Snowden anuncia el "fin del caso contra Assange" tras la confesión de un testigo clave de que mintió

Sigurdur Ingi Thordarson hizo creer a las autoridades de EE.UU. que Assange le pidió que 'hackeara' ordenadores para acceder a las grabaciones de las conversaciones privadas de parlamentarios.

Un testigo clave en el proceso del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Julian Assange, Sigurdur Ingi Thordarson, ha confesado en una entrevista concedida al periódico islandés Stundin que mintió en sus declaraciones utilizadas por las autoridades norteamericanas para armar el caso contra el fundador de WikiLeaks. "Esto es el fin del caso contra Julian Assange", escribió el excontratista de la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU. (NSA) Edward Snowden en referencia a estas revelaciones.

Sigurdur Ingi Thordarson era un voluntario de WikiLeaks convertido en el primer informante conocido del FBI dentro de la organización a cambio de unos 5.000 dólares e inmunidad de la persecución judicial. Ahora, Thordarson ha admitido que su afirmación previa de que Assange le pidió que 'hackeara' los ordenadores de los parlamentarios para acceder a las grabaciones de sus conversaciones telefónicas privadas es falsa y que nunca lo solicitó.

El hombre ha explicado que, en realidad, recibió unos archivos de terceros que le dijeron que habían grabado a los parlamentarios y propuso compartirlos con Assange sin comprobar su contenido.

La Justicia británica decidió no extraditar a Assange a EE.UU. por temor a que se suicide, un país donde afronta hasta 175 años de prisión por 18 cargos en su contra, a raíz de la publicación de documentos secretos en su portal WikiLeaks. Lo acusan de violar la Ley de Espionaje y conspirar para cometer una intromisión informática y acceder a ordenadores gubernamentales con información clasificada.

Sin embargo, ahora la veracidad de la información en la que se basa la acusación formal estadounidense ha sido desmentida por el testigo principal, cuyo testimonio ha sido clave. Si bien la corte británica se guió por motivos humanitarios al fallar en contra de la extradición de Assange, la argumentación del equipo legal de EE.UU. incluyó la afirmación de que el acusado y su informador, Thordarson, trataron de descifrar juntos un archivo robado de un banco islandés.

Thordarson ha aclarado a Stundin que el incidente descrito fue bien conocido y el archivo encriptado fue filtrado del banco y compartido en Internet entre los entusiastas que trataron de descifrarlo por motivos de interés público en un intento de descubrir los motivos de la crisis financiera en Islandia, y que nada confirma que el archivo fuera "robado" en algún momento, ya que se presume que lo divulgaron los propios empleados del banco.

Otro punto expuesto en el mencionado proceso judicial fue que Assange "utilizó acceso no autorizado" otorgado por Thordarson "para acceder a un sitio web gubernamental" destinado a rastrear vehículos policiales. Entrevistado por Stundin, el informante ha precisado que los datos del 'login' eran sus propias identificaciones y no fueron obtenidos por medios ilícitos.

Thordarson ha contado que tenía acceso a aquella página web debido a su trabajo como socorrista cuando era voluntario en un equipo de búsqueda y rescate, y que el fundador de WikiLeaks nunca le pidió los datos de acceso.

"Tejer una telaraña para atrapar a Assange"

El entonces ministro del Interior de Islandia, Ogmundur Jonasson, opina que los estadounidenses trataban de utilizar las cosas en su país y sus ciudadanos "para tejer una red, una telaraña que atrapara a Julian Assange" y recordó el momento exacto cuando el FBI contactó con las autoridades islandesas por primera vez el 20 de junio de 2011 para advertirles de una inminente intrusión en las computadoras gubernamentales, ofreciendo su ayuda que fue aceptada.

En opinión de Jonasson, el objetivo que EE.UU. perseguía de verdad era atrapar a Assange y no ayudar a Islandia, y en aquel entonces sus agentes ya estaban sentando las bases para conseguir su propósito final.

Lo que el exministro del Interior islandés sigue preguntándose desde aquel entonces es si todo empezó con la aceptación de la ayuda estadounidense y el establecimiento de cooperación "que podrían haber utilizado como pretexto para visitas posteriores".

Publicado: 27 jun 2021 05:27 GMT

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Viernes, 25 Junio 2021 06:07

Por qué Ortega no quiere soltar

Por qué Ortega no quiere soltar

LOS INTERESES INNEGOCIABLES DEL RÉGIMEN NICARAGÜENSE

 

En los últimos días arrestó a cinco precandidatos y a varios excomandantes guerrilleros. Suman 1.600 los detenidos y más de 103 mil los exiliados desde 2018. Las causas de la intransigencia de acuerdo a la disidencia sandinista.

«El 17 de mayo cumplo un mes de asedio ininterrumpido en mi casa por parte de la Policía Nacional. Entre seis y ocho policías, a veces de civil y a veces de uniforme, llegan todos los días desde las 6 de la mañana hasta el mediodía o hasta el final de la tarde. La orden es no dejarme salir de la casa, interrogar a todo el que llega e informar de mis movimientos», relata el politólogo Guillermo Incer Medina, miembro del frente opositor Unidad Nacional Azul y Blanco, en el último número de la Revista Envío (V-21).

La última modalidad represiva del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo es la de «casa por cárcel», una situación que atraviesan por lo menos 600 personas identificadas con la oposición. «Las personas que vivimos bajo asedio policial domiciliario sufrimos daños sicológicos, económicos y sociales», reflexiona Medina en su artículo.

Esta forma de asedio genera serios daños invisibles, ya que «el hecho de no saber cuánto durará esa situación y hasta dónde están dispuestos a llegar implica mucho estrés mental». Y genera, además, un fuerte daño al tejido social nicaragüense, porque ahonda las diferencias entre vecinos. Según Medina, «los simpatizantes del régimen se aseguran de estigmatizarte como “golpista y terrorista”, se encargan de hacer notar que quienes “arruinaron la paz” están ahora controlados y que no permitirán nuevamente otro “relajo” provocado por el imperio y la derecha», dice, en referencia a las protestas populares masivas de 2018.

Los que siguen apoyando al sandinismo, que según el instituto Gallup hoy son alrededor del 20 por ciento de la población, «colaboran con los policías llevándoles comida, bebidas y prestándoles el baño frente a ojo y paciencia de los demás vecinos». Tras las protestas y la represión de 2018 (véase «Nicaragua, el parteaguas de la izquierda latinoamericana», Brecha, 27-VII-18) que dejó 328 muertos, más de 1.600 personas han sido detenidas por razones políticas y se multiplican las denuncias de torturas. Continúa el éxodo de nicaragüenses a los países vecinos (véase «Sin salida aparente», Brecha, 26-IV-19), que para febrero de este año ya sumaba 103 mil emigrantes, desde 2018, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mientras tanto, la violencia estatal viene escalando en las últimas semanas con el arresto de cinco precandidatos presidenciales opositores –Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga y Miguel Mora– y de buena parte de los líderes de Unamos, partido donde se organizan excomandantes sandinistas, como Hugo Torres, Dora María Téllez y Víctor Tinoco.

EL FSLN Y LA CULTURA POLÍTICA NICA

En rigor no hay una única razón que explique este comportamiento del régimen, que se sigue reclamando sandinista, sino un conjunto de actitudes que se han ido superponiendo a lo largo de la historia reciente. Los excomandantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) hoy críticos con el partido de gobierno son algunos de los más profundos analistas de su realidad actual, quizá porque conocen la organización desde dentro y bebieron en la misma fuente de la cultura política que ahora rechazan.

Luis Carrión, excomandante del FLSN, exviceministro de Interior (1979-1988) y exministro de Economía (1988-1990), repasa en un ensayo de 2019 la lógica de partido único que subyacía incluso cuando se convocaban elecciones y se respetaban los resultados, luego del triunfo de la revolución en 1979. «Bajo esa lógica empezamos la construcción no de un Estado nacional, sino de un Estado sandinista. Todas las instituciones se sandinizaron. El Ejército fue sandinista, la Policía fue sandinista, todas las instituciones estaban bajo la égida, la influencia y el control del Frente Sandinista.» Recuerda que, siguiendo la tradición soviética, las organizaciones sociales se fueron convirtiendo en «correas de transmisión» del partido en el poder, al punto que «la hegemonía del Frente Sandinista terminó siendo dominante» y los no sandinistas «se fueron quedando al margen de las organizaciones o tenían poca capacidad de incidencia en el interior de estas». Peor aún, «se los consideraba contras, enemigos de la revolución» (Revista Envío, VI-19).

Dora María Téllez fue la legendaria Comandante Dos, que protagonizó la toma de la Asamblea Nacional en Managua en 1978, con la que la guerrilla nicaragüense logró liberar de las cárceles a 60 sandinistas. El domingo 13 de junio, esta historiadora y exministra de Salud (1979-1990) fue detenida y golpeada por orden del gobierno de Ortega junto a otros cuatro disidentes del FSLN. En 2019, en entrevista con el periodista Fabián Medina, Téllez sostenía que «no es inusual que líderes revolucionarios se conviertan en lo que era su oponente», en referencia a Daniel Ortega y al dictador Anastasio Somoza. La comandanta que Gabriel García Márquez describió como «tímida y absorta» reflexionaba: «Es el mismo fenómeno que sucede con hijos de padres violentos. Hay gente que se queja de que su papá lo malmataba y termina malmatando a su hijos. Es el fenómeno de la reproducción de modelos. Daniel Ortega escogió el camino de reproducir el modelo de la dictadura de los Somoza, que es un modelo de pactos, de prebendas, de clientelismo político, de corrupción, de alineamiento institucional y un modelo de subordinación del Ejército y la Policía» (Infobae, 10-VII-19).

