Fuentes: Tierra viva [Foto: Sofía Monsalve, secretaria general de FIAN Internacional, organización por el derecho a la alimentación y la nutrición]

Entrevista a Sofía Monsalve, secretaria general de FIAN Internacional

La Cumbre sobre Sistemas Alimentarios, espacio de diseño de políticas globales para el agro, funcionó en total sintonía con los pedidos de las grandes empresas. Sofía Monsalve, de la organización FIAN Internacional, denuncia las falsas soluciones propuestas por corporaciones y gobiernos, y reitera la necesidad de escuchar a campesinos y organizaciones sociales.

La Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de Naciones Unidas siguió el camino que denunciaron durante meses los movimientos campesino e indígenas, las organizaciones de la sociedad civil y de pequeños productores: fue coptada por los intereses de las empresas multinacionales nucleadas en el Foro Económico Mundial. Es que los ejes a futuro planteados en la cumbre encienden las alarmas sobre la gobernanza global de los sistemas alimentarios, con mayor poder de decisión para las multinacionales y ratifican los discursos  de maquillaje verde para no realizar cambios profundos y urgentes, que tendrán repercusión en la próxima Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 26) de diciembre.  

Los funcionarios de los gobiernos y de la ONU han permitido que las empresas sean el centro de la Cumbre, basándose en la creencia de que las empresas transnacionales son esenciales para el suministro de alimentos, ya que tienen más capital, tecnologías e infraestructuras que la mayoría de los países y que las Naciones Unidas, pero son los pequeños productores los que alimentan la mayoría de la población mundial”, sentenció Sofía Monsalve, secretaria general de FIAN Internacional, organización por el derecho a la alimentación y la nutrición, en entrevista con Agencia Tierra Viva sobre las conclusiones de la cumbre.

FIAN es parte de la coalición global de organizaciones de pequeños productores, sociedad civil y académicos que se manifestó, a través de la campaña “Sistemas Alimentarios para los Pueblos”, en contra de los posicionamientos concretados por la ONU, con complicidad de la mayoría de los Estados miembro —entre ellos la Argentina, que tuvo al presidente Alberto Fernández como orador en el panel de apertura de la Cumbre—.  

“Estamos especialmente preocupados porque la Cumbre socava los mandatos y las funciones de la plataforma intergubernamental e internacional inclusiva más importante de la gobernanza alimentaria mundial, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la ONU (CSA) y su Grupo de Expertos de Alto Nivel (Ganesan), la interfaz de política científica más innovadora en este ámbito”, analiza Monsalve a dos semanas del cierre de la cumbre. 

La cooptación corporativa denunciada se transformó en realidad a partir de la “Declaración de Acción” pronunciada por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien anunció que las agencias con sede en Roma —la FAO, el FIDA y el PMA— dirigirán conjuntamente un «centro de coordinación» para “aprovechar las capacidades más amplias del sistema de las Naciones Unidas” y apoyar el seguimiento de la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios. “Este ‘centro de coordinación’ y un ‘Grupo Asesor’ por ser creado invadirían las funciones del CSA, que es precisamente el Comité de la ONU que tiene el mandato de garantizar el desarrollo de políticas inclusivas, la coherencia, la coordinación y la convergencia en todos los sistemas de la ONU sobre cuestiones de seguridad alimentaria y nutrición”, denuncia Monsalve y apunta que “el Secretario General de la ONU no tiene el mandato de establecer mecanismos de seguimiento de esta Cumbre”

La Secretaria General de FIAN advierte que las organizaciones de pequeños productores y la sociedad civil deberán reforzar su participación “en espacios públicos legítimos para poder incidir” desde la organización de “consejos alimentarios para influenciar en las políticas municipales” hasta la participación a escala global en espacios como el Mecanismo de la Sociedad Civil y Pueblos Indígenas del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, que intenta ser vaciados por la última decisión de Guterres. También alzarán su voz en el encuentro global sobre la soberanía alimentaria, el Nyéléni III, que organiza la Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP) para 2022.  

Monsalve desmonta además las supuestas soluciones anunciadas por la Cumbre y asegura que  «no mitigarán el cambio climático, el hambre o los conflictos sociales y políticos; de hecho, aumentarán las desigualdades entre países, empujando a más personas a la pobreza» y «promoverán aún más la ‘agricultura sin agricultores’» . De cara a la COP26, denuncia la influencia que pueden tener las denominadas “soluciones basadas en la naturaleza”.   

—Durante el encuentro de contramarcha a la Cumbre fue tajante y sostuvo que «la Cumbre falló» por haberse construido a través del sistema de «múltiples partes interesadas» ¿Podría explicar qué significa este cambio significativo en el modo de gobernanza de la ONU?

—La gobernanza de «múltiples partes interesadas» es una forma de gobernanza que reúne a diversos actores que tienen un “interés” potencial en un asunto, con el fin de que lleguen a un acuerdo, pero ignora que las diferentes partes interesadas que se reúnen son diferentes en cuanto a su poder, intereses, derechos y obligaciones. La gobernanza de «múltiples partes interesadas» es contradictoria al multilateralismo y a los derechos humanos. En el multilateralismo los gobiernos (titulares de obligaciones) toman decisiones sobre cuestiones globales en nombre de sus ciudadanos (titulares de derechos) que se traducen en obligaciones y compromisos, que los Estados y las organizaciones internacionales deben cumplir. En el enfoque de derechos humanos los más afectados deben estar en el centro de la toma de decisiones y los gobiernos deben rendir cuentas a sus ciudadanos y hacer responsables a las empresas de sus violaciones de los derechos humanos.

—¿Cómo se modificó esta lógica con la decisión de aplicar el sistema de “múltiples partes interesadas” en la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios? 

—Los funcionarios de los gobiernos y de la ONU han permitido que las empresas sean el centro de la Cumbre, basándose en la creencia de que las empresas transnacionales son esenciales para el suministro de alimentos, ya que tienen más capital, tecnologías e infraestructuras que la mayoría de las naciones y las Naciones Unidas, cuando en realidad son los pequeños productores los que alimentan la mayoría de la población mundial. Esta actitud legitima al sector empresarial como parte de la solución, cuando en realidad es el responsable de muchos problemas; a la vez que impide adoptar regulaciones vinculantes para las empresas transnacionales y aumenta la responsabilidad de los Estados poderosos. Resulta especialmente preocupante que las formas de gobernanza de múltiples partes interesadas estén marginando a los países menos desarrollados en la toma de decisiones internacionales.

—¿Qué debe esperarse a partir de la irrupción de este esquema de múltiples partes?

—Es un cambio significativo en la gobernanza de la ONU que les ofrece una entrada preferencial a las corporaciones en la toma de decisiones sobre políticas públicas y evadir la responsabilidad jurídico-material de sus operaciones. Representa una amenaza directa para la democracia participativa y la gobernanza justa basada en los derechos humanos. Estamos especialmente preocupados porque la Cumbre socava los mandatos y las funciones de la plataforma intergubernamental e internacional inclusiva más importante de la gobernanza alimentaria mundial, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la ONU (CSA) y su Grupo de Expertos de Alto Nivel (Ganesan), la interfaz de política científica más innovadora en este ámbito.

—Guterres confirmó en su declaración que los objetivos de la Cumbre se seguirán a partir de un «centro de coordinación», pero que la base serán los «diálogos nacionales». Desde Agencia Tierra Viva pudimos confirmar que en la Argentina se dieron con una nula participación del campesinado, organizaciones sociales y pueblos indígenas. ¿Cuáles son las opciones para los pequeños productores y para la sociedad civil para reclamar políticas públicas sobre los sistemas alimentarios que estén destinadas a cubrir sus derechos?

—Para poder reclamar políticas públicas que estén destinadas a cubrir sus derechos es importante que los pequeños productores y la sociedad civil participen en espacios que permitan una participación real y significativa. Para ello es importante oponerse a la influencia indebida de las corporaciones en los espacios públicos, buscar la implementación de salvaguardias contra los conflictos de intereses, y proteger el derecho de la sociedad civil a la auto organización, todos aspectos que fueron ignorados en la organización de los diálogos nacionales en el marco de la Cumbre. Los pequeños productores y la sociedad civil pueden reclamar políticas públicas sobre los sistemas alimentarios a través de diferentes modalidades en diferentes escalas.

—¿Cuáles considera las más relevantes? 

—En primer lugar es importante la unión de la sociedad civil y la participación en espacios públicos legítimos para poder incidir. Por ejemplo, a nivel local pueden organizarse en consejos alimentarios para influenciar en las políticas municipales. En el sistema de las Naciones Unidas encuentran apoyo jurídico en la Declaración sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en zonas rurales (Undrop). A nivel global el mecanismo de participación directa en la elaboración de directrices y recomendaciones sobre seguridad alimentaria y nutrición es en el Mecanismo de la Sociedad Civil y Pueblos Indígenas del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial

—Los Estados miembro fueron parte de este nuevo esquema de gobernanza y en sus discursos pusieron el eje en las soluciones que se ofrecen desde las corporaciones: nuevas tecnologías, biotecnología y una perspectiva basada en la «seguridad alimentaria», el comercio internacional y los commodities antes que la «soberanía alimentaria». ¿Por qué cree que no se habló de «soberanía alimentaria»? 

—El enfoque tomado en la Cumbre es para mantener el statu quo del modelo de producción y distribución de alimentos industrial, globalizado y controlado por las empresas y por eso ignora la “soberanía alimentaria” la cual es una visión totalmente opuesta que pone sobre la mesa cuestiones de poder y busca cambiar profundamente el sistema dominante. Es posible que los que no han seguido el debate no caigan en la cuenta de que las “soluciones” promovidas en la Cumbre no son soluciones reales. A largo plazo, estas «soluciones» empeorarán los problemas globales a los que nos enfrentamos porque están incrustadas en las ganancias corporativas. Estas soluciones no mitigarán el cambio climático, el hambre o los conflictos sociales y políticos; de hecho, aumentarán las desigualdades entre países, empujando a más personas a la pobreza.

