Perú: la derecha acelera su embate contra Pedro Castillo

A las maniobras destituyentes en la legislatura se suma uncúmulo de errores propios, vacilaciones y cambios de rumbo que jaquean al gobierno del maestro rural.

 

Aprovechando los errores, debilidades y contradicciones de un gobierno que no encuentra el rumbo, la derecha acelera sus planes para derrocar al presidente Pedro Castillo, que se ha distanciado de sus bases electorales y perdido apoyo de buena parte de la izquierda. Este viernes, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó poner a debate un pedido para abrirle al mandatario un juicio político por traición a la patria por haber declarado en una entrevista sobre la posibilidad de otorgarle una salida al mar a Bolivia. El Ejecutivo aclaró rápidamente que esa propuesta, que ha quedado en una declaración periodística, no implicaba ninguna cesión de soberanía territorial, sino retomar y potenciar acuerdos ya existentes con ese país para facilitarle una salida al mar, pero la derecha igual le ha dado luz verde al primer paso para tramitar esta disparatada acusación de traición. Es una de sus opciones para derrocar al gobierno.

Sobre la mesa de las maniobras de la oposición para sacar de la presidencia a Castillo también está volver a plantear una destitución exprés, sin juicio político, alegando “incapacidad moral” del presidente, lo que ya intentaron sin éxito en diciembre pasado al quedar lejos de los 87 votos necesarios sobre 130. Ahora han sumado más votos, pero no los suficientes, por lo que se escuchan voces que hablan de ver la forma de bajar los votos requeridos para aplicar la “incapacidad moral”. Otra opción que maneja la derecha es cambiar en el Congreso la Constitución para ampliar las causales de juicio político y destitución del jefe de Estado, ahora limitadas a traición, impedir las elecciones o cerrar ilegalmente el Congreso, para incluir cargos de corrupción -hay denuncias contra Castillo por reuniones con proveedores del Estado que luego ganaron licitaciones-, y así bajar la valla de los votos ya que para una destitución por este camino se necesitan 66 votos.

Errores no forzados

En los últimos días, la situación de Castillo se ha complicado seriamente por sus propias decisiones. Cambió su gabinete ministerial y puso como jefe de su equipo de ministros a un legislador, Héctor Valer, que viene de la extrema derecha y tiene denuncias de violencia contra su esposa y su hija. Duró apenas tres días. Con el nuevo gabinete que debió nombrar, el cuarto en menos de siete meses, Castillo no solucionó la crisis. Hay ministros muy cuestionados -hay más de uno acusado de violencia familiar, un investigado por narcotráfico en Interior, un exjuez que liberó policías narcos en Justica, un defensor de las mafias del transporte público informal en Transportes, un médico muy cuestionado por sus propios colegas en Salud- y han salido los ministros de mejor desempeño. En el Ministerio de Salud, Castillo sacó al médico Hernando Cevallos, un exlegislador de la izquierda ajena al partido oficialista Perú Libre (PL), quien venía conduciendo una exitosa vacunación contra la covid 19 y era el mejor valorado en el gabinete, para reemplazarlo por un médico militante de PL, Hernán Condori, denunciado por corrupción, por promover sin base científica el uso curativo de un producto no homologado y por ejercer como obstetra sin tener esa especialidad. El ingreso en Economía de un tecnócrata neoliberal, Oscar Graham, en reemplazo del economista de izquierda Pedro Francke, que exhibía éxitos en la recuperación económica, marca un giro de regreso hacia las políticas neoliberales, que es un guiño a los empresarios y aleja a Castillo de sus bases electorales y sus aliados progresistas.

Castillo ha recompuesto su alianza con Vladimir Cerrón, secretario general de PL, dándole espacio en el nuevo gabinete, lo que le asegura los votos de la bancada oficialista que Cerrón controla contra un eventual pedido de destitución, votos que éste había amenazado quitarle al presidente si su partido quedaba excluido del gabinete. Desde el inicio del gobierno, Cerrón, que se define como marxista-leninista, puso como su principal enemigo a los otros sectores de izquierda que apoyaban a Castillo, y ahora celebra el distanciamiento del jefe de Estado con sus aliados progresistas, al tiempo que convive con el neoliberalismo en el gabinete.

Ministro neoliberal

 “Después de los cambios ministeriales la situación de Castillo es mucho más complicada e inestable. Que Castillo haya puesto a un neoliberal como ministro de Economía no es suficiente para la derecha, que quiere el control total del gobierno. La derecha como primer objetivo busca acorralar a Castillo para hacerlo caer, y si no pueden derribarlo buscarán domesticarlo para poner ellos al jefe del gabinete y los ministros y dejar a un presidente de adorno y así recuperar el control total del Estado”, le señaló a Página/12 el sociólogo y analista político Alberto Adrianzén.

“Castillo -indica Adrianzén- no ha sabido enfrentar la ofensiva de la derecha, no ha tenido una estrategia. Debió haber formado un frente de izquierda, politizado el conflicto en términos de un enfrentamiento entre izquierda y derecha, utilizado a la calle como un elemento de presión. Pero no ha hecho nada de eso. La idea de la transformación que conllevaba este gobierno ya se perdió, es un gobierno mediocre, sin rumbo, incoherente, que no tiene una dirección estratégica, su gran objetivo no es cambiar el país, sino sobrevivir como pueda. Que un sector de la izquierda le haya quitado apoyo pone a Castillo al borde de ser insostenible”.

En diálogo con este diario, el politólogo y profesor de la Universidad Católica del Perú, Eduardo Dargent, definió al gobierno como “débil, que está intentando un reacomodo renunciando a los cambios más programáticos de izquierda en economía, no es un gobierno progresista como otras izquierdas latinoamericanas, sino es un gobierno de un conservadurismo social y moral que no le molesta vincularse con la derecha conservadora, con la que se dan la mano. Con el nuevo gabinete, Castillo se atrinchera buscando en el Congreso los votos necesarios para evitar su destitución al recomponer su alianza con PL y haciendo otras concesiones, pero renuncia a la posibilidad de ser un gobierno de apoyos mayoritarios y queda muy vulnerable ante una crisis de corrupción o una protesta social”.

Desaprobación

Castillo, con sus indecisiones y malas decisiones, juega a favor de sus opositores que le quieren cortar la cabeza. Su gobierno se hunde en una sucesión de errores, nombramientos incomprensibles, falta de rumbo y el distanciamiento de sus propuestas de cambio que levantaron las esperanzas de los sectores populares. En ese escenario, ya no solo la derecha habla de la salida de Castillo, ahora desde sectores progresistas se escuchan voces que ponen en duda la continuidad de su gobierno y debaten sobre su posible renuncia. Pero si Castillo con sus errores juega a favor de sus enemigos, éstos con su desprestigio y notorias actitudes autoritarias lo hacen a favor del presidente. Según un último sondeo, Castillo tiene un nivel de desaprobación que ha subido a 61 por ciento, pero el rechazo al Congreso se eleva a 77 por ciento.

Adrianzén y Dargent coinciden en que es inviable por el rechazo ciudadano que se generaría una salida de Castillo y una convocatoria solamente a elecciones presidenciales dejando al actual Congreso, como pretende la derecha.