A primera vista, puede sonar excesivo o exagerado, pero los exmiembros del FSLN desgranan sus razones. El sociólogo Oscar-René Vargas considera que en Nicaragua se ha formado una nueva «oligarquía parasitaria», que para mantenerse en el poder «ha permitido el surgimiento de un sector social: la mara paramilitar y policial que roba, reprime y asesina con impunidad» (Sinpermiso, 20-VII-19). En la misma línea, Téllez argumenta que el FSLN «es hoy una banda mafiosa» y aunque Ortega «fue la figura más mesiánica de todas», que se consideraba a sí mismo como encarnación de la revolución, el problema de fondo no es el personaje, sino la cultura política nicaragüense: «Veníamos de una dictadura de 50 años, la de los Somoza. Y antes fue Zelaya, y el otro y el otro… La matriz autoritaria está enraizada en nuestro país. Las tendencias autoritarias del Frente Sandinista no vienen solo de factores ideológicos, vienen de nuestra historia. Y si no conocemos la historia, la volveremos a repetir».

BURGUESÍA ROJINEGRA

Años atrás, Mónica Baltodano, comandante guerrillera, exmiembro de la Dirección Nacional del FSLN y fundadora del Movimiento por el Rescate del Sandinismo, reflexionó sobre varias de las mutaciones experimentadas por el FSLN originario. El nuevo gobierno de Ortega, instalado a partir de su triunfo electoral con el 38 por ciento de los votos en 2006, es para Baltonado, según escribía en un artículo titulado «¿Qué régimen es este?», uno «en el que los pobres están condenados a rebuscarse la vida en trabajos informales, precarios, por cuenta propia o a trabajar por salarios miserables y en largas jornadas, condenados a emigrar a otros países en busca de trabajo, condenados a pensiones de jubilación precarias. Se trata de un régimen de inequidad social con un creciente proceso de concentración de la riqueza en grupos minoritarios».

Los permanentes encuentros de 2006 en adelante entre Ortega y los empresarios nicaragüenses hablan de «una fusión de intereses que tiene pretensiones de larga durabilidad», afirmaba la exministra. Mucho más allá de los arreglos bilaterales con algunos grandes capitalistas, se trata de «una simbiosis de intereses», que desembocó en la creación de «una burguesía rojinegra». En su opinión, Ortega y un grupo de unos 200 fieles son ahora «un grupo capitalista importante, y el gobierno representa esa comunidad de intereses que tiene hoy la nueva oligarquía sandinista junto con la oligarquía tradicional y el gran capital transnacional» (Revista Envío, I-14).

En efecto, de acuerdo a sucesivas investigaciones del semanario independiente Confidencial desarrolladas a partir de 2011 con base en filtraciones de documentación interna de empresas estatales, Ortega y su familia manejarían con discrecionalidad fondos que superan los 2.500 millones de dólares, gracias a distintos vínculos con la firma Alba de Nicaragua SA (Albanisa) y su subsidiaria Banco Corporativo (Bancorp). Ambas compañías están implicadas en la importación de petróleo venezolano y, a través de ellas, se habría ejecutado la apropiación de fondos de la cooperación venezolana por la elite gubernamental nicaragüense. «Albanisa se constituyó como un subterfugio fraudulento para privatizar, en favor de Ortega, los fondos de la cooperación petrolera», concluyen los informes de Confidencial (9-IV-16). Los fondos venezolanos se canalizaron a través de estas empresas de derecho privado, a pesar de que el dinero tenía su origen en un convenio internacional ratificado por las asambleas legislativas de Nicaragua y Venezuela.

Albanisa es un joint venture de dos socios: las estatales PDVSA, con el 51 por ciento de las acciones, y Petróleos de Nicaragua, con el 49 por ciento. «El monto total de los créditos canalizados por Albanisa, a junio de 2018, se aproxima a 4.000 millones de dólares. En los tiempos de las vacas gordas, promediaron 500 millones de dólares anuales, libres de polvo y paja. Un capital líquido que Ortega gestionó a su arbitrio, como capital privado», calculan los autores de las investigaciones con base en datos del Banco Central de Nicaragua (Confidencial, 13-II-19).

Cobijada por el gobierno, Albanisa habría incursionado en un amplio abanico de negocios: Albageneración, que pronto se transformó en la principal empresa generadora de energía eléctrica del país; Albadepósitos, dedicada a la importación, almacenamiento y distribución de petróleo y derivados; Albaforestal, cuyo negocio es la madera; Albaequipos, dedicada a los servicios y la construcción. Según los investigadores, la joya de la corona orteguista era Bancorp, que se encargaba de administrar el conjunto de «empresas Alba». En abril de 2019, tras volverse objeto de sanciones estadounidenses, Bancorp solicitó permiso a la autoridad financiera nacional para cesar sus operaciones, pero periodistas y opositores sostienen que el régimen ha improvisado nuevos esquemas empresariales para mantener su acceso privado a fondos públicos.

Son múltiples las denuncias de que los intereses privados de la familia Ortega-Murillo se reparten entre sus distintos integrantes. «Ocho de los nueve hijos de la pareja presidencial nicaragüense tienen rango de asesores, controlan el negocio de la distribución del petróleo y dirigen la mayoría de los canales de televisión y compañías de publicidad, que son beneficiadas con contratos estatales», informó este año El País de Madrid (18-IV-21). Pero hijos e hijas están sujetos a los dictados de Rosario Murillo, que ya excomulgó a la mayor por denunciar a su padrastro, Daniel Ortega, por abuso sexual en 1998. Perseguida por su madre, Zoilamérica Narváez debió exiliarse en Costa Rica en 2013.

SIN MARGEN PARA LA DEMOCRACIA

Oscar-René Vargas asegura que «el régimen entró, definitivamente, en una etapa de descomposición y decadencia». Sin embargo, el clan Ortega-Murillo no está dispuesto a ceder. «La actual estructura política del régimen dictatorial no va a entregar el poder, hay que quitárselo», sostiene. Cree que para evitar una catástrofe social y económica mayor a la actual «hay que estrangular políticamente al régimen»: «Cualquier otro método será una ficción, una ilusión, una mentira».

Para Baltodano, Murillo maneja el poder real de movilización oficialista con «una forma de pensar fanática y religiosa que traslada a la militancia». Durante la pandemia, fue ella quien decidió que los miembros del gobierno visitaran algunas viviendas populares para «orar y pedir a Dios» como medida curativa. Es un personaje extraño para las izquierdas, que combina constantes alusiones a Cristo y al «Todopoderoso» con su adhesión a sectas milenaristas, como la del gurú de India Sathya Sai Baba. Cabe recordar que el FLSN apoyó en 2006 la prohibición del aborto terapéutico, el único permitido hasta entonces en el país y se alió en los años siguientes con el cardenal ultraconservador Miguel Obando y Bravo, otrora enemigo de los sandinistas. «En Nicaragua de amor, no tenemos una cultura de muerte», sostuvo Murillo en sus redes el 30 de diciembre pasado, día en que Argentina legalizaba la interrupción voluntaria del embarazo. Carambolas para mantenerse en el poder, como la represión contra candidatos y excompañeros sandinistas. «La mayor parte de las dirigencias populares que se pusieron al frente de la rebelión de 2018 han sido forzadas al exilio, están en la cárcel, escondidas o muertas. Ello explica que el régimen haya conseguido –por la vía de la violencia y el terror– mantener el control en barrios y comunidades», señaló recientemente Baltodano (Desinformémonos, 17-VI-21). Algo que, a su juicio, les está permitiendo alcanzar «el peor escenario» posible de cara a las elecciones generales del 7 de noviembre: unos comicios completamente controlados desde el gobierno para garantizar la continuidad del clan Ortega-Murillo, «con la complacencia de un sector del gran empresariado, al que no le importa la institucionalidad democrática».


25 junio, 2021


ORTEGA Y LAS MULTINACIONALES

No es que Ortega quiera promover al empresariado nicaragüense para fortalecer una burguesía nacional capaz de desarrollar el país a partir de nuestras propias posibilidades, fomentando un capitalismo nacionalista, un objetivo que nunca terminó de construirse en Nicaragua. No, no es por eso. Se trata de una simbiosis al servicio de la lógica del gran capital transnacional […].

Tan profundos niveles de subordinación a la lógica del capital no los encontramos en el gobierno de Violeta Barrios (1990-1997) ni en el de Arnoldo Alemán (1997-2002), ni siquiera en el más cercano al empresariado, el gobierno de Enrique Bolaños (2002-2007). Tal vez se explica porque en estos gobiernos había fuerzas sindicales y gremiales que servían de contrapeso a estos gobiernos. Había un sandinismo de base que resistía […]. Veamos, por ejemplo, la relación de Nicaragua con la transnacional española Unión Fenosa […]. Las relaciones del gobierno de Enrique Bolaños con Unión Fenosa fueron tensas. En 2006, cuando llegaba al gobierno Daniel Ortega, Bolaños tenía demandas contra Unión Fenosa y había 12 juicios, reclamos estatales y multas incoadas en los tribunales contra la transnacional.