—¿Cómo describiría estas falsas soluciones?

—Son intensivas en capital y están muy lejos de atender las necesidades y realidades de los países del Sur Global. Las soluciones impulsadas en la Cumbre exacerbarán la dependencia de las cadenas globales de valor y de las empresas transnacionales, y promoverán aún más la “agricultura sin agricultores”, que es lo contrario de lo que necesitan los países del Sur Global, que sería recuperar su autonomía sobre sus sistemas alimentarios y asegurar sistemas alimentarios locales funcionales y resilientes que puedan permanecer estables en tiempos de crisis.

—Desde la Respuesta Autónoma de los Pueblos se insiste en que el camino es la «agroecología», una palabra eliminada de los discursos oficiales de la Cumbre. ¿La negativa de la ONU y los Estados de optar por ese camino se debe a que no están preparados para desmontar el actual sistema económico?

—La Cumbre habla de agroecología, estuvo incluida en su pista de acción 3 e incluso se impulsó una coalición de acción sobre agroecología. Sin embargo, el enfoque tomado es muy contradictorio. La agroecología es mencionada como una opción entre muchas, como la agricultura de precisión, la intensificación sostenible y otras. Y la coalición de acción sobre agroecología es una coalición de múltiples partes interesadas, que cuenta con los mismos problemas de gobernanza que explicamos sobre la Cumbre en general. En el desarrollo de la coalición no hubo una participación real de productores de pequeña escala que son los que realmente practican la agroecología. Parece que la Cumbre quiere cooptar el concepto de agroecología para quitarle su potencial transformativo para no hacer cambios reales en los sistemas alimentarios, sobre todo respecto al tema de poder.

—Los objetivos de la Cumbre dicen estar sujetos a los Objetivos de Desarrollo y que el cuidado del ambiente debería ser central, al igual que las políticas que se coordinen en la próxima COP26. ¿Se puede tener alguna esperanza en la COP26 después de lo que se exhibió en esta Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios? 

—Aunque aún no lo sabemos con exactitud, lamentablemente parece que la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios va a tener un impacto en la COP26. Nos preocupa especialmente que el tema de las soluciones basadas en la naturaleza pueda jugar un rol importante. Es un nuevo nombre para referir a soluciones que enumeramos bajo la “economía verde” o el “capitalismo verde”, que no son claramente definidas y pueden fácilmente ser usadas para el maquillaje verde (greenwashing) de las empresas. También muchas veces son relacionadas con la financiarización de la naturaleza. En la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios se promueve por ejemplo un “Global Soil Hub”, el cual va claramente en la dirección de volver a los suelos en un objeto de inversión y por ende de especulación, en nombre de la captura de carbono y la conservación de los suelos.

Por Nahuel Lag | 11/10/2021

* Este artículo forma parte de la serie «Recuperando la narrativa de los sistemas alimentarios», que cuenta con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo.

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El presidente anunció el proyecto ante centenares de campesinos reunidos en la gigantesca explanada de la fortaleza inca de Sacsayhuamán, a las afueras de Cusco. Quiero dejar claro que esta reforma no busca expropiar tierras ni afecta derechos de propiedad, destacó. Uno de los ejes es dar a los agricultores acceso justo a los mercados. Foto Presidencia de Perú. Agencias

Se estima que dará a más de 2 millones de agricultores un acceso más justo a los mercados

 

Lima. El presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció ayer una segunda reforma agraria en el país y anticipó que, a diferencia de la primera de hace 52 años, ésta se hará sin expropiaciones.

"Quiero dejar muy claro que esta segunda reforma agraria no busca expropiar tierras ni afecta derechos de propiedad a nadie", dijo el mandatario desde Cusco.

Castillo anunció la puesta en marcha de este proyecto ante centenares de campesinos reunidos en la gigantesca explanada de la fortaleza inca de Sacsayhuamán, en las afueras de Cusco.

Uno de los ejes de este plan consiste en dar a los agricultores "acceso más justo a los mercados", agregó el presidente peruano.

La llamada segunda reforma agraria prevé un plan de industrialización a favor de los campesinos para impulsar el desarrollo en ese sector de la economía.

El gobierno estima que puede lograr una mayor inclusión social con la nueva reforma al sumar con mejores condiciones al mercado a los más de 2.2 millones de pequeños productores dedicados a la agricultura familiar.

La inversión en tecnología y en vías de comunicación serán parte de este plan, según las autoridades.

La segunda reforma agraria era una promesa electoral de Castillo, que ganó las elecciones como candidato de Perú Libre, un pequeño partido marxista leninista.

"En la segunda reforma agraria vamos a impulsar lo que quedó pendiente en la primera, donde se le dio la oportunidad de dar terreno a quien le corresponde y para que la tierra sea de quien la trabaje. Ahora el gobierno está en deuda con el trabajador y agricultor", explicó Castillo.

El gobierno ha descartado que el plan signifique expropiar tierras, como ocurrió durante la dictadura militar del general Juan Velasco Alvarado (1968-1975).

En junio de 1969, Velasco promulgó una radical reforma agraria que en la práctica adjudicó alrededor de 11 millones de hectáreas propiedad de hacendados y latifundistas a cooperativas y comunidades campesinas.

Castillo eligió como fecha para lanzar la reforma el 3 de octubre, la misma fecha en que ocurrió en 1968 el golpe de Estado del general Velasco contra el presidente Fernando Belaúnde.

La clase política también conmemoró la efeméride, aunque desde distintos puntos de vista. La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, cuya familia ha estado vinculada al gobierno derrocado por Velasco, tuiteó ataques contra el general, que además de la reforma agraria impulsó nacionalizaciones.

El ex canciller Héctor Béjar, declaró a la agencia Prensa Latina que "lo que hicieron Velasco y sus compañeros, aunque no puede repetirse, sirve de orientación e inspiración a las nuevas generaciones".

Señaló que "53 años después del inicio de aquel gobierno, Perú se encuentra buscando orientación y gobierno, después de medio siglo de destrucción del país" y anotó que "parte del pueblo ha logrado desplazar del gobierno a los políticos tradicionales".

La vicepresidenta, Dina Boluarte, comentó que a Velasco "no lo dejaron avanzar más porque intervino Francisco Morales Bermúdez (quien lo derrocó en 1975) porque el poder económico no quiere que los pueblos se desarrollen".

El ex parlamentario y analista político Gustavo Espinoza comentó que es importante reflexionar sobre el gobierno del general, ahora que Perú vive "un proceso en esencia similar", tras la elección del maestro rural Pedro Castillo como presidente, y añadió que las mismas fuerzas que acosan hoy al mandatario "centraron sus baterías contra Velasco y sus colaboradores".

Espinoza señaló que Velasco "tuvo el mérito histórico de romper la cadena de dominación que nos ataba a Estados Unidos", siendo su primera medida la toma militar de los yacimientos de La Brea y Pariñas, explotados ilegalmente por una subsidiaria de la trasnacional estadunidense Standar Oil.

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Se agrava el conflicto cocalero en Bolivia: represión y patrulleros incendiados

El incendio de un módulo policial y varios vehículos policiales como resultado de la represión policial a las y los cocaleros de La Paz que ya lleva más de una semana desde que se tomó por la fuerza la sede de ADEPCOCA. Decenas de detenidos y heridos, vecinos denuncian que policías de civil manipulan dinamita para justificar la violencia policial.

 

Sábado 25 de septiembre

El presidente David Choquehuanca convocó para este sábado a un diálogo en la vicepresidencia del Estado Plurinacional, a todos los sectores cocaleros para poner fin a los enfrentamientos, particularmente se convocó a los tres sectores que hoy disputan el control de la Asociación Cocalera así como a los comités de autodefensa recientemente conformados.

El conflicto por el control de Asociación Departamental de Productores de Coca (ADEPCOCA) lleva ya más de 3 años y pese a los permanentes intentos de diálogo entre las diversas fracciones los enfrentamientos no paran.

El lunes 20 de septiembre, la toma violenta de la sede por parte de dirigentes afines al Gobierno junto a efectivos policiales dio inicio a esta nueva ronda de enfrentamientos con detenciones permanentes, periodistas violentados como sucedió con Carlos Quisberth de Página Siete, y el secuestro y golpizas al dirigente opositor Armin Lluta.

La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) a través de su cuenta de twitter condenó el “uso excesivo de la fuerza” y afirmó que los responsables deben ser sancionados y reparar a las víctimas.

Luego de la violenta toma de ADEPCOCA por parte de afines al Gobierno y la policía, en la localidad de Coripata, el miércoles pasado una masiva asamblea de productores de coca conformó con 6 representantes de 3 provincias productoras, el Comité de Autodefensa cuyo mandato es recuperar la sede central de los productores de coca, además de exigir la renuncia de los ministros de Gobierno y de Desarrollo Rural y Tierras junto al viceministro de la Hoja de Coca.

La situación actual es el resultado de la política sostenida por Evo Morales durante su Gobierno, que buscó garantizar el control estatal de las organizaciones sindicales y sociales. Para ello no dudó en impulsar prácticas que alentaron la división de las organizaciones sindicales reconociendo a las directivas afines.

En el caso de ADEPCOCA esta política se ha traducido en violentos enfrentamientos con muertos y heridos a lo largo de estos últimos años y conduciendo a una situación en la que sectores de la derecha golpista buscan hacer pie en movimientos sociales que rechazan esta instrumentalización de sus organizaciones.

Para peor, hoy los golpistas empiezan a recurrir a las mismas técnicas de cooptación y división de las organizaciones sociales para fortalecer un proyecto político claramente pro imperialista y oligárquico, como sucede con la marcha indígena que a días de llegar a la ciudad de Santa Cruz, cada vez más se pone al servicio del golpismo y la derecha cruceña.

