Martes, 03 Marzo 2020 06:07

Cadena perpetua para violadores de menores ¿El fuego apaga el fuego?

Escrito por Gustavo Arboleda
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El debate en Colombia frente a la pena que deben tener los violadores de menores de edad es álgido y refiere a una discusión jurídica compleja y un debate que la sociedad debe dar más allá de lo visceral, ¿violando el sentido de la pena lograrán controlar a los violadores de menores?

 

El 11 de diciembre del 2019, el Proyecto de Acto Legislativo con radicado Senado: 21/19, Cámara: 001/19 y Acumulado 047/19, surtió el segundo debate en el Senado para completar así los cuatro debates (dos en Cámara y dos en Senado) en la vigencia 2019, lo que permite seguir su trámite para la vigencia 2020.

El proyecto conocido como “condena perpetua a violadores”, cruza por eventos de tanto impacto como el de Yuliana Samboní, y la ola de opinión en su favor. Se pretende modificar el artículo 34 de la Constitución Política, suprimiendo la prohibición de la prisión perpetua y estableciendo la prisión perpetua revisable. El texto aprobado fue el siguiente: “De manera excepcional cuando un niño, niña o adolescente sea víctima de las conductas de homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal o actos sexuales que impliquen violencia o esté en incapacidad de resistir, se podrá imponer como sanción hasta la pena de prisión perpetua”. “Toda pena de prisión perpetua tendrá control automático ante el superior jerárquico. En todo caso la pena deberá ser revisada en un plazo no inferior a veinticinco (25) años, para evaluar la resocialización del condenado”.

Se resalta que el tipo penal descrito tiene que ver con el Homicidio Doloso, el acceso carnal o actos sexuales que impliquen violencia o esté en incapacidad de resistir sobre niño, niña o adolescente. No únicamente sobre el acceso carnal (conocido como violación).

La discusión no es nueva. Es la tercera vez que se presenta un proyecto en este sentido: La primera, buscaba convocar a un referéndum para imponer la prisión perpetua por delitos contra menores, fue sancionado y entró en vigencia por medio de la Ley 1327 de 2009, pero fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-397/10, por vicios de forma.

La segunda vez se radicó el Acto legislativo 55/17, el primero de agosto de 2017, y tras un debate fue retirado el 29 de noviembre del mismo año.

 

Aristas del debate

 

Esa es la historia del trámite legislativo hasta hoy, pero el debate tiene dos aristas. La primera, la del clamor mediático pulsado por hechos llenos de dolor y que ha llevado incluso a propuestas de pena de muerte a violadores, aprovechada sin pudor por políticos; la segunda, desde la academia, bajo elementos rigurosos de política criminal.

Necesario advertir que el Estado, si bien debe interpretar la opinión ciudadana, tiene la obligación de hacer análisis profundos y apartarse del amarillismo de los medios que hacen de una noticia un boom de presión con fines non sanctos propios de alguna ideología política.

La Comisión Asesora para la Política Criminal, adscrita al Consejo Superior de Política Criminal, integrada por expertos particulares y orientada por los principios de independencia académica, pluralismo, equidad, confianza y uso de metodologías diversas, creada por el Decreto 2055 de 2014, emitió su concepto el 18 de mayo de 2019 sobre la pena de prisión perpetua.

Dijo la Comisión: “En los últimos años se ha pretendido recurrir a la pena de prisión perpetua para castigar a quienes cometan delitos graves en contra de los niños, las niñas y los adolescentes, afirmando que se trata de una medida idónea para protegerlos de este tipo de agresiones. El argumento se basa, principalmente, en el artículo 44 de la Constitución Política, según el cual “los derechos de los niños prevalecen sobre los de los demás”, de tal manera que los niños tendrían derecho a que sus agresores sean castigados de forma permanente. No obstante, en primer lugar, estas propuestas incumplen los requisitos previstos para la política criminal, por parte de la Corte Constitucional en la sentencia T-762 de 2015, según la cual, esta debe: (i) tener un carácter preventivo; (ii) respetar el uso del derecho penal como última ratio; (iii) respetar el principio de la libertad personal, de forma estricta y reforzada; (iv) buscar como fin primordial la efectiva resocialización de los condenados; (v) las medidas de aseguramiento privativas de la libertad deben ser excepcionales; (vi) ser coherente; (vii) estar sustentada en elementos empíricos; (viii) ser sostenible; (ix) hacer una medición de costos en derechos económicos; y, finalmente, (x) proteger los derechos humanos de los presos”.

