Lunes, 17 Diciembre 2018 09:32

Los abusos de poder de la fiscalía y la falta de garantías judiciales cada día son más grandes

Escrito por Procesados y detenidos injustamente por el caso del Centro Comercial Andino
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Los abusos de poder de la fiscalía y la falta de garantías judiciales cada día son más grandes

Lo que ya se sabe: los directores del Buen Pastor, La Picota y La Modelo a fines de agosto de 2018 nos mantuvieron ilegal y arbitrariamente privados de la libertad mientras la fiscalía se tomaba su tiempo (dos y tres días) para elaborar un nuevo montaje judicial que legalizó un juez de Medellín tan inescrupuloso y corrompido como el fiscal encargado del nuevo montaje[1].

 

Es claro que ningún director de cárcel, mucho menos personajes como el director de la Modelo (de quien no diremos que es corrupto y poderoso, principalmente porque nos da miedo) o el director de la Picota, hoy preso por extorsionar a presos millonarios pero acusado cándidamente de concusión por la misma fiscalía a quien tantos favores hizo.

 

Pero decía: nadie se atreve a negarle un favor a ese señor todopoderoso y estratosféricamente tenebroso que es el Fiscal General Néstor Humberto Martínez. El mismo que comprometió su palabra y prestigio (así como se lee: ¡palabra y prestigio!) en que los que esto suscribimos somos culpables del crimen del Centro Comercial Andino.

 

En cualquier caso, las capturas por el segundo montaje fueron ilegales y realizadas sin siquiera salir de la cárcel. Particularmente la recaptura en la Picota quedó grabada en las cámaras del establecimiento penitenciario. De allí que la defensa haya solicitado a La Picota los videos que registran las capturas de Andrés Mauricio Bohórquez, Boris Ernesto Rojas y César Andrés Barrera. El INPEC respondió que no podían entregar los videos por “respeto a nuestra intimidad”, fina humorada, sin duda.

 

Infructuosamente nuestra defensa trató de obtener un control previo para que un juez ordenara la entrega de los videos. Se sabe que tales videos demostrarían un procedimiento policial irregular. Tres jueces en función de control de garantías negaron la posibilidad de obtener esas pruebas con los más inverosímiles argumentos, demostrando una absoluta falta de independencia y de criterio.

 

Se comprende que cualquier policía, director de medicina legal, procurador delegado, fiscal subordinado o juez, quieran congraciar con el poderoso fiscal general. Es la influencia de los pequeños carruseles juez – fiscal – procurador que le permiten a un funcionario saltar de rama en rama según influencias, salarios y nombramientos (mentirocracia, le dicen) pero además de todas las conveniencias sociales de “tener buenos contactos”. Es muy posible que muchos se asusten ante la posibilidad de que aparezca en la casa de alguno de ellos el tarrito de cianuro tan tradicional en todos los hogares colombianos, ¿quién no tiene su tarro de cianuro en la finca o casa? Obviamente ate la posibilidad de un suicidio cualquiera se asusta, así después sea “esclarecido” y legalizado con las investigaciones de la fiscalía.

 

Pero aunque todo eso se comprenda, la negación del 23 de noviembre por parte de la Juez 18 en función de control de garantías es de antología, no solo por el original estilo gótico palurdo de la funcionaria que en medio de un alud incomprensible de “con lo cual, ello, como quiera, en la cual”, la juez logró articular el argumento central de que dos procesados -cuyo abogado no asistió- no podían otorgar poder en audiencia de manera oral, libre, voluntaria, consciente (derecho y garantía fundamental de escoger y/o cambiar de defensor en cualquier momento que el procesado considere conveniente) porque, según ella, “otorgar poder en audiencia atenta contra los derechos de los procesados y podría en un futuro ocasionarles problemas si los abogados, de los que se presume la mala fe, usaran el pronunciamiento de la juez en el juicio (la fiscalía ni siquiera ha presentado el escrito de acusación) para buscar nulidades (consta en audios). Toda una muestra de independencia judicial y altura intelectual.

