Lunes, 02 Mayo 2022 05:48

Mocoa: A puertas de una doble destrucción

Escrito por • Equipo Guardianes de la Andino Amazonía
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Mocoa: A puertas de una doble destrucción

A cinco años de la avalancha, Mocoa se encuentra entre la corrupción institucional y la proyectada explotación minera en su territorio por parte de la multinacional canadiense Libero Cobre.

 

Sin sujetos no hay memoria: El 31 de marzo de 2017, a las 11:30 p.m. y en la madrugada del 1 de abril, Mocoa vivió una emergencia que a medida que pasaron los minutos se fue convirtiendo en inmensa tragedia. La famosa “avalancha”, técnicamente llamada avenida fluvio-torrencial, recogió las aguas desbordadas de las quebradas Taruquita, Taruca y los ríos Sangoyaco y Mulato, dejando a su paso la destrucción de barrios enteros. Grandes cantidades de lodo y piedras de más de 12 metros de diámetro fueron dejando sepultados a los habitantes de barrios como San Miguel, San Fernando, Altos del Pino, Junín, Laureles, y afectando gravemente a más de 18 barrios de la ciudad.

Según cifras oficiales, en un municipio que para ese entonces contaba con 40.689 habitantes en su casco central, la avalancha dejó más de 22.000 damnificados, más de 330 muertos y alrededor de 400 heridos. Pero para la comunidad estas cifras no recogen la real magnitud de lo sucedido: más de 1.000 muertos, 70 o más desaparecidos, entre ellos niños y niñas que fueron hurtados desde los centros de “protección” donde ya habían sido registrados y nunca regresaron a sus familias, y un número mayor de damnificados, que sigue creciendo en tanto no se ha brindado la atención que se esperaba, a pesar de los recursos y ayudas que llegaron al país en solidaridad, por más 35.000 millones de pesos, y los 1.2 billones de pesos asignados desde el Conpes 3904 de 2017. Esto sin contar con los valores ejecutados desde el presupuesto de las entidades nacionales como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), los ministerios de Vivienda, Hacienda, Salud, Educación.

Un desastre asociado y potenciador de otro: Mocoa como capital del departamento del Putumayo, registra varias decenas de miles de víctimas por desplazamiento forzado, producto del conflicto armado que las sacó de sus territorios hacia sectores marginales de la ciudad. Estas familias, de muy bajos recursos económicos, fueron las principales víctimas de esta tragedia, todas ellas obligadas por un modelo económico y social a buscar y resolver por mano propia una alternativa de vivienda, teniendo que habitar una zona de riesgo, donde ya había pasado una avalancha hace 50 o 60 años.

Es clave resaltar que a finales de 2014 se vivió una amenaza de avalancha y el municipio, en cabeza de Elver Cerón, como alcalde, aprobó licencias de construcción sin ningún plan de prevención.


Reconstrucción institucional versus ciudadanía

Para la población afectada y la ciudadanía en general, este tema de la reconstrucción se ha vuelto una mentira cargada de discursos institucionales, fechas incumplidas, con ejecución de recursos que se manejan desde el nivel nacional en cabeza de la Ungrd, quien asumió funciones de ejecutor de recursos, interventora y supervisora de sí misma, contraviniendo la normatividad establecida en la Ley 1523 de 2012, según la cual la competencia le corresponde a la alcaldía municipal por ser un desastre de orden local.

Así, la población ha quedado en medio de la carencia de recursos al perder sus fuentes de trabajo, informales en su mayoría; la ausencia de atención en salud mental para el estrés postraumático que les produjo la avalancha y que aun hoy pasados 5 años, les sigue asechando con cada lluvia torrencial, tan común en este territorio.

Se suma a lo anterior, la lenta respuesta institucional a problemas tan graves como la pérdida de sus viviendas: después de 5 años apenas han construido 300 de las 1.450 proyectadas. Así mismo, los préstamos bancarios que adeudaban muchos de los damnificados no recibieron alivio alguno, a pesar de haberlo perdido todo. De los hechos más aberrantes padecidos en medio de la tragedia se encuentra la exclusión de toda ayuda para las familias que vivían en arriendo, aduciendo que ¡no tienen derechos por no ser propietarias!