Todo esto quedó resuelto con el gobierno de Ortega. En noviembre de 2007, mientras Daniel Ortega lanzaba un discurso virulento contra las transnacionales en la Cumbre Iberoamericana en Santiago de Chile [el asesor económico de la Presidencia] Bayardo Arce estaba reunido en Madrid, en el Palacio de la Moncloa, con la gerencia de Unión Fenosa. A partir del Protocolo de Entendimiento entre el Gobierno de Nicaragua y Unión Fenosa, al que se le dio rango de ley en la Asamblea Nacional el 12 de febrero de 2009, una legislación que incluyó garantías de todo tipo para la empresa, todo el pasado conflictivo quedó borrado de un plumazo. Borrados todos los juicios, todas las demandas y multas pendientes. Después, vinieron otras leyes, siempre en beneficio de la transnacional.

Nunca las relaciones con la transnacional española que distribuye la energía fueron tan fluidas como con este gobierno. ¿Y qué pasa con la generación de energía alternativa? Está crecientemente en manos privadas, aun cuando la base de la generación sean recursos naturales del país, como el viento, el agua, los volcanes. Todos los nuevos proyectos de energía eólica, hidroeléctrica o geotérmica han sido concesionados a las empresas transnacionales, en las que Ortega y su grupo tienen participación accionaria.

Mónica Baltodano

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Human Rights Watch denunció detenciones y procesos penales arbitrarios en Nicaragua

En un duro informe, la organización exigió una respuesta activa de la ONU

HRW plantea que existe una "estrategia gubernamental para eliminar la competencia política, reprimir el disenso y facilitar la reelección de Daniel Ortega par

 

Human Rights Watch (HRW) presentó este martes un informe que detalla "hostigamientos", "arrestos" y "procesos penales arbitrarios" contra voces críticas al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. El documento incluye recomendaciones concretas al Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, para que escale la respuesta de la ONU ante la situación que atraviesa el país centroamericano. "Nicaragua está ante una hora crítica que no tiene un ejemplo similar en los últimos 30 años en América latina", aseguró en la presentación del informe José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

En el informe, HRW plantea que existe una "estrategia gubernamental para eliminar la competencia política, reprimir el disenso y facilitar la reelección de Ortega para un cuarto mandato consecutivo". Los arrestos de opositores en Nicaragua continuaron el martes con la detención de la ex primera dama María Fernanda Flores y del periodista Miguel Mendoza. Con ambos se eleva a 19 el número de opositores detenidos, entre ellos cinco precandidatos a la presidencia. A todos se les aplica una ley aprobada por el Congreso que permite procesar a quienes, a juicio del gobierno de Ortega, cometan actos que "menoscaban la independencia y la soberanía" e incitan "a la injerencia extranjera".

Entre enero y junio de 2021, HRW entrevistó por teléfono a 53 personas en Nicaragua, incluyendo a activistas, abogados, periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos que han sido "víctimas de hostigamiento o detenciones arbitrarias". La organización revisó fotos y videos tomados durante las detenciones y vigilancias policiales, así como informes de prensa y publicaciones de organizaciones locales e internacionales de derechos humanos.

"Las prácticas y políticas represivas encabezadas por el gobierno de Daniel Ortega y la señora Rosario Murillo (su pareja y vicepresidenta) no son felizmente habituales en la región", aseguró Vivanco, quien comparó la situación actual en Nicaragua con el régimen de Alberto Fujimori en Perú (1990-2000). "No recuerdo en todo este tiempo una represión así, donde vayan casa por casa y simultáneamente se arreste a los principales líderes que pueden disputarle el poder a Ortega sin el debido proceso y violando las normas básicas del estado de derecho, manteniendo a todos separados de sus familias", remarcó.

Como ejemplo de esa lógica Vivanco citó el caso de Cristiana Chamorro, periodista y precandidata presidencial: "Está secuestrada en su hogar y limitada a su dormitorio. Unos delincuentes armados están en control del resto de su casa. Ha podido apenas por un par de minutos hablar con su abogada, pero no le permiten el acceso regular a la defensa". Chamorro fue procesada y está siendo investigada por presunto lavado de activos mediante una fundación que lleva el nombre de su madre, Violeta Chamorro. Para el director regional de HRW, "los cargos en su contra son evidentemente fabricados y lo único que se persigue es sacarla de la contienda electoral".

A través de un comunicado publicado el 14 de junio, el gobierno de Nicaragua advirtió que asumirá "como un ataque frontal" a su soberanía cualquier intento "de socavar una investigación" contra los líderes opositores detenidos bajo la Ley 1055. Ante la consulta de Página/12 respecto a si HRW pudo contactarse con autoridades gubernamentales, la subdirectora para las Américas de la organización, Tamara Taraciuk Broner, aseguró: "Hicimos solicitudes formales al gobierno de Nicaragua pidiendo información detallada sobre todas nuestras conclusiones y la postura oficial, y hasta el momento no nos han respondido".

Durante la presentación del informe, Vivanco fue particularmente crítico con la abstención de Argentina y México durante la votación en la Organización de los Estados Americanos (OEA) para repudiar la situación en Nicaragua. "Es un grave retroceso para Argentina que convoque como pretexto para no emitir un voto el principio de no intervención del país", aseguró el abogado chileno. En cambio, Vivanco valoró la nueva declaración del gobierno argentino. "Me parece muy acertada, pidiendo además la venida de su embajador en Nicaragua. Es fundamental que Argentina retome su apoyo y adhesión con las obligaciones jurídicas internacionales de universalidad de los derechos humanos. Prefiero a un gobierno que rectifica y lo hace a tiempo, a uno que se mantiene tozudamente en sus posiciones cerradas", remarcó.

Sobre la base de su llamado a la acción por los derechos humanos, HRW considera que el secretario general António Guterres debería invocar el Artículo 99 de la Carta de la ONU para presentar la situación en Nicaragua ante el Consejo de Seguridad, tratándose de una crisis que involucra "graves violaciones de derechos humanos y podría generar inestabilidad en la región". Louis Charbonneau, director para las Naciones Unidas de HRW, recordó que en septiembre de 2017 Guterres impulsó al Consejo de Seguridad para que tratara específicamente el tema de la limpieza étnica de los musulmanes rohingyas en Myanmar. Charbonneau destacó que el secretario general de la ONU "acaba de ser reelecto para un segundo mandato, así que no tiene nada que perder".

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El precio de la perpetuación de Daniel Ortega

Las protestas en Nicaragua han erosionado la alianza entre el gobierno, el gran empresariado y las iglesias. Entretanto, la represión alentada por Daniel Ortega y Rosario Murillo aumenta y las elecciones de noviembre de 2021 están lejos de ser competitivas. Las fuerzas contrarias al régimen se encuentran disgregadas y las detenciones de potenciales candidatos se han vuelto cotidianas.

Tomás Borge fue guerrillero fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y miembro de su dirección nacional durante el gobierno que siguió a la Revolución Nicaragüense (1979-1990). Antes de su muerte en 2012, y tras el retorno del FSLN al poder por la vía electoral seis años antes sobre la política del país centroamericano: «Todo puede pasar aquí, menos que el Frente Sandinista pierda el poder […] Me es inconcebible la posibilidad del retorno de la derecha en este país. Yo le decía a Daniel Ortega: «hombre, podemos pagar cualquier precio, digan lo que digan, lo único que no podemos es perder el poder». Digan lo que digan, hagamos lo que tenemos que hacer, el precio más elevado sería perder el poder. Habrá Frente Sandinista hoy, mañana y siempre».

La entrevista ayuda a entender dos cosas. Primero, la naturaleza del régimen de Daniel Ortega desde 2007, que se ha empeñado en cooptar (y cuando fuese necesario, desmantelar) las instituciones democráticas del país, y también se ha dispuesto a vaciar el contenido ideológico del FSLN, abandonando la promesa de la redistribución de la riqueza y del progresismo social con el fin de tomar y preservar el poder. En otras palabras, Ortega ha preferido convertir al FSLN en una fuerza de derecha que permitir el retorno de «la derecha». Durante más de una década, esta mentalidad ha permitido que la familia Ortega -él es presidente y su esposa Rosario Murillo la vicepresidenta- construyera un fuerte consenso autoritario en Nicaragua, con el apoyo tácito de los antiguos enemigos «contrarrevolucionarios» de los años 80. 

Pero en 2018, una explosión de indignación popular –así como la sangrienta represión posterior– pulverizó el consenso autoritario y desequilibró al régimen. En segundo lugar, las palabras del comandante Borge ayudan a explicar por qué, a pesar del enorme deterioro socioeconómico y aislamiento internacional que acompañó el estallido del 2018, es probable que Ortega y Murillo se perpetúen en el poder este año. Bajo su mandato, el gobierno de Nicaragua ha desarrollado una especial voluntad y capacidad represiva, en proporciones que no hemos visto en América Latina desde la caída de las dictaduras anticomunistas de los años 60 y 70. 

