Lunes, 28 Abril 2014 06:24

El Código Penal de Alianza País

El Código Penal de Alianza País

La manera por la cual se debe comprender y asumir al Código Penal aprobado en el año 2014[1], es desde la praxis política de Alianza País y el modelo de dominación político que le fue correlativo. Este instrumento jurídico instaura la culpa como ontología política de la violencia y sustrato de la dominación política. El COIP pretende cerrar el rizoma de la violencia posneoliberal creando un régimen disciplinario sustentado en uno de los regímenes carcelarios más duros de los que el Ecuador haya tenido memoria.

 

El COIP tiene que ser interpretado al interior de las dinámicas y procesos que configuraron al modelo de dominación política durante el posneoliberalismo y del cual Alianza País fue su mejor garante. Su validación va más allá de las razones jurídicas para convertirse en un dispositivo jurídico-político que procesó la hegemonía de Alianza País y las necesidades de la acumulación del capital durante el posneoliberalismo. En el COIP constan aspectos relativamente inéditos en la historia reciente del Ecuador, quizá el más importante de ellos sea la retorsión ontológica-política que hace el COIP con respecto al "objeto-crimen" y a la forma-prisión como rasero y baremo de la capacidad punitiva del Estado[2].

 

El proyecto político de Alianza País de alguna manera pasa por subsumir la política al Estado y que esto es característico de la forma "Estado-total" que había estudiado y propuesto Carl Schmitt, el jurista del nazismo alemán. Esta característica refería a las formas fascistas de la dominación política, de ahí la tentación de calificar al modelo de dominación política de Alianza País como un modelo fascista. Empero, hay particularidades que hacen diferente al concepto de fascismo para calificar a Alianza País quizá porque lo rebasa, lo actualiza y le confiere otras condiciones de sentido.

 

La forma Estado-total configura los límites y posibilidades de la política y, en consecuencia, de la dominación política. Al interior de la forma Estado-total se instaura la dinámica amigo/enemigo como eje articulador de la política, sus métodos y sus fronteras. La lógica amigo/enemigo no está definida por una frontera ideológica sino estratégica. Esa frontera tiene geometría variable. Los amigos de ahora pueden ser los enemigos de mañana y viceversa. Es necesario, en consecuencia, legitimar esa frontera, protegerla de los "Otros", los "extraños", los que tienen "agendas propias" al proyecto político de Alianza País. Pero esa frontera es también aquella que define al Orden en cuanto Orden y el Orden siempre se procesa desde el poder.

 

El régimen punitivo de Alianza País sirve para señalar esa frontera del Orden. Es ahí cuando cobra coherencia y racionalidad política el COIP, porque la frontera marca a aquellos que están dentro del Orden y, en especial, aquellos que pueden ser declarados como enemigos públicos o enemigos sociales porque están fuera o en contra del Orden que se pretende instaurar.

 

El régimen punitivo y disciplinario de Alianza País está pensado bajo la lógica del derecho penal del enemigo. Los enemigos, al estar fuera del Orden, pueden ser des-ontologizados en su sustancia jurídica y política. Son el Otro por definición del poder y del Orden. Al situar la política en las coordenadas amigo/enemigo, el derecho penal, necesariamente, prescribe sus límites y posibilidades[3]. Con el enemigo no cabe negociación posible. La frontera que constituye al Orden los sitúa en un más allá de lo establecido jurídica y políticamente. Esta frontera crea el sentido de Orden y, al mismo tiempo, propone un espacio de excepción en el cual actúa la des-ontologización del enemigo. Son el hostis judicatus, son el "enemigo declarado (hostis judicatus) (que) configura el núcleo del tronco de los disidentes o enemigos abiertos del poder de turno, del que participarán los enemigos políticos puros de todos los tiempos. Se trata de enemigos declarados, no porque declaren o manifiesten su enemistad sino porque el poder los declara tales: no se declaran a sí mismos sino que son declarados por el poder." (Zaffaroni, 2006: 7).

 

¿A quiénes Alianza País ha declarado como sus enemigos (hostis judicatus)? En la ambigua y estratégica frontera del Orden puro que construyó este movimiento político, simplemente eran todos aquellos que no lo suscribieron ni lo apoyaron abiertamente. También fueron aquellos que lo criticaron, lo descalificaron, lo cuestionaron. Fueron aquellos que se defendieron de la violencia extractiva. Fueron, también, todos aquellos que pretendieron disputar los sentidos de la reforma política, y poner en peligro la capacidad hegemónica de la dominación.

 

La frontera del enemigo, para Alianza País, siempre fue proteica, estratégica y podía abarcar a cualquiera en cualquier momento. Empero ¿Cómo controlar a los potenciales y no potenciales enemigos? ¿Cómo disciplinarlos? ¿Cómo integrarlos dentro del Orden? ¿Cómo obligarlos a asumir ese Orden como el único existente? ¿Cómo exigir el respeto a esa frontera del Orden?

 

Es desde esta lógica y desde la forma Estado-total que emerge y se constituye la forma-prisión como eje articulador de la capacidad punitiva del Estado no solo ante la ilicitud y la antijuridicidad sino como condición de posibilidad para la violencia de la dominación política. ¿Qué es la forma-prisión? Es la condición de posibilidad para integrar bajo una misma dinámica de dominación política la capacidad punitiva del Estado y la construcción hegemónica de un movimiento político particular inscritas en el derecho penal del enemigo (hostis judicatus), y en el cual las personas son plenamente conscientes de la ilicitud de sus actos (teoría de la acción finalista). Es la expresión de la violencia más pura del posneoliberalismo. Es el epítome de la disciplina, el control y el uso heurístico del miedo. Si en la defensa de los bienes jurídicos la forma-prisión establece una relación entre la culpa y la antijuridicidad, en la dominación política que se constituye en el posneoliberalismo la forma-prisión actúa bajo la misma lógica de la heurística del miedo.

 

En la forma-prisión se confunden en un solo proceso la capacidad punitiva para los ilícitos y la capacidad de violencia del Estado para controlar a toda la sociedad en función de una dinámica de dominación política. En el discurso jurídico penal del COIP, la forma-prisión aparece como "pena privativa de libertad"; empero, es necesaria una mirada política al COIP que visualice en la forma-prisión y en el "objeto-crimen" la conformación de una praxis política que tiene un soporte determinado, este soporte no es la justicia, ni la reparación, ni los derechos, es la "forma-prisión" como dispositivo punitivo de control social, disciplina política, y uso heurístico y estratégico del miedo, y que marca de manera precisa la frontera del Orden.

 

Como dispositivo, la "forma-prisión" va a articular coherentemente la estructura punitiva del Estado al interior del modelo de dominación política. Desde los delitos mínimos, hasta aquellos más importantes, todos ellos se codifican y estructuran desde la "forma-prisión". La ambición del COIP de integrar en un solo ámbito punitivo todas las esferas de la vida social implica tender una densa red jurídico/disciplinaria/policial sobre toda la sociedad, en la cual incluso la subjetividad personal pueda ser objeto de control, disciplina, represión y judicialización.

 

En el Ecuador la estructura punitiva estaba dispersa en función de ámbitos específicos. Cada ámbito estructuraba y definía los límites y posibilidades de la capacidad punitiva del Estado. Así por ejemplo, el ámbito tributario definía su propio espacio punitivo para los delitos que cabían dentro de lo específicamente tributario, lo mismo con las aduanas, con los delitos y contravenciones de tránsito, las infracciones laborales, la violencia contra la mujer, etc. Existían en la legislación ecuatoriana más de doscientas normas no penales que tipificaban infracciones (Cfr. COIP, exposición de motivos) [4].

 

Esta estructura de dispersión punitiva correspondía a la forma de Estado y de la dominación política desde inicios de los años setenta del siglo pasado y, a través de varias reformas, fue funcional al modelo de dominación política que emergió en el neoliberalismo. Esta dispersión tenía, no obstante, una estructura procesal definida y en la generalidad de los casos siempre se trataba de buscar los defectos de procedimiento como mecanismo de defensa penal.

 

De alguna manera, el recurso penal era un recurso de última instancia por sus altos costos de transacción, su elevado costo humano y por la escasa tradición de pensamiento jurídico-penal en una sociedad como la ecuatoriana. Esta dispersión y fragmentación de la capacidad punitiva del Estado ahora se condensa y converge hacia el COIP. Esta convergencia no es solo sustantiva, ni procesal, ni ejecutiva, es fundamentalmente política. Es la evidencia del peso y la impronta de esa red jurídico-disciplinaria y policial sobre el conjunto de la vida social. En adelante, todas las infracciones por mínimas que sean, entran en la estructura penal-punitiva de la forma-prisión. Desde el maltrato a una mascota (COIP Art. 249), hasta los crímenes de lesa humanidad (COIP Art. 89), todos ellos se inscriben y se estructuran bajo la lógica de la forma-prisión[5].

 

La forma-prisión estructura una capacidad punitiva dirigida hacia el conjunto de la sociedad para disciplinarla al interior del Estado y a éste dentro de un proyecto político determinado. En ese sentido, provoca cambios no solo procesales (o adjetivos) sino epistemológicos. Uno de esos cambios es la la torsión forzada al derecho penal internacional en función de la dominación política que hace el COIP en referencia a los delitos contra la humanidad y que forman parte del Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI). En efecto, el reconocimiento a los delitos contra la humanidad que constan en el Título IV, Capítulo I, Sección Primera del COIP, y que en primera instancia suscitan el reconocimiento por el hecho de que las normas y estatutos internacionales sobre delitos en contra de la humanidad ahora consten en la legislación nacional, en realidad, forma parte de esa torsión epistemológica del derecho y que tiene como núcleo de racionalización y coherencia a la forma-prisión.

 

Los delitos contra la humanidad, generalmente, lo cometen los Estados y son reconocidos como crímenes de Estado. Forman parte de una "línea de conducta", como lo establece la Corte Penal Internacional, destinada a la destrucción física del Otro. Si bien lo realizan personas determinadas, esa determinación nace desde un locus político y una racionalidad política, esto es, el Estado-nación. Detrás de todo delito contra la humanidad casi siempre hay razones políticas que pueden adoptar las más disímiles justificaciones. Empero de ello, el COIP realiza una torsión del derecho internacional en función de su interés político cuando habla de "personas" como los sujetos de los delitos contra la humanidad.