 

Como hemos denunciado incansablemente, nuestros procesos basados en sendos montajes judiciales están plagados de estas arbitrariedades, sin hablar de acoso a familiares, persecuciones, amenazas a nuestros abogados, robos de sus computadores y en sus oficinas. Lo más reciente es la amenaza que pende sobre la abogada Gloria Silva[2] a quien, según fuentes de la misma fiscalía, le quieren montar un proceso espurio para sacarla del caso. Ya lo había anunciado el estrafalario fiscal Harles Max Cortés Rodríguez – encargado del segundo montaje – quien señaló a nuestros abogados de ser financiados por el ELN y el M-19 en la audiencia concentrada del 31 de agosto (consta en audios).

 

La vaina es que ninguno de nosotros es ciudadano norteamericano, ni fue nunca director de la Agencia Nacional de la Infraestructura[3], tampoco tenemos dinero para pagar en un periódico de circulación nacional una denuncia sobre la falta de garantías jurídicas y procesales, entonces nuestra voz casi no se oye.

 

Hasta mejor, porque una fiscalía que tiene como herramienta institucional el montaje judicial, que ordena a sus subordinados aumentar el número de asegurados y condenados en un 100%, es decir: falsos positivos judiciales para mejorar las cifras de la fiscalía de Néstor Humberto Martínez, quien toma medidas y anuncia capturas por doquier para bajarle tensión a sus escándalos propios. Es tan eficiente el fiscal que organiza redadas con un amplio despliegue propagandístico de sus amigos los grandes medios de comunicación, mostrando los allanamientos que en el barrio Santa Fe le hacen a “las ollas” mil veces allanadas (y siempre en funcionamiento) y mostrando decenas de capturados. Pero lo que no nos cuentan es que los supuestos detenidos fueron sacados de la URI de Puente Aranda (donde ya estaban detenidos por otras cosas) en coordinación con la policía y presentados como capturados en la redada que lideró el heroico fiscal el jueves 22 de noviembre en el barrio Santa Fe.

 

Entonces puede ser una ventaja no ser escuchado pues ante una fiscalía cuyo jefe ha pasado del núcleo del poder del “sector público” al sector privado como consultor de grandes empresas o empleado de Sarmiento Angulo y en esos ires y venires ha terminado como investigador de la misma corrupción que conocía y en que participó. Un fiscal que fue abogado de los socios de Odebrecht, Odebrecht que financió las campañas de Santos en 2010 y Santos y Zuluaga en 2014, y para más señas el hoy jefe de estado fue a Brasil a cuadrar esa financiación y ese jefe de estado es uno de los principales escuderos del fiscal encargado de investigar a Navelena, Corficolombiana, Episol y Odebrecht al unísono, o sea, investigar a sus antiguos socios y patrones, a quienes tantos favores debe.

 

Hoy como fiscal ha condenado mandaderos y lobbistas y ha buscado neutralizar a quienes realmente han denunciado la corrupción (Jorge Enrique Pizano y Luis Fernando Andrade). El señor Pizano aparece muerto, primero de muerte natural (claro que si a uno lo envenenan es natural que se muera), luego Pizano hijo muere envenenado; la fiscalía despliega su poder y concluye al contrario de lo que había sostenido primero, que el señor Pizano padre, al parecer, se suicidó y que la muerte de su hijo fue una “absurda tragedia”. Los poderosos medios, propiedad de Sarmiento Angulo o anunciantes de sus compañías, repiten los dichos de la fiscalía y van más lejos intentando construir una historieta en la que el ingeniero Pizano era un loquito genial que se suicidó por problemas personales, pero era un “aliado” del grupo AVAL contra los corruptos brasileros que se querían aprovechar de la buena fe de Sarmiento Angulo y de la ingenuidad de su empleado el tenebroso Néstor Humberto Martínez.

