Récord de 55 millones de desplazados internos en 2020

Los datos surgen de un informe del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC)

Del total, 48 millones escaparon de conflictos y violencia y siete millones de catástrofes naturales. La cifra equivale a por lo menos un desplazado por segundo.

21 de mayo de 2021

En un año marcado por la pandemia de coronavirus, la cifra de desplazados internos en el mundo alcanzó en 2020 el preocupante récord de 55 millones. De ese total, 48 millones escaparon de conflictos y violencia y siete millones de catástrofes naturales, según los datos publicados este jueves por el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC) en colaboración con el Consejo de Refugiados noruego (NRC). El informe destaca además que más de 23 millones de desplazados son menores de edad, lo que genera un "impacto significativo" en su educación.

"Es impactante que el año pasado, a cada segundo, una persona se viera obligada a abandonar su hogar dentro de su propio país", dijo en un comunicado el presidente del NRC, Jan Egeland. La cifra de desplazados internos duplica a los aproximadamente 26 millones de refugiados, es decir las personas que dejaron sus casas y también se vieron forzadas a abandonar sus países.

"Estos dos números han sido inusualmente altos", expresó Alexandra Bilak, directora del IDMC con sede en Ginebra. Bilak acotó que "menos personas buscaron protección en refugios de emergencia por temor a contagiarse" de covid-19, cuya propagación ya alcanzó casi los 165 millones de contagios y más de 3,4 millones de muertos en todo el mundo.

Bilak alertó que los números de desplazados "pueden empeorar a medida que los países se adentran en la crisis económica" derivada de la pandemia. El informe advirtió que la convergencia de conflictos con desastres naturales agrava el problema, y que el 95 por ciento de los desplazamientos por conflictos recientes ocurrieron en países vulnerables al impacto del cambio climático.

Ciclones intensos, lluvias monzónicas e inundaciones golpearon zonas altamente expuestas y densamente pobladas de Asia y el Pacífico. Sólo el ciclón Amphan, que afectó el sur asiático en mayo del año pasado, provocó cinco millones de desplazamientos en la India, Bangladesh, Bután y Myanmar.

En el continente americano se registraron unos 4,5 millones de desplazados debido a las catástrofes naturales, las peores cifras en una década. Los huracanes Eta y Iota en octubre pasado golpearon con fuerza la zona central y el Caribe, y obligaron a 1,7 millones de personas a abandonar sus hogares, según el informe del IDMC. "Solo podemos esperar que el impacto futuro del cambio climático haga que estos desastres sean más frecuentes e intensos y, por lo tanto, que aumente el número de desplazados internos", indicó Bilak.

En tanto en países como El Salvador, Haití, México y Colombia la violencia y los conflictos internos causaron unos 238 mil nuevos desplazados. Solo Colombia acumuló 106 mil y "enfrenta una de las situaciones de desplazados internos más graves en todo el mundo", advierte el documento.

La escalada de violencia y la expansión de grupos extremistas en Etiopía, Mozambique y Burkina Faso propiciaron algunas de las crisis de desplazamientos más aceleradas del mundo en 2020. Conflictos más antiguos como los de Siria, Afganistán y la República Democrática del Congo, también continuaron provocando grandes cantidades de desplazados.

Bilak destacó que es "especialmente preocupante que estas cifras se registren con el trasfondo de la pandemia de la covid-19", que impuso restricciones al movimiento de personas y dificultó la recolección de datos. Por ello, las cifras de desplazados internos podrían ser aún mayores. Al respecto, la directora del IDMC explicó que "los confinamientos y la caída económica han intensificado las dificultades financieras a las que hacían frente muchos desplazados".

Publicado enSociedad
Violación de derechos y derrumbe cada vez más total del Estado

De nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó, como ya en muchas otras ocasiones, se ve en el deber de dejar constancia ante el país y el mundo sobre los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por parte de un ente exterminador que no descansa en su propósito de acabar con nuestro proceso de vida.

Nos encontramos en momentos de movilizaciones sociales en todo el país y en otras partes del mundo. La raíz de todo esto es el afán de los poderosos de eliminar o marginar cada vez más a sus víctimas. Se enfrentan los gobiernos contra su propia ciudadanía sin que se garantice siquiera el derecho elemental a la protesta. Es claro que no les importa la vida de la gente; reformas y estrategias de “seguridad” están dirigidas a causar más hambre, exclusión y exterminio de quienes estorban los intereses de las élites.

Mientras en la ciudad se reclama por una vida digna, en los campos del país el paramilitarismo no cesa de someter a la población civil, la silencian y la atemorizan con armas amparadas por el Estado y mediante pan etos continuos la amenazan por no someterse a sus órdenes. En nuestra zona, los paramilitares tratan de cooptar a más y más gente en su propósito de exterminar nuestra Comunidad de Paz. Se apoyan en funcionarios públicos para elaborar tutelas y darle apariencia legal a su lucha de exterminio contra nosotros. Policía y Ejército están lejos de proteger a la población vulnerable; es evidente su estrategia de tolerancia total al paramilitarismo y sus componendas con ellos para alejarse tácticamente de los sitios donde ellos van a actuar y así poder responder con su fórmula trillada: “no teníamos tropas en esa área”. No entendemos para qué sirven instituciones de protección que no protegen y además toleran y usan las “ollas” de consumo de drogas.

Los fallos de tutela siguen estando a favor de los victimarios, mientras que a las víctimas se les quiere amordazar e impedirles lo más elemental: hacer conocer sus sufrimientos de la sociedad y del mundo. Los derechos a la expresión, a la denuncia y a la protesta están siendo eliminados a bala en Colombia: el número de muertos y heridos en las protestas es escalofriante y la eliminación de líderes y lideresas sociales sigue un ritmo constante, incentivado por el anonimato y la impunidad.

Los hechos más recientes que nos afectan son los siguientes:

- El martes 4 de mayo de 2021, según algunos pobladores de la zona, el señor CÉSAR JARAMILLO, después de la reunión del 01 de mayo en la vereda La Esperanza, donde convocó a las juntas de acción comunal para hacerlas rmar un pacto de exterminio de nuestra Comunidad de Paz, empezó a llamar a los presidentes de juntas que no asistieron a dicha reunión, para que le rmaran el documento del pacto de exterminio.-  El jueves 6 de mayo de 2021, llegó a nuestro conocimiento por informaciones de pobladores de la zona, la presión de los paramilitares para comprar terrenos ubicados en lugares estratégicos, como los los de montaña, para poner allí sus centros de operaciones. Ya han amenazado a varios pobladores que no han querido vender sus parcelas.

 

-  El viernes 7 de mayo de 2021, en horas del día en la vereda Arenas Altas personas ajenas a nuestra Comunidad de Paz destruyeron nuestras vallas las cuales son nuestras insignias como proceso de vida.

 

- El sábado 8 de mayo de 2021, en horas del día, nuestra Comunidad de Paz fue informada de que un grupo de pobladores de la vereda La Esperanza planearon pedirle a CORPOURABA que lleguen hasta la propiedad privada de nuestra comunidad allí y se midan 30 metros de ribera del río para iniciar la construcción de una carretera sin nuestro consentimiento.

 

-  El domingo 09 de mayo de 2021, llegó a nuestra Comunidad informaciones de que el paramilitar e integrante de la junta comunal de La Unión, ADOLFO GUZMÁN, habría lanzado amenazas contra un miembro de nuestra comunidad en la vereda la Unión.

 

-  El martes 11 de mayo de 2021, en horas de la madrugada en el casco urbano de San José y sus alrededores los paramilitares que actúan con plena libertad en nuestra región dejaron pan etos y escritos en las paredes de las viviendas con las siglas (AGC presente).

 

-  El miércoles 12 de mayo de 2021, en horas del día, tres reconocidos paramilitares portando armas largas entraron al caserío de la vereda La Unión e ingresaron a la vivienda de un poblador.

 

- El jueves 13 de mayo de 2021, recibimos llamadas y mensajes de muchas personas, alarmadas porque se habían enterado de que la Corte Constitucional, en una votación de 5 contra 4, había decidido mantener el núcleo de la Sentencia 342/20, que le daba cierta razón a la Brigada XVII del ejército en su Acción de Tutela contra nuestra Comunidad de Paz, a rmando que nuestras Constancias ofendían su buen nombre y no debían permitirse mientras no estuvieran sustentadas en fallos judiciales. Aunque no conocemos aún el texto del fallo y ni siquiera se ha emitido el comunicado de prensa de la Corte, la noticia revela ya un derrumbe muy profundo del Estado de Derecho. Si nuestra Comunidad radicó una demanda de nulidad contra esa sentencia, la petición de nulidad la respaldamos en abundantísima jurisprudencia internacional y nacional, que a todas luces le da la primacía al derecho a la libre expresión como elemento esencial de cualquier democracia, jurisprudencia que también prohíbe que el derecho al “buen nombre” se interprete como anexo a cargos o dignidades o prescripciones, puesto que el BUEN NOMBRE se construye esencialmente con el BUEN COMPORTAMIENTO

que lleva a ganar aprecio y respeto, pero en el caso de la Brigada XVII existen condenas por crímenes de tribunales nacionales e internacionales e incluso de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. En el proceso se anexaron numerosos aportes de eminentes juristas de muchos países, los cuales se apoyaron en numerosas citas de la jurisprudencia internacional. Por lo tanto, la decisión de la Corte, en un momento de tanta violencia estatal y caos jurídico, sólo añade una gota más a los millares de argumentos que en estos días se propalan sobre la ilegitimidad del Estado y el derrumbe total del Estado de Derecho.

  • -  El viernes 14 de mayo de 2021, paramilitares que controlan la zona prohibieron a pobladores de la vereda Arenas Bajas tumbar monte para sembrar productos de pan coger en sus ncas heredadas de sus ancestros.

  • -  El sábado 15 de mayo de 2021, en horas del día llegaron informaciones que en la vereda La Unión se habría organizado en reunión de Junta de Acción Comunal retirar sin nuestro consentimiento la malla de protección del monumento a La Memoria construido allí por nuestra Comunidad en memoria de las víctimas de la masacre cometida por militares y paramilitares el 8 julio del 2000, según es para construir allí un supuesto parque infantil aprobado por La Alcaldía de Apartadó, el mismo presidente de la junta mani esta que ya es una decisión aprobada.

    Nuestra Comunidad de Paz que ha defendido la vida por más de 24 años rechazamos rotundamente la destrucción de nuestra la memoria histórica y a la vez le dejamos claro al gobierno local y nacional que no callaremos ante la barbarie que se viene cometiendo contra nuestro proceso de vida y la integridad de toda la población civil por parte de estructuras paramilitares, fuerza pública y demás instituciones del gobierno que con alianzas oscuras buscan cómo acabar con la vida digna de nuestra región.

    En estos tiempos en que el país está volcado en las calles en defensa de sus derechos, por la imposición de reformas que oprimen al pueblo colombiano y bene cian más bien el mismo bolsillo del gobierno, y donde las muertes violentas de los inconformes se multiplican día a día, las instituciones viven encapsuladas en un modelo de Estado represor cada vez repudiado por las grandes mayorías del pueblo.

    Hoy más que nunca agradecemos a las diversas personas y comunidades que desde el país y el mundo nos han apoyado en este largo y difícil camino, especialmente en su respaldo para insistirle a la Corte Constitucional que abriera los ojos para entender que la sentencia impugnada violaba principios muy esenciales y elementales de un Estado de Derecho y de una democracia, como lo sostuvo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y funcionarios y expertos de las Naciones Unidas y asociaciones eminentes de juristas de varios países, así como tantas personas que conceptuaron que el mismo sentido común más elemental era el que debería predominar. Aunque los resultados no fueron los esperados, creemos que hemos ganado dignidad frente a una Corte que no le importa la vida del campesino y que se dejó cooptar por los intereses y el inexistente “buen nombre” de una brigada militar que sólo ha acumulado motivos de mal nombre, dada su enorme trayectoria criminal impune, la que quieren camu ar de “buen nombre” contra toda ética, contra toda razón y contra el sentido común más elemental.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó Mayo 17 de 2021

Publicado enColombia
Viernes, 03 Enero 2020 07:08

Estado poroso

Estado poroso
Publicamos una selección de los artículos más leídos durante el 2019. Fueron seleccionados de los periódicos desdeabajo ediciones 253-264 y Le Monde diplomatique, edición Colombia ediciones 185-196.

En Colombia, la cadena de actos violatorios de los más elementales derechos humanos, en particular los que tienen que ver con el asesinato de actores y líderes sociales por parte de las Fuerzas Armadas, no son novedad, ya que así se presentan las cosas desde hace bastante tiempo. Tampoco lo es la explicación justificadora, exculpando a los responsables, sin asumir las consecuencias de estar formando, a pesar de sus nefastas consecuencias –refrendadas por la historia–, a los reclutas y la oficialidad con una cerril mentalidad anticomunista, y como parte de ello ver y asumir a la sociedad crítica como el “enemigo interno”.

Los civiles inconformes, quienes se reúnen y organizan para presentar soluciones alternativas al modelo social, político, económico, agrario, cultural, urbano, militar, etcétera, imperante, son calificados como enemigos. No son asumidos como ciudadanos en ejercicio de sus derechos políticos, como actores y líderes que con su actuar y su ejemplo ayudan a construir un país en justicia, igualdad, solidaridad, con democracia real, no formal. Por ese acondicionamiento mental de las fuerzas del establecimiento, aquellos son vistos como subversivos –es decir, guerrilleros camuflados, según el decir castrense– y por tanto como blancos por ‘neutralizar’.

Reafirman esta realidad los casos más recientes: el de Dimar Torres, baleado el 22 de abril en Ocaña (Norte de Santander), y el de Flower Trompeta, igualmente baleado el 28 de octubre en la vereda La Laguna, municipio de Corinto (Cauca). Los dos perdieron la vida –como siempre dicen los voceros del alto mando o del poder civil mismo– “en confusos hechos”.

Como es de manejo de la opinión pública, si personas vinculadas a la comunidad donde ocurrieron los hechos no hubieran denunciado la realidad de lo sucedido, todo estaría cubierto por el manto de la “solidaridad de cuerpo”. Si no fuera por la denuncia ciudadana, todo quedaría como otros tantos ‘falsos positivos’.

Estos actos de violencia en contra de lo más sagrado en cualquier sociedad, la vida, también se presentan cuando por una u otra circunstancia hay altercados entre agentes de las Fuerzas Armadas (soldados o policías) y miembros de la sociedad civil, como lo recuerda el asesinato del joven Rafael Antonio Caro en hechos acaecidos el pasado 28 de julio en la base militar La Lizama, en la vía a Barrancabermeja. ¿Se puede alegar legítimamente como “en defensa propia” el uso de un fusil contra quien esgrime un arma blanca y puede ser desarmado si se les da prioridad a unos protocolos pacificadores y no violentos? La mentalidad de poder y ‘orden’ priman acá, recordando lo difícil que es para las Fuerzas Armadas convivir con civiles, pues se asumen como gente que debe ser controlada y sometida.

Ese proceder se extiende a todos los territorios y circunstancias como política de ‘seguridad’, que es de Estado, donde las personas vinculadas a una de las instituciones más numerosas que pagamos todos en Colombia, que se supone al servicio y para la protección de los millones que somos, en la práctica está es al servicio y para la protección de quienes controlan las riendas del poder: banqueros, industriales, líderes religiosos, comerciantes en gran escala, políticos –especialmente los afines a los partidos del poder–, multinacionales y representantes del capital internacional; es decir, para proteger y asegurar la ‘sacrosanta’ propiedad privada. Como todos lo sabemos, esta perspectiva de cosas se extiende a todos los países donde la ‘santa’ propiedad se transforma en fetiche, y se torna más importante que la vida misma de un poblador popular, o del inconforme con el actual orden de cosas: o simplemente más importante que quien expresa su rabia por una injusticia cometida contra él mismo o contra cualquier otra persona o ser viviente, como sucedió en el caso del joven Rafael Antonio Caro.

Tal proceder oficial, de persistir como parte de un burdo y ciego anticomunismo, hace cada vez más difíciles los escenarios de transformación real que hagan creíble avanzar hacia un período de paz y un país justo para todos. Y mucho más cuando, como parte de esa mentalidad potenciada por una doctrina militar guerrerista, ocultar, confundir, difamar, amenazar, dilatar, son algunas de las prácticas persistentes en la cotidianidad de las Fuerzas Armadas, aupadas por un Estado que no es trasparente sino poroso.

Tal política, como proceder y actuar, cubre todo el territorio nacional y sus grupos sociales. Las denuncias conocidas hace pocas semanas sobre el bombardeo de una escuela donde formaban futuros alzados en armas, en la que participaba un grupo de menores de edad, hacen parte de la preeminencia de la cuestionada doctrina vigente dentro de las Fuerzas Armadas, para la cual lo importante es lograr ‘positivos’, sin importar el precio que se pague por ello, en este caso la vida de los menores de edad, seguramente reclutados contra su voluntad.

Como es de común aceptación, los menores de edad no deben estar incursos en acciones de guerra, y eso obliga a las partes del conflicto que nos desangra. Preguntado en entrevista radial al por entonces ministro de Defensa encargado, general Luis Fernando Navarro J., si sabían de la presencia de menores a la hora del ataque contra la mencionada escuela, aseguró que no estaban al tanto. Le preguntan de nuevo: ¿Si hubieran conocido de tal presencia, habrían atacado? Su respuesta fue una y otra vez dilatoria, arguyendo que en cada caso hay que valorar*.

Lo que puede sentir el radioescucha ante la actitud del General es que “dar de baja” menores, y en otros casos la violación de una frontera –como sucedió hace unos años con Ecuador– y procederes similares son la norma cuando de alcanzar un propósito se trata, y acá el objetivo era un mando del grupo insurgente, sin importar los efectos colaterales, como dicen en este tipo de sucesos.

