Miércoles, 27 Julio 2022 05:16

Erdogan en guerra en todos los frentes

Erdogan en guerra en todos los frentes

Turquía está atravesando una multitud de crisis interconectadas, como el resto del mundo y como prolongación de su propia trayectoria durante la última década. Con el fin de mantener su posición en este período de múltiples crisis, Erdogan está utilizando todos los recursos a su alcance: represión, guerras, chantaje, negociaciones, rupturas de alianzas y nuevas alianzas.

Además, los cambios en el orden geopolítico global también han jugado bastante a su favor. En los últimos diez años, Erdogan ha agudizado su capacidad para poner los acontecimientos mundiales al servicio de sus propios mercadeos con el fin de consolidar su posición o, al menos, retrasar su propia muerte política. Este es el caso de la guerra en Ucrania, que ha podido aprovechar para superar los problemas planteados por la disminución del poder adquisitivo de la clase obrera y su pérdida de popularidad en el período previo a las nuevas elecciones. Por lo tanto, Erdogan, mostrando una habilidad cierta, está tratando de apoyarse en la situación mundial, pero viéndose obligado a librar una guerra en todos los frentes.

En el frente de la economía

La fragilidad del capitalismo turco ha existido desde hace mucho tiempo y el gobierno del AKP siempre ha buscado soluciones "imaginativas" destinadas a, al menos, retrasar los efectos de la crisis. Pero las tendencias observadas en Turquía ahora también están estrechamente vinculadas a la crisis del capitalismo global. Después de la crisis de 2008, cuando los bancos centrales de todo el mundo inyectaban liquidez en la economía mundial, Turquía también vio llegar una enorme masa de dinero y, con ella, una cierta ilusión de riqueza. Los lados negativos de la deuda aparecieron cuando llegó el momento en que hubo que empezar a pagar. Cuando se anunció que los bancos centrales detuvieron gradualmente las recompras de activos en los mercados financieros, dos conjuntos diferentes de intereses correspondientes a dos sectores capitalistas distintos en Turquía se hicieron visibles y comenzaron a manifestarse. Por un lado, TÜSIAD /1, la organización de la gran burguesía tradicional en Turquía, criticó muy abiertamente la política del gobierno y exigió un aumento de las tasas de interés del banco central. Por otro lado, hay "pequeñas y medianas empresas", algunas de las cuales han surgido como grandes intereses capitalistas por derecho propio. Estas, muy a menudo políticamente aliadas con el gobierno de Erdogan, contaban con él para mantener las tasas de interés bajas.

A pesar de sus diferencias relativas, estos dos sectores de la clase capitalista también tienen intereses comunes, ya sean, por ejemplo, sus inversiones en el sector industrial relacionado con la exportación, o su hostilidad hacia la libertad de asociación de las y los trabajadores y el derecho de huelga. Por lo tanto, si los matices pueden ser lo suficientemente finos entre estos círculos capitalistas turcos, es posible una clasificación general sobre la base de una diferencia entre los capitalistas en sectores intensivos en capital y los capitalistas de industrias intensivas en mano de obra. También se podría proponer una distinción general entre quienes tienen suficiente capital para conceder préstamos y quienes buscan créditos baratos. Por lo tanto, a pesar de sus prioridades comunes, hay un motivo limitado de confrontación entre estos dos grupos de titulares de capital.

Confrontado a una crisis económica inevitable, el gobierno tuvo que elegir entre una alta inflación o una alta tasa de desempleo. Al acercarse las elecciones (que se celebrarán a más tardar en junio de 2023), se optó por la de la tasa de inflación frente a un posible aumento de la tasa de desempleo, con la reducción continua de las tasas de interés, destinada tanto a estimular la economía como a apoyar a los grupos capitalistas en torno a Erdogan, ambos convencidos de que, con la preservación del empleo, la pérdida de poder adquisitivo causaría menos descontento en el seno de su base electoral.

En los últimos diez meses, el gobierno de Erdogan ha estado intentando experimentar económicamente: mientras mantiene bajo el valor de la lira turca [TL], el gobierno ha tratado de ayudar a las exportaciones mientras apoya a los productores que buscan aumentar su producción a partir de tasas de interés muy bajas, mientras que la tasa de interés real se acerca al 40%. El objetivo principal era apoyar las exportaciones y sustituir las importaciones por nuevas inversiones productivas.   Sin embargo, su experimentación, junto con el aumento general de los precios, ayudó a desencadenar un aumento de la inflación: oficialmente el 70 %, pero según ENAG, una organización de investigación independiente, la inflación alcanzó el 175 % anual. El poder adquisitivo de la clase trabajadora ha caído bruscamente, lo que ha llevado a una pobreza generalizada. En particular, la dificultad de acceso a los cereales y otros productos alimenticios importados como resultado de la guerra en Ucrania no ha hecho más que empeorar la situación de la mayoría de las y los trabajadores. El gobierno se vio obligado a aumentar el salario mínimo, que generalmente aumenta solo una vez al año, por segunda vez este año. El nuevo salario mínimo ha aumentado de 4.253 TL (242 euros) a 5.500 TL (313 euros), pero ninguna de estas cantidades garantiza condiciones de vida normales. Debe recordarse aquí que la mayoría de las y los turcos ganan el salario mínimo por una semana laboral de 45 horas. El salario mínimo se ha convertido casi en el salario medio en Turquía.

Pero paralelamente, la política de Erdogan de dirigir el capitalismo turco hacia la exportación se diseñó en un terreno favorable, especialmente dada la reestructuración de las cadenas de suministro dentro del capitalismo global durante la crisis sanitaria. Esta política de costes de producción baratos en Turquía con bajos tipos de cambio ha dado sus frutos en cierta medida. Incluso en un contexto en el que Europa, el principal mercado de exportación de Turquía, experimentó un crecimiento de solo el 0,3 % en el primer trimestre, durante casi un año, cada mes, Turquía ha batido su récord de exportación de los meses anteriores. En mayo de 2022, las exportaciones alcanzaron los 19.000 millones de dólares. Ahora, los cambios en las alianzas en la política mundial promueven aún más esta tendencia cuando las cadenas de suministro se orientan hacia conjuntos de "socios estratégicos"

El frente de la política exterior

TÜSIAD, previó este desarrollo de los acontecimientos emitiendo una advertencia al gobierno: "ahora las cadenas de suministro se están desplazando a países que comparten "valores" comunes y el gobierno debe reorientarse hacia las alianzas occidentales para aprovechar estos cambios en las cadenas de suministro globales". Esta declaración tuvo lugar durante la disputa entre Turquía y sus aliados en la OTAN, en particular sobre la cuestión de la integración de Suecia y Finlandia en la OTAN. Erdogan les reprochó abiertamente por su comportamiento "traicionero" y "antinacional" antes de adecuar su posición exactamente al consejo que se le acababa de enviar: después de que jugara con su voto de veto en la OTAN, firmó un memorando de entendimiento con Suecia y Finlandia. Hasta ahora había acusado a estos países de apoyar el "terrorismo" y había pedido ayuda a sus planes de invadir el Kurdistán sirio con el fin de establecer una supuesta zona de amortiguación de 30 km en Rojava donde se construirían casas para alojar a las y los refugiados. Por extraño que parezca, muchas personas en Turquía creen en el proyecto de Erdogan como una forma de dar una acogida a los refugiados en Turquía y también de cambiar el equilibrio demográfico del Kurdistán sirio. Por supuesto, estos 30 km también son un problema de negociación para Erdogan: con sus aliados nacionalistas, está buscando bazas en el marco de sus negociaciones con Rusia y los Estados Unidos para poder lanzar una operación de invasión militar.

Suecia y Finlandia fueron solo el principio. A principios de julio, el primer ministro italiano Mario Draghi estaba de visita en Turquía desde donde salió con la maleta llena de acuerdos firmados sobre una serie de temas que van desde la cooperación militar hasta la cooperación diplomática, desde memorandos de acuerdos de protección civil hasta un acuerdo sobre el reconocimiento mutuo de permisos de conducir entre los dos países. Durante su reunión, entre otras cosas, se debatió un aumento del comercio hasta alcanzar los 30.000 millones de euros y un fortalecimiento del transporte por carretera entre los dos países, un requisito previo adicional para aumentar el comercio con Turquía.

No es de ninguna manera exagerado decir que en las últimas dos décadas Turquía se ha convertido en uno de los principales centros manufactureros para los capitalistas europeos y ahora, con la reorientación de las cadenas de suministro y su muy baja moneda, su mano de obra bien entrenada pero no organizada y de bajo costo, Turquía está más que nunca en camino de convertirse en una nueva China para Europa. A pesar de sus diferencias con el gobierno en otras cuestiones, ni siquiera TÜSIAD podría estar más feliz.

En el frente interior

En un contexto de creciente pobreza, pérdida de poder adquisitivo y repetidos ataques militares en el Kurdistán iraquí y Rojava, el gobierno sabe que debe ser brutal frente a cualquier expresión pública de descontento. Sabe que dejar que aparezca el más mínimo signo de debilidad puede hacer  que se extienda la protesta. De ahí el hecho de que incluso las manifestaciones locales de trabajadores en su lugar de trabajo, por aumentos salariales, son reprimidas violentamente por la policía. Sin embargo, en los últimos meses, estos ataques policiales han ido acompañados de ataques de matones fascistas.

Durante los violentos ataques contra la manifestación del orgullo gay, el aliento dado a los grupos islamistas de extrema derecha para atacar a las y los activistas LGBTI en las calles, y los informes en las redes sociales de varias asociaciones paramilitares "civiles", también hacen que la oposición tema que esta pueda ser una especie de estrategia preelectoral. Y parece que estas asociaciones paramilitares apenas enmascaradas, e incluso podemos decir, que no dudan en hacer su demostración de fuerza al descubierto, tienen como objetivo la intimidación y la parálisis de la oposición cada vez más preocupada por las condiciones en las que se llevarán a cabo estas elecciones y el papel que la violencia callejera desempeñará en ellas.

El retraso de la crisis en Turquía se hace sobre las espaldas de la clase trabajadora, cuya vida es cada vez más dura. El gobierno está tratando, por un lado, de suprimir cualquier oposición aterrorizando a la sociedad con arrestos, violencia policial y tratando de suscitar una movilización nacional en torno a las guerras en el Kurdistán iraquí y Rojava. Por lo tanto, esta estrategia de poder parece bastante clara: disuadir por miedo cualquier movilización de oposición, tratar de establecer una forma de ayuda económica con un aumento del salario mínimo y una mejora marginal de las pensiones, impulsar movilizaciones nacionalistas en el país sobre la base de "victorias" en el exterior, y dividir a la oposición con la creación de una oposición neofascista centrada en las y los refugiados. Por su parte, la oposición que proviene de la burguesía consiste en esperar las elecciones y no participar en ninguna "provocación" hasta el final de las elecciones y luego deshacerse de Erdogan sin mostrar ninguna diferencia política entre su programa y el de Erdogan.

Desafortunadamente, en ausencia de una verdadera alternativa de izquierda, aún si estuviéramos libres de Erdogan, todavía se ve perfilarse el programa político que permita a la clase trabajadora mejorar sus condiciones de trabajo y su confianza en sí misma.

27 julio 2022

Revista L'Anticapitaliste n°137 (julio-agosto de 2022).

https://lanticapitaliste.org/actualite/international/erdogan-en-guerre-sur-tous-les-fronts

Foto de  Kocaeli Gebze

Traducción: Faustino Eguberri para viento sur

Notas:

/1 TÜSIAD (Türk sanayici ve isadamları dernegi), empresarios y asociaciones industriales turcas y la organización de la patronal más influyente de Turquía, también activa en las negociaciones europeas para la adhesión de Turquía a la UE.

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-Dora María Téllez, la antigua heroína sandinista, sobrevive demacrada y en la oscuridad en la prisión de El Chipote, mientras Ortega celebra el aniversario de la revolución con sus antiguos compañeros de armas encarcelados

Las columnas guerrilleras sandinistas entraron eufóricas en Managua el 19 de julio de 1979 y a 93 kilómetros de distancia, en León, la nueva junta revolucionaria de gobierno se reunió para asumir el poder recién conquistado. Meses atrás un comando liderado por una mujer de pelo corto y boina había derrotado a las fuerzas somocistas en esa ciudad en una victoria estratégica para el derrocamiento de la dinastía. La mujer es Dora María Téllez, en ese entonces estudiante de medicina de 23 años y audaz combatiente que ya había participado en el asalto al Palacio Nacional. A la mañana siguiente del triunfo, el 20, Téllez marchó con la junta a Managua para unirse al júbilo y recuperar las posiciones que había abandonado Anastasio Somoza Debayle con su huida de Nicaragua. Ahora, 43 años después de este episodio trascendental en la historia reciente de Nicaragua, la Comandante Dos está encerrada en una cárcel del país que lideran Daniel Ortega y Rosario Murillo en régimen de aislamiento, oscuridad y con una significativa pérdida de peso a sus 66 años.


La delgadez y la palidez de Téllez, figura histórica del sandinismo aborrecida por la actual pareja presidencial, se aprecia con nitidez en un retrato hablado elaborado a partir de los testimonios de las escasas visitas recibidas, que su familia recogió y compartió en exclusiva con EL PAÍS este 19 de julio. La exguerrillera e historiadora mantiene su pelo corto, ya muy cano, la piel de su cara adherida a los pómulos, pero sin perder la agudeza de su mirada. “Ha perdido más del 15% de su peso corporal, pero ha sobrellevado bien la cárcel por su experiencia”, asegura un familiar de la presa política.

Téllez fue arrestada en junio de 2021 junto con otros exguerrilleros históricos sandinistas, opositores, periodistas y todos los precandidatos presidenciales, quienes aspiraban a desafiar en las urnas a Ortega y Murillo. La escalada represiva de ese año facilitó a Ortega y Murillo perpetuarse en el poder. La conmemoración del 43 aniversario de la revolución sandinista está marcada este año por un ambiente represivo y la consolidación de un régimen de partido único, en el que la persecución, la cárcel o el exilio son la condena de las voces críticas.

Los presos políticos de 2021 ya han cumplido más de un año en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), mejor conocida como El Chipote. Un reclusorio lúgubre en el que las principales figuras opositoras, según han denunciado varios organismos internacionales en defensa de los derechos humanos con Naciones Unidas a la cabeza, son sometidas a tratos crueles e inhumanos. Un compendio de prácticas que van desde interrogatorios continuos, aislamiento total e indefinido, luces prendidas perpetuamente o, por el contrario, penumbra constante; chantaje psicólogo, falta de cobijas, de atención médica y una precaria alimentación que ha mellado en la mayoría de los reos: algunos han perdido entre 11 a 27 kilos, según las denuncias.