Desde la crisis de 2018, muchas cosas han cambiado en Nicaragua, pero otras permanecen igual. De cara a las elecciones programadas para noviembre de 2021, la previsible victoria de Ortega será fruto de unas «elecciones autoritarias» en las que el régimen controlará las reglas del juego. Buscando evitar el más mínimo riesgo, o quizás con el propósito de desafiar a la comunidad internacional, el orteguismo ya ha inhibido, enjuiciado, y encarcelado a los principales aspirantes opositores a la presidencia. Ante la problemática nacional y su probable prolongación, ¿por qué no ha podido la oposición nicaragüense crear una alternativa y contrapeso al FSLN, ahora hegemonizado completamente por la familia Ortega-Murillo? Esta última cuestión es la que se debate en este artículo, en el que primero se contextualizará la naturaleza del régimen y su «reconsolidación» después de la crisis política de 2018; posteriormente se señalará la naturaleza de la oposición, con los pasivos y errores que arrastra y, finalmente, se expondrá cuál es el escenario que se prevé para el día después de las elecciones de noviembre de 2021.

El orteguismo (2007-2018): del consenso a la crisis

Desde 2007 hasta 2018 Daniel Ortega articuló un régimen que –a pesar de su retórica revolucionaria– combinaba una alianza informal con las elites económicas (el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y las elites religiosas (iglesias católica y evangélicas), a la par que impulsó políticas sociales focalizadas para paliar la situación de pobreza extrema –sin combatirla sustancialmente– en la que están sumidos la mayor parte de la población del país, sobre todo en el ámbito rural. Apoyado en esta triple alianza –y con el control absoluto sobre el FSLN– Ortega rápidamente cooptó las instituciones del país, incluyendo todos los poderes del Estado y también las fuerzas de seguridad, especialmente la Policía Nacional. 

El trueque autoritario del orteguismo – promesa de estabilidad a cambio de control político– se extendió también al ámbito internacional. A sus antiguos oponentes en Washington, Ortega se vendió como un estable y efectivo socio, especialmente en comparación a sus caóticos vecinos en el llamado Triángulo Norte, en la lucha contra el narcotráfico y la migración en dirección al norte.

Respecto de la alianza con la gran empresa, cabe destacar que el gobierno no cambió el modelo productivo heredado de tres lustros de desarrollo neoliberal, ni en el agro ni en los servicios. Cuando Ortega fue elegido presidente en 2006, el gran capital del país temía una restructuración al estilo Chávez. Al contrario, gracias a la inserción del país en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) en 2007, los grupos económicos más poderosos pudieron usufructuar créditos blandos y expandir sus mercados durante más de una década. En cuanto a la entente con las iglesias destacó el discurso que Ortega repitió desde la campaña de 2006, que calificaba a Nicaragua como «cristiana, socialista y solidaria». Pero esta posición no fue solo discursiva, sino que el mismo régimen ayudó a impulsar una de las legislaciones sobre el aborto más retrógradas del continente (criminalizando incluso el aborto terapéutico, derecho protegido no solo por la Revolución Sandinista, sino también por la anterior dictadura de los Somoza). 

En lo que atañe al apoyo de los sectores populares, cosa difícil de medir en un contexto autoritario, el gobierno creó una amplia red clientelar a través de programas de transferencias (generalmente en especies) gestionados desde el aparato partidario del FSLN, que se solapó con la administración del Estado. Este aparato, en un inicio, se organizó en todo el territorio a través de los Consejos de Poder Ciudadano (CPC), que tenían un claro componente político-partidario y posteriormente se transformaron en los Gabinetes de Familia (GF) y adquirieron un perfil más institucional. Con todo, tanto los CPC como los GF han sido órganos que suponían, además del último eslabón en la implementación de políticas asistencia social, un mecanismo de control partidario de naturaleza clientelar y movilizadora a lo largo de todo el territorio nicaragüense.

El régimen gozó de una notable estabilidad durante más de una década. Con el tiempo, las arbitrariedades (incluido un falló judicial para permitir la reelección inconstitucional de Ortega en 2011) fueron creciendo. Pero a pesar de ello, las alianzas del FSLN con partidos de oposición –en especial, el Partido Liberal Constitucionalista del expresidente Arnoldo Alemán–, la empresa privada y las instituciones eclesiásticas se fueron cristalizando. Y aunque las sucesivos gobiernos estadounidenses recortaron las ayudas, mostraron poco interés en agitar las aguas en Nicaragua. Por su combinación de prudencia macroeconómica y programas paliativos, Ortega se convirtió en consentido del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, cuyos funcionarios no se preguntaron si el crecimiento económico conllevaba además el acoso a los disidentes, al desmantelamiento de las instituciones, o a la articulación de un proyecto dinástico. 

La sociedad nicaragüense, sin embargo, pasó la factura en 2018 cuando miles de jóvenes salieron a las calles a protestar. 

Al inicio, las movilizaciones se centraron en la denuncia del malestar que provocaban las reformas del sistema de pensiones y la mala gestión gubernamental ante los incendios en la reserva de la biosfera de Indio Maíz, pero rápidamente se sumaron diversos colectivos que impugnaron al régimen en su totalidad, por su carácter arbitrario, represivo, y corrupto. Con ello, las elites que habían pactado con Ortega ignorar la gobernanza democrática a cambio de estabilidad, vieron como el sueño de la paz social tocaba su fin. Al final, la estabilidad que se compró fue muy volátil, se pagó muy caro con la erosión de las instituciones y las normas necesarias para garantizar la paz a largo plazo. 

La crisis del 2018 puso a prueba la estabilidad del régimen y sacudió a la base histórica del Frente Sandinista. En lugar de gestionarla mediante concesiones o un auténtico proceso de diálogo con los nuevos grupos, el gobierno la empeoró, optando por la estrategia de represión. La «operación limpieza» –término prestado de la época de los Somoza– funcionó, en el sentido de que eliminaron los tranques y barricadas. Pero además del terrible costo humano –más de 300 muertos según el conteo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), centenares de presos políticos y miles de exiliados, la mayoría a Costa Rica– la recuperación del control territorial implicó un costo político para el régimen. Fue en este contexto en el que se rompió la coalición informal entre el gobierno, las elites económicas y las iglesias, que se posicionaron en contra de la reacción violenta, que ya no podía seguir presentándose como garante de la estabilidad y de la paz. 

Sin embargo, la crisis no supuso la caída del FSLN. Muchos esperaban que Ortega se fuera, tal como ocurrió con 15 presidentes en nueve países de la región entre 1992 y 2016. Pero si bien en la crisis de 2018 existieron algunos factores presentes en otros episodios de caídas presidenciales –la recesión económica, escándalos de corrupción, manifestaciones masivas, etc. – el alto grado de control de la institucionalidad por parte de las fuerzas gobernantes contuvo el colapso del sistema. En este caso el control se materializó en el uso (y abuso) de la fuerza de la Policía Nacional –además de grupos parapoliciales– para eliminar las protestas de forma violenta. Otro elemento central en la crisis fue el papel del ejército, qué si bien se negó a participar directamente en la represión, cedió el espacio a esos grupos. 

Otro elemento explicativo acerca de las caídas presidenciales es la actitud del ejecutivo ante ellas. En este caso el presidente, el FSLN y sus organizaciones afines nunca cedieron y enarbolaron un discurso totalmente acrítico. Así, los medios oficialistas acusaron de vándalos y terroristas a quienes habían salido a las calles y anunciaron que la crisis sería el comienzo de la «tercera fase» de la revolución popular sandinista a partir de la participación de las bases leales, la depuración de los arribistas, y la cancelación de las alianzas tácticas con las jerarquías eclesiásticas y empresariales. Bajo la narrativa de que las protestas eran parte de un «golpe de estado encubierto» de la derecha y Estados Unidos, el gobierno ignoró el clamor opositor de elecciones anticipadas. 

Con el tiempo el gobierno logró repelar esta y otras demandas de apertura democrática. Mientras el orteguismo reagrupaba su base, la coalición opositora del 2018 se desarticulaba. La crisis sanitaria del covid-19 reforzó ambas tendencias, pues el gobierno aprovechó para implementar nuevas leyes represivas, y el antiorteguismo desaprovechó una oportunidad para configurarse como alternativa responsable –y cohesionada– a las políticas negacionistas y erráticas de las autoridades. Ese es el contexto para el actual proceso pre-electoral que se está dando de cara al voto programado para el 7 de noviembre.

¿Quién se opone al FSLN?

Queda claro que el régimen de Ortega resistió el embate opositor gracias a su control de las instituciones y al uso de la fuerza. Pero su permanencia también se debió en parte a la naturaleza de la oposición y las decisiones que tomó su fragmentada dirigencia. Los antiorteguistas no han podido (por la feroz represión) ni sabido (por su propias limitaciones) crear un contrapeso a la dictadura. 

Primero porque la oposición que surgió a raíz de la crisis del 2018 fue una coalición negativa amplia pero poco cohesionada. Las manifestaciones, autoconvocadas al margen de liderazgos o organizaciones existentes, dieron cuenta de una gran pluralidad de sensibilidades ideológicas e intereses sectoriales. Aunque los universitarios de Managua detonaron la explosión social, en pocos días se sumaron jóvenes de todos los estratos, sociedad civil, movimientos sociales y organizaciones campesinas. La Iglesia católica y los empresarios del sector privado también apoyaron el reclamo de apertura democrática, que juntó un sandinismo disidente, que vio a Ortega como traidor a la causa, con un antisandinismo que siempre concibió la Revolución de 1979 como una tragedia nacional. 

El desdén y el descrédito compartido por el régimen permitió que se suprimieran diferencias ideológicas y conflictos de interés, pero con el tiempo, las exigencias de la crisis social –sumada a la crisis sanitaria por la pandemia– atentaron contra la cohesión de esa coalición informal, multiclasista, y plurisectorial. En cualquier caso, una cosa es la protesta en la calle y otra muy diferente la competición en la arena electoral. Las dos principales organizaciones surgidas a raíz del estallido –Alianza Cívica (AC) y Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB)– no lograron convertir la energía callejera en moneda para negociar reformas clave, ni pudieron convertirse en vehículo electoral o fuerza política. 