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Viernes, 03 Septiembre 2021 08:30

Acorralados por el glifosato

El presidente Iván Duque sobrevuela una plantación de coca en Catatumbo, Colombia AFP. PRESIDENCIA DE COLOMBIA

COLOMBIA: LOS AGROTÓXICOS Y LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS

El presidente Iván Duque reactivó las aspersiones aéreas de pequeños cultivos ilícitos. Los campesinos temen el desplazamiento, la miseria y las enfermedades que llegan con la erradicación forzada.

 

Puerto Guzmán es un municipio ubicado al sur del país, a tan solo 50 quilómetros de Mocoa, la capital del departamento del Putumayo, en la Amazonía colombiana. Cada tres o cuatro meses, Juan ve a varios hombres que bajan allí en un helicóptero con unas diez bombas y fumigan los cultivos de coca de sus vecinos. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Puerto Guzmán alcanzó en 2018 al nivel de «amenaza alta», por la tendencia al aumento de los cultivos de coca y de su nivel de permanencia en la zona. Según el Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia, en todo el departamento se contabilizaron, a finales de 2020, por lo menos 24.972 hectáreas sembradas con hoja de coca para uso ilícito, que corresponden al 16 por ciento de las identificadas en todo el país.

Juan lleva varias décadas viviendo en Puerto Guzmán y asegura que antes allí había una economía basada en cultivos de subsistencia: maíz, plátano, cebolla y yuca. La necesidad y el abandono del Estado, dice, hicieron que «los habitantes se sometieran al manejo de la coca y a la explotación ganadera». Según Pedro Arenas, politólogo miembro de la ONG Corporación Viso Mutop, «debido a la quiebra de las producciones agrícolas tradicionales –que se incrementó con los tratados de libre comercio y todas las décadas de neoliberalismo a partir de la apertura económica–, decenas de miles de familias en Colombia se dedican a cultivos de uso ilícito, que compiten con otros declarados legales, como el café o la caña de azúcar para panela».

Crisis campesina y compromisos del Estado

La crisis agrícola generalizada, derivada de la caída de la demanda de alimentos tras la crisis pandémica y del encarecimiento de insumos para el cultivo, ha dejado a muchas familias campesinas entre la pobreza y la miseria. «El que siempre está sufriendo es el cultivador y su familia», reclama Juan, quien, tras dos décadas como cultivador de coca, finalmente abandonó esa actividad. Pese a que la coca genera mucho ruido a nivel internacional y mueve millones en lo más alto de la escala del tráfico, los retornos son miserables para el cultivador.

El Acuerdo Final de Paz de 2016 entre el gobierno nacional y las FARC-EP reconoce que solo es posible una paz estable y duradera si se da solución a las causas históricas del conflicto armado en el país, entre las que identifica la propiedad de la tierra, la exclusión del campesinado y el atraso de las comunidades rurales. Sin embargo, desde las organizaciones campesinas se acusa al gobierno de Duque de haber incumplido el abordaje de estos temas, en particular en relación con lo pactado en el punto cuatro del acuerdo, titulado «Solución al problema de las drogas ilícitas». Allí, el Estado se comprometió a que los cultivos ilícitos sean sometidos a un proceso de erradicación manual concertada. Además, las autoridades están obligadas a impulsar la creación de programas de sustitución por productos agrícolas legales, y a impulsar la conformación de pequeñas empresas que les den sostenibilidad económica.

El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos es el encargado de llevar esos compromisos a la práctica, con el objetivo de que las comunidades que hoy viven de cultivos ilícitos transiten hacia un modelo de desarrollo sostenible que garantice una vida digna en el campo. Bajo este programa, para 2019 la Alta Consejería para el Posconflicto había firmado 101 acuerdos colectivos en 89 municipios de 14 departamentos, y se habían inscrito al programa 97.967 familias. Como resultado de este proceso, se habían reportado hasta ese momento 30.265 hectáreas erradicadas, con un porcentaje de cumplimiento por los campesinos del 90 por ciento. Se estima que actualmente otras 130.000 familias aguardan para entrar al programa de sustitución voluntaria.

Pese a este éxito indiscutible de la sustitución voluntaria, las organizaciones sociales denuncian que el gobierno no ha mostrado interés ni proporcionado suficiente financiación para subvencionar la sustitución de las plantaciones de coca. El enfoque de Duque ha sido la sustitución obligatoria forzada, por lo que ha priorizado la erradicación con fumigaciones de glifosato. Una práctica que, en los últimos 20 años, solo ha dejado a inocentes encarcelados y a más familias empobrecidas en el campo colombiano.

Hoy es la política campesina, indígena y afro la que mantiene la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos a flote. La fuerza de voluntad de agricultores como José es el mejor rostro de la paz. Pese a no tener apoyos, este vecino de Puerto Guzmán se ha dedicado a regenerar los suelos de la zona. «Lo primero que tiene que hacer uno es tomar conciencia de lo que está haciendo. Yo, por ejemplo, comencé a sembrar árboles, tengo cerca de 10 mil árboles y me gustaría dejarlos ahí para la conservación», asegura.

Amenaza para la salud y el territorio

El glifosato es el principio activo de numerosos herbicidas comerciales. En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo clasificó como «probable carcinógeno» humano y consideró que la exposición a esa sustancia podía estar relacionada con la aparición en humanos de linfomas (un tipo de cáncer del tejido linfático) no hodgkinianos. Señaló que además, en experimentos en animales, el glifosato aumentó la probabilidad de padecer múltiples enfermedades de origen cancerígeno, como carcinoma tubular renal, hemangiosarcoma (un cáncer que comienza en el revestimiento de los vasos sanguíneos), tumores de piel y adenoma pancreático (tumores en el páncreas).

Juan aún recuerda cuando comenzaron las aspersiones aéreas de glifosato, en 2002. Ni él ni su comunidad tuvieron la posibilidad de expresar su voluntad de si querían exponerse o no a los riesgos que conllevan esas intervenciones. «Cuando estaba trabajando en el área me tocaba orillarme, porque caía una nube y pasaba por donde estábamos», cuenta. Rememora, además, el sufrimiento por perder su único medio de vida: «Es terrible vivirlo en esos momentos, es terrible perder la esperanza, porque la única forma que tenía para vivir en ese momento era el cultivo de coca. Y mirar caer todo, perder todo el tiempo y todo el trabajo invertidos es lamentable».

Durante esa época, él no sabía de la toxicidad de los agroquímicos para los humanos y de sus consecuencias a largo plazo. Cada ocho días, como parte de su rutina, él mismo se montaba una bomba de espalda y fumigaba en torno a sus cultivos para desmalezarlos. «Ahora conozco la realidad, el glifosato es totalmente perjudicial para la salud y para los suelos porque termina con todos los microorganismos. Antes sembraba yuca, plátano, maíz y eso se producía tranquilamente, pero después del glifosato volví a sembrar y salían solo unos racimitos que pesarían por mucho unos cinco o seis quilos, el resto se los comía la tierra», cuenta.

 Después de las aspersiones aéreas y el daño causado por los agroquímicos que él mismo utilizaba, Juan decidió volver a los cultivos de subsistencia y a la silvicultura, el cultivo de árboles para la explotación maderera. Sin embargo, no ha sido fácil. En sus palabras, después de los agroquímicos «una planta no responde igual, tocaba fertilizarla para que produjera».

Él y su familia no se han hecho chequeos médicos, pero han visto de cerca los efectos del herbicida en sus animales. «Teníamos un potrero pegado a un vecino que asperjaba con glifosato. El ganado comió esas hierbas, algunos animales perdieron peso y hubo una malformación de un feto de una vaca: el ternero nació sin un brazo», explica impávido. Así mismo, Juan asegura que los habitantes humanos de la zona sufren hoy «problemas como taquicardia, glucemia y cáncer» y cree que, con el correr de los años, esta situación va a empeorar. Además expone que «de las montañas vírgenes» que conoció «ya no quedan sino potreros: desaparecieron la flora y la fauna de la selva». 


MALAS PRÁCTICAS Y CAMBIO CLIMÁTICO

El narcotráfico y la ganadería extensiva son algunas de las actividades económicas que destruyen con mayor rapidez el patrimonio biológico y cultural de la Amazonía colombiana. «El problema climático lo estamos provocando nosotros mismos», sostiene José. Según él, el municipio de Puerto Guzmán es uno de los que están tumbando más bosques para la ganadería extensiva. «Hay personas que tumban 200 o 300 hectáreas de montaña para potreros», afirma.

En Colombia el 62 por ciento de la deforestación se centra en la Amazonía. En los últimos años, los habitantes de esta zona del país han vivido en carne propia las avalanchas, el desborde de los ríos e inundaciones sin precedentes a causa del deterioro de sus suelos, consecuencia de malas prácticas ganaderas, del desvío de los ríos y de la erosión causada por el glifosato. Por si fuera poco, este año quedará marcado en la historia como la temporada de lluvias más fuerte registrada en las últimas décadas alrededor del mundo.

Dada la realidad, un grupo de 25 jóvenes de distintos lugares del país involucrados en la Red Colombiana de Jóvenes por la Biodiversidad (GYBN, por sus siglas en inglés, la comisión de jóvenes que forma parte de las negociaciones bajo el Convenio de Diversidad Biológica de la ONU) llevó a cabo una consulta nacional por la biodiversidad. La iniciativa se desarrolla en el contexto de la negociación de un nuevo marco global de metas a aprobarse en la Conferencia de las Partes (COP15) del Convenio sobre la Diversidad Biológica, que se celebrará en octubre de este año en la ciudad china de Kunming.

Como parte de la consulta, los jóvenes han manifestado a entes nacionales e internacionales la urgencia de prohibir las fumigaciones con glifosato en Colombia, así como la necesidad de cumplir con el punto cuatro del acuerdo de paz. Proponen una erradicación «con un enfoque en derechos humanos y salud pública, diferenciado y de género», que permita consolidar un proyecto de país basado en el desarrollo sostenible y la soberanía alimentaria.


