Lunes, 28 Marzo 2022 08:53

Matrícula cero: El Caballo de Troya de la desfinanciación

Escrito por Sebastián Delgado*
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Fotografía Contagio Radio / Lina Gasca.Fotografía Contagio Radio / Lina Gasca.

“Del dicho al hecho hay mucho trecho”, dice la sabiduría popular. ¿Está cumpliendo el Gobierno con matrícula cero, un triunfo de la juventud colombiana y del estudiantado universitario en particular? ¿Qué nos muestran las medidas tomadas para satisfacer esta demanda, entre ellos el decreto 662 de 2020?

 

Un logro hecho realidad en las calles. La aprobación oficial de la matrícula cero para el acceso a la educación superior en el país, si bien aún no alcanza a ser educación pública gratuita y universal para todos y todas, sí representa un importante paso en esa dirección. Un logro que no a pocos estudiantes les costó la pérdida de un ojo producto de disparos del Esmad, y a otros laceraciones de distinto grado en su humanidad.

Aunque esta demanda estuvo en el centro de las motivaciones de miles antes del 2020, fue en este año, tras las inmensas protestas del 2019 cuando el Gobierno la recogió en el decreto 662. Antes había creado el Fondo Solidario para la Educación, por medio de la cual asumía los costos acarreados por miles de estudiantes exonerados de pago de pensión.

Las limitantes de estas medidas fueron interpretadas por los “beneficiados”, como una dilación a su demanda de educación pública gratuita y universal, por lo cual la consigna siguió presente en las protestas, torciendo el brazo gubernamental: el 7 de diciembre de 2021 fue expedido el decreto 1667 que volvía política de Estado la matrícula cero.


El Fondo privatizador para la educación

Según la argumentación oficial, el propósito del decreto 662 de 2020 era el de “mitigar la deserción y fomentar la permanencia en el sector educativo” mediante diferentes programas de educación, principalmente enfocados hacia la consolidación del Plan de Auxilios Educativos Coronavirus covid-19. El decreto recogía mecanismos para ampliar plazos de pago de deuda contraídas con el Icetex, reducía intereses por cancelar y brindaba nuevas oportunidades para acceder a nuevos créditos para el 2020, pero no resolvía lo fundamental: la educación gratuita y universal.

Para garantizar que el Icetex contará con los fondos suficientes para atender los giros permitidos por el decreto antes comentado, el 23 de marzo de 2020 expidieron un nuevo decreto, el 467, por medio del cual se inyectaban $70.247.695.1571 de pesos a esta especie de banco que tiene el gobierno para endeudar aún más a quienes no tienen con que cubrir los costos que le implican tener que pagar lo que le corresponde al Estado.

Como “al que no quiere caldo le dan dos tazas”, el artículo 3 del decreto 662 de 2020, con el supuesto oficial de aliviar la crisis económica en las familias colombianas y así prevenir la deserción de los estudiantes, también daba paso a unas nuevas líneas de crédito para el pago de matrículas de los jóvenes inscritos en programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano, así como para el pago de pensiones de jardines y colegios privados.

En últimas, aunque con menor cantidad de recursos asignados, se encontraba un “auxilio económico para el pago de la matrícula de los jóvenes en condición de vulnerabilidad, en instituciones de educación superior pública” que el gobierno nacional priorizaba en su discurso ante los medios de comunicación como matrícula cero, como una evidencia del compromiso duquista con la educación pública.

Esta noticia fue recibida en un primer momento con bombos y platillos por las diversas organizaciones estudiantiles de país y por las diferentes administraciones de las 33 universidades públicas, en especial por aquellas que en su momento se encontraban tomadas por los estudiantes como mecanismo de presión en búsqueda de la denominada matrícula cero2.

La alegría que cundió, aunque no correspondía al logro del propósito central que movilizaba al estudiantado, se debió a que para muchos estudiantes significaba un alivio en los costos educativos y una garantía de poder proseguir sus estudios en el marco de la crisis por la pandemia por covid-19, mientras que para los rectores implicaba un compromiso con la educación pública por parte del gobierno y una desmovilización del movimiento estudiantil, muy convulsionado desde el 2018.


Sin embargo, pocas voces se alzaron en contra de un decreto que en su práctica discrepaba mucho de su objetivo, dado el hecho de que los programas de educación del Fondo Solidario para la Educación iban encaminados principalmente hacia una focalización y un subsidio a la demanda bajo nuevas líneas de crédito. Es decir, poco o nada aportaba a la mitigación de la reducción de la deserción y la promoción de la permanencia en la educación superior, mucho más si tenemos en cuenta tal decreto. La educación superior, gratuita y universal como derecho continúa, no hay duda, envolatada.