“Si se destituye a Castillo, o renuncia, y también sale la vicepresidenta Dina Boluarte, que es difícil se sostenga, y en lugar de elecciones generales se convoca solo elecciones presidenciales, entonces habrá una reacción ciudadana violenta contra el Congreso”, advierte Adrianzén. Crece el sentimiento de que se vayan todos.

Publicado enInternacional
Domingo, 13 Febrero 2022 06:10

El séptimo día del octavo mes del 2022

Fabiana Peña, Color de ciudad (Cortesía de la autora)

Colombia, primer semestre de 2022: tres jornadas electorales a la vista, dos seguras (Congreso 13 de marzo, Presidente 29 de mayo), y una probable (Presidente, segunda vuelta, junio 19).

Tres coaliciones en disputa, (re)confirmación de la crisis que arrastran los partidos desde hace décadas, como de la política tradicional, pero también radiografía del atomizado país que vivimos. Tres coaliciones, tres países resumidos en clases y sectores suyos, visiones y dispares prioridades económicas y sociales. ¿Recogerán estas coaliciones a todo el país o persiste uno, cuarto, por fuera de ellas, aquel que se abstiene, que no responde a los llamados de la democracia formal, que no se siente representado por los mismos de siempre, pero tampoco por los que se consideran por fuera y en contra del establecimiento?

Una disputa aún en pañales, y que tendrá claridad sobre su real potencial el 13 de marzo al escrutarse el voto por el Congreso, y el emitido en las consultas internas de cada una de las coaliciones. Allí, los 17 precandidatos que integran las listas del Pacto Histórico, la Coalición Centro Esperanza y el Equipo por Colombia serán sumados. Entre todos ellos, uno –Gustavo Petro– desde hace meses se da como candidato elegido para liderar la campaña de la coalición que integra.

Se vive esta campaña en medio de un ambiente continental de giro político hacia el progresismo –¿recargado o como débil remedo?–, y en ese clima, pese a no ser candidato oficial de su coalición, tanto por su liderazgo como por estar en campaña desde meses atrás, el país político respira y exhala el ascenso “imparable” de Gustavo Petro, cabeza de uno de los progresismos en escena (1). En las reiteradas encuestas, en las que se consulta sobre él y otros candidatos que aún no descuellan como los más opcionados para barrer en sus agrupamientos, los datos arrojados por las mismas refuerzan una y otra vez el favoritismo del hoy senador por la Colombia Humana para habitar la Casa de Nariño desde el próximo 7 de agosto.

El efecto de los sondeos no pasa en vano para sus opositores, y ganan eco amenazas ya conocidas, como aquella que afirma mañosamente que, de llegar “el populismo a la presidencia, seremos como Venezuela”. Amenazas y manipulaciones mediáticas siempre idénticas también circularon en Chile y Perú para atemorizar al electorado. Los temores que alcanzan a despertar con este juego del coco no pasan en vano y ya se habla de fuga de capitales, también de la caída de la Bolsa de Valores, del alejamiento de la inversión de capital extranjero. En una palabra, se anuncia la debacle económica del país.


¿Temores ciertos o infundados? Al revisar el actuar de los llamados gobiernos progresistas en la región, la conclusión es que los temores son infundados, y las amenazas no corresponden al riesgo que corre la inversión privada sino, más bien, a la manipulación mediática, a la creación de un clima artificioso para inclinar a la opinión pública hacia el ángulo que les interesa. Es necesario mirar a Perú, donde el presidente Castillo no se cansa de aclarar el respeto a la propiedad privada, además de la indispensable alianza con el capital privado. En Chile, el recién elegido presidente Gabriel Boric nombra como ministro de Hacienda a quien hasta el 17 de enero de este año fue presidente del Banco Central en el gobierno aún en funciones de Piñera, y quien figuraba como “[…] el preferido para los mercados” para este cargo (2).


Las experiencias vividas en la región en este campo, por ejemplo en Brasil con Lula en sus dos gobiernos, indican que el giro que da el progresismo a la forma de gobierno se puede medir a partir del incremento de la inversión social, el fortalecimiento de subsidios para mayores porcentajes de excluidos, a la par de un mayor protagonismo del Estado, poniendo bajo cintura a empresas dedicadas a los servicios públicos y otras áreas estratégicas, pero no mucho más. Y eso en períodos de bonanza económica, con exportaciones en creciente, con flujo de divisas. Escenario que no es el actual.


Ese temor al progresismo es un juego mediático que, para el caso colombiano, oculta las restricciones de tipo económico que encontrará quien asuma la presidencia el próximo 7 de agosto. Con una posibilidad de divisas anclada excesivamente en el petróleo y el carbón; con más importaciones que exportaciones –y por tanto con una balanza de pagos desfavorable–; con una inflación de tendencia ascendente y difícil de controlar, ya que parte de la misma resulta del precio de los alimentos importados y la devaluación del peso, que es parte de los dogmas que delinean la dominante política estructural desde años atrás; en un país cada vez más endeudado tanto en lo público como en lo privado, y, para cerrar este “círculo virtuoso”, con porcentajes cada vez mayores de la sociedad empobrecidos, así como una desigualdad que polariza el tejido social y da forma, con ello, a un país de extremos.


La dura realidad. Con la “olla raspada”, quien asuma el gobierno el séptimo día del octavo mes de 2022 deberá liderar, entonces, reformas estructurales que permitan el flujo de ingresos para poder afrontar crecientes compromisos de deuda pública por vencer, como contar con el suficiente ahorro en caja para hacer realidad una mayor inversión social. Y no mucho más.


Y la “olla raspada” es una clara advertencia de crisis económica a la vista, la cual limitará el actuar del funcionario y su equipo de gobierno, sin margen de maniobra, actuando desde sus primeros días como bombero de incendios que se pueden tornar “incontrolables”. Si logra apagarlos, lo que implica menor o reducida inversión social, será elogiado por los gremios económicos; de lo contrario, será blanco de una abundante carga de críticas y señalamientos para mostrarlo como inútil, “espejo de Venezuela”.


Paradoja. Con reducida inversión social, las expectativas por las cuales puede ser elegido caen al piso y con ella se abre el espacio para que la desilusión se torne en amplia protesta social, la que también retomará como exigencia los incumplidos compromisos firmados por anteriores gobiernos.


Pero de actuar efectivamente con las reformas estructurales en pro de fortalecer la estructura económica del país, deberá pisar callos, despertar dolores en los bolsillos de los privilegiados de siempre, reorientar diversas políticas económicas que ahora son de Estado, y por ello dejar a un lado la dependencia que mantienen las divisas nacionales respecto del petróleo y el carbón; renegociar o negar tratados de ‘libre comercio’ que han llevado al país a importar más y exportar menos; realizar una real, integral y modernizante reforma agraria que permita en el mediano plazo ser autosuficientes en variedad de productos que hoy se importan, además de controlar por esa vía el alza de los precios de los alimentos, ampliando al mismo tiempo el mercado interno, atacando a la par los factores que les inyectan carburante al narcotráfico y al sempiterno conflicto armado. Una sola de estas medidas ya es suficiente para desatar una escalada opositora de incalculable impacto.


