De una política de muerte a una utopía por la vida

Luego de la euforia colectiva y algunas lágrimas de alegría experimentadas el 19 de junio del 2022, me he detenido a recolectar algunos gestos sustraídos de los medios de comunicación, las redes sociales , las calles atestadas de éxtasis y celebraciones de gentes diversas. Esos registros visuales y frases desbordantes de emoción dieron la sorpresa de contribuir a una democracia posible e incluyente, que haciendo sonar pitos y cantos bajo el imperativo de una “vida sabrosa”, parecen romper mágicamente una prolongada fatalidad vivida por una   “izquierda” colombiana resignada a conmemorar más muertos que logros.

La utopía de una “vida sabrosa”, como posibilidad de acceder a un bien estar de la existencia que incluya a pieles negras, cabellos crespos, pueblos indígenas, diversidad de géneros, mujeres y hombres provenientes de una nación diversa y polícroma, que reclaman la posibilidad de re-existir y re-inventar una esperanza que incluya un mayor número de seres vivientes. Justamente el nuevo presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta electa Francia Márquez han transmitido desde sus primeros mensajes, el reconocimiento a una multitud que creyó en ellos; evocaron la memoria de aquellos masacrados por defender idearios de justicia social y así mismo hicieron alusiones a las “manos callosas” de los antepasados oprimidos;   poco tiene que ver esto con otros mensajes de triunfo electoral enunciado por presidentes recién elegidos, donde los colores son casi ausentes y la evocación a un país de grandes desigualdades resulta inexistente.

Una imagen que llamó poderosamente mi atención fue el momento del empalme entre la vice-presidenta Martha Ramírez y la entrante Francia Márquez quien de manera espontánea rompió el protocolo de la bienvenida, dirigiéndose prioritariamente a estrechar las manos de las mujeres que realizan las labores domésticas en aquel lugar, dando mayor relevancia a las cuidadoras. Entiendo esta acción como un auténtico reconocimiento de igualdad, un pequeño símbolo que contiene el germen de una revolución de las pequeñas acciones, una gratitud orientada a esa clase trabajadora invisible que durante años ha tenido que aceptar jornadas extensas de trabajo físico, pagos irrisorios y contratos deleznables “…que encarnan otro tipo de violencia al servicio de un deseo-amo que se impone bajo un horizonte de amenazas”( (Lordon, 2015, pág. 121)

En el caso del electo presidente Gustavo Petro, fue su primera alocución la que me generó admiración, al proponer una historia que parte de la liberación de los jóvenes detenidos en la protesta social, dándole al país un mensaje que dista de los dirigentes colombianos que hemos tenido, caracterizados por apoltronarse encima de los ciudadanos, generando una enorme distancia con el pueblo, recurriendo al ethos de la “blanquitud”. La utopía por su parte tiene que ver con superar la idea de que el progreso en Colombia esté supeditado a un proceder de sospecha hacia el   pueblo; una potestad gubermental, usada durante dos décadas, por una máquina necro-política que no ha parado de masacrar, desaparecer, torturar, exiliar o simplemente condenar a vivir en las márgenes, bajo una especie de “castigo social” a quienes disienten. El Leviatán se manifiesta como capacidad ofensiva y defensiva de quienes usan el Estado para estigmatizar, eliminar la vida, produciendo seres   destinados a la muerte.

En conclusión, este tiempo que inicia, podría acoger expectativas de quienes hacen parte de una nación rota y buscan reconocerla diversa, ancestral, moderna y eficiente.   Si queremos dar un salto de la “seguridad democrática” a la utopía de una “vida sabrosa” habrá que seducir a esa otra mitad temerosa del “espectro rojo”, de la inminente “expropiación” y del declive de la “propiedad privada”. El reto de los llamados intelectuales y artistas hoy, podría ser aportar sin renunciar a su conciencia crítica, creativa, irónica, a través de relatos y obras que no estén “performadas” por quienes tienen miedo a perder privilegios; contribuyendo en la construcción de una memoria de la justicia y la imaginación capaces de interpelar a quienes actúan desde el prejuicio, la visceralidad, el desprecio. Vuelve a resonar, en el imaginario de un continente poblado de iniciativas populares anchurosas como ríos, la utopía que busca pasar   de una política tanática a una erótica, recuperando el principio utópico de la esperanza, la idea de mandar obedeciendo enquistada en las comunidades ancestrales. Es la hora del salto del puma al pasado, para abrir la ventana que por siglos los guardianes han mantenido clausurada.

Por Alberto Antonio Berón Ospina

Escritor.

Profesor Titular Universidad Tecnológica de Pereira

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David Choquehuanca, vicepresidente de Bolivia.  . Imagen: Enrique García Medina

El vicepresidente de Bolivia advierte que "nuestra Pachamama está a punto de sufrir una catástrofe global"

De visita en Buenos Aires, donde celebró el Año Nuevo Andino, el también excanciller boliviano asegura que estamos frente a un tiempo de cambios en el que "no hay que tenerle miedo a nada".

 

Con la certeza de que estamos frente a un momento crítico a nivel mundial, David Choquehuanca llama a perder el miedo y cuestionarlo todo. El vicepresidente de Bolivia advierte que el "modelo de desarrollo occidental capitalista nos ha llevado al desastre" y por eso es urgente una renovación liderada por los jóvenes. De visita en Buenos Aires, donde celebró el Año Nuevo Andino, Amazónico y Chaqueño 5530, Choquehuanca recibe a Página/12y llama a los pueblos a despertarse porque "nuestra Pachamama está a punto de sufrir una catástrofe global".

Choquehuanca nació el siete de mayo de 1961 en la comunidad aimara de Cota Cota Baja, departamento de La Paz. Es el vicepresidente de Bolivia desde el ocho de noviembre de 2020. Antes fue ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia entre 2006 y 2017, durante los tres gobiernos de Evo Morales. Fue en aquellos años que sugirió cambiar el sentido de las agujas del reloj de la Asamblea Legislativa como gesto de descolonización porque "si no queremos violentar las leyes de la naturaleza, nuestro reloj también tiene que funcionar hacia el sur".

- ¿Está conforme con la condena a diez años de cárcel a la expresidenta de facto Jeanine Áñez?

- No se trata de estar conforme con una sentencia, se trata de que se haga justicia. Mira, nuestra democracia ha sido interrumpida después de 40 años y en 2019 hemos vivido un año de terror, de desilusión, de represión, de violación de los derechos humanos. Hubo masacre. Todo el mundo sabe esto. Y nosotros en nuestra campaña hemos prometido justicia. Es lo único que buscamos, y quien administra justicia no es el poder ejecutivo ni el poder legislativo. La justicia es un poder independiente, ellos son los que tienen que asumir su responsabilidad con el pueblo y con las víctimas.

- Usted dijo hace un mes que el pueblo boliviano se está cansando de los dirigentes que se eternizan en el poder. ¿A qué se refería exactamente?

- El mundo tiene que renovarse. Hay un desorden global. Hay incertidumbre, hay caos. Necesitamos cambios, revolución de ideas. ¿Y quiénes tienen que ser los protagonistas? Los jóvenes, ellos son quienes tienen que despertar su creatividad y no esperar que las personas mayores les digan lo que tienen que hacer. Estos jóvenes tienen que tener la capacidad de leer su realidad, y lo que nosotros tenemos que hacer es facilitar instrumentos para que estos jóvenes puedan despertar su rebeldía. En el mundo hay carencia de líderes y los revolucionarios queremos cambios. Somos semillas. Tenemos que sembrar. Si la papa no se siembra y no se renueva, la papa desaparece.

- El fin de semana se reunió con el presidente Luis Arce y el expresidente Evo Morales, en un momento en el que los medios de su país hablan mucho de diferencias internas.

- Es bueno tener diferencias. ¡Si no se contradice a la ciencia, no se desarrolla! Nosotros estamos en función de gobierno, la organización política que está en función de gobierno es el MAS-IPSP, y este tiene a su presidente que es Evo Morales. Nuestro presidente en funciones es el hermano Luis Arce y yo estoy acompañando como vicepresidente. Y somos un gobierno de las organizaciones. En estas reuniones nos encontramos, no es la primera ni será la última. Somos actores, podemos hacer mucho por nuestro pueblo y a todos los temas hay que discutirlos.

- Hace poco de visita en España sostuvo que la democracia vista desde la perspectiva occidental se "ha destruido a sí misma". ¿Habría que ir hacia una instancia superadora?

- No hay que tenerle miedo a nada. La cultura del miedo y el odio llega con el colonialismo. Nosotros tenemos nuestra propia forma de organización donde no se acepta que se someta a nadie. En democracia las minorías se someten a las mayorías. Existe la palabra someter, y someter al prójimo no es vivir bien, como robar no es vivir bien, como mentir no es vivir bien. Y lo que nosotros buscamos es el vivir bien, buscamos la armonía. Nuestra lucha es contra el sometimiento, no solamente entre los seres humanos, también con nuestra madre tierra. Tenemos que cuestionar palabras como democracia, no tenemos que repetir como si fuéramos loros. ¿Por qué no podemos explicarnos desde nuestro lugar? Es hora de cuestionar todo. Hasta el desarrollo nos hemos dejado imponer.

- ¿Y cómo se puede cambiar esa forma de desarrollo?

- Es mejor si nosotros tomamos nuestras decisiones mediante el consenso. Consenso no es lo que yo quiero, consenso no es lo que la hermana quiere, consenso no es lo que el vecino quiere, consenso no es lo que el de abajo quiere. Consenso es lo que todos queremos. Es saber encontrar el centro, el eje, el taypi. Es saber encontrar el eje que pone en movimiento una sociedad, una comunidad, una organización. Necesitamos estar en movimiento. Tiene que haber un proceso de autointerpelación. Tiene que haber una revolución de ideas. Las turbinas del viejo sistema se están apagando, y este modelo de desarrollo occidental capitalista nos ha llevado al desastre.

- En relación a lo que plantea, en su paso como canciller propuso cambiar el sentido de las agujas del reloj ubicado en el edificio del Congreso. ¿En qué se basó para tomar esa decisión?

- El planeta se divide en sur y norte por la línea del Ecuador. Nosotros estamos en el sur. En el sur la sombra gira a este lado, en el norte gira al otro lado. Los marineros conocen esto: cuando cruzan la línea del Ecuador cambian su dirección. Y como estamos en el sur y no queremos violentar las leyes de la naturaleza, nuestro reloj también tiene que funcionar hacia el sur. Muchas cosas nos han traído del norte. En Navidad nosotros ponemos nuestros arbolitos con nieve, como si estuviéramos en el norte. Hasta el Papa Noel nos han traído ellos. Pero los niños en Bolivia dicen que como el Papa Noel no es nuestro no le dejan entrar a la casa, ¡y por eso quiere echarse por la chimenea! (risas) Nosotros tenemos nuestro ekeko, que es la energía de la abundancia, del vivir bien. Tenemos nuestras propias categorías económicas, pero no se enseñan en las universidades. Europa no nos ha traído la civilización, nos ha traído la barbarie. Por eso en Bolivia nosotros hablamos del proceso de descolonización. Tenemos que volver a ser, porque ya no somos. ¡Y somos del sur!

- ¿Qué sensaciones le generó el triunfo de Gustavo Petro en Colombia y qué puede significar para la región?

- Todos nos hemos alegrado. Algunos hemos celebrado incluso más que los colombianos. Tenemos la esperanza de que las cosas cambien en Colombia. Y Petro tiene la autorización con el voto para que se puedan superar todos los males que el pueblo colombiano ha vivido. Pero este resultado también es una fortaleza para nuestra región. Queremos que se respete nuestra soberanía. Queremos decidir nosotros y no fuerzas extracontinentales. Necesitamos construir integración. Si nosotros vamos solos a otros espacios multilaterales, no vamos a poder plasmar nuestras ideas. Pero si vamos juntos y nos sentamos de igual a igual, por ejemplo con la Unión Europea, no solo nos van a escuchar, también nos van a respetar.

- ¿Qué balance realiza de la última Cumbre de las Américas? Bolivia fue uno de los países que se negó a asistir en solidaridad con Cuba, Nicaragua y Venezuela.

