Jueves, 05 Mayo 2022 11:00

Comunicado a la opinión pública: Ante la 1º audiencia de reconocimiento de responsabilidades del caso 003 - JEP

Escrito por Luz Marina Bernal Parra. Fundación Fair Leonardo Porras Bernal
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Comunicado a la opinión pública: Ante la 1º audiencia de reconocimiento de responsabilidades del caso 003 - JEP

Hoy que la Guerra no ha cesado quiero emitir este Comunicado para invitar a la reflexión en una semana en la que la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, concede beneficios a miembros del Ejército implicados en miles de crímenes de Lesa Humanidad mientras las cifras de asesinatos a líderes, a firmantes de la Paz o a cualquier persona que no está en esas categorías no para de aumentar, mientras asistimos a la negación de un Estado que sigue manteniendo la práctica de las ejecuciones extrajudiciales como lo ocurrido en el Putumayo hace un mes.

En Colombia no hay garantías de no repetición

Y como sociedad tenemos que pensar cuál es el verdadero legado que estamos dejando.

Desde que se firmaron los Acuerdos en el 2016 asistimos a un recrudecimiento de la violencia que viene de la mano del extractivismo y del despojo de nuestros territorios, a la vez que a una confusión constante en los términos. Por eso, con este Comunicado quiero expresar mi derecho a que las víctimas seamos reconocidas desde nuestra heterogeneidad invitando a un debate público, que como sociedad no hemos tenido todavía.

Llevo casi 15 años de lucha exigiendo Justicia y respeto a la Vida y a los Derechos Humanos, recorriendo muchas regiones de Colombia, acompañando y escuchando a muchas víctimas. He sido invitada a nivel internacional en varias ocasiones a denunciar los crímenes de Estado. He dado incontables conferencias y charlas en todos los espacios imaginables haciendo pedagogía y denunciando estos crímenes. Por esa lucha incasable fui elegida para participar en la primera delegación de víctimas que viajó a las Mesas de Conversaciones en La Habana. Es decir, desde que mi hijo fue asesinado he dedicado mi vida entera a la denuncia de los crímenes de Estado y a construir Paz en este país.

Pero lamentablemente tenemos que reconocer que Colombia no está en Paz. En este contexto de violencia es que se ha realizado la 1º Audiencia de Reconocimiento de Responsabilidad del Caso 003 realizada en Ocaña, el 26 y 27 de abril de 2022, el mismo día que en el Congreso se debatía la moción de censura al Ministro de Defensa por la masacre perpetrada por miembros del Ejército en Puerto Leguízamo en Putumayo.

Lo que nos lleva a reflexionar si realmente está contribuyendo a la Paz, la celeridad de la JEP para mostrar resultados y otorgar beneficios, incluida la libertad, a los militares responsables de crímenes de Lesa Humanidad.

Yo no acudí a esa Audiencia, ni estoy de acuerdo con las decisiones que la JEP está tomando en relación a los mal llamados “falsos positivos”, quiero compartir mis motivos invitando a la reflexión, con todo respeto, desde la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros.

En mi caso, no necesito que quien asesinó a mi hijo reconozca que Fair Leonardo no era un guerrillero, ni un delincuente. Eso ya lo sabía yo, mi familia, el barrio y todo los que lo conocieron. Mi hijo era inocente y así consta también en la sentencia por la que se condenó a los 6 militares que estuvieron directamente implicados en su asesinato. Fue el Tribunal Superior de Cundinamarca el 30 de julio de 2013 quien declaró que el asesinato de mi hijo es un crimen de Lesa Humanidad. Fueron 5 años de proceso judicial para lograr lo que muy pocos hemos tenido derecho, una sentencia condenatoria y una investigación detallada y exhaustiva. Lamentablemente, sin que nadie me lo comunicara y con el riesgo para mi vida que implica, los seis militares fueron puestos en libertad al acogerse a la JEP a pesar de tener condenas a 53 y 54 años de prisión. Incluido el Mayor Marcos Wilson Quijano quien estuvo prófugo de la ley y quien fue detenido cuando su mujer lo denunció por maltrato.


- La JEP me ha insistido en que participe, y así lo hice el 17 de octubre de 2019, cuando acudí a la 1º Audiencia Pública en la que la JEP escuchó “a familiares de los jóvenes de Soacha”. Ese día solicité a la Sala una serie de investigaciones y aún sigo esperando una respuesta de su parte. Ese día también, la Magistrada Catalina Díaz, me interrumpió mandándome a callar. Tuve 15 minutos a diferencia de todo el tiempo que tuvieron los militares, para poder dar todas mis observaciones a las múltiples versiones que me facilitaron apenas unos días antes. Aquel día expresé mi preocupación por el contenido de las versiones que los militares estaban dando a la JEP y por ese perdón frío y calculador que estaban dándonos. Indicando que la versión dada por el Mayor Marcos Wilson Quijano y por el Teniente Diego Aldair Vargas, quienes son los responsables del asesinato de mi hijo, no contribuyen ni aportan nada a la verdad que yo no supiese anteriormente. Por lo que vuelvo a preguntar ¿cuál es el aporte que ellos están haciendo a cambio del beneficio de su libertad?