Pero le tocará reformar mucho más. Deberá apretar a los ricos, y a los ricos entre ellos, elevando las tasas impositivas, realizando la máxima de “quien tiene más paga más” por medio de una reforma tributaria estructural y progresiva, y frenando la evasión y el blanqueo de capitales. Al actuar así, todos los cacaos, junto con los señores del campo y de la guerra, más otros, estarán unidos en la conspiración, acción que en Colombia no llega hasta las simples palabras. La inestabilidad será entonces la marca del gobierno por venir. En paralelo, con un propósito de justicia y vida digna, cerrarle la puerta a la quiebra de los salarios, y potenciar la creación de muchos miles de nuevos puestos de trabajo, como efectivo dique para contener el ascenso del empobrecimiento.


Son realidades, dilemas y retos agravados en lo económico por los anuncios que llegan desde Washington, en el sentido de elevar las tasas de interés, lo que derivaría en que los capitales llegados al país, en procura de ganancias rápidas, partan hacia donde les ofrezcan más; pero también por la reducción del mercado mundial en el que, a menos que se repita el ciclo de alzas de los precios de las materias primas, acompañado de un boom de importaciones (¿China?), hace imposible un modelo exportador, obligando a recurrir a modelos de ‘desconexión’ que lo enfrentarían con otros grupos también poderosos pero, sobre todo con la franja de la tecnocracia.


Esta es la misma disyuntiva –¿tragedia?– vivida sin diferenciación alguna a lo largo de la región por parte de gobiernos que han querido darle un rostro más humano al capitalismo, pero sin romper ni en lo más tímido con el sistema. No tienen economía, ya no hay boom de materias primas para darle piso al reformismo progresista que amplía el mercado nacional, potencia la capacidad de consumo de millones de familias excluidas de esa posibilidad por décadas y con la demanda multiplicada le exigen mayor producción a la industria criolla. Para el caso nacional, en tanto que cada vez es mayor la cantidad de alimentos básicos que se importan (alrededor de 15 millones de toneladas por año), así como de insumos de diverso tipo, la exigencia recaerá en la industria agrícola y fabril de otros países, sin duda Estados Unidos y China.


Queda una carta: los movimientos sociales. Es necesario estimularlos, apoyarlos, para que inunden calles demandando un cambio verdadero, y que con el eco de sus exigencias lo lleven en hombros a realizar lo prometido. Pero en este caso se corre el riesgo de que el diablo se escape de la botella. ¿Se correrá ese riesgo?


¿Qué temen entonces los propietarios del capital? ¿Por qué tanto ánimo de algunos sectores sociales de llegar al gobierno y administrar las ruinas dejadas por los malos gobiernos que les antecedieron? ¿Por qué quienes priorizan la opción electoral no optan, en los días que vivimos, más bien por potenciar el fortalecimiento de los movimientos sociales a partir del desarrollo de infinidad de iniciativas autogestionarias que los lleven a tejer mayores y más fuertes lazos de economía propia, de solución a las angustias cotidianas de millones de excluidos, de coordinación de saberes y experiencias? Así se crearían condiciones para que emplacen a los gobiernos tradicionales, forzándolos al giro en sus tradicionales políticas por medio de las cuales siempre favorecen a los mismos, gobiernos de ricos para ricos, y, si no obran en consecuencia con estas demandas, estos actores con capacidad de resolver lo propio no escatimen en los niveles de la protesta, llevándola incluso a obligar a los gobernantes a su renuncia.


¿Por qué quienes priorizan la vía electoral, revisando el pasado inmediato del alzamiento social conocido como 28A y las aspiraciones allí enarboladas, no potencian la autonomía y el ahondamiento del tejido social, estimulando líneas transversales de acción aupadas en políticas medioambientales, de educación superior y universitaria universal, igualdad de derechos entre mujeres y hombres, creación de empleo, quiebre de la informalidad, salarios fijos...?
¿De dónde vendrá el cambio para un país con mayor justicia y menos desigualdad social? Tal vez a esto sí le teman los cacaos. Lo otro, según lo indican otros gobiernos en la región, es parte del libreto para ambientar la inestabilidad del gobierno en funciones que no se enfoque en privilegiarlos.

 

Libro relacionado:

 

1. Aunque no son reconocidos así desde una lectura tradicional de izquierda, es claro que, por lo menos Jorge Robledo y Carlos Amaya, cargan historias que los enmarcan en esa línea social y permiten presentar la hipótesis de dos progresismos en disputa.
2. https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20220121-boric-nombra-al-expresidente-del-banco-central-mario-marcel-como-futuro-ministro-de-hacienda-en-chile.

Para suscripción:

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Domingo, 13 Febrero 2022 06:00

El séptimo día del octavo mes del 2022

Fabiana Peña, Color de ciudad (Cortesía de la autora)

Colombia, primer semestre de 2022: tres jornadas electorales a la vista, dos seguras (Congreso 13 de marzo, Presidente 29 de mayo), y una probable (Presidente, segunda vuelta, junio 19).

Tres coaliciones en disputa, (re)confirmación de la crisis que arrastran los partidos desde hace décadas, como de la política tradicional, pero también radiografía del atomizado país que vivimos. Tres coaliciones, tres países resumidos en clases y sectores suyos, visiones y dispares prioridades económicas y sociales. ¿Recogerán estas coaliciones a todo el país o persiste uno, cuarto, por fuera de ellas, aquel que se abstiene, que no responde a los llamados de la democracia formal, que no se siente representado por los mismos de siempre, pero tampoco por los que se consideran por fuera y en contra del establecimiento?

Una disputa aún en pañales, y que tendrá claridad sobre su real potencial el 13 de marzo al escrutarse el voto por el Congreso, y el emitido en las consultas internas de cada una de las coaliciones. Allí, los 17 precandidatos que integran las listas del Pacto Histórico, la Coalición Centro Esperanza y el Equipo por Colombia serán sumados. Entre todos ellos, uno –Gustavo Petro– desde hace meses se da como candidato elegido para liderar la campaña de la coalición que integra.

Se vive esta campaña en medio de un ambiente continental de giro político hacia el progresismo –¿recargado o como débil remedo?–, y en ese clima, pese a no ser candidato oficial de su coalición, tanto por su liderazgo como por estar en campaña desde meses atrás, el país político respira y exhala el ascenso “imparable” de Gustavo Petro, cabeza de uno de los progresismos en escena (1). En las reiteradas encuestas, en las que se consulta sobre él y otros candidatos que aún no descuellan como los más opcionados para barrer en sus agrupamientos, los datos arrojados por las mismas refuerzan una y otra vez el favoritismo del hoy senador por la Colombia Humana para habitar la Casa de Nariño desde el próximo 7 de agosto.

El efecto de los sondeos no pasa en vano para sus opositores, y ganan eco amenazas ya conocidas, como aquella que afirma mañosamente que, de llegar “el populismo a la presidencia, seremos como Venezuela”. Amenazas y manipulaciones mediáticas siempre idénticas también circularon en Chile y Perú para atemorizar al electorado. Los temores que alcanzan a despertar con este juego del coco no pasan en vano y ya se habla de fuga de capitales, también de la caída de la Bolsa de Valores, del alejamiento de la inversión de capital extranjero. En una palabra, se anuncia la debacle económica del país.


