt presentada en el informe “Mapas y factores de riesgo electoral. Elecciones de autoridades locales 2015” de la MOE. Riesgo electoral es: “el conjunto de amenazas a la transparencia y el correcto funcionamiento del sistema electoral, esto combinado con ciertas vulnerabilidades o puntos débiles del mismo (que también se pueden entender como faltas de capacidades), deja abierta la posibilidad (o el riesgo) de que se cometa fraude electoral.”

2. En ocho departamentos (Valle del Cauca, Córdoba, Bolívar, Sucre, Magdalena, Cesar, Antioquia y Santander) se enfocó la investigación en las relaciones entre estructuras políticas y grupos paramilitares. En los restantes 13 departamentos la investigación se llevó a cabo a nivel de gobernaciones y alcaldías.

3. El excongresista Yahir Acuña fue detenido con 516 millones de pesos en efectivo que se presume iban a ser usados para comprar votos para su esposa, Milene Jaraba Díaz, candidata a la Gobernación del Departamento de Sucre. http://www.elespectador.com/noticias/judicial/fiscalia-cito-interrogatorio-al-excongresista-yahir-acu-articulo-595206. El total de dinero incautado, previo a las elecciones, asciende a más de 1.800 millones

4. http://www.elespectador.com/noticias/politica/mermelada-no-ilegal-articulo-485829

5. El mapa político fue alterado porque el dinero de la denominada “mermelada” fue usada por senadores que estaban intentando consolidar su caudal lectoral a través de candidatos a la alcaldía. 

6. El informe de la MOE es valioso, entre otros factores, porque utiliza herramientas de cartografía estadística para explicar, a partir del espacio territorial, dónde se cometen los fraudes electorales. El informe contribuye a identificar el comportamiento típico de los electores, patrón que se utiliza como referente para identificar las irregularidades.

7. El concepto de riesgo electoral presente en el informe de la MOE incluye variables activas (nivel de participación electoral, variación de la participación electoral, nivel de votos nulos, nivel de tarjetones no marcados, dominio electoral) y variables pasivas (presencia y acciones unilaterales de grupos armados electorales, desplazamiento forzado, violaciones a la libertad de prensa, hechos de violencia política).

8. http://wsr.registraduria.gov.co/Informacion/inscrip_ced_2011_trashumancia.htm

9. http://www.semana.com/nacion/articulo/hasta-50-anos-de-carcel-pagaria-kiko-gomez/404075-3

10. http://www.elheraldo.co/blogs/politica/el-mello-cotes-tan-chiquito-y-tan-investigado-95454

11. http://lasillavacia.com/perfilquien/31972/trino-luna

12. http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-condenado-parapolitica-alfonso-campo-escobar

13. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4103324

14. http://www.vanguardia.com/judicial/261755-capturado-excongresista-santandereano-didier-tavera

Información adicional

  • Antetítulo:Elecciones regionales 2015
  • Autor:Allan Enrique Bolívar Lobato
  • País:Colombia
  • Región:Suramérica
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