Junto a Téllez, en El Chipote estuvieron otras figuras históricas que Ortega y Murillo han encerrado, como el excanciller Víctor Hugo Tinoco y el general en retiro Hugo Torres, conocido como Comandante Uno en el asalto al Palacio de 1978, que derivó en la liberación guerrilleros sandinistas que mantenía Somoza, entre ellos el mismo Ortega. Estos dos compañeros de Téllez ya no están en El Chipote porque el primero, Tinoco, fue enviado a casa por cárcel después que Torres falleciera bajo custodia penitenciaria el 12 de febrero pasado.

El Comandante Uno no recibió atención médica oportuna para tratar una enfermedad preexistente y colapsó en la celda, algo que Téllez pudo ver. Fue trasladado a un hospital, pero ya era muy tarde. La muerte de Torres conmocionó y puso de manifiesto las precarias condiciones de los presos políticos, en especial la veintena más mayor. Ortega y Murillo decidieron imponer casa por cárcel a presos políticos que presentaban padecimientos delicados, aunque en otros casos los tratos inhumanos se han mantenido.

En más de un año de encierro, a los presos políticos solo les han permitido ocho visitas, espacios breves que no duran más de dos horas y que los guardas de El Chipote vigilan. Los más de 47 líderes opositores han sido condenados a penas de prisión que oscilan entre los 8 a 14 años por los supuestos delitos de “traición a la patria” y “menoscabo a la integridad nacional”, en juicios políticos en los que no permitieron a los acusados el derecho pleno a la defensa.

El deterioro de las condiciones en la prisión ha empujado a los familiares, pese al miedo a que les suspendan las visitas, la difusión de retratos hablados como el de Téllez. Los familiares han lanzado una campaña cuyo fin lo condensa su nombre: “Sé humano”, un alarido por la liberación de los presos por razones humanitarias. Una petición que ha ignorado el Gobierno ya que, en palabras de Ortega, quienes están en El Chipote y en el sistema penitenciario son “hijos de perra del imperialismo”.

“Lo que Dora no soporta es estar en la oscuridad todo el tiempo, no puede ni ver la palma de su mano. Prácticamente no la sacan al sol y está traslúcida… No en el sentido poético sino una palidez preocupante. Aunque se mantiene haciendo ejercicio y le da ánimo a otros presos políticos. La muerte de Hugo Torres la golpeó muchísimo”, describe el familiar de la exguerrillera, quien hace unos meses sufrió una severa infección cutánea en uno de sus brazos que derivó en una quemadura de segundo grado. “Después de ese episodio en la piel dijo sentirse débil y durmió toda una semana, hasta que se recuperó y volvió a los ejercicios”, agrega la fuente familiar.

“Un régimen que practica la tortura”
Mónica Baltodano es otra exguerrillera sandinista histórica y está libre porque se exilió en Costa Rica. Hoy historiadora, rechaza el encarcelamiento de sus compañeros de lucha y reivindica los nombres de otros presos políticos ligados al sandinismo de la revolución no tan reconocidos como Téllez y Torres. “En El Chipote está Irving Larios, el padre César Parrales, que fue embajador de los revolución ante la OEA; también hay presas hijas de otros luchadores de la época del ochenta como Tamara Dávila, a quien mantienen incomunicada desde hace un año”, dice.

Un hermano de Baltodano, Ricardo, también fue un preso político de Ortega en 2018, en la primera oleada de detenciones tras las protestas sociales de 2018 que cimbraron al régimen. De modo que la exguerrillera conoce de primera mano los malos tratos que denuncian familiares y derechos humanos. “Yo estuve presa bajo la dictadura de Somoza. Estábamos aisladas pero podíamos ver a nuestros hijos, no como ahora, como Tamara Dávila y otras presas. El régimen de Ortega sí practica la tortura. En 2018 hubo violaciones de muchachas, como documentan organismos de derechos humanos. Este régimen ha aplicado torturas abiertas y descarnadas como las de Somoza. Sin embargo, con los presos políticos de 2021, que son figuras, han tenido más cuidado en términos de no llegar a los golpes y aplicación de choques eléctricos. Pero es algo más perverso porque mantener a una persona aislada totalmente es una de las peores torturas en la cárcel. No tienen ninguna posibilidad de saber lo que ocurre en el exterior ni hablar entre ellos”, lamenta Baltodano.

A 43 años del triunfo de la revolución sandinista, Baltodano lo ve todo pervertido. Sobre todo al ver a sus compañeros de lucha en una prisión y no disfrutando de una vejez tranquila. A la exguerrillera le parece una infamia que Ortega y Murillo prodiguen tanta crueldad disfrazada de retórica revolucionaria.

“Daniel Ortega ha convertido al Frente Sandinista en un aparato a su servicio; un aparato electorero cuyos principios fundamentales ya son ajenos. El único objetivo y obsesión es el poder para defender los intereses y privilegios de su familia”, afirma Baltodano. “Aquella fuerza que fundó Carlos Fonseca, con propósitos de justicia social, liberación y avanzar en la democracia, ya no existe. Ha sido pervertida por el orteguismo, así como lo ha hecho con el Ejército, la policía, el Poder Judicial y todas las instituciones. Todo funciona como una correa del poder familiar”.

19-07-22.

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Domingo, 17 Julio 2022 06:16

China impone nuevos confinamientos

 . Imagen: AFP

Ante el aumento de casos de covid-19  

El país registró este sábado el mayor número de casos de coronavirus desde mayo y endurece las medidas sanitarias en Lanzhou, Wugang y Beihai, donde el riesgo de contagio es más alto. Según la OMS, el continente más afectado sigue siendo Europa, seguido de América y Asia

China registró este sábado el mayor número de casos de coronavirus desde mayo y confinó a millones de personas de todo el país este fin de semana, en el marco de su estricta política de "covid cero".

Un total de 450 casos de covid-19, la mayoría asintomáticos, fueron reportados este sábado en todo el país, frente a 432 de ayer, informaron las autoridades sanitarias. El aumento de casos llevó esta semana a la adopción de nuevas restricciones en varias regiones del país.

Lanzhou, capital de la provincia de noroccidental de Gansu, ordenó el miércoles a sus 4,4 millones de habitantes permanecer en sus casas, mientras que una de las localidades de la provincia de oriental de Anhui está confinada desde el viernes.

A principios de la semana, las autoridades impusieron un confinamiento general en Wugang, gran centro siderúrgico de la provincia central de Henan, tras el descubrimiento de un solo caso de covid-19.

En Beihai, en la provincia sureña de Guangxi, las autoridades anunciaron el sábado confinamientos parciales en dos localidades con más de 800.000 habitantes.

"Actualmente, la situación en materia de prevención y control epidémico en la ciudad de Beihai es grave y complicada y el riesgo de contagio en la comunidad es relativamente alto", subrayó el Gobierno.

China es el último gran país del mundo que persigue el objetivo de eliminar la pandemia mediante los confinamientos, largas cuarentenas y pruebas masivas, a pesar de que la estrategia "covid cero" tiene un fuerte impacto en la economía.

El crecimiento económico del país tuvo en el segundo trimestre su peor desempeño desde 2020, debido principalmente a las restricciones sanitarias.

La segunda economía más grande del mundo tuvo un crecimiento interanual de 0,4 por ciento entre abril y junio, tras haber registrado 4,8 por ciento en el primer trimestre, según cifras oficiales.

Los casos globales de covid-19 suben por quinta semana consecutiva

Entre el 4 y el 10 de julio el mundo registró al menos 5,7 millones de casos de covid-19, un ascenso semanal del 6 por ciento y el quinto consecutivo, de acuerdo con el informe epidemiológico publicado esta semana por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el número 100 desde el inicio de la pandemia.

Europa, con 2,8 millones de casos la semana pasada (un 4 por ciento más que en los siete días anteriores), es la región más afectada actualmente, seguida de América (1,5 millones, un 1 por ciento menos) y Asia Oriental (1 millón, lo que supuso un ascenso del 28 por ciento).

Por otro lado la semana pasada se confirmaron a nivel global 9.872 muertes por covid-19, un descenso del 2 por ciento con respecto al periodo semanal anterior.

América fue la región con más decesos (4.789, un 4 por ciento menos que en la semana anterior), seguida de Europa (2.946, una cifra similar a la de los siete días previos) y Asia Oriental (1.377, un descenso del 10 por ciento).

La OMS insiste en que las estadísticas, sobre todo las de contagios, deben interpretarse con precaución dado que muchos países han reducido los tests realizados a medida que proliferan los casos leves o moderados.

El país que más casos reportó la semana pasada fue Francia (771.000), y a continuación se situaron EEUU (722.000), Italia (661.000), Alemania (561.000) y Brasil (396.000). Los países con más muertes en el periodo estudiado fueron EEUU (1.987), Brasil (1.639), China (692), España (619) e Italia (574).

Dentro de la variante ómicron, dominante en todo este año, el sublinaje BA.5 se ha convertido en el más detectado en los laboratorios, y ya representa la mitad de los casos secuenciados.

Desde el inicio de la pandemia se han confirmado al menos 555 millones de casos de covid en todo el mundo, con 6,3 millones de muertes

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Sábado, 16 Julio 2022 06:48

¿Quién se enfrenta a Bukele?

¿Quién se enfrenta a Bukele?

 En El Salvador, el presidente Nayib Bukele ha alcanzado una inédita configuración institucional con la que consiguió concentrar todos los poderes en sus manos. El pasado martes 21 de junio, se prorrogó por un cuarto periodo de 30 días un amplio régimen de excepción, que suspende los derechos fundamentales de los salvadoreños y permite masivas detenciones arbitrarias y extrajudiciales, que ya alcanzan las 35.000 en dos meses.

 

En las laderas del volcán Tecapa, en medio de una espesa vegetación, se elevan masivas columnas de vapor. Aquí se encuentra la central geotérmica Berlín, una de las cuatro con las que cuenta El Salvador. Desde estas alturas de la cordillera volcánica, se divisa a lo lejos la hidroeléctrica y el embalse 15 de septiembre, en el río Lempa, el mayor curso de agua de Centroamérica, que serpentea por todo el país. A la par de estas centrales geotérmicas, fue en los años 1970 cuando el gobierno de El Salvador emprendió la construcción de unos embalses de gran tamaño para la producción hidroeléctrica.

Las reubicaciones masivas de comunidades campesinas agravaron el problema agrario, ya notable debido a la mayor concentración de tierras en manos de unos pocos terratenientes. Se empezaron a organizar a la vez que se intensificó la represión del movimiento campesino, del sindicalismo etc, por parte de un gobierno militar, en el poder desde el levantamiento indígena del 1931 que acabó con la masacre de 30.000 campesinos. Con el golpe de estado militar del 1979 y la formación en el 1980 del FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional), estalló una de las más cruentas guerras civiles que conoció el continente americano. Se cifran en más de 75.000 las víctimas del conflicto y según la comisión de las Naciones Unidas para la verdad y la paz, el 95% de ellas lo fueron a manos de las fuerzas militares y gubernamentales.

Huyendo de la guerra, millones de salvadoreños se refugiaron en los Estados Unidos, donde todavía hoy se encuentran dos millones, cuando el pequeño país centroamericano no más cuenta con 6,5 millones de habitantes. Confrontados a la marginalización y a la violencia de los gangs, en los suburbios de las metrópolis estadounidenses, la juventud salvadoreña se organizó en pandillas. Así nacieron en los años 1980, en los suburbios de Los Ángeles, la Mara Barrio 18, y la Mara Salvatrucha MS13.

Con el fin del conflicto y la firma de los acuerdos de Chapultepec en la Ciudad de México en el 1992, se inicia una nueva era democrática en El Salvador. Coincide con un cambio de estrategia en la lucha contra los gangs en California. Estados Unidos expulsa del país a los salvadoreños encarcelados por su implicación en la criminalidad. Y así fue como las maras, nacidas en el país del norte, toman pie y fuerza en Centroamérica, convirtiendo a El Salvador y Honduras en los países con la más alta tasa de homicidios del mundo.

Los mapas de Nelson

A las orillas del embalse del Cerrón Grande, Nelson tiene una empresa de turismo en el pueblo de Suchitoto, un centro turístico ubicado a unos 40 kilómetros de la capital. Oficia como guía. En la alcaldía, lleva a los visitantes ante un mapa de la región, en el que figuran las decenas de masacres y asesinatos que tuvieron lugar aquí a lo largo de la guerra civil. Justo en la otra acera, la Sociedad Democrática de Suchitoto es un espacio exclusivo, en él que los miembros se juntan a charlar en la barra, con café y cigarro, se sientan a jugar cartas o echar un póker, o toman cervezas alrededor de una mesa de billar. En aquel ambiente más informal, opina Nelson sobre la historia reciente de su país. “En 1992, se acabó la guerra pero se inició otra. Con las pandillas. Porque, con los acuerdos de paz, con la nueva Constitución, se introdujeron los derechos humanos, la Corte Suprema, la Fiscalía. Los derechos humanos vulneran a los derechos de la ciudadanía, de la ciudadanía honrada pues”.

En enero de este año, se canceló la conmemoración de los Acuerdos del 1992, que el propio presidente había calificado de “farsa”, en el marco de una amplia operación de revisionismo histórico. Nayib Bukele fue elegido presidente de la República en el 2019, como candidato de un nuevo partido de derecha populista, acabando con la tradición bipartidista que reinaba desde 1992. Anteriormente, había sido alcalde de San Salvador bajo la etiqueta del FMLN. Tras los acuerdos de paz, el antiguo ejército guerrillero pasó a ser un partido político, integrado en el juego institucional y electoral, hasta arrebatarle en el 2009 la presidencia a la derecha del ARENA, partido creado por miembros del ejército durante la guerra civil. Vecino de Suchitoto, el pueblo de Cinquera también pagó un elevado precio por la guerra. En el parque, Edwin, exguerrillero del FMLN ajusta cuentas con los sucesivos gobernantes. “Bukele es un barco sin rumbo. Va por sus empresas no más. Y por el poder. Y en el FMLN, ellos se dicen de izquierda pero no más se han quedado los corruptos allí dentro, los demás nos salimos, los pensantes”.