LA HISTORIA DEL GLIFOSATO EN COLOMBIA

La erradicación de cultivos mediante aspersión aérea comenzó en Colombia durante la «bonanza marimbera». En 1961, John F. Kennedy vendió a varios países de América Latina la idea de contener el comunismo y ayudar al desarrollo agrícola a través de los llamados Cuerpos de Paz. Alrededor de 64 voluntarios estadounidenses llegaron a las comunidades rurales colombianas con el objetivo oficial de asistir en proyectos de construcción, educación y salud. No pasó mucho tiempo antes de que descubrieran las cualidades de la marihuana o marimba de la Sierra Nevada de Santa Marta y se convirtieran en sus traficantes, un proceso que posteriormente abrió las puertas al tráfico internacional de cocaína y heroína producidas en Colombia.

En 1978 el Consejo Nacional de Estupefacientes empezó a utilizar en la Sierra Nevada el herbicida paraquat. Tras la «bonanza marimbera» vino un ensañamiento contra la coca, los territorios y sus poblaciones. Por entonces, los campesinos del Guaviare, Caquetá, Putumayo, Meta, Norte de Santander, Cauca, Magdalena Medio, Arauca, Guainía y Nariño se movilizaban por los daños nefastos contra su salud y la del entorno, debidos a las constantes aspersiones. A cambio, las fuerzas represivas les bloquearon los puentes con alambres electrificados y los atacaron durante sus protestas. Finalmente, el programa de aspersiones fue suspendido por la oposición de la entonces autoridad ambiental, el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente, y la prohibición al gobierno de Estados Unidos por parte de su Congreso.

Sin embargo, en 1981 el presidente Julio Cesar Turbay, a impulsos de Ronald Reagan, se acogió al programa de «lucha mundial contra el tráfico de drogas» lanzado por Washington. En ese tiempo florecieron los cárteles y las primeras organizaciones paramilitares y narcoparamilitares. Esa estrategia antinarcóticos coordinada desde Estados Unidos mutaría a fines de los noventa en el Plan Colombia, un acuerdo bilateral de ambos gobiernos para implantar en el país a las fuerzas armadas estadounidenses y aplicar prácticas represivas letales, entre ellas las fumigaciones con glifosato.

En 2015 las aspersiones fueron nuevamente suspendidas, esta vez por el Consejo Nacional de Estupefacientes, tras una solicitud del Ministerio de Salud basada en el informe de la OMS y en cumplimiento de un fallo de la Corte Constitucional para que se aplicara el principio de precaución frente al uso del agroquímico. El 12 de abril de 2021, sin embargo, el decreto 380 del presidente Duque habilitó la vuelta de las fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos con glifosato.

Daniela Arias Baquero

desde Bogotá 
3 septiembre, 2021

 

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Sábado, 28 Agosto 2021 07:17

UPOV: 60 años de más

UPOV: 60 años de más

Organizaciones internacionales y continentales de Asia, África y América Latina lanzaron este mes un llamado a organizar una semana de acciones contra la UPOV, (Unión internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales) con la demanda central de terminar con este nocivo organismo internacional que cumple 60 años en diciembre (https://tinyurl.com/jfdawh3w).

La UPOV tiene como meta principal la privatización de las semillas y en consecuencia, la criminalización de quienes las intercambien o usen libremente.Comenzó en 1961 con seis países europeos como miembros, para instaurar algo parecido a las patentes aplicado a plantas y que tuviera validez internacional. Le llamaron certificados de obtentor, ya que se refieren al desarrollo de plantas como obtenciones vegetales. Ese certificado les permite alegar que una variedad vegetal desarrollada en un laboratorio está protegida e impedir que otros la usen o para obligar a pagarle regalías.

Esto es un concepto enfermo, porque todas las variedades vegetales que usamos o consumimos, son un desarrollo previo de muchas otras personas, no individualmente, sino en colectivo, en pueblos y comunidades. Por tanto, el trabajo que investigadores y agrónomos puedan hacer por algunos años en laboratorio, siempre se basa en ese trabajo colectivo anterior construido durante milenios.

Sin semillas y sin campesinado no sería posible la agricultura. Desde que comenzaron la agricultura y la crianza de animales, campesinas, campesinos y agricultores, han desarrollado, compartido y conservado cuidadosa y libremente millones de variedades de cultivos diferentes, adaptadas a nuevas y diferentes condiciones sociales y ambientales. Hoy la gente del campo se enfrenta a amenazas extremas por la privatización de sus semillas mediante leyes que prohíben las variedades locales y originarias que no se ajustan al modelo industrial, restringiendo el acceso y la circulación, explican las organizaciones que convocan a la semana de acción contra la UPOV, entre ellas La Vía Campesina, las organizaciones Alianza por la Biodiversidad en América Latina, las africanas COPAGEN y African Center for Biodiversity, las redes Stop Golden Rice y APBREBES de Asia, además de internacionales como Grain, Amigos de la Tierra y Grupo ETC.

El llamado destaca el papel fundamental de las mujeres en el origen, cuidado, selección y adaptación de semillas a muchísimos usos alimentarios, medicinales, para abrigo, construcción, forrajes. No es algo pasado, es un proceso continuo y actual, base de la subsistencia en todo el mundo. En esos sistemas colectivos, compartir conocimientos, intercambiar semillas y aumentar su diversidad todo el tiempo es como el aire que respiramos, la base de la vida. Esos procesos son los que la UPOV ataca, criminalizándolos.

Este organismo ha sido muy útil para las empresas, sobre todo las corporaciones trasnacionales que dominan el sector semillero, como Bayer-Monsanto, Syngenta, Corteva y Basf. En 2020, seis empresas –incluyendo las nombradas– concentraron 78 por ciento del mercado global de semillas comerciales y un porcentaje aún mayor del mercado de agrotóxicos. La mayoría de los derechos de obtentor registrados en todo el mundo son a favor de empresas trasnacionales con sede en Estados Unidos o la Unión Europea.

La UPOV tiene actualmente 77 estados miembros y se rige por un convenio que ha tenido actualizaciones en 1978 y 1991. La última coincide con el agresivo proceso de las trasnacionales de agrotóxicos para engullir a las semilleras nacionales y lograr marcos cada vez más restrictivos que consoliden la propiedad intelectual de las empresas sobre las semillas, que castiguen a quien no cumpla y penalicen los intercambios no controlados por ellas, incluso para investigación.

Paralelamente a la UPOV, las empresas cabildearon normativas de propiedad intelectual sobre plantas y seres vivos en la Organización Mundial de Comercio y en los tratados de libre comercio regionales y bilaterales, todo lo cual se refuerza mutuamente. Por ejemplo, tratados como el T-MEC, el Transpacífico (ATP) y con la Unión Europea (TLCUE), exigen a México cambiar sus leyes de semillas para que cumplan con el acta 1991 de la UPOV. Esas cláusulas contra el campesinado, la soberanía alimentaria y en favor de las trasnacionales las retomó el diputado Eraclio Rodríguez de Morena, con una iniciativa de reforma de la Ley Federal de Variedades Vegetales, que está pendiente y ha sido rechazada por muchas organizaciones, entre ellas la Red en Defensa del Maíz (https://tinyurl.com/5ep9f3ut).

En muchos otros países hay iniciativas casi iguales, porque todas provienen del mismo centro de interés: las trasnancionales de semillas y agrotóxicos globales, que se basan en el marco de la UPOV.

Esas normativas nunca debieron existir, porque las semillas son la base de la alimentación de todas y todos, y como bien estableció La Via Campesina, son patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad. Cualquier forma de privatizarlas es por tanto un robo, por ello no se trata de reformar sino de desmantelar la UPOV.

Para conocer con detalle el tema y sus implicaciones, recomiendo leer un excelente resumen de Grain y la Alianza Biodiversidad en América Latina, que también ofrece un breve video didáctico (https://tinyurl.com/c8pxy57k).

Silvia Ribeiro*, Investigadora del Grupo ETC

Publicado enMedio Ambiente
Viernes, 13 Agosto 2021 05:38

El hambre desata pasiones

El hambre desata pasiones

La pre-Cumbre de Roma “se quedó corta”

 

Querían enterrarnos para que desapareciéramos, pero no sabían que éramos semillas”. Incluyendo esta frase político-poética, los movimientos sociales internacionales publicaron el martes 3 de agosto sus conclusiones sobre la Pre-Cumbre de la Alimentación convocada en Roma entre el 25 y el 28 de julio.

La Pre-Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas, “se queda corta en cuanto a la transformación de los sistemas alimentarios no sostenibles y a la identificación de salidas a las crisis del clima, del hambre y del COVID-19”, subrayan los sectores críticos.

Aglutinados en la Respuesta Autónoma del Pueblo a la Cumbre de la ONU de septiembre, más de 300 movimientos y organizaciones sociales de diferentes continentes habían publicado una Declaración de Apertura que resume su visión crítica (https://www.csm4cfs.org/es/declaracion-de-apertura-de-la-contra-movilizacion-de-los-pueblos-para-transformar-los-sistemas-alimentarios-corporativos/ ). En ella argumentan que dicho evento está siendo diseñado para servir a los intereses de los actores más poderosos del complejo agroindustrial mundial.

El comunicado de clausura de la movilización ciudadana no disimula la frustración de la sociedad civil internacional por lo que se acaba de vivir en Roma. Subraya que “ya está inequívocamente claro que la pre-Cumbre ha llegado a su fin sin ninguna resolución de los temas fundamentales que cientos de organizaciones han exigido que se aborden” (https://www.csm4cfs.org/es/thousands-mobilize-to-call-for-food-systems-that-empower-people-not-companies/ ).

La contra movilización había sido convocada por una amplia red de movimientos sociales, redes y ONG. Se realizó virtualmente, en paralelo a la pre-Cumbre oficial Según los organizadores, contó con unos 9 mil participantes de diferentes continentes, lo que consideran exitoso. Destacan que reunió a una gran diversidad de asistentes y fue capaz de catalizar y amplificar una contra narrativa a la Pre-Cumbre. Lograron llegar a un amplio público con su visión respecto a la necesidad imperiosa de promover una transformación auténtica de los sistemas alimentarios industriales, subrayan.