¿Temores ciertos o infundados? Al revisar el actuar de los llamados gobiernos progresistas en la región, la conclusión es que los temores son infundados, y las amenazas no corresponden al riesgo que corre la inversión privada sino, más bien, a la manipulación mediática, a la creación de un clima artificioso para inclinar a la opinión pública hacia el ángulo que les interesa. Es necesario mirar a Perú, donde el presidente Castillo no se cansa de aclarar el respeto a la propiedad privada, además de la indispensable alianza con el capital privado. En Chile, el recién elegido presidente Gabriel Boric nombra como ministro de Hacienda a quien hasta el 17 de enero de este año fue presidente del Banco Central en el gobierno aún en funciones de Piñera, y quien figuraba como “[…] el preferido para los mercados” para este cargo (2).


Las experiencias vividas en la región en este campo, por ejemplo en Brasil con Lula en sus dos gobiernos, indican que el giro que da el progresismo a la forma de gobierno se puede medir a partir del incremento de la inversión social, el fortalecimiento de subsidios para mayores porcentajes de excluidos, a la par de un mayor protagonismo del Estado, poniendo bajo cintura a empresas dedicadas a los servicios públicos y otras áreas estratégicas, pero no mucho más. Y eso en períodos de bonanza económica, con exportaciones en creciente, con flujo de divisas. Escenario que no es el actual.


Ese temor al progresismo es un juego mediático que, para el caso colombiano, oculta las restricciones de tipo económico que encontrará quien asuma la presidencia el próximo 7 de agosto. Con una posibilidad de divisas anclada excesivamente en el petróleo y el carbón; con más importaciones que exportaciones –y por tanto con una balanza de pagos desfavorable–; con una inflación de tendencia ascendente y difícil de controlar, ya que parte de la misma resulta del precio de los alimentos importados y la devaluación del peso, que es parte de los dogmas que delinean la dominante política estructural desde años atrás; en un país cada vez más endeudado tanto en lo público como en lo privado, y, para cerrar este “círculo virtuoso”, con porcentajes cada vez mayores de la sociedad empobrecidos, así como una desigualdad que polariza el tejido social y da forma, con ello, a un país de extremos.


La dura realidad. Con la “olla raspada”, quien asuma el gobierno el séptimo día del octavo mes de 2022 deberá liderar, entonces, reformas estructurales que permitan el flujo de ingresos para poder afrontar crecientes compromisos de deuda pública por vencer, como contar con el suficiente ahorro en caja para hacer realidad una mayor inversión social. Y no mucho más.


Y la “olla raspada” es una clara advertencia de crisis económica a la vista, la cual limitará el actuar del funcionario y su equipo de gobierno, sin margen de maniobra, actuando desde sus primeros días como bombero de incendios que se pueden tornar “incontrolables”. Si logra apagarlos, lo que implica menor o reducida inversión social, será elogiado por los gremios económicos; de lo contrario, será blanco de una abundante carga de críticas y señalamientos para mostrarlo como inútil, “espejo de Venezuela”.


Paradoja. Con reducida inversión social, las expectativas por las cuales puede ser elegido caen al piso y con ella se abre el espacio para que la desilusión se torne en amplia protesta social, la que también retomará como exigencia los incumplidos compromisos firmados por anteriores gobiernos.


Pero de actuar efectivamente con las reformas estructurales en pro de fortalecer la estructura económica del país, deberá pisar callos, despertar dolores en los bolsillos de los privilegiados de siempre, reorientar diversas políticas económicas que ahora son de Estado, y por ello dejar a un lado la dependencia que mantienen las divisas nacionales respecto del petróleo y el carbón; renegociar o negar tratados de ‘libre comercio’ que han llevado al país a importar más y exportar menos; realizar una real, integral y modernizante reforma agraria que permita en el mediano plazo ser autosuficientes en variedad de productos que hoy se importan, además de controlar por esa vía el alza de los precios de los alimentos, ampliando al mismo tiempo el mercado interno, atacando a la par los factores que les inyectan carburante al narcotráfico y al sempiterno conflicto armado. Una sola de estas medidas ya es suficiente para desatar una escalada opositora de incalculable impacto.


Pero le tocará reformar mucho más. Deberá apretar a los ricos, y a los ricos entre ellos, elevando las tasas impositivas, realizando la máxima de “quien tiene más paga más” por medio de una reforma tributaria estructural y progresiva, y frenando la evasión y el blanqueo de capitales. Al actuar así, todos los cacaos, junto con los señores del campo y de la guerra, más otros, estarán unidos en la conspiración, acción que en Colombia no llega hasta las simples palabras. La inestabilidad será entonces la marca del gobierno por venir. En paralelo, con un propósito de justicia y vida digna, cerrarle la puerta a la quiebra de los salarios, y potenciar la creación de muchos miles de nuevos puestos de trabajo, como efectivo dique para contener el ascenso del empobrecimiento.


Son realidades, dilemas y retos agravados en lo económico por los anuncios que llegan desde Washington, en el sentido de elevar las tasas de interés, lo que derivaría en que los capitales llegados al país, en procura de ganancias rápidas, partan hacia donde les ofrezcan más; pero también por la reducción del mercado mundial en el que, a menos que se repita el ciclo de alzas de los precios de las materias primas, acompañado de un boom de importaciones (¿China?), hace imposible un modelo exportador, obligando a recurrir a modelos de ‘desconexión’ que lo enfrentarían con otros grupos también poderosos pero, sobre todo con la franja de la tecnocracia.


Esta es la misma disyuntiva –¿tragedia?– vivida sin diferenciación alguna a lo largo de la región por parte de gobiernos que han querido darle un rostro más humano al capitalismo, pero sin romper ni en lo más tímido con el sistema. No tienen economía, ya no hay boom de materias primas para darle piso al reformismo progresista que amplía el mercado nacional, potencia la capacidad de consumo de millones de familias excluidas de esa posibilidad por décadas y con la demanda multiplicada le exigen mayor producción a la industria criolla. Para el caso nacional, en tanto que cada vez es mayor la cantidad de alimentos básicos que se importan (alrededor de 15 millones de toneladas por año), así como de insumos de diverso tipo, la exigencia recaerá en la industria agrícola y fabril de otros países, sin duda Estados Unidos y China.


Queda una carta: los movimientos sociales. Es necesario estimularlos, apoyarlos, para que inunden calles demandando un cambio verdadero, y que con el eco de sus exigencias lo lleven en hombros a realizar lo prometido. Pero en este caso se corre el riesgo de que el diablo se escape de la botella. ¿Se correrá ese riesgo?


¿Qué temen entonces los propietarios del capital? ¿Por qué tanto ánimo de algunos sectores sociales de llegar al gobierno y administrar las ruinas dejadas por los malos gobiernos que les antecedieron? ¿Por qué quienes priorizan la opción electoral no optan, en los días que vivimos, más bien por potenciar el fortalecimiento de los movimientos sociales a partir del desarrollo de infinidad de iniciativas autogestionarias que los lleven a tejer mayores y más fuertes lazos de economía propia, de solución a las angustias cotidianas de millones de excluidos, de coordinación de saberes y experiencias? Así se crearían condiciones para que emplacen a los gobiernos tradicionales, forzándolos al giro en sus tradicionales políticas por medio de las cuales siempre favorecen a los mismos, gobiernos de ricos para ricos, y, si no obran en consecuencia con estas demandas, estos actores con capacidad de resolver lo propio no escatimen en los niveles de la protesta, llevándola incluso a obligar a los gobernantes a su renuncia.