No puede ser una simple coincidencia que el operativo haya tenido lugar el 29 de agosto, el mismo día en que Iván Márquez y Jesús Santrich anunciaron su regreso a la guerra. El operativo, bajo esas circunstancias, obliga a pensar que, más que a alias Gildardo Cucho, lo que tenía como objetivo era la opinión pública, en un intento por darle a esta el mensaje de que el Gobierno, pese a mostrar claramente sus intenciones de buscar, a como dé lugar, poner palos en la rueda del proceso de paz entre el Estado y las Farc, está en condiciones de responder el desafío. Los efectos colaterales eran lo de menos, y, a pesar de que el personero del municipio de Puerto Rico (Caquetá), Herner Evelio Carreño, había informado de la presencia de niños en los campamentos de los grupos armados de la zona, el bombardeo tuvo lugar sin miramientos, en una muestra de que la vida de los civiles, en este caso niños, es un asunto secundario, comparado con los intereses mediáticos de querer crear la imagen de control de un problema que ya supera el medio siglo sin solución.

En la opacidad y el sesgo con los cuales son manejados los asuntos más oscuros del Estado, no se debe olvidar el papel de la prensa y de los periodistas oficiosos, que, con la presentación de medias verdades, o con el ocultamiento o la distorsión absoluta de la realidad, contribuyen al sobredimensionamiento de las amenazas, el ocultamiento de las causas subyacentes o, en el peor de los casos, la absolución o el encubrimiento de los culpables. En la historia del periodismo, quizá nunca, pese a cierto papel de las redes sociales en la divulgación de algunas realidades, la doble moral y el lenguaje equívoco y direccionado con intención distorsionadora habían alcanzado el nivel que muestran hoy los medios masivos de comunicación. En el caso del asesinato de los niños en el bombardeo, ellos dejan de serlo, pues “seguramente no estaban recogiendo café”. Y a ningún periodista oficioso se le pudo ocurrir que, así estuvieran reclutados y/o lo hicieran ‘voluntariamente’, eran niños y por tanto víctimas dobles de la guerra. Se pudiera exculpar el hecho si hubieran muerto en combate pero no en una situación de indefensión absoluta, y con un cuaderno y un lápiz en la mano, más allá de que estuvieran escribiendo sobre cómo construir una trinchera.

Valga retomar acá un debate abierto en el país cuando la Escuela General Santander fue objeto de ataque por parte del Eln. Como podrá recordarlo el lector, por entonces se repitió una y otra vez que una escuela es un sitio de formación y no de operaciones, y, por consiguiente, debe estar excluida de tal tipo de ataques. Si así fuera, ¿por qué no se hace igual valoración cuando de atacar a la contraparte se trata, máxime si hablamos de niños? Como se deduce, en un caso el ataque es con carro-bomba y en otro vía aérea, aprovechando el factor sorpresa, basado en superioridad técnica, tanto de monitoreo de personal en tierra como en el uso de tecnología que garantiza precisión a la hora del ataque.

Es claro, como sucedió con la evidencia de los llamados ‘falsos positivos’, que una cualidad del Estado colombiano es su falta de transparencia, su manipulación de escenarios, el manejo acomodaticio que hace de la realidad, etcétera. Como ya lo anotamos, nos encontramos ante un Estado poco transparente y sí poroso, y por esos poros se filtra y persiste una doctrina que estimula la militarización de nuestra sociedad y la existencia de una institución para la cual son más importantes los resultados parciales que la vida misma y, con ella crear escenarios para una paz total.

* Caracol radio noviembre 7 de 2019

Publicado enColombia
Retos para el futuro de la comunicación alternativa en Colombia

Noviembre de 1991 fue la fecha en la que las calles vieron el primer ejemplar del periódico desdeabajo, una propuesta de prensa alternativa que surgió para aportar a la ruptura del cerco mediático que con raíz de décadas ahoga al país. Mes a mes, el trabajo empecinado de un grupo reducido de personas fue dándole vida a este proyecto prolongado durante 263 ediciones, que vistas a la luz del transitar del tiempo completan 28 años en este noviembre del 2019.

Son casi tres décadas de brindar información al conjunto del país donde, sin proponérnoslo, se ha condensado parte de la historia de nuestra Colombia a través de análisis políticos y económicos, que también se acompañan con poesías, crónicas, cuentos, historias, anécdotas y las voces de miles de organizaciones comunitarias y sociales de múltiples regiones, llevándonos a crear una especie de caja de resonancia de las luchas populares colombianas y regionales.

Un proyecto con lectura comunitaria, barrial, local, regional, nacional e internacional. En los 28 años transcurridos nos hemos dado a la brega de construir, más que un periódico, una propuesta de sistema de comunicación alternativa, autogestionado e independiente, que al día de hoy integra la producción mensual de dos periódicos impresos (desdeabajo y la edición para Colombia de Le Monde diplomatique), un proyecto audiovisual que produce como mínimo un video semanal, un diario virtual en la página www.desdeabajo.info –alimentado de manera incansable con noticias nacionales e internacionales–, la producción de uno o dos libros mensuales como parte de un fondo editorial que hasta el momento cuenta con alrededor de 250 libros editados; de la misma manera hemos hecho ejercicios de radio, así como murales en las calles.

Es una labor diaria que tiene como propósito brindar al país otra mirada sobre su cotidianidad, así como la del mundo, en un esfuerzo por una reinterpretación de sucesos y actuaciones del poder, razón por la cual, además, posibilitamos eventos de discusión, seminarios y conversatorios de múltiples aspectos que dan pistas para otra realidad posible aquí, pero también en el entorno inmediato y mediato.

 

La dura realidad como medio alternativo

 

Insistir durante 28 años en el ejercicio de democratizar la información no ha sido fácil. Las dificultades por sortear, de todo orden, pasan por un déficit financiero para mantener el proyecto y sostener a un equipo base –mínimo–, a lo que se suma: la falta de fuentes confiables para soportar la elaboración de artículos con lectura profunda del poder en el país; la incomprensión de los movimientos sociales para compartir la información que poseen sobre cada uno de los sectores donde se mueven; el poco debate que despierta el periódico, así como su reducido uso colectivo, realidad una y otra determinada por la negativa de diversidad de organizaciones para suscribirse y estimular a su militancia la lectura del mismo, decisión en la que pesa con fuerza mayor la ideología; el desinterés de los medios de comunicación también autodefinidos como alternativos para construir una propuesta colectiva con la cual disputar la opinión pública como un solo cuerpo; la reducida importancia que los partidos políticos alternativos le otorgan a los medios comunitarios e independientes; el mínimo o nulo apoyo que se encuentra en los gobiernos locales que se dicen independientes y/o alternativos (para brindar información fidedigna que permita develar los intereses económicos y políticos que han determinado el tipo de ciudades que padecemos, así como la ausencia de una política pública para este tipo de medios).

Dificultades a las que se suma, en la última etapa del periódico, la ausencia de personal especializado para programación y análisis de datos, en procura de establecer con mayor precisión las demandas y aspiraciones de los sectores sociales a los que llegamos. 

 

Una propuesta con proyección de futuro

 

En la actualidad vivimos expresiones múltiples de la cuarta revolución industrial y la tercera revolución científica, y por sus extensiones transformaciones de no poca monta para nuestra especie y el mundo todo, transformaciones con efectos visibles sobre la política, el conocimiento, la naturaleza, la comunicación, es decir la vida, transformada por completo. Comprendiendo este contexto histórico, aprovechando las ventajas que hoy nos ofrece, pero también buscando afectarlo de manera positiva, desdeabajo ha propuesto la construcción en nuestro país de un Sistema Nacional de Comunicación Alternativa (Snca).

Es una propuesta que consideramos fundamental para que entre variedad de experiencias sociales, comunitarias, de derechos humanos y medios alternativos, logremos por fin dar una verdadera disputa de la opinión pública al establecimiento, disputa que trasciende el ejercicio informativo de los medios oficiosos e implica la cultura como conjunto, que sin afectarla es imposible algún proceso de cambio que enraíce. 

Es una realidad que deja al desnudo la prolongada y errática valoración del papel de la cultura en una soñada sociedad otra, así como la fuerte dependencia informativa, histórica y presente que evidencia la fragilidad con la que los sectores dotados de vocación por un país distinto se han apropiado de la realidad del mundo de hoy, el mismo que nos facilita herramientas para lograr la consolidación de un Snca, el cual implica entonces integrar los medios escritos (periódicos, revistas y similares), visuales (televisión y cine), oral (radio), redes sociales, producción de libros, artes, web –adentrándose y ganando solvencia en el manejo de software libre y web profunda–, entre otros, en un proyecto conjunto que estimule la creatividad en el conjunto de la sociedad colombiana, dando cuenta de la existencia de otras rutas, parte y complementarias de las tradicionales, para luchar por vida digna. Otra ruta que en el tema que nos ocupa también es territorio, el cual está en disputa en todo el mundo, para afincar dominios y hegemonías o para romperlos y superarlos.

Este reto del Snca no es difícil de materializar, y no se reduce al factor dinero; más allá de éste implica pensarnos temas cotidianos y sustanciales como la construcción de agendas comunes por cubrir y desplegar, la articulación entorno a producción y difusión de contenidos, así como temas difíciles que todos vivimos como el reto económico, el cual es rompedero de cabeza para todos los medios alternativos y que no será superado con la simple aprobación de una política pública de medios, o la apertura de una licitación para acceder a determinadas convocatorias, pues como lo evidenció la licitación del Mintic para radios comunitarias, quienes accedieron a las licencias tuvieron que cambiar sus rumbos comunicativos, pues en la cotidianidad de su quehacer quedaron endeudados con temas como el pago de derechos a Sayco y Acinpro y de espectro electromagnético –que de por si es limitado a 250 vatios–. La experiencia dejó en claro que quienes pueden acceder a estas emisoras deben tener facilidades económicas para mantenerlas, o como sucedió con varias de las emisoras con asiento en Bogotá: entrar en la lógica de la comunicación mercantilizada (priorizar franjas musicales, vender pautas sin criterio, cobrar a la comunidad por el uso de las franjas, etcétera), que no se diferencia en nada con las emisoras propiedad de los grupos del poder. 

Un tema más complejo: qué comunicación, cómo, con quiénes y para qué, algo que en algún momento deberá discutirse, por ahora no es parte de la agenda ni determina el sí o el no de la preeminencia y potencialidad de un Snca. Por ahora sentimos que su rechazo proviene de factores ideológicos, y no mucho más.

 

Retos para la comunicación alternativa

 

En el mundo de hoy la información es patrimonio del conjunto humano. La información dejó de ser complemento de la política para constituirse en el centro de la sociedad misma, en el factor fundamental para la lucha por vida digna y, con ella, la disputa por la cultura y la opinión pública como un todo. Sin embargo, estamos en un momento complejo en donde brindar información prácticamente se vuelve un crimen. Solo basta ver los casos de Julian Assange –fundador de WikiLeaks– y de Edward Snowden, quienes fueron criminalizados, perseguidos, exiliados y puesto tras las rejas –caso de Assange– por filtrar información que desnuda el control que ejercen los Estados Unidos sobre el conjunto de la humanidad, enterrando la libertad y confirmando así la actual era del capitalismo de vigilancia.

En este panorama la tarea que reta a los medios alternativos es la de generar contenidos de calidad, rigurosos, lo que nos lleva a preguntarnos ¿cómo garantizar un periodismo confiable y que trascienda lo evidente? Hablar de esto implica, quiérase o no, consolidar una forma autónoma de producir comunicación, una forma que no caiga en las ligerezas de la virtualidad, en el vértigo de lo escandaloso que se tapa rápidamente con el siguiente escándalo y la fugacidad de la red –en donde todo debe ser corto–.Decía Ryszard Kapuscinski, maestro del periodismo que “Las malas personas no pueden ser buenos periodistas”, a esto le agregaríamos que las personas sin rigurosidad y capacidad de trascender lo evidente, cuestionando cuando hay que cuestionar, develando los factores del poder y del dominio, tampoco. Nuestro papel debe ser el de hacernos preguntas cada día para entender el funcionamiento del mundo actual. Debemos trabajar para informar con calidad para que la humanidad comprenda la realidad que padece y busque transformarla, porque ese cuento de la objetividad ante la injusticia y la mentira no cabe en la comunicación alternativa.El festejoPara nosotros la celebración de nuestro 28 aniversario de acción ininterrumpida, no es solo de desdeabajo, es colectiva, es del conjunto de procesos sociales, comunicativos y políticos que soñamos con otra sociedad necesaria y posible; y así es porque somos un producto de un proceso social, con todos sus defectos, precariedades y limitantes, entre ellas el (des)encuentro real que se prolonga con muchos procesos sociales y actores políticos que no optan por la acción mancomunada, a pesar de las evidencias de la realidad que así nos reta y emplaza, (des)encuentro que implica desaprovechar acumulados, potencialidades y acciones de diverso tipo.

En tanto somos el resultado de un proceso social que va dando a luz diversos retoños, con nosotros celebran otros procesos comunicativos, y a ellos es a quienes nosotros celebramos, y con ellos a nosotros mismos, en tanto es importante resaltar su existencia, sus visiones, sus logros, sus dificultades, sus disposiciones, para ver cómo logramos entre todos y todas darle cuerpo a un proceso que sin pretender hegemonías le de paso a un Sistema Nacional de Comunicación Alternativa, en el cual y desde el cual, sin negar la existencia de cada cual, hagamos realidad aquello de que la prensa se hace a diario y entre todos, en este caso, prensa escrita, radial, visual, en sus distintas variables y potencialidades que hoy nos ofrece la revolución industrial en marcha.

Veamos que nos dicen algunos de estos otros procesos –otros muchos quedan en nuestra memoria por ser retomados, pero la limitante del espacio impone su razón–, que también se han batido por años por llevar su voz, escrito e imágenes de un país desgarrado, que sueña con justicia, paz y dignidad ampliada y posible de sembrar y recoger sin negar a nadie.

 

 


 

“Aprendimos a ver a las comunidades no como pobrecitos y victimas…”

 

Entrevista a Luis Gabriel Galindo, integrante de Contagio Radio desde hace 10 años.

desdeabajo (da). ¿Cómo nació Contagio Radio (CR)?
Luis Gabriel Galindo (LGG). Antes de ser una radio nosotros eramos una revista de derechos humanos que nació desde la Comisión Inter Eclesial de Justicia y Paz, una organización de derechos humanos que acompaña a comunidades en diferentes regiones del país, y que desde el 2009 se empieza a pensar en un proyecto de radio que se materializó y dio el tránsito de la revista Contagio a la propuesta Contagio Radio (CR), iniciando con un programa noticioso, que se mantiene hasta hoy, que se llama “Otra mirada” en el cual se analizan las diferentes situaciones que en cuestión de derechos humanos se presentan en Colombia.

da. ¿Por qué decidieron trasmitir desde un dial virtual?
LGG. En ese momento veíamos que la conexión a internet se iba aumentando, no solo en las ciudades, también en algunas regiones del país, lo que nos permitía superar la barrera principal que eran los costos para tener una radio en AM o en FM, que eran demasiado altos. Vimos que a través de la web había un lugar para empezar a trabajar y lograr difundir los temas que estaba trabajando la Comisión y también organizaciones de otras regiones, en donde el tema de los derechos humanos era complicado y gracias a la internet podíamos presentar la información que no salía en otros medios.

da. ¿Qué aprendizajes han acumulado al desarrollar la comunicación alternativa con enfoque en derechos humanos?
LGG. Aprendimos no solo de nuestro trabajo como equipo, sino que el aprendizaje constante se ha dado gracias a las personas de las comunidades y a las personas que nos contestan el teléfono a diario. Una de las principales lecciones tiene que ver con aprender a entablar diálogos y aprender a ver a las comunidades no como pobrecitos y victimas, sino como las personas que tienen unas historias en común, que han sufrido la violencia, pero no por ello son personas relegadas, sino que a cada instante están transformando, luchando y creando propuestas. Este aprendizaje constante nos implica seguir aprendiendo de la comunicación con enfoque en derechos humanos, y para esto la cercanía a las comunidades y organizaciones es fundamental.

da. ¿Qué audiencias han logrado crear?
LGG. Inicialmente la audiencia eran organizaciones de derechos humanos, pero con el tiempo se fue ampliando a organizaciones ambientalistas y otros públicos –como las universidades y especialmente los jóvenes. Las personas que más nos escuchan están entre los 25 y 34 años, principalmente en las ciudades, y poco a poco hemos logrado ir llegando a municipios y comunidades que comienzan a acceder a internet.

da. ¿Cuáles son las limitaciones que más les pesan?
LGG. La principal limitación es la financiación, pues sostener un equipo de doce personas no es fácil.

da. ¿Cómo entienden la articulación con otros medios de comunicación alternativos?
LGG. Desde el inicio hemos trabajado con diferentes medios alternativos. En este momento estamos trabajando en una plataforma que se llama “Medios por la Paz”, y allí hemos podido acercarnos y conocer el trabajo de otros; queremos acercarlos un poco más a la radio y también aprender de ellos porque hay medios que están haciendo cosas muy interesantes, y entonces hemos tratado de unirnos, aunque también a veces es difícil porque en los medios pequeños hay mucho egoísmo por los públicos, por los temas que se trabajan, sin embargo hemos venido sorteando eso y vemos a los otros medios como un insumo de información para lo que hacemos.

da. ¿Cómo ven el panorama de los medios de comunicación en Colombia?
LGG. Hay un panorama en el que cada vez más las personas buscan nuevos medios, esto se da porque la sociedad empieza a observar muchos intereses empresariales en los grandes medios. Las redes sociales han permitido un poco que se democratice la información. Vemos un panorama creciente de los nuevos medios de información. Vemos que la gente le apuesta a ver otras cosas, a buscar otras cosas, a consultar y compartir a través de la red, y para nosotros eso es un aliciente porque nuestras entradas a la página web van en aumento año tras año y pues eso nos dice que la gente esta mirando para otros lados, que ya no se come todo el cuento que le echan en televisión.

