Domingo, 02 Enero 2022 07:07

MÁS LEÍDOS 2021: El Banco Mundial y la “Tierra prometida del capital”

Escrito por Libardo Sarmiento Anzola*
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MÁS LEÍDOS 2021: El Banco Mundial y la “Tierra prometida del capital”

El Banco Mundial (BM) publicó el 27 de octubre el informe “Hacia la construcción de una sociedad equitativa en Colombia”. El estudio se fundamenta en la teoría del “capital humano”; según ésta, el conocimiento y la salud promueven la equidad y determinan el incremento de la productividad individual y el crecimiento económico. La política fiscal deberá ser el medio para invertir en el “capital humano”: el impuesto extendido a toda renta personal –IRP– y el impuesto universal al valor agregado –IVA– serán las principales fuentes utilizadas por el Estado para redistribuir entre los más pobres. El colofón es sencillo: i) hay pobreza porque los pobres cuentan con poco capital humano; ii) hay desigualdad y pobreza porque el Estado no dispone de los suficientes recursos presupuestales para incrementar el capital humano de los pobres; superados estos impasses, alcanzaremos la “Tierra prometida del capital”.

 

El BM, organización multinacional especializada en finanzas y asistencia creada en 1944, tiene como misión reducir la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida en los países en desarrollo (fomentar el aumento de los ingresos de los más pobres). Funcionarios de la institución analizaron la situación de Colombia como sociedad equitativa. Una sociedad equitativa, la define el BM, es aquella en la que las personas tienen las mismas oportunidades para seguir la vida que elijan, independientemente de las circunstancias en las que nacieron, y no están sometidas a la pobreza.

El informe documenta y describe las principales fuentes de desigualdad en Colombia, identifica los impulsores de esas disparidades y propone un menú con opciones de políticas, para abordar las causas de la desigualdad y promover una sociedad más equitativa. Para explorar los factores que conducen a las disparidades entre grupos, el informe se enfoca en el marco basado en activos, esto es, los elementos que determinan la capacidad de un individuo o un hogar para generar ingresos de mercado.

De acuerdo con el BM, la desigualdad de ingresos en Colombia es muy alta (gráfico 1), lo que se constituye en una limitación fundamental para el crecimiento económico y el progreso social. Esta realidad, que es estructural y crónica, en el 2019 fue la más alta entre todos los países de la Ocde y la mayoría de los de América Latina y el Caribe (ALC). Los ingresos del 10 por ciento de la población más rica de los colombianos son once veces mayor que la del 10 por ciento más pobre.

Una constante histórica en aumento desde 2018, agravada, además, por el impacto del covid-19, factor que aumentó la pobreza en 6,8 puntos porcentuales en 2020, y llevó a que 3,6 millones de personas más se volvieron pobres, particularmente en las áreas urbanas, provocando, también, que la pobreza extrema aumentara en 5,5 puntos porcentuales, para dejar a 2,8 millones de personas más sin poder cubrir las necesidades alimentarias básicas.

Estas realidades, la histórica y la coyuntural, al ritmo del declive observado entre 2008 y el 2019, justo antes de que estallara la pandemia, implican que a Colombia le tomaría cerca de cuatro décadas para alcanzar el nivel promedio de desigualdad que resalta entre los países de la Ocde.

El BM sostiene que las políticas tributarias y de transferencias vigentes en Colombia, en el mejor de los casos, solo tienen un impacto positivo modesto sobre estos desequilibrios, por lo que es evidente que existe un amplio potencial para mejorar el papel redistributivo de su política fiscal. Las reformas de políticas en muchas áreas podrían ayudar a trazar un futuro más equitativo para el país.


La estructura

El informe está estructurado en seis capítulos: i) vista general del desafío: impulsores de las desigualdades y opciones de política; ii) principales activos con los que las personas, en particular las más pobres, pueden contar para generar ingresos: la educación y la salud, o lo que se conoce como su capital humano; iii) barreras que afectan la utilización y el rendimiento del capital humano en el mercado laboral: las barreras a la movilidad laboral, desde sectores con baja productividad a los sectores más dinámicos, y el acceso desigual a las nuevas tecnologías que limitan el acceso de los pobres a los trabajos del futuro; iv) propiedades redistributivas del sistema fiscal en Colombia y análisis del alcance de los impuestos directos e indirectos, el gasto social y los subsidios en la reducción de la desigualdad; v) impulsores de las diferencias en el bienestar entre territorios; vi) impactos a largo plazo del cambio climático sobre la desigualdad, a través de sus efectos sobre la productividad sectorial, la productividad laboral y el suministro de energía.