- Como víctima no puedo estar de acuerdo en que muchos de los miles de casos de ejecuciones
extrajudiciales vayan a quedar impunes por “criterios metodológicos de selección y priorización”, que implican que “no todo puede ser judicializado, no todos los agresores serán llamados a reconocer responsabilidad en audiencia pública, ni todos los hechos victimizantes serán objeto de sanción”. Al menos, en la Justicia Ordinaria, a pesar de su lentitud, de los múltiples impedimentos que los militares y sus abogados realizan y todas las dificultades que quienes hemos luchando durante años en el sistema judicial conocemos, teníamos el derecho a un juicio por cada uno de nuestros casos.

- Respecto al Auto 125, me gustaría saber, por qué las víctimas y la Procuraduría dicen que son más de 480 víctimas y no 120 como así aparece en dicho Auto, ¿qué reconocimiento de Verdad han hecho estos 11 máximos responsables si todavía no hay claridad de cual es el universo de víctimas?

Y aún es más, a pesar de las múltiples páginas que componen el Auto sigo sin saber el argumento de por qué imputaron a estos 11 como máximos responsables y no a otros como el Comandante de la 2º División, Carlos Ovidio Saavedra Sáenz o incluso a Medardo Ríos, quien en su versión insistió en reconocer hasta lo que no ha hecho con tal de no volver a prisión.

También quiero expresar mi preocupación de por qué no se les acusa de tortura si existen múltiples evidencias de que algunos de nuestros familias fueron torturados antes de ser asesinados, como se evidencia en los informes forenses.

Además de lo anterior, me gustaría presentar mis objeciones sobre dos de los imputados en la Audiencia, Sandro Pérez y Alexander Carretero.

- Respecto a Sandro Pérez, quien pudo haber detenido las muertes del caso Soacha y no lo hizo, creo que es importante dar a conocer que este señor estuvo prófugo de la ley todos estos años. Tiene más de 7 órdenes de captura en Colombia y varios procesos judiciales abiertos. Durante el 2009 estuvo en diálogos con la Fiscalía, negociando su condena y cuando supo que cumpliría años de prisión se fugó a Venezuela, como así lo reconoce en la versión que dio ante la JEP. Durante todos estos años, nunca le importó contribuir a la verdad de los hechos, ni tuvo respeto por nosotras las víctimas. Y tal es su descaro que en esa versión reconoció a la magistrada Catalina Díaz que ha vuelto a Colombia porque la JEP le garantiza que las ordenes de capturas serán retiradas y él gozará de libertad.

- Respecto a Alexander Carretero, informarle a la JEP que no es la primera vez que reconoce su responsabilidad. En un preacuerdo que logramos en 2017, Alexander Carretero reconoció su responsabilidad como coautor de los delitos de Desaparición forzada en concurso homogéneo y sucesivo de homicidio agravado de 14 jóvenes, incluido Fair Leonardo Porras, aceptando 44 años de prisión. Desde entonces Alexander ha intentando negociar en varios ocasiones una reducción de su condena, prometiendo reconocer más casos, destacando que en el preacuerdo se comprometió a ser testigo de la Fiscalía. Entonces, la pregunta que me surge es si el compromiso del cual hablaba estos días sólo se da si hay libertad de por medio. Por lo que no comparto porque la JEP no sólo lo ha puesto en libertad sin consultarnos a quienes realizamos aquel preacuerdo, sino que la imputación de cargos es menor, al imputarle el homicidio a título de complicidad.

Del mismo modo y para contribuir con el proceso actual quiero señalar que Alexander Carretero incurrió en falso testimonio tanto en su versión que recoge el Auto 125 como en su reconocimiento de responsabilidad en la Audiencia Pública, al mentir sobre cómo y cuándo conoció a mi hijo, Fair Leonardo Porras Bernal, así como en lo referente a que él no sabía que lo entregaba para ser asesinado. Su culpabilidad es mayor a la reconocida.

Por ello, solicitó que la Sala correspondiente de la JEP revise todos los testimonios que Alexander Carretero ha aportado en todos estos años de proceso judicial desde las primeras diligencias de indagatoria que dio el 6 de mayo de 2009, y sino en la sentencia que yo misma entregué a la JEP el 17 de octubre de 2019, en ella se incluyen los extractos de esos testimonios y de las investigación que aseguran que Alexander Carretero en la tienda “los costeños” en Soacha, se reunía para seleccionar sus víctimas y que conocía a mi hijo desde mucho antes de llevárselo para se asesinado, porque mi hijo le ayudaba con la venta de empanadas.

Han sido muchos años de lucha, de esfuerzos, de amenazas, por mi parte y por muchas organizaciones, colectivos, instituciones, víctimas, investigadores y un sin fin de personas que han querido denunciar estos crímenes de Estado, contando con toda la información precisa necesaria. A muchos les ha costado la vida y otros se han visto obligados a exiliarse. Por ello, creo que no debemos caer en falsas ilusiones, ni jugar con la esperanza ni el dolor que tenemos las víctimas. Tenemos una gran desafío por delante, en el que debemos seguir trabajando juntos siendo conscientes de los retos y consecuencias que las decisiones tomadas con celeridad por la JEP pueden conllevar y más cuando los victimarios han pasado a ser el centro de esta Institución y no ya las víctimas.

Escribo todo esto, hoy 28 de abril, cuando se cumple un año del Estallido Social, en el que la Fuerza Pública volvió asesinar a jóvenes que expresaban su indignación ante la desigualdad y la falta de oportunidades. Por una Paz con Justicia Social.

 

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