- La Cumbre de las Américas está en crisis, al igual que la OEA. Pregúntale a nuestros jóvenes, ya no les interesa. La realidad es que no todos tenemos que pensar igual. Donde dos personas piensan igual, dicen que uno no piensa. Ningún país tiene la capacidad de encarar solo, por más desarrollado que sea, los problemas que son globales. Nos necesitamos. Necesitamos discutir cómo podemos hacer que las riquezas no se concentren en manos de unos pocos. Hacerlos tomar conciencia de que nuestra Pachamama está a punto de sufrir una catástrofe global. Y si hay esta catástrofe global nos vamos todos, los pobres y también los ricos.

22 de junio de 2022

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En El capital en el siglo XXI, Thomas Piketty evitó defender el socialismo. Ahora ha adoptado el término. (Foto: Universidad Centroeuropea / Flickr)

Hace años que Thomas Piketty viene articulando una convincente crítica del capitalismo del siglo veintiuno. Ahora parece estar avanzando más allá de la crítica y convoca a un socialismo del siglo veintiuno.

El artículo que sigue es una reseña de ¡Viva el socialismo! Crónicas 2016-2020 de Thomas Piketty.

Es un un signo de época que uno de los intelectuales más importantes publique un libro de ensayos titulado ¡Viva el socialismo! Como explica Piketty en la larga introducción a esta obra, «si en 1990 alguien me hubiese dicho que en 2020 publicaría una compilación de artículos titulada en francés Vivement le socialisme!, hubiera pensado que era un mal chiste».

Sin embargo, como sucedió con tantas personas en todo el mundo, las últimas tres décadas de lo que Piketty denomina «hipercapitalismo» lo llevaron a cuestionar las verdades heredadas sobre el sistema económico dominante. Y aunque el autor todavía rehuía defender el socialismo cuando publicó El capital en el siglo XXI, su obra magna sobre la desigualdad y éxito de ventas en 2013, ahora acoge la palabra argumentando que, más allá de la carga que imponen sus connotaciones estalinistas, «sigue siendo el término más apropiado para describir la idea de un sistema económico alternativo al capitalismo».

Pero la cuestión está lejos de agotarse en una disputa terminológica. Como explica Piketty, su reconciliación con el socialismo refleja su nueva convicción de que «uno no puede estar “en contra” del capitalismo o del neoliberalismo: uno debe estar también y sobre todo “a favor” de otra cosa, y eso implica precisamente designar el sistema económico ideal que uno desea establecer». Alimentada por una desigualdad brutal y por la sombría catástrofe climática, la furia contra el capitalismo está bastante extendida. Por eso, según Piketty, ahora necesitamos más que nada persuadir a todo el mundo en función de una «alternativa explicada con claridad». 

Un socialismo nuevo

Piketty resume su defensa de «una nueva forma de socialismo» con los adjetivos «participativo y descentralizado, federal y democrático, ecológico, multirracial y feminista». La perspectiva que nos convida empalma sin duda con la tradición del socialismo democrático, que busca profundizar y expandir las instituciones representativas y las libertades políticas codificadas en las democracias capitalistas contemporáneas. Lejos de avizorar un levantamiento insurreccional, Piketty argumenta que «no es nada improbable avanzar gradualmente hacia un socialismo emancipador mediante la transformación del sistema legal, fiscal y social».

Desde su punto de vista, esta transición está en marcha: «Si asumimos una perspectiva de largo plazo, la larga marcha hacia la igualdad y hacia el socialismo participativo empezó hace bastante tiempo». Aunque el progreso se detuvo en la época neoliberal, Piketty destaca que la gran historia de los países capitalistas desde el siglo diecinueve es la historia de la «reducción aguda» de las desigualdades y del crecimiento imponente del Estado de bienestar. 

En Europa Occidental —foco geográfico del libro— el gasto público total de comienzos del siglo veinte representaba apenas un 10% de los ingresos nacionales. Hoy oscila entre el 40 y el 50%, y está dedicado sobre todo a financiar servicios como la educación, la salud y las jubilaciones. De acuerdo con Piketty, este progreso es el resultado de la presión popular codificada en las políticas gubernamentales, es decir, no se trató de una maniobra de la clase dominante para impedir el cambio radical, ni es la consecuencia inevitable del desarrollo capitalista librado a sus propias fuerzas.

Aunque Piketty argumenta que promover la expansión de los servicios públicos —que debería incluir, sobre todo, medidas para hacer que la educación superior sea accesible para todos— es esencial para avanzar hacia el socialismo, su perspectiva no se reduce a reconstruir Estados de bienestar robustos. Si queremos una igualdad real, debemos repensar «todo el espectro de relaciones de poder y dominación». En el núcleo de su concepción sobre la transición al socialismo está la redistribución de la riqueza combinada con la extensión del poder de influencia de los empleados en las empresas privadas. 

Una de las propuestas más innovadoras de ¡Viva el socialismo! es incrementar considerablemente los impuestos progresivos para garantizar que todos tengan un «mínimo de herencia» de aproximadamente 180 000 dólares cuando cumplan los veinticinco años. A través de esta política, Piketty prevé la construcción de una sociedad en la que «todos poseerán unos cuantos cientos de miles de euros, algunos tal vez poseerán unos cuantos millones, pero las grandes fortunas […] solo serán temporarias y serán rápidamente aplanadas por el sistema impositivo hasta alcanzar niveles más racionales y más útiles en términos sociales». 

Garantizar que todos tengan un colchón financiero generoso traería muchos beneficios, entre los que cabe destacar que liberaría a los trabajadores de las presiones que ejerce la necesidad material y que los lleva a aceptar malas condiciones de trabajo, bajos salarios y despotismo fabril. En síntesis, una redistribución general de la riqueza que opere de arriba abajo ayudaría a «redefinir el conjunto de relaciones de poder y de dominación social».

Con el fin de profundizar este desplazamiento de poder, Piketty también propone que todos los países adopten un sistema de cogestión en el que representantes elegidos por los trabajadores ocupen la mitad de las mesas directivas de todas las grandes empresas. Esta política, destaca, existe en algunos países como Suecia y Alemania, y produjo una «transformación considerable de la lógica accionaria clásica». 

Sin embargo, Piketty también advierte contra la idealización de las formas en que este sistema de cogestión fue implementado en el pasado, argumentando que es posible diseñar formas más ambiciosas. El autor concluye su argumentación a favor del socialismo destacando que todas sus propuestas tienen un carácter provisional: las políticas específicas que elabora «apuntan a abrir el debate, nunca a cerrarlo» porque el «socialismo participativo que defiendo no vendrá de arriba».

Un cambio bienvenido

El hecho de que un pensador tan influyente como Piketty haya acogido el socialismo es significativo en sí mismo y pavimenta el camino a que cada vez más personas comiencen a imaginar un mundo más allá del capitalismo. Pero, ¿qué decir de su perspectiva de transformación socialista?

Sin duda, el discurso de un avance hacia el socialismo relativamente gradual y que está en marcha hace bastante tiempo hará que muchos radicales, formados en la escuela de la ruptura revolucionaria en el Estado y en la economía, levanten las cejas con escepticismo. Sin embargo, no debemos subestimar esta perspectiva gradualista. 

La verdad es que no tenemos ninguna manera de predecir con precisión la forma que adoptará la transición al socialismo en una democracia capitalista avanzada. Es probable que la insistencia de Piketty en el hecho de que las reformas radicales que propone deberán conquistarse a través de la lucha contra el poder empresarial —y no adecuándose a sus mandatos— baste como horizonte estratégico en el futuro próximo. Aunque cabe esperar que una ruptura revolucionaria más rápida y menos pacífica llegue a estar en agenda cuando se haga sentir la reacción minoritaria de los patrones, la verdad es que la proyección de una revolución inmediata como única vía posible no responde a la necesidad ni implica un beneficio político.

Algunos radicales también desconfiarán de la insistencia de Piketty en que la transición al socialismo está en marcha según los datos del crecimiento del Estado de bienestar y de la disminución correlativa de la desigualdad económica. Pero el autor también tiene un punto en este caso: las reformas conquistadas por los socialistas, por los trabajadores organizados y por los movimientos sociales durante el siglo pasado efectivamente tuvieron consecuencias sobre las relaciones mercantiles. 

A pesar de los estragos del neoliberalismo, el Estado de bienestar sigue existiendo incluso en lugares como Estados Unidos y el Reino Unido, y las luchas presentes y futuras por la desmercantilización se desarrollan sobre una base social mucho más elevada que la de, por ejemplo, los años 1930. En ese sentido, la crítica más pertinente contra la socialdemocracia —y Piketty está de acuerdo— no es que hayan sido gradualistas, sino que en última instancia mostraron ser incapaces de ser gradualistas efectivos. En vez de transmitir cada vez más poder y control a manos de los trabajadores, los partidos socialdemócratas, a partir de los años 1980, abandonaron en gran medida este proyecto frente a la crisis económica, la globalización y la resistencia patronal.

Tampoco tiene sentido criticar a Piketty por omitir el llamado a nacionalizar las instituciones económicas más importantes. Existen buenos argumentos para sostener que los mercados de bienes privados son perfectamente compatibles —y tal vez hasta sean necesarios— con una sociedad socialista próspera, en la que se supone que el Estado socavó radicalmente el poder y la riqueza de los capitalistas, que la democracia económica en los lugares de trabajos es un hecho y que las políticas de bienestar garantizan que todo el mundo acceda a los servicios necesarios. Dicho todo esto, la defensa que Piketty hace del socialismo podría haber sido más convincente si se hubiera comprometido con las propuestas de democratizar completamente las empresas, como anticipaba el célebre plan Meidner de Suecia. 

Ni un paso adelante sin los trabajadores

Una limitación más significativa es que Piketty no dice casi nada sobre la importancia de reconstruir el poder de los trabajadores organizados. Se contenta con algunas observaciones al pasar cuando habla de «repensar las instituciones y las políticas, incluidos los servicios públicos y, en particular, la educación, la legislación laboral, las organizaciones y el sistema impositivo», cuando dice que hay que «terminar con el menosprecio de los sindicatos, el salario mínimo y las escalas salariales». Sin embargo, la relativa desatención del autor hacia el trabajo organizado no deja de ser sorprendente dado el encomiable cuidado que pone en la urgencia de recuperar la política de la clase obrera, y su conocimiento consistente de la importancia histórica que tuvieron los sindicatos en la reducción de la desigualdad. 

Tal vez Piketty, priorizando su experticia en el relevamiento de datos que permite identificar tendencias históricas y soluciones políticas, siente que es mejor dejar que otros doten de espesor a las líneas estratégicas necesarias para conquistar el horizonte que nos propone. Como sea, sin un movimiento obrero revitalizado, que apunte a cambiar el equilibrio de poder entre las clases, es improbable que se concreten las soluciones más ambiciosas del autor, y muchas otras podrían desembocar en consecuencias indeseadas. 

La cogestión de los trabajadores, por ejemplo, efectivamente puede servir en términos generales como una herramienta para incrementar la influencia de los trabajadores, siempre que esté acompañada por sindicatos robustos. Pero sin la relación de fuerzas relativamente favorable que garantizan las organizaciones de la clase obrera, y sin la amenaza creíble de una acción obrera en los lugares de trabajo, los planes de cogestión corren el riesgo de convertirse, en el mejor de los casos, en un instrumento desdentado, y, en el peor, en un mecanismo de control que fuerza a los trabajadores a ratificar las prerrogativas de los patrones.

Nada de esto desmerece la importancia de ¡Viva el socialismo! ni la fortaleza de la perspectiva que nos convida. El esfuerzo que Piketty pone en esbozar una alternativa al capitalismo debería ser un motivo de reflexión para todos los progresistas que todavía mantienen su escepticismo frente a la «s» de socialismo. Y los militantes más radicalizados, cuya efectividad política en las democracias capitalistas tiende a debilitarse por el apego doctrinario a fórmulas articuladas en otras épocas y en otros contextos políticos, harían bien en considerar las obras de este autor francés. En la tarea de conquistar un mundo mejor, es probable que la apertura intelectual de ¡Viva el socialismo! termine siendo más útil que sus propuestas políticas concretas.

Por Eric Blanc

Traducción: Valentín Huarte

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Pensar y actuar desde las heterogeneidades

La homogeneidad de los sujetos colectivos no fue más que un sueño imposible del pensamiento crítico, que hoy es cuestionado por la realidad. El esfuerzo para uniformizar el campo popular desembocaba en la política de la unidad que atravesaba el sindicato, las diversas organizaciones sociales y el partido, porque se estimaba que era clave para la conquista del Estado.