 


 


 

 

“Tenemos que pasar de la chiva noticiosa, a informar para movilizar a la sociedad”

 

Entrevista a Cesar Galarza, indígena del pueblo Nasa*

desdeabajo (da). ¿En qué momento llega la Acin a la conclusión de que es necesario darle cuerpo a un Tejido de Comunicación?
Cesar Galarza (CG). Creo que tanto como llegar a una conclusión y decir que hay una fecha específica es difícil decirlo, porque en la organización vemos la comunicación más allá que el tema de medios o de las Tics, sino que la comunicación siempre está presente a través de las asambleas, a través de la tulpa. Entonces, la comunicación no es que surgió en un momento especifico, sino que ha estado constante en la organización, permitiéndonos avanzar. En lo particular del medio, hace unos años la comunidad vio la necesidad de avanzar en la creación de emisoras y temas de medios.

da. ¿Cómo relacionan ustedes comunicación, comunidad y territorio?
CG. Bueno, te hablo desde lo personal y también un poco desde lo colectivo. Acá hablamos mucho de tejido y este tema es que cada uno es un complemento necesario para la vida. Sin comunicación no se darían los ejercicios de las comunidades en los territorios. La comunicación va desde los espacios comunitarios y desde nuestra cosmovisión, entonces, la relación territorio, comunidad y comunicación es lo que nos permite seguir perviviendo en nuestros territorios, sin el cual pues no se podría dar ningún tipo de comunicación. Ahí se ve como todo es una relación constante y esencial. Para nosotros la comunicación va desde el mismo sentir, desde ser parte de la tierra.

da. ¿De qué medios se compone el Tejido de Comunicaciones?
CG. Como tal los medios es la emisora Pa’yumat que tenemos a nivel zonal, y hay algunos ejercicios desde lo audiovisual. Hay otros medios que están en la Red-Amcic, donde se articulan todas las emisoras indígenas del país, principalmente del departamento del Cauca y, obviamente, en la zona norte. Nosotros somos 22 territorios y cada uno tiene sus dinámicas de comunicación, algunos tienen sus emisoras, entonces lo que hacemos es que articulamos todos los procesos de comunicación para ir teniendo esa afinidad entre todos y de esta forma no solo comunicar sino movilizar y apoyar a los distintos procesos.

da. ¿Cuáles son las limitaciones que tienen en la actualidad?
CG. Son bastantes. Es bien sabido que cada lucha indígena es dura y el tema de comunicación no ha sido la excepción, de hecho, que el gobierno nos garantice de alguna forma que haya un funcionamiento técnico de una emisora es muy complejo porque no los dan ni los hay y pues nosotros tampoco contamos con la suficiente tecnología para que funcionemos; la red de cobertura es muy cara y eso ha sido una pelea constante para que no nos cobren tanto a nivel del espectro. Otra limitación es el tema económico para mantener un funcionamiento de equipo mínimo porque los recursos son limitados y siempre es una lucha y un rebusque para poder generar esta comunicación.
Otra limitación, bien compleja, es el tema del conflicto que vivimos en el Cauca; nosotros somos uno de los medios que prácticamente informamos a diario la situación del norte del Cauca, y ahí hablamos sobre los asesinatos de la Guardia, amenazas, criticas al Estado, al gobierno y a la fuerza pública, lo que motiva que nos escuche la comunidad y también los malos. Siempre estamos expectantes de lo que pueda pasar con nuestras vidas; las tensiones nos limitan en el manejo de cierta información porque podemos ser víctimas de cualquier bala.

da. En estos momentos, ¿cómo evalúan el ejercicio de la comunicación indígena en Colombia?
CG. Hay dos partes por evaluar: lo primero, y es positivo: la comunicación propia siempre ha estado en los territorios y se mantiene a través de los rituales, lengua, espiritualidad y todos los factores culturales de las comunidades, a pesar de la historia de colonización y de atropellos del Estado y gobiernos, con sus políticas neoliberales, y atentados realizados para acabarnos como pueblos.
Lo segundo, es cómo entienden la comunicación desde afuera, pues es muy complicado porque siempre hay trabas. Cuando exigimos el derecho a la comunicación de los pueblos indígenas, se ha vuelto una lucha constante y una piedra en el zapato del gobierno. A nivel de la información también hay muchas limitaciones porque en este país cuando se informan cosas que van contra el poder pues simplemente te matan. El año pasado la fuerza pública asesinó a una compañera comunicadora del pueblo Coconuco mientras cubría los hechos de liberación de la madre tierra.

da. Y en este ejercicio, ¿cómo entienden la articulación con otros medios de comunicación alternativos?
CG. La lucha debe ser constante y de todos, en ese sentido creemos que los únicos que han hecho que la población realmente este informada con la verdad son los medios alternativos. Nosotros hemos dado espacios de articulación a nivel zonal y regional, así como con otros medios de Cali y Bogotá para informar lo que aquí esta ocurriendo, pero la articulación debe ser cada vez mejor. Tenemos que pasar de la chiva noticiosa, que se vuelve tendencia, a informar para movilizar a la sociedad.

* Integrante de la Acin y del Cric, acompaña el Tejido de Comunicación Acin y se desempeña como comunicador comunitario y productor audiovisual.

 


 


 

“La unidad es uno de los desafíos más grandes que tenemos los medios alternativos

y la sociedad en general”

Entrevista a Laura Langa y Ariel Arango del proyecto de comunicación Entrelazando.

desdeabajo (da). ¿Qué es Entrelazando?
Laura Langa y Ariel Arango (LL-AA). Somos una productora fotográfica y audiovisual independiente que basa su trabajo en contenidos sociales y artísticos en diversos territorios, principalmente en Latinoamérica.

da. ¿Quiénes impulsaron y le dieron vida a Entrelazando?
LL-AA. Entrelazando nació en el 2011 en Argentina como parte de un proyecto itinerante en casa rodante por Latinoamérica. Éramos 4 amigos que desde distintas disciplinas queríamos producir contenidos digitales. Una diseñadora gráfica, un fotógrafo, un documentalista y un programador web. Al proyecto se fueron sumando distintos amigos, la casa rodante la vendimos y el viaje siguió de otra forma. En estos 8 años han pasado por el proyecto una red de grandes amigos y afectos que van más allá de una relación laboral. Cada uno de ellos y ellas le han dado y le seguirán dando vida a entrelazando.

da. ¿Por qué ven la necesidad de crear este proyecto?
LL-AA. Porque por medio de él teníamos la posibilidad de relacionarnos con diversos territorios, generando alrededor de los procesos creativos una comunicación hacia adentro y hacia afuera.

da. En el desarrollo del proyecto, ¿han logrado identificar la audiencia que tienen e identificado los sectores sociales donde más se concentra la misma?
LL-AA. La audiencia en principio es con quienes trabajamos y luego se replica en los lugares donde hemos hecho otros procesos, así como las personas afines al tipo de contenido que hacemos. Nuestro reto, de alguna manera, era crear una red de gente con los mismos intereses. Lo que nos gusta es que quienes siguen nuestra plataforma de algún modo es gente cercana.

da. De acuerdo a sus prácticas y proyectos, ¿cuáles son las limitaciones que más le pesan o limitan?
LL-AA. Más que limitaciones se trata de posibilidades: quizás, en un primer momento, no llegar a grandes audiencias es una limitación, que asumimos más bien como una posibilidad que se abre desde los medios alternativos y es justamente no ser hegemónicos ni funcionales a las agendas oficiales, lo cual nos permite una mayor libertad a la hora crear y elegir los procesos según nuestras convicciones. No nos financian marcas, ni agencias de cooperación, ni trabajamos por encargo. Hacemos lo que nos gusta, con quienes queremos y donde sentimos que podemos aportar. Siempre en acuerdo mutuo.

da. Para ustedes, ¿qué es la comunicación alternativa?
LL-AA. Va por la línea de lo que veníamos hablando. Siempre hemos dudado de los medios oficiales porque más allá de sus trabajadores, dónde siempre habrá gente bien intencionada lo grave es quiénes son los dueños de esos medios, las lógicas con las que operan y los intereses a los que sirven. La comunicación alternativa tiene la posibilidad de alejarse de esas lógicas y estar más enraizada a los territorios y a los procesos sociales y así no jugar el rol meramente informativo sino hacer análisis más críticos y propositivos e, incluso, hacer procesos de largo aliento y no llegar un fin de semana e irse al siguiente encargo.

da. ¿Cuál es el papel que debería cumplir ésta en el momento que atraviesa el país?
LL-AA. Llenar los vacíos que los medios oficiales siempre han dejado. Aportando desde una mirada crítica, no coyuntural, sino que hace seguimiento de lo que sucede y establece relaciones de proximidad con quienes están involucrados. Desde otras narrativas y registros. Y siendo conscientes de que ni la neutralidad ni la objetividad existen. Existen experiencias de comunicación desde los territorios que hoy son fuentes más fiables de lo que está sucediendo en el interior del país –al margen de los temas de moda que la agenda política impone–, muy necesarios para entender lo que está pasando y no quedarse solo con el dato o el hecho aislado.

da. ¿Cómo entienden la articulación con otros medios de comunicación alternativos? ¿Han logrado hacer algunos ejercicios de articulación? De ser así ¿Qué resultados obtuvieron?
LL-AA. La articulación es más necesaria que nunca y no solo entre medios alternativos, sino entre procesos sociales y sectores de la ciudadanía que podrían hacerse eco de este tipo de comunicación. En el 2015 tuvimos una experiencia de articulación con algunos medios y espacios que promovían la resistencia de los Nasa en el norte del Cauca y sin duda el impacto fue mucho más grande, y eso generó un interés muy significativo en diversos territorios nacionales y extranjeros que sin esa articulación no hubiese sido posible. En ese sentido, la unidad es uno de los desafíos más grandes que tenemos los medios alternativos y la sociedad en general en tiempos de tanta polarización, fragmentación y desarticulación. Por supuesto que esa unidad debe estar atravesada por los principios que hemos hablado anteriormente y eso ya hace un gran filtro y plantea el desafío mayor. Y es justamente el punto de partida de esta conversación. ¿por qué y para qué hacemos lo que hacemos?

 


 


 

“Los contenidos que hemos generado son de memoria subterránea”

Entrevista con Marcelo Tiusaba (director) y Carolina Romero (periodista) del Blog Anti.

desdeabajo (da). ¿Por qué empezó este medio de comunicación alternativo para la escena punk?
Marcelo Tiusaba y Carolina Romero (MT-CR). Iniciamos en el 2008 en el auge de los blogs a compartir música en programas P2P como Ares o Soulseek. En esa época conocimos el blog Sudamérica Agoniza, que se enfocaba en la escena punk latinoamericana de los años 80. Nos gustó mucho la idea y tomamos ese blog como referente.

da. ¿Cómo empezaron a consolidar los contenidos y línea editorial?
MT-CR. Las reseñas que hacíamos al principio eran muy amateurs y eran sobre las bandas que nos gustaban. Tratamos de publicar contenidos semanalmente, pero a veces por nuestros trabajos personales no es posible. Funcionamos como dinámica fanzinera, desde la afinidad, cada quien puede proponer el tema y cubrimiento, lo que quiera. Los contenidos que hemos generado son de memoria subterránea, como revisar la historia del punk de Colombia.

da. ¿Cómo ha sido el ejercicio de consolidación de audiencias?
MT-CR. Comenzó siendo un espacio dedicado al punk y con el pasar del tiempo se abrió a otros estilos musicales: rap, garage, postpunk. A veces podemos tener 2000 visitas al mes y al otro 500. Empezó en los términos de lo subterráneo, en una escena que no tiene pretensiones comerciales. El público mayor si es punk y nos apoya compartiendo los contenidos.

da. ¿Cómo ha sido la relación con otros medios de comunicación alternativos?
MT-CR. Republicamos los conciertos de otros medios o contenidos como El Enemigo –un youtuber que hace reseñas de bandas. Hicimos la campaña Ruido Sin Fronteras para invitar a la gente a que enviará sus colaboraciones. Por ejemplo, republicamos contenidos con el colectivo Mentes en Disturbio de Medellín, pero no hemos logrado articular bien la red de parte y parte.

da. ¿Cómo han logrado el financiamiento para el medio de comunicación?
MT-CR. Se hace por medio de fiestas y conciertos para pagar el hosting; con eso sacamos nuestra primera edición impresa, un fanzine con tiraje de 1.000 ejemplares. La idea del Blog Anti nace desde el interés propio y no hay pretensión de lucrarse, el trabajo de todos es voluntario.

da. ¿Cuáles son los nuevos retos del Blog Anti?
MT-CR. Mejorar la continuidad en creación de contenidos. Aprovechar YouTube y hacer video blogs. No dejar de lado la escritura, pero explorar nuevos formatos digitales.

da. ¿Qué piensan sobre los medios alternativos en Colombia?
MT-CR. El internet es una gran herramienta y no se necesita tener una página web, con las redes sociales publicando en Facebook, Instagram o YouTube usted ya puede hacer su propio medio. Hace falta una mayor visibilización y coordinación en la contra-información.

da. ¿Qué piensan sobre los medios hegemónicos en Colombia?
MT-CR. Los acercamientos de esos medios a nuestra escena son muy comercial o se enfocan si hay peleas en los conciertos, algo que venda, amarillistas. Medios de comunicación pseudo-alternativos como Cartel Urbano o Vice que se acercan al punk, lo instrumentalizan con conocimientos y contactos. No tienen un interés genuino sino una demanda mediática del momento.

 


 

Publicado enColombia
Retos para el futuro de la comunicación alternativa en Colombia

Noviembre de 1991 fue la fecha en la que las calles vieron el primer ejemplar del periódico desdeabajo, una propuesta de prensa alternativa que surgió para aportar a la ruptura del cerco mediático que con raíz de décadas ahoga al país. Mes a mes, el trabajo empecinado de un grupo reducido de personas fue dándole vida a este proyecto prolongado durante 263 ediciones, que vistas a la luz del transitar del tiempo completan 28 años en este noviembre del 2019.

Son casi tres décadas de brindar información al conjunto del país donde, sin proponérnoslo, se ha condensado parte de la historia de nuestra Colombia a través de análisis políticos y económicos, que también se acompañan con poesías, crónicas, cuentos, historias, anécdotas y las voces de miles de organizaciones comunitarias y sociales de múltiples regiones, llevándonos a crear una especie de caja de resonancia de las luchas populares colombianas y regionales.

Un proyecto con lectura comunitaria, barrial, local, regional, nacional e internacional. En los 28 años transcurridos nos hemos dado a la brega de construir, más que un periódico, una propuesta de sistema de comunicación alternativa, autogestionado e independiente, que al día de hoy integra la producción mensual de dos periódicos impresos (desdeabajo y la edición para Colombia de Le Monde diplomatique), un proyecto audiovisual que produce como mínimo un video semanal, un diario virtual en la página www.desdeabajo.info –alimentado de manera incansable con noticias nacionales e internacionales–, la producción de uno o dos libros mensuales como parte de un fondo editorial que hasta el momento cuenta con alrededor de 250 libros editados; de la misma manera hemos hecho ejercicios de radio, así como murales en las calles.

Es una labor diaria que tiene como propósito brindar al país otra mirada sobre su cotidianidad, así como la del mundo, en un esfuerzo por una reinterpretación de sucesos y actuaciones del poder, razón por la cual, además, posibilitamos eventos de discusión, seminarios y conversatorios de múltiples aspectos que dan pistas para otra realidad posible aquí, pero también en el entorno inmediato y mediato.

 

La dura realidad como medio alternativo

 

Insistir durante 28 años en el ejercicio de democratizar la información no ha sido fácil. Las dificultades por sortear, de todo orden, pasan por un déficit financiero para mantener el proyecto y sostener a un equipo base –mínimo–, a lo que se suma: la falta de fuentes confiables para soportar la elaboración de artículos con lectura profunda del poder en el país; la incomprensión de los movimientos sociales para compartir la información que poseen sobre cada uno de los sectores donde se mueven; el poco debate que despierta el periódico, así como su reducido uso colectivo, realidad una y otra determinada por la negativa de diversidad de organizaciones para suscribirse y estimular a su militancia la lectura del mismo, decisión en la que pesa con fuerza mayor la ideología; el desinterés de los medios de comunicación también autodefinidos como alternativos para construir una propuesta colectiva con la cual disputar la opinión pública como un solo cuerpo; la reducida importancia que los partidos políticos alternativos le otorgan a los medios comunitarios e independientes; el mínimo o nulo apoyo que se encuentra en los gobiernos locales que se dicen independientes y/o alternativos (para brindar información fidedigna que permita develar los intereses económicos y políticos que han determinado el tipo de ciudades que padecemos, así como la ausencia de una política pública para este tipo de medios).

Dificultades a las que se suma, en la última etapa del periódico, la ausencia de personal especializado para programación y análisis de datos, en procura de establecer con mayor precisión las demandas y aspiraciones de los sectores sociales a los que llegamos. 

 

Una propuesta con proyección de futuro

 

En la actualidad vivimos expresiones múltiples de la cuarta revolución industrial y la tercera revolución científica, y por sus extensiones transformaciones de no poca monta para nuestra especie y el mundo todo, transformaciones con efectos visibles sobre la política, el conocimiento, la naturaleza, la comunicación, es decir la vida, transformada por completo. Comprendiendo este contexto histórico, aprovechando las ventajas que hoy nos ofrece, pero también buscando afectarlo de manera positiva, desdeabajo ha propuesto la construcción en nuestro país de un Sistema Nacional de Comunicación Alternativa (Snca).

Es una propuesta que consideramos fundamental para que entre variedad de experiencias sociales, comunitarias, de derechos humanos y medios alternativos, logremos por fin dar una verdadera disputa de la opinión pública al establecimiento, disputa que trasciende el ejercicio informativo de los medios oficiosos e implica la cultura como conjunto, que sin afectarla es imposible algún proceso de cambio que enraíce. 