Un año tras la llegada al poder de Bukele, en su informe del 2020, desde el Observatorio Universitario de Derechos Humanos alertan. “Existe una retórica peligrosa contraria a los derechos humanos, la armonía social y el Estado de Derecho, por parte del mismo presidente de la República.” En el 2021, Bukele consiguió una mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa tras una victoria histórica en las elecciones, y el mismo OUDH concluye así su informe: ”El nuevo escenario institucional está caracterizado por la cooptación del Estado por parte del Ejecutivo y por una mayor concentración del poder político en manos del presidente de la república“.

En aquel contexto de máxima concentración del poder en mano del presidente y de una lenta difusión de retórica autoritarista en el marco de una supuesta guerra contra las pandillas, llega el 27 de marzo de 2022. El día anterior, un triste récord de 62 homicidios fueron cometidos en el país. Se sabrá posteriormente, con la revelación de unos audios en el marco de una investigación del periódico El Faro, que aquel derrame de sangre fue venganza de las maras luego de que el gobierno de Bukele haya quebrado el pacto que tenían desde hace dos años. Pero el pretexto fue suficiente para decretar un amplio régimen de excepción, dejando suspendidos varios derechos fundamentales, en primer lugar la libertad de asociación y el derecho a la defensa legal.

Dejando atrás los cafetales de la cordillera volcánica, el 4x4 va volando, en medio de un mar de canales. Al volante, Romeo, se dirige hacia la capital. A los 44 años, es abogado y, lo reconoce él mismo, vive “en una burbujita, social, en la que uno no tiene que lidiar con el problema de las maras ni está afectado por el régimen de excepción”. Como jurista, constata, pragmático, que el derecho a la defensa legal queda afectado. “La detención antes de que abran un proceso, la detención en la policía, que antes era por un máximo de 72 horas, ya no tiene límite en su duración”. También sostiene que ocurren detenciones arbitrarias y se vulnera la libertad de reunión y de asociación. “Hoy, así solo te ven mal parado aquí, y te ven con una cara de maleante, y aunque no lo seas, o si tienes tatuajes, ahí te paran, te registran, y te llevan”. Sin embargo, respalda la medida, que incluso considera como insuficiente. ”Para mí, en lugar de régimen de excepción, deberían de verdad empezar a matar mareros“.

Según el ministro de Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, en el primer mes del régimen de excepción, el 65% de los detenidos tenía menos de 30 años. Alexis tiene 24 años, la cara seria, la mirada desilusionada, el tono fatalista. Comenta lo que están viviendo en el país una mayoría de jóvenes humildes, de escasos recursos económicos. “Yo estoy pensando en irme, muchos lo están pensando. Y ya no es por la situación económica, sino por lo que está pasando, la guerra contra las pandillas. A uno ahora lo pueden arrestar no más por andar así con amigos. Lo acusan de agrupación terrorista. O a veces también porque alguien llama y te denuncia, entonces vienen por ti, sin averiguar más. Ya se llevaron a varios conocidos a la cárcel. Está duro. Aquí en este país, se ha puesto muy feo. Ya estaba feo con las pandillas, pero ahora el problema es que pagan personas que no tienen nada que ver”.

Reporta Human Rights Watch el caso del músico Elvis Josué Sánchez Rivera, de 21 años. “Su familia indicó que, al momento de la detención el 3 de abril, se dirigía a jugar fútbol con un amigo. No supieron el paradero de Sánchez Rivera hasta que las autoridades de un hospital les informaron que había fallecido el 19 de abril”.

En el 2021, El Salvador ya contaba con 36.660 reos, lo que convertía al país en el segundo en el mundo con la mayor tasa de personas encarceladas respecto a la población, con 564 presos por cada 100.000 habitantes, según World Prison Brief, solo por debajo de Estados Unidos. Con las detenciones ocurridas en estos tres últimos meses de régimen de excepción, cifradas al 25 de mayo en más de 35.000 según el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, supone que la población encarcelada en El Salvador ha doblado, alcanzando los 1.100 presos por cada 100.000 habitantes. El 19 de abril, la Asamblea Legislativa aprobó una ley para crear nuevos centros penitenciarios.

Por las calles del Puerto de la Libertad, se activan cientos de obreros y pasean soldados del ejército naval. Anuncian los carteles ”Surf City. Under construction“. En los próximos días comenzará aquí una competición internacional de surf, se esperan miles de visitantes y ya se puede sentir la efervescencia que se apodera de la ciudad. Pasa una camioneta de policía. Atrás, dos policías parados con tres adolescentes a sus pies, esposados, cabizbajos. Entretanto, en la capital, San Salvador, el jueves 26 de mayo, se desarrollaba el plenario de la Asamblea Legislativa, para prorrogar por segunda vez el régimen de excepción.

Por el centro histórico de San Salvador, reina un ambiente que recuerda a La Habana. Como en los altos lugares de la capital cubana, aquí, a la par del cha-cha-chá, La Dalia tuvo su época dorada en los años 40 y 50, cuando gobernaban los militares y se juntaban en estos salones las élites, tanto salvadoreñas como estadounidenses, tal y como lo atestiguan las fotos colgadas en la pared. Aquí sentado en una mesa, se encuentra Romeo, el abogado. “Van a aprobar la prórroga, la mayoría de la Asamblea es bukelista, él solo da la orden, lo aprueban y ya. Está servido. Lo tiene todo, Presidencia, asamblea y las alcaldías. Se acabó la oposición, se acabó, y no solo por los resultados electorales sino también porque les abrieron causas judiciales”.

“A este gobierno, le crítico dos cosas”, sigue. “Uno, es que se ha llevado el Estado de Derecho, no hay, no hay. Todos los poderes están en sus manos, se lleva todos los debidos procesos, todos los principios de defensa, todo se lo lleva, puta le vale verga. Y ahora con el régimen de excepción todavía más cabal. Y lo otro, que probablemente es consecuencia de la corrupción aunque a mí no me consta, desde que tomó poder el presidente, en todas las instituciones públicas, no han rendido cuentas, de las finanzas, del uso del presupuesto”. Y efectivamente, desde El Faro reportan que en abril se suspendió la ley LACAP, que regula las contrataciones y compras públicas, al igual que durante la pandemia, cuando un 66 % de las compras tuvo alguna irregularidad, según el entonces Fiscal General de la República, destituido hace un año.

A principios de mayo, la denuncia vino de Human Rights Watch. “Prácticamente no quedan instituciones independientes que puedan fiscalizar al poder ejecutivo en El Salvador. En los últimos meses, la bancada de Bukele en la Asamblea Legislativa cooptó la Corte Suprema, reemplazó al fiscal general con un aliado del gobierno y destituyó a cientos de jueces de tribunales inferiores y fiscales.”

Un mes después del decreto del régimen de excepción, ante su primera prórroga a finales de abril, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, comunicaba: “Durante los últimos 30 días, el gobierno del presidente Bukele ha pisoteado los derechos de la población salvadoreña. Desde reformas legales que vulneran las normas internacionales hasta detenciones arbitrarias masivas y malos tratos a las personas detenidas, las autoridades de El Salvador han creado una tormenta perfecta de violaciones de derechos humanos que ahora se espera que continúe con la aprobación de la prórroga del estado de excepción”.

De regreso por las laderas del volcán Tecapa, en el Oriente del país, Milton es ingeniero. Lleva un par de décadas trabajando con ONG en varios proyectos de desarrollo, para la construcción de viviendas, escuelas etc. Apoya al presidente Bukele, aunque reconoce que no ha votado a su partido en las legislativas. También respalda el régimen de excepción, y ve las detenciones masivas y arbitrarias como una necesidad para acabar con las pandillas. “Pero a mí, hay una cosa que me tiene preocupado”, dice. “Es que este país no tiene ningún líder. ¿Quién se le va a enfrentar a Nayib?”

16 jul 2022 05:37

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El gobierno de Ecuador acepta volver al diálogo con los indígenas

Quito. El gobierno de Ecuador aceptó ayer volver a un diálogo con los indígenas con la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), tras 17 días de un paro nacional convocado por ese sector, el cual ha causado bloqueos en las principales vías y desabasto de alimentos, medicinas, gas y gasolina en algunas ciudades del país.

Horas antes, el presidente, Guillermo Lasso, decretó el estado de excepción en cuatro de las 24 provincias del país donde, según su gobierno, se “concentran la mayoría de actos violentos, mientras la Conaie denunció un hpresunto intento de dividir a esa organización promovido por el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez.

Al cierre de esta edición, Leonidas Iza, líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), anunció, junto con la organización de indígenas evangélicos (Feine), que hoy "participaremos en este proceso de diálogo" en busca de resultados, llamó a la ciudadanía a mantener la calma y ratificó la convocatoria para una amplia movilización pacífica este jueves.

"Hemos decidido aceptar el proceso de mediación que ahora va a impulsar la CEE", dijo el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, en conferencia de prensa. La CEE es el máximo organismo de la Iglesia católica en Ecuador.

"Este proceso se inició a petición de las tres organizaciones en conflicto: Conaie, Feine (organización de indígenas evangélicos) y Fenocin (Confederación Nacional de Organizaciones Indígenas y Negras) que dirigieron una comunicación a la CEE y en función de esa respuesta y de la mención explícita del gobierno nacional hemos decidido aceptar esa sugerencia y solicitar la mediación", afirmó Jiménez, según el diario El Comercio.

Respecto de la negativa de ­Lasso de volver a pláticas con el líder de la Conaie, Leonidas Iza, Jiménez aseveró que al haber aceptado el proceso de mediación "nos sujetamos a su metodología; son ellos los que van a designar los delegados de parte y parte. No queremos poner condicionamientos".

Aún no se conoce el día ni la hora ni quiénes participarán en la mesa de diálogo.

El ministro pidió a las organizaciones indígenas que no haya "más brotes de violencia", que pondrían en peligro las nuevas pláticas.

Jiménez dijo que para volver a la mesa de diálogo Iza debe "deponer sus medidas de hecho; si no hay esas condiciones es muy difícil", y advirtió: "para cualquier diálogo que ellos busquen tienen que deponer sus medidas de hecho. No pueden seguir con agresiones a la población, seguir bloqueando vías, seguir intentando caotizar al país".

Más temprano, Lasso decretó el estado de excepción en Azuay, Imbabura, Sucumbíos y Orellana, a partir de ayer por 30 días, informó el diario local El Universo. No incluyó a Pichincha, donde se encuentra Quito, y epicentro de las movilizaciones. La medida fue tomada por una "grave conmoción interna", según el decreto difundido por la Secretaría de Comunicación de la presidencia.

Estas provincias "concentran la mayoría de actos violentos que atentan contra la integridad física de las personas", lo que afecta "el correcto funcionamiento de los sectores estratégicos vitales para la economía", y destacó que en esas jurisdicciones está en riesgo la seguridad, así como la provisión de alimentos, medicamentos, oxígeno hospitalario y combustibles.

En el contexto del estado de excepción, Lasso estableció como "zona de seguridad" los lugares donde se encuentran campos de explotación de petróleo en la Amazonia. El petróleo es el principal producto de exportación del país, a cuyas arcas fiscales aporta cerca de 30 por ciento de los ingresos.

El decreto permite la movilización de militares a las calles y la suspensión del derecho a la libre asociación. Además, incluye un toque de queda nocturno de ocho horas para las provincias andinas y de 10 horas para las amazónicas.

En ese contexto, Lasso cesó a los gobernadores de Sucumbíos y Loja, Mario Mancino y Darío Domínguez, respectivamente, informó la Secretaría de Comunicación, indicó El Universo.

Antes, la Conaie, denunció un intento de dividir a esa organización. “Ahora Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, irrespetando la estructura del movimiento indígena y el proceso (de diálogo) con cinco funciones del Estado, pretende dividir y hacer invitaciones con emisarios de la policía en medio de vallas y púas. El ‘gobierno ausente’ desconectado del pueblo”, tuiteó.

En Quito, al grito de "No queremos 10 centavos, queremos resultados", cientos de indígenas marcharon pacíficamente para pedir la reanudación de las negociaciones, señaló Afp. Los alrededores del presidencial palacio de Carondelet estuvieron bloqueados con vallas metálicas y alambres con cuchillas, además de policías.

Antes, manifestantes incendiaron dos estaciones de policía en el norte de la capital. La policía confirmó que las unidades de vigilancia comunitaria de las gigantescas barriadas de Calderón y Carapungo, en el extremo norte quiteño, quedaron completamente destruidas, sin embargo los agentes lograron huir a tiempo.

Por lo pronto, el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi llamó a una marcha masiva hoy hacia Quito, a la que se sumará el Frente Popular, que agrupa a colectivos y sindicatos de salud, eléctricos y de educación.

Las represión ha dejado seis muertos y más de 600 heridos, entre agentes y civiles.

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Un cartel de Bitcoin anuncia la aceptación de la criptodivisa en San Salvador, el 22 de junio de 2022. (Kellys Portillo / APHOTOGRAFIA vía Getty Images)

Una entrevista con Mario Gómez

El reciente colapso del mercado del bictoin afectó de manera muy intensa a El Salvador, donde el «cripto» es moneda oficial. Conversamos con un destacado crítico del criptocapitalismo sobre las derivas autoritarias que el reciente crack económico puede generar.

 

El 1 de septiembre de 2021, en vísperas de la implementación de una ley que impondría al bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador, la policía detuvo a Mario Gómez, tecnólogo de 36 años y desarrollador de software y sistemas embebidos y uno de los principales críticos de la legislación. Hoy, mientras el bitcoin ha perdido más del 50% de su valor, El Salvador vive bajo un Estado de excepción prolongado, y Gómez está tramitando su solicitud de asilo en Estados Unidos.

Desde el exilio, Gómez sigue siendo una de las voces más informadas y críticas contra el autoritarismo del presidente Nayib Bukele y sus políticas económicas experimentales. En esta entrevista con Hilary Goodfriend, colaboradora editorial de Jacobin, habla de su experiencia de persecución política, las contradicciones de la «bitcoinización» de la economía en El Salvador, y las implicaciones del reciente colapso del mercado de cripto.

HG 

Para iniciar, cuéntanos un poco sobre tu detención y cómo fue que terminaste en Estados Unidos.

MG

Desde que se anunció la ley el cinco de junio de 2021 hasta el 31 de agosto del año pasado, me dediqué a apuntar todas las contradicciones respecto a la Ley Bitcoin. Al parecer, esto no fue del agrado del gobierno y utilizaron este arresto arbitrario como una forma de intimidación.