Hoy, quedan en la mente de quienes habitan Mocoa, las promesas de “una ciudad mejor de la que se llevó la avalancha”, por eso, a cinco años de este desastre la gente se pregunta ¿para cuándo las vías, el megacolegio, la reubicación de la plaza de mercado, del terminal de transporte, las viviendas nuevas, el acueducto (Mocoa lleva más de seis meses sin servicio de agua, luego de que en el 2021 las lluvias rompieron la bocatoma ubicada en el río Mulato y a la fecha sigue sin ser resuelto el suministro de agua para gran parte de la ciudad), el mejoramiento del hospital de segundo nivel y los servicios de tercer nivel, así como las obras de mitigación. A cambio de esto la población recibe discriminación, maltrato, olvido y humillación al darse cuenta que el director territorial de la Unidad de Gestión devenga 12 millones de pesos mensuales y los resultados de su labor no se ven, tan solo campea la corrupción.

A pesar de lo sucedido y de la urgente necesidad de reconstruir nuestro territorio de manera adecuada, Mocoa sigue sin Plan de Ordenamiento Territorial, el tan nombrado Plan Básico de Ordenamiento Territorial (Pbot), aprobado para reconstruirla por razón de la catástrofe, el cual aún no ha sido entregado al municipio después de 4 años y de un costo de más de 5.000 millones de pesos pagados a la empresa Inypsa Colombia SAS como contratista. A raíz de las inconsistencias que presentó el documento entregado, y de acuerdo con la Sentencia 4360 de 2018 es necesario hacer una actualización territorial, ya que el Departamento Nacional de Planeación nunca contrató un Pbot, solo la entrega de 17 productos.

Vale resaltar que la reconstrucción ha estado en cabeza de una serie de gerencias de alto nivel nacional, nombradas directamente por los presidentes de la república en cada época, como ocurrió con Luis Carlos Villegas Echeverry, Ministro de Defensa de Santos, quien se destacó por contratar la ejecución de vías con el Ejército Nacional, algunas de las cuales ni siquiera hacían parte de las obras de reconstrucción, sino que fueron parte de pagos a determinados sectores políticos; también autorizó la compra de terrenos para la construcción de las viviendas a precios exorbitantes, teniendo en cuenta que el valor comercial de la tierra en ese momento para la zona rural era de 150 millones hectárea, sin embargo facturaron por más de 2.000 millones las tres primeras hectáreas compradas para la construcción de las viviendas.

Prolongando este mismo sentido burocrático, por designación del presidente Duque ocupa dicho cargo la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez de Rincón, quien no ha estado a la altura de lo que demanda la reconstrucción de Mocoa, generando por ello gran desconfianza entre la ciudadanía.
Ante tanta ineptitud y, a modo de paño de agua tibia, el 27 de marzo de 2022 el Contralor General de la República, Felipe Córdoba, hizo un llamado al orden a la Ungrd*. Sin embargo, para las veedurías ciudadanas éste no pasa de ser una más de las formalidades que utiliza el sistema para entretener a la población y enmascarar la corrupción. Comenta Ramón Apráez, integrante de la Veeduría para la Reconstrucción de Mocoa, que “nunca socializaron los proyectos, no permitieron la participación efectiva de la ciudadanía, desconocieron la ley 850 de 2003 de las veedurías ciudadanas y la ley 1757 de la participación ciudadana, por eso nuestra poca incidencia, porque no nos han permitido la participación a pesar de las múltiples veedurías conformadas para observar este proceso de reconstrucción”.


Riesgo inminente por las obras de mitigación


Por otro lado, es claro para la ciudadanía que habita los sectores más cercanos a las fuentes de agua que se desbordaron el 31 de marzo el riesgo en que las dejan las obras de mitigación proyectadas sin consultar con la población. Obras que intervienen los ríos dañando no solo su cauce natural y biodiversidad, sino que afectan el patrimonio natural de la ciudad e impiden su proyección como ciudad turística, pues estas obras, basadas en diques de cemento que atraviesan totalmente los ríos, con la pretensión de disminuir la fuerza de sus corrientes de agua, afectan su naturaleza, cuya principal característica es la de arrastrar grandes piedras, sedimentos y árboles de las jóvenes montañas en formación, que acunan sus cauces y bajan por pendientes muy pronunciadas.

A lo anterior se suma, que ninguna de estas obras de mitigación cuenta con presupuesto para el mantenimiento de los diques, los cuales al colmatarse pueden llegar a generar una nueva avalancha con características similares a las vividas en el 2017, máxime cuando muchas familias han vuelto a habitar estas zonas de riesgo, pues los 250.000 pesos asignados como subsidio de arriendo solo les alcanza para pagar una pieza, en la cual deben habitar familias hasta de 8 miembros.


También es preocupante, como lo comenta Ramón Apráez, “que se hayan gastado más de 1.200 millones para un sistema de alertas tempranas (SAT) con grandes televisores y unos sensores, una sala de vigilancia ubicada en el 4 piso de la Policía, donde solo entran ellos, pero que hace más de dos años dejó de funcionar. Por tanto, a la fecha la única alerta temprana con la que cuenta la ciudad es el reporte que hacen unos celadores ubicados en la montaña con unas linternas y radios que avisan si llueve mucho en la parte alta, si crecieron los ríos, si se pusieron turbios. De noche no hay vigilancia. La población sigue en riesgo”.