Es una realidad que deja al desnudo la prolongada y errática valoración del papel de la cultura en una soñada sociedad otra, así como la fuerte dependencia informativa, histórica y presente que evidencia la fragilidad con la que los sectores dotados de vocación por un país distinto se han apropiado de la realidad del mundo de hoy, el mismo que nos facilita herramientas para lograr la consolidación de un Snca, el cual implica entonces integrar los medios escritos (periódicos, revistas y similares), visuales (televisión y cine), oral (radio), redes sociales, producción de libros, artes, web –adentrándose y ganando solvencia en el manejo de software libre y web profunda–, entre otros, en un proyecto conjunto que estimule la creatividad en el conjunto de la sociedad colombiana, dando cuenta de la existencia de otras rutas, parte y complementarias de las tradicionales, para luchar por vida digna. Otra ruta que en el tema que nos ocupa también es territorio, el cual está en disputa en todo el mundo, para afincar dominios y hegemonías o para romperlos y superarlos.

Este reto del Snca no es difícil de materializar, y no se reduce al factor dinero; más allá de éste implica pensarnos temas cotidianos y sustanciales como la construcción de agendas comunes por cubrir y desplegar, la articulación entorno a producción y difusión de contenidos, así como temas difíciles que todos vivimos como el reto económico, el cual es rompedero de cabeza para todos los medios alternativos y que no será superado con la simple aprobación de una política pública de medios, o la apertura de una licitación para acceder a determinadas convocatorias, pues como lo evidenció la licitación del Mintic para radios comunitarias, quienes accedieron a las licencias tuvieron que cambiar sus rumbos comunicativos, pues en la cotidianidad de su quehacer quedaron endeudados con temas como el pago de derechos a Sayco y Acinpro y de espectro electromagnético –que de por si es limitado a 250 vatios–. La experiencia dejó en claro que quienes pueden acceder a estas emisoras deben tener facilidades económicas para mantenerlas, o como sucedió con varias de las emisoras con asiento en Bogotá: entrar en la lógica de la comunicación mercantilizada (priorizar franjas musicales, vender pautas sin criterio, cobrar a la comunidad por el uso de las franjas, etcétera), que no se diferencia en nada con las emisoras propiedad de los grupos del poder. 

Un tema más complejo: qué comunicación, cómo, con quiénes y para qué, algo que en algún momento deberá discutirse, por ahora no es parte de la agenda ni determina el sí o el no de la preeminencia y potencialidad de un Snca. Por ahora sentimos que su rechazo proviene de factores ideológicos, y no mucho más.

 

Retos para la comunicación alternativa

 

En el mundo de hoy la información es patrimonio del conjunto humano. La información dejó de ser complemento de la política para constituirse en el centro de la sociedad misma, en el factor fundamental para la lucha por vida digna y, con ella, la disputa por la cultura y la opinión pública como un todo. Sin embargo, estamos en un momento complejo en donde brindar información prácticamente se vuelve un crimen. Solo basta ver los casos de Julian Assange –fundador de WikiLeaks– y de Edward Snowden, quienes fueron criminalizados, perseguidos, exiliados y puesto tras las rejas –caso de Assange– por filtrar información que desnuda el control que ejercen los Estados Unidos sobre el conjunto de la humanidad, enterrando la libertad y confirmando así la actual era del capitalismo de vigilancia.

En este panorama la tarea que reta a los medios alternativos es la de generar contenidos de calidad, rigurosos, lo que nos lleva a preguntarnos ¿cómo garantizar un periodismo confiable y que trascienda lo evidente? Hablar de esto implica, quiérase o no, consolidar una forma autónoma de producir comunicación, una forma que no caiga en las ligerezas de la virtualidad, en el vértigo de lo escandaloso que se tapa rápidamente con el siguiente escándalo y la fugacidad de la red –en donde todo debe ser corto–.Decía Ryszard Kapuscinski, maestro del periodismo que “Las malas personas no pueden ser buenos periodistas”, a esto le agregaríamos que las personas sin rigurosidad y capacidad de trascender lo evidente, cuestionando cuando hay que cuestionar, develando los factores del poder y del dominio, tampoco. Nuestro papel debe ser el de hacernos preguntas cada día para entender el funcionamiento del mundo actual. Debemos trabajar para informar con calidad para que la humanidad comprenda la realidad que padece y busque transformarla, porque ese cuento de la objetividad ante la injusticia y la mentira no cabe en la comunicación alternativa.El festejoPara nosotros la celebración de nuestro 28 aniversario de acción ininterrumpida, no es solo de desdeabajo, es colectiva, es del conjunto de procesos sociales, comunicativos y políticos que soñamos con otra sociedad necesaria y posible; y así es porque somos un producto de un proceso social, con todos sus defectos, precariedades y limitantes, entre ellas el (des)encuentro real que se prolonga con muchos procesos sociales y actores políticos que no optan por la acción mancomunada, a pesar de las evidencias de la realidad que así nos reta y emplaza, (des)encuentro que implica desaprovechar acumulados, potencialidades y acciones de diverso tipo.

En tanto somos el resultado de un proceso social que va dando a luz diversos retoños, con nosotros celebran otros procesos comunicativos, y a ellos es a quienes nosotros celebramos, y con ellos a nosotros mismos, en tanto es importante resaltar su existencia, sus visiones, sus logros, sus dificultades, sus disposiciones, para ver cómo logramos entre todos y todas darle cuerpo a un proceso que sin pretender hegemonías le de paso a un Sistema Nacional de Comunicación Alternativa, en el cual y desde el cual, sin negar la existencia de cada cual, hagamos realidad aquello de que la prensa se hace a diario y entre todos, en este caso, prensa escrita, radial, visual, en sus distintas variables y potencialidades que hoy nos ofrece la revolución industrial en marcha.

Veamos que nos dicen algunos de estos otros procesos –otros muchos quedan en nuestra memoria por ser retomados, pero la limitante del espacio impone su razón–, que también se han batido por años por llevar su voz, escrito e imágenes de un país desgarrado, que sueña con justicia, paz y dignidad ampliada y posible de sembrar y recoger sin negar a nadie.

 

 


 

“Aprendimos a ver a las comunidades no como pobrecitos y victimas…”

 

Entrevista a Luis Gabriel Galindo, integrante de Contagio Radio desde hace 10 años.

desdeabajo (da). ¿Cómo nació Contagio Radio (CR)?
Luis Gabriel Galindo (LGG). Antes de ser una radio nosotros eramos una revista de derechos humanos que nació desde la Comisión Inter Eclesial de Justicia y Paz, una organización de derechos humanos que acompaña a comunidades en diferentes regiones del país, y que desde el 2009 se empieza a pensar en un proyecto de radio que se materializó y dio el tránsito de la revista Contagio a la propuesta Contagio Radio (CR), iniciando con un programa noticioso, que se mantiene hasta hoy, que se llama “Otra mirada” en el cual se analizan las diferentes situaciones que en cuestión de derechos humanos se presentan en Colombia.

da. ¿Por qué decidieron trasmitir desde un dial virtual?
LGG. En ese momento veíamos que la conexión a internet se iba aumentando, no solo en las ciudades, también en algunas regiones del país, lo que nos permitía superar la barrera principal que eran los costos para tener una radio en AM o en FM, que eran demasiado altos. Vimos que a través de la web había un lugar para empezar a trabajar y lograr difundir los temas que estaba trabajando la Comisión y también organizaciones de otras regiones, en donde el tema de los derechos humanos era complicado y gracias a la internet podíamos presentar la información que no salía en otros medios.

da. ¿Qué aprendizajes han acumulado al desarrollar la comunicación alternativa con enfoque en derechos humanos?
LGG. Aprendimos no solo de nuestro trabajo como equipo, sino que el aprendizaje constante se ha dado gracias a las personas de las comunidades y a las personas que nos contestan el teléfono a diario. Una de las principales lecciones tiene que ver con aprender a entablar diálogos y aprender a ver a las comunidades no como pobrecitos y victimas, sino como las personas que tienen unas historias en común, que han sufrido la violencia, pero no por ello son personas relegadas, sino que a cada instante están transformando, luchando y creando propuestas. Este aprendizaje constante nos implica seguir aprendiendo de la comunicación con enfoque en derechos humanos, y para esto la cercanía a las comunidades y organizaciones es fundamental.

da. ¿Qué audiencias han logrado crear?
LGG. Inicialmente la audiencia eran organizaciones de derechos humanos, pero con el tiempo se fue ampliando a organizaciones ambientalistas y otros públicos –como las universidades y especialmente los jóvenes. Las personas que más nos escuchan están entre los 25 y 34 años, principalmente en las ciudades, y poco a poco hemos logrado ir llegando a municipios y comunidades que comienzan a acceder a internet.

da. ¿Cuáles son las limitaciones que más les pesan?
LGG. La principal limitación es la financiación, pues sostener un equipo de doce personas no es fácil.

da. ¿Cómo entienden la articulación con otros medios de comunicación alternativos?
LGG. Desde el inicio hemos trabajado con diferentes medios alternativos. En este momento estamos trabajando en una plataforma que se llama “Medios por la Paz”, y allí hemos podido acercarnos y conocer el trabajo de otros; queremos acercarlos un poco más a la radio y también aprender de ellos porque hay medios que están haciendo cosas muy interesantes, y entonces hemos tratado de unirnos, aunque también a veces es difícil porque en los medios pequeños hay mucho egoísmo por los públicos, por los temas que se trabajan, sin embargo hemos venido sorteando eso y vemos a los otros medios como un insumo de información para lo que hacemos.

da. ¿Cómo ven el panorama de los medios de comunicación en Colombia?
LGG. Hay un panorama en el que cada vez más las personas buscan nuevos medios, esto se da porque la sociedad empieza a observar muchos intereses empresariales en los grandes medios. Las redes sociales han permitido un poco que se democratice la información. Vemos un panorama creciente de los nuevos medios de información. Vemos que la gente le apuesta a ver otras cosas, a buscar otras cosas, a consultar y compartir a través de la red, y para nosotros eso es un aliciente porque nuestras entradas a la página web van en aumento año tras año y pues eso nos dice que la gente esta mirando para otros lados, que ya no se come todo el cuento que le echan en televisión.

 


 


 

 

“Tenemos que pasar de la chiva noticiosa, a informar para movilizar a la sociedad”

 

Entrevista a Cesar Galarza, indígena del pueblo Nasa*

desdeabajo (da). ¿En qué momento llega la Acin a la conclusión de que es necesario darle cuerpo a un Tejido de Comunicación?
Cesar Galarza (CG). Creo que tanto como llegar a una conclusión y decir que hay una fecha específica es difícil decirlo, porque en la organización vemos la comunicación más allá que el tema de medios o de las Tics, sino que la comunicación siempre está presente a través de las asambleas, a través de la tulpa. Entonces, la comunicación no es que surgió en un momento especifico, sino que ha estado constante en la organización, permitiéndonos avanzar. En lo particular del medio, hace unos años la comunidad vio la necesidad de avanzar en la creación de emisoras y temas de medios.

da. ¿Cómo relacionan ustedes comunicación, comunidad y territorio?
CG. Bueno, te hablo desde lo personal y también un poco desde lo colectivo. Acá hablamos mucho de tejido y este tema es que cada uno es un complemento necesario para la vida. Sin comunicación no se darían los ejercicios de las comunidades en los territorios. La comunicación va desde los espacios comunitarios y desde nuestra cosmovisión, entonces, la relación territorio, comunidad y comunicación es lo que nos permite seguir perviviendo en nuestros territorios, sin el cual pues no se podría dar ningún tipo de comunicación. Ahí se ve como todo es una relación constante y esencial. Para nosotros la comunicación va desde el mismo sentir, desde ser parte de la tierra.

da. ¿De qué medios se compone el Tejido de Comunicaciones?
CG. Como tal los medios es la emisora Pa’yumat que tenemos a nivel zonal, y hay algunos ejercicios desde lo audiovisual. Hay otros medios que están en la Red-Amcic, donde se articulan todas las emisoras indígenas del país, principalmente del departamento del Cauca y, obviamente, en la zona norte. Nosotros somos 22 territorios y cada uno tiene sus dinámicas de comunicación, algunos tienen sus emisoras, entonces lo que hacemos es que articulamos todos los procesos de comunicación para ir teniendo esa afinidad entre todos y de esta forma no solo comunicar sino movilizar y apoyar a los distintos procesos.

da. ¿Cuáles son las limitaciones que tienen en la actualidad?
CG. Son bastantes. Es bien sabido que cada lucha indígena es dura y el tema de comunicación no ha sido la excepción, de hecho, que el gobierno nos garantice de alguna forma que haya un funcionamiento técnico de una emisora es muy complejo porque no los dan ni los hay y pues nosotros tampoco contamos con la suficiente tecnología para que funcionemos; la red de cobertura es muy cara y eso ha sido una pelea constante para que no nos cobren tanto a nivel del espectro. Otra limitación es el tema económico para mantener un funcionamiento de equipo mínimo porque los recursos son limitados y siempre es una lucha y un rebusque para poder generar esta comunicación.
Otra limitación, bien compleja, es el tema del conflicto que vivimos en el Cauca; nosotros somos uno de los medios que prácticamente informamos a diario la situación del norte del Cauca, y ahí hablamos sobre los asesinatos de la Guardia, amenazas, criticas al Estado, al gobierno y a la fuerza pública, lo que motiva que nos escuche la comunidad y también los malos. Siempre estamos expectantes de lo que pueda pasar con nuestras vidas; las tensiones nos limitan en el manejo de cierta información porque podemos ser víctimas de cualquier bala.

da. En estos momentos, ¿cómo evalúan el ejercicio de la comunicación indígena en Colombia?
CG. Hay dos partes por evaluar: lo primero, y es positivo: la comunicación propia siempre ha estado en los territorios y se mantiene a través de los rituales, lengua, espiritualidad y todos los factores culturales de las comunidades, a pesar de la historia de colonización y de atropellos del Estado y gobiernos, con sus políticas neoliberales, y atentados realizados para acabarnos como pueblos.
Lo segundo, es cómo entienden la comunicación desde afuera, pues es muy complicado porque siempre hay trabas. Cuando exigimos el derecho a la comunicación de los pueblos indígenas, se ha vuelto una lucha constante y una piedra en el zapato del gobierno. A nivel de la información también hay muchas limitaciones porque en este país cuando se informan cosas que van contra el poder pues simplemente te matan. El año pasado la fuerza pública asesinó a una compañera comunicadora del pueblo Coconuco mientras cubría los hechos de liberación de la madre tierra.

da. Y en este ejercicio, ¿cómo entienden la articulación con otros medios de comunicación alternativos?
CG. La lucha debe ser constante y de todos, en ese sentido creemos que los únicos que han hecho que la población realmente este informada con la verdad son los medios alternativos. Nosotros hemos dado espacios de articulación a nivel zonal y regional, así como con otros medios de Cali y Bogotá para informar lo que aquí esta ocurriendo, pero la articulación debe ser cada vez mejor. Tenemos que pasar de la chiva noticiosa, que se vuelve tendencia, a informar para movilizar a la sociedad.

* Integrante de la Acin y del Cric, acompaña el Tejido de Comunicación Acin y se desempeña como comunicador comunitario y productor audiovisual.

 


 


 

“La unidad es uno de los desafíos más grandes que tenemos los medios alternativos

y la sociedad en general”

Entrevista a Laura Langa y Ariel Arango del proyecto de comunicación Entrelazando.

desdeabajo (da). ¿Qué es Entrelazando?
Laura Langa y Ariel Arango (LL-AA). Somos una productora fotográfica y audiovisual independiente que basa su trabajo en contenidos sociales y artísticos en diversos territorios, principalmente en Latinoamérica.

da. ¿Quiénes impulsaron y le dieron vida a Entrelazando?
LL-AA. Entrelazando nació en el 2011 en Argentina como parte de un proyecto itinerante en casa rodante por Latinoamérica. Éramos 4 amigos que desde distintas disciplinas queríamos producir contenidos digitales. Una diseñadora gráfica, un fotógrafo, un documentalista y un programador web. Al proyecto se fueron sumando distintos amigos, la casa rodante la vendimos y el viaje siguió de otra forma. En estos 8 años han pasado por el proyecto una red de grandes amigos y afectos que van más allá de una relación laboral. Cada uno de ellos y ellas le han dado y le seguirán dando vida a entrelazando.

da. ¿Por qué ven la necesidad de crear este proyecto?
LL-AA. Porque por medio de él teníamos la posibilidad de relacionarnos con diversos territorios, generando alrededor de los procesos creativos una comunicación hacia adentro y hacia afuera.

da. En el desarrollo del proyecto, ¿han logrado identificar la audiencia que tienen e identificado los sectores sociales donde más se concentra la misma?
LL-AA. La audiencia en principio es con quienes trabajamos y luego se replica en los lugares donde hemos hecho otros procesos, así como las personas afines al tipo de contenido que hacemos. Nuestro reto, de alguna manera, era crear una red de gente con los mismos intereses. Lo que nos gusta es que quienes siguen nuestra plataforma de algún modo es gente cercana.

da. De acuerdo a sus prácticas y proyectos, ¿cuáles son las limitaciones que más le pesan o limitan?
LL-AA. Más que limitaciones se trata de posibilidades: quizás, en un primer momento, no llegar a grandes audiencias es una limitación, que asumimos más bien como una posibilidad que se abre desde los medios alternativos y es justamente no ser hegemónicos ni funcionales a las agendas oficiales, lo cual nos permite una mayor libertad a la hora crear y elegir los procesos según nuestras convicciones. No nos financian marcas, ni agencias de cooperación, ni trabajamos por encargo. Hacemos lo que nos gusta, con quienes queremos y donde sentimos que podemos aportar. Siempre en acuerdo mutuo.

da. Para ustedes, ¿qué es la comunicación alternativa?
LL-AA. Va por la línea de lo que veníamos hablando. Siempre hemos dudado de los medios oficiales porque más allá de sus trabajadores, dónde siempre habrá gente bien intencionada lo grave es quiénes son los dueños de esos medios, las lógicas con las que operan y los intereses a los que sirven. La comunicación alternativa tiene la posibilidad de alejarse de esas lógicas y estar más enraizada a los territorios y a los procesos sociales y así no jugar el rol meramente informativo sino hacer análisis más críticos y propositivos e, incluso, hacer procesos de largo aliento y no llegar un fin de semana e irse al siguiente encargo.

da. ¿Cuál es el papel que debería cumplir ésta en el momento que atraviesa el país?
LL-AA. Llenar los vacíos que los medios oficiales siempre han dejado. Aportando desde una mirada crítica, no coyuntural, sino que hace seguimiento de lo que sucede y establece relaciones de proximidad con quienes están involucrados. Desde otras narrativas y registros. Y siendo conscientes de que ni la neutralidad ni la objetividad existen. Existen experiencias de comunicación desde los territorios que hoy son fuentes más fiables de lo que está sucediendo en el interior del país –al margen de los temas de moda que la agenda política impone–, muy necesarios para entender lo que está pasando y no quedarse solo con el dato o el hecho aislado.

da. ¿Cómo entienden la articulación con otros medios de comunicación alternativos? ¿Han logrado hacer algunos ejercicios de articulación? De ser así ¿Qué resultados obtuvieron?
LL-AA. La articulación es más necesaria que nunca y no solo entre medios alternativos, sino entre procesos sociales y sectores de la ciudadanía que podrían hacerse eco de este tipo de comunicación. En el 2015 tuvimos una experiencia de articulación con algunos medios y espacios que promovían la resistencia de los Nasa en el norte del Cauca y sin duda el impacto fue mucho más grande, y eso generó un interés muy significativo en diversos territorios nacionales y extranjeros que sin esa articulación no hubiese sido posible. En ese sentido, la unidad es uno de los desafíos más grandes que tenemos los medios alternativos y la sociedad en general en tiempos de tanta polarización, fragmentación y desarticulación. Por supuesto que esa unidad debe estar atravesada por los principios que hemos hablado anteriormente y eso ya hace un gran filtro y plantea el desafío mayor. Y es justamente el punto de partida de esta conversación. ¿por qué y para qué hacemos lo que hacemos?