¿Por qué quienes priorizan la vía electoral, revisando el pasado inmediato del alzamiento social conocido como 28A y las aspiraciones allí enarboladas, no potencian la autonomía y el ahondamiento del tejido social, estimulando líneas transversales de acción aupadas en políticas medioambientales, de educación superior y universitaria universal, igualdad de derechos entre mujeres y hombres, creación de empleo, quiebre de la informalidad, salarios fijos...?
¿De dónde vendrá el cambio para un país con mayor justicia y menos desigualdad social? Tal vez a esto sí le teman los cacaos. Lo otro, según lo indican otros gobiernos en la región, es parte del libreto para ambientar la inestabilidad del gobierno en funciones que no se enfoque en privilegiarlos.

 

1. Aunque no son reconocidos así desde una lectura tradicional de izquierda, es claro que, por lo menos Jorge Robledo y Carlos Amaya, cargan historias que los enmarcan en esa línea social y permiten presentar la hipótesis de dos progresismos en disputa.
2. https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20220121-boric-nombra-al-expresidente-del-banco-central-mario-marcel-como-futuro-ministro-de-hacienda-en-chile.

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Sábado, 12 Febrero 2022 18:43

Elegir no es mandar

Edwing Pinzón, sin título (Cortesía del autor)

Las elecciones recientes de Pedro Castillo en Perú, Xiomara Castro en Honduras y Gabriel Boric en Chile, sumadas a los gobiernos en función, que ya superan más de la mitad del mandato, de López Obrador en México y Alberto Fernández en Argentina, han suscitado un entusiasmo nada desdeñable en el Progresismo latinoamericano. Los comicios presidenciales en Colombia –29 de mayo– y de Brasil –2 de octubre– de 2022, en los que son favoritos Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva respectivamente, podrían completar el cuadro de lo que sería algo así como una fase de progresismo 2.0. Esto nos obliga a formularnos por lo menos dos interrogantes sobre ese hecho político: ¿qué puede significar realmente este giro para los pueblos del subcontinente –y de forma particular para los sectores marginales de estas naciones? Y, ¿cuáles son las analogías con la primera era progresista cuyas conquistas parecen haber sido flor de muy pocos días?


La asunción de Hugo Chávez a la presidencia de la República de Venezuela en 2002, de Néstor Kirchner y Lula Da Silva en 2003, dio inicio a gobiernos que esgrimían un discurso soberanista y popular, que buscaba contrastar con los desastres provocados por la globalización ultraliberal que en Venezuela motivaron el estallido social de febrero de 1989 contra el FMI, conocido como el Caracazo –saldado con una represión que de acuerdo con datos oficiales dejó cerca de 300 muertos, y que según fuentes no oficiales, la cifra pudo alcanzar hasta los 3.000 protestantes asesinados. En Argentina, el llamado Corralito, que consistió en el secuestro de los fondos de los cuentahabientes del sector financiero en diciembre de 2001, fue el detonante de las reacciones populares que dejó un saldo de al menos cuarenta muertos.


El deterioro generalizado de la región al finalizar el siglo XX, alentó un cambio de signo también en los gobiernos de otros países del subcontinente que vio como Uruguay en 2005 elegía a Tabaré Vásquez (sustituido en 2010 por el mediático José “Pepe” Mujica), Bolivia en 2006 ungía a Evo Morales como primer presidente indígena, y Ecuador designaba en 2007 a Rafael Correa, que desde su campaña había prometido desmantelar la base militar norteamericana de Manta como parte del discurso soberanista. El cuadro lo completó en 2008 en Paraguay el obispo Fernando Lugo, derrotando al partido Colorado que había gobernado el país por seis décadas.


Estos gobiernos tuvieron como una de sus premisas la nacionalización de recursos como el petróleo y, en general, la modificación favorable de las condiciones de participación de los Estados en los recursos del subsuelo, que tuvo su lado opaco en el reforzamiento resultante del extractivismo y una marcada reprimarización de la economía. Sobre esa base fue posible una redistribución de las rentas que, en lo esencial, filtró mejoras en los sectores marginales a través de subsidios. Los aumentos del gasto social facilitados por un ciclo de precios altos de las materias primas, y una idea de integración que llevó a pensar que los intercambios intrarregionales eran una posibilidad de fortalecimiento político y económico –materializado en Unasur como máximo organismo regulador–, luego de la derrota del proyecto de Área de Libre Comercio de las Américas (Alca) que buscaba liderar los Estados Unidos, fueron parte del núcleo común del proyecto. Los golpes de Estado “blandos” a Fernando Lugo en 2012 y a Dilma Rousseff en 2016, la muerte de Hugo Chávez en 2013 y la victoria de Mauricio Macri en el 2015 en Argentina, son quizá los hitos más importantes que marcan el principio del fin del sueño progresista que terminó desdibujado en ese corto período de cuatro años, y cuyos avances estructurales más significativos fueron desmontados, casi en su totalidad, como fue el caso de algunos logros en las leyes que rigen las relaciones capital-trabajo.


La crisis de una Venezuela golpeada desde afuera por las sanciones de las grandes potencias, y en su interior por la corrupción de funcionarios como Rafael Ramírez, hoy prófugo, que saqueó durante diez años Pdvsa, es actualmente un caso mostrado, en no pocos escenarios, como ejemplo del que debe huirse, y como eso incluye a actores del progresismo 2.0, es claro que éste busca diferenciarse sustantivamente de sus antecesores.


El entorno económico mundial, luego de la crisis del 2008, ha intensificado los procesos de concentración y centralización del capital hasta niveles sin precedentes, haciendo de las multinacionales supra-poderes. La geopolítica está centrada, en este momento, en la disputa por un nuevo orden que, de hecho, muestra el fin de la unipolaridad que busca ser sostenida por el último hegemón que resiste la aceptación de la multipolaridad. La china, potencia emergente, con la excepción de Colombia, Ecuador y Venezuela –que siguen teniendo a Estados Unidos como el primer destino de sus ventas externas–, es ya el mayor socio comercial o iguala a los norteamericanos en los intercambios económicos con los demás países Suramericanos, marcando una dicotomía en los gobiernos de la región entre la lealtad al discurso de la llamada democracia occidental y los intereses económicos, que los nuevos progresistas parecen no saber cómo tratar.


El regreso del Kirchnerismo al poder en Argentina, luego del fracaso del gobierno de la derecha liderada por Mauricio Macri, y la derrota que en las elecciones de mitad de mandato sufrió en noviembre de 2021 el gobierno de Alberto Fernández, y que auguran la probabilidad de un regreso del macrismo en 2023, pueden estar indicándonos que estamos entrando en un juego análogo al del mito de Penélope en el que la derecha desteje en su mandato lo que el progresismo pueda alcanzar a tejer en el suyo, en un juego de alternancia permanente en el que a un paso temporal hacia adelante lo sigan, poco después, varios hacía atrás, mientras el movimiento social, entretenido, nubla el convencimiento de que sin acciones contundentes, masivas y permanentes sus sueños de una sociedad mejor no tendrán lugar.


No cabe duda que la política ha sufrido un corrimiento a la derecha y que eso ha tenido como efecto que los reclamos de los movimientos políticos alternativos sean cada vez más limitados. Y si bien no puede afirmarse que en los resultados electorales cualquier resultado da igual, eso tampoco debe llevar a aceptar sin miramientos que lo posible del realismo práctico borre lo deseable de los sueños. La búsqueda de conquistas irreversibles pasa, entonces, por extender el poder a las organizaciones de la base social para poder construir así una verdadera democracia.