 

Los delitos contra la humanidad (genocidio, etnocidio, exterminio, deportación, traslado forzoso de poblaciones, desaparición forzada, tortura, persecución, apartheid, delitos de lesa humanidad, entre otros) tienen como sujeto al Estado no a las personas en particular porque la trama que los sustenta es política, no es personal. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) con respecto al delito de genocidio establece lo siguiente: "Artículo 6. Genocidio. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por "genocidio" cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal ...", es decir, nunca menciona la responsabilidad personal sin nexos políticos y establece de manera clara el concepto de "línea de conducta" como noción que articula y define a los delitos contra la humanidad (CPI, julio 2002) [6].

 

El COIP, de su parte, establece lo siguiente: "Art. 79.- Genocidio.- La persona que, de manera sistemática y generalizada y con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, religioso o político, realice cualquiera de los siguientes actos, será sancionada con pena privativa de libertad de veintiséis a treinta años ..." (cursivas P.D.). La mención a la "persona" en vez de "línea de conducta" como lo establece la CPI no es casual ni fortuita, implica una retorsión del derecho internacional que implicaría, como mínimo, la desaparición de la responsabilidad estatal en los crímenes y delitos contra la humanidad. Esta torsión epistémica que despolitiza la trama política de los delitos contra la humanidad, devuelve en contra de la sociedad una serie de instrumentos jurídicos que habían sido creados para proteger a la sociedad de los excesos represivos del Estado y, en particular, el terrorismo de Estado.

 

Esto tuvo una demostración importante cuando a fines del año 2013 el Estado Ecuatoriano siguió un proceso penal en contra de varios indígenas de la nacionalidad wao a quienes acusó de genocidio, por eventos relacionados con su forma de comprensión de la vida, la guerra, y el resarcimiento de estos pueblos indígenas[7]. Es una paradoja que uno de los pueblos que más ha sufrido la violencia de la acumulación del capital, al extremo que un grupo de ellos decidió mantenerse fuera de todo contacto con el Estado ecuatoriano, en la ocurrencia los pueblos waos en aislamiento voluntario tagaeri y taromenane, hayan sido las víctimas propiciatorias del poder y ahora sean acusados de genocidio.

 

Alianza País, retoma los crímenes contra la humanidad del estatuto de la CPI, pero no para proteger a la población contra el terrorismo de Estado sino para utilizar esos delitos en contra de la sociedad y, a su vez, protegerse a sí misma. Lo mismo puede decirse con respecto a la tortura y los tratos crueles y degradantes. La tortura siempre estuvo identificada con el terrorismo de Estado. Empero de ello, y de acuerdo al COIP ahora cualquier persona puede acusar a otra de haber sufrido "grave dolor y sufrimiento" conforme la definición de tortura que establece el COIP[8].

 

Esta desconexión de su trama política que otorga coherencia a los articulados establecidos en el Estatuto de la CPI, es funcional al proyecto político de Alianza País, porque este movimiento en virtud de su control total al Estado, puede arrogarse la capacidad de juzgar a los otros, como por ejemplo la acusación a varios miembros de la nacionalidad indígena wao por haber cometido el delito de genocidio y, al mismo tiempo, neutralizar cualquier posibilidad de que su praxis gubernamental y política pueda ser juzgada como genocidio, como por ejemplo en la explotación extractiva en la zona intangible del Yasuní y territorio de los pueblos en aislamiento voluntario, tagaeri y taromenane que, precisamente, pueden ser asumidas y comprendidas como delitos contra la humanidad.

 

El COIP lanza esa red jurídico-disciplinaria y policial sobre el conjunto de la sociedad para encerrarla en sí misma y evitar su politización. Un recorrido sumario de aquellos delitos (o antijuridicidad) que pueden ser susceptibles de ser integrados en la trama de control y dominación, da cuenta de que el COIP fue pensado más como un mecanismo de heurística de miedo social que como una propuesta para "tipificar las infracciones penales, establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta observancia del debido proceso, promover la rehabilitación social de las personas sentenciadas y la reparación integral de las víctimas" (Art. 1, COIP).

 

En efecto, aquellos delitos que se integran directamente al modelo de dominación política, grosso modo, serían los siguientes: Art. 180.- Difusión de información de circulación restringida. Art. 232.- Ataque a la integridad de sistemas informáticos. Art. 233.- Delitos contra la información pública reservada legalmente. Art. 242.- Retención ilegal de aportación a la seguridad social. Art. 255.- Falsedad u ocultamiento de información ambiental. Art. 260.- Actividad ilícita de recursos mineros. Art. 262.- Paralización del servicio de distribución de combustibles. Art. 271.- Acusación o denuncia maliciosa. Art. 273.- Revelación de identidad de agente encubierto, informante, testigo o persona protegida. Art. 277.- Omisión de denuncia. Art. 282.- Incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Art. 283.- Ataque o resistencia[9]. Art. 288.- Uso de fuerza pública contra órdenes de autoridad. Art. 297.- Enriquecimiento privado no justificado. Art. 298.- Defraudación tributaria. Art. 307.- Pánico económico. Art. 310.- Divulgación de información financiera reservada. Art. 322.- Pánico financiero. Art. 331.- Obstaculización de proceso electoral. Art. 336.- Rebelión[10]. Art. 337.- Destrucción o inutilización de bienes. Art. 339.- Actos hostiles contra el Estado. Art. 342.- Sedición. Art. 344.- Abstención de la ejecución de operaciones en conmoción interna. Art. 345.- Sabotaje. Art. 346.- Paralización de un servicio público. Art. 348.- Incitación a discordia entre ciudadanos[11]. Art. 349.- Grupos subversivos. Art. 353.- Traición a la Patria. Art. 356.- Atentado contra la seguridad de las operaciones militares o policiales. Art. 363.- Instigación. Art. 366.- Terrorismo... Es cierto que existen muchos artículos más que pueden ser utilizados estratégicamente en función del modelo de dominación política y cuya finalidad es la de generar miedo explícito al poder, sin embargo, esta sumaria recolección evidencia la construcción eminentemente política del COIP como sustento de un modelo de dominación política.

 

Este breve sumario de artículos penales del COIP da cuenta que aspectos tan mínimos como un error involuntario al llenar un formulario gubernamental, o una mínima contradicción al emitir una factura comercial, o tener, a criterio de la autoridad respectiva, las llantas lisas, o comercializar productos de las Zonas Especiales de Desarrollo, o emitir un criterio que el poder considere desafortunado, o "incitar a la discordia", o resistirse a la acción de cualquier representante del Estado, por más injusta que ésta fuese, entre varios, es causal suficiente para entrar en el dispositivo de la forma-prisión.

 

En algunos de estos artículos la actuación de la colectividad es considerada como un agravante de la pena. Estos artículos extienden una red jurídico-policial en la cual puede caber prácticamente cualquier persona. Con el COIP, literalmente, nadie está a salvo. Es, como lo dice el jurista Ramiro Ávila, una "máquina de represión" (Ávila Santamaría, 2014). Esta trama jurídico-policial vulnera el principio constitucional de presunción de inocencia e instaura la culpa casi como condición de ontología política.

 

De hecho, en la denominada "cooperación eficaz"[12], el sistema punitivo del COIP desaloja el sistema adversarial que garantizaba el debido proceso y confronta al acusado en contra de sí mismo. Desaparece la presunción de inocencia y el principio jurídico de que nadie puede declarar en contra de sí mismo. En la "cooperación eficaz", el fiscal "negocia" con el posible acusado la pena de forma independiente del proceso jurídico, la sentencia, y los principios de defensa jurídica[13].

 

En la "cooperación eficaz" puede constatarse también el rol que asume la Fiscalía General del Estado. Es el Gran Inquisidor del posneoliberalismo. Es tal el poder de la Fiscalía en el modelo de dominación política, que genera un estatuto de indefensión total a toda la sociedad cuando establece en su Artículo 583 las modalidades que asumen las "Actuaciones fiscales urgentes"[14].

 

Esta figura jurídica entra en plena contradicción con todo el sistema de derechos y garantías establecidos en la Constitución Política de 2008 y abre un espacio de incertidumbre jurídica altamente funcional a la heurística del miedo. Sin embargo, el hecho de que entre en contradicción con la norma constitucional no acota sus posibilidades ni restringe su ámbito, simplemente instaura la praxis punitiva en otro registro, quizá más real o más pragmático y que tiene que ver con las formas que asume el poder y, en consecuencia, es más pertinente y más coherente con las necesidades de la acumulación del capital. Con las "actuaciones fiscales urgentes" se instaura un régimen de dominación en el que las personas tendrán que demostrarle al poder su inocencia. Es el procedimiento jurídico más expedito para el control y disciplina total. De esta forma, el COIP crea un universo kafkiano y establece las condiciones de posibilidad para la distopía del control disciplinario total a la sociedad.

 

Sin embargo, aquello que más llama la atención es el hecho de que un marco teórico y epistemológico que intentaba otorgar al derecho punitivo un rostro más humano, en ocurrencia, la teoría de la acción finalista, se convierta en un poderoso argumento de dominación y control. De la misma manera que la apelación al neoconstitucionalismo y al Estado constitucional de derechos y justicia tenía como objetivo hacer del Estado el garante de los derechos, pero fue utilizado en la reforma política del año 2008 para legitimar un sistema político vertical e hiperpresidencialista, acorde con las necesidades políticas de Alianza País, de esta misma forma, la estructura epistemológica del COIP está hecha desde la teoría de la acción finalista (Art. 3. Principio de mínima intervención; Art. 5 principios procesales; Art. 13. Interpretación; Art. 23. Modalidades de conducta; Art. 29. Antijuridicidad; Art. 34. Culpabilidad; Art. 39. Tentativa; etc.), pero no para humanizar la deriva punitiva y disciplinaria sino para demostrar que en la antijuridicidad siempre existía un elemento de conciencia previa, premeditación y posible tentativa.

 

En el caso de que la antijuridicidad sea puesta al interior de una trama de control y disciplina política como es el modelo de dominación política que empieza a conformarse en el posneoliberalismo, las consecuencias son importantes porque aquellas personas que son consideradas como enemigos del Orden, y que serán juzgadas por el COIP, no tendrán oportunidad de defensa en virtud de que la teoría de la acción finalista reconoce un elemento no causal en la infracción, es decir, una norma subjetiva de determinación. Para el poder, son culpables ex ante.