No había una orden. Llegaron a mi casa temprano en la mañana. Yo estaba llevando mi mamá a su trabajo y se presentaron estos agentes armados con los rifles de asalto con que suelen andar y sus uniformes camuflajeados. Bajo la excusa de que había un problema con mi vehículo, me detienen y me llevan a la delegación. Afortunadamente, logré comunicarme con varios grupos y asociaciones con que yo había tenido contacto por mi trabajo en el área de tecnología y ellos lograron alzar la voz.

Me tuvieron toda la mañana sin explicarme los motivos de mi detención, sin explicarme de qué estaba acusado. No me dejan hablar con mis abogados. Al final, me quitan los teléfonos sin una orden, me dicen que los necesitan porque están investigando algo. Ahí es donde digo «pues si están investigando algo, esto implica que hay un caso o algo en mi contra». Pero no me responden: solo me dicen que me van a quitar los teléfonos y que me van a dejar ir.

La gente quizás diga «bueno, te dejaron ir», pero no termina ahí. Me llevaron a escondidas, porque se enteró toda la prensa y se congregó afuera de la delegación adonde estaba (primero en una delegación de policía, después en la Dirección Central de Investigaciones, que es donde están todas las unidades especializadas de investigación de la Policía). «Lo vamos a llevar en un carro particular para que no lo vea la prensa», dijeron. Eso no es normal. 

Yo creo que mucha gente no entiende la gravedad de ese detalle, porque normalmente cuando te captura la policía y simplemente están haciendo alguna investigación, terminan su procedimiento y te dejan ir a ojos de todos. A nadie lo llevan de taxi. Y, peor, cuando en lugar de llevarte en la patrulla, te dicen que te van a llevar en un carro particular con el objetivo específico de que la prensa no te vea. ¿Qué es lo que te imaginas ahí? Te imaginas que te pueden hacer cualquier cosa: que te van a desaparecer, que te van a meter a una cárcel clandestina, que incluso te podrían matar. No es una situación normal y creo que es lo más relevante y lo más grave que ocurre en ese caso. 

Al final, creo que por la misma presión de la gente —algo que no se había visto en mucho tiempo—me dejaron ir, me dejaron en la casa. Tomaron fotos a todos los vehículos, a los vecinos que llegaron y se fueron. Después de eso, hablé con los abogados. Evaluamos la situación, vimos lo que estaba pasando en el país y caímos en cuenta de que, si eso llegara a pasar otra vez, no me iban a dejar ir.

Lo estamos viendo con el régimen de excepción: están capturando gente sin el debido proceso. Cuando me capturaron a mí, no tenían todavía todos los jueces, no habían reemplazado los fiscales, todavía había algo de institucionalidad. Pero eso ya no existe. Por tal tazón fue que llegamos a la conclusión que si yo quisiera seguir hablando respecto a lo que estaba pasando en el país —no solo respecto al bitcoin, sino también de toda la degradación en el tema de derechos humanos— lo más seguro era hacerlo desde el exterior.

Me vine a Estados Unidos por dos razones. Primero, porque mi idea era seguir hablando de lo que pasaba con el bitcoin, y obviamente uno de los países que más está impulsando el tema es Estados Unidos. Aquí tienen sede muchas de las empresas de los influencers. La segunda razón es que aquí es donde reside la mayor cantidad de salvadoreños en el exterior.

Ahorita estamos en el proceso de la solicitud de asilo. Yo tenía el privilegio de tener familia y gente que pudiera echarme la mano; también los medios legales para migrar al país, una cosa que no tiene la mayoría de gente que es atacada por el gobierno o por las estructuras delincuenciales, que lastimosamente es la historia de la mayoría de gente que emigra a estos países.

HG

En ese momento, antes de que se implementara la ley, ¿cuáles eran las contradicciones principales que estabas viendo?

MG

Yo siempre hablo de tres contradicciones respecto a bitcoin en El Salvador. Primero, la contradicción de la que objeto en tanto moneda. Siempre aclaro: yo no soy un promotor de las criptomonedas, porque mi propia ideología no me permite creer —al menos no como lo dicen sus promotores— de que por sí solo un sistema monetario va a resolver un montón de problemas derivados del mismo funcionamiento del sistema capitalista. No creo eso. Pero lo que argumentan los bitcoiners, los promotores de esta criptomoneda, es que esta moneda nace después de la crisis de la subprime en 2008 como un sistema monetario alternativo que, en teoría, es resistente a la intervención de los Estados (que según sus proponentes es la razón fundamental por la cual las economías fallan).

Esa es una primera contradicción, pues si tu idea es tener una moneda que no tiene una interferencia de los Estados, ¿por qué te parece bien que sea un Estado el que promueve el uso de esta criptomoneda y, peor, incluye estas cláusulas de obligatoriedad en la ley que son completamente contrarias a esta filosofía y estilo de vida libertaria que los bitcoiners apuntan?

La segunda contradicción es un poco en la línea de la autonomía que promueven los fanáticos de bitcoin: es que tú eres «soberano» —entre comillas— respecto a este dinero. Es decir, que no hay intermediarios que te permiten interactuar con él o con otros actores del sistema. El problema es que el gobierno, en lugar de impulsar otras tecnologías u otros proveedores de billeteras electrónicas, decide implementar su propia billetera electrónica y su propio sistema de intercambio de criptomoneda. 

Si la idea es que la gente sea soberana, no debería de pedirse que utilicen una billetera en particular. El gobierno se impone a sí mismo la obligación de ofrecer un medio de intercambio entre bitcoin y dólares y también de educar a la población. Hace solo a la mitad, que es la creación de ese mecanismo de intercambio, pero en lugar de educar a la gente sobre el uso de la tecnología, invierte un montón de publicidad y recursos en vender la idea de que bitcoin es la Chivo Wallet.

La tercera contradicción tiene que ver con el tema de la adopción. Mucha gente habla de que debería ser impulsada y adoptada por todo el mundo, que no debería tener ningún tipo de interferencia. Estamos viendo, en este caso, un Estado que esencialmente está impulsando un monopolio privado con fondos estatales. Si esta billetera tiene sus supuestos cuatro millones de usuarios (según reportaba el mismo presidente), significa que se está estableciendo un monopolio que no permite una adopción orgánica, no permite que haya otros competidores, no permite que realmente pueda existir un caso de uso.

Yo creo que el problema fundamental aquí es que hace mucho que la gente descartó la idea de utilizar criptomonedas como monedas. En el caso particular de bitcoin, desde aproximadamente 2013 (cuando fue su primera gran burbuja especulativa), la gente se dio cuenta de que como moneda de intercambio no servía muy bien por su fluctuación en precio. Entonces comenzaron a utilizarlo más como un vehículo de especulación. Las personas compraban criptomonedas, bitcoin, con la esperanza de que algún día el precio aumentara, para así poder venderla y obtener ganancias de la pura especulación. El uso de las criptomonedas en general ha sido pura especulación en la última década.

HG

Has cuestionado la veracidad de las compras de bitcoin que ha hecho el gobierno salvadoreño. Tal vez nos puedas explicar un poco cómo es que agencias como Bloomberg están calculando la cantidad de bitcoin que supuestamente ha comprado el presidente y por qué se podría dudar de esas cifras.

MG

Esta es una pregunta interesante. Uno de los supuestos de bitcoin y de las criptomonedas en general es que son más transparentes que otros mecanismos financieros. Es más, uno de los puntos con que se promociona es que todas las transacciones son públicas. Todas quedan registradas en la blockchain, todas pueden ser auditadas por el público y ser verificadas. Lo que está sucediendo con las compras de bitcoin en El Salvador es que no hay ninguna prueba de que se hayan realizado, más allá de los tuits del presidente y un screenshot de muy baja resolución de una compra que se realizó a finales del año pasado.

Es un poco contradictorio, porque todas las plataformas de compra y venta de criptomonedas, desde las más sencillas hasta las más complejas, te permiten ver el estado de tus compras —si compraste, cuánto has perdido o ganado, el detalle de la valoración de los precios, etc.—. Tú podrías fácilmente, estando en cualquier plataforma, sacar un balance así como extraes balances de los bancos y decir, «bueno, ¿no me creen que he comprado? Ésta es la plataforma, éstas son las compras, aquí están los balances, este es el desempeño de la inversión». Pero para el caso de las compras de bitcoin que dice haber hecho el presidente no hay ninguna evidencia confiable. Un tuit no vale como evidencia de compra.

Pero esto se pone peor cuando comenzamos a contrastar con otros números. Se supone que hay $150 millones en el fideicomiso que son —y aquí viene la parte que no cuadra— exclusivamente para convertir de bitcoin a dólares en la plataforma de Chivo Wallet. Esto no cuadra cuando comenzamos a meter números de cuánto bitcoin se tuvo que haber dado a la población inicialmente, cuánto se tuvo que haber gastado en presupuesto, cuánto se ha gastado de las supuestas compras de bitcoin y, sobre todo, las supuestas ganancias que dice tener el gobierno con que está impulsando cosas como el hospital de mascotas de Chivo Pets, iniciativa subsidiada. 

Entonces, la pregunta que uno se hace es: ¿Cómo, en un mercado a la baja, el gobierno puede estar reportando ganancias sobre el bitcoin comprado? ¿Cómo, al mismo tiempo, el presidente dice que no ha vendido ningún bitcoin? ¿Y cómo, simultáneamente a las dos cosas anteriores, dicen que están utilizando el fideicomiso? Cuando uno trata de hacer números, alguna de las tres cosas tiene que ser falsa, y lo único que no podemos medir de alguna manera es de las supuestas compras que dice hacer el presidente.

Yo pienso que no son ciertas. Si tuviéramos que evaluar el desempeño del presidente como inversor, sería un terrible desempeño. Cada vez que anuncia que ha comprado bitcoin, el precio se va a la baja. Eso ha sido casi una regla. Más pareciera que es un favor que está haciendo a quien sea que le esté patrocinando para decir que ha comprado para generar lo que le llaman en ingles el FOMO (fear of missing out), que la gente piensa que está perdiendo esta oportunidad de invertir y de salir de alguna situación de pobreza o de falta de suficientes ingresos.

Yo sostengo que las compras son mentira. Refutar el argumento de que son mentiras es tan fácil como sacar estos estados de cuenta. No tenemos absolutamente nada de eso. Ya hemos visto cómo es el presidente. Si alguien le dice algo que es mentira, rápidamente sale y refuta. Hemos visto hasta que periodistas han perdido su empleo porque de pronto le dieron retuit o hicieron un comentario a una foto que era una fake news y él inmediatamente ha salido a desmentir. ¿Por qué, en el caso del bitcoin, no se ha mostrado ninguna evidencia para refutar? Yo realmente siento que no son ciertas y nos vamos a dar cuenta un día cuando podemos ver los estados de cuenta. ¿Cuándo va a ser esto? No sé, pero espero que algún día lo podamos averiguar.

HG

En noviembre del año pasado, el presidente Bukele hizo un anuncio espectacular: el país iba a emitir los «bonos volcán» o «bonos bitcoin». Ya van dos veces que se ha postergado su lanzamiento. ¿Qué pasó ahí?

MG

Creo que los bonos eran más bien una iniciativa para conseguir liquidez adicional para el gobierno. Parece que no ha salido como ellos esperaban. Al final del día, si sos un inversor grande —lo que llamamos las «ballenas», que tienen mucho capital ya sea en criptomonedas o en dinero— tu interés si vas a hacer un préstamo a quien sea es recuperar esa inversión. Creo que lo que ha estado pasando con el gobierno en los últimos meses ha deteriorado esta confianza, incluso en las plataformas de criptomonedas.

La idea de los bonos era que fueran de más fácil acceso que los bonos tradicionales. Incluso el precio es bastante bajo, solo eran $100 por bono emitido y sin compra mínima, diferente a otros bonos que te piden al menos $10 mil o algo así. Me imagino que el plan original era comercializarlos a través de las plataformas de intercambio de criptomonedas. Pero eso significaría que la plataforma tiene que arriesgar su capital en comprar estos bonos para poder luego venderlos a los minoristas, a los retailers.

Las plataformas de cripto tienen mucho mejor conocimiento de cómo va a ir el mercado, porque pueden ver internamente cómo van las transacciones y hacer sus analíticas, tienen información privilegiada que no tiene cualquier externo. Imaginaría que con eso, sumado a todo lo que está pasando alrededor del mundo —el tema de la inflación, los mercados, que mucha gente dice que posiblemente vamos a entrar en recesión— se dieron cuenta de que no era una buena inversión, y eso está provocando que los bonos volcán sean difíciles de posicionar. Me imagino que sus patrocinadores ya no lo vieron como el buen negocio que se veía a finales del año pasado, cuando el precio todavía no estaba tan mal.

Este lunes [13 de junio] ha sido bastante duro para el mercado en general, pero para cripto en particular. Hemos visto cómo el bitcoin ha caído a límites que ponen en aprietos a varias compañías grandes que han invertido mucho ahí. Ya estamos viendo algunos signos de que algunas plataformas grandes —como Celsius, que se especializa en préstamos de criptomonedas— no van a aguantar mucho tiempo antes de caer en insolvencia. Todos estos factores hacen que cada vez sea más difícil impulsar algo como los bonos volcán. A pesar de que no estoy de acuerdo con los bonos ni con lo que se pensaba hacer con ellos, creo que hubieran tenido más éxito incluso si se hubieran impulsado el año pasado, porque hubiera habido alguna chance de venderlos. En este momento, parece algo cada vez más difícil, y si el mercado sigue hacia abajo creo que nunca vamos a ver los bonos volcán.

Ahora bien, observando el panorama más general, lo importante es ver quiénes están detrás de esto. Está, especialmente, la compañía Tether, que es la proveedora de liquidez de prácticamente todo el ecosistema cripto. Por lo menos por volumen del mercado, es la proveedora de liquidez más grande, con esos certificados digitales que valen un dólar: los famosos Tether.

Hay todo un conjunto de compañías —Bitfinex, Blockstream, iFinex— que están intentando generar esta clase de productos, no solo en El Salvador sino en otras partes del mundo. Podría ser que el tema de El Salvador y los bonos volcán más bien sea una estrategia más grande a nivel mundial de estas compañías, de afianzarse a Estados pequeños que pueden adoptar estos mecanismos financieros experimentales, que son altamente especulativos, para generar presión en países ya más desarrollados y más grandes.

Es más fácil convencer a un pequeño país que no tiene mucho que ofrecer a nivel de industria de adoptar cripto, porque lo hace ver como un país innovador, un país que está a la vanguardia de los avances tecnológicos. Eso genera presión en países desarrollados, porque les permite a estas empresas decir (a mí no me gustan esas palabras, pero ellos lo venden así): «¿cómo es posible que un país de tercer mundo está innovando en temas financieros y nosotros aquí en los países desarrollados no estamos adoptando estas herramientas?» «Estamos dejando a la gente más pobre fuera de este nuevo sistema financiero que es más justo».