 

 

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Domingo, 13 Febrero 2022 06:00

Elegir no es mandar

Edwing Pinzón, sin título (Cortesía del autor)

Las elecciones recientes de Pedro Castillo en Perú, Xiomara Castro en Honduras y Gabriel Boric en Chile, sumadas a los gobiernos en función, que ya superan más de la mitad del mandato, de López Obrador en México y Alberto Fernández en Argentina, han suscitado un entusiasmo nada desdeñable en el Progresismo latinoamericano. Los comicios presidenciales en Colombia –29 de mayo– y de Brasil –2 de octubre– de 2022, en los que son favoritos Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva respectivamente, podrían completar el cuadro de lo que sería algo así como una fase de progresismo 2.0. Esto nos obliga a formularnos por lo menos dos interrogantes sobre ese hecho político: ¿qué puede significar realmente este giro para los pueblos del subcontinente –y de forma particular para los sectores marginales de estas naciones? Y, ¿cuáles son las analogías con la primera era progresista cuyas conquistas parecen haber sido flor de muy pocos días?


La asunción de Hugo Chávez a la presidencia de la República de Venezuela en 2002, de Néstor Kirchner y Lula Da Silva en 2003, dio inicio a gobiernos que esgrimían un discurso soberanista y popular, que buscaba contrastar con los desastres provocados por la globalización ultraliberal que en Venezuela motivaron el estallido social de febrero de 1989 contra el FMI, conocido como el Caracazo –saldado con una represión que de acuerdo con datos oficiales dejó cerca de 300 muertos, y que según fuentes no oficiales, la cifra pudo alcanzar hasta los 3.000 protestantes asesinados. En Argentina, el llamado Corralito, que consistió en el secuestro de los fondos de los cuentahabientes del sector financiero en diciembre de 2001, fue el detonante de las reacciones populares que dejó un saldo de al menos cuarenta muertos.


El deterioro generalizado de la región al finalizar el siglo XX, alentó un cambio de signo también en los gobiernos de otros países del subcontinente que vio como Uruguay en 2005 elegía a Tabaré Vásquez (sustituido en 2010 por el mediático José “Pepe” Mujica), Bolivia en 2006 ungía a Evo Morales como primer presidente indígena, y Ecuador designaba en 2007 a Rafael Correa, que desde su campaña había prometido desmantelar la base militar norteamericana de Manta como parte del discurso soberanista. El cuadro lo completó en 2008 en Paraguay el obispo Fernando Lugo, derrotando al partido Colorado que había gobernado el país por seis décadas.


Estos gobiernos tuvieron como una de sus premisas la nacionalización de recursos como el petróleo y, en general, la modificación favorable de las condiciones de participación de los Estados en los recursos del subsuelo, que tuvo su lado opaco en el reforzamiento resultante del extractivismo y una marcada reprimarización de la economía. Sobre esa base fue posible una redistribución de las rentas que, en lo esencial, filtró mejoras en los sectores marginales a través de subsidios. Los aumentos del gasto social facilitados por un ciclo de precios altos de las materias primas, y una idea de integración que llevó a pensar que los intercambios intrarregionales eran una posibilidad de fortalecimiento político y económico –materializado en Unasur como máximo organismo regulador–, luego de la derrota del proyecto de Área de Libre Comercio de las Américas (Alca) que buscaba liderar los Estados Unidos, fueron parte del núcleo común del proyecto. Los golpes de Estado “blandos” a Fernando Lugo en 2012 y a Dilma Rousseff en 2016, la muerte de Hugo Chávez en 2013 y la victoria de Mauricio Macri en el 2015 en Argentina, son quizá los hitos más importantes que marcan el principio del fin del sueño progresista que terminó desdibujado en ese corto período de cuatro años, y cuyos avances estructurales más significativos fueron desmontados, casi en su totalidad, como fue el caso de algunos logros en las leyes que rigen las relaciones capital-trabajo.


La crisis de una Venezuela golpeada desde afuera por las sanciones de las grandes potencias, y en su interior por la corrupción de funcionarios como Rafael Ramírez, hoy prófugo, que saqueó durante diez años Pdvsa, es actualmente un caso mostrado, en no pocos escenarios, como ejemplo del que debe huirse, y como eso incluye a actores del progresismo 2.0, es claro que éste busca diferenciarse sustantivamente de sus antecesores.


El entorno económico mundial, luego de la crisis del 2008, ha intensificado los procesos de concentración y centralización del capital hasta niveles sin precedentes, haciendo de las multinacionales supra-poderes. La geopolítica está centrada, en este momento, en la disputa por un nuevo orden que, de hecho, muestra el fin de la unipolaridad que busca ser sostenida por el último hegemón que resiste la aceptación de la multipolaridad. La china, potencia emergente, con la excepción de Colombia, Ecuador y Venezuela –que siguen teniendo a Estados Unidos como el primer destino de sus ventas externas–, es ya el mayor socio comercial o iguala a los norteamericanos en los intercambios económicos con los demás países Suramericanos, marcando una dicotomía en los gobiernos de la región entre la lealtad al discurso de la llamada democracia occidental y los intereses económicos, que los nuevos progresistas parecen no saber cómo tratar.


El regreso del Kirchnerismo al poder en Argentina, luego del fracaso del gobierno de la derecha liderada por Mauricio Macri, y la derrota que en las elecciones de mitad de mandato sufrió en noviembre de 2021 el gobierno de Alberto Fernández, y que auguran la probabilidad de un regreso del macrismo en 2023, pueden estar indicándonos que estamos entrando en un juego análogo al del mito de Penélope en el que la derecha desteje en su mandato lo que el progresismo pueda alcanzar a tejer en el suyo, en un juego de alternancia permanente en el que a un paso temporal hacia adelante lo sigan, poco después, varios hacía atrás, mientras el movimiento social, entretenido, nubla el convencimiento de que sin acciones contundentes, masivas y permanentes sus sueños de una sociedad mejor no tendrán lugar.


No cabe duda que la política ha sufrido un corrimiento a la derecha y que eso ha tenido como efecto que los reclamos de los movimientos políticos alternativos sean cada vez más limitados. Y si bien no puede afirmarse que en los resultados electorales cualquier resultado da igual, eso tampoco debe llevar a aceptar sin miramientos que lo posible del realismo práctico borre lo deseable de los sueños. La búsqueda de conquistas irreversibles pasa, entonces, por extender el poder a las organizaciones de la base social para poder construir así una verdadera democracia.

 

 

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Viernes, 11 Febrero 2022 17:40

Frente interno, guerra externa

Germán Ardila, detalle El péndulo T-M, 40 x 40 cm. (Cortesía del autor)

Designar un enemigo interno le permite a un dirigente cuestionado asimilar sus rivales políticos a subversivos, alborotadores, agentes externos. Pero también le es útil designar un enemigo externo y pretender reaccionar a sus amenazas: al presentarse como garante de los intereses superiores de la nación gana en majestad. Según los occidentales, semejante clave de interpretación explicaría tanto que Vladimir Putin haya emprendido una feroz represión de sus opositores como que le haya reclamado a Estados Unidos garantías de seguridad con tal brutalidad que se aseguraba un rechazo definitivo a su demanda, a pesar de que sea legítima (Teurtrie, pág. 24). Dicho esto, si hay un presidente que tiene interés en emprender una pulseada diplomática para revertir su impopularidad, Joseph Biden es como mínimo tan indicado como su par del Kremlin...