 

En efecto, en la "forma-prisión" la infracción penal es vista como una amenaza o lesión a un "bien jurídico"[15] (Art. 29). El "bien jurídico" es el Orden en cuanto Orden, y en la frontera política que se construyó desde el modelo de dominación política, cualquier forma que asuma la antijuridicidad implica atentar al Orden en cuanto Orden. Así, la referencia a la teoría finalista de la acción para otorgar un sustento ético-jurídico al COIP con la forma-prisión se transforma en un dispositivo epistemológico de poder. De la misma manera que el neoconstitucionalismo legitimaba al Estado sobre la sociedad y desarmaba la capacidad que tenía la sociedad de ser subsumida al Estado, la apelación a la teoría finalista de la acción no es para otorgar un sustento ético jurídico al derecho penal sino más bien lo contrario, para determinar, desde la noción de intencionalidad, la capacidad de culpa de cualquier cuidadano en oponerse al poder y al Orden.

 

Mientras que la teoría de la acción finalista del derecho penal tenía como objetivo el restablecimiento de una dimensión ética-social para la capacidad punitiva del Estado (Welzel: 1956), la forma-prisión readecua el contenido ético de la teoría finalista de la acción y la reinscribe al interior de un proceso disciplinario en la cual la acción finalista no es una garantía ni de prevención ni de ética sino más bien una causal de premeditación que puede ser utilizada en contra del principio constitucional de la presunción de inocencia. El COIP logra una nueva retorsión axiológica en el derecho y en su consistencia deontológica, porque su objetivo real es aquel de extender la capacidad de castigo a todos aquellos que, según la metáfora de Alianza País, están por fuera de la "fortaleza asediada".


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[1] Código Orgánico Integral Penal (COIP), Registro Oficial Suplemento 180 de 10-feb-2014.
[2] "... el objeto "crimen", aquello sobre lo que se ejerce la práctica penal, ha sido profundamente modificado: la calidad, el carácter, la sustancia en cierto modo de que está hecha la infracción, más que su definición formal. La relativa estabilidad de la ley ha cobijado todo un juego de sutiles y rápidos relevos." Foucault, Michel: Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión. Siglo XXI Ed., México, 1996, pp. 24-25.
[3] "Para este teórico del estado absoluto (se refiere a Carl Schmitt, P.D.) el enemigo no es cualquier sujeto infractor, sino el otro, el extranjero y basta a su esencia que sea existencialmente, en un sentido particularmente intensivo, algo otro o extranjero, de modo que, en el caso extremo sean posibles con él conflictos que no puedan ser decididos ni a través de un sistema de normas preestablecidas ni mediante la intervención de un tercero descomprometido y por eso imparcial", Zaffaroni, Eugenio Raúl: El enemigo en el derecho penal. Paper: Departamento de Derecho Penal y Criminología, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Abril de 2006, pp. 6.
[4] Para el año 2009, la Fiscalía General del Estado había identificado 723 tipos penales en 34 leyes y códigos, incluido el Código Penal. Los delitos, infracciones y contravenciones que no constaban específicamente en el Código Penal eran denominados "Leyes Penales Impropias". Cfr. Fiscalía General del Estado. Catálogo de Delitos, Ed. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2009.
[5] Esto es correlativo con el aumento de la población carcelaria en el Ecuador, que se incrementa en más del cien por ciento en el periodo 2007-2012, y que incrementa sustancialmente a partir de la aplicación del COIP. Cfr. Defensoría Pública: http://www1.defensoria.gob.ec:8020/dpe/
[6] La responsabilidad individual en los delitos contra la humanidad corre el riesgo de caer en una aporía, aquella que nace de la "obediencia debida", como se llamó al proceso que juzgó y, en primera instancia, perdonó a los militares argentinos por sus crímenes contra la humanidad. Esa aporía recorrió el proceso de Nüremberg de 1946. Cfr. Feierstein, Daniel: El genocidio como práctica social. Entre el nazismo y la experiencia argentina. FCE, Buenos Aires, 2007. Quizá la reflexión más lúcida al interior de esa aporía y su expresión en la "banalidad del mal" sea el libro de Hanna Arendt del mismo nombre: Arendt, Hanna: Eichman en Jerusalén. Un estudio sobre la banalidad del mal. Lumen, España, 2000. Ver también: Agambien, Giorgio, Homo Sacer II, op. cit. Sobre el recorrido de la legislación internacional sobre los delitos contra la humanidad puede verse la tesis de doctorado de: Capellà I Roig, Margalida: La tipificación internacional de los crímenes contra la humanidad. Ed. Tirant lo blanch. Valencia, 2005.
[7] Causa Penal No. 223-2013, del Juzgado Segundo de Garantías Penales de la provincia amazónica de Francisco de Orellana.
[8] "Art. 151.- Tortura.- La persona que, inflija u ordene infligir a otra persona, grave dolor o sufrimiento, ya sea de naturaleza física o psíquica o la someta a condiciones o métodos que anulen su personalidad o disminuyan su capacidad física o mental, aun cuando no causen dolor o sufrimiento físico o psíquico; con cualquier finalidad en ambos supuestos, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años."
[9] Este artículo es interesante porque genera y expresa una asimetría fundamental entre los intereses del Estado y los derechos de las personas, al otorgarle una matriz política al delito de "desacato" que ya constaba en el anterior Código Penal, y que tenía una pena general de 8 días a un mes. Además, si el desacato implica lo que la teoría liberal denomina una "acción colectiva", ésta es considerada como agravante. El artículo textualmente expresa lo siguiente: "Art. 283.- Ataque o resistencia.- La persona que ataque o se resista con violencias o amenazas a los empleados públicos, a los depositarios o agentes de la fuerza pública, a los comisionados para la percepción de los impuestos y contribuciones, a los ejecutores de los decretos y fallos judiciales, a los guardas de las aduanas y oficinas de recaudación y a los agentes de policía, cuando obran en ejecución de las leyes, o de las órdenes o reglamentos de la autoridad pública, serán sancionadas con pena privativa de libertad de seis meses a dos años. Si la conducta prevista en el inciso anterior ha sido cometida por muchas personas y a consecuencia de un concierto previo, serán sancionadas con pena privativa de libertad de uno a tres años."
[10] "Art. 336.- Rebelión.- La persona que se alce o realice acciones violentas que tengan por objeto el desconocimiento de la Constitución de la República o el derrocamiento del gobierno legítimamente constituido, sin que ello afecte el legítimo derecho a la resistencia, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años." Si este artículo hubiese constado en el anterior código penal, todos los procesos políticos que devinieron en cambios de gobierno y que a la postre fueron la condición de posibilidad para la emergencia del fenómeno político de Alianza País, habrían sido imposibles.
[11] Este delito no existía en el anterior Código Penal, forma parte ahora de los treinta artículos del Capítulo VI del Título IV del COPI, denominado: "Delitos Contra la Estructura Constitucional del Estado". "Art. 348.- Incitación a discordia entre ciudadanos.- La persona que promueva la discordia entre los ciudadanos, armando o incitando a armarse unos contra otros, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años."
[12] "Art. 491.- Cooperación eficaz.- Se entenderá por cooperación eficaz el acuerdo de suministro de datos, instrumentos, efectos, bienes o informaciones precisas, verídicas y comprobables, que contribuyan necesariamente al esclarecimiento de los hechos investigados o permitan la identificación de sus responsables o sirvan para prevenir, neutralizar o impedir la perpetración o consumación de otros delitos de igual o mayor gravedad."
[13] "Art. 493.- Concesión de beneficios de la cooperación eficaz.- La o el fiscal propondrá a la o al juzgador una pena no menor del veinte por ciento del mínimo de la fijada para la infracción en que se halle involucrado el cooperador.
En casos de alta relevancia social y cuando el testimonio permita procesar a los integrantes de la cúpula de la organización delictiva, la o el fiscal solicitará a la o al juzgador, una pena no menor al diez por ciento del mínimo de la pena fijada para la infracción contra la persona procesada que colaboró eficazmente.
La concesión de este beneficio estará condicionada al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el acuerdo de cooperación según la naturaleza y modalidades del hecho punible perpetrado, las circunstancias en que se lo comete y la magnitud de la cooperación proporcionada así como de acuerdo con las condiciones personales del beneficiado."
[14] "Art. 583.- Actuaciones fiscales urgentes.- En los casos de ejercicio público o privado de la acción en que se requiere obtener, conservar, preservar evidencias o impedir la consumación de un delito, la o el fiscal podrá realizar actos urgentes y cuando se requiera autorización judicial se solicitará y otorgará por cualquier medio idóneo como fax, correo electrónico, llamada telefónica, entre otros, de la cual se dejará constancia en el expediente fiscal."
[15] "Bien jurídico es un bien vital del grupo o del individuo, que en razón de su significación social, es amparado jurídicamente. En su substrato puede presentarse en las formas más diversas: como objeto psicofísico O como objeto ideal-psíquico (así, la vida, por un lado, y el honor, por el otro); como estado real (la paz del hogar); como relaciones de la vida (matrimonio, parentesco); como relación jurídica (propiedad, derecho de caza); y hasta como conducta de un tercero (deber de fidelidad del empleado público, protegido ante el soborno). Bien jurídico es, por tanto, todo estado social deseado que el derecho quiere asegurar contra lesiones. La suma de los bienes jurídicos no constituye un "montón atomizado", sino el orden social, y por tanto, la significación de un bien jurídico no ha de ser apreciada aisladamente, sino tan sólo en relación conjunta con la totalidad del orden social." Welzel, Hans: Derecho Penal. Parte General. Ed. De Palma Editor, Buenos Aires, 1956, pp. 6, cursivas el original

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Jueves, 17 Abril 2014 06:03

Italia pasó una ley antimafia

Italia pasó una ley antimafia

Con la nueva ley, aprobada ayer, no serán condenados sólo quienes reciban dinero de las mafias, como hasta ahora, sino también quienes las favorezcan directa o indirectamente o reciban favores, aun sin recibir ni un centavo.

 

Volaron insultos de todo tipo ayer en el Senado italiano. Dos senadores fueron expulsados de la sesión. Y las fotos de Silvio Berlusconi, del presidente de la República, Giorgio Napolitano, y del primer ministro, Matteo Renzi, con una boina siciliana en la cabeza, fueron enarboladas como símbolos mafiosos por el Movimiento Cinco Estrellas. Los grillinos, como se los llama por su líder Beppe Grillo, acusaron a los tres personajes y a los miembros del Senado de no haber incorporado ciertos puntos que ellos querían por estar complotados con las mafias. Al final, una nueva ley electoral fue aprobada por 191 votos a favor y 32 en contra del M5S y de los racistas de la Liga Norte.


