Lunes, 09 Octubre 2017 15:55

Masacre de Tumaco. Responsabilidad de un Gobierno que no se define por la paz con justicia social

Escrito por Daniel Vargas
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Masacre de Tumaco. Responsabilidad de un Gobierno que no se define por la paz con justicia social

El 5 de octubre de 2017 alrededor de 300 campesinos en la vereda Tandil –Tumaco–, fueron objeto de ráfagas de fusil, según distintos testimonios, de armas accionadas por uniformados de la policía antinarcóticos. El ataque dejó un saldo, aún incierto, de entre 4 y 15 campesinos asesinados y 50 heridos. La masacre sintetiza, con toda nitidez, la débil y voluble voluntad de paz oficial, a la par que, como dijera Gaitán, que “el gobierno colombiano tiene la metralla homicida para el pueblo y la rodilla puesta en tierra ante el otro amricano”

 

En el Acuerdo Paz, en su cuarto gran item: “Solución al problema de las drogas ilícitas”, fue pactado un cambio en la política anti-droga, orientado, en principio, a priorizar la lucha militar y policiva contra los grandes traficantes y no contra los eslabones más frágiles de esta cadena de ilegalidad: campesinos y consumidores. Así, “la persecución militarizada contra los cultivadores pobres sería reemplazada por políticas de sustitución de cultivos de uso ilícito por alternativas concretas de producción agrícola, mediante diálogos participativos con las comunidades”. En paralelo, había que “concentrar la represión contra las poderosas cadenas de narcotráfico y sus articulaciones con sistemas de lavado de activos como redes bancarias, así como su injerencia en las campañas electorales, en instituciones como el Congreso, las fuerza pública, los partidos políticos, las grandes empresas y medios masivos de comunicación, etc.” .


Pura letra muerta. Así lo reafirma la masacre llevada a cabo el pasado jueves 5 de octubre en la zona de Alto Mira y Frontera, veredas Tandil, Brisas, Puerto Rico y el Divorcio, municipio de Tumaco. Em este territorio, centenares de campesinos opusieron resistencia pacífica a la erradicación –no concertada– de los cultivos de coca. Su motivación: de tales sembrados depende la subsistencia propia y de sus familias, y mientras no tomen cuerpo alternativas viables –como quedó establecido en los Acuerdos Gobierno-Farc, que generen ingresos seguros, no es posible aceptar la política oficial, unilateral por demás.


Pero para el Gobierno, pese a lo acordado con la otra fuerza insurgente, lo prioritario es cumplir con lo ordenado por los Estados Unidos, por lo cual la orden que tiene sus tropas es “erradir o erradicar”, sin importar el costo humano que ello genere entre los más humildes. Lo aquí comentado es prueba de ello. Las palabras y las imágenes provenientes desde el sitio de los sucesos también lo confirman.

Tal y como se ve en el video grabado por un campesino (ver https://www.facebook.com/contagioradio/videos/10154866243725812/) en el momento de la acción homicida, los manifestantes arengaban contra la policía antinarcóticos .


Por su parte y en igual sentido, el vice-defensor del pueblo, Jorge Calero, declaró que las personas afectadas denunciaron que uniformados dispararon contra los manifestantes opuestos a la erradicación de cultivos ilícitos en esta zona del país.


Estos testimonios fueron recogidos el pasado 6 de octubre, cuando delegados de la Defensoría se desplazaron a la zona rural del corregimiento de Llorente (Tumaco), donde sostuvieron diálogos con las comunidades, las víctimas y miembros de la Fuerza Pública, deduciendo de estos que “los campesinos y campesinas coincidieron en afirmar que acudieron a la movilización de manera voluntaria, llevados por el inconformismo ante la falta de cumplimiento del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito– PNIS”.

Testimonio reafirmado por una delegación de Naciones Unidas, OEA, Personería municipal, Diócisis de Tumaco, defensores de derechos humanos adscritos a varias ONG y periodistas, que se movilizaron a la zona de los sucesos el pasado 6 de octubre, y que all momento de acercase al sitio de los sucesos fueron objeto de gases lacrimógenos así como bombas aturdidoras por parte de la fuerza pública. Una vez suavizado el ambiente, y al recorrer los espacios donde habían sido accionadas las armas contra los campesinos y donde habían caído muertos estos, vieron como los uniformados alteraban las pruebas de lo ocurrido. Según ellos mismos verificaron, hasta el medio día del 7 de octubre no se había aislado el lugar de los hechos. ¿Si la responsabilidad de los hechos no recae sobre ellos por qué tal actitud? 