 

Absurda tragedia la de todas las víctimas de una fiscalía corrompida de arriba abajo que no duda en manipular pruebas, presentar testigos falsos, mentir desde medios de comunicación poderosos (Semana, El Tiempo, RCN, Caracol) tal como hicieron en los casos de Stiven Buitrago, Mateo Gutiérrez, Miguel Ángel Beltrán, líderes sociales en varias regiones y tantas otras víctimas del “modus operandi” de la fiscalía que no deja nada al azar… ni a la justicia. Y tampoco al derecho, porque aunque muchos opinadores fijan sus esperanzas en la independencia de la rama judicial, en la arena concreta de la litis jurídica, que hemos presenciado y padecido, nosotros humildemente preguntamos ¿cuál independencia?

 

Si muchos jueces, como ya lo hemos denunciado, orientan sus fallos según indique la fiscalía, algunos con un tendencioso e interesado formalismo: si todo tiene firma y sello más la “presunción de acierto y legalidad” de policías corruptos y fiscales mentirosos, entonces todo es legal sin atender lo fáctico ni lo sustancialmente jurídico.

 

Otros jueces, también hay que decirlo, que al parecer su convicción profunda los tiene incómodos en la toga y algunos embelecos constitucionales les impiden desplegar sus alas, ponerse el camuflado y declarar abiertamente “concejo verbal de guerra contra enemigos del Estado” que es lo que hemos visto varias veces en nuestro proceso.

 

La judicatura obsecuente por puesticos, contactos y prebendas tienen arrinconados a los jueces independientes y de altura jurídica e intelectual que encima de todo sufren las amenazas de “investigación disciplinaria y penal” que el señor tenebroso lanza ante un fallo que no le conviene o con el que no está de acuerdo (como lo hizo contra la juez 10[4]).

 

Es que la corrupción no es solo el robo consuetudinario y “en sus justas proporciones” de los dineros públicos. También lo es el manejo de influencias e intereses, la mentira, el montaje, la obsecuencia y las triquiñuelas de prestidigitación jurídica que se les ocurren a fiscales y a algunos jueces.

 

Fíjese el lector: las pruebas recogidas en casa del difunto ingeniero Pizano fueron presentadas tarde por la fiscalía ante un juez en función de control de garantías, que por eso las declaró ilegales. ¡Qué habilidad! Así se imposibilita su uso en cualquier proceso o investigación. Todas las denuncias y pruebas del señor Pizano por obra y gracia de firmas y sellos quedan archivadas.

 

¿Por eso es que dicen que el fiscal general es brillante, astuto sagaz, hábil e inteligente? Eso por lo menos dicen hasta columnistas que lo critican. Que perversión de valores sociales tan… hijueputa.

 

Menos mal que la comisión de acusaciones de la cámara encuentra en Villamizar el justo juez que el fiscal general merece para que lo investigue[5].

 

Enhorabuena la garantía de un procurador que también fue empleado de Sarmiento Angulo (se ganaba un sueldo de mil millones de pesos) y también le debe favores a su ex patrón y, además, con el apoyo del hoy contralor general (allegado a grupos paramilitares), evadió la imposibilidad de fungir como procurador general de la Nación[6], medida que fue designada por la Procuraduría misma años atrás por su participación en la fuga de Pablo Escobar. Pasando estos hechos por alto, hoy la triada conformada por Fernando Carillo, Edgardo Maya y su esposa Adriana Guillén está encargada de derrotar la corrupción estatal en el país, junto con Néstor Humberto Martínez.

 

Mejor dicho, como diría la juez 18 en función de control de garantías: “es que ello de lo cual, como quiera que en la cual…”.

 

Aunque asusta, ya nada sorprende… y eso es lo grave.