Se trata de un texto, que está vigente desde ayer y que en consecuencia se aplicará en ocasión de las candidaturas para las elecciones europeas de mayo, que castiga el intercambio de favores entre políticos y mafiosos. Un mal muy viejo en Italia, surgido sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial cuando Italia se transformó en una República y que arrastraba resabios del período bélico, cuando los aliados, que desembarcaron contra Mussolini en Sicilia, contaron con la ayuda de Cosa Nostra. La mafia siciliana, además, votaba religiosamente a la Democracia Cristiana, un partido católico como ella que gobernó este país por casi 40 años ininterrumpidamente, muchos de cuyos exponentes han sido procesados por complicidad con la mafia posteriormente.


Don Ciotti, un sacerdote que desde hace años lucha contra la mafia en Sicilia, calificó a la nueva ley como "una buena noticia" y, también, los líderes del gobernante Partido Democrático. La senadora Anna Finocchiaro, por ejemplo, comentó por televisión que "por ganar algunos votos el M5S usa mentiras, mistificaciones, falsedades". Otros calificaron como "vergonzoso" el comportamiento de los parlamentarios grillinos porque, subrayaron, hace 20 años que se discute esta ley y ahora que se logró, ellos votan en contra.


Pero en algo tienen razón los grillinos, ya que la penas contra estos delitos fueron disminuidas para ciertos casos respecto de un proyecto de ley precedente, aspecto que también criticó la asociación antimafia Libera de Don Ciotti. "Podría haber sido mejor, pero de todas maneras había que aprobarla", comentó el ex juez y hoy senador del PD Felice Casson. Antonio Di Pietro, también ex juez de Manos Limpias, como se llamó la gran campaña anticorrupción de la década del 1990, y fundador de Italia de los Valores, comentó algo similar: "Se podía haber hecho mejor, pero de todas maneras es un paso adelante".


La asociación entre políticos y mafiosos es un viejo mal en Italia. Pero en la segunda década del siglo XXI sigue existiendo. Es una enfermedad que ha afectado a muchos políticos de las regiones con mayor penetración mafiosa como Sicilia, Calabria, Apulia y Nápoles. Los candidatos piden los votos de las mafias para ser elegidos, a cambio de favores. Pueden ser contratos con empresas del Estado en caso de ganar las elecciones, licitaciones para la construcción de puentes o carreteras, y muchas cosas más. Pero también financiación de campañas electorales, viajes, etc. Así como por ejemplo, la autopista que va de Nápoles a Calabria que hace más de 20 años que está en construcción vaya a saber por qué acuerdos políticos-mafiosos. Pero nadie se hace cargo de los problemas que ocasiona a todos los viajeros. Con la nueva ley no serán condenados sólo quienes reciban dinero de las mafias, como hasta ahora, sino también quienes la favorezcan directa o indirectamente o reciban favores, aun sin recibir ni un centavo.


En Italia hay cuatro mafias famosas, la tradicional Cosa Nostra de Sicilia; la emergente 'Ndrangheta de Calabria, que controla buena parte del tráfico de cocaína en Europa; la poderosa camorra de Nápoles, que controla todo el tráfico ilegal de productos de marcas famosas falsificadas y también tráficos de drogas varias, y la Sacra Corona Unida de Apulia (sur), la menos importante y menos extendida.

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La ONU se pronuncia a favor de la despenalización del consumo de drogas

Alrededor de 200.000 personas mueren anualmente a consecuencia del uso indebido de estupefacientes, mientras que el comercio clandestino de drogas genera aproximadmente 230.000 millones de euros al año, según datos de David Dadge, portavoz de UNODC en Viena.


Esta es la primera vez que el principal órgano mundial que combate al narcotráfico se distancia con tanta claridad de la estrategia de guerra contra las drogas impulsada por los EEUU en las últimas décadas. Sin embargo, esto no implica una aprobación de liberalización de la producción y del consumo, ni un visto bueno a los experimentos de legalización de drogas puestos en marcha en Uruguay, el primer país que aprobó una ley para la venta y producción de marihuana, o de los Estados de Colorado y Washington en EEUU, que han legalizado la venta de cannabis bajo licencia."La legalización no es la solución al problema de las drogas", ha declarado el director ejecutivo de la ONUDD, Yuri Fedotov, refiriéndose a Uruguay.

El informe, que analiza la evolución de los últimos cinco años, considera que "la prevención , el tratamiento basado en los derechos y la rehabilitación de los consumidores de drogas es el remedio más eficaz", y crítica que "algunos regímenes nacionales se apoyen todavía excesivamente en las sanciones y encarcelamiento y no en la atención sanitaria" . Países como Rusia, Pakistán o Egipto, mantienen la política de mano dura, mientras otros europeos y algunos de América Latina abogan por tomar en consideración las ventajas de la liberalización.
La ONU considera que el acceso no controlado a las drogas aumentaría su accesibilidad, por lo que la "fiscalización", es decir, la prohibición, reduce la disponibilidad y hace que los precios sean más altos. Como argumento se agarra a que las sustancias adictivas legales, como el alcohol o el tabaco, causan más daño que las que están prohibidas. "Mientras que al año mueren en el mundo 0,2 millones de personas por consumo de drogas ilícitas, el alcohol acaba con la vida de 2,3 millones de personas, y el tabaco causa la muerte de 5,1 millones", afirma.


Por otro lado, se admite que despenalizar el consumo contribuye a "descongestionar las cárceles y redistribuir recursos para asignarlos al tratamiento y facilitar la rehabilitación", así como a abordar el problema "en base a datos científicos y en pleno respeto de los Derechos Humanos"

.
Queda claro que la ONU prefiere ahora el enfoque centrado en la salud, tras constatar que produce resultados más efectivos: "Por cada dólar que se invierte en prevención se ahorran como mínimo 10 dólares en costos futuros en servicios sociales y sanitarios." O lo que es lo mismo: Sí a la despenalización del consumo, pero no a la legalización de la producción y el comercio.

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Sábado, 15 Marzo 2014 05:56

Las metamorfosis del Estado

Las metamorfosis del Estado

La reforma energética que fue aprobada en diciembre pasado coloca al estatuto del petróleo y los demás energéticos ahí donde, en cierta manera, se encontraba en 1916, un año antes de la promulgación del texto constitucional. En aquel entonces, las compañías extranjeras gozaban de la mayoría de los privilegios que la legislación reciente les acaba de otorgar (de nuevo). Así, el proceso de modernización del que tanto se ha ufanado la élite priísta ha llevado al país ahí donde comenzó su historia en el siglo XX, es decir, un siglo atrás. Como lo decía Andrew Floyer hace un par de semanas, jefe de comunicación de Global Energy, el petróleo mexicano ya es de nuevo patrimonio global. Lo que significa, salvado el eufemismo, algo así como: en México, el petróleo ha dejado de ser capital exclusivamente mexicano. Por la parte oficial, este 18 de marzo ya no hay nada que conmemorar; para la sociedad, todo está aún por comenzar. Lo cierto (una vez más) es que la historia no camina en línea recta.


A partir de 2007, después de la zozobra que dejó el hecho de no haber recurrido a un interinato y a repetir el proceso electoral (por la imposibilidad de determinar quién había ganado esas elecciones) –una propuesta que por cierto surgió de Carlos Fuentes, cuyo nombre la oficialidad del sexenio actual (con la excepción acaso del presidente de Conaculta) prefiere no recordar–, el nuevo orden (habría que insistir en la palabra: orden) empezó a suscitar diversas caracterizaciones. La definición que de alguna manera ha cobrado alguna legitimidad no es nueva: un Estado fallido. Una definición cuya elocuencia reside –como en los buenos slogans– en todo aquello que deja sin definir.


Visto desde la perspectiva de la breve historia de las pasadas dos décadas, digamos a partir de la crisis de 1995, el Estado mexicano no parece precisamente fallido en múltiples renglones de su accionar. Mantuvo una eficiencia asombrosa en la política de rescate de la banca privada en aquella crisis. Tampoco ha sido ineficiente en el control y la contención de movimientos sociales, protestas ciudadanas y políticas alternativas a la lógica impuesta por el discurso de los mercados.


La estrategia de desmantelamiento sistemático de derechos sociales, pensiones de jubilación y de las diversas formas de educación pública no ha pecado precisamente de falta de rigor y determinación. En principio, el Estado mexicano (ya en su era global) se ha revelado como una aceitada máquina de consenso a la hora de transformar la bella metáfora de Karl Popper sobre la sociedad abierta en una sociedad que ha sido abierta por la globalización como si fuera una lata de sardinas. La desnacionalización del petróleo ha sido tan sólo otra estación en ese proceso de apertura.


En el renglón del combate al crimen organizado, la definición de Estado fallido no parece del todo apropiada, no obstante los magros resultados. Es evidente que ha sido la propia criminalización del Estado la que ha propiciado un desplazamiento del orden de lo político por el orden del crimen. En lugar de la ley del derecho se ha impuesto simplemente la ley del más fuerte. Una ley que siempre coloca al propio Estado a un paso de lo que se encuentra fuera de la ley. ¿Pero gobernar –como modus operandi– permanentemente fuera de la ley aduciendo una supuesta debilidad no es acaso la característica básica de lo que Jacques Derrida definió alguna vez como Estado canalla?


¿Estado fallido o Estado canalla?

No se trata de un juego de palabras ni de simples definiciones. La política comienza siempre en la lucha por la definición de lo que la política es. Esta lucha se libra en la sociedad, en la confrontación por las narrativas de lo que acontece. La característica central del Estado canalla reside en que mantiene una fachada liberal ahí donde gobierna permanentemente bajo las aporías del estado de excepción. Y esta forma de gobernar resulta, frecuentemente, tan eficiente como su capacidad para mantener a toda horizonte de expectativas bajo el cielo cotidiano de la desorientación. ¿Alguien puede realmente explicar quién es quién en el laberinto de Michocán, por ejemplo? ¿O cómo es que se ha llegado a territorializar al país como se procede en las cuadrículas que se usan para patrullar ciudades?


Lo cierto es que el Estado se ha vuelto una asombrosa máquina de control (social) y, simultáneamente, una suerte de inválido social. Las teorías sobre el Estado fallido tienen su origen en la versión más ramplona que prescribe una relación unilineal entre la ley y el poder, entre el derecho y la política. Lo fallido sería su incapacidad de imponer el orden de la ley. Y aún así ejerce un control impresionante y desolador. Acaso nos encontramos actualmente frente a una situación donde lo que domina precisamente es la indeterminación entre el orden jurídico y el de la política. Y es de esta indeterminación de la que se nutre en gran parte la lógica del Estado canalla.