Desde sus más tempranas obras, como el Manifiesto comunista (1848), Marx trabajó en la idea de que la sociedad se dividiría cada vez más en dos campos opuestos y que cada uno sería homogéneo, porque defenderían intereses comunes que primaban por sobre las "contradicciones secundarias", como las bautizó Mao.

Consideró Marx que "las condiciones de existencia de los proletarios se igualan cada vez más", por el desarrollo fabril que los sume en la pobreza, pero además creyó que "sólo el proletariado es una clase verdaderamente revolucionaria". Las demás tienden a desaparecer o son reaccionarias, como pensaba que lo era el campesinado.

Pero si estas ideas no eran justas, menos lo sería la aplicación de ciertos "principios" derivados de ellas en la acción política. Aparecieron así centrales "únicas", como las CUT de Brasil y Chile, entre otras, e incluso la central "única" campesina de Bolivia, la CSUTCB. Existen cientos de "sindicatos únicos" por rama, cada uno de los cuales encarna la "unidad".

Estos conceptos de unidad y único encarnan una voluntad expresa de excluir y aplanar lo diverso, todo aquello que no se subordina a una estrategia que necesita sujetos colectivos homogéneos. Porque se supone que la unidad labrada en la homogeneidad, permite que existan sujetos potentes capaces de tomar el poder y de imponer la hegemonía del campo revolucionario.

Luego pasa lo que pasa: se encumbra una dirección que representa la unidad y termina usurpando el papel de los sectores populares que dice representar. Hasta que ese cogollo de arriba se convierte en una nueva clase dominante, o como quiera llamarse a la manada de los Putin, Ortega y Xi, que mandan mandando.

En la década de 1970, y hasta hace poco tiempo, los defensores de la unidad acusaban a las feministas de dividir a la izquierda y a los sindicatos, y que sus demandas se materializarán cuando ellos (los varones dirigentes) llegaran al poder. Lo mismo se le dijo a los pueblos originarios y negros. La carta de Aimé Césaire a Maurice Thorez renunciado al Partido Comunista Francés (1956) es una de las más brillantes piezas de denuncia de esa política (https://bit.ly/3HD4JCp).

Lo cierto, y lo esperanzador, es que desde que han comenzado a emerger otros sujetos colectivos como los pueblos originarios y las mujeres, las cosas empezaron a cambiar y ya no se habla tanto de homogeneidad y de unidad. Pero han surgido nuevos problemas.

Resistir y luchar en la heterogeneidad ha llevado a colectivos y personas a defender temas acotados y estrechos, desentendiéndose de los problemas comunes. Anclarse en la defensa de las opresiones que se sufren, pero luchar también contra el capitalismo, el patriarcado y el colonialismo, no es lo habitual en estos tiempos.

De ese modo, el poder ha aprendido a cooptar adoptando un barniz verde, sustentable, diciendo apoyar a las mujeres, las disidencias sexuales, los indígenas y afros. Ha sido el modo de agrandar su base social incorporando a las élites de movimientos, pero tendiendo un cerco político contra los anticapitalistas, acusándolos de radicales.

En realidad el poder hace su juego. El problema, como casi siempre, está en nuestro campo. Sólo podemos salir adelante si sentimos que todas las opresiones nos interpelan, que debemos apoyar todas las resistencias, más allá de la geografía de cada quien, del atractivo de tal o cual discurso o dirigente.

Como dijo León Felipe: "Nunca cantemos la vida de un mismo pueblo / ni la flor de un solo huerto / Que sean todos los pueblos y todos los huertos ­nuestros".

Un tema central es cómo relacionarnos entre personas y colectivos diferentes, entre las heterogeneidades que resisten. Aquí los vocablos único y unidad estorban. Los pueblos originarios de Brasil crearon una "articulación", la APIB. Los nasa del Cauca colombiano crearon un "consejo regional", el CRIC. Ahí está el Concejo Indígena de Gobierno como ejemplo de similar propósito.

Otros han creado coordinadoras, plenarias y las más diversas formas con la intención de incluir las diferencias, alentando su expresión en un arcoíris en el cual todos los colores conviven sin que uno se imponga al resto. Para abrazar a todos los pueblos, a todas las opresiones y resistencias, no se valen ni las vanguardias ni las contradicciones principales y secundarias.

Construir en la heterogeneidad, respetando los tiempos y los modos de caminar de cada quien, como proponen los zapatistas, es un proceso de aprendizaje inacabado, siempre incompleto, que nos exige estar dispuestos a seguir aprendiendo y a seguir soltando egos individuales y colectivos.

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La estéril ilusión del cambio por arriba

Colombia, Ecuador y Chile nos muestran procesos recientes relativamente similares. Gobiernos de la derecha neoliberal enfrentados por grandes revueltas populares de larga duración, que abrieron brechas en la dominación y pusieron en jaque la gobernabilidad. El sistema político respondió encauzando la disputa hacia el terreno institucional, con beneplácito y entusiasmo de las izquierdas.

Durante las revueltas se fortalecen las organizaciones de base y se crean nuevas. En Chile, más de 200 asambleas territoriales y más de 500 ollas comunitarias en Santiago cuando se declara la pandemia. En Ecuador el Parlamento Indígena y de los Movimientos Sociales, con más de 200 organizaciones. En Colombia decenas de "puntos de resistencia", territorios libres donde los pueblos crean nuevas relaciones entre ellos.

Los resultados de la opción institucional suelen hacerse visibles tiempo después, cuando la potencia de los levantamientos empieza a desfibrarse y casi no quedan or­ganizaciones de base. El Parlamento ecuatoriano ya no funciona. Las asambleas chilenas se han debilitado en cantidad y participación. Igual sucede en Colombia.

El caso de Chile es el más dramático, ya que toda la potencia de la revuelta fue pronto neutralizada con la firma de un acuerdo para una nueva Constitución, aunque sabemos que el objetivo final era sacar a la población de las calles, porque es la amenaza principal para el dominio de las élites económicas y políticas.

Chile es el único de esos tres países en que el proceso electoral coronó a alguien que dijo representar la revuelta, el actual presidente Gabriel Boric. ¿Qué más se podía pedir? Un joven que fue activo en la protesta estudiantil y que forma parte de la "nueva" izquierda agrupada en torno al Apruebo Dignidad.

Es la mayor decepción imaginable, para quienes apostaban a un cambio gestionado desde arriba en ancas de la protesta. Fue Boric quien firmó el pacto con la derecha y el centro, con la elitista clase política, para convocar la constituyente. Fue quien dijo una y otra vez que las cosas cambiarían con su gobierno y prometió desmilitarizar territorio mapuche, Wall Mapu.

Dos meses después de asumir la presidencia decidió establecer el estado de excepción en esas tierras. Igual que Sebastián Piñera, el presidente derechista odiado por medio Chile. Igual que todos los gobiernos anteriores, incluyendo por supuesto al régimen de Pinochet.

El estado de excepción se dirige contra el activismo mapuche que recupera tierras y sabotea a las empresas extractivas que destruyen la madre tierra. En particular, se dirige contra la Resistencia Mapuche Lavkenche (RML), Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) y Liberación Nacional Mapuche (LNM), así como contra organizaciones de resistencia territorial autónomas.

La ocupación militar de la Araucanía responde al pedido de camioneros y latifundistas. Para Héctor Llaitul, dirigente de la CAM, es "la plena expresión de la dictadura militar que nosotros, los mapuche, siempre sufrimos"; en tanto la RML considera que "Boric dejó las nuevas políticas represivas en las manos del Partido Socialista, con el aval del crimen organizado" (https://bit.ly/3lYSpSC).

Sólo cabe agregar que el área económica fue entregada a uno de los más destacados defensores del neoliberalismo y la ortodoxia económica, Mario Marcel. No habrá cambios. Apenas maquillaje. La popularidad de Boric se despeñó: 57 por ciento lo desaprueban, sólo dos meses después de asumir (https://bit.ly/3x2dkcz).

Lo de Chile no es la excepción, sino la regla. Algo similar sucede en Ecuador, aunque la presidencia la ganó el derechista Guillermo Lasso. En Colombia, lamentablemente, el movimiento social se entrampó en las urnas al desorganizar sus propios territorios urbanos. Algunas reflexiones.

Primero: la política electoral depende mucho más del marketing que de programas y propuestas. Así como el consumismo es una "mutación antropológica" (Pasolini), el marketing electoral remodela de arriba abajo los mapas y las conductas políticas.

Dos: el poder, el verdadero poder, no nace de las urnas ni está en los parlamentos ni en los gobiernos, sino lejos de la visibilidad pública, en el capital financiero ultraconcentrado, en el 1% invisible que controla medios de comunicación, fuerzas armadas y policiales, gobiernos de cualquier nivel y, sobre todo, a los grupos ilegales narcoparamilitares que rediseñan el mundo.

Tres: los gobiernos electos no pueden –en el hipotético caso de que lo intentaran– tocar los intereses de los verdaderos poderes y de los poderosos. Ellos están blindados detrás de varios ejércitos, estatales y privados, de un opaco sistema judicial y de los grandes medios.

Cuatro: se trata de tomar otros caminos, no de insistir en los que ya sabemos que no conducen más que a relegitimar lo existente y a debilitar los mundos otros que nacen. No disputar el poder de ellos (ni su salud, ni sus medios, ni su educación). Crear lo nuestro. Y defenderlo.

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Miércoles, 01 Junio 2022 05:17

La Constitución del pueblo

La Constitución del pueblo

Una entrevista con Karina Nohales. Entrevista Pablo Abufom

El borrador de la nueva Constitución chilena fue aprobado el 16 de mayo. Consagra grandes cambios para la sociedad, que van desde derechos laborales colectivos hasta la creación de un sistema público de cuidados.

 

El primer paso para una nueva Constitución en Chile ya ha concluido. El 16 de mayo se entregó oficialmente el borrador de la nueva Carta Magna, que consagra grandes cambios para la sociedad chilena, particularmente en derechos sociales, participación política paritaria y reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. 

En materia de derechos sociales, incorpora demandas que han sido bandera de lucha de las organizaciones populares desde el mismo inicio de la contrarrevolución neoliberal de la dictadura. La nueva Constitución busca recoger esas aspiraciones y garantizar el acceso a la salud, la vivienda, la educación, pensiones dignas, educación no sexista y derecho al aborto bajo la noción de un «Estado social y democrático» que se reconoce plurinacional, intercultural y ecológico. 

Pablo Abufom, de Jacobin América Latina, conversó con Karina Nohales —feminista, abogada y militante de la Coordinadora Feminista 8M—, quien es parte del equipo de la vocería constituyente de Alondra Carrillo. Analizaron la relevancia de las normas aprobadas, especialmente aquellas vinculadas a trabajo y los derechos laborales, y profundizaron en los desafíos que este nuevo periodo constitucional abre para la clase trabajadora plurinacional de Chile. 

PA

Uno de los hitos más importantes de la Convención Constitucional fue la aprobación de una serie de derechos sociales que venían siendo peleados por las organizaciones populares durante décadas. Esto incluye la aprobación de un conjunto de derechos laborales que estaban pendientes desde el fin de la dictadura. A tu juicio, ¿cuáles son los más significativos?

KN

En primer lugar, hay que destacar una dimensión tiene que ver con las lecturas feministas sobre el trabajo. El feminismo entra a la Convención con la fuerza de gigantescas movilizaciones y de importantes procesos de reflexión programática, logrando plasmar en términos constitucionales una innovación en lo que refiere al reconocimiento de los trabajos domésticos y de cuidados, consagrando una comprensión de estos trabajos que ha sido elaborada y sostenida principalmente por lo que podríamos denominar un feminismo socialista, estableciendo que los trabajos domésticos y de cuidados son trabajos socialmente necesarios, que son indispensables para la sostenibilidad completa de la sociedad y que, por tanto, tienen que ser socialmente sostenidos mediante un sistema integral de cuidados de carácter estatal.

Se trata de una perspectiva que los desprivatiza, desplazando las coordenadas de un feminismo más liberal que se detiene en las políticas de corresponsabilidad entre sexos, que por cierto son necesarias, pero que se mantiene dentro de esta concepción del hogar como un espacio privado. Hoy hemos avanzado en instalar, junto a su reconocimiento, una perspectiva de socialización de estos trabajos.

Luego están las normas que competen a la esfera del derecho individual del trabajo asalariado. En esta materia quedan consagradas cuestiones relevantes que recogen los principios y parámetros del derecho internacional, especialmente de la OIT, y que en la realidad local constituyen un avance respecto de lo hasta ahora existente, toda vez que en la Constitución de Pinochet el trabajo aparece desanclado de la esfera de los derechos, limitándose a consagrar la libertad de trabajo, es decir, la supuesta libertad del trabajador o la trabajadora de elegir dónde trabajar y la libertad de las empresas de elegir libremente a quiénes contratar.