 


 


 

“Los contenidos que hemos generado son de memoria subterránea”

Entrevista con Marcelo Tiusaba (director) y Carolina Romero (periodista) del Blog Anti.

desdeabajo (da). ¿Por qué empezó este medio de comunicación alternativo para la escena punk?
Marcelo Tiusaba y Carolina Romero (MT-CR). Iniciamos en el 2008 en el auge de los blogs a compartir música en programas P2P como Ares o Soulseek. En esa época conocimos el blog Sudamérica Agoniza, que se enfocaba en la escena punk latinoamericana de los años 80. Nos gustó mucho la idea y tomamos ese blog como referente.

da. ¿Cómo empezaron a consolidar los contenidos y línea editorial?
MT-CR. Las reseñas que hacíamos al principio eran muy amateurs y eran sobre las bandas que nos gustaban. Tratamos de publicar contenidos semanalmente, pero a veces por nuestros trabajos personales no es posible. Funcionamos como dinámica fanzinera, desde la afinidad, cada quien puede proponer el tema y cubrimiento, lo que quiera. Los contenidos que hemos generado son de memoria subterránea, como revisar la historia del punk de Colombia.

da. ¿Cómo ha sido el ejercicio de consolidación de audiencias?
MT-CR. Comenzó siendo un espacio dedicado al punk y con el pasar del tiempo se abrió a otros estilos musicales: rap, garage, postpunk. A veces podemos tener 2000 visitas al mes y al otro 500. Empezó en los términos de lo subterráneo, en una escena que no tiene pretensiones comerciales. El público mayor si es punk y nos apoya compartiendo los contenidos.

da. ¿Cómo ha sido la relación con otros medios de comunicación alternativos?
MT-CR. Republicamos los conciertos de otros medios o contenidos como El Enemigo –un youtuber que hace reseñas de bandas. Hicimos la campaña Ruido Sin Fronteras para invitar a la gente a que enviará sus colaboraciones. Por ejemplo, republicamos contenidos con el colectivo Mentes en Disturbio de Medellín, pero no hemos logrado articular bien la red de parte y parte.

da. ¿Cómo han logrado el financiamiento para el medio de comunicación?
MT-CR. Se hace por medio de fiestas y conciertos para pagar el hosting; con eso sacamos nuestra primera edición impresa, un fanzine con tiraje de 1.000 ejemplares. La idea del Blog Anti nace desde el interés propio y no hay pretensión de lucrarse, el trabajo de todos es voluntario.

da. ¿Cuáles son los nuevos retos del Blog Anti?
MT-CR. Mejorar la continuidad en creación de contenidos. Aprovechar YouTube y hacer video blogs. No dejar de lado la escritura, pero explorar nuevos formatos digitales.

da. ¿Qué piensan sobre los medios alternativos en Colombia?
MT-CR. El internet es una gran herramienta y no se necesita tener una página web, con las redes sociales publicando en Facebook, Instagram o YouTube usted ya puede hacer su propio medio. Hace falta una mayor visibilización y coordinación en la contra-información.

da. ¿Qué piensan sobre los medios hegemónicos en Colombia?
MT-CR. Los acercamientos de esos medios a nuestra escena son muy comercial o se enfocan si hay peleas en los conciertos, algo que venda, amarillistas. Medios de comunicación pseudo-alternativos como Cartel Urbano o Vice que se acercan al punk, lo instrumentalizan con conocimientos y contactos. No tienen un interés genuino sino una demanda mediática del momento.

 


 

Publicado enEdición Nº263
Gobierno Duque obstaculiza Ley de amnistía del Acuerdo de Paz

Aunque parezca increíble –manifestación máxima de saboteo tanto del actual, como del anterior gobierno, del proceso de paz–, 451 excombatientes farianos, de un total de 3.041 reportados a la hora del Acuerdo Final, permanecen aún presos. Dilaciones oficiales y precariedad en la articulación institucional, son parte de las explicaciones para una realidad que solo la explica la ausencia de voluntad política en el alto gobierno.

 

 

Es elemental: si una organización alzada en armas firma con sus enemigos la paz lo mínimo que debe lograr es que sus combatientes en prisión salgan de la misma. Pero por sorprendente que parezca en Colombia no es así, y luego de tres años de acordada y firmada tal paz, 451 de las personas alzadas en armas y por lo tanto firmantes de tal Acuerdo a través de su Comandante máximo, permanecen sometidos al suplicio de las mazmorras (Ver gráfico).

Es tanto el tiempo trascurrido, las dilaciones padecidas, la ausencia de voluntad por parte del gobierno nacional como de los jueces para concretar algo que no requiere ninguna sustentación que no sea política*, que si esos guerreros, hombres y mujeres, tuvieron en algún momento esperanza de que el encierro concluiría pronto, tal sentimiento, como niebla, debe de haberse diluido. Igual la confianza en una paz que solo les lleva a sus calabozos noticias de compañeros y conocidos asesinados.

Según el Acuerdo de Paz, punto 3, para garantizar la excarcelación en cuestión, en particular solucionar el tema de la ley de amnistía 1820 de 2016, se acordó un mecanismo tripartito conformado por delegado de las Farc, por el Gobierno que recae en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (Oacp) y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia.

desdeabajo entrevistó a Jhon León, integrante de la Corporación Solidaridad Jurídica, que trabaja en la representación jurídica de las personas privadas de la libertad recluidas por motivos políticos –prisioneros políticos–. Esta organización participa en las construcciones del punto 3 de la agenda de conversaciones del Acuerdo de Paz, punto que establece, entre otros aspectos, el inicio de la reincorporación a la vida civil de los excombatientes.

da. ¿Cómo se está aplicando la ley de Amnistía?
JL. Se estableció un ámbito de aplicación que podría resumirse en dos condiciones. 1: Las personas que son reconocidas en los listados entregados y elaborados por las Farc y suministrados a la Oacp para no solo surtir el proceso de excarcelación sino empezar la reincorporación y tránsito a la legalidad, como quedó establecido en el Acuerdo. 2: Podrían ser beneficiarias de esa ley de amnistía las personas que se encuentran procesadas o condenadas por las conductas que los vinculan como integrantes de las Farc, o porhechos relacionados con su participación en el conflicto armado colombiano independiente o no de estar en el listado de las Farc.

da. ¿A 3 años de expedida la ley, por qué permanece privados de la libertad un número importante de excombatientes farianos?
JL. Hay distintas razones y responsabilidades. El primer semestre de 2017 una parte de la rama judicial entró a un paro y básicamente puso la traba al gobierno nacional de poner en práctica la ley de amnistía, lo que llevó a que la primera amnistía se diera 6 meses después de expedida la ley. Después el gobierno nacional expidió un comunicado unilateral, sin consultar a las instancias como la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (Csivi) donde fijó el 17 de agosto de 2017 como fecha límite a la entrega de los listados, lo que significó que muchos excombatientes –tanto privados de la libertad como no– quedaron fuera de los listados.

da. Sobre este tema de los listados, según el Gobierno había una fecha fija en el Acuerdo de Paz, y después del cierre de la fecha quedaron 1.000 excombatientes de las Farc fuera del proceso de reincorporación, ¿qué fue lo sucedido ahí?
JL. Hay que aclarar que no existía ninguna fecha límite para la entrega del listado, puesto que en el Acuerdo final de Paz, en la página 285 “Acuerdo la ejecución del cronograma del proceso de dejación de armas alcanzado mediante acuerdo de 23 de junio de 2016”, en los numerales 8 y 9 que trata el tema de los listados, no estaba escrita una fecha fija para su entrega. Se han tenido que reda 3 decretos reglamentarios de la ley 1820 porque supuestamente no estaba claro cuál era el procedimiento y en la ley sí lo está.

da. Entonces, ¿por qué siguen presos excombatientes que estuvieron en ese listado del 2017?
JL. El gobierno nacional recibió los listados y acreditó a unos, a otras los excluyó bajo el supuesto de no pertenecer a las Farc. El Gobierno, con el Comité Técnico Interinstitucional convocado por la Oacp–que reúne distintas agencias de inteligencia– dice que esas personas son del Eln, capos del narcotráfico o no están vinculadas con las Farc. Ahora, después de tantos años no solo de guerra militar sino de confrontación judicial, los gobiernos de turno acusaron a los miembros de las Farc de narcotraficantes y hoy dice que como están acusados de narcotráfico entonces no son de Farc.
da. Es decir, ¿El gobierno solo le aplica la ley de amnistía a los excombatientes Farc que fueron procesados por rebelión?
JL. Hoy los prisioneros políticos que están acusados por rebelión son muy pocos y la mayoría son víctimas de montajes judiciales –como el profesor Miguel Ángel Beltrán. Como tal la naturaleza y filosofía del delito político en Colombia fue negada cuando en 1997 se puso en marcha la doctrina de la rebelión y el terrorismo. Entonces, procesalmente hablando, a un guerrillero lo condenan por porte ilegal de armas, concierto para delinquir y uso de prendas privativas –que son conductas propias de un rebelde–, pero están siendo individualmente condenadas. No se les olvide que la rebelión la utilizaron los gobiernos de turno para judicializar a los campesinos, estudiantes, líderes indígenas y al movimiento social.

da. Entonces, ¿por qué siguen negando las solicitudes de los excombatientes para aplicar a la ley de amnistía?
JL. En un encuentro nacional del equipo de abogados de la Corporación Solidaridad Jurídica concluimos que el 90 por ciento de las solicitudes para aplicar la ley de amnistía han sido negadas por un criterio supremamente restrictivo de la ley 1820, por ejemplo: una persona privada de la libertad que no tiene ninguna pieza procesal o en su expediente no se hace mención de que perteneció a Farc. Se desconoce por parte de la magistratura el contexto y realidad del país antes de firmar el Acuerdo de Paz, porque si un miembro de las Farc en esa época tuvo la oportunidad procesalmente de negar su vinculación a la insurgencia lo hacía para evitar procesos y cargos más grandes. Ahora, en éstos casos excomandantes de lasFarc han reconocido a éstas personas como miembros de la organización.

da. ¿Cuál es el caso de los excombatientes de lasFarc presos en el extranjero? ¿Se aplica la ley de amnistía también para ellos?
JL. Si no se aplica en Colombia mucho menos en otros países están interesados en aplicarla. Nosotros no trabajamos en esos procesos, pero están los casos de Simón Trinidad e Iván Vargas, presos en Estados Unidos. Adicional a ellos hay un caso de un señor, que fue mando del décimo frente, otro caso en Venezuela y otro en Panamá. Esos países deberían aplicar la ley de amnistía en respaldo al proceso de paz. Pero ya sabemos que Estados Unidos lo que hace son montajes, fabricar pruebas, para llevarse a los que firmaron el Acuerdo.

da. ¿Ya se han desactivado las órdenes de captura hacia excombatientes de las Farc por parte de la Policía Nacional y la Interpol?
JL. Las bases de datos de la Policía Nacional y la Interpol no han sido actualizadas y excombatientes que han sido excarcelados han vuelto a las cárceles por ésta falta de articulación.

da. ¿Cuál es el caso de los extranjeros, excombatientes de las Farc, presos en Colombia?
JL. Tuvimos el caso de dos ecuatorianos que estuvieron presos y ya salieron.

da. ¿Cuál es el caso con las mujeres excombatientes Farc?
JL. Todas fueronexcarceladas, pero algunas siguen en detención domiciliaria o con dispositivos de vigilancia electrónica, y otras están bajo la figura de la libertad condicionada,es decir, la libertad que otorgabanlos juzgados penales ordinarios, la figura de libertad condicional,que es distinta a la que otorga el proceso de paz. No están privadas de la libertad, pero su situación jurídica no está resuelta del todo.

da. ¿Algún caso con menores de edad excombatientes Farc presos(as)?
JL. No. Antes de la firma del Acuerdo de Paz en un gesto de confianza y voluntad, se sacaron a todos los menores de los centros de reclusión.

da. Para finalizar, ¿cuáles son los pasos a seguir para que se solucione el tema con los excombatientes presos que figuran en los listados y los que no?
JL. Nosotros insistimos en que el gobierno nacional tiene facultades para aplicar la ley de amnistía, pero falta voluntad política. Le estamos haciendo seguimiento a la reciente aprobada ley estatutaria 1957 de 2019, que se creó para regular el sistema de justicia transicional, producto del Acuerdo de Paz. En el artículo 63 de dicha ley,inciso octavo, estableció la potestad de la Sala de Amnistía de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de incorporar excepcionalmente a los listados personas que por motivos de fuerza mayor no hubieran sido incluidos en los listados acreditados por el gobierno nacional. Ahora, ¿cómo se desarrollará? Eso todavía no está claro, pero nosotros jurídicamente hablando daremos la pelea.

 

 

* Y así lo entiende la ley de marras, en la cual quedó establecida con una palabra en latín Iure que significa ‘por derecho’, por oposición a de facto, ‘por hechos’; una ley que funciona de oficio y no ha solicitud. Es decir, si se reúnen unas condiciones los jueces de ejecución de penas y las autoridades ordinarias deben hacerla cumplir. Sin embargo el tiempo indica lo contrario.
Fuente: Corporación Solidaridad Jurídica

 

 

Publicado enEdición Nº263
Miércoles, 27 Noviembre 2019 10:36

Estado poroso

Estado poroso

En Colombia, la cadena de actos violatorios de los más elementales derechos humanos, en particular los que tienen que ver con el asesinato de actores y líderes sociales por parte de las Fuerzas Armadas, no son novedad, ya que así se presentan las cosas desde hace bastante tiempo. Tampoco lo es la explicación justificadora, exculpando a los responsables, sin asumir las consecuencias de estar formando, a pesar de sus nefastas consecuencias –refrendadas por la historia–, a los reclutas y la oficialidad con una cerril mentalidad anticomunista, y como parte de ello ver y asumir a la sociedad crítica como el “enemigo interno”.

Los civiles inconformes, quienes se reúnen y organizan para presentar soluciones alternativas al modelo social, político, económico, agrario, cultural, urbano, militar, etcétera, imperante, son calificados como enemigos. No son asumidos como ciudadanos en ejercicio de sus derechos políticos, como actores y líderes que con su actuar y su ejemplo ayudan a construir un país en justicia, igualdad, solidaridad, con democracia real, no formal. Por ese acondicionamiento mental de las fuerzas del establecimiento, aquellos son vistos como subversivos –es decir, guerrilleros camuflados, según el decir castrense– y por tanto como blancos por ‘neutralizar’.

Reafirman esta realidad los casos más recientes: el de Dimar Torres, baleado el 22 de abril en Ocaña (Norte de Santander), y el de Flower Trompeta, igualmente baleado el 28 de octubre en la vereda La Laguna, municipio de Corinto (Cauca). Los dos perdieron la vida –como siempre dicen los voceros del alto mando o del poder civil mismo– “en confusos hechos”.

Como es de manejo de la opinión pública, si personas vinculadas a la comunidad donde ocurrieron los hechos no hubieran denunciado la realidad de lo sucedido, todo estaría cubierto por el manto de la “solidaridad de cuerpo”. Si no fuera por la denuncia ciudadana, todo quedaría como otros tantos ‘falsos positivos’.

Estos actos de violencia en contra de lo más sagrado en cualquier sociedad, la vida, también se presentan cuando por una u otra circunstancia hay altercados entre agentes de las Fuerzas Armadas (soldados o policías) y miembros de la sociedad civil, como lo recuerda el asesinato del joven Rafael Antonio Caro en hechos acaecidos el pasado 28 de julio en la base militar La Lizama, en la vía a Barrancabermeja. ¿Se puede alegar legítimamente como “en defensa propia” el uso de un fusil contra quien esgrime un arma blanca y puede ser desarmado si se les da prioridad a unos protocolos pacificadores y no violentos? La mentalidad de poder y ‘orden’ priman acá, recordando lo difícil que es para las Fuerzas Armadas convivir con civiles, pues se asumen como gente que debe ser controlada y sometida.