A esta movilización asistieron al menos 1.500 personas, provenientes de las veredas Sonadora, Restrepo, Vallenato, El Divorcio, Playón y El Tandil, algunos ee los cuales hacían parte del pueblo indígena Awá; alrededor de 300 se encontraban en el lugar donde se habían instalado unidades de la Policía antinarcóticos, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y el Ejército Nacional. Fueron ellos quienes aseguraron “que fueron atacados con arma de fuego por miembros de la Policía antinarcóticos”


El repudiable crimen aún no deja un saldo concreto de víctimas mortales; algunos informes señalan un aproximado de 50 personas heridas y entre 4 y 15 asesinadas. Campesinos e indígenas que desde el 28 de septiembre expresaban su inconformismo ante las medidas oprobiosas del Gobierno y que, desde el 29 del mismo mes, sufrieron el hostigamiento por parte de tropas del ejército y de la policía que arribaron a la zona.
No obstante, y a pesar de las evidencias y las declaraciones de los campesinos que presenciaron la masacre, las tergiversaciones del Gobierno no se hicieron esperar. El general retirado, hoy vicepresidente, Óscar Naranjo, viajó el 7 de octubre a Tumaco y aseguró que el crimen es responsabilidad de alias “Cachi” (disidente de las Farc) quien ha intimidado a la comunidad en el municipio.


Por su parte, el Ejército informa que los muertos fueron el resultado de que este grupo armado disidente de las Farc, arrojara “[...] al menos cinco cilindros bomba contra los integrantes de la fuerza pública y contra la multitud, que se encontraba en el lugar, y luego atacaron con fuego indiscriminado de fusiles y ametralladoras a los manifestantes y a las autoridades” . Versión que contrasta por completo con lo declarado por los campesinos. Pero además, con la evidencia de muertos, que en el caso de una explosión de varios cilindros es “increible” que solo afectara a la comunidad allí reunida, blindando a los uniformados.


¡Erradicar o matar y erradicar!


El crecimiento de los cultivos de coca en Colombia mantiene una curva ascendente en los últimos años. Según el Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de Naciones Unidas (JIFE) 2016, entregado en marzo de este año, la superficie total dedicada al cultivo de arbusto de coca aumentó desde 2014 en Colombia, de 69.000 hectáreas en ese año a 96.000 hectáreas en 2015, lo que representó un aumento del 39% y el doble de la superficie cultivada en 2013. Por su parte, el Reporte sobre la Estrategia Internacional contra los Narcóticos 2017, elaborado por el Departamento de Estado y que fue entregado al Congreso de Estados Unidos, estima “que la cantidad de cultivo de coca aumentó un 42 por ciento en 2015 a 159.000 hectáreas, de 112.000 hectáreas en 2014, casi el 100 por ciento de aumento desde 2013” .


De ahí que unas semanas atrás el gobierno de Estados Unidos exigiera al de Colombia erradicar los cultivos de coca, o “[...] de lo contrario las relaciones entre ambos países se verían deterioradas”. Ante la incapacidad del Gobierno para ofrecer alternativas económicas para los campesinos de esta zona del sur del país y lograr así la erradicación concertada de los cultivos de uso ilícito, y la recurrente manía de la élite colombiana de obedecer sin chistar al mandato gringo, la solución más barata, como siempre, fue el despliegue y el accionar de la fuerza bruta.


Realidad de las drogas ilícitas que no parece tener solución cierta para el corto ni el mediano plazo. En efecto, “el informe de la JIFE 2016 indica que el tráfico ilícito en América del Sur se ve facilitado por la debilidad de los sistemas de justicia y la falta de medidas eficaces contra la corrupción y la delincuencia organizada”. En ese sentido, Colombia es un claro ejemplo de lo inútil que ha resultado la política antidroga que impera en el mundo . Mientras el actuar político y ejecutivo, no den su brazo a torcer, la masacre de Tumaco será el primero de tantos otros vejámenes relacionados con la guerra fanática contra el narcotráfico, patrocinada por Estado Unidos. Y la política emanada desde la Casa de Nariño continuará siendo la misma “se erradica o se erradica”.

 

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"La orden es erradicar o erradicar", viernes 6 de octubre de 2017

Información adicional

  • Autor:Daniel Vargas
  • País:Colombia
  • Región:Suramérica
  • Fuente:desdeabajo
Visto 1637 vecesModificado por última vez en Lunes, 09 Octubre 2017 16:26

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