Finalmente, una de las cuestiones más relevantes tiene que ver con los derechos colectivos del trabajo. La nueva Constitución reconoce el derecho a la libertad sindical en sus tres dimensiones: sindicalización, negociación colectiva y huelga, desmontando con ello algunos enclaves constitucionales y legales estratégicos impuestos por la dictadura y por la transición democrática. En primer lugar, consagra el derecho de los y las trabajadoras del sector público y privado a constituir sindicatos en cualquier nivel y el derecho de estas organizaciones a trazar sus propios fines. En segundo lugar, establece la titularidad sindical exclusiva en la negociación colectiva, el desarrollo de la negociación en cualquiera de los niveles que las y los trabajadores del sector público y privado decidan, y fija como único límite a la negociación los derechos laborales irrenunciables. En tercer lugar, garantiza el derecho a huelga a las y los trabajadores del sector público y privado, tengan o no sindicato, quienes podrán decidir el ámbito de los intereses que pretenden defender a través de ella y el nivel en que esta se desarrolla. Se establece además que la ley no podrá prohibir la huelga. 

Estos tres elementos, así consagrados, suponen un giro copernicano respecto de la Constitución de 1980 —que nombra solo una vez la palabra «huelga»: para prohibirla a los y las trabajadoras del sector público— y también respecto de la legislación vigente, que permite la negociación colectiva solo a nivel de empresa, de manera que no puede ser ejercida de manera conjunta por trabajadores o trabajadoras de dos o más empresas diferentes y que reconoce el ejercicio de la huelga únicamente dentro del marco del proceso de negociación colectiva «legal».

En un país donde más del 40% de la fuerza laboral formalmente asalariada trabaja en pequeñas y medianas empresas, en un país donde ha tenido lugar un proceso de descentralización productiva brutal, este marco legal ha reducido a la impotencia la herramienta de la negociación y de la huelga, llegando a configurarse una realidad más cercana a las negociaciones pluripersonales que colectivas. Esto último se refuerza por la existencia de los denominados «grupos negociadores» que pueden configurarse de manera transitoria dentro de las empresas con el único fin de negociar condiciones comunes de trabajo, práctica de carácter antisindical que es legal en Chile y que tiene un impacto fragmentador muy nocivo.

Hoy, con la titularidad sindical de la negociación colectiva, la nueva Constitución permitirá desterrar esta práctica que ha permitido a las empresas mantener dentro de una misma unidad laboral un sinnúmero de grupos de trabajadoras y trabajadores sujetos a condiciones diferenciadas de trabajo. Bueno, y obviamente otra de las grandes noticias es que las y los trabajadores del Estado ya no solo no tendrán prohibida la huelga, sino que tendrán derechos colectivos plenos.

Lo sorprendente es que estos avances han sido plasmados jurídicamente por un órgano que no cuenta con autorrepresentación directa del mundo sindical. Esto debe llevarnos a preguntarnos por qué fue posible algo así.

PA

Me interesa que conversemos sobre ese punto. ¿Qué otras normas se aprobaron que estén asociadas a las luchas sindicales o de trabajadoras no sindicalizadas?

KN

Hay dos normas más a destacar. Por una parte, se aprobó el derecho de los y las trabajadoras a participar, a través de sus organizaciones sindicales, de las decisiones de la empresa. La manera en que se va a llevar a cabo esa participación queda entregada a la ley. Sin duda, esto abrirá debates interesantes en el futuro próximo.

Por otra parte, inseparable del tema del trabajo, es el derecho a la seguridad social que se consagra. Tiene varias características destacables. Primero, se establece que le corresponde al Estado definir la política de Seguridad Social sobre principios como la solidaridad, el reparto y la universalidad. Segundo, se mandata la creación de un Sistema Público de Seguridad Social destinado a cubrir contingencias diversas e integrales. Tercero, establece que el financiamiento del Sistema se hará a través de aportes obligatorios de los y las trabajadoras y de los empleadores y por las rentas generales de la nación, no pudiendo destinarse este dinero a fines distintos que el pago de los beneficios del sistema. Finalmente, las organizaciones sindicales tendrán derecho a participar en la dirección del Sistema Público de Seguridad Social.

Todas estas características suponen un cambio absoluto respecto del sistema de capitalización individual que hoy existe, sistema que es administrado exclusivamente por empresas privadas (las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP), que es financiado exclusivamente por el aporte de las y los trabajadores (el empleador no aporta), que invierte estos dineros en acciones en la bolsa de valores generando pérdidas irrecuperables (en 2008, producto de la crisis subprime, se perdió cerca del 40% del ahorro previsional de las y los trabajadores de Chile) y que al no estar destinado a pagar pensiones ofrece al final de vida laboral ingresos de miseria.

PA

Respecto a los efectos que van a tener estas nuevas normas constitucionales me gustaría preguntarte, en primer lugar, qué implicancias van a tener las normas sobre reconocimiento del trabajo doméstico y del cuidado.

KN

Bueno, en todos los temas en que se consagran derechos sociales como este hay una dimensión que es legislativa, que es darle una bajada legal a lo que ha quedado consagrado en la Constitución. Una de las cuestiones que se aprobó en esta Constitución también es la posibilidad de presentar Iniciativas Populares de Ley.

Pienso que una de las primeras tareas va a ser elaborar una Iniciativa Popular de Ley que diga en qué consiste este sistema integral de cuidados: ¿Cómo funciona? ¿Cómo se financia? ¿Cuáles son sus dimensiones comunitarias? Y eso va a poner a sectores muy diversos dentro del movimiento feminista ante la necesidad de construir una posición, un debate y una propuesta transversal y echar a correr la imaginación política, porque este tipo de sistema, que existe en otros países, nunca ha tenido lugar en Chile.

Esa es una dimensión con respecto a la cual me siento optimista porque el movimiento feminista (así nombrado, en singular, en toda su diversidad) fue el único sector capaz de construir y presentar ante la Convención Constitucional iniciativas populares de normas unificadas, a diferencia de lo que ocurrió en salud, en educación, en trabajo o en seguridad social, donde hubo más de una iniciativa popular de norma para cada materia. En el caso de los derechos sexuales y reproductivos, del derecho a una vida libre de violencia y a una educación no sexista, tuvimos propuestas de normas unificadas. En ese sentido la experiencia de la Convención ha sido  muy importante para prefigurar esa dimensión de la tarea política que se viene.

Y por otro lado, creo que se viene el trabajo de difundir lo que significa una perspectiva de socialización de estos trabajos, porque realmente son términos todavía ajenos para la población, para muchas mujeres de sectores no necesariamente marginales, sino también de sectores medios donde toda la noción del problema, de la doble jornada de trabajo y de todo esto que nos dicen que es amor en vez de trabajo no pago, sigue en los márgenes de la corresponsabilidad entre géneros. Por ejemplo, sigue enmarcado en demandas como la exigencia de salas cuna financiadas por los empleadores, lo que implica también la monetarización como forma de sostener este tipo de trabajos.

Entonces creo que aquí se abre un desafío mayor y de más largo aliento que compromete horizontes políticos más profundos. No sé hasta qué punto se podrá sostener esa unidad transversal de los feminismos con respecto a esto, ya que históricamente tenemos concepciones muy diferentes sobre este problema. No necesariamente tendrá que resolverse de manera definitiva: puede que haya disputas también en los debates feministas, una disputa por qué lecturas feministas sobre estos trabajos se tornan más hegemónicas.

PA

En esa misma línea, hay algo inédito en este momento que es un gobierno que se autodenomina feminista: hay cuadros políticos del feminismo organizado que entraron al gobierno y tienen puestos importantes, desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en adelante.

¿Cómo proyectas esa disputa de la que hablas, si tomamos en cuenta que una de las contrapartes de ese debate es un sector que está en el gobierno? ¿Va a significar un debate más difícil, una polarización más fuerte con respecto a las tendencias más institucionalizadas? ¿O quizá la posibilidad de realizar estas transformaciones de manera más rápida?

KN

Si lo ponemos en términos de más fácil o difícil yo diría que ambos, definitivamente. Más fácil porque, efectivamente, la existencia de un sistema integral de cuidados forma parte del programa del actual gobierno. Entonces van a posibilitarse, o por lo menos no obstaculizarse, estas perspectivas en lo que refiere a la institucionalidad y las políticas públicas. Pero, al mismo tiempo, se ve que no es fácil ser gobierno, manejar un presupuesto fiscal y tener recursos limitados. No es lo mismo que estar por fuera, y que la cuestión pase solo por demandarle cosas al Estado. Entonces va a ser más fácil y difícil a la vez. Pero si sumamos y restamos, por supuesto que las condiciones de viabilidad están habilitadas, cosa que no tendríamos con un gobierno de otro tipo.

PA

Uno de los problemas que señalaste tiene que ver con la fragmentación de la organización de trabajadores y trabajadoras, a partir de la fragmentación misma de la producción en Chile: una multiplicidad de pequeñas y medianas empresas comerciales o que prestan servicios a los principales sectores productivos, sobre todo agrícolas, forestales y mineros. Esto es reforzado por una legislación que fragmenta en grupos negociadores, en múltiples sindicatos en una misma empresa, etc. 

Dado este escenario, ¿qué implicancias crees que van a tener las normas sobre negociación colectiva en la nueva Constitución? ¿Qué desafíos va a suponer para el movimiento sindical hacerse cargo de ese cambio?

KN

Bueno, en Chile nunca hubo un sindicalismo fuerte, aunque existe ese mito de que antes del golpe de Estado de 1973 había un sindicalismo muy glorioso. Por supuesto, es real que los 17 años de dictadura aplastaron brutalmente al movimiento obrero, y eso conllevó un retroceso histórico irreversible en muchísimas dimensiones, pero eso no hace que ese pasado adopte las magnitudes que a veces se le atribuyen. Por eso es tan importante pensar estos procesos no como un retorno al pasado —que a veces es un anhelo en cierta izquierda: el retorno a un pasado que era virtuoso y que nos fue violentamente arrebatado— sino desde esa memoria que reivindicamos… construir siempre una alternativa de futuro que sea mucho más potente que lo que estaba planteado ahí.

Yo creo que los feminismos han sido particularmente enfáticos en decir «no se trata de volver a lo que teníamos». Y es esperable, porque también nos preguntamos dónde estábamos nosotras en esos procesos pasados. En particular, el mundo sindical siempre ha tenido una estructura  débil porque ha ido muy aparejada al sistema productivo en Chile, y nunca existió aquí —a pesar de que no estaba prohibida por ley— la negociación o la sindicalización por rama productiva, como hizo después la dictadura. Hubo ejemplos, pero fueron claramente la excepción a lo que era la estructura que subsiste hasta hoy, que ha sido la de sindicato base, federación, confederación, central. Una cadena orgánica absolutamente piramidal y que reproduce fuertemente las pulsiones  burocráticas, que siempre están presentes y que tienden a reproducirse. Y eso fue así desde siempre.

Los niveles de sindicalización nunca fueron muy altos en Chile. Hay un momento bastante excepcional cuando se dicta la Ley de Sindicalización Campesina en 1967. Ahí hay un salto porque el campesinado se puede sindicalizar, y después tiene su clímax en 1972 durante la Unidad Popular, cuando de hecho estábamos frente a una coyuntura absolutamente extraordinaria.

Entonces lo que se está habilitando con la nueva Constitución son formas y niveles de negociación inéditos, no un volver atrás. Y esto viene a caer al presente en una tierra  bastante yerma, estéril, que es la del sindicalismo de la transición democrática, que se ha caracterizado por dos grandes corrientes: una, que es predominante, han sido los instrumentos sindicales ad-hoc de los partidos de la transición, de ese sindicalismo es expresivo la principal central sindical, la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras, que ha sido un sindicalismo de mucho entreguismo a las políticas de administración del neoliberalismo y que ha estado conducida siempre por los partidos de los treinta años. Del otro lado podríamos decir que están los reductos de la insistencia de un sindicalismo de combate, de la tradición obrera, de la lucha de clases. Estos sectores no se han propuesto (o aun habiéndoselo propuesto no lo ha conseguido) constituirse como una corriente de trabajadores y de trabajadoras en el sentido de no ser una corriente «autoafirmativa» de una tendencia política o ideológica en particular. Junto a eso han convivido sectores que sí han tenido una política de combate, en el sentido que han librado grandes huelgas y rebasando la ilegalidad dictatorial, poniendo en jaque a sectores importantes del empresariado en el país pero que no necesariamente tienen una formación política, una política sindical, que los unifique en un proyecto general. Estoy pensando, por ejemplo, en la Unión Portuaria.