Este fracaso también se explica en gran medida por la propia naturaleza de la oposición, cuya capacidad para convertirse en alternativa de gobierno siempre ha sido condicionada por los mismos procesos de desdemocratización que aferraron a Ortega al poder. El debilitamiento del sistema de partidos políticos creado a partir de la transición de los años 90 sigue jugando un papel central. Al ser absolutamente controlado por la familia gobernante, el Consejo Supremo Electoral le permite al orteguismo elegir quien puede participar en la competencia electoral y quien no. Esto, a su vez, le da poder de veto sobre los procesos de unidad en la oposición, pues el gobierno amenaza con cancelarle la personería jurídica a cualquier partido político que decide tensionar las reglas del juego. 

También el peso desproporcionado de la empresa privada en el entorno opositor es un factor importante de su inoperancia. Antes de 2018, eran los grandes empresarios los principales interlocutores con el FSLN y el resto de organizaciones políticas y de la sociedad civil. Posteriormente, a pesar de que este «modelo de diálogo y consenso» quedó caduco, la lógica no ha cambiado: la empresa continúa teniendo una relación privilegiada, siendo para todos los efectos la única fuerza que ha sido invitada a mesas de diálogo con el gobierno desde la crisis. En los últimos tres años, las fuerzas opositoras más cercanas a la sociedad civil y a los movimientos sociales han acusado al sector privado de estar más interesados en mantener esa posición preeminente que en formar parte de un único y robusto bloque opositor en favor de la democracia. Lo expuesto también da cuenta de la paradoja de que los grandes empresarios y los partidos políticos legales exigieran un cambió de régimen en 2018, a inicios del 2021 estuviesen dispuestos a aceptar condiciones electorales vergonzantes. 

Tampoco ha ayudado la falta de una oferta política lúcida por parte del universo antiorteguista. Yuxtaponiéndose con el autoritarismo de Ortega, casi todos los grupos de la fragmentada oposición enarbolan la promesa de un «retorno» a la democracia liberal, un reclamo con poco calado en un país que nunca ha tenido un sistema democrático duradero ni una cultura política cívica, y donde casi ninguno de los derechos que aparecen en la Constitución son efectivos. 

A pesar de ello, la oposición recurre con cierta nostalgia al intento de construcción de un sistema democrático-liberal que se dio en 1990 después de las elecciones que finiquitaron la Revolución Popular Sandinista. Cristiana Chamorro, quien se había perfilado como la candidata con mayores capacidades para unificar a la oposición –hasta que el gobierno le dictara prisión preventiva por supuesto «lavado de dinero» en la ONG que dirige– ha hecho uso efectivo de la memoria de su madre, Violeta Barrios de Chamorro, vencedora de Daniel Ortega en aquella ocasión. El valor de este recurso es evidente: en 1990, la democracia electoral sirvió como herramienta para poner fin a una espantosa guerra civil apoyada desde el exterior. Pero es un arma de doble filo. Con la democracia representativa y expandidas libertades individuales se impulsaron duras políticas de austeridad y ajuste que borraron varios derechos económicos y sociales defendidos durante la década revolucionaria. Tampoco se atendieron los traumas rezagados del conflicto armado. 

Los resultados socioeconómicos de las tres administraciones posrevolucionarias (1990-2006) supusieron un crecimiento con desigualdad y estratificación, a la vez que introdujeron un imaginario de ostentación privada y consumismo opuesto al relato igualitarista y estatista de la década sandinista. Al obviar las condiciones socioeconómicas que acompañaron la transición de los años 90, la oposición ignora que esa misma institucionalidad liberal sirvió como caldo de cultivo para la oferta autoritaria del orteguismo. 

La propuesta debe ir más allá de la defensa de la democracia, pero también brilla por su ausencia un mensaje socioeconómico coherente por parte de la oposición con el que pueda sintonizar la mayoría de los ciudadanos nicaragüenses que viven en la pobreza o que depende de instituciones estatales. Es indispensable, pero insuficiente, reclamar justicia por los crímenes perpetrados durante la represión, ya que las encuestas demuestran que el desempleo y la inseguridad son las preocupaciones centrales de los nicaragüenses. Ningún nicaragüense sabe cómo una alternativa democrática a Ortega gestionaría las ganancias del crecimiento económico de manera diferente, pues el mismo liderazgo empresarial que ahora forma parte de la oposición fue arquitecto y gestor de la política macroeconómica bajo el sistema autoritario de la última década. 

Mientras tanto, la propaganda orteguista insinúa que con el retorno de la «derecha» se cancelarían las políticas sociales focalizadas existentes que, a pesar de ser mejorables y clientelistas, representan una ayuda significativa para centenares de miles de nicaragüenses. Aquí, la memoria de la transición democrática coadyuva el discurso oficial: el recuerdo de las privatizaciones, los despidos de trabajadores públicos, la jibarización de la inversión pública durante las administraciones de Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, la retirada del Estado en zonas rurales y periféricas es aún traumática para muchos. 

En general, el gran problema de la oposición antiorteguista es que no ha sido capaz de apelar a una identidad común en función de un proyecto positivo. Al contrario, algunos sectores de la oposición han intentado movilizar a la población a partir de un anti-sandinismo instintivo y visceral, y a menudo torpe, ya que buena parte de la insurrección cívica del 2018 procedió de nicaragüenses con raíces o incluso historia de militancia en el sandinismo de los 80, e incluyó también orteguistas que abandonaron el régimen a raíz de su carácter represivo. En este sentido, es complicado armar un discurso mayoritario si se criminaliza (y no integra) la identidad «sandinista» que, de lejos, es la más extendida del país. Además, el discurso antisandinista furibundo reditúa a Ortega porque, al posicionarlo como referente único del sandinismo, favorece su consolidación dentro del partido, en vez de fraccionarlo. La polarización (alimentada por el revanchismo) favorece a Ortega y confirma su discurso. 

La oposición se ha mostrado, además, excesivamente dependiente de la comunidad internacional. Los gobiernos extranjeros y las organizaciones internacionales pueden presionar a Ortega, dar oxígeno a la sociedad civil, y aminorar hasta cierto punto el clima de represión. Pero no pueden resolver los problemas de fondo ya descritos. Un creciente régimen de sanciones liderado por Estados Unidos y la Unión Europea ha sofocado algunas vías de financiamiento internacional del gobierno, pero no ha resultado en concesiones democráticas o efectos positivos para los ciudadanos. Y cuando la oposición ha celebrado las sanciones, el discurso orteguista ha podido alimentar su apelación a la soberanía nacional y al orgullo patrio.

Así, mientras el antiorteguismo se atomiza en múltiples rencillas, Ortega vuelve a componer su base política a partir de un relato «articulado» de lo sucedido en 2018, apelando a la tesis de un «golpe blando». Con ello la propaganda del FSLN proyecta una visión trágica y caótica de lo que sucedería fuera despojado del poder y enarbola un discurso anti-antisandinista, a la par que apela a una supuesta «reconciliación y paz social» y al nacionalismo antiimperialista. Así las cosas, según la última encuesta realizada por CID-Gallup, el FSLN mantiene un apoyo de 25% de los votantes, mientras que ninguna formación opositora llega ni a 5%. La mayoría de la población, desilusionada o enfocada en sobrevivir, no simpatiza con ningún partido político. 

Las elecciones de noviembre: ¿perpetuación en el poder? 

Con todo y la debilidad de la oposición, la dictadura de Ortega ha estado a la ofensiva. A inicios del 2021, el anti-orteguismo estaba dividido en dos bloques: la Alianza Ciudadana, cercana al llamado «gran capital» nicaragüense, y la Coalición Nacional, más cercana a la sociedad civil y compuesta por una extraña amalgama de partidos políticos, movimientos sociales y agrupaciones opositoras surgidas en 2018. Entre los dos habían al menos diez aspirantes a la presidencia. Mientras los grupos opositores se atacaban entre ellos, la Asamblea Nacional (bajo el control del FSLN) impulsó una serie de reformas, que además de suponer un mayor control del gobierno sobre las elecciones, criminalizan a la disidencia y sociedad civil bajo diversos delitos, entre ellos «traición a la patria» y «lavado de dinero». A medida de que se han ido acercando las elecciones, el nuevo marco legal ha sustentado una verdadera cacería de disidentes. Ahora los cuatro candidatos más visibles de la fragmentada oposición –Cristiana Chamorro, Juan Sebastian Chamorro, Arturo Cruz, y Felix Maradiaga– están detenidos, junto a otros dirigentes del empresariado y sociedad civil. Sumada a la reacción violenta contra las manifestaciones del 2018, se trata de la oleada represiva más grave en América Latina desde las transiciones a la democracia de hace tres décadas.

El contexto para la crisis nicaragüense no puede ser mejor para los intereses de Ortega, ya que coincide con una regresión autoritaria en la región, especialmente en Centroamérica. Muestra de ello es el deprecio del presidente nicaragüense a varios organismos internacionales –entre ellos la Organización de Estados Americanos y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas– que han exigido la liberación de los presos políticos. Las discrepancias internas dentro del sistema interamericano, evidenciada en la reacción a la crisis boliviana de hace un año, tampoco hace fácil un esfuerzo multilateral para encontrar una salida negociada. 