Publicaciones en grandes medios, como la británica BBCAl Jazeera, la televisión estatal italiana RAI , L’Humanité de Francia o Le Courrier de Suiza, entre muchos otros,  ofrecieron espacios a las voces contestarias. Los organizadores evalúan que varios miles de mensajes con el indicativo #FoodSystems4People fueron consultados por unos 10 millones de usuarios en las muy diversas redes sociales.

Maratón contestatario

Al momento del balance publicado la primera semana de agosto, los promotores  recuerdan que la contra movilización de los pueblos para transformar los sistemas alimentarios corporativos arrancó el 25 de julio con un rally virtual global, de ocho horas de duración (https://www.youtube.com/watch?v=KVGkBV55XnQ ). En el evento, se alternaron mensajes de comunidades, declaraciones, representaciones artísticas y movilizaciones en directo de cientos de personas y organizaciones de todos los continentes. Representaban a pequeños agricultores, pastores, pescadores, pueblos indígenas, trabajadores agrícolas y alimentarios, sin tierra, mujeres, jóvenes, consumidores, personas que sufren la inseguridad alimentaria en el ámbito urbano, ONG y académicos.

El día siguiente, el 26 de julio, se organizaron tres mesas redondas para debatir temas esenciales ligados a la Cumbre oficial de la ONU de septiembre próximo y sus intentos de abrir las puertas a la captura corporativa de la gobernanza alimentaria y la ciencia.

“Los sistemas alimentarios están cada vez más diseñados para empoderar a las empresas, no a las personas”, afirmó Ali Aii Shatu, del Comité de Coordinación de los Pueblos Indígenas de África (IPACC). Los paneles, compuestos por oradores de movimientos sociales, representantes gubernamentales, de las Naciones Unidas y del mundo académico, abordaron la toma de control creciente de los sistemas alimentarios por parte de las multinacionales.

La contra-Pre Cumbre se hizo eco de una declaración compartida y firmada por cientos de académicos que fue publicada recientemente. El mundo científico aumenta día a día sus críticas. El Panel Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios Sostenibles (IPES) anunció oficialmente que se retira del proceso de preparación de la Cumbre de Nueva York.

El 27 de julio, día de cierre del evento paralelo, se realizaron 15 diálogos virtuales sobre temas muy variados. Entre ellos:  la lucha por la soberanía alimentaria en Latinoamérica y el Caribe; la necesidad que la agroecología, los derechos humanos y la soberanía alimentaria construyan alternativas basadas en la justicia; la democratización de los sistemas alimentarios como forma de prevenir la concentración empresarial.

Sintetizando el pensamiento mayoritario entre los participantes, Shalmali Guttal de Focus on the Global South, sostuvo en una de las intervenciones: “necesitamos más control sobre las grandes empresas y normas más estrictas, que prioricen el interés público. Debemos vincular los sistemas alimentarios a las culturas alimentarias, no separarlos de nuestra sociedad”.

Próximos pasos resistentes

La Respuesta Autónoma del Pueblo a la Cumbre de las Naciones Unidas anunció su hoja de ruta. Ahora está evaluando los resultados de la pre Cumbre de Roma. Y, en los próximos días y semanas, seguirá monitoreando la continuidad del proceso de cara a Nueva York, a medida que se vayan haciendo públicas las informaciones sobre los preparativos del cónclave.

En paralelo, exige la reflexión y el debate público sobre los instrumentos legales vinculantes para poner fin a la impunidad de las multinacionales; terminar con el uso de plaguicidas; desactivar el monopolio mundial sobre las semillas; erradicar la privatización de la biodiversidad y de los bienes comunes.

Temas esenciales que desbordan la voluntad política de la ONU y la gran empresa de la agricultura y la alimentación que, por el momento, homogenizan la preparación del evento de septiembre próximo.

Los movimientos sociales siguen alzando el tono de su crítica, como se escuchó en la movilización virtual contestataria de fines de julio. Abundan las voces que incluso afirman que la única alternativa viable será el boicot ciudadano a la Cumbre de Nueva York. El drama del hambre en el mundo y la búsqueda de alternativas dividen aguas. Desatan pasiones, polarizan miradas y reducen los espacios de eventuales consensos. La pulseada parece ser más fuerte que nunca. Y los actores sociales apuestan a ser lo que son:  semillas portadoras de un nuevo modelo.

 

Publicado el: 10 agosto, 2021

Por Sergio Ferrari, desde Ginebra, Suiza

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La ONU y el capitalismo verde atacan la soberanía alimentaria

Conoce las críticas de las mujeres a la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios y el avance del poder corporativo sobre la alimentación y la naturaleza.

Los movimientos sociales que luchan por la soberanía alimentaria y la agroecología denuncian y rechazan la ofensiva del poder corporativo sobre la alimentación y la naturaleza, representada por la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas (UNFSS – UN Food Systems Summit).

Esta conferencia resulta de un acuerdo entre la ONU y el Foro Económico Mundial y forma parte de la estrategia de las grandes corporaciones transnacionales para avanzar sobre la alimentación. La Cumbre está organizada según el modelo de “múltiples partes interesadas”, que sitúa a las empresas transnacionales en el centro de la elaboración política. De este modo, se consolida la privatización de la política y la captura corporativa del sistema de Naciones Unidas.

La Cumbre pasa por alto procesos e instancias construidos desde hace décadas con la participación de los movimientos campesinos e indígenas, ignora la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y ataca directamente la soberanía alimentaria. Por ello, la Vía Campesina hace un llamado a boicotear la Cumbre bajo el lema: “¡Nunca más en nuestro nombre!”

Las mujeres de la Marcha Mundial de las Mujeres, Amigos de la Tierra Internacional, FIAN y La Vía Campesina denuncian[1] la ofensiva de la apropiación de la naturaleza, los territorios y alimentos por parte del mercado. En esa ofensiva convergen varios frentes del capitalismo racista, patriarcal y colonialista. La apropiación de los sistemas alimentarios, la agricultura 4.0, la economía verde y las soluciones conocidas como “basadas en la naturaleza” están interrelacionadas y tienen como trasfondo la digitalización.

Una vez más, las élites económicas utilizan la profunda crisis que estamos viviendo como una justificación para sus falsas soluciones, que incorporan más aún la naturaleza al circuito financiarizado de la acumulación capitalista.

Nuestra resistencia parte de la crítica y la afirmación de que los modos como los pueblos, campesinos, indígenas y las mujeres históricamente hacen agricultura y se relacionan con la naturaleza son las verdaderas soluciones. 

El lugar de la alimentación y la naturaleza en el conflicto capital-vida

No se puede considerar la alimentación de forma aislada porque está en el centro de la organización de la sociedad y de nuestra vida común. Cuando las corporaciones transnacionales se organizan para controlar todo el sistema alimentario, quieren controlar la sociedad y la vida.

Las mujeres advierten que lo que está en juego es un cambio en el sentido y el significado de los alimentos y la comida. Está relacionado con el actual proceso de reestructuración de la industria alimentaria. En ello, los productos alimenticios ultraprocesados presentan la “fortificación” como solución. Añaden “más calcio” en la leche o cambian el azúcar de la Coca-Cola por stevia, como si ser saludable se redujera a eso. Lo “nutritivo” se mide ahora por la fragmentación de las sustancias, que pueden producirse en los laboratorios, en un proceso avanzado de hacer artificial todo lo que comemos.

Por lo tanto, es importante estar atentas en nuestros análisis integrales, comprendiendo la relación entre el acaparamiento de tierras y la expulsión de campesinos por parte del agronegocio, y las inversiones en biología sintética y molecular, por ejemplo.

Bill Gates es una de las figuras que más representan esta articulación corporativa para el control de los sistemas alimentarios: sus fundaciones y fondos de inversión están comprando simultáneamente grandes cantidades de tierra, realizando inversiones en pesticidas, corporaciones de semillas, propiedad intelectual y aplicaciones para poner a los pequeños agricultores y campesinos bajo su control digitalizado, empresas de proteínas vegetales, entre otros. No es casualidad que la persona que encabeza la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios sea el presidente de AGRA (Alianza para una Revolución Verde en África), una iniciativa financiada por Bill Gates.

Un aspecto central de la reflexión feminista sobre los peligros de la Cumbre es la relación entre la alimentación y la naturaleza. El marco de tal relación es el capitalismo verde. Reduciendo la complejidad de la crisis ambiental al cambio climático, los proyectos de economía verde se orientan a la creación de nuevos mercados, insertados en la lógica de la especulación y la financiarización. Se trata de los mercados de carbono, de los que REDD+ es una referencia, y de los mercados de ecosistemas constituidos, por ejemplo, por el pago por servicios ambientales. Los fondos de inversión de impacto en “sistemas alimentarios climáticamente inteligentes” son un ejemplo de incorporación de la agricultura al circuito de la economía verde.

La disputa política en torno a la alimentación y la naturaleza pasa por explicitar la incompatibilidad entre dos lógicas: la de la sostenibilidad y del cuidado de la vida, por un lado, y la de la acumulación de capital (que incluye la acumulación de datos como capital), por otro. Son lógicas irreconciliables, con concepciones sobre la naturaleza absolutamente distintas.

Diversidad y complejidad frente a la reducción y homogeneización

Aplicaciones, drones y sensores son ofrecidos bajo la promesa de facilitar el trabajo agrícola. Por detrás de ellos, está el paquete tecnológico de las empresas. Estas tecnologías no son neutras. Su sentido es fragmentar y reducir todo a datos binarios, homogeneizar y apropiarse de lo que está vivo.

Los algoritmos hablan el lenguaje del agronegocio, sólo conocen una manera de cultivar (en línea), con semillas modificadas, patentadas y pesticidas. Este modo de cultivar no tiene nada que ver con el cultivo agroecológico, en el que predominan la complejidad y la diversidad.