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"Hay un proceso de politización de la policía"

"La policía fue formada ideológicamente para ver a los manifestantes que protestan contra la Copa como si fueran enemigos a los que deben disparar balas de goma; se trata de una concepción de la seguridad heredada de la dictadura que necesita ser superada." La afirmación pertenece a uno de los ministros centrales del gobierno brasileño, el secretario general de la Presidencia, Gilberto Carvalho, que recibió a Página/12 en su soleada oficina del Palacio del Planalto, a metros del despacho de Dilma Rousseff.


"Sabemos que, de hecho, la policía ha arrojado gasolina sobre el fuego de las manifestaciones, lo que aumentó la indignación de la población; eso pasó en junio del año pasado durante la Copa de las Confederaciones y este año en los rolezinhos de los adolescentes que llegaban en grandes grupos a los shoppings. Este modelo de seguridad necesita cambios, el Estado brasileño fue montado por las elites para proteger su acumulación y reproducción de la riqueza, y el aparato de seguridad fue creado para contener a los que se oponen a ese proceso de acumulación económica", observa el funcionario.


Un dicho popular afirma que en Brasil el año recién empieza después del Carnaval, costumbre que no se aplica al agitado 2014, iniciado políticamente en la primera quincena de enero con las reuniones de gabinete citadas por una Dilma preocupada ante la recia respuesta policial contra la inundación de adolescentes pobres en los shoppings. En esos días la prensa divulgó un documento del Ministerio de Defensa contemplando la posibilidad de que las fuerzas armadas actúen contra movimientos sociales y organizaciones populares, mientras la policía de Brasilia declaraba una huelga blanca y amenazaba boicotear la Copa, y sectores de la policía federal declaraban su intención de ir al paro.


–¿Se puede hablar de politización policial?


–Hay un proceso de politización de las policías provinciales, en donde el ejemplo más claro ahora es la huelga de la policía de Brasilia, pero es política menor, contra un gobernador (Agnelo Queiroz, del Partido de los Trabajadores), mientras en el resto del país veo las resistencias de las policías provinciales para cambiar sus antiguas estructuras. Y sumado a esto, tenemos la costumbre de los sindicatos policiales, que pueden querer aprovechar la Copa del Mundo, cuando la presencia de la policía es muy importante, para poner el cuchillo en el pescuezo de las autoridades para exigir aumento salarial. Pero esto no llega a configurar un partido policial.


–¿Habrá otro "incendio" durante la Copa?


–Sabemos que habrá manifestaciones, es natural que las haya en un país democrático, pero tienen que ser sin violencia; entre los manifestantes, hay grupos minoritarios que atacan a símbolos del capitalismo, incendian bancos, apedrean concesionarias de autos importados. Estamos preocupados, pero creemos que no habrá un incendio. El mes pasado fui al Foro Social Mundial en Porto Alegre, estábamos cenando, cuando el gobernador de Rio Grande do Sul, Tarso Genro, pidió disculpas para atender un problema entre manifestantes y policías. El gobernador ordenó no reprimir, pero no es fácil que el policía se quede inmóvil mientras unos muchachos lo insultan, lo escupen.

–¿La reelección de Dilma depende de la Copa?


–Considero casi imposible que haya problemas graves, y si como esperamos, todo va bien en la Copa, todo es fiesta, incluso si Argentina sale campeón (risas), esto permitirá que la vida de la gente siga normal y esto no beneficiará especialmente la candidatura de Dilma. Pero si la Copa fuera afectada por hechos violentos, se suspendiera algún partido, o algo así, lo que me parece improbable, esto sí puede afectar a la presidenta; por eso estamos trabajando fuertemente para que todo salga bien, queremos que la población participe en atividades culturales, que haya grandes centros de recreación donde festejar, no sólo en los estadios, mostrar a la gente que la Copa es una gran oportunidad para el país, va a traer turistas, va a dejar obras para la gente, avenidas, aeropuertos, esperamos que haya un clima de movilización positiva.


Gilberto Carvalho es uno de los contados cuadros del PT que lleva once años en el Palacio del Planalto, durante los dos gobiernos de Lula y lo que va de la gestión dilmista: es un político atildado, capaz de sobrevivir en las alturas del poder sin descuidar su vínculo con los movimientos sociales, que lo tienen como el principal interlocutor del gobierno. A él le fue confiada la misión de dialogar con los jóvenes que protagonizaron los rolezinhos de enero pasado.


–Ministro, ¿hacia dónde evolucionará ese fenómeno?


–Es muy difícil preverlo, creo que en esos jóvenes están en el centro de una disputa ideológica y política que plantea un desafío a nuestro proyecto, que fue exitoso al proporcionar un futuro a esos jóvenes, al derribar los muros que les permiten ir multitudinariamente a los shoppings, en haber generado nuevos consumidores, pero allí comienza la batalla cultural. Esos chicos están cautivados por los valores del consumo, del exhibicionismo, algunos entran a las tiendas de marcas caras no a comprar, sólo se prueban ropas y se fotografían para mostrarlas en Facebook. Sus valores son parecidos a los que divulga la televisión, y nuestro desafío es disputar esa hegemonía, proponiéndoles la solidaridad, la paz, el respeto a la mujer. Tenemos que ser capaces de ofrecerles un proyecto que les despierte nuevos sueños. Nosotros ganamos las elecciones de 2002, 2006 y 2010, ahora tenemos que revisar algún agotamiento de nuestras propuestas para hacerlas nuevamente atractivas a la población.


La vuelta de Lula


–¿El ex presidente Lula da Silva será candidato en 2018?


–Espero que Lula vuelva a la presidencia en 2018, creo que es posible que vuelva y pienso que hay que trabajar para ello. Si Lula retornara en 2018 no es sólo alguien que regresa al poder después de dos gobiernos (2003-2010): Lula es una expresión del pueblo brasileño, él es alguien que fortalece la autoestima del pueblo. Yo creo que con Lula en el gobierno de 2018 al 2022 cerraríamos un ciclo.


EL DEBATE SOBRE LOS MEDIOS


Contra el monopolio


Hubo un tiempo en que los ministros brasileños comenzaban a carraspear cuando se los consultaba sobre la democratización de los medios. A Gilberto Carvalho no le tembló la voz, ni empleó eufemismos para tratar el tema. "Creo que el debate sobre la democratización es irreversible, y que ya comenzó a relativizarse el monopolio absoluto de la información, que está siendo quebrado a través de la contrainformación en las redes sociales, en los blogs. En Brasil, los medios tradicionales criminalizaron el debate sobre la democratización diciendo, astutamente, que el gobierno busca tener medios oficialistas para restringir la libertad, cuando lo que queremos es ampliar la libertad", señaló Carvalho.
El ministro insistió con la idea de la desconcentración mediática, pero no enunció una ley de medios. "Queremos que más sujetos tengan acceso a los medios, que se puedan ver otros puntos de vista, nosotros queremos que la realidad no sea filtrada por los dueños de los medios. Pero la presidenta Dilma no enviará una ley al Congreso para que sea derrotada, es preciso que antes de proponer una legislación haya un trabajo de convencimiento de la población, que ya comenzó a relativizar lo que dice la prensa tradicional, cuya credibilidad está cayendo. Creo que antes de enviar una ley necesitamos que haya medios para que se dé un tratamiento democrático a la información; no hablo de medios oficialistas sino de medios que permitan al lector o al televidente acceder a varios puntos de vista.


HERIDO EN LAS PROTESTAS DE RIO


Murió un cameraman

La muerte de un camarógrafo herido el jueves pasado durante una manifestación en Río de Janeiro (foto) volvió a situar las protestas de Brasil en el centro de atención y motivó que la presidenta Dilma Rousseff calificara como "inaceptable" la agresión ocurrida durante una "protesta democrática".


"La muerte del camarógrafo Santiago Andrade, anunciada ayer (por anteayer), entristece", escribió Rousseff en su cuenta de Twitter luego de la confirmación de la muerte del profesional. "Es inaceptable que las protestas democráticas se vean distorsionadas por los que no tienen respeto por la vida humana; la libertad de expresión es un principio fundamental de la democracia y nunca puede ser usado para matar, herir, asaltar y amenazar las vidas humanas o destrozar el patrimonio público o privado", agregó.


Ayer a la mañana, los médicos del hospital Souza Aguiar confirmaron la muerte cerebral del reportero de 49 años, quien fue sometido a una cirugía en la madrugada del viernes y desde entonces estaba en coma en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Más tarde se anunció el fallecimiento y se informó que sus restos serán sepultados hoy. Andrade había sufrido hundimiento de cráneo tras ser alcanzado en la cabeza por un artefacto explosivo durante los disturbios mientras trabajaba para la televisión Bandeirantes en la cobertura de una protesta en Río de Janeiro. Según expertos, las heridas fueron causadas por una bengala lanzada por uno de los manifestantes.


La mandataria remarcó que ordenó a la Policía Federal que apoye las investigaciones para encontrar a los culpables y aplicar las penas que correspondan. El sábado, la policía identificó a uno de los autores del ataque, un joven de 22 años que admitió que llegó a tener en su mano el explosivo, pero aseguró que se lo entregó a otro manifestante.


La muerte de Andrade se suma a la de al menos otras ocho personas fallecidas en diversas ciudades brasileñas, cuatro de ellas atropelladas durante las marchas, desde que comenzaron las manifestaciones en todo el país contra la organización del Mundial de fútbol –que comenzará en junio de este año– y el aumento del transporte público. Un total de 117 periodistas sufrieron agresiones en Brasil por parte de policías o manifestantes desde el pasado junio, cuando comenzó la ola de protestas.


Tras la muerte de Andrade, asociaciones y profesionales de prensa divulgaron comunicados demandando medidas a las autoridades para identificar a los responsables de la tragedia. La nota más dura fue la de la Asociación de Reporteros Fotográficos y Cinematográficos de Río (Arfoc), que acusó al grupo anarquista Black Blocs de la muerte del camarógrafo. A su vez, la Federación Nacional de Periodistas (Fenaj) demandó del Estado "una pronta reacción para frenar este tipo de violencia". "La base democrática de la información fue alcanzada. Tenemos que reaccionar", dice la nota firmada por Celso Schroeder.


Por su lado, el gobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral, prometió identificar y enjuiciar a los responsables de la muerte del reportero.
Además de Andrade, otras seis mujeres resultaron heridas durante la protesta contra el aumento de casi un diez por ciento de los precios de los pasajes de ómnibus, que entró en vigor este sábado en Río de Janeiro.