El aspecto más grave que describe este informe es el de la persistencia intergeneracional de las desigualdades, la pobreza y las exclusiones. En Colombia no existe movilidad social ascendente: quien nace pobre, vive y muere en igual circunstancia y las generaciones que le siguen heredan la pobreza. Las perspectivas de ingresos y formación de un niño o niña en el país dependen, lamentablemente, de las circunstancias en que nacen, de la situación de sus padres, de su pertenencia étnica, incluso de la región geográfica.

De este modo, las disparidades entre los ingresos en los adultos surgen de las brechas abiertas desde la vida temprana para las oportunidades de alta calidad en desarrollo infantil, nutrición, educación y servicios de atención médica. La desigualdad en el acceso a empleos de calidad amplifica aún más estas brechas, lo que convierte al país en un territorio donde las desigualdades son más persistentes entre generaciones. La desigualdad de larga data entre las regiones se superpone con las grandes brechas en el bienestar entre los afrodescendientes e indígenas y el resto de la población.

De manera crónica y estructural, la evidencia empírica en Colombia muestra históricamente que los pobres se vuelven más pobres mientras los ricos se vuelven más ricos. La intervención del Estado a través de la política fiscal, el gasto social y los subsidios no transforma esta cruda realidad ni reduce las amplias brechas de la desigualdad. No importa que el ingreso social crezca a un ritmo significativamente más rápido que la población; de todos modos la pobreza y la desigualdad se reproducirán de manera ineluctable (gráfico 2). Durante las últimas tres generaciones, de 1950 a 2021, el ingreso per cápita (valor del PIB dividido por el tamaño de la población) creció 3,5 veces en precios constantes y el coeficiente de concentración Gini aumentó en 0,153, esto es, de 0,400 a 0,553 (el valor del coeficiente tiene un rango de 0 a 1, donde 0 es igualdad absoluta y 1 la máxima desigualdad). El sistema está diseñado de tal manera que los pobres transfieren ingresos y riqueza a los más ricos mediante diversos procedimientos.

Una realidad tal que lleva a que Colombia sea uno de los países del mundo donde las desigualdades sean más persistentes entre generaciones. Las desigualdades y las brechas de pobreza entre sus connacionales son abrumadoras, multifactoriales y se generan desde el nacimiento (gráfico 3).

 

 

Una realidad palpable. En general, un niño o niña pobre recibe dos años y medio menos de educación y tiene tres veces más riesgo de sufrir desnutrición que uno que no está en esa condición socioeconómica. La educación que reciben los pobres es de mala calidad y poco pertinente para su desarrollo personal, la inserción en el mercado laboral y el ejercicio de la ciudadanía. Los pobres no tienen acceso a una atención médica de alta calidad; esto contribuye a las disparidades en los resultados: los niños más empobrecidos tienen tasas de retraso en el crecimiento que son tres veces mayores que las de los niños más ricos. El empleo que logran es de bajos e inestables ingresos y sin acceso a la seguridad social; además la informalidad, los puestos de trabajos precarios e inhumanos son la marca imborrable de sus actividades laborales. Cuando el mercado laboral los excluye por vejez, enfermedad o invalidez, los pobres están desprotegidos, esto es, no acceden a una pensión y deben sobrevivir, si lo logran, del asistencialismo público o de la solidaridad familiar, pues carecen de ahorros o medios de vida o sustento que les permitan asegurar sus necesidades vitales.