La datificación pretende artificializar la vida, acelerando los ritmos sin respetar los tiempos de regeneración de la naturaleza, de los cuerpos, del cuidado de lo que está vivo. Y para ello oculta la dependencia que tenemos entre nosotros y con la naturaleza.

En la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios, Bayer, Syngenta y el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible [World Business Council for Sustainable Development – WBCSD] – organización internacional que agrupa a más de 200 empresas vinculadas al desarrollo sostenible – impulsan el debate sobre las “oportunidades de inversión en el suelo”. Se guían por una visión que reduce el suelo a un sumidero de carbono. Por otro lado, las agricultoras agroecológicas consideran el suelo como un organismo vivo y diverso. Uno de los aportes de las mujeres a la agricultura agroecológica es el cuidado y cultivo de suelos fértiles, ricos y complejos.

Ampliando la discusión sobre el tema, las compañeras denuncian el discurso de las corporaciones que llegan a los territorios con la promesa de invertir en “territorios ociosos”. En Mozambique, por ejemplo, las empresas consideran “ociosas” las tierras que no se utilizan para la machamba (cultivo). Pero no hay espacio inutilizado en los territorios de las comunidades. De esos espacios las mujeres extraen las plantas medicinales y son los que se utilizan para el culto y el rezo, donde las comunidades encuentran la fuerza para resistir y crear la vida común. A las comunidades, son negados esos espacios vitales, que son apropiados en nombre de una visión de progreso devastadora. Afirmar el derecho a esos territorios y sus usos es reconocer las prácticas ancestrales y el aprendizaje intergeneracional – prácticas que incluso han sido criminalizadas por los proyectos de economía verde.

La política ambiental conservacionista, impulsada por organizaciones transnacionales como WWF y TNC, conlleva un racismo ambiental profundamente colonialista. En nombre de una supuesta conservación ambiental, expulsan a las comunidades de sus territorios, como si sus modos de vida ancestrales entraran en contradicción con la naturaleza. Pero son esas comunidades las que históricamente cuidan y nutren la biodiversidad.

La agroecología feminista no puede ser secuestrada por las corporaciones

Uno de los grandes peligros de la Cumbre es el establecimiento de los marcos necesarios para incorporar la agroecología al circuito de la economía verde. Basándose en la idea de “carbono neutral”, con soluciones basadas en la naturaleza, sus agentes plantean la ampliación del mercado del carbono a los manglares, océanos y la agroecología como modo de ampliar la financiarización de la naturaleza. La agroecología es una práctica, una ciencia y un movimiento. No puede ser apropiada de forma fragmentada y selectiva, y mucho menos desvinculada del sujeto político que la construye. Lo que se considera como ciencia y tecnología también es objeto de disputa en la Cumbre. El poder corporativo intenta legitimar una ciencia antropocéntrica y androcéntrica[2] para los sistemas alimentarios, vinculada a sus intereses y a la reorganización del lenguaje del capital.

La agroecología es un conocimiento estratégico. Las mujeres reivindican el saber y las tecnologías de los pueblos y denuncian el epistemicidio, que consiste en la destrucción de los conocimientos y las culturas de los pueblos racializados.

El maquillaje verde (greenwashing) y lila se articula en la agenda corporativa de la Cumbre, teniendo como eje transversal el empoderamiento de las mujeres desde una perspectiva neoliberal. De ahí resultan consignas como “la naturaleza contrata a las mujeres”.

En los proyectos de carbono azul en océanos y manglares (como el proyecto Vida Manglar en Colombia), la publicidad está dirigida a la contratación de mujeres como guardianas. Son proyectos que se basan en la asociación entre el sector público y el privado y que tienen como resultado el acaparamiento de territorios y la expulsión de comunidades. Por esta razón, los movimientos han decidido llamarlos “opresiones y exclusiones basadas en la naturaleza“.

Cuando las empresas llegan a los territorios, encuentran comunidades en situación precaria y desprovistas de políticas públicas. Llegan con medidas compensatorias que integran a las comunidades en el mercado, con herramientas de cultivo y cría de animales más tecnificadas, creando dependencia entre la comunidad y los propietarios de las tecnologías. Un ejemplo compartido por las mujeres de Brasil es la instalación de estanques de pesca en las comunidades indígenas, una contrapartida a los proyectos de REDD+. En esas comunidades, donde siempre se ha pescado en los ríos – que a menudo están contaminados por la minería u otras intervenciones. Poco a poco, el poder corporativo desmantela las economías locales y acentúa los obstáculos a la autodeterminación y soberanía de los pueblos.

Las mujeres se oponen a esta ofensiva y apuestan por la afirmación de sus prácticas y movimientos: la diversidad de la naturaleza, sus múltiples funciones y relaciones. Como dicen las compañeras: en el patio de una agricultora hay mucha más diversidad que en un programa de bioeconomía de la industria farmacéutica.

Desmantelar el discurso que incorpora a las mujeres y a la agroecología al capital es una tarea del feminismo popular en la lucha por la soberanía alimentaria.

Tal tarea se vincula a la reivindicación de la agricultura llevada a cabo por las mujeres campesinas y los pueblos ancestrales, a través de la diversidad y la complejidad de la agroecología. Esta práctica, ciencia y movimiento implica disputar el significado de los territorios y cuestionar la propiedad privada – territorial e intelectual –, reivindicando los territorios y las tecnologías libres.

La Contracumbre de los pueblos será un momento de convergencia entre diferentes movimientos sociales y de construcción de fuerzas entre los pueblos contra el poder corporativo.

Por | 26/07/2021

Notas:

[1] Este texto se basa en la síntesis del taller celebrado el 6 de julio, con la participación de compañeras de la Marcha Mundial de las Mujeres, Amigos de la Tierra Internacional, FIAN y Vía Campesina.

[2] El antropocentrismo considera como central y prioritario al ser humano en sus análisis. El androcentrismo remite a las experiencias masculinas como universales a todos los seres humanos.

Redacción por Tica Moreno
Edición por Helena Zelic
Traducido del portugués por Luiza Mançano

Publicado enMedio Ambiente
Miércoles, 21 Julio 2021 06:43

Caos climático y acaparamiento de tierras

Caos climático y acaparamiento de tierras

Las trampas de las empresas para ignorar la gravedad del cambio climático que ellas mismas han provocado no sólo empeoran el clima, también producen otra serie de nuevos impactos sobre las comunidades que se agregan a los del cambio climático, como nuevos acaparamientos de tierra y desplazamiento de comunidades.

Casi cada mes hay nuevos informes de ONU y expertos sobre cambio climático, que corroboran lo que cada vez más gente sufre aunque no los haya leído: largas sequías o demasiada lluvias, demasiado calor o demasiado frío, tormentas y huracanes más fuertes, todo fuera de lugar y tiempo esperados. Un sombrío informe conjunto de dos paneles globales de expertos sobre cambio climático (IPCC) y sobre biodiversidad (IPBES) publicado en junio pasado alerta que con el caos del clima, lo peor aún está por venir. (Emmanuel González, Biodiversidad en América Latina)

Uno podría pensar que como afecta a las bases mismas de todo el sistema de producción, el capitalismo tendría que reaccionar poniéndose algún límite, aunque sea por auto-preservación, para poder seguir explotando a la gente y al planeta. Pero las empresas causantes del cambio climático siguen procurando mantener sus ganancias sin cambiar nada realmente, aunque sí hacer nuevos negocios con la nueva ola de proyectos de economía verde relacionada al clima. En lugar de reducir emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), hacen planes basados en conceptos engañosos como “cero emisiones netas” o “neutralidad climática”. Son trampas contables, para que una suma y resta termine en un supuesto cero, por eso se llama “neto” y no sólo cero emisiones. Se proponen incluso aumentar sus emisiones, ya que las podrían compensar con proyectos lucrativos como mega plantaciones de árboles y monocultivos, proyectos de “conservación” de áreas naturales -que le quitan control de sus territorios a las comunidades, como REDD+ y similares, y finalmente, también técnicas de geoingeniería.

Varias publicaciones recientes, de Grain, Amigos de la Tierra Internacional y Corporate Accountability junto a otras organizaciones como La Vía Campesina y la red Ambiental Indígena explican qué significan en realidad esta serie de nuevos anuncios de las empresas sobre clima.

Grain analiza por ejemplo, los “compromisos” que han hecho varias trasnacionales de agronegocios. El IPCC reconoce que el sistema alimentario industrial es responsable de al menos 37 por ciento de las emisiones de GEI, que es una cifra tremenda, pero que si extrapolamos todas la emisiones de la cadena del campo al plato, especialmente la industria cárnica y láctea, es un porcentaje aún mayor. Grain estima que es cerca de la mitad de la emisión global de gases GEI.

Uno ejemplo ilustrativo es la trasnacional Nestlé, cuyo principal accionista es BlackRock, la mayor empresa mundial de gestión de activos. Junto a otras 545 empresas financieras, BlackRock se comprometió a que los grandes emisores de GEI en los que invierten transiten a “emisiones cero neto” en 2050.

Tal como demanda BlackRock, Nestlé anunció en 2020 un “Plan hacia cero emisiones netas”, en el que se compromete a llegar a “cero neto” en 2050 en todas sus operaciones, incluidas las causadas en su cadena de abastecimiento, conocidas como “emisiones de alcance 3”. Solamente ese sector de emisiones de Nestlé representa casi el doble de las emisiones totales de Suiza, su país sede.