Le asiste razón a la Comisión Asesora. Explicamos algunos de sus argumentos:

 

Los fines de la pena

 

De conformidad con el artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos “El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados. Los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica”. Igualmente, el Código Nacional Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993), en su artículo 10, menciona la función resocializadora de la pena.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia C-656 de 1996, señaló que:

“La resocialización, concebida como garantía y centrada en la órbita de la autonomía del individuo, no consiste en la imposición estatal de un esquema prefijado de valores, sino en la creación de las bases de un auto desarrollo libre y, en todo caso, como disposición de los medios y de las condiciones que impidan que la persona vea empeorado, a consecuencia de la intervención penal, su estado general y sus opciones de resocialización. De esta manera, como garantía material del individuo, la función resocializadora promovida por el Estado, encuentra su límite en la autonomía de la persona. Esta función no puede operar a costa de ella. El aspecto negativo de la misma se convierte entonces en el aspecto decisivo: la idea de resocialización se opone, ante todo, a penas y condiciones de cumplimiento que sean en esencia, por su duración o por sus consecuencias desocializadoras. / La dignidad humana, la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad humana, son entonces los marcos para la interpretación de todas las medidas con vocación resocializadora”.

Esta posición de la Alta Corte corresponde a la defensa de la Dignidad Humana, establecida en el artículo 1ro de la Constitución Política en el marco del Estado Social de Derecho, y en el artículo 5to de la misma que establece la primacía de los derechos inalienables de la persona, y en ese orden de ideas, la modificación al artículo 34 de la Constitución Política se torna inconstitucional.

 

Derecho a la igualdad

 

La exposición de motivos del proyecto de Acto Legislativo manipula el concepto al desconocer el principio de proporcionalidad de la pena y el valor del bien jurídico tutelado. Tal como lo hiciera el legislativo con la Ley 40 de 1993, luego del secuestro del ex-embajador en Estados Unidos Francisco “Pacho” Santos, que impuso una pena de hasta 40 años para este tipo de delito, muy a pesar de que el Código Penal, Ley 100 de 1980, establecía como pena máxima para el homicidio 15 años de prisión. La propuesta generó el siguiente dilema: ¿Es el bien jurídico libertad más importante que el bien jurídico vida? La respuesta no puede ser más sencilla: sin vida no hay libertad. Es el bien jurídico primigenio por excelencia. No obstante, la presión social llevó a incrementar entonces la pena para el homicidio a 40 años. Sin argumentos de fondo, se legisló sin juicio académico ni política criminal.

En este orden de ideas, tendríamos entonces la siguiente pregunta: ¿Si el acceso carnal violento sobre menor ostentase la pena de prisión perpetua, el homicidio en menor, no podría tener la misma pena como lo establece el proyecto, sino que debe imponerse la pena de muerte? En la lógica populista, éste sería el siguiente paso.

El Proyecto en discusión dista de tener en su motivación un análisis acertado frente al principio de proporcionalidad y el derecho a la Igualdad, y por el contrario emerge violatorio de la normatividad constitucional.

 

Derecho a la libertad

 

Plasmado en el articulado de la carta magna, pero fundamentalmente en los artículos 13 y 28 de la misma, es considerado otro derecho inalienable, que establece además la prohibición de las penas imprescriptibles en Colombia. ¿Y qué es la pena de prisión perpetua?

Nuevamente el proyecto intenta romper con la estructura constitucional propia del Estado de Derecho al pretender imponer una sanción que, para justificarse, posibilita su revisión luego de cumplidos 25 años de cumplimiento de la misma.

 

¿Sirve la pena de prisión en esta clase de delitos?

 

Mucho se ha escrito sobre la razón por la cual un hombre o una mujer, viola a un(a) menor. La psicología ha esbozado las pulsiones como soporte de tal acción. Todo ser humano tiene pulsiones, pero conforme a su entorno, unos y otros manejan niveles frente a los mismos.

No estamos entonces frente a una acción cuyo reproche social sea equivalente al de un homicidio perpetrado por un sicario con fines económicos. No. Estamos frente a un sujeto al que la cárcel debe brindar la posibilidad de modificar su conducta y adaptarse a un esquema social.

Si como lo afirma la literatura estamos frente a un tema que debe ser tratado clínicamente, ¿por qué se acude a la simple exclusión del sujeto de la sociedad, sin posibilidad alguna de resocialización?
Ahora bien, bajo el supuesto de que el Legislativo, de la mano del Ejecutivo, impulsen la aprobación y sanción de la Ley en busca de mejorar los impresionantes índices de impopularidad que cargan, la misma pasará a control constitucional, y es probable que la Corte Constitucional la encuentre inconstitucional tal como alguna vez ya lo hiciera la Corte Suprema de Justicia bajo la vigencia de la Constitución Política de 1886 (lejana del Estado de Derecho). Si no soportó el debate constitucional otrora, es impensable que hoy lo logre.

Definitivamente, y a pesar de lo aberrante de este delito, no es la prisión perpetua la solución.

* Abogado.

 

Información adicional

  • Autor:Gustavo Arboleda
  • País:Colombia
  • Región:Suramérica
  • Fuente:Periódico desdeabajo Nº265, febrero 20 - marzo 20 de 2020
Visto 728 vecesModificado por última vez en Lunes, 02 Marzo 2020 18:40

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