PA

En el contexto que propone la nueva Constitución, ¿cuál sería el desafío para el sindicalismo?

KN

Yo no sé si este es un desafío para el sindicalismo, esa es mi duda. Yo creo que este es un desafío para la clase trabajadora. Uno, porque estamos ante un sindicalismo que no sabe cómo hacer esto que tenemos que hacer, en el sentido de que nunca lo ha hecho: nunca ha existido como parte de la estructura sindical en Chile, ni ahora ni hace 80 años. Y al mismo tiempo estamos frente a una clase trabajadora que tiene una experiencia muy ajena al sindicalismo. A mí me parece que uno de los desafíos va a ser poder generar una política de unidad de los y las trabajadoras para hacerse cargo de esta tarea política que nadie puede hacer en su nombre, que es generar su unidad para constituir organizaciones fuertes dispuestas a luchar y enfrentarse al empresariado.

No está claro si eso se conseguirá desde una posición de independencia de clase o no, y no me refiero a una ideología del tipo sindicalismo rojo, sino de una independencia de clase, sin compromisos con el gran empresariado. Eso va a tener que ver con qué sector toma la iniciativa, pero sin dudas me parece que en este momento quienes están en mejores condiciones para tomar esa iniciativa son aquellos sectores políticos que tienen una inserción importante en el mundo sindical. Lamentablemente, esa mayor inserción la ostentan en no pocas áreas clave sectores partidarios no independientes. Yo no sé si van a ser esas dirigencias o no las que en primera persona se hagan cargo de esa tarea, pero sí tienen ventaja quienes se han construido orgánicamente en las filas sindicales. Creo que si prospera esta tarea política de construcción de grandes organizaciones sindicales, grandes negociaciones colectivas y huelgas potentes, vamos a ver también la extinción fratricida entre muchas dirigencias sindicales. Hay muchísimos feudos en ese mundo… pequeños, pero feudos al fin y al cabo.

PA

Una de las sorpresas del resultado de la elección de constituyentes [el 15 y 16 de mayo de 2021] fue que a la Convención Constitucional ingresó solamente una dirigenta sindical, Aurora Delgado, trabajadora de la salud y vocera de la Coordinadora de Trabajadores y Trabajadores NO+AFP en la ciudad de Valdivia.

Ningún otro dirigente sindical, pese a que hubo candidaturas de larga trayectoria y con posiciones de primera fila (como es el caso de Bárbara Figueroa, que en ese momento recién había dejado de ser presidenta de la CUT, y Luis Mesina, que fue el referente de la coordinadora NO+AFP durante muchos años). Se trataba de una coyuntura muy aguda, que podría haber catapultado a esas dirigencias a un lugar significativo políticamente. ¿Por qué crees que no hizo sentido que esas dirigencias asumieran tareas políticas en la Convención?

KN

Esa es una pregunta ineludible, muy necesaria. ¿Por qué en una elección en la que son amplísimos los sectores populares que van a votar por la «revuelta», cuando se elige el órgano constituyente, el sindicalismo en todas sus versiones, sea el sindicalismo de la transición, el sindicalismo combativo, todos los sectores del sindicalismo aparecen como algo ajeno y nadie resulta elegido, salvo la compañera Aurora Delgado, dirigenta de la salud pública?

¿Qué nos dice eso? Muchas cosas. Hemos afirmado que la revuelta también fue un balance de lo que han sido estos 30 años y creo que el sindicalismo —o un sector muy importante y hegemónico del sindicalismo— no escapa al cedazo de ese balance. Las conducciones tradicionales, en manos de la Democracia Cristiana, del Partido Socialista y del Partido Comunista, también aparecen a ojos de la población identificados con los partidos del orden, esos que han sido impugnados a través de la revuelta. Ese es un momento de este balance.

Otro momento de este balance tiene que ver con que este sindicalismo aparece como una experiencia ajena para sectores muy numerosos de la clase trabajadora. Eso por todo lo ya dicho sobre la estructura del trabajo en el país, por los niveles de informalidad laboral, por la estructura legal que habilita o no a unos y otros para sindicalizarse, pero también por lo que ha sido una política gremial muy impotente del mismo sindicalismo, incluso de esos sectores que están más dispuestos a la lucha.

Hoy día no existen herramientas sindicales que permitan agrupar en conjunto a trabajadores y trabajadoras informales, a trabajadores y trabajadoras inmigrantes, a trabajadores y trabajadoras no remuneradas, incluso a los sectores desempleados. En pocas palabras, no tenemos una corriente sindical que se haya propuesto deliberadamente generar una política de unidad de la clase trabajadora en torno al problema del trabajo, que no es un problema en singular, es un problema que tiene que ser comprensivo de todas estas realidades.

A pesar de esta terrible ausencia de una política sindical para la realidad efectiva de esta clase trabajadora, son muchos los sectores sindicales que pueden ser militantes o empujar posiciones de izquierda dentro del sindicalismo que conciben que en el sindicato está la titularidad general de la lucha de la clase trabajadora, y que afirman por lo tanto esa titularidad en las características con que se presenta formalmente: masculina, formalmente asalariada, y organizada en sindicatos. Pero podríamos preguntarnos ¿cuál es hoy el porcentaje de esa clase trabajadora masculinizada, formalmente asalariada y sindicalizada? Es la minoría.

Sin embargo, hay quienes afirman que esa titularidad orgánica de la clase trabajadora la tienen esos sectores, a pesar de un contexto político en que han emergido movimientos sociales con una potencia mucho mayor que la sindical, que han protagonizado movilizaciones masivas, que han sido además la antesala de la revuelta y del estallido social, en la que evidentemente estamos viendo demandas que hace 100 años podría haber portado el sindicalismo y que ya no aparecen portadas desde allí, y tampoco pareciera interesarle al mundo sindical disputar el podio para conducir en una perspectiva unitaria esas demandas.

De hecho, es tal la dislocación entre lo que clásicamente aparecía como portado por el sindicalismo dentro de un programa general de la clase trabajadora, que una de las demandas más relevantes del mundo sindical en estas décadas, el fin del Plan Laboral de José Piñera (hermano del ex Presidente) y de Pinochet, se ha logrado sin presencia sindical en la Convención, lo ha logrado un órgano en el que está autorrepresentado el pueblo trabajador, que ha hecho suya esa demanda central sin ser representante directo del mundo sindical. Ahí está la clase trabajadora actuando, aunque no lo haga bajo sus formas sindicales. Es la clase trabajadora la que ha logrado concretar esa demanda. Esa es una buena noticia.

 

PA

Para cerrar, creo que es relevante señalar que en el nuevo catálogo de derechos de la Constitución encontramos derechos sociales por los que se viene luchando hace muchísimo, con grandes organizaciones, movilizaciones, y una historia que se remonta décadas. 

La excepción a esto es el reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado y de cuidado, una demanda que ha tomado muchas formas en nuestra historia, pero que es relativamente nueva en la forma en que fue aprobada [existe la propuesta de un Sistema Público de Cuidados]. Este es un derecho que logra dar un gran salto y entrar directamente al borrador de nueva Constitución. ¿Qué opinas de esa circunstancia? ¿Podría pensarse la nueva Constitución como una «puesta al día» respecto a esa composición de la clase trabajadora chilena a la que hacías referencia?

KN

Sí, en parte. O sea, es imposible que un órgano conformado por 154 personas pueda ser expresivo en su totalidad de eso. Pero hay dos sectores que ingresan masivamente a la Convención a través del voto popular, que son los sectores que se han organizado en torno a las luchas feministas, y los sectores que se han organizado en torno a la lucha socioambiental. En particular, los sectores que han sostenido las demandas y las movilizaciones feministas en estas décadas entran premunidos de un programa y de instancias previas muy transversales y nacionales de discusión y deliberación política, además del haber coordinado jornadas gigantescas de movilización. El «Encuentro Plurinacional de Las y Les que Luchan» hizo posible ese programa, y es una ventaja infinita que fue muy palpable dentro de la Convención.

Pero además el feminismo hoy en Chile se ha ido convirtiendo en sentido común y, sobre todo, tiene una especie de lugar de autoridad, incluso a ojos de quienes no se oponen radicalmente al feminismo, pero que tampoco les simpatiza o les parece que una serie de cuestiones que plantea el feminismo son «excesivas». Son sectores que no se atreven a quedar expuestos, a ojos del conjunto de la población, como opositores a las demandas feministas. Que el feminismo tenga una autoridad en el sentido común de masas ha sido muy relevante para que avancen cuestiones que son inéditas en el orden institucional a nivel local e internacional. Sabemos que este es el primer proceso constituyente paritario en el mundo, pero también ha logrado consagrar una democracia paritaria sin techo: todos los órganos del Estado, sean o no de elección popular, tienen que estar integrados al menos por un 50% de mujeres. No 50% y 50%: puede ser 80% o 100% mujeres.

Otra cuestión ha sido el derecho al aborto, algo que no podíamos alcanzar desde el poder constituido. Hace muy poco, en septiembre del año pasado, el Congreso Nacional rechazó la despenalización del delito de aborto y hoy día la interrupción voluntaria del embarazo se ha logrado consagrar como un derecho fundamental en todas las causales a través de la Convención. Ahí hemos contado con el voto de gente que jamás lo hubiese aprobado en el marco del debate parlamentario, sectores políticos que no aprobaron ni siquiera la despenalización.

Entonces la fuerza con la que ingresa el feminismo a la Convención es bastante impresionante, y se hace cargo de una serie de demandas históricas del feminismo, incluyendo la del trabajo doméstico y de cuidado. Concuerdo contigo que en Chile no hubo algo así como una ola de movilización feminista que pusiera esta demanda de la socialización de los trabajos como el más  central de los elementos, pero también vamos a estar de acuerdo en que no es una demanda nueva en el mundo. Ya en la Revolución Rusa se ensayó un programa de socialización de los trabajos; era parte de esa perspectiva programática, tuvo una centralidad muy importante en la denominada segunda ola feminista, y también en el momento de irrupción feminista internacional en el que estamos. En Chile ha llegado también en parte como contagio y afortunadamente ha podido caer en manos de sectores feministas organizados que han tomado la decisión deliberada de hacer suyas estas perspectivas que podemos considerar las más desarrolladas programáticamente que ha habido en la experiencia internacional e impulsarlas acá también.

Pero sí, la posibilidad de consagrar algo que tal vez no estaba en el corazón de las demandas de las movilizaciones feministas, y que constituye una perspectiva muy avanzada en la lucha feminista internacional de más de un siglo, es algo que da cuenta no solo de que el feminismo es capaz de hacerse cargo de su agenda histórica sino que además ha logrado empujar sin contrapesos serios dentro de la Convención Constitucional el carro de una serie de demandas que tradicionalmente nos dirían que no son «propiamente feministas» y que son demandas de la clase trabajadora «en general».

Siempre están los sectores que insisten de situar al feminismo en una lugar de particularidad, pero la apuesta feminista de los sectores organizados que han podido impulsar y de alguna manera conducir el proceso feminista de los últimos años en nuestro país se han planteado también deliberadamente esto, eso que denominamos una orientación de «transversalización del feminismo en el movimiento social», y que concibe su propia actividad como una forma de acción política de la clase trabajadora. Entonces, por ejemplo, el derecho a la vivienda queda consagrado en la nueva Constitución como una demanda histórica del movimiento de pobladores y pobladoras sin casa, pero al mismo tiempo dentro del mismo derecho a la vivienda está contemplada la existencia de casas de acogida para las personas que viven violencia de género.

Quiero decir que esta transversalización no implica solo hacernos cargo de demandas que largamente han existido en el mundo popular, sino también de imprimirles y de repensar cada una de estas demandas en su dimensión, en su impacto y en su alcance en términos de sexo y de género, porque para todas estas políticas —y así va a estar consagrado en el lenguaje de la nueva Constitución— vamos a hablar de mujeres, de disidencias y diversidades sexogenéricas, inscribiendo este proceso, uno de los procesos de mayor avance feminista de las últimas décadas, dentro de una perspectiva feminista deliberadamente transincluyente. Esto es parte ineludible de su potencia.