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Lunes, 13 Enero 2014 05:39

Las autodefensas vs. los narcos

Las autodefensas vs. los narcos

Grupos civiles armados de autodefensa tomaron ayer el poblado de Nueva Italia, una ciudad de 32.500 habitantes y segundo bastión del cartel de los Caballeros Templarios, ubicado en el oeste de México, en medio de una lucha entre estos sectores y el crimen organizado, que se apoya en el narcotráfico. "Hemos llegado a Nueva Italia, somos el Consejo de las Autodefensas Unidas de Michoacán, llegamos a apoyarlos", informó una fuente vinculada con ese grupo a través de las redes sociales. Los también llamados guardias o policías comunitarios ingresaron a ese poblado a bordo de decenas de camionetas a través de una zona conocida como Cuatro Caminos, ruta que conecta con el municipio de Apatzingán, en la región de Tierra Caliente del estado de Michoacán. Según lo primeros informes, al menos 150 camionetas repletas de gente armada con rifles de alto poder llegaron a esa localidad. Los pobladores recibieron a los grupos armados con comida, mientras que las mujeres y niños los vitoreaban con aplausos y carteles en los que se leía "Vivan los autodefensas".


El arribo de estos policías comunitarios tuvo lugar sin que el ejército, que resguarda los accesos a esa localidad desde hace algún tiempo, tuviera algún tipo de intervención. El grupo armado, que surgió en febrero del año pasado, argumenta que dejarán las armas cuando hayan terminado con el crimen organizado, que tiene una amplia presencia en Michoacán. La toma pacífica de Nueva Italia se produjo horas después de que las autodefensas ingresaran a las comunidades de El Ceñidor, en el municipio de Parácuaro, y de Zapotán, municipio costero de Coahuayana, con lo que suman 16 las poblaciones de ese estado en esa situación.


El jefe de las autodefensas en La Ruana, Hipólito Mora, declaró que seguirán su avance en los municipios de Uruapan, Los Reyes, Apatzingán y Quiroga, donde los habitantes solicitaron la entrada de los líderes de las autodefensas ante las extorsiones, abusos y cobro de peaje de los Caballeros Templarios. Apatzingán es una ciudad clave del transporte de droga. Las ocupaciones de las nuevas localidades tienen lugar después de una serie de bloqueos de rutas, incendio intencional de vehículos de pasajeros y de carga y la quema de las oficinas del ayuntamiento, de un supermercado y de tiendas.


La violencia ocurre una semana después de que las autodefensas desarmaran a once policías del poblado de Parácuaro, instalaran puestos de control y tomaran la seguridad en sus manos, ante la inacción de las autoridades para hacer frente a los grupos narco. El gobierno mexicano encabezado por Enrique Peña Nieto afirmó el viernes pasado que los grupos civiles de autodefensa se encuentran al margen de la ley y no cuentan con ningún tipo de reconocimiento social.


A todo esto, en los últimos días se ha producido la quema de camiones de empresas como Coca-Cola o la cervecería Corona, unidades que fueron atravesadas, en llamas, en la ruta, para bloquear el tránsito. Tales acciones son lideradas por pobladores que se oponen a la presencia de las autodefensas. Estos guardias surgieron en febrero del año pasado, en la zona de Michoacán, para defenderse de las extorsiones y secuestros organizados por los Caballeros Templarios. Algunos de estos grupos fueron acusados de trabajar para el cartel rival Jalisco Nueva Generación. Desde que entraron en acción, las bandas civiles toman el control de la seguridad en una decena de municipios, donde vigilan la entrada y salida de vehículos, y patrullan las calles.


En tanto, el líder del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, manifestó que la situación en ese estado del noroeste del país azteca no se resolverá hasta concretar un acuerdo entre diversos sectores sociales. Asimismo, Zambrano insistió en que la presencia del ejército y la policía federal en la zona no es suficiente para devolver la tranquilidad a sus pobladores.


A pesar del recrudecimiento de la crisis en Michoacán, el presidente Peña Nieto dio un mensaje de dos minutos y medio de comienzo de año en el que no aparecieron los términos violencia, criminales o paz: "Felicitaciones a los mexicanos. Retos para el 2014". Fin del mensaje.


En otras ocasiones, el mandatario del PRI insistió en que el tema de la violencia es un asunto de regiones más que nacional. Las cifras oficiales registran una disminución de los homicidios en Nuevo León y Chihuahua, pero en una decena de estados son moneda corriente el secuestro y la extorsión, como en Michoacán, Morelos, Guerrero, Tamaulipas y el propio estado de México. A lo largo de su primer año de gobierno, Peña Nieto ha destacado que su estrategia se compone de la coordinación entre el Ejecutivo y los gobernadores, quienes se dividieron en cinco grupos y con quienes se reúnen los ministros de Defensa, Marina, Gobernación y el comisionado de seguridad nacional. En esas reuniones se comparte información y se toman decisiones en el terreno.


Sin embargo, a pesar de las varias intervenciones del gobierno en Michoacán, hoy hay una guerra abierta en la región de la Tierra Caliente entre las autodefensas y el cartel de los Templarios.

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"Existe un nivel de vigilancia que supera al de la Unión Soviética"

"Todos deberíamos exponer en nuestros balcones y ventanas un cartel grande indicando que la Ley de Seguridad Ciudadana insulta a España". Así de tajante se muestra Richard Stallman, padre del software libre, en una conferencia en la Universidad Rey Juan Carlos. A la cita se presenta descalzo, con la melena suelta y aspecto despreocupado. Comienza soltando frases lapidarias contra el Gobierno y la industria informática con una sinceridad divertida, pero con conocimiento de causa: el que aporta haber estado 30 años aplicando su inteligencia y "espíritu juguetón" para hackear el software y desafiar al monopolio de lo privativo.


Presenta un discurso directo, casi radical, en contra del servilismo ante el yugo informático. Ataca directamente a la conciencia y no hay medias tintas. Por eso, escucharle no deja indiferente. Explica con sencillez lo que significa el software libre: una filosofía iniciada por el hacker estadounidense, que desarrolló el primer sistema operativo libre, GNU (mal conocido como Linux), y creó la Free Software Foundation para proteger la libertad informática. Antes de eso estuvo trabajando en el prestigioso MIT (Massachusetts Institute of Technology), tras comenzar estudios de Física en Harvard.


El principio de su filosofía es claro: "O los usuarios tienen el control del programa o el programa tiene el control de los usuarios".


El origen de esta filosofía es dotar al usuario de mecanismos de poder, ¿estas herramientas pueden dar soberanía a la ciudadanía?
La sociedad tiene una elección: solidaridad y democracia o sometimiento y control total. Entre ambas, hay que elegir libertad. El objetivo del proyecto GNU es la liberación del ciberespacio y de todos sus habitantes. Esa es la invitación que hacemos desde la Free Software Foundation: ser libres a través del control de nuestra informática, evitando regulaciones arbitrarias de desarrolladores particulares y empresas privadas. La única manera de resistir es unirnos ahora. Si se valora la democracia se tiene que luchar para reducir el nivel general de espionaje hasta hacerlo compatible con la democracia. El uso en sociedad de programas privativos no es desarrollo, es dependencia. La meta debe ser acabar con esa dependencia. Hoy en día existe un nivel de vigilancia que supera al de la Unión Soviética: esto es un peligro para los derechos humanos.
¿Cuál es la diferencia entre privado y privativo?

El privado es el uso personal que cada uno hace de la informática; el software privativo es el que se distribuye al público pero bajo las condiciones de las empresas privadas, para someternos a su poder. Es menos malo robar comida que desarrollar software privativo.
Plantea el uso de software libre como una manera eficaz de luchar contra el poder de las empresas sobre los usuarios y como defensa ante el espionaje. ¿Cómo entender que la clave de la libertad se encuentra en el uso y control de la informática?


Los programas privativos tienen funcionalidades malévolas, como espiar, y sus puertas traseras hacen cosas al usuario sin permiso y sin informar. El programa privativo opera como un yugo para someter a la gente. El software libre es un asunto ético: no es gratuito, sino libre. Se basa en cuatro leyes esenciales: Ejecutarlo como quieras, poder cambiar el código fuente, ayudar a los demás redistribuyéndolo y contribuir a la comunidad compartiendo los cambios. Debemos ser libres de participar en el desarrollo del código y para tener el control individual y colectivo, esas cuatro libertades son esenciales. Usar el software libre nos invita a vivir en un mundo libre porque respeta la libertad individual y la solidaridad social mediante la cooperación con los demás.


¿Qué diferencia hay entre software libre y 'open source´?


El término código abierto fue planteado por Linus Torvalds para evitar planteamientos morales, para hacer olvidar la ética de libertad que hay detrás del proyecto GNU. Quieren separar nuestras ideas de nuestros programas, pero no se puede. No podemos dejar que se olviden nuestras ideas. Nuestro futuro depende sobre todo de nuestros valores.


Hay que rechazar los términos de propaganda del enemigo: por ejemplo, cuando me preguntan sobre la piratería respondo que es malo atracar barcos. Cuando me preguntan sobre la piratería en el cine, yo siempre digo que me gustó el primer Piratas del Caribe.


Después de tantos años, la mayoría de los usuarios aún no utiliza software libre, ¿por qué? ¿Cree que valoran su libertad?


Hay que defender la libertad, a nivel general, en todos los países, incluso hoy en día en España: ¿por qué no hay cien mil españoles en la calle contra la Ley de Seguridad Ciudadana? La Ley de Seguridad insulta a España. A los que no les importa que les espíen porque no tienen nada que esconder: no son muy inteligentes, evidentemente. Cuando tengan algo que esconder será demasiado tarde. Hay muchos delitos que todos cometen sin saberlo. Para mantener la libertad hay que defenderla, para defenderla hay que valorarla.


¿Cuáles son los principales softwares privativos?


Todos los usuarios utilizan, al menos, un sistema operativo privativo. Los móviles con software tienen funciones malévolas porque pueden espiar datos de ubicación y el usuario no puede evitarlo. Y tienen puerta trasera para convertirlos en dispositivos de escucha, incluso apagados. El teléfono móvil es el sueño de Stalin. Un ejemplo de software privativo es Microsoft Windows, que restringe al usuario con grilletes digitales: es malware. El malware es un programa diseñado para maltratar al usuario, es como se denomina a los virus. Windows es malware porque tiene puertas traseras, puede imponer cambios de software sin avisar y sin permiso. MacOS también es malware y los "iThings" son mucho peores. Espían a los usuarios, son plataformas de censura, son cárceles que impiden descargar o ejecutar cualquier programa que no sea de Apple.

Flash también es malware, aunque sea gratuito y no te exija pagar para abusar de ti. Hasta Facebook es un sistema de espionaje. Incluso Kindle es malware, porque engaña el usuario: Amazon es un sistema soviético de distribución de libros porque impone sus condiciones y puede registrar qué lees y cuándo. Por ejemplo, en 2009 provocó un escándalo al borrar, en un acto orwelliano, miles de copias de 1984. Curiosa ironía. Su verdadero propósito es quemar libros a distancia.