Debido a la alta informalidad, inestabilidad laboral y desempleo, solo uno de cada cuatro colombianos logra acceder a una mesada pensional. De los cerca de 80 billones de pesos que al año debe sacar el fisco para todos los fines sociales, unos 25 billones de pesos se están yendo a subsidiar las pensiones del régimen público (prima media) y de esos subsidios, el 65 por ciento (unos 16,3 billones de pesos) va al 20 por ciento de mayores ingresos de la población, y menos del uno por ciento (solo 250.000 millones de pesos al año) son apropiados para subsidiar las pensiones del 20 por ciento de la población de menores ingresos. Las pensiones de más de veinte salarios mínimos legales (SML), subsidiadas con recursos públicos, favorecen y benefician a los altos funcionarios del Estado, miembros de las fuerzas armadas, políticos de carrera y poderosos empresarios. En el régimen de prima media el monto máximo de la mesada pensional no puede exceder al equivalente de 25 SML mínimos mensuales según el artículo 18 de la ley 100 de 1993; no obstante, políticos y magistrados han logrado pensiones infinitamente superiores a ese tope, pero ello no está al alcance del ciudadano común y corriente, quien no podrá aspirar a más de 25 SML mensuales (el 85% de las mesadas pensionales son inferiores a los dos SML mensuales). Este es un ejemplo entre muchos de como la institucionalidad y las leyes favorecen la desigualdad y las profundas brechas de ingresos entre ricos y pobres, entre quienes detentan el poder y el ciudadano de a píe. La teoría del “capital humano” no tiene ni asomo de validez para explicar esta situación de inequidad estructural; ni siquiera el nivel educativo alcanzado es un buen predictor de la distribución de los ingresos. En resumen, el sistema de seguridad social es inequitativo, puesto que los subsidios pensionales se concentran en los sectores más ricos de la población.


Principales hallazgos y recomendaciones


En este plano el informe, “Hacia la construcción de una sociedad equitativa en Colombia”, plantea:

• La desigualdad en nuestro país se extiende más allá de los aspectos materiales de los medios de vida. Los colombianos con menos educación, la población rural y los desempleados o empobrecidos tienen muchas menos probabilidades de considerarse felices. Cuatro de cada cinco connacionales creen que la distribución del ingreso es injusta o severamente injusta.
• En Colombia, las desigualdades afectan a las personas desde el comienzo de sus vidas de una manera que tiene consecuencias en la acumulación de capital humano y, por lo tanto, en las oportunidades disponibles al momento de ingresar al mercado laboral u obtener ingresos.
• Una mujer tiene 1,7 veces más probabilidades de estar desempleada que un hombre. Un indígena recibe en promedio dos años menos de escolaridad que otros habitantes del país, y un afrocolombiano tiene el doble de probabilidad de vivir en un barrio pobre.
• Las desigualdades también persisten entre generaciones. Los niños en este país enfrentan perspectivas de vida muy diferentes, debido a las circunstancias en las que nacen: es probable que un hijo de un padre con bajos ingresos gane menos que un hijo de un padre con altos ingresos. Entre un grupo de 75 países, la transferencia de la brecha de ingresos de una generación a la siguiente en Colombia es la más arraigada.
• Las desigualdades afectan a las personas desde el comienzo de sus vidas de una manera que tiene consecuencias en la acumulación de capital humano y, por lo tanto, en las oportunidades disponibles al momento de ingresar al mercado laboral u obtener ingresos.
• Promover la acumulación de capital humano desde la primera infancia requiere simplificar los procedimientos administrativos para que los ciudadanos accedan a los servicios de desarrollo de la primera infancia (DPI), introducir un plan de estudios básico para las competencias esenciales en todo el sistema educativo y brindar apoyo pedagógico a sus docentes sobre las pautas del plan de estudios básico. Al mismo tiempo, también requiere fortalecer los vínculos entre la educación primaria y secundaria y terciaria, asegurando la calidad y pertinencia del plan de estudios. En salud, el modelo de prestación de servicios debe transformarse en un sistema de atención primaria que se adapte a las necesidades locales; se deben proporcionar acreditación e incentivos financieros a las aseguradoras de salud.
• Solo el 40 por ciento de los colombianos que trabajan tiene empleo en el sector formal, lo que es una de las tasas más bajas de ALC. Las estrictas regulaciones laborales y los altos salarios mínimos desalientan la creación de empleos en el sector formal, y dejan a la mayoría de los pobladores trabajando en el sector informal. Con una clasificación de 109 entre 141 países, Colombia tiene una de las disparidades más grandes del mundo en el uso de tecnología entre grupos socioeconómicos: aunque el 73 por ciento de las personas en el 60 por ciento superior usa Internet, esa cifra es solo del 53 por ciento entre los del 40 por ciento inferior.
• Las políticas para reducir las distorsiones del mercado laboral que afectan a estos grupos incluyen hacer contribuciones a la seguridad social proporcionales a las horas trabajadas y limitar el crecimiento del salario mínimo a la inflación hasta que alcance un nivel más favorable a la creación de empleo. Cerrar las brechas entre los grupos también exige eliminar las barreras al acceso equitativo a las oportunidades económicas.
• La brecha entre la región más rica y la más pobre de Colombia es más del doble que la de otros países de la Ocde. Las disparidades espaciales se superponen con los grupos de población definidos por etnia. Reducir la desigualdad territorial requiere de políticas que fortalezcan la capacidad técnica y el desempeño fiscal de los gobiernos subnacionales, particularmente entre aquellos que están rezagados y necesitan más apoyo. La expansión de la conectividad, desde las secciones residenciales de las áreas periurbanas y los municipios más pequeños, hasta la red de carreteras terciarias y secundarias, y el refuerzo de los programas de vivienda también pueden aumentar el acceso a las oportunidades y reducir las desigualdades.
• En comparación con otros países de la Ocde y ALC, en Colombia los impuestos y las transferencias impactan poco para reducir la desigualdad de ingresos. Las políticas para aumentar el efecto redistributivo del sistema fiscal incluyen (i) extender el impuesto de renta personal a los dos deciles superiores de la distribución del ingreso en el corto plazo, con el objetivo de extenderlo a la mitad superior de la distribución del ingreso a largo plazo, a medida que aumenta el ingreso y la pobreza se reduce significativamente; (ii) reducir la lista de bienes exentos de IVA, lo que podría hacerse de manera paulatina, imponiendo inicialmente una tasa baja que va aumentando para dar tiempo a las cadenas productivas (especialmente para aquellos bienes que están excluidos del IVA) a adecuar sus precios; y (iii) mejor focalización de las transferencias y reducción de las fugas en los subsidios a los servicios públicos. Además, la creación de un registro social único dinámico, confiable e integrado puede informar el diseño y la implementación de programas de gasto social más efectivos.
• Los programas de asistencia social no están diseñados para proteger de manera flexible a los hogares contra las crisis. Las opciones de política relacionadas con las políticas de mitigación y adaptación climáticas que tienen como objetivo reducir el impacto de los choques climáticos en los más vulnerables incluyen (i) fortalecer el Sistema Nacional de Extensión Agrícola, mediante la incorporación de criterios de mitigación y adaptación en los planes departamentales de extensión y el desarrollo de la capacidad de los proveedores de servicios de extensión agrícola; (ii) consolidar el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén), registros administrativos de asistencia social y otras bases de datos clave en un registro social único dinámico, confiable, integrado y equipado con herramientas de evaluación de riesgos climáticos; y (iii) fortalecer la fijación de precios del carbono, mediante la ampliación del impuesto al carbono y la introducción de un sistema de comercio de emisiones.
• Reducir las desigualdades no es solo un objetivo por motivos morales, también tiene un buen sentido económico. Abordar las desigualdades puede conducir a una fuerza laboral mejor preparada, más capacitada y productiva; un crecimiento económico más fuerte y sostenible, y una cohesión social más estrecha. En síntesis, la “Tierra prometida del capital”.


Trascender la ideología

Una distribución más equitativa del ingreso social ha sido reconocida durante largo tiempo como uno de los fines principales de la política económica. El método más popular y simple a corto plazo para la redistribución del ingreso real consiste en la recaudación de impuestos sobre la renta y sobre el capital altamente progresivo, al mismo tiempo que el gobierno suministra a todo el mundo, de manera gratuita, un mayor número de bienes y servicios1.