«Se puede hablar de elecciones justas, libres y transparentes en Nicaragua?», preguntó recientemente Sergio Ramírez. «Los hechos lo niegan» -se respondió-. El problema de las democracias imperfectas de Latinoamérica es que, aunque los votos se cuenten de manera transparente, los problemas socioeconómicos de fondo siguen sin resolverse. Por eso, en parte, las instituciones van perdiendo credibilidad. Pero en Nicaragua es peor, pues los votos no se cuentan y los electores no tienen la capacidad, como en otros países, de «corregir el rumbo». 

En Nicaragua no existe la posibilidad de competir por el poder a través de las urnas, pero eso no significa que sea irrelevante el proceso electoral de las elecciones de noviembre. Lo que está en juego es la legitimidad de las gobernanzas autoritarias y democráticas, así como el imaginario de las opciones políticas en liza. La perpetuación de Ortega va a suponer la impunidad por los «crímenes de lesa humanidad» identificados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la crisis de 2018 y la certeza de nuevas violaciones a los derechos humanos. Queda por ver si en su probable cuarto mandato consecutivo Ortega logrará transitar hacia un nuevo modelo de estabilidad autoritaria, reforzando un sistema político sin ningún tipo de rendición de cuentas. En otro orden de cosas, es imposible saber si a corto plazo se generarán renovadas condiciones para otro estallido social aunque, como nos demuestra la historia, las dictaduras dinásticas siempre terminan desembocando en un callejón sin salida. 

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Detienen en Nicaragua a otro aspirante a presidente

Managua. El aspirante opositor a la presidencia de Nicaragua Félix Maradiaga fue detenido ayer tras declarar ante el Ministerio Público, que abrió una investigación en su contra por actos contra la soberanía, terrorismo y aplaudir sanciones, informó la fiscalía.

La Policía Nacional detalló que Maradiaga es investigado por realizar actos "que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera y pedir intervenciones militares".

Además, se le acusa de "organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización".

Los cargos atribuidos a Maradiaga están contemplados en la ley de defensa de los derechos del pueblo y soberanía y de agentes extranjeros, aprobada en diciembre pasado.

La Fiscalía también investiga a Maradiaga por incumplir y haber desvirtuado los fines del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP).

Dicha ONG fue cerrada a finales de 2018 por el Congreso, junto con otras organizaciones críticas con gobierno.

El tercero en una semana

Maradiaga, de 44 años, es el tercer precandidato detenido en una semana, en el contexto de los próximos comicios del 7 de noviembre, tras los arrestos de la periodista Cristiana Chamorro y el ex diplomático Arturo Cruz. Maradiaga era el precandidato del bloque opositor no parlamentario Unidad Nacional.

Chamorro, quien permanece en arresto domiciliario, no pertenece a ningún partido, pero sondeos indicaban que tenía mayor respaldo ciudadano, después del presidente Daniel Ortega, quien según sus adversarios buscará un cuarto mandato sucesivo.

La opositora es acusada de lavado de dinero a través de la fundación que lleva el nombre su madre, la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro, mientras Cruz enfrenta cargos de atentar contra los derechos del pueblo.

El arresto "arbitrario" de un tercer opositor en Nicaragua demuestra que el presidente Daniel Ortega es un "dictador", sostuvo el Departamento de Estado de Estados Unidos.

En tanto, la vicepresidenta Rosario Murillo advirtió que "la justicia llega tarde, pero llega", tras mencionar que los avances de su gobierno fueron "violentados por personas egoístas", en alusión a las protestas de 2018.

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Sábado, 05 Junio 2021 06:18

El G7 rumbo a un pasaporte sanitario

El G7 rumbo a un pasaporte sanitario

Los ministros de salud buscan repartir más vacunas y crear una carta sanitaria mundial

Los ministros de Salud de los países integrantes del G7 acordaron este viernes desarrollar normas internacionales que permitan el reconocimiento mutuo de los resultados de test y certificados de vacunación para la covid-19 en todos los países. También preveen extender las medidas para otras enfermedades. “El uso de los certificados de vacunación debe basarse en las últimas pruebas científicas y en la situación epidemiológica actual”, precisaron en un comunicado conjunto.

“Nos reunimos en medio de la pandemia de covid-19, que sigue teniendo un impacto devastador en las vidas, los medios de subsistencia y las economías de todo el mundo”, señalaron los ministros. A una semana de la cumbre del G7 que se celebra del 11 al 14 de junio y que este año tiene como anfitrión al Reino Unido, los ministros de Salud de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y Estados Unidos se reunieron en la ciudad de Oxford. “Para reafirmar la importancia de la colaboración internacional en materia de salud, en el contexto de una importante crisis mundial”, escribieron en un comunicado emitido tras dos días de reuniones virtuales y presenciales.

Los funcionarios se comprometieron con un nuevo acuerdo internacional para facilitar y agilizar compartir los resultados de ensayos de vacunas y tratamientos para combatir la covid-19 y prevenir futuras amenazas para la salud, en referencia a la Carta de Ensayos Clínicos de Terapias y Vacunas del G7, publicada este viernes. “Establece nuestros principios compartidos para acelerar la velocidad con la que los ensayos clínicos generan pruebas sólidas y sus resultados puedan ser implementados en esta y futuras pandemias”, explican en la declaración conjunta.

“Apoyamos una mayor colaboración en ensayos internacionales a gran escala que permitan una mayor diversidad de participantes en los ensayos, que eviten la duplicación innecesaria de esfuerzos y produzcan pruebas clínicas que sean generalizables a un mayor número de poblaciones y lugares”, acordaron en relación con los ensayos clínicos. “Esto incluye una búsqueda más rápida de las necesidades específicas que reflejen la diversidad de todos los grupos de población, incluidos los niños y las mujeres embarazadas, y garantizar la participación de los ciudadanos para reforzar la confianza en la ciencia”, agregaron.

Por su parte, el ministro de Salud británico, Matt Hancock, explicó de qué trata la Carta de Ensayos Clínicos de Terapias y Vacunas. "Contiene una serie de medidas para que todos estemos más seguros mediante la mejora de los ensayos clínicos, un acceso más rápido y amplio a vacunas seguras, un mejor uso de los datos, herramientas de vigilancia sanitaria más precisas y una mayor colaboración entre países", dijo Hancock a través de un comunicado. El acuerdo viene después de que los líderes de la industria farmacéutica se comprometieran a reducir el tiempo de desarrollo y despliegue de nuevos diagnósticos, terapias y vacunas a sólo 100 días.

El grupo de ministros también expresó su intención por homogeneizar las bases de dato de información de salud para facilitar que o también expresan su intención de homogeneizar las bases de datos de información de salud para facilitar que sea compartida por "proveedores sanitarios en diversos países".

También hicieron hincapié en la colaboración para mejorar la vigilancia mundial del coronavirus y la detección de futuras amenazas sanitarias. En este sentido, reafirmaron el papel central de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a la que Estados Unidos regresó el pasado enero con la llegada de Biden a la Casa Blanca tras la decisión del expresidente Donald Trump de sacar a EE.UU. en julio de 2020.

Sobre el reparto de vacunas contra la Covid-19, los ministros de Sanidad se comprometieron a compartir las dosis con las naciones en desarrollo a través del dispositivo internacional Covax. Este punto está en el centro del debate con llamamientos a los países ricos para que incrementen sus esfuerzos. Desde instituciones científicas y organizaciones humanitarias le pidieron al primer ministro británico y anfitrión de la cumbre del G7, Boris Johnson, donar el 20 por ciento de las vacunas que tiene el Reino Unido en un esfuerzo por salvar vidas y evitar la propagación de nuevas variantes de la covid-19.

Johnson recibió una carta de parte de Jeremy Farrar director del Wellcome Trust -una organización con sede en Londres que financia investigación científica- y del director ejecutivo de Unicef en el Reino Unido, Steven Waugh. "En el Reino Unido, el despliegue de la vacunación ha sido un éxito fenomenal y ya ha salvado innumerables vidas", escriben. "Sin embargo, en todo el mundo hay demasiados países que aún carecen de dosis para proteger a los trabajadores sanitarios y a los más vulnerables"

"Como presidente del G7, el Reino Unido tiene la oportunidad de marcar la pauta para la acción global en el reparto de dosis. Hace tres meses, usted prometió con orgullo que el Reino Unido compartiría las vacunas con el mundo. Ahora le pedimos que convierta esta promesa en realidad", señalaron Farrar y Waugh en la misiva

05 de junio de 2021

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Viernes, 28 Mayo 2021 06:22

La caída

La caída

En los últimos días se ha recordado escena de la película “La caída” o “Der Untergang” por su título original. Y aunque ha sido utilizada desde las marchas de estudiantes universitarios en el 2011, hoy vuelve a tomar vuelo y mayor significado gracias a la parodia de “Juanpis González”, que recrea el momento en que el Führer es informado por sus lugartenientes que ha sido derrotado, entrando en cólera absoluta.

De la producción cinematográfica en mención, también se recuerda un fragmento desgarrador. En medio del feroz bombardeo en Berlín, Hitler decide salir de su bunker para “condecorar” por su “nacionalismo” a niños que eran utilizados como carne de cañón en medio de la confrontación militar. En el film que retrata el hundimiento del tercer Reich, el líder se aferra al poder y la violencia hasta las últimas consecuencias.