Ese proceder se extiende a todos los territorios y circunstancias como política de ‘seguridad’, que es de Estado, donde las personas vinculadas a una de las instituciones más numerosas que pagamos todos en Colombia, que se supone al servicio y para la protección de los millones que somos, en la práctica está es al servicio y para la protección de quienes controlan las riendas del poder: banqueros, industriales, líderes religiosos, comerciantes en gran escala, políticos –especialmente los afines a los partidos del poder–, multinacionales y representantes del capital internacional; es decir, para proteger y asegurar la ‘sacrosanta’ propiedad privada. Como todos lo sabemos, esta perspectiva de cosas se extiende a todos los países donde la ‘santa’ propiedad se transforma en fetiche, y se torna más importante que la vida misma de un poblador popular, o del inconforme con el actual orden de cosas: o simplemente más importante que quien expresa su rabia por una injusticia cometida contra él mismo o contra cualquier otra persona o ser viviente, como sucedió en el caso del joven Rafael Antonio Caro.

Tal proceder oficial, de persistir como parte de un burdo y ciego anticomunismo, hace cada vez más difíciles los escenarios de transformación real que hagan creíble avanzar hacia un período de paz y un país justo para todos. Y mucho más cuando, como parte de esa mentalidad potenciada por una doctrina militar guerrerista, ocultar, confundir, difamar, amenazar, dilatar, son algunas de las prácticas persistentes en la cotidianidad de las Fuerzas Armadas, aupadas por un Estado que no es trasparente sino poroso.

Tal política, como proceder y actuar, cubre todo el territorio nacional y sus grupos sociales. Las denuncias conocidas hace pocas semanas sobre el bombardeo de una escuela donde formaban futuros alzados en armas, en la que participaba un grupo de menores de edad, hacen parte de la preeminencia de la cuestionada doctrina vigente dentro de las Fuerzas Armadas, para la cual lo importante es lograr ‘positivos’, sin importar el precio que se pague por ello, en este caso la vida de los menores de edad, seguramente reclutados contra su voluntad.

Como es de común aceptación, los menores de edad no deben estar incursos en acciones de guerra, y eso obliga a las partes del conflicto que nos desangra. Preguntado en entrevista radial al por entonces ministro de Defensa encargado, general Luis Fernando Navarro J., si sabían de la presencia de menores a la hora del ataque contra la mencionada escuela, aseguró que no estaban al tanto. Le preguntan de nuevo: ¿Si hubieran conocido de tal presencia, habrían atacado? Su respuesta fue una y otra vez dilatoria, arguyendo que en cada caso hay que valorar*.

Lo que puede sentir el radioescucha ante la actitud del General es que “dar de baja” menores, y en otros casos la violación de una frontera –como sucedió hace unos años con Ecuador– y procederes similares son la norma cuando de alcanzar un propósito se trata, y acá el objetivo era un mando del grupo insurgente, sin importar los efectos colaterales, como dicen en este tipo de sucesos.

No puede ser una simple coincidencia que el operativo haya tenido lugar el 29 de agosto, el mismo día en que Iván Márquez y Jesús Santrich anunciaron su regreso a la guerra. El operativo, bajo esas circunstancias, obliga a pensar que, más que a alias Gildardo Cucho, lo que tenía como objetivo era la opinión pública, en un intento por darle a esta el mensaje de que el Gobierno, pese a mostrar claramente sus intenciones de buscar, a como dé lugar, poner palos en la rueda del proceso de paz entre el Estado y las Farc, está en condiciones de responder el desafío. Los efectos colaterales eran lo de menos, y, a pesar de que el personero del municipio de Puerto Rico (Caquetá), Herner Evelio Carreño, había informado de la presencia de niños en los campamentos de los grupos armados de la zona, el bombardeo tuvo lugar sin miramientos, en una muestra de que la vida de los civiles, en este caso niños, es un asunto secundario, comparado con los intereses mediáticos de querer crear la imagen de control de un problema que ya supera el medio siglo sin solución.

En la opacidad y el sesgo con los cuales son manejados los asuntos más oscuros del Estado, no se debe olvidar el papel de la prensa y de los periodistas oficiosos, que, con la presentación de medias verdades, o con el ocultamiento o la distorsión absoluta de la realidad, contribuyen al sobredimensionamiento de las amenazas, el ocultamiento de las causas subyacentes o, en el peor de los casos, la absolución o el encubrimiento de los culpables. En la historia del periodismo, quizá nunca, pese a cierto papel de las redes sociales en la divulgación de algunas realidades, la doble moral y el lenguaje equívoco y direccionado con intención distorsionadora habían alcanzado el nivel que muestran hoy los medios masivos de comunicación. En el caso del asesinato de los niños en el bombardeo, ellos dejan de serlo, pues “seguramente no estaban recogiendo café”. Y a ningún periodista oficioso se le pudo ocurrir que, así estuvieran reclutados y/o lo hicieran ‘voluntariamente’, eran niños y por tanto víctimas dobles de la guerra. Se pudiera exculpar el hecho si hubieran muerto en combate pero no en una situación de indefensión absoluta, y con un cuaderno y un lápiz en la mano, más allá de que estuvieran escribiendo sobre cómo construir una trinchera.

Valga retomar acá un debate abierto en el país cuando la Escuela General Santander fue objeto de ataque por parte del Eln. Como podrá recordarlo el lector, por entonces se repitió una y otra vez que una escuela es un sitio de formación y no de operaciones, y, por consiguiente, debe estar excluida de tal tipo de ataques. Si así fuera, ¿por qué no se hace igual valoración cuando de atacar a la contraparte se trata, máxime si hablamos de niños? Como se deduce, en un caso el ataque es con carro-bomba y en otro vía aérea, aprovechando el factor sorpresa, basado en superioridad técnica, tanto de monitoreo de personal en tierra como en el uso de tecnología que garantiza precisión a la hora del ataque.

Es claro, como sucedió con la evidencia de los llamados ‘falsos positivos’, que una cualidad del Estado colombiano es su falta de transparencia, su manipulación de escenarios, el manejo acomodaticio que hace de la realidad, etcétera. Como ya lo anotamos, nos encontramos ante un Estado poco transparente y sí poroso, y por esos poros se filtra y persiste una doctrina que estimula la militarización de nuestra sociedad y la existencia de una institución para la cual son más importantes los resultados parciales que la vida misma y, con ella crear escenarios para una paz total.

* Caracol radio noviembre 7 de 2019

Publicado enColombia
Miércoles, 27 Noviembre 2019 10:36

Contrarreforma* laboral y pensional a la vista

Contrarreforma* laboral y pensional a la vista

Como parte de una ofensiva neoliberal de tercera generación, Gobierno y empresarios buscan incrementar beneficios y garantias para el capital a costa de los trabajadores. Es un viejo cuento que nada bueno ha dejado para las mayorías que viven de su fuerza de trabajo. Es indispensable actuar como un solo cuerpo para no perder la batalla que está próxima a tomar cuerpo.

 

“Las reformas laboral y pensional son necesarias para crear empleo”; “los costos laborales son demasiados”; “necesitamos ser competitivos”, “es necesario incrementar los años de cotización”. Parece que el tiempo no pasara ya que estos y otros argumentos falaces fueron los esgrimidos en los años 80 y 90 del siglo anterior y lo son hoy, varias décadas después, por parte del empresariado, sus abogados, cuotas políticas en el poder legislativo, para justificar, una y otra vez reformas como la pensional y laboral. Como parte del poder realmente existente, la presión patronal siempre ha logrado sus propósitos y las reformas han pasado en el Congreso, pese a lo cual el desempleo prosigue, la industria es cada vez más precaria, los empresarios son cada vez más ricos y los trabajadores cada vez más pobres.

Todas estas falsas declaraciones lo que ocultan es la histórica disputa entre el capital y el trabajo, y la permanente pretensión del primero de reducir sus costos de producción arrebatando o reduciendo los derechos del segundo. Con la llegada del actual gobierno y la coalición que lo respalda, la posibilidad de que una nueva contrarreforma laboral y pensional se concrete es mucho mayor1.

Aunque el ataque sobre los derechos de los trabajadores tuvo sus primeros golpes en los años 80 del siglo anterior, cuando se aprobaron medidas que dieron entrada a las empresas tercerizadoras, el proceso de contrarreforma empezó con la globalización, el neoliberalismo y las privatizaciones del patrimonio público, en 1990. Han sido 30 años de violencia permanente contra los trabajadores y el movimiento sindical, de despojo a los trabajadores y de incremento de la riqueza para los capitalistas. (ver recuadro)

Ahora, los empresarios y el gobierno del señor Iván Duque pretenden arrebatar el resto de los derechos laborales progresivos. Se proponen hacer lo que han acordado con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, que son los voceros de las multinacionales y del capital imperialista.

El proyecto de contrarreforma lo iban a presentar luego de las elecciones de octubre de 2019, pero debido a la declaratoria de inexequibilidad de la ley de financiamiento (o nueva ley tributaria) y, sobre todo, debido a las formidables luchas en el Ecuador y en Chile contra la desigualdad y las políticas neoliberales de los gobiernos, pospusieron su presentación para el año 2020. Pero la están preparando y la van a presentar.

 

¿Qué están proponiendo los empresarios?

 

No tenemos espacio para reseñar todas las propuestas de los gremios empresariales; por lo tanto, nos contraemos a las más representativas. La Asociación Nacional de Instituciones Financieras –Anif– publicó en el mes de agosto de 2018 una Propuesta de Reforma Estructural Laboral2. Sus aspectos centrales son las siguientes:

Anif: reducir el 5 por ciento de la nómina

–Eliminar parte de los aportes a las Cajas de compensación que representan, según ellos, un 4 por ciento del valor de la nómina y eliminar el 1 por ciento, que son los intereses mensuales que los empleadores pagan a los trabajadores por sus cesantías antes de ser depositadas en los fondos de cesantías. El 4 por ciento de las Cajas más el 1 por ciento de los intereses de las cesantías da un 5 por ciento de la nómina, que los empleadores se ahorrarían. A cambio prometen la formalización de 300.000 trabajadores al año y 3.000.000 en la próxima década.

–Crear un seguro de desempleo con las cesantías de los trabajadores, limitando la posibilidad que el trabajador retire la cesantía; lo que sólo podría hacer por sumas mensuales, cuando quede sin trabajo. Es decir, crear un subsidio de desempleo con la plata de los trabajadores.

–Abaratar los costos de los despidos reduciendo los montos de la tabla de indemnización por el despido sin justa causa por parte del empleador; en otras palabras: reducir o eliminar dicha indemnización.
–Establecer que el salario mínimo legal mensual se reajusta en lo fundamental teniendo en cuenta la productividad y que quien fije ese reajuste sea una comisión de tecnócratas y no la Comisión Nacional de Concertación y Conciliación. Así mismo, establecer un salario mínimo equivalente al 75 por ciento del Salario Mínimo Legal vigente para los jóvenes menores de 25 años.

Fenalco: ahondar la flexibilización laboral

Por su parte, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco)3, por intermedio de su presidente, señor Jaime Alberto Cabal, también ha planteado modificaciones a la legislación laboral.

“La primera y más importante es la flexibilización para la contratación por horas. […] Hay que flexibilizar la contratación por horas, para que estas modalidades de emprendedores, de talentos especializados, encuentren trabajo formal […] La propuesta […] va dirigida únicamente a los informales y a los desempleados, especialmente a los jóvenes que buscan su primera oportunidad laboral, que hoy tienen una tasa de desempleo cercano al 20 por ciento […] La propuesta es tener un régimen alternativo, para desempleados e informales, respetando lo que hay […] Insistimos en que esta reforma aplicaría para nuevos contratos […]”, respetando los derechos de quienes hoy están contratados. Igualmente se plantea evaluar muy bien los costos, es decir los recargos, del trabajo dominical y de las horas extras diurnas y nocturnas.

Proponen, asi mismo, un salario mínimo de acuerdo con la productividad, competitividad e inflación. Ese salario mínimo sería diferencial, es decir, un salario mínimo para el campo, otro para la ciudad y por regiones.

Andi: quebrar la estabilidad laboral

La Asociación Nacional de Industriales (Andi) publicó en el año 2017 un libro discutiendo, en lo fundamental, la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre estabilidad laboral reforzada por discapacidad y proponiendo modificar toda la reglamentación sobre esta materia, debido, según ellos, a que garantizar este derecho tiene unos costos muy altos para las empresas. Igualmente, proponen establecer un salario integral para salarios inferiores a los 10 salarios mínimos. El otro problema sería el de la multiafiliación sindical y los fueros sindicales4.

 

¿En qué están de acuerdo empresarios y gobierno?

 

La señora Alicia Arango, Ministra del Trabajo, ha dicho “Tengo confianza en que medidas como la ley de financiamiento y la reducción de estándares en seguridad y salud ocupacional, para micro, pequeñas y medianas empresas, comiencen pronto a surtir efectos positivos para el empleo. Lo importante es generar crecimiento económico y mayor productividad”5. Esto quiere decir que la salud y la seguridad en el trabajo no es lo más importante para ella; lo más importante es el crecimiento económico y la productividad, es decir la ganancia capitalista.

Según la Ministra, el remedio para el desempleo, la informalidad y las frustraciones de los trabajadores es la “flexibilización laboral, trabajo por horas con cotización, formación para el trabajo con pertinencia…”.

Como vocera del gobierno, la Ministra propone reformar las plantas de personal, “para que el 10 por ciento de la planta sea para personas de entre 18 y 28 años aún sin experiencia. El emprendimiento y la economía naranja son otras herramientas”. Para suavizar un poco el asunto, afirma que es necesario discutir la reducción de la jornada laboral, pero para aumentar la productividad y los resultados.

Afirma, de igual manera, que hay que discutir la flexibilización de las cargas laborales, o sea las prestaciones sociales, los recargos por trabajo extra y dominical, los parafiscales y, de ser posible, afirma, subir los salarios. Llama a pensar en el salario mínimo diferencial.

Cumpliendo lo que le han pedido los empresarios, la Ministra Alicia Arango afirma que van a intervenir y atacar a fondo el problema de las incapacidades de los trabajadores: “Con el Ministerio de la Salud vamos a hacer mayor control a los médicos y EPS, pues no pueden seguir autorizando incapacidades de 1 y 2 días cuando no son necesarias”. Y en muchos casos relacionados con las incapacidades, el Ministerio del Trabajo autorizaría el despido del trabajador, lo que permite deducir que ahora no corresponderá al médico, dentro de la autonomía que le otorga la Ley Estatutaria de la Salud, quien defina las incapacidades sino la señora Alicia Arango y la burocracia del Ministerio del Trabajo. ¡Son los “avances” que en materia de derechos humanos va ganando el país!

Aunque no lo ha dicho de manera expresa la Ministra del Trabajo –si lo han pedido los empresarios– no puede descartarse que en la contrarreforma le metan la mano al derecho colectivo del trabajo, sobre todo a la multiafiliación sindical, a los fueros sindicales y a aspectos relacionados con la negociación colectiva.

Para que no quede ninguna duda, la Ministra sintetiza su “brillante” pensamiento así: “Primero, respetar los derechos adquiridos. Segundo, que se pueda contratar de muchas maneras y para muchas cosas. Tercero, contratar por horas”.

 

Dividir para reinar

 

La estrategia del Gobierno y los empresarios para imponer las contrarreformas en lo laboral y en pensiones es la misma de siempre: divide y reinaras.

Cuando la ley 50 de 1990 se les respetó, aparentemente, los derechos adquiridos a los trabajadores que tenían contrato de trabajo y 10 o más años de antigüedad. La nueva normatividad sólo se le aplicaría a los que cuenten con menos de 10 años de antigüedad y a quienes hayan ingresado al mercado laboral por primera vez o estuvieran desempleados. Pero una vez aprobada la ley 50 de 1990 a los trabajadores antiguos los llamaban a las jefaturas de personal y les decían, más menos lo siguiente: “le aumento el salario, lo asciendo o le pago una bonificación, pero se tiene que pasar a la ley 50, si no lo hace no tiene aumento, se queda en el mismo cargo e incluso lo puedo despedir”. En un poco tiempo la inmensa mayoría de trabajadores terminó en la ley 50 de 1990. Fue un proceso masivo de extorsión laboral.

Como si fuera una novedad, ahora también proponen que respetarán los derechos adquiridos de quienes están contratados y trabajando, y que las nuevas normas sólo se aplicaran a los desempleados y los informales. Pero no puede quedar en el olvido que los informales suman el 60 por ciento a nivel nacional y en el campo alcanzan al 85 por ciento; y que los desempleados representan el 14 por ciento, alcanzando incluso al 20 por ciento –cuando de jóvenes –población económicamente activa– se trata.

Esto quiere decir que la contrarreforma laboral es para aplicarla a la mayoría de los trabajadores. Además, lo que buscan es dividir: los que están contratados hoy, ante la ausencia de la solidaridad de clase, podrían decir: “yo no voy a luchar, a mí no me van a tocar. Que luchen los informales, los desempleados y los jóvenes que están llegando al mercado laboral”.

 

¿Cómo tendrían que responder los trabajadores?

 

Los trabajadores no tienen sino una sola alternativa: responder como un solo cuerpo, mujeres y hombres, jóvenes y adultos, fuertemente unidos, los que tienen vinculación laboral y los que no la tienen, los sindicalizados y los no sindicalizados, los informales y los desempleados, los pensionados, los que están por pensionarse y los que posiblemente no se puedan pensionar.

A unos y a otros, todos juntos, les corresponde pararse duro y negarse a discutir la contrarreforma laboral que están proponiendo los empresarios y el Gobierno, y, por el contrario, exigirles que le garanticen a los más de 22 millones de personas ocupadas que existen en el país un trabajo en condiciones dignas y justas; es decir, un trabajo con vínculo estable, un salario suficiente, prestaciones sociales y afiliación a salud, riesgos laborales y pensión, tal como lo ordenan los artículos 25 y 53 de la Constitución Política.