Les sirve como una herramienta de lobby político. Ya vimos hace unos días que alguien ha sacado un análisis que al menos en Estados Unidos, la industria cripto estaba metiendo más dinero en el lobby que las compañías tradicionales de defensa. No me extrañaría que El Salvador haya sido la cajita de Petri donde, con la apertura del gobierno —no me gusta decirle gobierno, sería más bien con la apertura de los hermanos Bukele— se esté experimentando con la criptomoneda para empujar legislaciones favorables a esta industria. El pequeño detalle es que la industria ahorita está colapsando. Vamos a ver si todo este dinero de los lobbys tiene algún efecto. Posiblemente sí, pero por mucha legislación que se apruebe, si el esquema no es sostenible, igual van a fallar como vimos con la implementación de bitcoin en El Salvador.

HG

En ese sentido, como para ir cerrando, ¿cuáles son los escenarios posibles para El Salvador? Con el colapso del mercado, parece que el Estado queda en una posición bastante desesperada con respecto a su financiamiento. ¿Qué implicancias podría tener todo esto?

MG

Yo no creo que bitcoin por sí mismo haya sido el objetivo principal de todas estas legislaciones. Más bien, el objetivo detrás de todo esto era la implementación de dólares sintéticos, que son estas monedas digitales que tienen un valor equivalente al dólar que el gobierno podría utilizar como forma de emitir su propia moneda. Y en esto sí fueron exitosos. Porque si tomamos al estudio del Bureau Nacional de Investigaciones Económicas de Estados Unidos, veían que los dólares dentro de la Chivo Wallet eran los que tenían transacciones de mayor valor. Es decir, quienes utilizan la Chivo Wallet la utilizan para transferir dólares entre sí. Lo interesante es que la empresa que estuvo detrás del desarrollo, en los documentos que tuvo que llenar para poder cotizar en la bolsa, explica que la forma en que funciona la Chivo Wallet es que dentro de sí no circulan dólares, sino certificados digitales.

Esto va en línea con lo que otras investigaciones han revelado. Por ejemplo, [el periódico digital salvadoreño]El Faro logró tener acceso a algunas teleconferencias con proveedores de cripto, donde los hermanos Bukele sostenían que querían emitir su propia moneda digital. Lo que ha sucedido dentro de la Chivo Wallet es que circulan estos dólares sintéticos. En algún momento, el gobierno podría intentar desplegar un mecanismo similar de dólares sintéticos basados en deuda o quien sabe qué, para tratar de cubrir un poco sus finanzas internas.

A mí no me gusta hacer análisis muy económicos, porque no es mi área (mi área más bien es la parte técnica). Pero la mayoría de los economistas sostienen que el gobierno va a hacer hasta lo imposible para no entrar en impago, por el costo político que esto puede tener de cara a las elecciones de 2024. ¿Por qué? Porque pase lo que pase con esas elecciones, necesita tener el apoyo de la población para legitimarlas. Caer en impago para el gobierno sería un golpe durísimo a cualquier aceptación por muy alta que tenga ahorita.

La mayoría de los economistas sugieren que van a tratar de hacer lo imposible para pagar, y esto podría implicar acceder a la poca liquidez que queda en los fondos de pensiones o a la liquidez que queda en los bancos. Yo estaría muy de acuerdo con esta lectura, y me imagino que cuando ya llega al punto de que las cuentas no cuadren, podrían intentar utilizar todos estos esquemas: emitir más dólares sintéticos, posiblemente a través de la Chivo Wallet, hacer uso de la liquidez que tengan en bancos y pensiones para pagar.

Respecto al bitcoin en particular, yo pienso que la mayoría de gente está desencantada. Independientemente de si estás a favor o en contra, creo que todo mundo está de acuerdo de que la forma en que se implementó, lo único que logró fue que la gente no quiera saber nada de bitcoin. Ahora que el mercado está a la baja, creo que la gente todavía está más arrepentida de ello. Así que ahora hay que ver cómo reacciona el gobierno. Ahí ponía un poco en broma, en mi Twitter, hace un rato, que hay que ver si el presidente no sale otra vez con que ha comprado bitcoin. Al final del día, la industria se mantiene al convencer a los pequeños de comprar, cuando al final son los intermediarios, como los exchanges, y los que tienen una gran cantidad de capital los que realmente hacen dinero con las criptomonedas.

El bitcoin fue el primer error político grande del presidente. La mayoría de población no estuvo de acuerdo respecto a cómo se implementó, porque les trajo muchos malos recuerdos. Todo el mundo pensó en bitcoin y pensó en la dolarización (la forma en que se aprobó, a través de un madrugón, se supone que eran cosas que ya no pasaban). Mi arresto arbitrario fue solo la antesala de todo lo que está pasando ahora en el régimen de excepción. Lo que me hicieron es lo que están haciendo ahora a miles de personas, solo que ahora la gente tiene aún menos herramientas para defenderse y pocos recursos para poder evitar terminar en la cárcel por una acusación infundada.

El bitcoin ha sido solo la primera expresión clara de la forma autoritaria del gobierno del Clan Bukele, porque al final del día la dictadura esta del clan Bukele es literalmente la que decide qué pasa y qué no pasa en el país. La situación solo está empeorando.

Sobre la entrevistadora

Estudiante de doctorado en estudios latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y colaboradora de Jacobin y Jacobin América Latina.

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Miembros de las fuerzas armadas bloquean el acceso a la carretera E35 para una marcha de protesta de cientos de indígenas de la provincia de Cotopaxi.- EUROPA PRESS

Convocados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas, los manifestantes reclaman al gobierno de Guillermo Lasso la baja del precio de los combustibles. Las movilizaciones dejan hasta el momento un muerto y 61 heridos.

Miles de indígenas bloquearon este martes las principales calles de Quito y fueron dispersados por la policía con gases lacrimógenos en el noveno día de protestas, mientras las Fuerzas Armadas prometieron defender la democracia contra lo que consideran una "grave amenaza". Convocados por la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), los manifestantes reclaman al gobierno de Guillermo Lasso la reducción del precio de los combustibles y los productos de primera necesidad. Lasso aceptó este martes sentarse a dialogar con representantes de Conaie, por lo que se espera una respuesta del movimiento indígena. Las protestas dejan hasta el momento un muerto y 61 manifestantes heridos, según organizaciones de derechos humanos.

Represión y estado de excepción

"Bajen las armas, somos pueblos de paz", exclamaban algunos de los más de cinco mil indígenas que llegaron el lunes en caravana a Quito. Un grupo numeroso que chocó con la policía salió de su lugar de hospedaje en la Universidad Salesiana y pretendía llegar hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), que fue tomada por las fuerzas de seguridad en medio del estado de excepción que rige en seis de las 24 provincias del país, incluida Pichincha, cuya capital es Quito. 

Para frenar su avance, policías antimotines lanzaron bombas lacrimógenas a los manifestantes, que con los ojos llorosos por el gas se dispersaron y luego volvieron a reagruparse.

La Fiscalía denunció que su sede central fue atacada, y que puso "a buen recaudo la información sensible de los casos que lleva adelante", al tiempo que también hizo "un llamado público a la paz y el respeto a la ley". La Conaie, que lidera las protestas a las que se plegaron más de 50 organizaciones, rechazó lo sucedido y aseguró que quienes cometieron el ataque no forman parte de las organizaciones indígenas.

En otros puntos de la ciudad también hubo varios cortes de calles que obligaron a la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito a suspender los servicios "hasta que las condiciones en las vías sean favorables".

Los motivos de este paro, por tiempo indefinido, son los precios elevados de los productos de primera necesidad, la precariedad de los hospitales públicos, los altos precios de los combustibles, la ausencia de créditos para promover la producción, la atención hacia el sector agricultor y la privatización de empresas públicas, entre otros.

"A nosotros los pequeños agricultores nos han subido bastantísimo las cosas (insumos y abonos) y nuestros productos no suben nada", dijo Tito Zamora, un indígena de la aldea de Sigchos en Cotopaxi. Zamora explicó que mientras un litro de leche se vende hasta en un dólar en Ecuador, ellos reciben por esa misma cantidad 0,35 centavos.

La reacción del gobierno

El ministro de Defensa de Ecuador, Luis Lara, dijo este martes que la democracia está en "serio riesgo", horas después de que el presidente Lasso declarara el estado de excepción en seis provincias con miras a sacar de las calles al movimiento indígena. "Se trata de un intento deliberado para utilizar la violencia para atentar en contra de la democracia y amenazar las instituciones. Las Fuerzas Armadas no permitirán que se intente romper el orden constitucional o cualquier acción en contra de la democracia o las leyes", aseguró Lara, escoltado por la plana mayor del Ejército.

El presidente Guillermo Lasso aceptó este martes el diálogo propuesto por la Conaie y aseguró que aguarda una respuesta. El mandatario de derecha indicó que "desde su mejor predisposición" y la de su gabinete, está dispuesto a participar en un proceso de diálogo "franco y respetuoso" entre la Conaie y el resto de las organizaciones de la sociedad civil "que deseen sumarse al proceso" y poder así "buscar soluciones a cada una de las legítimas necesidades de las familias ecuatorianas".

Alerta de Amnistía Internacional

Mientras tanto, Amnistía Internacional (AI) advirtió al presidente Lasso que la represión policial de las protestas "está provocando una crisis de derechos humanos que recuerda a la de octubre de 2019".  El informe de AI sostiene que durante la represión a las protestas de 2019, "organizaciones de derechos humanos en Ecuador y Amnistía Internacional documentaron violaciones de derechos humanos similares, que aún permanecen en la impunidad".

La directora para las Américas de AI, Erika Guevara Rosas, urgió al presidente Lasso a "cesar la estigmatización y represión de quienes ejercen su derecho a la protesta pacífica" y solicitó que se haga pública la información sobre personas heridas y detenidas, así como los cargos en su contra. "El presidente debe cesar la represión y atender las causas estructurales de las protestas, incluido el abordaje de la crisis económica y el impacto de sus políticas en los derechos de los grupos más afectados por la pandemia", indicó Guevara Rosas.

Desde el 14 de junio, la Alianza por los Derechos Humanos Ecuador ha registrado la detención de 79 personas, 55 personas heridas y 39 episodios de violaciones de derechos humanos como uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias de manifestantes, agresiones a periodistas e intimidación a organizaciones de la sociedad civil. El mismo colectivo de derechos humanos ecuatoriano había denunciado el lunes la primera muerte en medio de la protesta, que se produjo cuando un contingente policial trató de detener a un grupo de manifestantes que buscaba ingresar a Quito procedente de la norteña provincia de Imbabura.


 El estallido social recorre Ecuador: un pueblo en pie frente al neoliberalismo autoritario del banquero presidente

Adoración Guamán, profesora de derecho en la Universitat de València

Virgilio Hernández, Parlamentario Andino

Diario Público

21/06/2022

América Latina vive un momento de cambio trascendental. La reciente victoria de Gustavo Petro y Francia Márquez en Colombia se suma a la llegada de Gabriel Boric al gobierno chileno y puede ser el preludio del triunfo de Lula en Brasil que confirmaría el giro regional de corte progresista y la evidencia del declive de la agenda neoliberal.

Los estallidos sociales que han sacudido la región desde el año 2019 han influido de manera decisiva en el impulso de los cambios antedichos. Los levantamientos populares del momento pre-pandemia enfrentaron la estrategia autoritaria y represiva de gobiernos como el de Duque, Piñera o Moreno, cuya única estrategia posible para imponer los ajustes económicos brutales fue la represivo-autoritaria. En algunos escenarios, como Colombia o Chile aquellas protestas tuvieron la capacidad de reconfigurar alianzas político-sociales y estructuras político-partidistas, articulándose sujetos capaces de disputar el poder y ganar procesos electorales no sólo frente a la derecha clásica sino frente a las expresiones de las nuevas extremas derechas.

Pero no todo han sido victorias en la región y mientras celebramos el triunfo del vivir sabroso en Colombia, una nueva oleada de violencia institucional y de autoritarismo azota a un país que se ha convertido en la representación regional de la captura corporativa. La República del Ecuador, primero en manos de Lenin Moreno (entregado a la voluntad de Estados Unidos y de los intereses de del capital trasnacional) y ahora gobernado por un cártel bancario personalizado en Guillermo Lasso, se encuentra sumido en una deriva de represión, desinstitucionalización y vulneración de derechos humanos que se recrudece día a día.

El gobierno de Lasso, el principal banquero del país que ganó las elecciones en abril del 2021, ha agudizado la crisis estructural ya iniciada por el ajuste neoliberal implementado por el gobierno anterior y profundizado durante la pandemia. El banquero presidente ha dado continuismo a las políticas fondomonetaristas, algo esperable, pero también ha ido mucho más allá, agravando los problemas de precarización, pobreza, inseguridad, desinstitucionalización y primacía del lucro personal, con un traspaso sin precedentes de los bienes públicos a manos privadas (evidenciada entre otras actuaciones en los reiterados intentos de vender el Banco del Pacífico). De hecho, el Presidente se jacta de haber ampliar las reservas internacionales, garantizar el pago de la deuda, mejorar el movimiento de capitales y asegurar derechos a los inversores extranjeros. Mientras arruina los servicios públicos del país, en particular la sanidad y la educación al tiempo que instaura una lógica oligárquica-autoritaria-racista, completamente desapegada de la realidad social del Ecuador que él y su entorno parecen desconocer.

En el momento presente, la situación se ha vuelto insostenible para las mayorías sociales que asisten a un aumento acelerado de los precios de los productos de la canasta básica, del transporte y de los productos para la producción. Los paralelismos con el Paro Nacional de octubre de 2019 frente al gobierno de Moreno son cuantiosos y merece la pena recordar lo sucedido en aquel momento, cuando el primer ajuste duro en cumplimiento del acuerdo entre el Ecuador y el Fondo Monetario Internacional trajo consigo la adopción de una serie de medidas económico-sociales con un fuerte impacto sobre a la amplia mayoría población ecuatoriana. El detonante definitivo de aquella protesta social fue la eliminación del subsidio a los combustibles, vigente desde hace 40 años. Aquellos doce días que paralizaron el país y en los que se contabilizaron centenares de heridos, más de una decena de fallecidos, miles de detenidos y una intensa persecución política, se cerraron en falso, con una dura mesa de diálogo entre el gobierno y distintos líderes de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador donde se llegaron a acuerdos posteriormente incumplidos por Moreno.