En Colombia más allá de la parodia y la ficción, podemos estar asistiendo a la caída del uribismo, proyecto político que empezó su hegemonía hace dos décadas con la “seguridad democrática”. En el 2002, Álvaro Uribe Vélez arrasó en primera vuelta obteniendo el 54,35 % del total de la votación. Fueron entonces 5.862.655 de colombianos que votaron por la promesa de derrotar aquel “enemigo común”, el terrorismo que amenazaba las instituciones democráticamente constituidas.

Este proyecto que contó con la asistencia militar norteamericana, la unanimidad del bloque del poder nacional, mayorías en el empresariado, las fuerzas militares, medios de comunicación, iglesias, el Congreso de la República, entes de control y las altas cortes, lo llevó a modificar la Constitución Política de Colombia, para poder presentarse a una segunda elección. En el 2006, obtuvo el 62.52 % del total de los votos, en esa ocasión fueron 7.397.835 colombianos los que reeligieron la promesa de encontrar solución a los problemas de la nación por la vía militar.

Sin duda alguna fue un octenio que dejó una estela de terror. La criminalización de la protesta social, agudización de la represión y violaciones de los Derechos Humanos, fueron una constante. Durante ese periodo, Colombia se constituyó en uno de los países más peligrosos para ejercer el sindicalismo, de acuerdo a los informes anuales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Por su parte, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ha informado que entre el periodo 2002 – 2008, “por lo menos 6.402 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente (asesinadas) para ser presentadas como guerrilleros dados de baja en combate, en todo el territorio nacional", en lo que se ha conocido con el eufemismo de “falsos positivos”.

Este proyecto político que contó en el pasado con el favor de la población, se encuentra en pleno hundimiento. De acuerdo a la encuesta de Ivamer Poll publicada el lunes 24 de mayo del 2021, la desfavorabilidad de Álvaro Uribe Vélez es del 73%. La debacle se expresa en medios gobiernistas norteamericanos como CNN, cuando uno de sus periodistas lo confronta: “muchos colombianos y colombianas se sienten ofendidos por su retórica”, refiriéndose a un trino que fue eliminado por Twitter en que alentaba a la fuerza pública a disparar en contra de los manifestantes del Paro Nacional, provocando la ira de Uribe. Días después, en este mismo canal, el presidente Duque fue impugnado como “títere de Uribe”.

En la actualidad el bloque de poder nacional que se encuentra fragmentado, cada vez toma más distancia de Uribe. Buscando en el centro político, si es que existe en la nueva realidad colombiana, las posibilidades de enviar un mensaje de cambio a la sociedad, pero en el cual el statu quo se conserve. En las fuerzas militares se comienzan a expresa algunas fisuras. En este contexto, el Director General de la Armada, el contralmirante Juan Francisco Herrera, sale por diferencias con el presidente Duque en relación a la protección del terminal portuario en Buenaventura. Es evidente que se pretendía profundizar el caos. El gabinete hace agua. El Alto Comisionado para La Paz Miguel Ceballos sale expresando diferencias con la intromisión de Uribe en las funciones propias de su cargo.

En medio de la caída, la reducida facción del uribismo se aferra desesperadamente al poder y la violencia. Pretenden establecer un estado de miedo y caos en las ciudades, estimulando la confrontación armada en lo urbano, y para eso necesitan una guerra urbana y mucha publicidad. El propósito es aparecer nuevamente como salvadores con el candidato del que diga Uribe. Hoy, el bloque de poder busca afanosamente su candidatura en el centro desmarcándose de Uribe, para competirle a Petro. Lo cierto es que Uribe no se encuentra en el centro de la ecuación como hace 20 años.

Cali-Valle del Cauca. Epicentro de la Resistencia. 24 de mayo de 2021

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Miércoles, 12 Mayo 2021 06:05

Fiesta de la libertad

Fiesta de la libertad

Henchido de alegría, el presidente del Interamerican Institute for Democracy (IID) Tomás Regalado, abrió el foro por la Defensa de la democracia en las Américas que tuvo lugar la semana pasada, en el hotel Biltmore de Miami:

Dijo: “Este es el evento más serio [sic] a nivel hemisférico que se ha realizado […]. Hoy vamos a escuchar a las voces de la verdad [sic], a presidentes y líderes excepcionales [sic] que nos dirán que la democracia es la única opción para alcanzar la libertad. ¡Bienvenidos a esta fiesta de la libertad!”

Como es imposible nombrar a todos los ponentes del foro, aquí van algunos: Alejandro Aguirre, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP); María Paula Romo (ministra de Gobierno del presidente saliente de Ecuador, Lenín Moreno); Carlos Alberto Montaner, legendario alcahuete cubano de la CIA y terrorista todoterreno; Carlos Sánchez Berzain, mano derecha del ex presidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada, y ambos prófugos de la justicia; Álvaro Uribe Vélez, ex presidente de Colombia, narcoterrorista y padrino político del actual, Iván Duque; Mauricio Macri, ex presidente de Argentina, con docenas de causas abiertas por espionaje, entreguismo y corrupción, y, faltaba más, el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

En el panel uno, la ecuatoriana Romo lamentó que en octubre de 2019 (12 días de protestas), "más de 400 policías y militares fueron secuestrados por los manifestantes". Y a su lado, el político peruano Luis González Posada advirtió que el candidato de izquierda Pedro Castillo sería “más transparente y honesto de lo que fueron Fidel Castro y Hugo Chávez porque él ha adelantado que en caso de ganar disolverá el Congreso…”. Mientras Montaner, moderador del panel, iba a lo suyo: “…a Cuba hay que darle un ultimátum. O deja de apoyar al narcorrégimen de Maduro en Venezuela o debe atenerse a las consecuencias”. Cosa que puso a temblar al gobierno de la isla.

El panel dos fue igual de luminoso. El cubano Eduardo Gamarra, de la Universidad Internacional de Florida, aseguró que la detención de la ex presidenta golpista Jeannine Áñez, mostraba que "en Bolivia la política se ha judicializado". Y el orador principal del panel tres, Sánchez Berzain (refugiado en Miami tras ser acusado del asesinato de 67 manifestantes en la ciudad de El Alto en octubre de 2003), aseguró que los gobiernos de Argentina y México son "paradictatoriales que le hacen de soporte a las dictaduras" (sic).

Sin embargo, cuando Macri subió al ­estrado del panel cuatro junto con Almagro y los ex presidentes de Colombia Andrés Pastrana, y de Costa Rica Luis Guillermo Solís, el recinto quedó semivacío. Aunque no por disentir con los ponentes. Horas antes de viajar a Miami, corrió la voz de que el argentino había estado en contacto estrecho con un legislador de su partido que había dado positivo de Covid y en esos momentos luchaba por su vida, intubado.

Impasible, Macri se limitó a recordar que "el coronavirus es menos peligroso que el populismo, pero que ahora existe una combinación más peligrosa: el populismo conduciendo una crisis sanitaria" (sic). “Las democracias –aña­dió– no mueren por golpes de Estado. Ahora, el proceso es gente que gana las elecciones (sic), y desde adentro empieza a socavar las instituciones”. Agregando algo que comparten libertarios de izquierda y derecha: "No hay ninguna crisis sanitaria que justifique que nos arrebaten nuestras libertades".

El foro de Miami fue ampliamente cubierto por Infobae, el tóxico portal mediático que dirige el oscuro empresario Daniel Hadad (otro de los invitados), quien hizo fortuna apoyando al gobierno de Carlos Menem (1989-99). Según algunos entendidos, Infobae contaría con el respaldo financiero de Mario Montoto, titular de la Cámara de Comercio argentino-israelí, y conocido traficante de equipos de seguridad, armas y pertrechos bélicos, durante el gobierno de Macri.

Finalmente, no hay fiesta sin cereza sobre el pastel. Por ende, Lenín Moreno comunicó al foro que "los servicios de inteligencia de Ecuador" (sic), habrían detectado ("y ya se lo he comunicado al presidente Iván Duque"), la "grosera intromisión del dictador Maduro en Colombia" (sic). Revelación que entre los asistentes al foro desencadenó un quejumbroso y sentido "¡ohhhhh!"

Autor de varios libros de humor, Moreno deleitó a los participantes del encuentro contando que en Quito un joven se le acercó para criticar su gestión: “‘Ojalá tuviéramos un mejor presidente’, dijo el muchacho. Y yo respondí: ‘Ojalá tuviera yo un mejor pueblo, también’”.

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. Imagen: EFE

Alarma por la detención de Iván Pavlov, defensor de Navalny

 

En una campaña coordinada en las dos principales ciudades de Rusia, las autoridades allanaron el viernes varias direcciones relacionadas con un abogado de la oposición conocido por su trabajo contra la FSB, la cada vez más asertiva agencia de seguridad del país. Ivan Pavlov, en Moscú para representar al ex periodista Ivan Safronov en un controvertido juicio por espionaje, fue detenido en su hotel a las seis de la mañana. Mientras tanto, a setecientos kilómetros al noroeste en San Petersburgo, comenzaron las redadas en la oficina de su organización legal, el departamento de su familia y un departamento que pertenece a su gerente de TI.

Un colega dijo que Pavlov estaba detenido bajo sospecha de revelar pruebas judiciales secretas. Pero el crimen del abogado parece ser más amplio: irritar al FSB con lo que sus amigos describen como un enfoque "pedante" de la ley. Su detención envía una advertencia clara a otros abogados con la intención de causar dificultades al estado.