 

[1] En la carta abierta dirigida al Senador Gustavo Petro se denuncian los distintos hechos irregulares relacionados con el caso del Centro Comercial Andino

[2] El Equipo Jurídico de los Pueblos denuncia públicamente la amenaza de un montaje judicial en contra de abogados y defensores de derechos humanos que la Fiscalía busca vincular con el ELN. Véase: http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/11/23/colombia-equipo-juridico-de-los-pueblos-denuncia-montaje-judicial/

Colombia. Equipo Jurídico de los Pueblos denuncia montaje judicial - Resumen Latinoamericano www.resumenlatinoamericano.org
Resumen Latinoamericano / 23 de noviembre de 2018 / Contagio Radio. El Equipo Jurídico Pueblos denunció que se estaría realizando un montaje judicial en contra de algunos de sus abogados y defensores de derechos humanos, ordenado por fiscales especializados.Gloria Silva, integrante de esta organización, afirma que la información la hicieron llegar fuentes de la misma entidad, indicando ... 

[3] Próximo a la fecha de vencimiento de términos del proceso adelantado en su contra, Luis Fernando Andrade es informado de una nueva imputación de cargos en su contra. Al respecto comunica a la opinión pública su situación y exige justicia y transparencia. Véase: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/pido-una-justicia-libre-de-conflictos-de-intereses-articulo-806910
“Soy una piedra en el zapato para los accionistas de la Ruta del Sol 2": Luis Fernando Andrade | ELESPECTADOR.COM www.elespectador.com. El exdirector de la ANI, investigado por las irregularidades en la adición al contrato de la Ruta del Sol para la construcción de la vía Ocaña-Gamarra, dijo en entrevista que sus acciones perjudicaron los intereses económicos de Odebrecht y Grupo Aval.

[4] Una vez otorgada la libertad por vencimiento de términos a los investigados por el caso del Centro Comercial Andino, la vicefiscal María Paulina Riveros fue delegada para investigar la decisión. Véase: https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/investigan-libertad-de-implicados-en-el-atentado-al-andino-259998

Investigan libertad de implicados en el atentado al Andino - Investigación - Justicia - ELTIEMPO.COM www.eltiempo.com Vicefiscal indaga si hubo responsabilidad penal por demoras en ampliar la medida de aseguramiento.

[5]Oscar Villamizar, representante a la cámara y perteneciente al Centro Democrático, fue delegado como investigador para el caso de Néstor Humberto Martínez. Véase: https://www.semana.com/opinion/articulo/la-investigacion-de-oscar-villamizar-al-fiscal-nestor-humberto-martinez-por-daniel-coronell/592065 la investigación de Óscar Villamizar al fiscal Néstor Humberto Martínez por Daniel Coronell, por Daniel Coronell - semana.com
www.semana.com  Ante el escándalo que mantiene en jaque al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, la risible Comisión de Acusación de la Cámara decidió reabrir los procesos –que diligentemente le ... 

[6]Al respecto, Gonzalo Guillen escribe: https://www.semana.com/opinion/articulo/gonzalo-guillen-que-paso-con-la-condena-sobre-el-procurador-fernando-carrillo/514133

Información adicional

  • Autor:Procesados y detenidos injustamente por el caso del Centro Comercial Andino
  • País:Colombia
  • Región:Suramérica
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1 comentario

  • Enlace al ComentarioIraida Jueves, 10 Enero 2019 15:24publicado por Iraida

    En Casanare 8 personas campesinas del municipio de San Luis de Palenque hemos sido victimas de montajes y perfiles realizados por el señor estrafalario fiscal Harles Max Cortés Rodríguez. Quien nos hizo un montaje de falsos positivos y en unión con una empresa extranjera Frontera Energy que se dedica a extraer crudo de nuestros tierras arbitraria y cinicamente nos han mandado a la cárcel solo para manipular contratación y todo lo referente a la explotación y no cumplir con lo les obliga la licencia.

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