La prensa estadounidense, cuyos análisis son repetidos automáticamente por los medios de comunicación franceses, nos explica que “una Ucrania democrática representaría una amenaza estratégica para el Estado represivo construido por Putin. Podría alentar a las fuerzas favorables a la democracia en Rusia” (1). Resulta sin embargo dudoso de que el viento de la libertad que sopla desde un país tan pobre y corrupto como Ucrania, cuyos dos principales dirigentes de la oposición se encuentran en prisión domiciliaria haya asustado al Kremlin. Y no es el apego de Kiev a las libertades públicas lo que le valió el apoyo militar de Turquía.


Pero, nada mejor para unir a representantes republicanos y demócratas que el resto del tiempo se enfrentan y juegan a la insurrección y la guerra civil, que frases grandilocuentes sobre la democracia, una escalada militar, presupuestos inflados para el Pentágono (2). “Para defender la paz exterior, el presidente Biden necesita hacer un poco de paz en casa –le aconseja incluso The Wall Street Journal–. La resistencia a Rusia une a los senadores progresistas y conservadores” (3). En resumen, un conflicto con Rusia apaciguaría los odios políticos estadounidenses.


Vía de escape

La presidencia errática de Donald Trump, sus dos procesos de destitución en el Congreso, las patrañas del Russiagate, el asalto al Capitolio, las acusaciones de fraude electoral o de manipulación del escrutinio socavaron la pretensión de Washington de darle lecciones de democracia al mundo entero. Admitiendo que sus profecias de un “fin de la Historia” habían sido desmentidas, Francis Fukuyama señala “dos factores clave que subestimé en ese entonces”. Uno de ellos, justamente, era “la posibilidad de una descomposición política de las democracias avanzadas” (4). Ahora bien, se preocupa Fukuyama, las divisiones internas de Estados Unidos amenazan el poder geoestratégico de Occidente.


A este estadio, los otros pueblos tienen fundamentos para preguntarse si deben añorar la unión nacional estadounidense, que produjo las guerras de Corea, de Vietnam, del Golfo, de Afganistán, de Irak. O preocuparse por los enfrentamientos internos actuales que podrían derivar en una guerra en Europa como vía de escape.

1. The Wall Street Journal, 21-1-22.
2. El 7 de diciembre de 2021, la Cámara de Representantes aprobó por 363 votos contra 70 un presupuesto militar de 778.000 millones de dólares, es decir 25.000 millones más de lo que reclamaba el presidente Biden.
3. Walter Russell Mead, “How to halt Putin’s Ukraine push”, The Wall Street Journal, 18-1-22.
4. Francis Fukuyama, “What the world saw that day”, The New York Times, 9-1-02.

*Director de Le Monde diplomatique.
Traducción: Micaela Houston

 

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Sábado, 12 Febrero 2022 06:35

Frente interno, guerra externa

Germán Ardila, detalle El péndulo T-M, 40 x 40 cm. (Cortesía del autor)

Designar un enemigo interno le permite a un dirigente cuestionado asimilar sus rivales políticos a subversivos, alborotadores, agentes externos. Pero también le es útil designar un enemigo externo y pretender reaccionar a sus amenazas: al presentarse como garante de los intereses superiores de la nación gana en majestad. Según los occidentales, semejante clave de interpretación explicaría tanto que Vladimir Putin haya emprendido una feroz represión de sus opositores como que le haya reclamado a Estados Unidos garantías de seguridad con tal brutalidad que se aseguraba un rechazo definitivo a su demanda, a pesar de que sea legítima (Teurtrie, pág. 24). Dicho esto, si hay un presidente que tiene interés en emprender una pulseada diplomática para revertir su impopularidad, Joseph Biden es como mínimo tan indicado como su par del Kremlin...


La prensa estadounidense, cuyos análisis son repetidos automáticamente por los medios de comunicación franceses, nos explica que “una Ucrania democrática representaría una amenaza estratégica para el Estado represivo construido por Putin. Podría alentar a las fuerzas favorables a la democracia en Rusia” (1). Resulta sin embargo dudoso de que el viento de la libertad que sopla desde un país tan pobre y corrupto como Ucrania, cuyos dos principales dirigentes de la oposición se encuentran en prisión domiciliaria haya asustado al Kremlin. Y no es el apego de Kiev a las libertades públicas lo que le valió el apoyo militar de Turquía.


Pero, nada mejor para unir a representantes republicanos y demócratas que el resto del tiempo se enfrentan y juegan a la insurrección y la guerra civil, que frases grandilocuentes sobre la democracia, una escalada militar, presupuestos inflados para el Pentágono (2). “Para defender la paz exterior, el presidente Biden necesita hacer un poco de paz en casa –le aconseja incluso The Wall Street Journal–. La resistencia a Rusia une a los senadores progresistas y conservadores” (3). En resumen, un conflicto con Rusia apaciguaría los odios políticos estadounidenses.


Vía de escape

La presidencia errática de Donald Trump, sus dos procesos de destitución en el Congreso, las patrañas del Russiagate, el asalto al Capitolio, las acusaciones de fraude electoral o de manipulación del escrutinio socavaron la pretensión de Washington de darle lecciones de democracia al mundo entero. Admitiendo que sus profecias de un “fin de la Historia” habían sido desmentidas, Francis Fukuyama señala “dos factores clave que subestimé en ese entonces”. Uno de ellos, justamente, era “la posibilidad de una descomposición política de las democracias avanzadas” (4). Ahora bien, se preocupa Fukuyama, las divisiones internas de Estados Unidos amenazan el poder geoestratégico de Occidente.


A este estadio, los otros pueblos tienen fundamentos para preguntarse si deben añorar la unión nacional estadounidense, que produjo las guerras de Corea, de Vietnam, del Golfo, de Afganistán, de Irak. O preocuparse por los enfrentamientos internos actuales que podrían derivar en una guerra en Europa como vía de escape.

1. The Wall Street Journal, 21-1-22.
2. El 7 de diciembre de 2021, la Cámara de Representantes aprobó por 363 votos contra 70 un presupuesto militar de 778.000 millones de dólares, es decir 25.000 millones más de lo que reclamaba el presidente Biden.
3. Walter Russell Mead, “How to halt Putin’s Ukraine push”, The Wall Street Journal, 18-1-22.
4. Francis Fukuyama, “What the world saw that day”, The New York Times, 9-1-02.

*Director de Le Monde diplomatique.
Traducción: Micaela Houston

 

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Viernes, 11 Febrero 2022 17:18

Juventud, garrote y zanahoria electoral

Hernando Sánchez, Espera (Cortesía del autor)

En diciembre de 2021 se realizaron por primera vez, a nivel nacional, las elecciones de los Consejos municipales y locales de juventud (1). Sus antecedentes y características, así como el contexto de exclusión, conflicto intergeneracional y ruptura juvenil con las instituciones del país dan cuerpo a este artículo.