Método que ha conducido a la autoreproducción ampliada, parasitaria e imparable del moderno Estado administrativo, intervencionista, fiscalista y policial. Tendencia que recuerda la ley wagneriana, conocida también como “ley de la cuota estatal creciente” o “ley de la ampliación continua de la actividad estatal”. Cada vez son menos los que consideran la ampliación autógena de las actividades estatales dentro del marco de la satisfacción de la necesidad comunitaria, mientras que la mayoría contempla con ojos escépticos y conciencia crítica el complejo del estatalismo, fiscalismo, intervencionismo, autoritarismo y represión, y suponen en él, cada vez más, el teatro absurdo de una sobredimensionada institución de autoservicios y corrupción que es contraproductiva. De este modo, la exigencia actual de “justicia social” tiende a confiscar la propiedad del sector productivo y los ingresos de la clase trabajadora para desviarla “socialmente” al sector improductivo2.

La distribución del ingreso depende de una multitud de factores que ejercen una variada influencia. Los más visibles son el grado de concentración de la propiedad y de la renta del capital, y los niveles de remuneraciones y ocupacionales. La distribución determinada por estos factores (distribución funcional del ingreso) es modificada por la tributación sobre el capital y el trabajo y por el sistema de seguridad social. La distribución que resulta –distribución personal y familiar del ingreso– refleja de manera predominante ingresos de carácter monetario; por lo que es necesario también incorporar la provisión por parte del Estado de bienes y servicios colectivos (educación, salud, vivienda, servicios domiciliarios) y los gastos improductivos del Gobierno (técnicamente llamados de funcionamiento) que genera esta intermediación: sostenimiento de un frondoso aparato burocrático-militar improductivo.

En Colombia siempre ha habido una relación de simbiosis entre el gran capital privado y el poder del Estado. Las políticas públicas son un reflejo de la lucha de clases cuidadosamente perfiladas y planeadas para favorecer a los ricos y exprimir aún más a los pobres. En la perspectiva de la dinámica sociopolítica, económica, cultural y ambiental sistémica y compleja el modelo de análisis para la determinación de las fuerzas que operan en la distribución y redistribución del ingreso debe contemplar los siguientes elementos y ámbitos:

i) la ideología económica y política preponderante que deriva de la coalición hegemónica existente y que sirve de orientación general para la política económica, en particular, y las políticas públicas, en general (complejo de necesidades e intereses que predominan en el poder y los centros de decisión);
ii) la composición del elenco gobernante que toma las decisiones principales de la política económica; los partidos y grupos políticos de donde provienen y las alianzas que establecen, los intereses sectoriales que representan y las vinculaciones que mantienen con los principales grupos, transnacionales y sectores económicos privados dentro del contexto de las relaciones entre “los negocios” y el gobierno;
iii) los grupos de presión, partidos, movimientos políticos y mafias organizadas: sus principales conexiones y alianzas, grado de influencia y medios a través de los que la ejercen, ideologías respecto a la distribución del ingreso y la riqueza;
iv) la política económica misma, en tanto estrategia para la distribución del ingreso, sus relaciones con la política general y la ideología predominante, su consistencia interna, las reacciones de aceptación y oposición que produce, dinámica y resultados de la lucha de clases;
v) La situación económica general, tendencias del modelo dominante de desarrollo, estado coyuntural de la economía, dependencia, articulaciones y relaciones comerciales con el sistema mundo capitalista, políticas gubernamentales orientadas a mejorar las condiciones de los pobres, heterogeneidad del aparato productivo, vigencia de los derechos humanos y calidad de la democracia, el proceso inflacionario y los precios relativos, etcétera.

Todos estos elementos y ámbitos deben considerarse como unidades de un conjunto analítico estructural y de un tipo histórico que tiene sentido y significado propio al interior de una totalidad sistémica emergente, dinámica, dialéctica, cambiante y en desarrollo3.

1 Mishan, E. J. Los costes del desarrollo económico. Oikos-Tau ediciones, España, p. 44.
2 Sloterdijk, Peter. (2018) ¿Qué sucedió en el siglo XX? Ediciones Ciruela S. A. España, pp. 16 y 82.
3 Graciarena, Jorge. (1974), “Estructura de poder y distribución del ingreso en América Latina”; en: Foxley, Alejandro (editor), Distribución del ingreso, Fondo de Cultura Económica, México, pp. 318-319.
* Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos desdeabajo y Le Monde diplomatique, edición Colombia.