El decreto desconocía otros factores importantes que influían considerablemente en la tasa de deserción y permanencia de la educación pública, por ejemplo, las necesidades de alimentación, movilidad y vivienda que sufren la mayoría de los estudiantes de universidades públicas y que solo se solucionan con la superación de las problemáticas presupuestales de la educación pública que permitieran mayor presupuesto para el rubro de bienestar universitario.
Desfinanciación

Son todos estos aspectos en lo que ahonda el profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, Helbert Choachi3, para quien la matrícula cero ignora el costo real de un estudiante: “¿Qué es lo que hace esta matrícula? Es simple: profundizar la crisis de desfinanciación de las universidades. ¿Y por qué esto? Porque no atiende los costos operacionales de funcionamiento que representa un estudiante para cada universidad pública, es decir, “[…] mientras que Ser pilo paga o Generación E pagan $24.000.0000 de pesos en la Universidad de los Andes, en una universidad como la Pedagógica Nacional el promedio de costo de un estudiante es de $4.500.000 […]”.

Es decir, la matrícula cero tampoco logra resolver el problema del decrecimiento presupuestal en razón del promedio de costos por estudiante que se viene dando desde 1993, momento en que la ley 30 definió que el presupuesto de la educación superior pública iba aumentando anualmente en relación con el IPC y no en relación con el porcentaje de cobertura y su aumento al interior de las universidades públicas, ni mucho menos con el aumento de costos por estudiante, que normalmente duplica el IPC. Como resultado de la ley 30, durante 27 años la cantidad de estudiantes de las universidades públicas, sumados hasta el 2020, aumentó en un 253 por ciento4, mientras que el aumento presupuestal en la misma medida de tiempo no fue superior al 130 por ciento.

Desmontados por las orejas. Toca resaltar que si bien las movilizaciones y el paro estudiantil durante el 2018 lograron un acuerdo con el gobierno nacional alrededor de varios puntos, especialmente en términos presupuestales, en el decreto que reglamenta y regula la matrícula cero existe un retroceso en lo firmado en las negociaciones con el gobierno, porque por un lado fortalece los programas de crédito –que son unos de los responsables de la desviación de recursos públicos a universidades privadas– y por otro, desconoce el verdadero costo de la canasta promedio de un estudiante.

“Entonces –amplia el profesor Choachí– miren que no es matrícula cero porque no cubre los costos operacionales, está resolviendo el problema del estudiante pero el problema estructural de desfinanciación de la educación pública persiste [...]; resuelven una necesidad concreta que era urgente y necesaria para que muchos jóvenes pudieran estudiar, pero el problema estructural sigue sin tocarse, o sea, no hay recursos adicionales para cubrir lo que realmente cuesta un estudiante para el funcionamiento en la universidad, entonces por eso decimos que el tema de matrícula cero sigue siendo un engaño”.

De esta manera el gobierno nacional logró convertir unas exigencias colectivas, como son el desmonte del subsidio a la demanda y la solución pronta de las necesidades presupuestales de la educación pública, características de las dos últimas grandes coyunturas de movilización estudiantil (la Mane y la Unees), en un problema individual –el pago de la matrícula–, todo ello mediante un decreto que viene con otros programas de educación, estos incluso con mayor presupuesto y más nocivos para el tan ya golpeado presupuesto de la educación pública.
Desangrar la Universidad
como política de Estado
No satisfechos con el golpe mortal dado al presupuesto de las universidades públicas, los esfuerzos por parte del gobierno nacional, en cabeza de la ministra de educación María Victoria Ángulo, estuvieron enfocados a convertir en política de Estado los programas oficiales contenidos en el decreto 662 de 2020, definiendo de esta manera, como un lineamiento general por parte del Estado, la financiación y promoción del endeudamiento como el mecanismo básico para el acceso a la educación superior.

Para darle más forma a su propósito, en el decreto 27 de la Ley de Inversión Social el gobierno nacional define los criterios de selección para los beneficiarios de la matrícula cero. Allí precisa que solo quienes procedan de estratos 1, 2 y 3 podrán recibir el auxilio en el pago del valor de la matrícula hasta el año 2023, dado que a partir de entonces los recursos se destinarán a los estudiantes que logren clasificar mediante el sisben IV. La consecuencia de esto es que incluso los estudiantes beneficiarios de la matrícula cero podrían verse reducidos, ya que la mayoría de universidades públicas han afrontado su precariedad financiera para poder cumplir con la matrícula cero, llegando incluso a reasignar recursos propios.