El nuevo ciclo de movilizaciones que sacuden Ecuador se asienta de nuevo en el rechazo al modelo neoliberal, ahora aplicado, agravado y perfeccionado por el gobierno de Lasso. En esta ocasión la CONAIE ha planteado un decálogo claro de reivindicaciones cuyo primer punto es la congelación de los precios de los combustibles y la focalización de subsidios para sectores vulnerables. Además, entre las exigencias del movimiento indígena se encuentra la moratoria de deudas de la banca pública, privada y cooperativa y la condonación para pequeños y medianos productores; los precios justos en los productos del campo, el subsidio agrícola y el rechazo a la firma de Tratados de Libre Comercio (cabe recordar que la Constitución del Ecuador todavía prohíbe la firma de tratados con sistema de arbitraje inversor-Estado, algo que el gobierno parece desconocer); la generación de empleo, la regulación de derechos laborales y el respeto a la libertad de sindicación y organización de la clase trabajadora; la moratoria a la expansión de la frontera extractiva petrolera y minera y la auditoría y reparación integral por los impactos socio-ambientales; el respeto a los 21 derechos colectivos; la prohibición de la privatización de sectores estratégicos; las políticas de control de precios y de especulación en el mercado de productos de primera necesidad; la garantía del acceso a la educación superior y el refuerzo de las políticas públicas de educación y salud. Finalmente, en el listado se incluye como pieza clave la cuestión de la seguridad, tema que ha protagonizado el último año en un país asolado por el aumento de la violencia de manera general, con índices de criminalidad similares a las que se registraban hace 20 años y que se expresa con particular virulencia en las cárceles, donde han sido asesinadas en estos últimos 12 meses más de 350 personas y que afecta particularmente a jóvenes racializados.

Ante la falta de voluntad de acuerdo del gobierno y la situación insostenible de las mayorías sociales, el 13 de junio comenzó la protesta, convocada por diversas organizaciones (CONAIE, FENOCIN; FEINE; entre otras) que llamaron a un Paro Nacional para reivindicar el decálogo mencionado. El paro inició con el cierre de vías en 12 de las 24 provincias del país y la respuesta del gobierno fue tan desmedida como ilegal y torpe, con la detención del Presidente de la Conaie, Leonidas Iza, acusado de paralización de servicios públicos en un proceso plagado de irregularidades, sin orden judicial, sin el proceso debido, sin defensa técnica inmediata y sin información en Kichwa. Además, para su traslado se organizó un impresionante operativo policial y militar, deteniéndolo en una base aérea. Finalmente, tras su puesta a disposición judicial, se le dejó en libertad con la obligación presentarse en fiscalía dos veces por semana, prohibición de salir del país y audiencia fijada para el 4 de julio, para ser juzgado a través de un proceso directo, que junta todas las etapas del proceso penal en una sola audiencia en la que podría ser sentenciado y encarcelado. La indefensión y la violación del debido proceso son evidentes y han sido resaltadas por diversos juristas del país.

La detención de Leónidas Iza aceleró el estallido. El hastío, descontento, cansancio y sufrimiento popular se combinaron con la indignación y el sentimiento de agravio por la utilización ilegal del aparato judicial contra el líder indígena, como ocurrió en el 2019 contra determinados líderes de la Revolución Ciudadana. Tras su liberación, Leonidas Iza afirmó que la CONAIE se mantendría movilizada hasta que el Gobierno diera respuestas concretas a sus 10 puntos de demandas.

Una vez más, el libreto típico de la represión se ha puesto en funcionamiento, como un guion bien engrasado. El primer paso fue la deslegitimación de la movilización en los medios de comunicación, aliados de manera mayoritaria con el gobierno, que difundieron las fake news provenientes del jefe de los servicios de Inteligencia y del Ministro del Interior que afirman una supuesta financiación de las protestas por grupos políticos ligados al crimen transnacional con voluntad de desestabilizar al gobierno. Además, y de nuevo, el mantra de que "la culpa es de Correa" volvía a airearse aun cuando el líder de la Revolución Ciudadana, acosado por la estrategia de Lawfare desde hace años, lleva ya un lustro fuera de país y tiene asilo político en Bélgica. Tal y como ocurrió en el paro del 2019, el gobierno no ha dudado en utilizar las noticias falsas para involucrar en una supuesta confabulación golpista a las pocas instituciones gobernadas por la oposición, como la prefectura de la provincia de Pichincha a cuyo frente está la lideresa Paola Pabón. No podemos olvidar que la Prefecta fue igualmente víctima de una persecución política que la llevó a pasar meses en prisión preventiva acusada infundadamente de rebelión por el gobierno de Lenín Moreno y que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas a su favor. Con Lasso, y a pesar de prometer un "gobierno del encuentro", continúa y se agrava la estrategia represiva y el Lawfare, que combina, como antaño, la utilización ilegítima del aparato judicial, la fiscalía, la policía y los medios de comunicación.

En paralelo y para facilitar las estrategias de represión de la protesta, se ha recurrido a una herramienta clásica: la declaración del Estado de Excepción. En esta ocasión, se adoptó un primer decreto, el 455, cuyo texto prohíbe no sólo la libertad de movimiento a determinadas horas del día sino que limita el derecho de reunión y asociación y, de forma inaudita, restringe los servicios de telecomunicaciones fija, móvil e internet, autoriza el uso de la fuerza letal para reprimir las movilizaciones y permite detenciones y allanamientos, sin orden de juez. Además, el texto decretó al Distrito Metropolitano de Quito como "Zona de Seguridad" a cargo de las Fuerzas Armadas, encargadas de "mantener el orden" de manera "complementaria" a la Policía Nacional. Para bochorno nacional y ante la indignación por lo extralimitado del texto, el gobierno difundió la noticia de que este Decreto (firmado por el presidente) era un "borrador". A continuación, se promulgó otra versión del texto, donde solo se eliminó la restricción de las telecomunicaciones y la autorización para el uso de armas letales.

La reacción de las fuerzas de oposición representadas en la Asamblea Nacional, fundamentalmente la Revolución Ciudadana (la bancada de UNES) y una parte de Pachakutik (escindido entre aquellos que apoyan a la CONAIE de Leónidas Iza y los que decidieron apoyar al gobierno) se han unido para debatir la pertinencia y proporcionalidad de este Decreto del Estado de Excepción. Ante la inminente alianza para derogar el texto, el lunes 20 de junio el Gobierno decidió eliminarlo de manera unilateral, para impedir su debate por parte del órgano legislativo, obturando una vez más los cauces de debate necesarios en situaciones de en normalidad democrática. Al mismo tiempo, Lasso expidió un nuevo decreto, el 459, en el que amplía el estado de excepción a las provincias de la Sierra Central y a la de Pastaza, en la Amazonía. La Asamblea tendrá la oportunidad de derogarlo, pero debe esperar ser notificada oficialmente. Es especialmente destacable la rotundidad de la bancada de UNES que emitió un comunicado con exigencias claras en materia social, económica y de derechos fundamentales. Además, la bancada de la Revolución Ciudadana cierra el comunicado señalando la posibilidad de una "muerte cruzada", que según el modelo institucional ecuatoriano permite la destitución del Presidente y abre la puerta a la convocatoria de elecciones.

Ajena a esta maraña de normas y actuaciones políticas, la Policía no tardó en hacer un uso abusivo de la fuerza amparándose en el extralimitado paraguas del Estado de Excepción para allanar el pasado domingo la Casa de la Cultura de Quito. Las razones de la ocupación policial de la Casa de la Cultura son evidentes. Allí se refugiaron los manifestantes en el paro de 2019 y en momentos anteriores, siendo el lugar emblemático de concentración de las movilizaciones de los pueblos y nacionalidades indígenas. Con esta actuación el Gobierno trata de impedir que se repitan los episodios de solidaridad y apoyo popular de la población de Quito al movimiento indígena y a las personas que protestan. Muchas voces relevantes dentro del progresismo ecuatoriano han señalado que esta ocupación es un parteaguas, una muestra de autoritarismo que no se veía en el país desde los años 60 del siglo pasado. Mientras esto ocurre, y mientras escribimos estas páginas, las protestas se siguen sucediendo, con episodios de represión cada vez más violentos. Se reportan heridos, incluso fallecidos, las universidades abren sus puertas como espacio humanitario para las comunidades que llegan desde otras provincias, se suceden los comunicados de alerta y protesta. Incluso la Directora para las Américas de Amnistía Internacional ha señalado en un comunicado que la organización pide "al presidente Lasso cesar la estigmatización y represión de quienes ejercen su derecho a la protesta pacífica, publicar información desglosada sobre el número de personas heridas y detenidas, así como los cargos en su contra, y atender las causas estructurales que han llevado a varios sectores de la población a manifestarse".

La situación se agrava y una vez más vemos a Ecuador, como vimos a Chile o a Colombia, sacudido por un estallido social que evidencia la incompatibilidad entre el momento actual del neoliberalismo y la democracia. El momento autoritario, como señala el profesor Ramírez, se vuelve inevitable para conseguir imponer a las mayorías sociales un ajuste incompatible con la vida. Ante las protestas, la activación del aparato brutalmente represor, combinado con la destrucción de la imagen de toda disidencia que pasa a ser "enemigo del Estado" y la utilización del poder judicial y policial ya son herramientas del libreto que lleva años reproduciéndose en América Latina.

Las enseñanzas de otros países marcan un camino por el que se debe transitar para que el estallido sea la chispa que permita la acumulación de fuerzas con capacidad para generar alianzas, complicidades y diálogos capaces de traducirse en una victoria electoral de lo popular con capacidad transformadora. Son muchas las disonancias en el pasado entre las y los que ahora luchan contra un banquero que preside un gobierno dispuesto a acabar de saquear por completo al país, pero son más las causas comunes, los anhelos, las sintonías y las esperanzas que unen a las que hoy recorren las calles del Ecuador exigiendo un vivir bien, un vivir sabroso, una vida digna y una esperanza para el país.

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Pobladores de la ciudad de Tambillo regalan botellas de agua a indígenas que marchan en caravana hacia Quito, en repudio a medidas económicas del gobierno. Foto Ap

Este lunes se cumplió el octavo día de movilizaciones, con el arribo a la ciudad de Quito de miles de manifestantes, sobre todo del movimiento indígena. Las medidas de lucha se mantienen a pesar del nuevo decreto de estado de excepción y el avance represivo del gobierno de Lasso.

Margarita Valencia Lic. en Psicología

Lunes 20 de junio

A pesar del impacto de las medidas de control y represión, hasta hoy y de conjunto, ni el estado de excepción dictaminado para las provincias de Pichincha, Cotopaxi e Imbabura, que este lunes por la tarde Guillermo Lasso amplió por decreto 459, a tres provincias más: Chimborazo, Tungurahua y Pastaza, ni el allanamiento y ocupación policial de la Casa de la Cultura del Ecuador, ni la detención de casi 50 manifestantes, ni tampoco los falsos llamados al diálogo por parte del Gobierno nacional, han logrado frenar la movilización de 14 de las 24 provincias del país.

Durante el día miles de Indígenas y campesinos, sobre todo desde la Sierra Centro y Norte, emprendieron la marcha hacia Quito y llegaron hasta las entradas de la ciudad. Luego se fueron sumando colectivos de estudiantes y pequeños comerciantes. Los diarios ecuatorianos hablan de la ciudad de Quito convertida ahora en el epicentro de la protesta.

Hace más de una semana, se vienen desarrollando distintas medidas de lucha contra el aumento del combustible, la reducción del presupuesto de salud y educación, la estafa del sistema bancario contra quienes por necesidad tuvieron que endeudarse por los niveles de pobreza, a pesar de la relativa recuperación económica y todas las medidas de ajuste propias del sometimiento que dicta el FMI al país llevadas adelante por el gobierno neoliberal y representante de la banca.

El decreto 455 (ahora derogado y cambiado por el 459) de estado de excepción, llegó de forma escandalosa a hablar de controlar el internet y el flujo de información -cuestión sobre la que el gobierno tuvo que retroceder- . El nuevo decreto ordena -al igual que el anterior- el uso progresivo de la fuerza, que incluye la fuerza letal.

Este lunes, a cuatro días de haberse decretado la prohibición de concentraciones y de habilitar la coordinación del ejército en las calles junto a la Policía Nacional, con una importante avanzada represiva que ya dejó cerca de 50 heridos, la oposición institucional de la Asamblea Nacional, por pedido de 72 de los 137 legisladores, se disponía a discutir el levantamiento del primer decreto, cuestión que quedó sin sentido, una vez conocido el 459.

La intención de la oposición era bajar el estado de excepción para habilitar una mesa de diálogo entre la CONAIE y otras organizaciones con el Gobierno. El mismo rol que jugó en el 2019 con la intención de desmovilizar.

El acuerdo derechista para mantener el estado de excepción

El Partido Social Cristiano (PSC) y la Izquierda Democrática, que vienen jugando de opositores al gobierno, cerraron filas y anunciaron que no apoyarían la derogación del decreto, haciéndose eco de la línea oficialista represiva de mano dura. La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri (PSC) habló directamente de cercar la ciudad con ayuda de inteligencia del ejército, mientras que el alcalde de Quito estaba tramitando una medida cautelar para impedir que la Asamblea votara la derogación.

Por su parte, la UNES (coalición del ex presidente Rafael Correa) y Pachakutik apoyan levantar la excepción y la convocatoria a una mesa de diálogo, sin embargo, cabe recordar que fue la UNES, y con críticas, uno de los sectores del propio Pachakutik, quienes apoyaron en su momento, la ley de Uso Progresivo de la Fuerza que presentó el oficialismo para fortalecer el aparato represivo, bajo pretexto de la violencia en las cárceles.

Un llamado a dialogar, con represión en las calles

En medio de la crisis por el enorme descontento social contra las medidas de ajuste, los llamados al diálogo por parte del gobierno, solo ratifican el cinismo de quien ofrece medidas parciales que no responden a la cuestión profunda, mientras reprime en las calles, saluda con honores a los militares en el día del padre, (con todo el simbolismo que implica que el propio presidente se vista de camuflaje) y anunciar casi al mismo tiempo un nuevo decreto (el 457) de precarización laboral, donde se eliminan los viáticos para los trabajadores y se limitan las contrataciones (abriendo las puertas a nuevos despidos), entre otras medidas de recorte al sector público.