 


 Perspectiva analítica

La desigualdad es un agravio a la justicia. El valor central para definir una desigualdad como iniquidad es la justicia: la iniquidad es una desigualdad considerada injusta. La desigualdad también afecta negativamente la garantía y disfrute de los derechos humanos como también el efectivo ejercicio de la democracia diaria.


Por debajo de la distribución del ingreso subyace una estructura de poder. De una parte, el ingreso es una categoría económica y, de otra, los mecanismos que pueden modificar las pautas dominantes de la distribución son de naturaleza política, dado que son controlados desde los grandes centros de decisión de la sociedad (principalmente el Estado). Por tanto, el punto de convergencia estructural entre el ingreso y el poder social se encuentra en la propiedad y organización de las fuerzas productivas y en las relaciones sociales de producción que dan origen a las clases sociales, o grupos de gentes, que se diferencian unos a otros en su posición en un modo de producción, y en el tamaño de la parte de ingresos sociales y riqueza que les corresponde como consecuencia de su conciencia social, fuerza organizativa, posición y del balance de la lucha de clases.


Generalmente se utilizan cuatro tipos de análisis económico de la distribución del ingreso: i) la funcional (capital/trabajo), ii) la personal o familiar según factores demográficos y socioeconómicos, iii) la dada por categorías socioeconómicas; iv) la propiciada por las fuerzas sociopolíticas que operan en la asignación del ingreso social desde la perspectiva de la dinámica societal sistémica, estructural e histórica.


Un modelo analítico para la determinación de las fuerzas socioeconómicas y políticas que operan en la asignación del ingreso social debe contar con la perspectiva de la dinámica histórica y societal global. En el campo de la lucha sociopolítica, el enfrentamiento entre derechos iguales lo define el poder o la fuerza dominante. Es una regla para el análisis de la dinámica social, primero, que las acciones sociopolíticas están motivadas por necesidades e intereses y, luego, que habitualmente hay una convergencia relativa entre los efectos de la acción y las finalidades perseguidas por los agentes beneficiados por ella. Una de las características centrales de las sociedades capitalistas modernas es la vinculación cada vez más estrecha entre los “negocios” y la política*. Las necesidades e intereses de los grupos que dominan se proyectan en la política económica, monetaria, crediticia, cambiaria, de precios, fiscal y de subsidios.


En la perspectiva analítica del informe del BM, ni el sistema económico ni la estructura de poder son cuestionados, en consecuencia carece del análisis de la dinámica sociopolítica. La distribución del ingreso es un hecho “natural” económico e institucional, sin que nada tenga que ver con el sistema o la estructura del modo de producción y menos aún con la lucha política entre las diferentes clases o grupos sociales. Las participaciones en los ingresos sociales del factor capital y del factor trabajo (distribución funcional) están determinadas por las productividades marginales relativas que, con una tecnología dada, dependen a su vez de los montos relativos de los factores empleados. En este modelo analítico, a nivel microeconómico las participaciones relativas se alteran tanto con los cambios técnicos que modifican las productividades marginales, cuanto con las variaciones en las cantidades relativas de factores empleados; el nexo con el análisis macroeconómico se concreta a través de las funciones agregadas de producción. Dinámica que depende de los precios relativos del capital y el trabajo, en un contexto de maximización de utilidades y de competencia perfecta en el cual operan las fuerzas del mercado.


La productividad del factor trabajo es fruto, según la ideología que sustenta el informe del BM, del “capital humano” que posee cada individuo. En consecuencia, el documento “Hacia la construcción de una sociedad equitativa en Colombia” se centra en los principales activos con los que las personas, en particular las más pobres, pueden contar para generar ingresos: la educación y la salud, o lo que se conoce como su capital humano. Por esa razón, el BM se centra en los mecanismos que dispone el gobierno para modificar la distribución primaria y secundaria del ingreso a través del sistema fiscal (impuestos directos e indirectos), el gasto social y los subsidios, teniendo como objetivo principal del análisis la reducción de la desigualdad y la pobreza. Corolario del “capital humano”, el BM da preponderancia al uso diferencial y selectivo de mecanismos redistributivos directos al margen del mercado, tales como “inversiones” en educación, salud, vivienda y equipamiento comunitario.