 

Sistema Universitario Estatal (2021) Sostenibilidad y financiación de la Educación Superior Pública

 

 

La Ley de Inversión Social también deja claro que “estos recursos se dispondrán a través de Generación E, otros programas de acceso y permanencia a la educación superior pública y el fondo solidario para la educación, creado mediante el Decreto Legislativo 662 del 14 de mayo de 2020 el cual permanecerá vigente y podrá recibir aportes de recursos públicos de funcionamiento o inversión de cualquier orden con destino a estos programas”, aclaración que reconfirma el interés mercantil –la educación debe ser negocio y producir ganancias al capital– que sobre un derecho fundamental prevalece en la clase que está al frente del gobierno.

Entonces, retoma Choachí, los recursos asignados no están destinados “[…] para garantizar matrícula cero sino para garantizar Generación E y la financiación de Ser pilo paga. ¿Qué significa esto? Que los recursos del presupuesto de la educación pública, que deben ser asignados en la partida presupuestal, en gran proporción serán destinados al Icetex para que cubra la demanda de los estudiantes que están en ese programa”. Es decir, el que quiera estudiar que pague.

Y para los insuficientes recursos asignados para cada universidad, mediante el decreto 1667 del 7 de diciembre de 2021, el gobierno nacional regula la matrícula cero. En este decreto, de manera más meticulosa, construye un filtro de beneficiarios que al final termina reduciendo la matrícula cero a una cantidad de estudiantes específicas, todo ello a partir de diferentes criterios, con énfasis en el registro en la base de datos de sistema sisben IV. Como puede pensarse, un mecanismo más, no solo para negar el derecho exigido por los estudiantes, sino un conducto más expedito para hacer clientelas.
La larga deuda irresuelta

La transformación de la matrícula cero en política de Estado y bandera falsa del gobierno nacional de un compromiso con la educación pública, deja a un lado las necesidades presupuestales en creciente desde 1993 y cuyo cubrimiento ha sido desde entonces una de las permanentes exigencia del estudiantado, que ve y padece con indignación el declive estructural y presupuestal de sus casas de estudios. Como ya está dicho, lo que sí pretende es endeudar más a los ya empobrecidos estudiantes que acuden a tal recurso. Niegan el derecho a la educación y acrecientan el negocio, además de ampliar el control social de los endeudados, obligados a cumplir con ciertos parámetros en el resultado de sus estudios semestrales.

Esta política educativa de apariencias y manipulación, como lo trae a cuenta el profesor Helberth Choachi: no otorga la base presupuestal para resolver los problemas que en infraestructura, funcionamiento, planta docente, adecuaciones urgentes de los centros de estudios para enfrentar las exigencias locativas que trae la pandemia y la presencialidad en las universidades.

¿Cómo aumentar cupos para una mayor cobertura de estudiantes, se pregunta el profesor de Choachí, si las instalaciones de estos centros de estudio no son mejoradas, ampliadas, incrementado el número de profesores, construidos nuevos laboratorios…? ¿Y qué dicen sobre todo esto los decretos expedidos para financiar la, no cabe duda de ello, mal llamada matrícula cero, traducida por arte de legalismos en un disfraz de la real negación del derecho a educación pública, gratuita y universal?

El panorama no es halagador, y los retos están ante todo el estamento universitario: el gobierno, de nuevo, logra torcer el mandato estudiantil, así como las exigencias de otros estamentos universitarios. ¿Quedarán burladas las conquistas de varios años de lucha y descontento social, familiar, estudiantil, con la negación de un derecho fundamental? ¿Quedarán aplastados los estudiantes por el crédito firmado ante el Icetex o, como movimiento social, alzarán con más fuerza las banderas que les han animado en sus últimas y masivas movilizaciones?

 

1 Decreto 467 de 2020.
2 Para mayor información, recomiendo consultar los reportajes realizados por Desde Abajo a las estudiantiles por la matrícula cero en las universidades públicas con presencia en Bogotá.
3 Profesor de la Universidad Pedagógica Nacional.
4 Sistema Universitario Estatal (2021) Sostenibilidad y financiación de la educación superior pública

* Estudiante de Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital, Bogotá.

 

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Información adicional

  • Autor:Sebastián Delgado
  • País:Colombia
  • Región:Suramérica
  • Fuente:Periódico desdeabajo Nº289, marzo 20 - abril 20 de 2022
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