Este texto forma parte de la serie «Convención Constitucional 2022», una colaboración entre Jacobin América Latina y la Fundación Rosa Luxemburgo.

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La nueva Constitución de Chile, punto por punto: Sistema Político y electoral, Derechos, Salud, Educación e Igualdad de género

La Convención Constitucional presentó el borrador que será sometido a plebiscito el próximo 4 de setiembre. Entierra definitivamente la Constitución de Pinochet con novedades en todas las áreas. Elimina el Senado e incluye el derecho al aborto entre otros muchos cambios.

 

Chile votará el domingo 4 de setiembre si aprueba o rechaza la nueva Constitución que comenzó a redactarse el año pasado. Este lunes, el pleno de la Convención Constitucional entregó el borrador del texto aprobado que contiene 499 artículos divididos en ocho capítulos con casi 48 mil palabras.

El documento pasó a la Comisión de Armonización que, si bien no podrá cambiar sustancialmente su contenido, revisará la redacción y eliminará las redundancias. De aprobarse con la extensión actual, Chile podría tener la Constitución más grande del mundo, superando la impulsada por Evo Morales en Bolivia, que tiene 411 artículos.

Tras 10 meses de debate, los constituyentes lograron varios acuerdos y dejaron atrás algunas de las propuestas más polémicas enviadas por los ciudadanos, como la “cárcel para el expresidente Sebastián Piñera”, la pérdida de autonomía del Banco Central y la protección de la vida desde su concepción.

La nueva Constitución elimina el Senado e incluye el derecho al aborto y la muerte digna, así como el reconocimiento a la pluralidad y del patrimonio de los pueblos indígenas que componen el territorio chileno.

A cuatro meses de plebiscito, las encuestas no le sonríen. El 46 % votaría el rechazo, según las últimas publicaciones de Cadem y Activa Research. En los sondeos, la aprobación tiene un apoyo de entre 38 % y el 27,1% mientras que los indecisos se sitúan entre el 16 % y el 27%.

El plebiscito es obligatorio. Si se aprueba, el presidente Gabriel Boric debe convocar al Congreso para que en un acto público y solemne, se promulgue y se prometa acatar la nueva Constitución. Si gana la opción de rechazo al nuevo texto, se mantiene la actual carta magna.

Cómo se gestó la nueva Constitución

En octubre de 2020, con el plebiscito nacional de Chile, la ciudadanía aprobó iniciar un proceso constituyente de cara a la elaboración de una nueva constitución. El texto que rige actualmente es de 1980, creado por el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990).

Se llegó a esa instancia luego de las protestas sociales de 2019, cuando durante 28 días hubo masivas movilizaciones reclamando más igualdad y terminar con un “sistema de abusos".

En mayo de 2021 se realizaron las elecciones de los 155 convencionales encargados de realizar la redacción de la nueva Constitución, y tuvieron su primera sesión el 4 de julio en la ex sede del Congreso Nacional.

Desde fines del 2021 y hasta febrero de 2022, la Convención Constitucional tuvo abierto el plazo para recibir iniciativas de la ciudadanía que debían alcanzar las 15 mil firmas para ser debatidas por los constituyentes. De unas 2500 recibidas, fueron 78 las propuestas que superaron el objetivo para ser analizadas con las comisiones temáticas de la Convención.

Derechos fundamentales 

Los Derechos Fundamentales son aquellos inherentes a la persona humana, y se consideran esenciales “para la vida digna de las personas y los pueblos, la democracia, la paz y el equilibrio de la Naturaleza”.

Este capítulo reúne artículos sobre libertad de expresión, seguridad individual, libertad personal ambulatoria, derechos sexuales y reproductivos, derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, libertad de asociación, vivienda, salud, cuidados y derecho de los trabajadores.

Los artículos vinculados a los derechos sexuales y reproductivos establecen, entre otros puntos, que el Estado debe garantizar a las mujeres y personas con capacidad de gestar “las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos”.

Hay un artículo destinado a la educación sexual integral, que incluye el reconocimiento de las diversas identidades y expresiones de género y la erradicación de estereotipos.

Sistema Nacional de Salud

La normativa vinculada a la salud implica la creación de un Sistema Nacional de Salud, que integre “a la red de prestadores públicos, a los hospitales y centros médicos vigentes de las Fuerzas Armadas y de Orden", mediante proyecto de ley presentado por el presidente en un plazo de dos años luego de que la nueva Constitución entre en vigencia.

En materia de cuidados, la propuesta de la nueva constitución incluye la creación de un Sistema Nacional de Cuidados, con “carácter estatal, paritario, solidario, universal, con pertinencia cultural y perspectiva de género e interseccionalidad”, que “prestará especial atención a lactantes, niños, niñas y adolescentes, personas mayores, personas en situación de discapacidad, personas en situación de dependencia y personas con enfermedades graves o terminales”.

Educación Pública

El nuevo texto de la Carta Magna propone que la educación sea de acceso universal en todos sus niveles y obligatoria desde el nivel básico hasta la educación media. El Sistema de Educación Pública será de carácter laico, gratuito y financiado por el Estado de forma permanente y directa, para que cumpla plena y equitativamente con los fines y principios de la educación.

El Estado debe “respetar la libertad de prensa”, “promover el pluralismo de los medios” e impedir “la concentración de la propiedad” de los medios de comunicación e información, según se detalla en el apartado Sistemas de Conocimiento.

Este capítulo regula, además, los derechos referidos al patrimonio indígena y el Pueblo Tribal Afrodescendiente, entre ellos, “obtener la repatriación de objetos de cultura y de restos humanos” así como la necesidad de “preservar la memoria” de los pueblos originarios.

Por último, este capítulo contiene el “derecho a la muerte digna” que, aunque no habla directamente de eutanasia ni de muerte asistida, asegura “el derecho a las personas a tomar decisiones libres e informadas sobre sus cuidados y tratamientos al final de su vida”.

Sistema Político sin Senado

La conformación política de Chile protagonizó debates importantes a nivel nacional y dividió a la Sala, obligando a los constituyentes a tener que negociar hasta llegar a un modelo que logró la aprobación de los dos tercios necesarios en el pleno.

Tras meses de discusión, el borrador de la nueva Constitución establece un régimen presidencial, con un legislativo bicameral asimétrico.

Por un lado, el Congreso de Diputadas y Diputados se mantendría con 155 miembros electos, “atendiendo el criterio de proporcionalidad”. Sin embargo, el Senado actual sería eliminado y remplazado por un órgano con menos atribuciones, al que denominaron Cámara de las Regiones.

Los integrantes de esta Cámara serán electos por región, al igual que los diputados, pero el número de integrantes “deberá ser el mismo para cada una y en ningún caso inferior a tres, asegurando que la integración final del órgano respete el principio de paridad”.

En cuanto al jefe del Ejecutivo, el texto establece que “para ser elegida Presidenta o Presidente de la República se requiere tener nacionalidad chilena, ser ciudadana o ciudadano con derecho a sufragio y haber cumplido treinta años de edad”, disminuyendo cinco años los requisitos actuales.

Asimismo, permite la reelección presidencial inmediata, aunque no podrá ser aplicable al mandatario actual.

Corte Constitucional de 11 miembros

En cuando al poder Judicial, el principal cambio es el remplazo del Tribunal Constitucional (TC) por una Corte Constitucional. El nuevo organismo cuenta con funciones similares, pero se compone de 11 magistrados, sumando un miembro más que el TC actual para evitar empates.

Otro cambio importante es la obligatoriedad en las elecciones para los mayores de 18 años, mientras que “el sufragio será facultativo para las personas de dieciséis y diecisiete años de edad”.

Para las instancias electorales, se “creará un sistema electoral conforme a los principios de igualdad sustantiva”que “promoverá la paridad en las candidaturas”. Además, las listas electorales deberán ser encabezadas siempre por una mujer.

Paridad de género

De aprobarse la nueva Carta Magna, Chile tendrá por primera vez una democracia paritaria establecida desde la Constitución, bajo la premisa de que la paridad “sea un piso y no un techo”, como plantearon varios convencionales. 

De esta forma, el Poder Ejecutivo, Legislativo y de Justicia, la Administración del Estado, las empresas públicas y los órganos autónomos deberán contar con al menos un 50% de sus miembros mujeres y deberán incorporar el enfoque de género en sus funciones.

En materia de seguridad, dos articulados tratan puntos que marcaron los primeros días del presidente Gabriel Boric, que enfrenta una serie de ataques por parte de grupos mapuches, además de sucesivas protestas de transportistas que reclaman por la falta de seguridad en las rutas del país.

Políticas de seguridad

Las iniciativas del gobierno sobre el estado de emergencia generaron roces en la interna oficialista que reclama avanzar en la refundación de Carabineros, la ley de inteligencia, el control de armas y la ley de lavado de activos.

El artículo 19 del capítulo “Sistema Político” de la nueva Carta Magna indica que las policías “son instituciones policiales, no militares”, lo que llevaría a una reforma del cuerpo de Carabineros.

En la misma línea, dentro del las categorías de los Estados de Excepción constitucional se elimina el Estado de Emergencia, relacionado con la perturbación al orden interno y que fue utilizado durante el estallido social en 2019 y en la macrozona sur.

De esta forma, se mantienen el Estado de Asamblea para conflicto armado externo, de Sitio para conflicto armado interno, y el Estado de Catástrofe. “Una vez declarado el estado de excepción, se constituirá una Comisión de Fiscalización dependiente del Congreso de Diputadas y Diputados, de composición paritaria y plurinacional” que deberá “fiscalizar las medidas adoptadas bajo el estado de excepción”, y, en particular, “la observancia de los derechos humanos”.

Estado plurinacional

Por último, la Convención Constitucional aprobó un artículo que define al país como un "Estado Plurinacional e Intercultural" y, de esta forma, pasa a reconocer "la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado".

En total, el borrador reconoce como pueblos y naciones indígenas preexistentes a “los Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Lickanantay, Quechua, Colla, Diaguita, Chango, Kawashkar, Yaghan y Selk'nam” dejando margen para otros que puedan “ser reconocidos en la forma que establezca la ley”.

Además, establece que “el Estado debe garantizarla efectiva participación de los pueblos indígenas en el ejercicio y distribución del poder, incorporando su representación en la estructura del Estado”.

Medio Ambiente

En su primer artículo, el capítulo sobre Medio Ambiente reconoce la “crisis climática y ecológica” mundial y responsabiliza al Estado de adoptar “acciones de prevención, adaptación, y mitigación de los riesgos”, en relación con el cambio climático.

Con más de 6.435 km de Costa, la nueva constitución establece que “Chile es un país oceánico”, declara como bienes “inapropiables” el agua, el mar territorial, las playas y el aire. Responsabiliza al Estado de su protección y de administrar el agua de forma democrática, garantizando el acceso, el saneamiento y el equilibrio de los ecosistemas. Para esto, establece la creación de la estatal Agencia Nacional de Aguas.

Los movimientos animalistas, que promocionaron campañas para contemplar los derechos de los animales en la constitución, lograron incluir un articulado que califica a estos como “sujetos de especial protección. El Estado los protegerá, reconociendo su sintiencia y el derecho a vivir una vida libre de maltrato”.

Por último, en relación con la actividad minera, “el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas y las sustancias minerales (...) sin perjuicio de la propiedad sobre los terrenos en que estuvieren situadas”.

“La exploración, explotación y aprovechamiento de estas sustancias se sujetará a una regulación”, aunque el texto no prohíbe las concesiones a empresas privadas, dejando afuera las iniciativas que pedían la nacionalización de la minería. Además, quedarán excluidos de toda actividad minera los glaciares y las áreas protegidas.

Autonomías regionales

Los artículos sobre Forma de Estado están vinculados al la territorialización de estado y la autonomía regional.

La nueva Carta Magna propone que Chile sea un Estado Regional, Plurinacional e Intercultural "conformado por entidades territoriales autónomas”, política, administrativa y financieramente. Este artículo tiene como objetivo dejar atrás la actual forma jurídica chilena de un “Estado Unitario”.

De esta manera, el Estado estará organizado territorialmente en regiones autónomas que dispondrán de personalidad jurídica y patrimonio propio. Además, contarán con las competencias para gobernarse “en atención al interés general de la República, de acuerdo a la Constitución y la ley, teniendo como límites los derechos humanos y de la Naturaleza”.