¿Qué papel crees que juega la Administración a la hora de promocionar e implementar el software libre?


Es sencillo. El Estado hace su informática para el pueblo y tiene la responsabilidad ante el pueblo de mantener el control de la informática y de rechazar el software privativo. El Estado tiene la responsabilidad de migrar al software libre.


Sin embargo, salvo algunas excepciones, las leyes favorecen el privativo...


Sí, los estados se someten a las empresas, es injusto.


Y en el sistema educativo ¿Crees que sería importante implantar el software libre?


Todos los niveles de educación deben enseñar software libre, no sólo por razones económicas. La escuela tiene la misión social de educar buenos ciudadanos, solidarios, independientes y libres, y solo el software libre cumple esta función.


Sin embargo no se corresponde con la realidad.

..
Ya, por ejemplo el Estado español propone distribuir "tabletas-cárceles", con software privativo, para imponer grilletes digitales a los libros de texto. Es horrible. Hay que combatirlo. Quieren someter el futuro del país a Microsoft y Apple. ¿Por qué creéis que las empresas ofrecen programas privativos gratuitos a las escuelas? Por el mismo motivo que los narcotraficantes: ofrecen la primera dosis gratis y así crean una dependencia. Los privativos son enemigos del espíritu de la educación, de la difusión del conocimiento compartido, por eso hay que combatirlos desde el principio.


Centrándonos en la filosofía que inspira este proyecto, en el ámbito de la comunicación surgen otros proyectos que pretenden liberar la información, como WikiLeaks. ¿Qué le parece ese caso? ¿Qué consecuencias ve?


WikiLeaks es bueno. En cuanto a los efectos... no quiero especular. Realmente me parece que son detalles, lo importante de WikiLeaks es que tiene el efecto de dificultar que los Estados cometan crímenes secretos. Que el público tenga más información acerca de qué hacen los Estados es positivo, los ciudadanos deben tener el control del Estado.
Comparten la cultura hacker.

..
Sí pero no somos iguales, hay un poco de similitud pero son asuntos diferentes: WikiLeaks publica secretos sucios y el software libre no tiene secretos sino conocimiento para su utilización práctica. Es importante, pero no es igual.


El software libre nació para "tener el control de tu propia vida". La NSA parece habérselo tomado al pie de la letra, ¿cómo se pueden evitar casos de espionaje masivo como este?


El desarrollo del software libre es básico para las cuestiones de transparencia, y no usar software privativo es la mejor defensa ante el espionaje. Para proteger la democracia hay que exigir cambiar el diseño de los sistemas digitales, para que no acumulen historiales de todo el mundo. En una democracia es necesario conocer qué hacen los Estados sin tener que depender de los heroicos reveladores de secretos como Snowden.


Precisamente, hace unos días The Guardian publicaba "Exploiting terrorist use of games and virtual environments" (aprovechando el uso terrorista de los videojuegos online), otra de las filtraciones de Edward Snowden...


No me sorprende. Todo el mundo puede tener acceso a esos datos que estaba investigando la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, son foros más o menos públicos. Me escandaliza menos que las otras cosas que hacen. Yo creo que queda bien así, me refiero más a la respuesta.


Las comunidades de desarrolladores, los hackers, suelen ser desconocidos...


No, yo nunca me escondí. No nos escondemos, no hay motivo. Los hackers son personas que emplean su inteligencia con un espíritu juguetón en cualquier campo de la vida. Lady Gaga, por ejemplo, tiene actitud hacker por su forma de vestir.


¿Qué pueden aportar las herramientas de software libre al periodismo?


Hay periódicos que hacen todo con software libre, ¡se puede hacer! Y el periodista merece esa libertad como cualquiera.

Por Kay Levin, Sofía de Roa y Virginia Uzal; forman parte de la Comunidad del Máster en Comunicación, Cultura y Ciudadanía Digitales

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Domingo, 10 Noviembre 2013 06:11

Dos apuntes para un país raro

Primero. Las estadísticas no son totalmente confiables. Pero, haciendo una media de las proyecciones se puede decir que en Río de Janeiro, quizá la ciudad más emblemática de mi país, y en esa amplia región a la que llaman Gran Río, existen mil y pico de favelas. En ellas viven más o menos 1.300.000 personas, de una población de 7 millones. Casi un 20 por ciento del total.


De la población de esas favelas, una parte considerable –un 60 por ciento– vive bajo el yugo del narcotráfico. Otra –un 35 por ciento– vive bajo las "milicias", grupos integrados por policías civiles, o sea, la policía judicial, policía militar y bomberos. La parte que resta, 5 por ciento, vive por cuenta propia, libre de la presión de narcos o milicianos.


O sea: en Río de Janeiro y alrededores, de una población de unos 7 millones de habitantes, poco más de un millón padecen de manera directa, a cada minuto de cada hora de cada día de sus vidas, la opresión de criminales, tanto narcos como paramilitares.
El Estado jamás supo encontrar una solución para semejante escenario. Por décadas, gobernadores intentaron determinar reglas de convivencia entre el morro, o sea las favelas, y el asfalto, o sea la ciudad. Los intentos del Estado de intervenir en esas zonas resultaron intentos y nada más.


Hace unos pocos años, el actual gobernador de Río, Sérgio Cabral, inventó la UPP –o sea, la Unidad de Policía Pacificadora– consistentes en tropas de la policía militarizada que, con previo aviso, invaden las favelas y se quedan. Con eso desaparecen de las callejuelas los tipos armados con ametralladoras y fusiles pesados, se acaba el toque de queda dictado por los narcos y termina el negocio paralelo de la venta ilegal de televisión por cable y de conexiones de luz. Uno puede circular por las callejuelas estrechas, y hasta hay fiestas para las clases medias del asfalto que suben a los morros para divertirse.


O sea, sigue a mil el tráfico, pero sin la guardia de escoltas fuertemente armados. Ya no hay toque de queda, pero los narcos saben los movimientos de cada morador.


Los jefes fueron expulsados, así como sus lugartenientes. Quedaron los gerentes de segunda o tercera línea, que informan, a quien corresponde, cada movimiento en las favelas. Ya casi no hay disputas por los puntos de venta, que antes provocaban verdaderas guerras. Pero mientras el gordinflón y parlanchín gobernador –que, a propósito, tiene los peores índices de aprobación popular entre los 27 gobernadores del país– sigue alardeando maravillas, los moradores de las favelas dicen que, en el fondo, todo sigue igual: sin puestos de salud, sin escuelas, sin atención sanitaria básica. Sin ciudadanía.


Por esos días, en la Rocinha, la mayor favela de Río (los cálculos indican entre 50 y 110 mil habitantes; pongamos 80 mil, cifra razonable), la guerra entre narcos que disputan puestos de venta de drogas volvió a sus niveles de siempre.


El grueso del contingente de los policías militares de la UPP –vale repetir: Unidad de Policía Pacificadora–, empezando por su comandante, fue detenido. La causa: secuestraron y asesinaron, en plena favela, en las mismas instalaciones de la UPP, a un ayudante de albañil llamado Amarildo. Creyeron que era cómplice de los narcos. No era. Fue asfixiado con una bolsa plástica, de esas de supermercado, luego electrocutado. Y la vida sigue, igual. Negros, pobres y favelados siempre han sido sospechosos en mi país. Siempre fueron los más muertos entre los muertos.


En Río, parte de las bandas de los narcos huye tan pronto se anuncia que determinada favela será "pacificada". La policía entra, con pompa, circunstancia y fanfarrias, y no encuentra resistencia.


A la vez, en las ciudades de la Gran Río, en los suburbios, crece y crece la violencia. Hay una lógica cruel en todo eso: al invadir y "pacificar" una favela, las fuerzas públicas de seguridad dejan una cantidad significativa de delincuentes sin trabajo. Los que huyen de una favela "pacificada" buscan otros parajes para ejercer sus labores.


En las ciudades vecinas, en los suburbios, los índices de violencia urbana crecieron, en promedio, un 30 por ciento. En las otras mil y pico de favelas no "pacificadas", pasa lo mismo. Y así la vida.


Segundo. En el lenguaje jurídico brasileño hay dos tipos de homicidio. Aquí, una cosa es el homicidio culposo y otra el homicidio doloso. Por culposo se entiende que alguien mató a otro sin intención. En cambio, cuando es doloso se supone que mató con plena intención, sabiendo muy bien lo que hacía. Es un delito mucho más grave.


Bien: en 2012, hubo 47.136 homicidios dolosos en Brasil. Una media de 24,3 por cada cien mil habitantes. Y hubo 50.617 estupros de mujeres: una media de 26,1 por cada cien mil habitantes.


Hay algo raro en un país donde esos datos disputan el ranking del horror. El año pasado, cada día fueron violadas 139 mujeres en mi país. Es decir, casi seis por hora.


¿Qué país es éste? ¿Dónde llegaremos con esa cuenta macabra de las miserias humanas?


Algo raro pasa en este raro país. En mi país.

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Sábado, 02 Noviembre 2013 08:06

Ofrece Snowden una colaboración con Alemania

Ofrece Snowden una colaboración con Alemania

El ex técnico de la CIA Edward Snowden ofreció a Alemania su cooperación para esclarecer todos los detalles de las escuchas estadounidenses denunciadas recientemente, en una carta difundida ayer por un diputado alemán (ver aparte). El portavoz del Ejecutivo alemán, Steffen Seibert, recalcó que, desde el principio, la postura de Berlín ha sido cooperar con Estados Unidos para aclarar lo sucedido, dejando implícito que prefiere primero agotar esta vía. Más tarde, la Casa Blanca reiteró que Snowden debía regresar a Estados Unidos para afrontar cargos en su contra por espionaje. Copias de esta misiva fueron distribuidas a la prensa por el parlamentario alemán de los verdes, Hans-Christian Ströbele, quien se entrevistó el jueves con Snowden en Moscú y recibió el documento de manos del ex técnico para que se lo trasladase al gobierno de la canciller Angela Merkel, a la fiscalía federal y al Parlamento.