Es fácil concluir, de acuerdo con lo expuesto, que Mocoa no solo sigue sin resolver la grave crisis económica, social, institucional, que dejó la tragedia del 31 de marzo de 2017, sino que además hoy, por cuenta del extractivismo minero que pretende adelantar la empresa Libero Cobre (Ver “La locomotora minera...”), agrega una nueva crisis a su territorio, esta vez a todos sus ecosistemas naturales, fuentes de agua, biodiversidad, por la contaminación y el arrasamiento de su riqueza natural, además de la fractura social de su población por cuenta de las “promesas de empleo y bienestar” que la empresa les hace y que medios locales refuerzan desde su falta de conciencia y compromiso con la ciudad y el departamento.

* https://www.contraloria.gov.co/es/w/advertencia-del-contralor-a-director-de-la-ungrd-por-riesgo-de-inminente-p%C3%A9rdida-de-millonarios-recursos-p%C3%BAbicos-ante-atrasos-del-programa-de-reconstrucci%C3%B3n-de-mocoa


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Vínculo: https://bit.ly/3OhfNrp
Video: https://bit.ly/3xDlVER


 La locomotora minera amenaza la vida en Mocoa

 

 

Mocoa se encuentra en riesgo de una segunda destrucción debido a la amenaza minera que proyecta la multinacional canadiense Libero Cobre, desde 4 concesiones para la explotación de cobre y molibdeno y otros minerales, que le han sido otorgadas por la Agencia Nacional de Minería. Esta mina esta proyectada como una de las más grandes de Latinoamérica, con capacidad para extraer más de 4 mil 200 millones de libras de cobre de la cuenca alta del río Mocoa.

A pesar de los riesgos ambientales y geológicos para la ciudad y las fuentes de agua que fluyen hacia los municipios del bajo Putumayo, y pasando por encima del acuerdo 020 de 2018 del concejo municipal de Mocoa, que determinó la protección del patrimonio biocultural del municipio y por tanto prohibió cualquier actividad de explotación minera en su territorio, la empresa Libero Cobre inició actividades de acercamiento a las comunidades en el 2021 y de prospección y exploración en el 2022, para futura explotación de cobre y molibdeno.

La cuenca alta del río Mocoa alberga un ecosistema frágil, integrado por el bosque andino y los páramos zonales. Por su ubicación éste lugar concentra altos niveles de humedad que, casi de forma permanente, alimentan las nubes y sus consecuentes lluvias, avivando las quebradas y ríos que surten de agua a las comunidades del departamento del Putumayo; así mismo actúan como estratégicos corredores biológicos que conectan una parte de la riqueza natural que habita en las zonas altas del macizo colombiano, con aquella que pertenece a la planicie amazónica, constituyéndose en el hogar de más de 140 especies de aves, diversas especies de mamíferos, reptiles, anfibios, insectos, plantas medicinales y espíritus guardianes que mantienen la armonía del territorio.

Por otro lado, no puede desconocerse el riesgo que implica la actividad minera en la montaña por el potencial peligro de remoción en masa, deslizamiento, avalancha y sismicidad, el cual puede ser similar o peor al ocurrido en el 2017.

Ante esta preocupante situación, organizaciones sociales, juveniles, comunales y los pueblos indígenas Nasa, Kamentsa e Inga, habitantes del departamento del Putumayo, han iniciado acciones para la defensa del territorio entre las cuales es muy reciente el “Primer Festival del agua, la montaña y la vida”, realizado los días 1, 2 y 3 de abril del 2022, desde el cual se adelantaron acciones para sensibilizar a la población sobre las graves consecuencias para la ciudad y sus habitantes si se permite el desarrollo de este proyecto minero que aspira a explotar a cielo abierto más de 25.000 hectáreas.

Desde que la empresa inició actividades en el 2021, se han denunciado irregularidades en su actuar, las cuales fueron ratificadas el 31 de marzo de 2022 mediante un comunicado de Corpoamazonía, autoridad ambiental para este territorio, en el que expresa claramente la ilegalidad de la exploración minera y el riesgo latente frente a las 8 determinantes ambientales identificadas dentro de los títulos concesionados.