Aunque aún muchos de quienes lo integran no están vinculados al mundo laboral, pero pronto sí lo estarán, el movimiento estudiantil y la juventud debería agregar a sus consignas relacionadas con la educación el respeto a la actual legislación laboral, el derecho al trabajo estable, con todas las prestaciones sociales y de la seguridad social.

También corresponde asumir el preseente con memoria. Hay que exigir que se produzca la reparación colectiva a los trabajadores como víctimas del conflicto armado. Que se repare a los familiares de los trabajadores asesinados, desaparecidos, desplazados y despedidos. Y que la reparación colectiva a los trabajadores, es decir a la clase obrera, se traduzca en la derogatoria de todas las leyes en las que se concretó la contrarreforma laboral de los últimos 30 años, y se le devuelvan los derechos de que fue despojada.

Con la experiencia hasta ahora dejada por los espacios institucionales, es claro que el escenario adecuado para lograr estos objetivos no es ni la Comisión Nacional de Concertación y Conciliación de Políticas Laborales ni la Mesa Permanente de Concertación para la reparación Colectiva del Movimiento Sindical.

El escenario adecuado son las calles y la plaza pública; así lo han comprobado de manera irrefutable la juventud y los trabajadores de Hong Kong, los indígenas, campesinos y trabajadores del Ecuador, los trabajadores y la juventud chilenos y los indomables catalanes. Los trabajadores no pueden olvidar, ni por un solo minuto, que los empresarios y su gobierno son muy pocos, que los trabajadores son la inmensa mayoría, son millones y que deben hacer valer su superioridad moral y numérica.

Para terminar, recordar las palabras que el gran poeta inglés P. B. Shelley dirigió a los trabajadores y al pueblo después de la masacre obrero de Peterloo, en Manchester en 1819:

 

“Levantaos cual leones tras el sueño
En número invencible,
Arrojad vuestras cadenas a la tierra como un rocío
Que mientras dormíais cayó sobre vosotros.
Vosotros sois muchos, ellos pocos”6 .


 

Treinta años de neoliberalismo y contrarreforma laboral: 1990 - 2019


La ley 50 de 1990: representa la más violenta contrarreforma laboral padecida en nuestro país: eliminó la retroactividad de las cesantías, suprimió la acción de reintegro después de diez años de servicios, estableció el salario integral para sueldos superiores a diez salarios mínimos, debilitó la contratación a término indefinido, fortaleció la contratación a término fijo y la intermediación laboral (trabajadores en misión), creó los fondos de cesantías a favor del capital financiero.

La ley 200 de 1995 o Código Disciplinario Único: eliminó los procedimientos disciplinarios acordados por los trabajadores oficiales con el Estado en las convenciones colectivas y las normas disciplinarias del Estatuto Docente, y que eran más favorables a los trabajadores.

La ley 550 de 1999: permitió reestructurar las empresas y sus deudas y en ese proceso suspender las convenciones colectivas de trabajo, quedando los trabajadores con los mínimos legales.

La ley 789 de 2002: amplió la jornada diurna hasta las 10 pm, eliminando el recargo nocturno; redujo el recargo para el trabajo en domingos y festivos –que era del 100 al 75 por ciento–; modificó la tabla de la indemnización por despido sin justa causa, la indemnización moratoria por el no pago oportuno de lo adeudado al trabajador al momento de la terminación del contrato de trabajo –artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo–; redujo para los trabajadores que ganan más del salario mínimo, solo se paga la moratoria por los primeros 24 meses y luego los intereses moratorios más altos certificados por la Superbancaria; el contrato de aprendizaje fue despojado de las características que tiene el contrato laboral y despojó el aprendiz del derecho a afiliarse al sindicato y beneficiarse de la convención colectiva de trabajo.

La ley 797 de 2003: introdujo una nueva causal para terminar el contrato de trabajo o la vinculación legal y reglamentaria de los empleados públicos, al cumplir los requisitos para pensionarse.

El Acto Legislativo 01 de 2005: elevó a norma constitucional la prohibición de la negociación colectiva en relación a las pensiones, es decir, la ley no puede modificarse por pactos colectivos, convenciones colectivas o laudos arbitrales.

A partir de la ley 80 de 1993, artículo 32, se generalizó el contrato Administrativo de Prestación de Servicios (Caps), el trabajador no es ni empleado público ni trabajador oficial, sino trabajador independientes, no tiene prestaciones sociales y la seguridad social la debe pagar él mismo, con sus honorarios.

Las leyes 79 de 1988 y 10 de 1991: generalizaron las cooperativas de trabajo asociado como mecanismo de tercerización de los trabajadores, para burlar los salarios, las prestaciones sociales y la seguridad social de miles y miles de trabajadores.

La ley 1258 de 2008: creó la sociedad por acciones simplifica -SAS- que establece que los socios de estas sociedades no están obligados a responder por las acreencias laborales.

El Decreto 1429 de abril de 2010, el Decreto Único Reglamentario (DUR) 1072 de 2015 y Decreto 36 de 2016, modificaron las normas del contrato sindical y lo transformaron en el mecanismo para reemplazar las Cooperativas de Trabajo Asociado y en el más importante mecanismo de tercerización desde adentro del propio movimiento sindical.

El Decreto 160 de 2014: aparentemente reconoce el derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos, pero realmente se limita a reconocer el derecho a presentar pliegos de solicitudes, les niega el derecho, en caso de desacuerdo, a acudir al tribunal de arbitramento o a la huelga, y mantiene la prohibición de que firmen convenciones colectivas y se beneficien de ellas.

El Decreto 1333 de 2018: se refiere al supuesto abuso del derecho de los trabajadores en relación a las incapacidades.

La Circular 049 de 2019 del ministerio del Trabajo, relacionada con el despido de trabajadores que tengan estabilidad laboral reforzada.

Para una historia más completa de la Contrarreforma Laboral en Colombia, puede consultarse la obra Derecho Colectivo del Trabajo, de Edgar Ospina Duque, cuarta edición, Bogotá, editorial Ibáñez, 2019.

 


 

* Reformar quiere decir cambiar algo para mejorarlo. La contrarreforma es un movimiento en contra de la reforma o busca cambiar algo regresivamente. Para una explicación amplia de estos conceptos el lector puede consultar de Edgar Ospina D. y Emilce Garzón “Política Laboral, empleo y pobreza”, donde se explica en detalle los conceptos de revolución, contrarrevolución, reforma y contrarreforma. Cuadernos de Investigación del SUI, Universidad Autónoma, 2006.
1 En este artículo nos vamos a referir a la contrarreforma labora; en relación a la pensional recomendamos a los lectores visitar el canal de YouTube: Derecho laboral para luchar, en el que encontraran cinco videos sobre todo lo relacionado con la contrarreforma pensional.
2 Anif-reflaboral0818.pdf
3 El Tiempo, domingo 29 de septiembre de 2019, La entrevista de Yamit. Todas las citas entre comillas y los comentarios que se hacen, tienen como fuente esta publicación.
4 ANDI, 2017, Salud y estabilidad en el empleo, retos jurídicos y económicos para la sostenibilidad de las empresas. Página web espacio de la Andi.
5 El Tiempo, domingo 6 de octubre de 2019, La entrevista de Yamit. Todas las citas entre comillas y comentarios que se hacen, tienen como fuente esta publicación.
6 P.B. Shelley, La necesidad del ateísmo y otros escritos de combate, Edición Pepitas de calabaza, ed. marzo de 2015. La máscara de la anarquía, poema escrito con ocasión de la matanza de Manchester el 16 de agosto de 1819.
** Abogado laboralista y profesor universitario.

Publicado enColombia
Miércoles, 27 Noviembre 2019 09:38

Contrarreforma* laboral y pensional a la vista

Contrarreforma* laboral y pensional a la vista

Como parte de una ofensiva neoliberal de tercera generación, Gobierno y empresarios buscan incrementar beneficios y garantias para el capital a costa de los trabajadores. Es un viejo cuento que nada bueno ha dejado para las mayorías que viven de su fuerza de trabajo. Es indispensable actuar como un solo cuerpo para no perder la batalla que está próxima a tomar cuerpo.

 

“Las reformas laboral y pensional son necesarias para crear empleo”; “los costos laborales son demasiados”; “necesitamos ser competitivos”, “es necesario incrementar los años de cotización”. Parece que el tiempo no pasara ya que estos y otros argumentos falaces fueron los esgrimidos en los años 80 y 90 del siglo anterior y lo son hoy, varias décadas después, por parte del empresariado, sus abogados, cuotas políticas en el poder legislativo, para justificar, una y otra vez reformas como la pensional y laboral. Como parte del poder realmente existente, la presión patronal siempre ha logrado sus propósitos y las reformas han pasado en el Congreso, pese a lo cual el desempleo prosigue, la industria es cada vez más precaria, los empresarios son cada vez más ricos y los trabajadores cada vez más pobres.

Todas estas falsas declaraciones lo que ocultan es la histórica disputa entre el capital y el trabajo, y la permanente pretensión del primero de reducir sus costos de producción arrebatando o reduciendo los derechos del segundo. Con la llegada del actual gobierno y la coalición que lo respalda, la posibilidad de que una nueva contrarreforma laboral y pensional se concrete es mucho mayor1.

Aunque el ataque sobre los derechos de los trabajadores tuvo sus primeros golpes en los años 80 del siglo anterior, cuando se aprobaron medidas que dieron entrada a las empresas tercerizadoras, el proceso de contrarreforma empezó con la globalización, el neoliberalismo y las privatizaciones del patrimonio público, en 1990. Han sido 30 años de violencia permanente contra los trabajadores y el movimiento sindical, de despojo a los trabajadores y de incremento de la riqueza para los capitalistas. (ver recuadro)

Ahora, los empresarios y el gobierno del señor Iván Duque pretenden arrebatar el resto de los derechos laborales progresivos. Se proponen hacer lo que han acordado con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, que son los voceros de las multinacionales y del capital imperialista.

El proyecto de contrarreforma lo iban a presentar luego de las elecciones de octubre de 2019, pero debido a la declaratoria de inexequibilidad de la ley de financiamiento (o nueva ley tributaria) y, sobre todo, debido a las formidables luchas en el Ecuador y en Chile contra la desigualdad y las políticas neoliberales de los gobiernos, pospusieron su presentación para el año 2020. Pero la están preparando y la van a presentar.

 

¿Qué están proponiendo los empresarios?

 

No tenemos espacio para reseñar todas las propuestas de los gremios empresariales; por lo tanto, nos contraemos a las más representativas. La Asociación Nacional de Instituciones Financieras –Anif– publicó en el mes de agosto de 2018 una Propuesta de Reforma Estructural Laboral2. Sus aspectos centrales son las siguientes:

Anif: reducir el 5 por ciento de la nómina

–Eliminar parte de los aportes a las Cajas de compensación que representan, según ellos, un 4 por ciento del valor de la nómina y eliminar el 1 por ciento, que son los intereses mensuales que los empleadores pagan a los trabajadores por sus cesantías antes de ser depositadas en los fondos de cesantías. El 4 por ciento de las Cajas más el 1 por ciento de los intereses de las cesantías da un 5 por ciento de la nómina, que los empleadores se ahorrarían. A cambio prometen la formalización de 300.000 trabajadores al año y 3.000.000 en la próxima década.

–Crear un seguro de desempleo con las cesantías de los trabajadores, limitando la posibilidad que el trabajador retire la cesantía; lo que sólo podría hacer por sumas mensuales, cuando quede sin trabajo. Es decir, crear un subsidio de desempleo con la plata de los trabajadores.

–Abaratar los costos de los despidos reduciendo los montos de la tabla de indemnización por el despido sin justa causa por parte del empleador; en otras palabras: reducir o eliminar dicha indemnización.
–Establecer que el salario mínimo legal mensual se reajusta en lo fundamental teniendo en cuenta la productividad y que quien fije ese reajuste sea una comisión de tecnócratas y no la Comisión Nacional de Concertación y Conciliación. Así mismo, establecer un salario mínimo equivalente al 75 por ciento del Salario Mínimo Legal vigente para los jóvenes menores de 25 años.

Fenalco: ahondar la flexibilización laboral

Por su parte, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco)3, por intermedio de su presidente, señor Jaime Alberto Cabal, también ha planteado modificaciones a la legislación laboral.

“La primera y más importante es la flexibilización para la contratación por horas. […] Hay que flexibilizar la contratación por horas, para que estas modalidades de emprendedores, de talentos especializados, encuentren trabajo formal […] La propuesta […] va dirigida únicamente a los informales y a los desempleados, especialmente a los jóvenes que buscan su primera oportunidad laboral, que hoy tienen una tasa de desempleo cercano al 20 por ciento […] La propuesta es tener un régimen alternativo, para desempleados e informales, respetando lo que hay […] Insistimos en que esta reforma aplicaría para nuevos contratos […]”, respetando los derechos de quienes hoy están contratados. Igualmente se plantea evaluar muy bien los costos, es decir los recargos, del trabajo dominical y de las horas extras diurnas y nocturnas.

Proponen, asi mismo, un salario mínimo de acuerdo con la productividad, competitividad e inflación. Ese salario mínimo sería diferencial, es decir, un salario mínimo para el campo, otro para la ciudad y por regiones.

Andi: quebrar la estabilidad laboral

La Asociación Nacional de Industriales (Andi) publicó en el año 2017 un libro discutiendo, en lo fundamental, la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre estabilidad laboral reforzada por discapacidad y proponiendo modificar toda la reglamentación sobre esta materia, debido, según ellos, a que garantizar este derecho tiene unos costos muy altos para las empresas. Igualmente, proponen establecer un salario integral para salarios inferiores a los 10 salarios mínimos. El otro problema sería el de la multiafiliación sindical y los fueros sindicales4.

 

¿En qué están de acuerdo empresarios y gobierno?

 

La señora Alicia Arango, Ministra del Trabajo, ha dicho “Tengo confianza en que medidas como la ley de financiamiento y la reducción de estándares en seguridad y salud ocupacional, para micro, pequeñas y medianas empresas, comiencen pronto a surtir efectos positivos para el empleo. Lo importante es generar crecimiento económico y mayor productividad”5. Esto quiere decir que la salud y la seguridad en el trabajo no es lo más importante para ella; lo más importante es el crecimiento económico y la productividad, es decir la ganancia capitalista.

Según la Ministra, el remedio para el desempleo, la informalidad y las frustraciones de los trabajadores es la “flexibilización laboral, trabajo por horas con cotización, formación para el trabajo con pertinencia…”.

Como vocera del gobierno, la Ministra propone reformar las plantas de personal, “para que el 10 por ciento de la planta sea para personas de entre 18 y 28 años aún sin experiencia. El emprendimiento y la economía naranja son otras herramientas”. Para suavizar un poco el asunto, afirma que es necesario discutir la reducción de la jornada laboral, pero para aumentar la productividad y los resultados.

Afirma, de igual manera, que hay que discutir la flexibilización de las cargas laborales, o sea las prestaciones sociales, los recargos por trabajo extra y dominical, los parafiscales y, de ser posible, afirma, subir los salarios. Llama a pensar en el salario mínimo diferencial.

Cumpliendo lo que le han pedido los empresarios, la Ministra Alicia Arango afirma que van a intervenir y atacar a fondo el problema de las incapacidades de los trabajadores: “Con el Ministerio de la Salud vamos a hacer mayor control a los médicos y EPS, pues no pueden seguir autorizando incapacidades de 1 y 2 días cuando no son necesarias”. Y en muchos casos relacionados con las incapacidades, el Ministerio del Trabajo autorizaría el despido del trabajador, lo que permite deducir que ahora no corresponderá al médico, dentro de la autonomía que le otorga la Ley Estatutaria de la Salud, quien defina las incapacidades sino la señora Alicia Arango y la burocracia del Ministerio del Trabajo. ¡Son los “avances” que en materia de derechos humanos va ganando el país!

Aunque no lo ha dicho de manera expresa la Ministra del Trabajo –si lo han pedido los empresarios– no puede descartarse que en la contrarreforma le metan la mano al derecho colectivo del trabajo, sobre todo a la multiafiliación sindical, a los fueros sindicales y a aspectos relacionados con la negociación colectiva.

Para que no quede ninguna duda, la Ministra sintetiza su “brillante” pensamiento así: “Primero, respetar los derechos adquiridos. Segundo, que se pueda contratar de muchas maneras y para muchas cosas. Tercero, contratar por horas”.

 

Dividir para reinar

 

La estrategia del Gobierno y los empresarios para imponer las contrarreformas en lo laboral y en pensiones es la misma de siempre: divide y reinaras.

Cuando la ley 50 de 1990 se les respetó, aparentemente, los derechos adquiridos a los trabajadores que tenían contrato de trabajo y 10 o más años de antigüedad. La nueva normatividad sólo se le aplicaría a los que cuenten con menos de 10 años de antigüedad y a quienes hayan ingresado al mercado laboral por primera vez o estuvieran desempleados. Pero una vez aprobada la ley 50 de 1990 a los trabajadores antiguos los llamaban a las jefaturas de personal y les decían, más menos lo siguiente: “le aumento el salario, lo asciendo o le pago una bonificación, pero se tiene que pasar a la ley 50, si no lo hace no tiene aumento, se queda en el mismo cargo e incluso lo puedo despedir”. En un poco tiempo la inmensa mayoría de trabajadores terminó en la ley 50 de 1990. Fue un proceso masivo de extorsión laboral.

Como si fuera una novedad, ahora también proponen que respetarán los derechos adquiridos de quienes están contratados y trabajando, y que las nuevas normas sólo se aplicaran a los desempleados y los informales. Pero no puede quedar en el olvido que los informales suman el 60 por ciento a nivel nacional y en el campo alcanzan al 85 por ciento; y que los desempleados representan el 14 por ciento, alcanzando incluso al 20 por ciento –cuando de jóvenes –población económicamente activa– se trata.