El Grupo Banco Mundial que tiene como eslogan trabajar con los países en desarrollo con el fin de reducir la pobreza y aumentar la prosperidad compartida, no toma en cuenta que una estrategia redistributiva, para lograr el éxito, necesita de un sólido apoyo político. El problema consiste en que los grupos sociales a favor de los cuales hay que redistribuir son aquellos que tienen un menor grado de organización, cohesión interna y capacidad de presión sobre el aparato del Estado. Es preciso diseñar estrategias y políticas que abran paso a la participación directa de estos grupos en el poder. La conciencia social, la organización, la lucha por el poder y la profundización de la democracia real y directa son fundamentales en la conquista y construcción de una sociedad igualitaria. Los ricos raramente ayudan a los pobres, más a menudo los explotan.
En resumen, el estudio del BM carece de un análisis sistémico, de una perspectiva histórica crítica y de mecanismos estructurales que permitan superar la desigualdad y garantizar el acceso de todos los connacionales a una vida digna, solidaria y democrática.

* Graciarena, Jorge. (1974). “Estructura de poder y distribución del ingreso en América Latina”; en: Foxley, Alejandro (editor), Distribución del ingreso, Fondo de Cultura Económica, México, p. 311.


 Retos que tendría un gobierno “progresista” de salir electo en el 2022


Siete son los retos que debe enfrentar un gobierno alternativo a las clases y grupos hegemónicos que han dominado el escenario sociopolítico y económico durante el último medio siglo en Colombia: i) deconstruir los mecanismos de conservación y reproducción que siempre han estado representados o encarnados en las clases o grupos que controlan el poder, son dueños del capital y determinan las instituciones públicas; ii) romper el vínculo entre negocios, política y corrupción; iii) transformar la política social asistencialista en una dinámica que recupere la dignidad humana, el trabajo productivo y asociativo, a la vez que promueve la autonomía territorial y el desarrollo sostenible de las localidades y comunidades; iv) profundizar la democracia radical en una perspectiva universal y sistémica; v) garantizar un ingreso básico ciudadano universal y la satisfacción gratuita de las necesidades vitales de toda persona (educación, salud y seguridad social); vi) emprender una reforma agraria integral y nacional, fortalecida financiera, técnica y comercialmente orientada a abastecer los mercados internos y externos; vii) Control estatal y popular sobre los medios estratégicos y financieros del desarrollo, sustituyendo el modelo económico neoliberal por un sistema de planificación democrático, plural y global, sectorial y regional.


 

La otra cara de la riqueza

El BM encubre la estructura económica y sociopolítica del capitalismo, sus desigualdades, contradicciones y conflictos. Oculta que la otra cara de la riqueza y la concentración del ingreso son la pobreza crónica y la exclusión. El principio guía: “lo que es bueno para los ricos necesariamente debe ser bueno para los pobres”. Ignora que la sociedad capitalista con su estructura definida de clases antagónicas contiene, a la vez, una inmodificable estratificación socioeconómica al interior de las clases. El informe descansa en la utopía de una sociedad sin pobres, armónica, prospera y equitativa. En síntesis, el BM prefigura para Colombia, si se obedecen sus recomendaciones, el que se haga realidad el concepto mesiánico de la “Tierra prometida del capital”. En la lectura del informe, por su ocultamiento o negación, es necesario, entonces, evidenciar las contradicciones y antagonismos del sistema, como también desenmascarar los mecanismos de conservación y reproducción que siempre están representados o encarnados en las clases o grupos controladores del poder y que determinan la estructura de las desigualdades y la pobreza.

 

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Información adicional

  • Autor:Libardo Sarmiento Anzola
  • País:Colombia
  • Región:Suramérica
  • Fuente:Periódico desdeabajo Nº286, noviembre 20 - diciembre 20 de 2021
Visto 114 vecesModificado por última vez en Domingo, 02 Enero 2022 07:09

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