Estas entidades tendrán “autonomía para el desarrollo de los intereses regionales, la gestión de sus recursos económicos y el ejercicio de las atribuciones legislativa, reglamentaria, ejecutiva y fiscalizadora”.

La elección de representantes a los cargos de las entidades territoriales será por votación popular, asegurando, entre otros requisitos, la paridad de género, y la representatividad territorial.

Los artículos más discutidos

Uno de los artículos que estuvieron más debatidos es el del “Maritorio” (darle al mar el mismo estatus que al terrritorio), que finalmente establece las garantías para la preservación, conservación y restauración ecológica de los espacios y ecosistemas marinos y marino costeros.

La normativa acerca de forma del estado también hace referencia a los tributos y la descentralización fiscal. “La Ley de Presupuestos de la Nación deberá propender a que, progresivamente, una parte significativa del gasto público sea ejecutado a través de los gobiernos subnacionales, en función de las responsabilidades propias que debe asumir cada nivel de gobierno”, dice el texto.

El documento con la propuesta constitucional incluye “mecanismos de modernización” de los procesos y organización del Estado. En su articulado establece que se tomarán las medidas necesarias para prevenir la violencia y superar las desigualdades que afrontan mujeres y niñas rurales. Además, reconoce la ruralidad como una expresión territorial.

18 de mayo de 2022

*De la Agencia Regional de Noticias, especial para Página/12.

Publicado enInternacional
Viernes, 13 Mayo 2022 06:20

Desde dentro y en contra

John Holloway / Wikimedia Commons

Con John Holloway, a 20 años de Cambiar el mundo sin tomar el poder

 

En esta entrevista, a dos décadas de la publicación de su libro más célebre, el intelectual irlandés habla sobre la realidad latinoamericana y la resistencia a la explotación.

 

John Holloway vive y enseña en Puebla, México, desde hace unos 30 años. Es profesor en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde da un curso sobre El capital, de Karl Marx, y otros que mezclan teoría crítica, crisis del capital y las posibilidades actuales de desplazarlo. Dice que identificar es una forma de dominar, pero, en vistas de su carrera de más de cuatro décadas, no queda otra que asociar a Holloway al marxismo autonomista, contrario a la tradición leninista, centrada en la clase obrera y la toma del Estado. Brecha se juntó con Holloway en el Jardín Etnobotánico de Cholula y conversó con él con la excusa de los 20 años de la publicación de su libro más conocido: Cambiar el mundo sin tomar el poder.

—Hace 20 años, en 2002, se publicó Cambiar el mundo sin tomar el poder, un libro en el que dice que el Estado es una forma de administrar y reproducir la lógica del capital, por lo que no tiene mucho sentido apelar al poder estatal como instrumento para la transformación social. El libro tuvo muchísimo éxito. Inspiró a organizaciones militantes en varios países latinoamericanos y motivó discusiones sobre la posibilidad de organizar proyectos emancipatorios autónomos, en medio de un ciclo de luchas sociales e impugnaciones contra las políticas neoliberales. ¿Cómo surgió el libro y cómo recuerda aquel contexto?

—Creo que las primeras intuiciones de Cambiar el mundo… aparecieron en la década del 70, en el ámbito de un debate teórico-político acerca del Estado como una forma social derivada de la dinámica del capital, es decir, viendo al Estado como una coagulación de las relaciones sociales capitalistas. De ahí, me parecía obvio que no podíamos pensar en una revolución a través del Estado. Luego, en el 91 llegué a México y en el 94 fue el levantamiento zapatista, que fue… maravilloso. Ese acontecimiento se conectó con lo que venía pensando en los años anteriores, acerca de encontrar formas de emancipación que no estuvieran canalizadas (y neutralizadas) por la lógica del Estado. Supongo que eso me dio más impulso para escribir el libro. Su publicación vino apenas después de la crisis de 2001 en Argentina, del «Que se vayan todos». La coincidencia del argumento central del libro con las explosiones de rabia social hizo que tuviera una repercusión que no esperaba. Pensaba que a nadie le iba a importar.

—Las primeras frases del libro se hicieron famosas: «En el principio es el grito. Nosotros gritamos». ¿Qué es ese grito? ¿Cree que es básicamente el mismo hoy que hace 20 años?

—El grito es un grito de rechazo. Es: «No queremos», «No lo aceptamos», «No lo vamos a permitir». La idea del grito tiene un origen medio tonto, pero es como se me ocurrió. En los setenta estaba en una manifestación en Frankfurt y vi una pancarta que tenía escrito algo así: «!!#?*/!!», un conjunto de signos que expresaban rechazo, pero que no sabían bien cómo exteriorizarse; un grito de ahogo, de furia ahogada. Creo que el grito de hoy es de desesperación, de ansiedad profunda. No es solamente: «Nos están explotando», no es solamente rabia contra la desigualdad, sino que es un grito más consciente del peligro de la extinción o de la catástrofe. Si vemos lo que está pasando en el mundo con la pandemia, la guerra, la amenaza de una guerra nuclear, el calentamiento global… Creo que es un grito mucho más consciente de la posibilidad de una catástrofe.

—El subtítulo del libro es «El significado de la revolución hoy». ¿Y hoy? ¿Cuál es?

Cambiar el mundo… termina diciendo que no sabemos. Hoy tampoco lo sabemos. Si vemos el capitalismo, está claro que lo tenemos que romper, que la revolución es más urgente que nunca, mucho más urgente que en 1917, por ejemplo. Lo que hoy se nos aparece como una consecuencia posible de la dinámica capitalista es mucho peor que hace 100 años, porque tiene que ver con la destrucción de las condiciones que hacen posible la vida en el planeta. La revolución es romper la dinámica social actual, que es la dinámica del dinero y del capital. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pienso que lo primero es el grito, pero el grito que abre grietas. En Agrietar el capitalismo, el libro que escribí luego de Cambiar el mundo…, propuse la idea de las grietas como una posible respuesta en términos de reconocimiento, creación, expansión, multiplicación y coexistencia de espacios y momentos en los que decimos: «No, no vamos a aceptar, vamos a explorar otras formas de vida».

—Solemos pensar el capital como una fuerza más o menos abstracta que nos domina, nos explota, organiza nuestra vida en función del trabajo, el dinero, el consumo de mercancías, etcétera, y que, en todo caso, tiene constantes crisis de reproducción, que intenta superar intensificando la explotación y la extracción de valor. Sin embargo, usted insiste en que detrás de estas crisis estamos nosotros, que nosotros somos la crisis del capital. ¿Qué quiere decir con esto?

—El capital es un ataque, una agresión, una forma de dominación que tiene la característica de no poder reproducirse hoy como ayer. El capital como forma de dominación tiene una dinámica inherente, una dinámica expresada en la ley del valor. La reproducción del capital depende de su capacidad de explotarnos, y de explotarnos más y más. Si no lo puede hacer, entra en crisis. Por eso, somos nosotros los que estamos ahí como obstáculo, porque no queremos, no dejamos que el capital siga explotándonos. Tenemos que pensar en nosotros como obstáculos del capital. Si vemos el capital como una agresión constante, sus problemas para reproducirse indican la fuerza de nuestra resistencia, que puede ser una resistencia consciente, militante, o simplemente una resistencia de «Hoy me quedo en casa a jugar con los niños». Para mí, lo más importante es que estos gritos no van contra una dominación estable y omnipotente, sino contra una dominación que está constantemente en crisis, porque nosotros podemos ponerla en crisis.

—Obviamente, su postura es muy lejana a la de los progresismos, cuya estrategia está centrada en acceder al poder del Estado y, desde allí, combinar la reproducción del capital en sus territorios con ciertas políticas de redistribución y reconocimiento de derechos y una mejora en el nivel de vida de los sectores populares. Es evidente que esta estrategia de equilibrismo ya no funciona como antes. Sin embargo, no parece haber algo con la fuerza suficiente para desbordarla. Todo está medio trancado. Los progresismos siguen ahí, ya sin entusiasmar mucho a nadie, pero manteniéndose como alternativas de gobierno realistas. ¿Qué balance hace de la época progresista y cómo ve esta especie de punto muerto?

—Me parece que lo de 2001 en Argentina es un buen ejemplo para entender esto. El «Que se vayan todos» no logró mantener su energía y fue canalizado dentro del progresismo kirchnerista. Y el kirchnerismo fue una forma de reconciliación entre el descontento social manifiesto y la reproducción del Estado. Está claro que el progresismo no es la respuesta que buscamos, porque termina reproduciendo la misma dinámica de destrucción. Por ejemplo, los gobiernos progresistas en América Latina han sido, en general, bastante favorables al extractivismo. Por la razón que tú dices: porque el Estado necesita garantizar (y atraer) la reproducción del capital dentro de su territorio. ¿Cómo romper con eso? Bueno, obviamente ese es el dilema en el que estamos desde hace mucho tiempo. Primero, la idea de las grietas: ir construyendo espacios y momentos de autonomía, en los que decimos no a la lógica del capital y del Estado, porque el Estado solamente puede reproducir el capital. Segundo, me parece evidente que en los próximos años se van a intensificar los conflictos sociales, probablemente en todo el mundo. Vamos a ver una intensificación de la crisis del capital, una intensificación de la rabia social. Es probable que veamos más explosiones como la de Chile hace unos años, la de Colombia el año pasado, la de Sri Lanka hace unas semanas. Me parece que tenemos que pensar en cómo nos estamos relacionando con estas explosiones. Lo que vemos es que a veces son movilizaciones fascistas. A veces, en cambio, tienen potencias emancipatorias, como las de Chile y Colombia. No estamos viviendo en un mundo estable. El problema va a ser cómo nos relacionamos con estas explosiones. Lo mismo sucede con el calentamiento global, que es una característica inseparable de la destrucción capitalista.

—Hace unos años que nos pasamos hablando de la derecha. Vemos cómo se ha ido formando una avanzada de movimientos reaccionarios con bases sociales que crecen, capaces de canalizar malestares y ganar elecciones. Hablan de anticomunismo, supremacía racial, necesidad de recuperar los valores de Occidente, odio a los feminismos y las disidencias sexuales, etcétera. Frente a esto, al menos en América Latina, los progresismos se presentan como una especie de cordón sanitario, que puede contener a esta derecha radicalizada. Por un lado, parece obvio que nada bueno puede salir de esta disputa. Por otro, tampoco se puede hacer de cuenta que no existe, porque lo cierto es que este marco binario termina bloqueando la imaginación política y absorbiendo las energías militantes.

—Estoy de acuerdo con lo que dices. Es difícil ver que salga algo bueno de ahí. Espero que [en las elecciones brasileñas de este año] gane Lula. Y qué bueno que ganó [Gabriel] Boric en Chile. Y espero que gane la izquierda en Colombia también. Pero los gobiernos progresistas siempre terminan en una desilusión, porque no pueden cumplir sus promesas, porque el poder no está en el Estado, sino en la organización social capitalista. Y mientras eso no se cuestione, lo que puede hacer un gobierno progresista está bastante restringido. Entonces sí: esa oscilación entre progresismos y derechas radicales no ofrece una salida. Es más: cierta dinámica en el progresismo favorece a la derecha, simplemente por la fuerza de la desilusión. Para mí, lo importante es pensar en la derecha, pero no únicamente desde la indignación y el desagrado. El desafío es pensar en esta derecha tan repugnante en términos de lo que tenemos en común. Lo que tenemos en común es la rabia contra el sistema. En lugar de decir simplemente: «Esos son fascistas», tenemos que arriesgarnos a tocar su enojo, su rabia social, y entender que esa rabia puede tomar otras direcciones. La cosa es cómo entender ese enojo social y por qué está tomando esa forma, para así intentar que tome otras.

—Usted siempre habla de la importancia de pensar desde las luchas, desde la fuerza que nos da saber que reproducimos el capital y podemos dejar de hacerlo. Sin embargo, el otro día lo escuché decir en una clase algo que me llamó la atención: que teníamos que pensar más en cómo debilitar al enemigo. ¿Qué quiso decir?