 

En su reunión en Moscú, Snowden afirmó a Ströbele que estaba dispuesto a testificar ante la fiscalía alemana o una comisión de investigación del Bundestag (Cámara baja alemana) en relación con los programas de espionaje de Estados Unidos que él destapó. No obstante, un hipotético viaje de Snowden a Alemania para declarar en calidad de testigo ante una comisión de investigación parlamentaria o ante la fiscalía general es legalmente complejo. Además de ser apátrida –luego de que Washington le retirara su pasaporte–, Estados Unidos ya envió al gobierno alemán una petición de extradición preventiva contra el joven informático. Snowden solamente podría viajar a Alemania de una forma segura si antes Berlín y Moscú acuerdan los términos legales del desplazamiento y siempre que el gobierno alemán se comprometa a darle asilo, con lo que evitaría su extradición.


Por otro lado, el abogado de Snowden dijo ayer que su cliente podría ser interrogado por fiscales alemanes en Moscú. "Snowden no irá a Alemania. Esto no es posible porque no puede salir de las fronteras de Rusia", dijo el abogado Anatoly Kucherena. "Si lo hace, puede perder su asilo temporario que Rusia le dio por un año, el 1º de agosto pasado", agregó. Pero el letrado consideró que, dentro del marco de los acuerdos internacionales, Snowden puede dar testimonio en Rusia, aunque esto debería ser decidido por las autoridades alemanas.
"Los crímenes de los que (Snowden) está acusado son muy serios, y nuestra visión es que lo correcto para él sería regresar a Estados Unidos", indicó el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney. "La posición de Estados Unidos es la de siempre", insistió Carney al repetir que la revelación no autorizada de información clasificada llevada a cabo por Snowden había dañado la seguridad nacional.


La carta llega a la semana siguiente de conocerse denuncias de que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) estadounidense pinchó durante años el celular de la canciller alemana, Angela Merkel, quien pidió explicaciones por teléfono al presidente norteamericano Barack Obama. Diarios alemanes aseguraron además, en base a documentos que dijeron haber obtenido de Snowden, que la NSA capturó millones de metadatos de comunicaciones en Alemania.


La comisión de secretos oficiales se reunirá la semana que viene para que Ströbele informe sobre su conversación de tres horas con Snowden. El 18 de noviembre, el pleno del Bundestag abordará este asunto y, con bastante probabilidad, aprobará la creación de una comisión de investigación –el organismo ante el que Snowden se ofrece a declarar– que han exigido ya tres de los cuatro grupos en la Cámara baja (socialdemócratas, verdes y la izquierda), a falta de la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Merkel.


Ströbele consideró que Snowden es el mejor testigo que puede declarar ante esta comisión, ya que conoce la estructura interna de los servicios secretos de Estados Unidos, conoce su funcionamiento y puede interpretar los documentos en su poder como sólo un trabajador de la NSA puede hacerlo. Asimismo, el parlamentario destacó que el ex técnico de la NSA le reiteró en varias ocasiones que no quiere aparecer como enemigo de Washington, sino como defensor de los derechos ciudadanos, y que lo mejor sería comparecer ante una comisión parlamentaria en Estados Unidos. "Snowden me animó a decir que está muy interesado en explicar toda esta historia no por él mismo, sino para denunciar las violaciones de derechos cometidas por los servicios secretos", afirmó.


 

A quien corresponda

 

Por Edward Snowden


Me dijeron que le escribiera a usted con respecto a su investigación sobre el espionaje masivo.


Soy Edward Joseph Snowden, ex empleado como experto técnico de la agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA), la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA).


En el curso de mi servicio a esas organizaciones, fui testigo de sistemáticas viol¡aciones a la ley por parte de mi gobierno, lo que me creó el deber moral de actuar. Como resultado de las informaciones sobre esas preocupaciones, me enfrenté a una severa y sostenida campaña de persecución que me obligó a separarme de mi familia y mi hogar. Actualmente estoy viviendo en el exilio bajo el otorgamiento de un asilo temporario en la Federación Rusa de acuerdo con la ley internacional.

 

Estoy alentado por la respuesta a mi actuación de expresión política, tanto en Estados Unidos como en otros lugares. Los ciudadanos de todo el mundo, así como los altos funcionarios –incluyendo a los Estados Unidos– han juzgado la revelación de un inexplicable sistema de vigilancia total como un servicio a la opinión pública. Esas revelaciones sobre el espionaje han generado muchas propuestas de muchas leyes y políticas para dirigirlas a anteriores abusos ocultos a la confianza pública. Los beneficios a la sociedad de este creciente conocimiento son cada vez más claros, así como los supuestos riesgos se han mitigado.


Aunque el resultado de mis esfuerzos se ha demostrado positivo, mi gobierno continúa tratando el disenso como deserción y busca criminalizar el discurso político con cargos de delitos graves que no admiten defensa. Sin embargo, decir la verdad no es un crimen. Confío en que con el apoyo de la comunidad internacional, el gobierno de Estados Unidos abandonará esta conducta dañina. Espero que cuando las dificultades de esta situación humanitaria se hayan resuelto, podré cooperar en aclarar de manera adecuada y legal ese estado de cosas en relación con esas informaciones publicadas por la prensa, en especial en lo referente a la verdad y la autenticidad de los documentos, como apropiados y de acuerdo con la ley.


Espero poder hablar con usted en su país cuando se resuelva la situación y le agradezco sus esfuerzos en salvaguardar las leyes internacionales que nos protegen a todos.

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Medellín preocupa a la ONU por el 'narcoturismo' y la explotación sexual

Una explosiva combinación de venta de drogas y servicios sexuales ligados a la trata de personas y a la explotación sexual infantil, está atrayendo turistas extranjeros a Medellín, la tercera ciudad más turística de Colombia después de Bogotá y Cartagena. Así lo denunció la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia, UNODC.

 

Tras un estudio que se prolongó un año en dos zonas específicas de Medellín –La Candelaria y El Poblado– que son las más visitadas por los extranjeros, la UNODC reveló que los turistas escogen esta ciudad para hacer lo que se conoce como narcoturismo o turismo de drogas, un fenómeno que seduce a viajeros principalmente de Estados Unidos, Israel, Italia y Alemania, por la alta calidad de la droga y su bajo precio, y también por la idea de que las autoridades son permisivas, sobretodo con los extranjeros, y que nadie los va a juzgar porque están lejos de su país.


Pero al narcoturismo, que es manejado por estructuras criminales, se suma la oferta de servicios sexuales y la prostitución, donde preocupa la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Para Naciones Unidas se trata un negocio de varios eslabones donde el tráfico de drogas se articula con delitos como la trata de personas y la explotación sexual de menores de edad. Esto quiere decir que quien ofrece la droga, ofrece los servicios sexuales, dice el informe que se realizó con la alcaldía de Medellín.


"El narcoturismo lleva a la demanda de servicios sexuales, pero que hay un círculo completo donde niños, niñas y adolescentes entran en juego, no solo como explotados sino haciendo parte de la cadena del microtráfico porque son los que surten de droga a quien abusa de ellos y además la consumen, ya sea para someterse a la explotación o para poder acceder a la droga porque son viciosos", dijo a EL PAÍS Carlos Medina, jefe de justicia y seguridad de la UNODC en Colombia.

 

Parte de la investigación consistió en hacer un rastreo a páginas en Internet que ofrecen paquetes de turismo de drogas y servicios sexuales clandestinos. Pero lo curioso es que estas páginas no pueden verse desde Colombia. "Ofrecen catálogos de mujeres y dan instrucciones para acceder a estos servicios", dice Medina. También encontraron numerosos blogs donde los turistas describen a Medellín como la ciudad de las drogas y el sexo.

 

Según UNODC, muchos de los extranjeros que eligen Medellín para este propósito lo hacen siguiendo la marca que dejó el capo Pablo Escobar. Y no hay un perfil específico. Tanto los turistas de alto nivel, que visitan la ciudad por trabajo o negocios, como los mochileros o backpakers van tras la mezcla de sexo y drogas y es en esa búsqueda que se encuentran con la oferta de servicios sexuales con menores de edad, sino es que lo piden directamente.


Pero los turistas también se enteran de estas ofertas por el voz a voz en las calles, en bares y discotecas. Incluso, existen los Party Hostel, donde se les permite consumir, sobretodo marihuana. Cuando salen de estos hostales, los taxistas se convierten en el puente principal para acceder a otros servicios. Son "guías para información de sitios de prostitución, contacto, expendio de drogas y traslado de los niños, niñas y adolescentes que son explotados sexualmente hasta los lugares donde se hospedan quienes los requieren", dice el estudio. Por lo general, los taxistas reciben comisiones que equivalen al 10% del pago final, que es lo mismo que recibe el botones de un hotel o el recepcionista, por ponerlos en contacto con los proxenetas. Algunos hoteles informales también ofrecen books con fotos de prostitutas, sin que se sepa su edad.
En su mayoría, estos niños y niñas tienen la necesidad de conseguir dinero para mantenerse a ellos mismos y colaborar en sus casas, dice el estudio, algo que favorece a quienes los explotan. Según el programa Crecer con Dignidad de la alcaldía de Medellín, hay 274 menores identificados en el sector de La Candelaria –el centro de la ciudad– que son explotados sexualmente. "Todas las víctimas identificadas refieren haber estado con extranjeros, en su mayoría, españoles, americanos y mexicanos quienes según ellas son los que mejor pagan", dice el estudio.


Se suma que los proxenetas se encargan de generar la dependencia de estos menores a las drogas. "Si no son viciosas uno mismo las vuelve o hace que las compañeras las inciten, además así preguntan menos y se acostumbran más al negocio", dice un proxeneta entrevistado por los investigadores.


Para Naciones Unidas, aunque las autoridades locales centran su trabajo en la prevención de la explotación sexual, falta mucho por hacer en el control y vigilancia de los lugares donde se concentran estos fenómenos, así como en el debilitamiento de las estructuras criminales que manejan este negocio, que no solo ocurre en Medellín. Se ha sabe que la problemática está presente en Cartagena, Santa Marta y el Eje Cafetero, en el centro del país. "Los programas de prevención en Medellín son buenos pero su dimensión no alcanza para el tamaño del problema. Hay que hacer mucho más", agregó Medina. Por su parte, Luis Fernando Suárez, vicealcalde de Gobernabilidad de Medellín reconoció en entrevista con el diario El Tiempo, que visibilizar el problema es el primer paso.


Medellín ha hecho un esfuerzo enorme por dejar atrás la huella de violencia que la convirtió hace 20 años en una de las ciudades más peligrosas del mundo. Por eso, la UNODC reconoce los esfuerzos que han hecho las autoridades locales por fortalecer la internacionalización de la ciudad. De hecho, en marzo recibió el título de la ciudad más innovadora del mundo en el concurso City of the Year, que organizan The Wall Street Journal y Citigroup, por encima de Tel Aviv y Nueva York.

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