Especializado en casos relacionados con inteligencia o espionaje, Pavlov se hizo cargo de los casos más sensibles producidos por el sistema legal de Rusia. Entres sus casos actuales está la representación de las estructuras legales del líder opositor encarcelado Alexei Navalny, que enfrenta cargos de extremismo.

Su defensa del periodista Safronov en particular parece haber llevado a una disputa pública con el FSB. El caso se mantuvo en secreto desde el principio y Safronov aún no recibió una explicación clara sobre los cargos que enfrenta. Pavlov se negó a firmar documentos que clasificaban formalmente los procedimientos, diciendo que los secretos de estado ya estaban cubiertos por las leyes existentes. Dijo que la solicitud equivalía a un intento de amordazar al equipo legal de Safronov.

“Nos están negando la posibilidad de una defensa decente al revelar los aspectos escandalosos del caso”, dijo en ese momento. En comentarios hechos en su página de Facebook, Yevgeny Smirnov, un colega del equipo 29, una asociación de abogados y periodistas rusos que defienden los derechos de los ciudadanos del país a acceder a la información, alegó que Pavlov había recibido varias amenazas directas de los investigadores del FSB que trabajaban en el Caso Safronov advirtiéndole sobre el arresto.

"Le dijeron directamente: te tenemos atragantado y vamos a arrestarte", escribió Smirnov. Quienes conocen a Pavlov lo describen como un “profesional meticuloso”, analítico y con un conocimiento incomparable de la ley.

Grigory Pasko, un periodista militar a quien Pavlov representó en dos juicios de espionaje de alto perfil a fines de la década de 1990 y principios de la de 2000, dijo a The Independent que los investigadores estatales se habían "enojado" con él porque era "muy inteligente". Fue casi "sorprendente" que el FSB hubiera "tardado tanto" en arrestarlo, agregó. "Iván es un matemático capacitado, lo que se puede ver en todos los aspectos de su trabajo", dijo. "No le gusta cometer errores y generalmente no los comete".

Habrían decidido hacerlo ahora por tres razones, sugirió Pasko. En primer lugar, para disuadir al equipo profesional de Pavlov de asumir casos que involucren a las agencias de seguridad. En segundo lugar, para que sirva de pretexto para devolverles el privilegio de nombrar abogados internos en los juicios secretos, esencialmente eliminando la defensa de las salas de audiencias. En tercer lugar, asustar a los abogados independientes en general.

Las agencias de seguridad de Rusia parecen estar operando con mayor libertad tras la victoria declarada del Kremlin en la votación constitucional de julio pasado. Esa votación le dio a Putin las llaves para permanecer en el poder hasta 2036. Desde entonces, y con el envenenamiento, la evacuación, el regreso y el encarcelamiento de Navalny como fondo, el aparato represivo del estado se aceleró. Con una intensidad nunca vista desde los días de la Unión Soviética, las autoridades cayeron con órdenes de allanamiento a las casas de decenas de figuras de la oposición, activistas y periodistas.

La mayoría de los abogados se libraron de intimidaciones directas. Pero en un adelanto  kafkiano de lo que le terminó pasando, Pavlov alertó sobre el inicio de detenciones en la región. Incluso fundó una organización llamada El Club de Praga para defender a los abogados que enfrentaran tales problemas. Pavel Chikov, quien dirige una ONG de defensa legal llamada Agora, dijo que parecía que el estado había decidido ahora "usar el código penal" contra toda la profesión legal.

Más tarde, el viernes, un tribunal se reunió sin Pavlov para decidir los términos de detención de Ivan Safronov, que ya lleva casi diez meses en la cárcel. La ausencia de un abogado defensor no afectó el resultado en particular y un juez aceptó rápidamente la solicitud de la fiscalía de prorrogar la prisión preventiva por dos meses más hasta julio.

Por Oliver Carroll

04 de mayo de 2021

De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Páginal12

Traducción: Celita Doyhambéhère

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El Salvador: la "limpieza" judicial del presidente Bukele refuerza su deriva autoritaria

El fin de semana el mandatario destituyó, con el apoyo del Congreso, a cinco jueces de la Corte Suprema y al fiscal general. Y no descarta seguir removiendo funcionarios.

 

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inició el fin de semana lo que denominó una "limpieza de casa" destituyendo, con el apoyo del Congreso, a cinco jueces de la Corte Suprema y al fiscal general. Ante el rechazo unánime de organizaciones civiles, organismos internacionales e incluso el gobierno estadounidense, Bukele adelantó que planea seguir removiendo funcionarios. "Al ser depuestos de sus cargos estamos hablando de que se configuró un golpe de Estado. Esta decisión elimina los últimos controles que quedaban para el ejercicio del control político del presidente y nos deja expuestos a graves violaciones a los derechos humanos", expresó en diálogo con Página/12 Eduardo Escobar, director ejecutivo de la ONG Acción Ciudadana.

La primera medida adoptada el sábado por la nueva Asamblea Legislativa, donde los aliados de Bukele tienen 61 de 84 escaños, fue destituir a los cinco miembros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema y nombrar inmediatamente a sus reemplazantes, en una clara violación a la legislación nacional. La Sala había rechazado varias medidas presidenciales relacionadas con el manejo de la pandemia al considerar que vulneraban derechos fundamentales de la ciudadanía.

"La Sala les hizo saber que los decretos que suprimían y limitaban derechos fundamentales debían ser promulgados por la Asamblea Legislativa, en aquel momento con mayoría de partidos no afines al gobierno de turno. Les ordenó también regular que si iba a haber una reactivación económica debía establecer un plan y hacerlo también en conjunto con el Legislativo, pero no quisieron hacerlo", recordó en ese sentido Xenia Hernández Castro, directora ejecutiva de la Fundación Democracia Transparencia y Justicia (DTJ). 

El Parlamento destituyó también al fiscal general, Raúl Melara, a quien cuestionó por una supuesta cercanía con el opositor partido de derecha, la Alianza Republicana Nacionalista (Arena). Entrada la madrugada del domingo ya habían elegido a su sucesor, Rodolfo Delgado. "Esto simplemente fue una vendetta política. Las causas se pueden resumir en inconformidad con lo resuelto, simplemente es eso", simplificó Eduardo Escobar. 

Minutos después de la votación para destituir a los magistrados, el Tribunal Constitucional emitió un fallo en el que declaró inconstitucional la medida por atentar contra el sistema de gobierno. Pero, obviamente, el gobierno de Bukele no lo cumplió. "Como estamos en una situación de ruptura del orden constitucional, obviamente esto no se va a cumplir, y si se hubiera intentado cumplir recordemos que el presidente tiene los fusiles de su lado", argumentó Escobar.

El secretario general del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), Óscar Ortiz, afirmó en su cuenta de Twitter que el presidente salvadoreño "consuma un claro golpe a la democracia y da un paso más en dirección a la dictadura y autoritarismo". En tanto Rubén Zamora, exdiplomático y político, aseguró: "En mi larga vida política, nunca he visto que en 6/8 horas se viole tantas veces la Constitución ni las leyes del país".

El domingo la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, expresó la "profunda preocupación" de su gobierno "por la democracia de El Salvador". La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le pidió a Bukele que garantice "la separación de poderes y el orden democrático". Por su parte el secretario general de la ONU, António Guterres, le exigió al mandatario salvadoreño que respete la Constitución y la división de poderes.

A las reacciones de la comunidad internacional, Bukele les respondió con su habitual sorna: "Queremos trabajar con ustedes, comerciar, viajar, conocernos y ayudar en lo que podamos. Nuestras puertas están más abiertas que nunca. Pero con todo respeto: Estamos limpiando nuestra casa... y eso no es de su incumbencia". 

Tanto los magistrados destituidos como el fiscal Melara habían sido electos por la anterior legislatura dominada por Arena y el FMLN, los partidos que se alternaron en el poder en El Salvador entre 1989 y 2019. "Esto no es improvisado. Hay un descontento con respecto a los últimos 30 años de administraciones que no lograron establecer conexiones directas con la población. El proyecto de la familia Bukele calza perfectamente con ese descontento popular", dijo a este diario el historiador Carlos Cañas Dinarte. 

Cañas Dinarte agregó que los enfrentamientos entre la presidencia y la Corte Suprema son históricos, aunque "desde el reestablecimiento de la democracia en 1982 nunca habíamos tenido una situación como la que se ha vivido el sábado". Las consecuencias que esta tensión entre poderes podría tener sobre la población salvadoreña son preocupantes. "Sin institucionalidad independiente no habrá adónde acudir si hay un acto ilegal dado por cualquier institución pública, o si se comete alguna violación de derechos a la vida", planteó Hernández Castro desde la Fundación DTJ.

"La propaganda oficial puede decir lo que quiera, pero la realidad es que en lugar de una refundación estamos viendo actos de encubrimiento de situaciones que se están viendo en el país: hay muchísimo desempleo y pobreza y las personas siguen tratando de irse fuera del país", aseguró Cañas Dinarte. Pese a todo, el historiador elige ser positivo al recordar que más de 500 personas se manifestaron el domingo en una de las plazas más importantes de San Salvador para protestar contra el gobierno de Bukele, "lo que constituye un caldo de cultivo para un movimiento que se puede potenciar".

Por Guido Vassallo

04 de mayo de 2021

Publicado enInternacional