—Creo que en los años noventa se dio un giro en las discusiones marxistas y en la teoría social radical en general, y se empezó a pensar en las luchas que vienen desde abajo, desde nosotros. El peligro con eso es que simplemente vamos olvidando cómo se mueve el otro lado. Eso se ve en la teoría autonomista, en la idea del éxodo, la idea de la fuga, la idea de crear alternativas y olvidarnos del capital. Veo eso como el sueño del prisionero que imagina que ya está fuera de la cárcel. Mi opinión es que no tenemos que pensar en términos de alternativas, sino en términos de antagonismos: antagonismo entre nuestras capacidades y deseos, y el capital. Tenemos que pensar desde donde estamos, pero entendiendo nuestra situación como un antagonismo, no como una alternativa. En un libro que espero se publique pronto, llamado Esperanza en tiempos de desesperanza, retomo esta idea. Para decirlo más claro: tenemos que ser conscientes de este contexto antagónico en el que estamos metidos, no solo porque nuestras luchas siempre se enmarcan allí, sino porque tenemos que entender si nuestras luchas se están produciendo dentro del capital mismo, como su crisis y su enfermedad. Es decir, no se trata tanto de escapar del capitalismo –lo que no es realmente posible– o de crear alternativas, sino de asumir nuestra posición antagónica y luchar desde allí, desde dentro y en contra.

—Algo muy característico de su escritura es que está llena de emociones e imágenes afectivas. Hay dolor, bronca, deseo, esperanza. Da la sensación de que está pensando constantemente en la emocionalidad de quien lee, como queriendo que después de leer se vaya con más conciencia de su fuerza. Al hablar con amigos de aquí, muchos me dijeron que cuando terminaron de leer Cambiar el mundo… querían tirar el libro contra la pared y salir a gritar junto con los demás. La teoría suele presentarse como un campo despejado de las emociones que nublan la razón. Usted, en cambio, les da un lugar central en su desarrollo teórico.

—Sí, creo que no puedo partir de otro lugar que no sea la esperanza. Para mí, la esperanza es básica, porque simplemente me niego a aceptar que no hay salida. Creo que la hay. Es cierto que hay pocas posibilidades. Si miro a mi alrededor hoy, creo que nos encaminamos hacia la extinción. No sé… ¿cuánto hay?, ¿un uno por ciento de posibilidades de que esto salga bien? Bueno, apostemos por ese uno por ciento. Por eso me gusta tanto aquel mensaje de los zapatistas del que hablamos siempre. En octubre de 2020, en el comunicado en que anunciaban su cruce transatlántico hacia Europa, luego de describir la catástrofe que es el capitalismo, los zapatistas escribieron: «Y por eso hemos decidido que es tiempo de que bailen nuestros corazones y de que no sean ni su música ni sus pasos los del lamento y la resignación». No puedo pensar de una manera distinta a esa.

Por Ignacio de Bonidesde Puebla 
13 mayo, 2022

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El Gobierno de Pedro Castillo decreta estado de emergencia para reprimir a los comuneros de las Bambas

La medida durará 30 días y afecta a los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui. El objetivo es acabar con la justa lucha de los comuneros que se oponen a los abusos de la minera Las Bambas.

Redacción LID Perú

Jueves 28 de abril

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) encabezada por Aníbal Torres y el presidente Pedro Castillo, oficializaron este miércoles 27 de abril la declaratoria de estado de emergencia en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, en la provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac. Esta medida de excepción que durará 30 días, permite la intervención del ejército y la policía para facilitar la represión de los campesinos y comuneros que se encuentran en pie de lucha contra la Minera MMG Las Bambas.

Esta medida antidemocrática y reaccionaria del ejecutivo, que pone de manifiesto una vez más el carácter pro empresarial y servil del gobierno, fue oficializada mediante el Decreto Supremo 042-2022-PCM, que en su primer artículo decreta que “la Policía mantendrá el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas”. De esta manera, y así como lo viene haciendo con los comuneros de Torata-Moquegua, Castillo apela a la abierta represión de las fuerzas represivas para contener las demandas populares y congraciarse con los intereses de los grandes empresarios mineros.

Como se recuerda, en la zona donde se declaró el estado de emergencia, se venía desarrollando un conflicto social entre los comuneros y el capital minero, el cual, con la complicidad del gobierno, se negaba a resarcir los daños ambientales y económicos provocados en las comunidades aledañas como consecuencia de la actividad extractiva que les reporta grandes ganancias a los empresarios. Es por esta razón que los comuneros de Fuerabamba, cansados de la inacción del gobierno, desde el 14 de abril tomaron los terrenos de la mina MMG Las Bambas.

Como bien lo han manifestado los dirigentes de los comuneros, esta toma de tierras es por compromisos incumplidos por la empresa minera Las Bambas desde el 2014, año en que la compañía compró los terrenos de la comunidad para sus operaciones extractivas. Los dirigentes de Fuerabamba sostienen que son más de 100 compromisos de la minera todavía sin concretarse. Debido a esta medida de lucha, la empresa minera se vio obligada a paralizar sus actividades desde el 20 abril.

Al cierre de esta nota, se tenía conocimiento que durante el día miércoles se dio una violenta intervención de las fuerzas represivas con la cual se buscaba desalojar a los comuneros de los predios de la empresa minera. Mientras tanto, se calcula que un poco más de 200 comuneros permanecen aún en la zona y otro contingente continúa sumándose.


Desalojan a campesinos de mina de cobre china en Perú

Ap y Arn

Lima. La policía desalojó ayer a cientos de campesinos quechuas de la más importante mina china de cobre en Perú, a la cual ingresaron hace 14 días en demanda de que la empresa cumpla la promesa de entregarles 180 hectáreas como contraprestación por la explotación de sus recursos naturales.

El campamento instalado en la mina paralizó la producción de cobre la semana pasada. Otro paro duró 13 días en diciembre pasado. La mina Las Bambas es controlada por la la estatal china Minmetals mediante su filial MMG Limited.

El desalojo con gas lacrimógeno representa un viraje al uso de la fuerza del gobierno del presidente, Pedro Castillo, que más temprano decretó el estado de emergencia, que limita la libertad de reunión y de protesta por 30 días en la zona. Hace una semana hizo lo mismo para frenar otro conflicto en importante mina de capitales mexicanos.

Más de mil agentes antimotines lanzaron bombas lacrimógenas, mientras los comuneros respondieron con piedras. Algunos medios locales transmitieron el desalojo y mostraron a dos mujeres tiradas en el piso, una de ellas con el ojo izquierdo lleno de sangre.

Los campesinos de Fuerabamba –cuyo territorio fue comprado por la mina– alegan que la empresa no ha cumplido con la entrega de la tierra prometida. La minera construyó una nueva ciudad en los Andes, adonde trasladó a los campesinos de la región, quienes realizaron la protesta.

Es el más reciente problema entre la población local y Las Bambas, que genera entre 1.5 y 2 por ciento de la producción mundial de cobre. La empresa acumula diversos conflictos con otras comunidades de lengua quechua descontentas con el polvo que generan cientos de camiones de la minera que transportan por una larga vía el cobre que sacan de las montañas de los Andes.

La zona donde ocurre el conflicto ocupa las regiones de Apurímac y Cusco, las cuales votaron de forma mayoritaria por Castillo para elegirlo presidente en 2021

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Aumenta la desaprobación del gobierno de Gabriel Boric a solo un mes de haber asumido

Una encuesta de Cadem le da al mandatario un 40% de aprobación, otra de Pulso Ciudadano un 27,8% de aprobación ¿Cuáles son las razones?

El triunfo en la elección presidencial de Gabriel Boric generó altas expectativas que, a medida que pasaron los días desde su asunción han generado una creciente insatisfacción por no cumplirse.

La encuesta publicada por Cadem reveló la perdida de apoyo a la gestión presidencial. En su “track semanal”, otorgó un 40% de apoyo y un 50% de desaprobación, un aumento de 9 puntos porcentuales en una semana, a la gestión del presidente chileno.

La encuesta muestra un alza de 30% en la desaprobación desde que asumió Boric como jefe de Estado. La encuestadora también reveló que los segmentos donde se registra la desaprobación más alta recaen en las personas entre 35 y 54 años (61%), de sectores medios (56%) y bajos (54%), que se identifican con la derecha (80%) e independientes (59%) y que votaron por José Antonio Kast (86%) o no votaron (58%).

Otro sondeo, de la encuestadora Pulso Ciudadano, indica que la aprobación al nuevo mandatario llega a un 27,8%, mientras que su desaprobación ascendió al 51%, un número similar a la de Cadem.

Un “despegue con turbulencias” había definido el presidente al primer mes de su mandato que estuvo cruzado por cuestionamientos y el debilitamiento de su ministra del Interior, Izkia Siches, luego de que anunció una millonaria inversión en más represión en el Wallmapu, sur de Chile, y la creación de un nuevo sistema de inteligencia del Estado. Esto sumó debilidad al nuevo gobierno autodenominado “anti neoliberal” que comenzó a vivir las disputas internas entre las “dos coaliciones” sobre las que el Gobierno busca lograr estabilidad. Más de fondo la dificultad que encuentra Boric es la inexistencia, aún, de bases sólidas para lograr una “transición” política pacífica e institucional que termine por dejar atrás los efectos de la revuelta del 2019.

Las disputas entre las "dos coaliciones" que Boric busca integrar en su gobierno no son más que la expresión de intentar unir a los sectores que confirman la plataforma Apruebo Dignidad que lo llevó a la presidencia, compuesta principalmente por el Frente Amplio y el Partido Comunista (PC), y la inclusión de sectores de la ex-Concertación (coalición que por ejemplo llevó a la presidencia a Michel Bachellet) sobre todo al Partido Socialista (PS).

Ese intento de integración se selló con el anuncio de gabinete, que cuenta con ministros de Apruebo Dignidad y del PS en la primera línea, y de otros partidos de la ex Concertación –como el Partido por la Democracia (PPD)- en las segundas y terceras líneas.

Así el nuevo gobierno quedó tensionado entre el reformismo PC y del progresismo neoliberal PS (parte fundamental en mantener el modelo neoliberal cuestionado por la rebelión de finales del 2019), como expresión de fuerzas económicas, sociales, políticas y culturales que cruzan el Chile pos revuelta.

Estas tensiones internas cobran más peso cuando la inflación en Chile, que llega a un 9,4% anual, los efectos de la pandemia y el golpe a la economía global por la invasión rusa a Ucrania, generan turbulencias en la situación económica de millones de chilenos, muchos de los que votaron a Boric con la expectativa de un cambio más profundo.

Ante está situación, el gobierno que en campaña prometía el “Fin de las AFP” (sistema de pensiones privado), se encaminó en una moderación hacia la "derecha" y hoy puja para que su propia coalición no apruebe, en el Congreso, la posibilidad de que las personas hagan un quinto retiro adelantado de sus fondos. El cambio de postura ha sido desconcertante para muchas personas, sumado al rechazo popular que generó el salvataje que el gobierno terminó haciendo a las AFP.

Cómo afirma Pablo Torres en un articulo publicado en este diario "Las presiones en el régimen, en los medios y en el empresariado, buscan correr el cerco de la situación y del gobierno hacia la derecha. Los pedidos de renuncia a Siches, los cuestionamientos para fortalecer el orden público y las policías, la criminalización de la protesta, la instalación del discurso delincuencia, terrorismo en el sur. Los golpes a la Convención Constitucional por parte de todos los grandes personajes del régimen como Ricardo Lagos. Las amenazas –por parte de Hacienda, de banqueros, medios y empresas- de una inflación desatada de aprobarse un nuevo retiro de pensiones, el discurso de “austeridad” y de ajustarse los cinturones. Todo ese movimiento en las alturas se dirige hacia la derecha: a moderar las reformas y hacerlas con gradualidad, para no joder a las grandes empresas.".

La perdida de apoyo que vive la gestión de Gabrial Boric es expresión de los límites del proyecto “progresista anti neoliberal” que buscó representar y que por ahora, es más neoliberal progresista que otra cosa, decidido a no hacer cambios profundos que generen el descontento de los empresarios y otros sectores de poder.

Sumado a las condiciones económicas desfavorables (no hay súper ciclo del cobre que garantice muchos dólares, tampoco hay viento de cola favorable, más bien la inversión retrocede), el aumento de la inflación histórica en 30 años, en Chile, y en el mundo, son las "turbulencias" a las que se refirió Boric. Pero el actual presidente responde con las viejas recetas neoliberales, buscando “enfriar” la economía a costa de bajar el consumo de masas y evitar tocar las ganancias de los empresarios.

Mientras cada símbolo de Boric busca dialogar con el pueblo con “su” izquierda, cada gesto real, cada hecho, del gobierno lleva a la agenda hacia la derecha, sin responder a las expectativas de millones que lo apoyaron.

Por Diego Sacchi@sac_diego

Lunes 18 de abril

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