Pese a ello, el plan de Nestlé no implica reducir sus ventas de alimentos basados en lácteos, carnes u otros productos con alto porcentaje de emisiones, sino que proyecta aumentar en 68 por ciento sus compras de estos insumos y otras materias primas agrícolas hasta el 2030. La acción climática de Nestlé, se conseguiría a través de que sus proveedores hagan cambios en la forma de producir; a través de reducir las emisiones ligadas a los fertilizantes por usos supuestamente más eficientes (y/o manipular genéticamente el ganado o sus forrajes) y a través de compensar las emisiones restantes, que la empresa reconoce serán mucho mayores. Esto último a través de “soluciones basadas en la naturaleza” y “remoción de gases de la atmósfera”, probablemente invirtiendo en empresas de geoingeniería, que le rendirán una nueva fuente de ganancias.

Aunque no da detalles, Nestlé asigna 1200 millones de dólares durante los próximos 10 años para este plan. Poniendo la cifra en perspectiva, explica Grain, Nestlé pagó a BlackRock y sus accionistas 8,000 millones de dólares en ganancias el último año. O sea que representa 1.5% de lo que Nestlé paga a sus accionistas en dividendos (o sea, en ganancias) y tres veces menos de lo que paga a BlackRock anualmente. Es importante notar que BlackRock, junto a sus anuncios de estimular a las empresas en las que invierte a hacer planes de emisiones cero netas, es simultáneamente una fuerte inversora en combustibles fósiles y no piensa dejar de hacerlo)

Cero emisiones neta es peor que nada, afirma certeramente Grain, porque no se trata solamente de maquillaje, sino de una coartada para aumentar exponencialmente sus actividades que ya se conoce tienen un efecto devastador en el cambio climático.

Como hay cada vez más empresas que han anunciado sus planes de “soluciones basadas en la naturaleza” para “compensar” el aumento de emisiones con grandes plantaciones, cercamiento de áreas naturales, apropiación de humedales, etc, aunque no cumplan todo lo que anuncian y sólo avancen con una parte de estos planes, ello “resultará en un masivo acaparamiento de tierras, bosques y territorios de pueblos indígenas y comunidades rurales del Sur global”.

Grain estima que la ambición de Nestlé de compensar 13 millones de toneladas de emisiones de CO2 con estas llamadas “soluciones basadas en la naturaleza” requeriría disponer de al menos 4 millones 400 mil hectáreas de tierra anuales. La compañía italiana de energía Eni señala que necesita el doble de esa área hasta 2030 y ya avanzó con el proyecto de establecer 8 millones 100 mil hectáreas en África. Shell, otra de las petroleras que hablan de “cero emisiones netas” y para ello usar “soluciones basadas en la naturaleza” requiere 8 millones 500 mil hectáreas de tierras por año hasta 2035. O sea, entre solo tres empresas ¡proyectan apropiarse de más de 20 millones de hectáreas anuales!

Considerando que al momento más de 1500 grandes empresas han hecho promesas similares, está desatada la caza y disputa para controlar (comprar y/o controlar) tierras naturales y agrícolas, bosques y áreas naturales. Todas áreas donde viven y trabajan la mayoría de las comunidades campesinas e indígenas del planeta, que en realidad son sus territorios.

En el reporte “La gran estafa”, se analizan en detalle los planes “cero neto” de varios de los mayores contaminadores climáticos, que incluyen grandes petroleras como Shell, Chevron, BP y Eni, varias de las mayores empresas digitales como Microsoft y Amazon, gestoras de inversión como BlackRock, empresas de agroalimentación industrial como Walmart y JBS, además de compañías de aviación y otras. También los mecanismos que usan para legalizar el engaño, desde cabildeo en organismos internacionacionales a corrupción de informes científicos para medir y controlar el supuesto “secuestro” de carbono en diferentes áreas.

Los planes de estas empresas exceden con mucho la disponibilidad de tierras, bosques y otros ecosistemas, como humedales y mares, que además no son ecosistemas vacíos y ya cumplen una función en el equilibrio global del clima, por lo que si se aumentan las emisiones, por más que cada empresa diga será “compensada” no va a cambiar el desequilibrio que ya existe, solamente lo empeorará al agregar más carga de gases de efecto invernadero. El cálculo exacto de lo que se porponen las empresas no es posible, porque la mayoría son suficientemente vagas para que no se pueda tampoco controlar que dicen y qué hacen realmente. Los ecosistemas tienen límites naturales: no se puede seguir agregando emisiones y suponer que por arte de magia -o cazando unicornios de carbono– el caos climático no va empeorar.

La auténtica restauración de ecosistemas dañados, desde las comunidades que allí viven, es necesaria, pero solo es posible desde abajo, desde los pueblos, las comunidades indígenas, rurales y urbanas, respetando y afirmando sus derechos integrales. Es necesario un cambio de sistema, no cambiar una tecnología por otras, manteniendo la brutal inequidad de consumo y recursos globales.

Por ello, como dice Amigos de la Tierra, La Vía Campesina y la Red Ambiental Indígena en el reporte Cazando unicornios de carbono, “lo que queda meridianamente claro en esta historia es que los más grandes y ricos del mundo no tienen ninguna intención ni ambición de reducir realmente las emisiones. Describir sus esfuerzos por encubrir el aumento continuo de emisiones fósiles como “maquillaje verde” se queda bastante corto: los términos ecocidio y genocidio sintetizan con mayor precisión los impactos que el mundo enfrentará”.

Por Silvia Ribeiro

21 julio 2021

 

Referencias

En busca de unicornios de carbono: el engaño de los mercados de carbono y la reducción de emisiones a “Cero Neto”

Amigos de la Tierra Internacional, La Vía Campesina, Red Ambiental Indígena y otras organizaciones. Febrero 2021. https://www.foei.org/es/recursos/unicornios-mercados-de-carbono-cero-neto-informe

El “maquillaje verde” de las corporaciones: las “emisiones netas cero” y “las soluciones basadas en la naturaleza” son un enorme fraude

Grain, marzo 2021. https://grain.org/es/article/6635-el-maquillaje-verde-de-las-corporaciones-las-emisiones-netas-cero-y-las-soluciones-basadas-en-la-naturaleza-son-un-enorme-fraude

La gran estafa.Cómo los Grandes Contaminadores imponen su

agenda “cero neto” para retrasar, engañar y negar la acción climática

Corporate Accountability, Friends of the Earth International, Global Forest Coalition. Julio 2021 https://www.corporateaccountability.org/wp-content/uploads/2021/06/La-Gran-Estafa_SP.pdf

Publicado enMedio Ambiente
Lunes, 24 Mayo 2021 05:44

La agricultura, rehén de gigantes

La agricultura, rehén de gigantes

Los gigantes tecnológicos de la comunicación se abalanzan sobre la agricultura y la alimentación. Su objetivo principal no es ofrecer asistencia a los millones de campesinos, sino integrarlos en una red numérica global controlada de forma centralizada. Para promover, cuando no obligar, la compra exclusiva de sus insumos, máquinas o servicios financieros.

Más que de una ficción futurista, se trata del anticipo de un drama alimentario mayor. Los gigantes tecnológicos de la comunicación y la distribución se abalanzan sobre la agricultura y la alimentación. Una incursión desastrosa para la pequeña producción y el mundo del trabajo rural.

Hace apenas algunos años la empresa japonesa Fujitsu, especializada en computadoras, tabletas táctiles y periféricos, inició un llamativo proyecto piloto: instaló en las afueras de Hanoi, Vietnam, una granja de alta tecnología más parecida a una fábrica que a una chacra tradicional (foto principal). Produce lechuga en estantes dispuestos verticalmente en un ambiente climatizado, completamente cerrado y manejado por computadoras centralizadas en Japón.

Las mismas están conectadas a una “nube” -infraestructura digital de almacenamiento de datos y servicios informáticos disponible a través de Internet-, que Fujitsu opera en sociedad con Aeon, uno de los más grandes comercios minoristas nipones en el rubro alimenticio. ¿Por qué destinar una cantidad tan grande de recursos y energía para la producción de unas pocas bandejas de lechuga sin mucho valor real en el mercado?

Esta granja es, al mismo tiempo, impresionante e incomprensible, señala la ONG GRAIN (“grano” o “semilla”, en francés) en un estudio al que hace referencia el cotidiano suizo Le Courrier en su edición del lunes 3 de mayo.

También a las afueras de Hanoi, Fujitsu desarrolla el proyecto piloto de otra unidad agrícola, aunque con un carácter diferente. Está ubicada en un terreno exterior, común y corriente, que no la distingue de las granjas vecinas. Sin embargo, su particularidad distintiva es que todos sus trabajadores usan teléfonos móviles inteligentes provistos por la compañía y sus movimientos son monitoreados. Las horas que trabajan, su productividad, los insumos que aplican, son cuidadosamente anotados y archivados en Japón, en la “nube” de la compañía. Fujitsu utiliza la tecnología digital más moderna para maximizar el rendimiento de la mano de obra.

En Silicon Valley, Estados Unidos, los cultivos verticales siguen siendo emprendimientos mimados. Desde 2014 han recibido 1800 millones de dólares de parte de grandes inversores en tecnología, como el fundador de Amazon, Jeff Bezos, y el SoftBank de Japón.

Paradójicamente, a pesar de los grandes caudales financieros que reciben, las granjas de alta tecnología que han construido estas empresas sólo ocupan, en todo el mundo, el equivalente de unas escasas 30 hectáreas de tierra, sostiene la ONG autora del informe. GRAIN es una pequeña organización internacional sin fines de lucro que apoya a campesinos y agricultores, así como a movimientos sociales de África, Asia y América Latina en sus luchas por lograr sistemas alimentarios basados en la biodiversidad y gerenciados comunitariamente. 

La cosecha de datos

En el universo de la tecnología digital, el poder se basa en los datos. Es decir, en la capacidad de recolectar y procesar cantidades masivas de información, lo que se denomina “Big Data”.

Como en otros sectores de la economía, las grandes corporaciones -ya sea compañías tecnológicas, proveedores de redes de comunicación, cadenas de comercio minorista, compañías productoras de alimentos, agronegocios o bancos- compiten por recolectar tantos datos como sea posible a partir de todos los puntos del sistema alimentario. Y obtener así ganancias monstruosas a partir del uso de esos mismos datos.