Esto quiere decir que la contrarreforma laboral es para aplicarla a la mayoría de los trabajadores. Además, lo que buscan es dividir: los que están contratados hoy, ante la ausencia de la solidaridad de clase, podrían decir: “yo no voy a luchar, a mí no me van a tocar. Que luchen los informales, los desempleados y los jóvenes que están llegando al mercado laboral”.

 

¿Cómo tendrían que responder los trabajadores?

 

Los trabajadores no tienen sino una sola alternativa: responder como un solo cuerpo, mujeres y hombres, jóvenes y adultos, fuertemente unidos, los que tienen vinculación laboral y los que no la tienen, los sindicalizados y los no sindicalizados, los informales y los desempleados, los pensionados, los que están por pensionarse y los que posiblemente no se puedan pensionar.

A unos y a otros, todos juntos, les corresponde pararse duro y negarse a discutir la contrarreforma laboral que están proponiendo los empresarios y el Gobierno, y, por el contrario, exigirles que le garanticen a los más de 22 millones de personas ocupadas que existen en el país un trabajo en condiciones dignas y justas; es decir, un trabajo con vínculo estable, un salario suficiente, prestaciones sociales y afiliación a salud, riesgos laborales y pensión, tal como lo ordenan los artículos 25 y 53 de la Constitución Política.

Aunque aún muchos de quienes lo integran no están vinculados al mundo laboral, pero pronto sí lo estarán, el movimiento estudiantil y la juventud debería agregar a sus consignas relacionadas con la educación el respeto a la actual legislación laboral, el derecho al trabajo estable, con todas las prestaciones sociales y de la seguridad social.

También corresponde asumir el preseente con memoria. Hay que exigir que se produzca la reparación colectiva a los trabajadores como víctimas del conflicto armado. Que se repare a los familiares de los trabajadores asesinados, desaparecidos, desplazados y despedidos. Y que la reparación colectiva a los trabajadores, es decir a la clase obrera, se traduzca en la derogatoria de todas las leyes en las que se concretó la contrarreforma laboral de los últimos 30 años, y se le devuelvan los derechos de que fue despojada.

Con la experiencia hasta ahora dejada por los espacios institucionales, es claro que el escenario adecuado para lograr estos objetivos no es ni la Comisión Nacional de Concertación y Conciliación de Políticas Laborales ni la Mesa Permanente de Concertación para la reparación Colectiva del Movimiento Sindical.

El escenario adecuado son las calles y la plaza pública; así lo han comprobado de manera irrefutable la juventud y los trabajadores de Hong Kong, los indígenas, campesinos y trabajadores del Ecuador, los trabajadores y la juventud chilenos y los indomables catalanes. Los trabajadores no pueden olvidar, ni por un solo minuto, que los empresarios y su gobierno son muy pocos, que los trabajadores son la inmensa mayoría, son millones y que deben hacer valer su superioridad moral y numérica.

Para terminar, recordar las palabras que el gran poeta inglés P. B. Shelley dirigió a los trabajadores y al pueblo después de la masacre obrero de Peterloo, en Manchester en 1819:

 

“Levantaos cual leones tras el sueño
En número invencible,
Arrojad vuestras cadenas a la tierra como un rocío
Que mientras dormíais cayó sobre vosotros.
Vosotros sois muchos, ellos pocos”6 .


 

Treinta años de neoliberalismo y contrarreforma laboral: 1990 - 2019


La ley 50 de 1990: representa la más violenta contrarreforma laboral padecida en nuestro país: eliminó la retroactividad de las cesantías, suprimió la acción de reintegro después de diez años de servicios, estableció el salario integral para sueldos superiores a diez salarios mínimos, debilitó la contratación a término indefinido, fortaleció la contratación a término fijo y la intermediación laboral (trabajadores en misión), creó los fondos de cesantías a favor del capital financiero.

La ley 200 de 1995 o Código Disciplinario Único: eliminó los procedimientos disciplinarios acordados por los trabajadores oficiales con el Estado en las convenciones colectivas y las normas disciplinarias del Estatuto Docente, y que eran más favorables a los trabajadores.

La ley 550 de 1999: permitió reestructurar las empresas y sus deudas y en ese proceso suspender las convenciones colectivas de trabajo, quedando los trabajadores con los mínimos legales.

La ley 789 de 2002: amplió la jornada diurna hasta las 10 pm, eliminando el recargo nocturno; redujo el recargo para el trabajo en domingos y festivos –que era del 100 al 75 por ciento–; modificó la tabla de la indemnización por despido sin justa causa, la indemnización moratoria por el no pago oportuno de lo adeudado al trabajador al momento de la terminación del contrato de trabajo –artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo–; redujo para los trabajadores que ganan más del salario mínimo, solo se paga la moratoria por los primeros 24 meses y luego los intereses moratorios más altos certificados por la Superbancaria; el contrato de aprendizaje fue despojado de las características que tiene el contrato laboral y despojó el aprendiz del derecho a afiliarse al sindicato y beneficiarse de la convención colectiva de trabajo.

La ley 797 de 2003: introdujo una nueva causal para terminar el contrato de trabajo o la vinculación legal y reglamentaria de los empleados públicos, al cumplir los requisitos para pensionarse.

El Acto Legislativo 01 de 2005: elevó a norma constitucional la prohibición de la negociación colectiva en relación a las pensiones, es decir, la ley no puede modificarse por pactos colectivos, convenciones colectivas o laudos arbitrales.

A partir de la ley 80 de 1993, artículo 32, se generalizó el contrato Administrativo de Prestación de Servicios (Caps), el trabajador no es ni empleado público ni trabajador oficial, sino trabajador independientes, no tiene prestaciones sociales y la seguridad social la debe pagar él mismo, con sus honorarios.

Las leyes 79 de 1988 y 10 de 1991: generalizaron las cooperativas de trabajo asociado como mecanismo de tercerización de los trabajadores, para burlar los salarios, las prestaciones sociales y la seguridad social de miles y miles de trabajadores.

La ley 1258 de 2008: creó la sociedad por acciones simplifica -SAS- que establece que los socios de estas sociedades no están obligados a responder por las acreencias laborales.

El Decreto 1429 de abril de 2010, el Decreto Único Reglamentario (DUR) 1072 de 2015 y Decreto 36 de 2016, modificaron las normas del contrato sindical y lo transformaron en el mecanismo para reemplazar las Cooperativas de Trabajo Asociado y en el más importante mecanismo de tercerización desde adentro del propio movimiento sindical.

El Decreto 160 de 2014: aparentemente reconoce el derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos, pero realmente se limita a reconocer el derecho a presentar pliegos de solicitudes, les niega el derecho, en caso de desacuerdo, a acudir al tribunal de arbitramento o a la huelga, y mantiene la prohibición de que firmen convenciones colectivas y se beneficien de ellas.

El Decreto 1333 de 2018: se refiere al supuesto abuso del derecho de los trabajadores en relación a las incapacidades.

La Circular 049 de 2019 del ministerio del Trabajo, relacionada con el despido de trabajadores que tengan estabilidad laboral reforzada.

Para una historia más completa de la Contrarreforma Laboral en Colombia, puede consultarse la obra Derecho Colectivo del Trabajo, de Edgar Ospina Duque, cuarta edición, Bogotá, editorial Ibáñez, 2019.

 


 

* Reformar quiere decir cambiar algo para mejorarlo. La contrarreforma es un movimiento en contra de la reforma o busca cambiar algo regresivamente. Para una explicación amplia de estos conceptos el lector puede consultar de Edgar Ospina D. y Emilce Garzón “Política Laboral, empleo y pobreza”, donde se explica en detalle los conceptos de revolución, contrarrevolución, reforma y contrarreforma. Cuadernos de Investigación del SUI, Universidad Autónoma, 2006.
1 En este artículo nos vamos a referir a la contrarreforma labora; en relación a la pensional recomendamos a los lectores visitar el canal de YouTube: Derecho laboral para luchar, en el que encontraran cinco videos sobre todo lo relacionado con la contrarreforma pensional.
2 Anif-reflaboral0818.pdf
3 El Tiempo, domingo 29 de septiembre de 2019, La entrevista de Yamit. Todas las citas entre comillas y los comentarios que se hacen, tienen como fuente esta publicación.
4 ANDI, 2017, Salud y estabilidad en el empleo, retos jurídicos y económicos para la sostenibilidad de las empresas. Página web espacio de la Andi.
5 El Tiempo, domingo 6 de octubre de 2019, La entrevista de Yamit. Todas las citas entre comillas y comentarios que se hacen, tienen como fuente esta publicación.
6 P.B. Shelley, La necesidad del ateísmo y otros escritos de combate, Edición Pepitas de calabaza, ed. marzo de 2015. La máscara de la anarquía, poema escrito con ocasión de la matanza de Manchester el 16 de agosto de 1819.
** Abogado laboralista y profesor universitario.

Publicado enEdición Nº263
Miércoles, 27 Noviembre 2019 09:32

Estado poroso

Estado poroso

En Colombia, la cadena de actos violatorios de los más elementales derechos humanos, en particular los que tienen que ver con el asesinato de actores y líderes sociales por parte de las Fuerzas Armadas, no son novedad, ya que así se presentan las cosas desde hace bastante tiempo. Tampoco lo es la explicación justificadora, exculpando a los responsables, sin asumir las consecuencias de estar formando, a pesar de sus nefastas consecuencias –refrendadas por la historia–, a los reclutas y la oficialidad con una cerril mentalidad anticomunista, y como parte de ello ver y asumir a la sociedad crítica como el “enemigo interno”.

Los civiles inconformes, quienes se reúnen y organizan para presentar soluciones alternativas al modelo social, político, económico, agrario, cultural, urbano, militar, etcétera, imperante, son calificados como enemigos. No son asumidos como ciudadanos en ejercicio de sus derechos políticos, como actores y líderes que con su actuar y su ejemplo ayudan a construir un país en justicia, igualdad, solidaridad, con democracia real, no formal. Por ese acondicionamiento mental de las fuerzas del establecimiento, aquellos son vistos como subversivos –es decir, guerrilleros camuflados, según el decir castrense– y por tanto como blancos por ‘neutralizar’.

Reafirman esta realidad los casos más recientes: el de Dimar Torres, baleado el 22 de abril en Ocaña (Norte de Santander), y el de Flower Trompeta, igualmente baleado el 28 de octubre en la vereda La Laguna, municipio de Corinto (Cauca). Los dos perdieron la vida –como siempre dicen los voceros del alto mando o del poder civil mismo– “en confusos hechos”.

Como es de manejo de la opinión pública, si personas vinculadas a la comunidad donde ocurrieron los hechos no hubieran denunciado la realidad de lo sucedido, todo estaría cubierto por el manto de la “solidaridad de cuerpo”. Si no fuera por la denuncia ciudadana, todo quedaría como otros tantos ‘falsos positivos’.

Estos actos de violencia en contra de lo más sagrado en cualquier sociedad, la vida, también se presentan cuando por una u otra circunstancia hay altercados entre agentes de las Fuerzas Armadas (soldados o policías) y miembros de la sociedad civil, como lo recuerda el asesinato del joven Rafael Antonio Caro en hechos acaecidos el pasado 28 de julio en la base militar La Lizama, en la vía a Barrancabermeja. ¿Se puede alegar legítimamente como “en defensa propia” el uso de un fusil contra quien esgrime un arma blanca y puede ser desarmado si se les da prioridad a unos protocolos pacificadores y no violentos? La mentalidad de poder y ‘orden’ priman acá, recordando lo difícil que es para las Fuerzas Armadas convivir con civiles, pues se asumen como gente que debe ser controlada y sometida.

Ese proceder se extiende a todos los territorios y circunstancias como política de ‘seguridad’, que es de Estado, donde las personas vinculadas a una de las instituciones más numerosas que pagamos todos en Colombia, que se supone al servicio y para la protección de los millones que somos, en la práctica está es al servicio y para la protección de quienes controlan las riendas del poder: banqueros, industriales, líderes religiosos, comerciantes en gran escala, políticos –especialmente los afines a los partidos del poder–, multinacionales y representantes del capital internacional; es decir, para proteger y asegurar la ‘sacrosanta’ propiedad privada. Como todos lo sabemos, esta perspectiva de cosas se extiende a todos los países donde la ‘santa’ propiedad se transforma en fetiche, y se torna más importante que la vida misma de un poblador popular, o del inconforme con el actual orden de cosas: o simplemente más importante que quien expresa su rabia por una injusticia cometida contra él mismo o contra cualquier otra persona o ser viviente, como sucedió en el caso del joven Rafael Antonio Caro.

Tal proceder oficial, de persistir como parte de un burdo y ciego anticomunismo, hace cada vez más difíciles los escenarios de transformación real que hagan creíble avanzar hacia un período de paz y un país justo para todos. Y mucho más cuando, como parte de esa mentalidad potenciada por una doctrina militar guerrerista, ocultar, confundir, difamar, amenazar, dilatar, son algunas de las prácticas persistentes en la cotidianidad de las Fuerzas Armadas, aupadas por un Estado que no es trasparente sino poroso.

Tal política, como proceder y actuar, cubre todo el territorio nacional y sus grupos sociales. Las denuncias conocidas hace pocas semanas sobre el bombardeo de una escuela donde formaban futuros alzados en armas, en la que participaba un grupo de menores de edad, hacen parte de la preeminencia de la cuestionada doctrina vigente dentro de las Fuerzas Armadas, para la cual lo importante es lograr ‘positivos’, sin importar el precio que se pague por ello, en este caso la vida de los menores de edad, seguramente reclutados contra su voluntad.

Como es de común aceptación, los menores de edad no deben estar incursos en acciones de guerra, y eso obliga a las partes del conflicto que nos desangra. Preguntado en entrevista radial al por entonces ministro de Defensa encargado, general Luis Fernando Navarro J., si sabían de la presencia de menores a la hora del ataque contra la mencionada escuela, aseguró que no estaban al tanto. Le preguntan de nuevo: ¿Si hubieran conocido de tal presencia, habrían atacado? Su respuesta fue una y otra vez dilatoria, arguyendo que en cada caso hay que valorar*.

Lo que puede sentir el radioescucha ante la actitud del General es que “dar de baja” menores, y en otros casos la violación de una frontera –como sucedió hace unos años con Ecuador– y procederes similares son la norma cuando de alcanzar un propósito se trata, y acá el objetivo era un mando del grupo insurgente, sin importar los efectos colaterales, como dicen en este tipo de sucesos.

No puede ser una simple coincidencia que el operativo haya tenido lugar el 29 de agosto, el mismo día en que Iván Márquez y Jesús Santrich anunciaron su regreso a la guerra. El operativo, bajo esas circunstancias, obliga a pensar que, más que a alias Gildardo Cucho, lo que tenía como objetivo era la opinión pública, en un intento por darle a esta el mensaje de que el Gobierno, pese a mostrar claramente sus intenciones de buscar, a como dé lugar, poner palos en la rueda del proceso de paz entre el Estado y las Farc, está en condiciones de responder el desafío. Los efectos colaterales eran lo de menos, y, a pesar de que el personero del municipio de Puerto Rico (Caquetá), Herner Evelio Carreño, había informado de la presencia de niños en los campamentos de los grupos armados de la zona, el bombardeo tuvo lugar sin miramientos, en una muestra de que la vida de los civiles, en este caso niños, es un asunto secundario, comparado con los intereses mediáticos de querer crear la imagen de control de un problema que ya supera el medio siglo sin solución.

En la opacidad y el sesgo con los cuales son manejados los asuntos más oscuros del Estado, no se debe olvidar el papel de la prensa y de los periodistas oficiosos, que, con la presentación de medias verdades, o con el ocultamiento o la distorsión absoluta de la realidad, contribuyen al sobredimensionamiento de las amenazas, el ocultamiento de las causas subyacentes o, en el peor de los casos, la absolución o el encubrimiento de los culpables. En la historia del periodismo, quizá nunca, pese a cierto papel de las redes sociales en la divulgación de algunas realidades, la doble moral y el lenguaje equívoco y direccionado con intención distorsionadora habían alcanzado el nivel que muestran hoy los medios masivos de comunicación. En el caso del asesinato de los niños en el bombardeo, ellos dejan de serlo, pues “seguramente no estaban recogiendo café”. Y a ningún periodista oficioso se le pudo ocurrir que, así estuvieran reclutados y/o lo hicieran ‘voluntariamente’, eran niños y por tanto víctimas dobles de la guerra. Se pudiera exculpar el hecho si hubieran muerto en combate pero no en una situación de indefensión absoluta, y con un cuaderno y un lápiz en la mano, más allá de que estuvieran escribiendo sobre cómo construir una trinchera.

Valga retomar acá un debate abierto en el país cuando la Escuela General Santander fue objeto de ataque por parte del Eln. Como podrá recordarlo el lector, por entonces se repitió una y otra vez que una escuela es un sitio de formación y no de operaciones, y, por consiguiente, debe estar excluida de tal tipo de ataques. Si así fuera, ¿por qué no se hace igual valoración cuando de atacar a la contraparte se trata, máxime si hablamos de niños? Como se deduce, en un caso el ataque es con carro-bomba y en otro vía aérea, aprovechando el factor sorpresa, basado en superioridad técnica, tanto de monitoreo de personal en tierra como en el uso de tecnología que garantiza precisión a la hora del ataque.

Es claro, como sucedió con la evidencia de los llamados ‘falsos positivos’, que una cualidad del Estado colombiano es su falta de transparencia, su manipulación de escenarios, el manejo acomodaticio que hace de la realidad, etcétera. Como ya lo anotamos, nos encontramos ante un Estado poco transparente y sí poroso, y por esos poros se filtra y persiste una doctrina que estimula la militarización de nuestra sociedad y la existencia de una institución para la cual son más importantes los resultados parciales que la vida misma y, con ella crear escenarios para una paz total.

* Caracol radio noviembre 7 de 2019

Publicado enEdición Nº263
Página 1 de 3