En este marco, un sector de los partidos de la Asamblea Nacional tuvo que responder (con bastante tiempo de demora), a una cuestión básica de libertades democráticas, presionados por la denuncia constante de los manifestantes sobre la escalada represiva y de avanzada contra el derecho a la protesta, pero al mismo tiempo, buscan de fondo descomprimir las manifestaciones con un “llamado a mesas de diálogo”, donde se ofrece a la Asamblea como “mediadora” de la crisis, pero un “llamado al diálogo” en medio de las condiciones de represión, con los nuevos ataques del Gobierno Nacional y que busque sacar a los manifestantes de las calles, solo constituye una farsa y la consolidación del ajuste que Lasso busca aplicar.

Las demandas de las y los trabajadores y los sectores populares tienen que triunfar

Por el momento la CONAIE declaró que si hay diálogo, no va a ser retirándose de las calles, usando las movilizaciones como presión in extremis, pero es fundamental la alerta al conjunto de los manifestantes, trabajadores, estudiantes, organizaciones sociales y sindicales (que como dijimos llegaron por miles a Quito, donde está la sede del gobierno), frente a los intentos de contener y disolver las manifestaciones.

El miércoles 21 está convocada una movilización nacional de organizaciones sociales y de trabajadores, que se sumarán a las manifestaciones que en varias provincias está protagonizando el movimiento indígena. La ampliación del estado de excepción también busca anticiparse a eso.

En las calles se viene mostrando que hay fuerzas para poder enfrentar el programa político del gobierno de Lasso, del empresariado ecuatoriano y el FMI y que triunfen las demandas de los trabajadores y los sectores populares, que no están dispuestos a que esta crisis se descargue nuevamente sobre sus espaldas.


"Buscan derrocarme; no voy a escapar": Presidente Lasso

Miles de indígenas se acercan a Quito con pliego de 10 demandas

Desafían el estado de excepción y piden bajar precios de combustibles, limitar la expansión minera y mejorar servicios de salud y educación

Quito. Miles de indígenas de Ecuador se concentraron ayer en las afueras de Quito con miras a llegar a la capital, como parte de sus protestas contra el gobierno desde la semana pasada, al tiempo que el presidente Guillermo Lasso dijo que las movilizaciones lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) buscan derrocarlo y que él no va a escapar.

Los indígenas llegaron en camiones y a pie en medio de un estado de excepción decretado por Lasso en tres provincias andinas –incluida Quito– en un intento por frenar las protestas, que se han tornado violentas con retención de uniformados, ataques a fincas de flores y toma de pozos petroleros.

La Conaie confirmó el ingreso de manifestantes a barrios del sur de Quito y dijo que llegaría un mayor número de indígenas a la ciudad.

Uno de los manifestantes que formaba parte de una columna que empezó la marcha desde Cayambe, en el norte de la provincia de Pichincha, hacia Quito, falleció ayer al caer desde una gran altura, informó El Universo.

El incidente ocurrió cuando las fuerzas de seguridad emplearon gas lacrimógeno contra los manifestantes y en medio de la confusión todos corrieron a refugiarse. Entre cinco y siete personas cayeron por una quebrada. Algunos lograron salir por sus propios medios, pero un joven falleció debido a la caída, que según el informe de las autoridades fue desde 100 metros.

Las protestas empezaron el lunes de la semana pasada con un pliego petitorio de 10 puntos que incluye una reducción del precio de los combustibles, mayor plazo para cubrir las deudas financieras de los pequeños agricultores, limitar la expansión petrolera y minera y mejorar el sistema de salud pública.

En Ecuador el galón de diésel subió 90 por ciento (se vende a 1.90 dólares) y el de gasolina corriente en 46 por ciento (a 2.55 dólares) en casi un año. Desde octubre pasado los precios están congelados por la presión social. La Conaie exige rebajarlos a 1.50 y 2.10 dólares, respectivamente.

Para aceptar conversar, los indígenas piden que Lasso atienda el pliego, que incluye también la prohibición de concesiones mineras en sus territorios.

Lasso ha llamado al diálogo a los grupos sociales y anunció medidas de compensación para los sectores vulnerables, como un subsidio al precio de fertilizantes, mayor presupuesto para salud y educación indígenas y condonación de deudas vencidas por 3 mil dólares.

Aunque las medidas ofrecen algo de ayuda, los manifestantes dicen que no solucionan los problemas que enfrentan miles de familias cada día.

"Hemos venido a resistir sobre una política neoliberal que afecta más y más a los pobres", aseveró el presidente de Conaie, Leonidas Iza, en redes sociales.

Lasso tuiteó ayer: "hemos tendido la mano, llamado al diálogo, pero ellos no quieren la paz..., buscan el caos, quieren botar al presidente".

"Yo no voy a escapar, pero estoy aquí para proteger a cada una de sus familias, sobre todo a los más pobres", agregó Lasso en un video en el que mostró disturbios y aseveró que que "no han subido y no subirán los precios de los combustibles, pues están congelados desde octubre de 2021".

En el mismo tuit, el jefe de Estado advirtió: "no permitiré que se imponga el caos" durante las manifestaciones, que dejan ya 63 agentes heridos, según la policía. La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos reportó 79 detenidos y 55 civiles heridos.

El cierre intermitente de vías se ha extendido a más de la mitad de las 24 provincias, según reportes del estatal Servicio de Seguridad.

Lasso declaró el estado de excepción desde el sábado para las provincias de Pichincha (cuya capital es Quito), Cotopaxi e Imbabura,y la extendió ayer a Chimborazo, Tungurahua y Pastaza.

Las Universidades Católica de Ecuador y Salesiana, junto con la Federación de Cámaras de Comercio se ofrecieron para mediar entre las autoridades del gobierno y la Conaie.

Con información de Afp, Reuters y Sputnik

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La lógica política del imperialismo ruso

Además de en mi trabajo de campo interrumpido en Ucrania (2021), esta contribución al debate sobre la guerra se basa en mi trabajo de campo en Bielorrusia (2015-2017) y mis conclusiones sobre cómo el 'régimen cesarista' de Lukashenka, cuando se enfrentó a desafíos populares y geopolíticos, mutó su 'estrategia revolucionaria pasiva' (Artiukh 2020, 2021), para usar el vocabulario de Gramsci. Basándome en mis conocimientos de Ucrania y Bielorrusia, esbozo la lógica política de la agresiva expansión territorial de Rusia en el contexto del declive hegemónico de Estados Unidos. Afirmo que esta expansión, impulsada por la lógica del legitimismo, mediante la cual Rusia ofrece a sus posibles clientes una nueva 'Santa Alianza' antirrevolucionaria, como lo hizo la Rusia zarista en el siglo XIX, engendra un sistema de regímenes 'anti-Maidan' que comparten importantes puntos en común culturales y políticos.

Esta lógica política, claramente formulada en el discurso de Putin en la ONU de 2015 es consecuencia de un cambio en la estrategia imperialista rusa. Según el economista político Ilya Matveev (2021), el imperialismo ruso transitó de la lógica económica a la lógica territorial alrededor del año 2014, cuando el estado ruso renunció a la estrategia de expansión de intereses privados empresariales a Ucrania y otras repúblicas postsoviéticas y comenzó a proyectar control político sobre estos territorios aun a expensas de los intereses del capital privado. El ejemplo más destacado de esta nueva estrategia fue la anexión de Crimea y el apoyo a los rebeldes prorrusos en el Donbass. Sin embargo, la estrategia parece ser más amplia e incluye la reactivación de otros 'conflictos congelados' (Georgia 2008, posiblemente Moldavia), participación en conflictos internos (Ucrania 2014, Bielorrusia 2020, Kazajistán 2022), y prestación de servicios militares (Siria y varios países africanos).

El principio central de esta estrategia territorial legitimista fue la conservación de los regímenes neopatrimoniales amenazados por el descontento popular. Los pequeños estados separatistas del Donbass fueron los primeros de una serie de regímenes que comenzaron a aparecer en el espacio postsoviético desde 2014 como reacción a la amenaza real o percibida de las protestas populares. Llamo a estas formas de gobierno "regímenes 'anti-Maidan'", en referencia a su primera narrativa legitimadora de resistir las protestas de Maidan en Ucrania. Lo que los une es el hecho de que son reacciones a los levantamientos populistas, fomentan la desmovilización en lugar de la movilización de sus poblaciones y se basan en la coerción policial y militar en lugar de proyectos hegemónicos. A medida que las élites amenazadas se unieron a esta Santa Alianza, sus regímenes se transformaron en consecuencia: estos incluyen la Siria de Assad, la Bielorrusia de Lukashenka, más recientemente, Kazajstán y las regiones recientemente ocupadas de Ucrania. Trayendo esta lógica de regreso a casa, el propio régimen ruso ha sufrido una transformación hacia un estado policial autoritario con tendencias posfascistas.

Este proyecto debe remontarse a la continua crisis orgánica que estalló en 2008 e hizo posible la situación que tuvo lugar en vísperas del levantamiento de Maidan de 2013. Las protestas de Maidan en Ucrania fueron una de las 'movilizaciones mundiales' locales (Kalb & Mollona, ​​2018) contra los regímenes neopatrimoniales neoliberalizados bajo la tensión de la crisis, cuyo mejor ejemplo es la Primavera Árabe. Surgidos en la condensación territorializada de las pasiones políticas, tales levantamientos tenían sus raíces en algo parecido al mito político de Sorel, capaz de crear una división entre 'nosotros' y 'ellos', pero incapaz de producir un cambio duradero debido a la falta de marcos organizativos y liderazgo. Por lo tanto, fueron los grupos violentos más radicales los que aprovecharon tales movimientos, los condottieri contemporáneos que, sin embargo, no supieron encarnar la voluntad colectiva (Gopal, 2020).

Estos regímenes neopatrimoniales posdesarrollistas se encontraban en diferentes etapas de declive y con diferentes relaciones con sus vecinos. Por lo tanto, los regímenes de Túnez y Bielorrusia, al poder confiar en sus patrocinadores y tener estados más fuertes, pudieron cooptar los levantamientos en la continuidad de sus estrategias revolucionarias pasivas. Otros sufrieron la intervención de sus vecinos, como sucedió en Bahrein, Yemen y Ucrania. Y otros se sumergieron en una guerra civil prolongada, como Libia o Siria, y se convirtieron en campo de batalla de los imperialismos estadounidense, turco y ruso en competencia.

Contrariamente a una idea preconcebida ampliamente difundida, Estados Unidos mostró el fracaso de su hegemonía frente a estas situaciones. Aquí uso 'hegemonía' en un sentido Gramsciano-Arrigiano, como un conjunto de instituciones e ideologías respaldadas por la potencialidad del uso de una fuerza creíble que puede superar las crisis y alinear los intereses de las élites centrales y periféricas. Mientras que el banco central de EEUU logró mitigar con relativo éxito la crisis de 2008 en Europa, no logró establecer el orden en su periferia (Tooze, 2019). De manera similar, las operaciones militares estadounidenses trajeron consecuencias no deseadas. Una vez que se abrió este agujero hegemónico y EEUU mostró su debilidad, surgió un 'show de mierda', en palabras de Obama, ya que los contendientes inmediatamente se pusieron en acción ofreciendo su ayuda para restablecer el orden.

Un contendiente hegemónico fue Rusia, uno de los regímenes neopatrimoniales cuyo declive apenas comenzaba a manifestarse. Los primeros signos de este declive aparecieron en las protestas de la clase media urbana de 2011-2013 y fueron reprimidas rápidamente. Dado que la dominación en las relaciones internacionales, según Gramsci, es una extensión de los modos de dominación de la clase dominante, el sistema ruso de dependencias internacionales neopatrimoniales también se estaba debilitando. Rusia elaboró una doctrina de apoyo a los 'regímenes legítimos' contra la guerra híbrida emprendida por occidente (Göransson, 2021). Como alternativa a la vacilante hegemonía estadounidense basada en la 'promoción de la democracia', incluido el apoyo a los levantamientos populares, Rusia presentó la oferta de una Santa Alianza para el siglo XXI. En términos gramscianos, esta era la oferta de preservación del bloque histórico que se basa en la dominación cesarista más que en la hegemonía. Así, frente a la vacilante hegemonía estadounidense, Rusia ofreció un sistema internacional de dominación sin hegemonía. Tal oferta resolvería dos tareas: reforzar la dominación del régimen interno ruso y garantizar la estabilidad de los regímenes de los estados que se unieran a la Santa Alianza.

A partir de ella es posible comprender los desarrollos posteriores a Maidan. La caída de Yanukovych señaló la fragilidad de los regímenes neopatrimoniales y, por lo tanto, amenazó a Rusia como proveedor de garantías de seguridad después de que Yanukovich hubiera aceptado su oferta a fines de 2013. La débil calidad político-mítica del levantamiento de Maidan terminó en la escisión entre 'nosotros' y 'ellos', alienando así a una parte considerable de la población de Ucrania (Zhuravlev & Ishchenko, 2020). Como era de esperar, siguió la etapa del condotierismo de extrema derecha que amplió aún más la división. Europa estaba desorientada y EEUU tenía dudas de involucrarse en otro 'show de mierda'. La anexión de Crimea y el atentado de la guerra civil en Ucrania fue la aplicación lógica de la doctrina del legitimismo. Este primer movimiento fue típicamente cesarista, una operación especial de la "guardia pretoriana" de Putin.

Los analistas rusos esperaban que el gobierno posterior a Maidan no se diferenciara mucho del anterior y, por lo tanto, necesitaría un proveedor de seguridad contra la amenaza separatista que la propia Rusia alimentaba. Los líderes rusos también sabían que ni la UE ni los EEUU estarían dispuestos a convertirse en tales proveedores en la medida necesaria. por lo tanto, ofrecieron el paquete de los llamados acuerdos de Minsk que era una consagración militar-diplomática de la victoria militar de Rusia sobre el débil régimen post-Maidan. Los acuerdos de Minsk preveían la presencia de las fuerzas políticas y militares rusas de facto dentro de un estado federal ucraniano que potencialmente ganaría la subsiguiente guerra civil (Koshiw, 2022). La UE no tuvo más remedio que tratar de congelar la situación de 'ni guerra, ni paz' ​​con la esperanza de que se resolvería sola en el futuro.