Alianzas, fusiones y compras realizadas entre corporaciones favorecen lo que GRAIN describe como “una captura corporativa mucho más profunda y completa de datos provenientes del sistema alimentario”.

Los principales actores son las compañías globales de tecnología, conocidos como los Gigantes Tecnológicos, o Big Tech.

Microsoft, por ejemplo, impulsa la plataforma Azure FarmBeats de agricultura digital, con un enorme sistema tecnológico que se centraliza en la “nube” de la compañía.

La plataforma está siendo diseñada para proporcionar a los agricultores información y análisis en tiempo real sobre las condiciones de suelos y agua, el crecimiento de sus cultivos, plagas y enfermedades, así como el pronóstico del tiempo y los cambios del clima que podrían enfrentar. El valor de esta información y de la asesoría correspondiente dependen del volumen y la calidad de los datos que Microsoft puede recolectar y analizar con sus algoritmos, razón por la cual se asoció con compañías líderes en el desarrollo de drones agrícolas y dispositivos con sensores. Y también con compañías que desarrollan tecnologías que pueden recibir y trabajar con la información que recopila FarmBeats -tractores de alta tecnología, drones, aplicadores de plaguicidas y otros dispositivos y máquinas conectadas a la “nube” de Azure.

La brecha digital

¿Qué relación tiene esta nueva tendencia inversionista con las realidades y necesidades de los 500 millones de establecimientos o fincas de campesinas y campesinos que producen gran parte de los alimentos del mundo?

Las aplicaciones de esta alta tecnología, como tractores sin conductor y drones regadores de pesticidas, no se dirigen, necesariamente, a beneficiar a estos grupos de pequeños productores. No se preocupan por brindarles consejos y asistencia técnica. El objetivo principal de las multinacionales que invierten en la agricultura digital es integrar a millones de campesinos en una amplia red numérica controlada de forma centralizada. Para promover, cuando no obligar, la compra exclusiva de sus productos, sean insumos, máquinas o servicios financieros.

Los Big Tech no van a ayudar a los pequeños agricultores a promover sus conocimientos, sus semillas autóctonas o su sabiduría propia con respecto a la cría de ganado. Por el contrario, promueven el conformismo y la disciplina financiera: los mini productores integrados a la red deben comprar a crédito los insumos promovidos; deben seguir los consejos del asistente virtual para tener derecho al costoso seguro de cosecha; deben vender la cosecha a la empresa a un precio no negociable; y se comprometen a aceptar como forma de pago la moneda digital que la gran transnacional les impone.

Por otra parte, argumenta GRAIN, el desarrollo de este tipo de agricultura digital va de la mano con la presencia también activa de esos Big Tech -cuando no monopólica y dominante- en la distribución de los alimentos y la venta al por menor. Buscan “reemplazar rápidamente a los pequeños comerciantes, vendedores ambulantes y otros actores locales”. Este mecanismo tiene como horizonte convertir “a los pequeños agricultores y vendedores minoristas de hoy en la mano de obra del futuro de las empresas de alta tecnología”.

La voracidad del lobo

Los actores más grandes en el ámbito de los agronegocios tienen aplicaciones que actualmente cubren millones de hectáreas de campos de cultivo. Y logran que los agricultores les proporcionen informaciones locales sobre sus prácticas a cambio de asesorías y descuentos en el costo de los productos que estas corporaciones prácticamente les obligan a utilizar.

La transnacional alemana Bayer, la más grande del mundo en semillas y pesticidas, reconoce que su aplicación ya se está usando en fincas -unidades productivas- que cubren más de 24 millones de hectáreas en Europa, Estados Unidos, Canadá, Brasil y Argentina.

La multinacional germana -al igual que las otras dedicadas a agronegocios-, debe arrendar de una de las compañías de los Gigantes Tecnológicos la infraestructura digital que necesita. En este caso se trata de Amazon Web Services (AWS), la plataforma de servicios en la “nube” más grande del mundo, por delante de Microsoft, Google y Alibaba. Amazon, que al igual que Microsoft desarrolla su propia plataforma de agricultura digital, puede utilizar los datos recolectados por Bayer y otras numerosas compañías que utilizan sus servicios en la “nube”. Por lo tanto, tiene una enorme ventaja sobre los otros competidores, no solo en términos de cantidad de datos a la que tiene acceso, sino también en términos de su capacidad para analizarlos y obtener así ganancias significativas de los mismos.

Microsoft desarrolló el proyecto Farm Beats y la Iniciativa Microsoft 4Afrika con AGRA (Alianza para la Revolución Verde) con el fin de desarrollar la agricultura digital en Kenia, Nigeria, Ruanda, Gana, Tanzania, Uganda, Malaui y Etiopía.

Amazon adquirió Whole Food por 16000 millones de dólares e invirtió más de 500 millones de dólares en el sector alimentario en India y Australia.

Apple, junto con Argwold, desarrollaron su reloj de precisión para utilizarlo en la agricultura de punta. Facebook invirtió en Reliance Jio, el operador de red móvil más grande de India. Google promueve junto con la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) el mapa de la tierra (Earth Map) el cual permite una recolección masiva de datos sobre clima, medio ambiente y agricultura.

Alibaba encabeza las fusiones de comercios minoristas de alimentos, que operan tanto a nivel presencial como por Internet, con una inversión de 12700 millones en ese rubro. E invierte otros 3600 millones para adquirir la cadena comercial minorista francesa Auchan.

En 2019, la multinacional química y agroalimentaria suiza Syngenta compró Cropio, una empresa de plataforma digital, para avanzar hacia la agricultura digital. Y en este universo de aceleradas fusiones y alianzas, se suman la multinacional alemana BASF -con la Xarvio y la Bosch-; así como las americanas CORTEVA -con Granular- y FMC Corp. que anunció el lanzamiento de Arc farm intelligence.

Alternativas posibles

Existen hoy un gran número de iniciativas que apuntan a romper la dependencia de los servicios digitales que los gigantes tecnológicos controlan y las corporaciones les imponen cada vez más a los pequeños productores rurales.

Por ejemplo, la “FarmHack”, una comunidad de agricultores a nivel mundial que desarrolla y adapta sus herramientas y comparte esta información de manera gratuita por Internet. Varias empresas creadas recientemente promueven nuevas formas, más equitativas, de intercambio de información surgidas de iniciativas colectivas y sin derechos excluyentes de propiedad intelectual. Lo hacen no sólo dentro de comunidades locales, sino también con pequeños productores/as que enfrentan condiciones similares -por ejemplo, técnicas de control de plagas en el mundo entero.

Durante la pandemia, en muchos lugares del planeta, los agricultores aprovecharon las redes sociales o herramientas de comercio electrónico a través de Internet para organizar mercados alternativos. En Karnataka, India, comenzaron a usar Twitter para publicar videos sobre su producción y establecer contactos directos con los compradores. Otros revivieron sistemas tradicionales de trueque para superar la falta de dinero en efectivo y para generar una oferta que permitiera responder a la demanda.

En el Brasil pandémico, a partir del cierre de los mercados al aire libre y la concentración de la distribución en los grandes supermercados -donde los pequeños agricultores no tienen acceso directo-, el Movimiento de Pequeños Agricultores y el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra (MST) promovieron la venta sin intermediarios de productos agrícolas o la distribución gratuita de los mismos.

El tipo de agricultura y de alimentación sigue estando en el centro de un gran debate de la sociedad mundial, el cual seguirá intensificándose de cara a la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios convocada para el último trimestre del año por las Naciones Unidas. Los gigantes tecnológicos extienden sus tentáculos y tratan de devorar todo los que sea pequeña o mediana producción agrícola. Y en una relación de fuerzas desfavorable, los pequeños responden con organización, creatividad y propuestas alternativas de gran mérito. Dos visiones del campo, dos concepciones contradictorias sobre la Tierra, la vida y el derecho a alimentarse.

Por Sergio Ferrari | 24/05/2021

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Venezuela rechaza el "infame" reporte de HRW sobre abusos de fuerzas de seguridad

Caracas. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, rechazó ayer el "infame" reporte de la organización Human Right Watch (HRW), que denuncia "abusos aberrantes" de las fuerzas de seguridad del país contra la población durante los operativos en la frontera, donde persisten combates con grupos irregulares colombianos.

Arreaza tuiteó que las acusaciones tienen lugar "ante la imposibilidad de derrocar al gobierno bolivariano" y denunció que ahora "los agresores coordinan sus acciones mediáticas", al asegurar que “artículos del New York Times y otros medios, así como el infame reporte de HRW buscan nuevamente aumentar la presión intervencionista”.

La situación en la frontera entre Venezuela y Colombia ha empeorado desde marzo con combates y escaramuzas casi diarias que han dejado cerca de una veintena de muertos y miles de desplazados.

De acuerdo con HRW, el operativo de las fuerzas de seguridad venezolanas del pasado 21 de marzo en el estado de Apure, fronterizo con el departamento colombiano de Arauca, derivó en "la ejecución" de al menos cuatro campesinos, así como en detenciones arbitrarias, torturas y procedimientos judiciales contra civiles en tribunales militares por su su

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) informó ayer que continúan los operativos en la zona, después de los "cruentos combates" del fin de semana que dejaron un "importante número de bajas" entre los “narcos colombianos”.

"Desde Apure continuamos ejecutando operaciones para expulsar a grupos irregulares, narcotraficantes y terroristas colombianos a los que hemos dado fuertes golpes", tuiteó Remigio Ceballos, jefe del Comando Estratégico Operacional de la FANB.

Añadió que en enfrentamientos de las últimas 72 horas murieron militares venezolanos y miembros de los grupos armados, sin dar cifras.

Venezuela ha denunciado que los grupos irregulares colombianos han colocado minas antipersona en la zona fronteriza, luego de que dos vehículos militares y un auto de trabajadores de electricidad fueron víctimas de estos explosivos y pidió el apoyo de Naciones Unidas para desactivarlas.

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