Por ello, el “Primer Festival del agua, la montaña y la vida”, resalta que “como guardianes y guardianas, es nuestra labor defender la montaña que alberga la principal fuente hídrica del municipio y por tanto la vida misma de nuestras comunidades y la garantía de nuestra permanencia en el territorio”. Así mismo llama a “reconocer a Mocoa como puerta de entrada al bioma más importante del planeta, la Amazonía”. Igualmente, denuncia a las empresas extractivistas quienes aprovechan el acceso a medios masivos de comunicación para desinformar a la población mocoana, como ocurrió con el comunicado del 1 de abril de 2022 de la empresa Libero Cobre, que desafiando a las instituciones democráticas solicita rectificar el comunicado de Corpoamazonía como si la empresa fungiera como juez de la República o dueña del territorio, por tanto “ratificamos y respaldamos las declaraciones de la entidad regional ambiental y mantenemos la solicitud de publicar los autos de apertura de los procesos sancionatorios y penales en contra de la Libero Cobre”.

En el marco de la autonomía de los pueblos indígenas, Kiwe Thé´gnas (guardia indígena), aclaran que esta realizó una visita al terreno en concesión y lograron observar ilegalidades y afectaciones al territorio ancestral, hechos que serán parte de un informe posterior.

En este marco, el festival acuerda denunciar que la multinacional Libero Cobre realiza minería ilegal en la Amazonía colombiana. Que el gobierno canadiense atenta contra la Amazonía colombiana y brasileña, en el marco de la inacción y falta de control sobre sus empresas, irrespeto de los principios sobre empresas y derechos humanos de Naciones Unidas. La incapacidad estatal para hacer control in situ, toda vez que dos meses después, ninguna entidad ha estado en territorio para corroborar los hechos denunciados. La privatización del camino que conduce hasta la parte alta de la montaña. Que la empresa Libero Cobre ha impuesto campañas de cooptación a niños y niñas escolarizados entregando dádivas y capturando fotos y videos de los menores de edad sin consentimiento expreso de todos los padres y madres de familia. Que la empresa ha roto el tejido social de las comunidades, generando enemistad, desconoce los derechos territoriales de los pueblos indígenas, genera desarmonías. Que el programa de obras por impuestos se presta para la cooptación de comunidades y engaños sobre las obligaciones de la empresa.

Por otro lado, desde la Asociación Minga Mayerly Garzón, abogada que brinda apoyo jurídico a este caso, precisa que: Desde el comunicado enviado a la Empresa Libero Cobre el 31 de marzo de 2022, “Corpoamazonía admite y respalda las denuncias hechas en cuanto que los títulos mineros se encuentran suspendidos por parte de la agencia nacional minera, quienes han sido claras en que la empresa no podría estar haciendo actividades de exploración”.

De acuerdo con lo anterior, 1. La Empresa ha estado allí sin un seguimiento institucional por parte de Corpoamazonia, ni de la Agencia Nacional Minera para el caso de la fiscalización. 2. Se han evidenciado impactos tanto a las fuentes hídricas, a la vegetación, a la fauna y eso no ha sido contemplado en términos de seguimiento por parte de Corpoamazonía, porque se “supone” que la Empresa no debería estar haciendo actividades allí. 3. Si los títulos estaban suspendidos y Corpoamazonía admite que se están haciendo afectaciones “menores” a los recursos naturales, todo indica que la Libero Cobre está haciendo minería ilegal. 4. En términos jurídicos la solicitud puntual es que se inicien los procesos sancionatorios, disciplinarios, penales a los que lleve el caso, porque también es importante visibilizar que jurídicamente la empresa no actuó con transparencia frente a la misma suspensión por ellos radicada ante la Agencia Nacional Minera alegando la fuerza mayor, pero no indicaron que hubieran cesado las condiciones de fuerza mayor que en este es el acuerdo 020 de 2018.

En este ejercicio de defensa del territorio también se han dado acciones internacionales apoyadas por la Comisión Especial de Ecología Integral y Minería (Ceem) y las comunidades, acompañadas por la red de iglesias y minería (IyM) a través de la “Campaña de Desinversión Minera”, que permitió que una Comisión viajara a Europa para amplificar sus voces y seguir escuchando tanto el grito de la Tierra como el de los pobres y martirizados por la megaminería en América Latina, para reforzar la globalización de la esperanza y la corresponsabilidad Norte-Sur. Allí Putumayo tuvo representación para presentar el caso de la Libero Cobre y su intención de explotar cobre en el territorio sagrado de Mocoa, Putumayo, Colombia.


 

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Información adicional

  • Autor:• Equipo Guardianes de la Andino Amazonía
  • País:Colombia
  • Región:Suramérica
  • Fuente:Periódico desdeabajo Nº290, abril 20 - mayo 20 de 2022
Visto 241 vecesModificado por última vez en Sábado, 30 Abril 2022 18:49

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