Sin embargo, las autoridades de Kyiv y los herederos de los condottieri de Maidan lucharon para evitar esta situación con uñas y dientes. Impusieron el consenso post-Maidan, aprovechando la brecha abierta por las pasiones políticas de Maidan y apoyadas por los condottieri. Con una ayuda limitada de la UE y los EEUU, las autoridades de Kyiv lograron restablecer las instituciones estatales y reconstruir el ejército. Occidente no tuvo más remedio que aceptar el nuevo cesarismo de Kyiv. Esta vez, Rusia decidió esperar mientras desarrollaba las repúblicas separatistas en el Donbass, como puesto de avanzada para la batalla que se avecinaba.

Para entonces, las LNR/DNR, mantenidas unidas por el perpetuo estado de emergencia y las duras represiones contra los activistas políticos, culturales y laborales disidentes, se convirtieron en una zona gris controlada por las agencias públicas y privadas rusas (Savelyeva, 2022). Habiendo consolidado su soberanía sobre el puesto avanzado anti-Maidan en el Donbass, Rusia reclamó un éxito indiscutible en Siria, al reimponer el gobierno de Assad sobre la mayor parte del país y enterrar los restos del levantamiento de 2011. Finalmente, la Bielorrusia posterior a 2020, que pasó del populismo autoritario a un estado policial totalmente dictatorial (Artiukh, de próxima publicación), fue sin duda el caso más exitoso de la asistencia internacional de Rusia dentro de la Santa Alianza. De manera similar a la dirección de LNR/DNR, Lukashenka construyó su legitimidad posterior a la protesta como un salvador del país que blandía una ametralladora frente a un intento de golpe de Estado inspirado en Occidente, que se comparaba explícitamente con Maidan en Ucrania. El apoyo político, mediático y económico de Rusia no solo logró estabilizar el régimen de Lukashenka, sino que también logró vincularlo a Rusia, asegurando así una base militar.

Esta serie de éxitos en el contexto de los fracasos estadounidenses y europeos envalentonó a las élites rusas. Mientras que Rusia restablecía el poder de Assad en Siria, exportaba sus servicios a varios países africanos y reprimía las protestas en casa, EEUU estaba sumido en el 'show de mierda' de Trump internamente, casi perdiendo aliados de la OTAN, anunciando un giro hacia Asia y derrotado miserablemente en la retirada de Afganistán. El único asunto pendiente para la Santa Alianza era Ucrania. Desde principios de 2020, Rusia comenzó a integrar los pequeños estados separatistas del Donbass en la esfera ideológica, económica y política rusa, al mismo tiempo que presionaba a las autoridades ucranianas para que implementaran rápidamente la parte política de los acuerdos de Minsk.

Después de un breve coqueteo con Putin, el gobierno de Zelensky se dio cuenta de que no podía restablecer la soberanía sobre las regiones separatistas si el proceso de Minsk era supervisado por Rusia mientras que los nacionalistas ucranianos cuestionaban esta política internamente. Las acciones de Rusia insinuaron la posibilidad de integrar completamente estos pequeños estados en Rusia, siguiendo el ejemplo de Crimea, o usarlos como el puesto de avanzada del 'mundo ruso', como se proclamaba en la doctrina ideológica de LNR/DNR a principios de 2020. Según algunos analistas, ese es el momento en que las autoridades rusas comenzaron a prepararse para la eventualidad de una operación militar completa contra Ucrania. Los siguientes pasos eran solo una cuestión de tiempo y oportunidad.

Esta oportunidad llegó a fines de 2021 o principios de 2022. Convergieron muchos factores que debilitarían a Occidente y envalentonarían a Rusia, y las élites rusas lo entendieron.  Estados Unidos y Europa no solo fueron golpeados por la pandemia, sino que también pasaron por transiciones políticas: el nuevo y débil presidente en Estados Unidos, que continuó el giro hacia Asia, el nuevo canciller en Alemania y las próximas elecciones en Francia. Las cosas iban mucho mejor para Rusia: Bielorrusia estaba segura bajo el control de Rusia como un símbolo de la Santa Alianza, la economía de Rusia se estabilizó y acumuló los mayores recursos de su historia, la operación especial ultrarrápida en Kazajstán demostraría que Rusia era un proveedor confiable de seguridad . En consecuencia, Rusia anunció su asalto a la primera amenaza de guerra de abril de 2021, que aparentemente abrió un diálogo en materia de seguridad estratégica entre EEUU y Rusia.

Zelensky probablemente era consciente del peligro que se avecinaba, por lo tanto, intensificó la represión del dominio político interno e intentó mejorar el ejército tanto como fuera posible mientras se aferraba al alto el fuego en el Donbass. Esperaba encontrar el equilibrio para salir del estrecho camino que tenía delante. Mientras tanto, Rusia lanzó otro ultimátum en diciembre de 2022, exigiendo la retirada de la infraestructura de la OTAN de los países del antiguo Pacto de Varsovia, además de la prohibición de aceptar nuevos miembros en la OTAN. Al igual que el ultimátum de Austria a Serbia en 1914, el de Putin tampoco estaba destinado a cumplirse. Después de algunos reveses iniciales, el ejército ruso ha seguido ocupando el territorio de Ucrania más allá de LNR/DNR, manteniendo deliberadamente vagos los objetivos políticos de la guerra.

Tres meses después de la guerra, los territorios recién ocupados en el sur de Ucrania están controlados por los métodos desarrollados por otros regímenes anti-Maidan, principalmente Bielorrusia y LNR/DNR. El tremendo éxito de la represión de Lukashenka contra quienes protestaron por los resultados de las elecciones injustas de 2020 se basó en una brutalidad policial sin precedentes, largas penas de prisión y la desmoralización de los disidentes.  Habiendo abandonado su característico populismo, Lukashenka demostró que la fuerza bruta por sí sola podría funcionar si las personas están lo suficientemente atomizadas en las ciudades y en las fábricas. Las manifestaciones masivas iniciales contra la ocupación rusa se dispersaron a medida que Rusia reforzó su capacidad policial en la retaguardia del ejército invasor. Hay informes de activistas políticos secuestrados y torturados, repitiendo la experiencia del Donbass. Uno de los métodos utilizados en Bielorrusia, la sistemática grabación en video de las autodenuncias forzadas, se repitió recientemente en el Oblast de Kherson, donde las personas contrarias a la ocupación se vieron obligadas a disculparse en la cámara y decir que "completaron un curso de desnazificación". Esto no va acompañado de ninguna narrativa ideológica coherente; en cambio, los medios rusos proyectan una mezcla salvaje de símbolos soviéticos, zaristas y vagamente fascistas cuyo único propósito es intimidar y mostrar que la resistencia es inútil (Artiukh, 2022).

Mientras construía el sistema de regímenes anti-Maidan, Rusia también se transformó de una 'democracia administrada' en un estado policial con tendencias posfascistas que impone una mezcla posmoderna de ideologías que no están destinadas a convencer verdaderamente a las masas (Budraitskis, 2022). ). Si Estados Unidos presidió el surgimiento del mundo postsoviético al promover libros de texto neoliberales y no logró crear un paradigma de seguridad hegemónico, la estrategia anti-Maidan de Rusia ha conseguido el fin de la era postsoviética al destruir todos los restos de la civilización soviética que los estados sucesores mantuvieron. Por un lado, esta la "descomunistización" simbólica: desde la destrucción literal de los monumentos en Ucrania hasta la zombificación de los símbolos soviéticos que se han convertido en símbolos de las conquistas coloniales de la Federación Rusa. Por otra parte, la "descomunistización" política y económica: la delegitimización de las fronteras de las antiguas repúblicas y la destrucción de los centros de la industrialización soviética en el Donbass, Mariupol o Kharkov. El largo declive de la pax postsovietica casi ha terminado.

Volodymyr Artiukh

investigador postdoctoral en COMPAS con el proyecto financiado por ERC, "Emptiness: Living Capitalism and Democracy after (Post) Socialism". Obtuvo su doctorado en Sociología y Antropología Social en la Universidad de Europa Central en 2020 con una disertación sobre control laboral y burocrático en Bielorrusia. Sus intereses de investigación incluyen la antropología del trabajo y la migración en los países postsoviéticos, la antropología del populismo y el estudio de la hegemonía en Europa del Este.

Traducción: G. Buster

11/06/2022

Publicado enInternacional
Domingo, 12 Junio 2022 05:44

Nicaragua amordazada

Ciudadana nicaragüense exiliado en Costa Rica participa en una manifestación frente a la embajada de Nicaragua en Costa Rica para oponerse a la asunción del presidente Daniel Ortega, en San José, el 10 de enero de 2022.- AFP

Hace unas semanas, en el Festival de Poesía de Granada, tuve el privilegio de escuchar a Svetlana Alexiévich. Entre lo mucho y acertado que dijo, habló de las cárceles interiores, mentales, que el sistema creó en la Unión Soviética y que dieron origen a lo que ella llamó "el homus soviético", tema de uno de sus libros. No puede construir la libertad quien no es libre, afirmaba.

Como nicaragüense, siento que estoy asistiendo a un criminal intento de crear esas cárceles en mi país.

Daniel Ortega y Rosario Murillo, después de destruir la institucionalidad, el Estado de Derecho, ordenar en 2018 una masacre que resultó en 355 asesinados,  encarcelar a los líderes de la oposición, cancelar partidos políticos y crear una estampida de más de 200,00o nicaragüenses que han salido del país, ahora enfilan sus cañones contra la cultura.

Entre el 20 y el 31 de mayo, la Asamblea Nacional del país, dominada por Ortega, canceló la personería jurídica del Festival Internacional de Poesía de Granada (Nicaragua) y la de la Academia Nicaragüense de la Lengua, dos instituciones culturales de primer orden. Ellas se sumaron a las más de trescientas organizaciones sin fines de lucro, ONG y doce universidades que el régimen ha ilegalizado en lo que va del año.

Con el fin de obstaculizar las donaciones que recibían las organizaciones de la sociedad civil muchas de las cuales surgieron, paradójicamente, desde el sandinismo para suplir los vacíos de atención a sectores populares después de la derrota electoral sandinista de 1990, Ortega diseñó una legislación expresamente dirigida a reprimirlas. El Ministerio de Gobernación, que regulaba y recibía reportes de éstas y emitía un certificado anual de probidad que les autorizaba a seguir operando, dejó de emitir estos certificados tras las protestas de 2018.  A fines de 2020 la Asamblea dictó una ley donde se sometía a todas las instituciones sin fines de lucro a regulaciones draconianas. Recibir dinero de proyectos de cooperación o donaciones -como sucede con la mayoría de estas organizaciones- les obligaba a inscribirse como "agentes extranjeros" y abstenerse de cualquier actividad política. Sus miembros perdían su derecho a ocupar o aspirar a cargos públicos. La ley obligaba a pormenorizados y engorrosos controles burocráticos, imposibles sin un personal numeroso. Juntas Directivas y miembros debían renunciar a la privacidad de sus datos.  En un régimen que persigue y acusa de lavado de dinero o terrorismo a quien se le antoja, resultó clara la intención de esa legislación.  Aún así, instituciones como el Festival de Poesía de Granada y la Academia de la Lengua, intentaron una y otra vez someter sus documentos a la oficina encargada. Una y otra vez se los rechazaron, aludiendo a nuevas exigencias. O sea, el gobierno, en su actuar maquiavélico, creó la trampa con la que hoy acusa a la sociedad civil de no cumplir sus obligaciones.

Con el fin de cancelar cualquier presunta amenaza a su poder, el régimen se ha ocupado, sobre todo, de eliminar aquellas instituciones que promueven el libre flujo de ideas dentro de la sociedad y que reúnen a intelectuales y artistas. Además de universidades, han ilegalizado institutos de pensamiento, asociaciones de periodistas, de fomento de la lectura, de promoción de la democracia y la ciudadanía, de defensa de los derechos humanos y de las mujeres

El caso de la Academia Nicaragüense de la Lengua es especialmente llamativo y absurdo. Se trata de una entidad que tiene personería desde 1928, una entidad protegida por un tratado internacional de 1960, suscrito por Nicaragua, donde los gobiernos latinoamericanos participan y apoyan la conformación de la Asociación de Academias de la Lengua Latinoamericanas, ASALE. La Academia Nicaragüense ha contado a través de los años con pensadores, estudiosos de la lengua y escritores destacados del país. Sus miembros de número son miembros correspondientes de la Real Academia Española. Entre sus logros están muchos estudios y diccionarios sobre las particularidades del español que se usa en Nicaragua, la incorporación de éstas en diccionarios de la Real Academia Española, la formación mediante becas de jóvenes filólogos y lexicógrafos, el seguimiento de cuanto se publica con relación a Rubén Darío: el Repertorio Dariano, libros y otras publicaciones especializadas en dar a conocer la cultura e idioma de Nicaragua y una revista "Lengua" fundada por Pablo Antonio Cuadra. Este último fue uno de los grandes poetas del país, además de editor del suplemento literario del diario La Prensa, ahora confiscado por Ortega, que también apresó a su director y a Pedro Joaquín y Cristiana Chamorro, parte de su directiva.

Absurda es también la cancelación del Festival Internacional de Poesía de Granada. Éste se llevó a cabo por dieciocho años en esa ciudad nicaragüense, homónima de la española, con la participación en ese período de más de mil doscientos poetas de distintas partes del mundo, que leían sus poemas en las plazas y atrios locales con la participación de miles de personas de un público ávido y feliz. El Festival no sólo nutría la tradición poética de un país cuyo héroe nacional es Rubén Darío, sino que dotaba a la colonial ciudad de Granada de actividad económica hotelera y gastronómica y un turismo nacional e internacional significativo.

¿Por qué designios el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo decide sancionar a estas instituciones? ¿Por qué, al suspender su personería jurídica, las inhabilitan para abrir y poseer cuentas bancarias, realizar contratos, nóminas y otras funciones y participar en proyectos de cooperación internacional?  No hay una respuesta lógica. Lo que hay es la expresión de un poder atemorizado y paranoico que teme que existan espacios de libertad de expresión que alimenten el pensamiento y amplíen el horizonte de la ciudadanía.  Se trata de impedir otro pensamiento que no sea el promovido por su propaganda. Con este ataque a la sociedad civil y a las instituciones culturales más relevantes pretenden crear esas cárceles mentales interiores que conducen a que la gente pierda el sentido de su propia libertad y se someta a la dictadura.

Por fortuna, la historia de rebelión de Nicaragua tiene aún en su pasado reciente la derrota de un tirano. Sabemos que las dictaduras pueden desplomarse como un castillo de arena cuando sube la marea. Contamos con la solidaridad de otras Academias de la Lengua. Tenemos la sombra de Rubén Darío la bajo la cual ampararnos.

Por Gioconda Belli, Poetisa y novelista nicaragüense

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