Mediante una invasiva propaganda oficial el gobierno Duque, pretendiendo cooptar y manipular el creciente descontento juvenil, encubrir la persecución, criminalización y asesinato del liderazgo de este sector social, y deslegitimar el alzamiento social que marcó la vida nacional a lo largo de varias semanas del 2021, organizó y citó precipitadamente a la juventud colombiana a participar en la elección de los Consejos municipales y locales de juventud el pasado 5 de diciembre de 2021.


El número de adolescentes y jóvenes (14 a 28 años de edad) que estaban habilitados para votar sumaba 12.282.273 (24,1% en relación con la población total colombiana). Tan solo 1.279.961 (10,4% del censo electoral juvenil previsto) respondió al llamado presidencial y a la maquinaria institucional para elegir a 10.824 consejeros municipales y locales de juventud a lo largo del territorio nacional. Unos comicios en los que también realzó el fraude y voto nulo, este último con el 23 por ciento del total de los sufragados (para el Congreso suele ser del 6 por ciento).


A la par de la ausencia en los puestos de votación de quienes fueron citados, llamó la atención la manera imprevisible y malintencionada como la Registraduría Nacional habilitó a los adolescentes para votar en cualquier puesto sin inscripción previa ni control de las veces que repitiera, abriendo de este modo un expedito camino al fraude ¡primeras lecciones de la típica democracia colombiana! Sin reparar en lo sucedido en los puestos sin votantes ni en los exiguos resultados, el histriónico presidente Iván Duque se apresuró a declarar: “Hoy es un día histórico para la democracia y para el país. Es un triunfo de la democracia y demuestra que la juventud tiene un espíritu de acción”.


Y ese espíritu estuvo presente pero no en forma de voto sino de rechazo a unos partidos tradicionales, y otros que se dicen de nuevo tipo, que no alcanzan a inquietarlos, a una burocracia que no aprecian, a unas fuerzas de seguridad que los asesina y a un proyecto de país que los excluye. En suma, su espíritu estuvo presente a través del rechazo a una institucionalidad que ni los representa ni les ofrece presente o futuro digno, tendiendo luz de esta manera, además, sobre la evidente y profunda fractura que existe entre este grupo poblacional y la institucionalidad pública; y, de otra, el escepticismo imperante o la poca credibilidad que ofrece la manoseada democracia formal para la participación activa y decisiva de los jóvenes en los asuntos estratégicos del país.


Modernización violenta y excluyente


El concepto de juventud nace con la modernidad. La puesta en escena del sujeto juvenil en Colombia es el referente existencial de las generaciones nacidas a partir de la década de los años 1950. Dos acontecimientos actúan disruptivamente durante esta época: las violencias de mediados del siglo XX prolongadas hasta tiempos presentes y la Constitución Política de 1991. La violencia actúa compulsivamente como partera de la historia –las identidades juveniles nacen, crecen, viven y mueren en medio de la guerra–. Durante la segunda mitad del siglo XX, adolescentes y jóvenes fueron estigmatizados y considerados problema y “objeto” de políticas públicas represivas, asistencialistas e inconsultas. De manera tardía, la Constitución Política de 1991 reconoció a los jóvenes como sujetos de derechos y protagonistas del desarrollo de la nación desde el ejercicio de la democracia directa, la diferencia y la autonomía.


Sin embargo, la fundamentación en los derechos humanos y la introducción de la noción de democracia participativa en el ordenamiento constitucional fue incapaz de poner fin a tres factores de riesgo que impactan estructural y negativamente el bienestar de la sociedad colombiana y, en particular, la existencia de los adolescentes y jóvenes: la precariedad del mercado laboral (desempleo e informalidad), la pobreza (la otra cara de la exclusión y la violación de los derechos humanos) y la violencia homicida (gráfico 1). En general, la medición focalizada del padecimiento de los jóvenes en relación con estas tres patologías es dos, tres y hasta cuatro veces superior al valor promedio observado en las cifras nacionales.


Lo preocupante es que durante la administración Duque estos índices de malestar se agravan y registran una tendencia creciente y acelerada: En 2021, la cifra de homicidios aumentó un 17 por ciento respecto de 2020; el año cerró con una cifra aproximada de 14.000 asesinatos; esto es, una tasa de 27,1 homicidios por cada 100.000 habitantes, superando la tasa de homicidio de los años anteriores: 2020 con 23,9 y 2019 con 25,6; ii) el grado de incidencia de la pobreza por ingresos insuficientes registraba una tendencia descendente desde 2013 hasta alcanzar el piso de 34,7 por ciento en 2018; en los años siguientes, potenciado en los últimos dos por la pandemia y el mal manejo macroeconómico, un alto número de familias de clase media cayeron en la pobreza, registrando el indicador un valor de 44 por ciento en 2021; iii) En los últimos 72 años, la tasa de desempleo registra dos fases: durante el período 1950-1965, la desocupación fue inferior a dos dígitos, manteniéndose en el rango del 2 al 8 por ciento; a partir de 1966, la exclusión laboral tiende a estar en dos dígitos, alcanzando un pico en el año 2000 de 19,7 por ciento y otro en mayo de 2020 de 21,4 por ciento. En los valores promedios anuales, en 2015 se llegó a un piso de 8,9 por ciento para luego escalar a 10,5 por ciento en 2019, 16,1 en 2020 y caer a 14,0 en 2021.


En los adolescentes y jóvenes, las causas externas son las principales causantes de las defunciones. Durante el período 1980-2018 fueron asesinados en Colombia 351.135 adolescentes y jóvenes (14 a 28 años de edad). La violencia delineó el perfil de morbilidad y mortalidad de este grupo etario. El incremento de la violencia homicida ha alcanzado niveles catastróficos para los adolescentes y jóvenes afectando principalmente a los hombres entre los 18 y 28 años de edad. Durante el período 1985-2018 la tasa promedio de homicidios por cada 100.000 habitantes a nivel nacional fue de 50,9; en el grupo de adolescentes y jóvenes el promedio de asesinatos aumentó a 86,4; esto es, 1,7 veces más alto. De los 14.000 asesinatos ocurridos durante 2021, una cifra cercana a los 9.000 corresponde a victimas adolescentes o jóvenes, en consonancia con las tasas históricas. De esta manera y sin duda, la privación del derecho a la vida es una de las principales y más severas violaciones a los derechos humanos de adolescentes y jóvenes en Colombia.


El análisis por subgrupos etarios y género presenta resultados más complejos en el comportamiento de la criminalidad del país. La tasa de homicidios promedio durante el período 1985-2018 para las “mujeres adolescentes y jóvenes” es de 12 por cada 100.000 habitantes, en el rango de 12 a 28 años; para los “hombres” es de 161; esto es, 13,4 veces más alto. La tasa promedio de homicidios en los “jóvenes tempranos hombres” (18 a 23 años de edad) es de 204,1 (4,1 veces superior a la tasa nacional) con un valor máximo de 338,5 alcanzado en 1993 y en los “jóvenes tardíos hombres” (24 a 28 años de edad) el valor promedio es de 229,6 (4,5 veces el promedio nacional) y el máximo de 373,7 en el año de 1992 (gráfico 2 y tabla1).

 

En general, la relación entre criminalidad y población adolescente y joven es multicausal y está ligada a los ciclos de violencia del país y a las complejas, estructurales y profundas causas conflictivas que los generan. No puede pensarse de manera unilateral que el aumento de las muertes de los jóvenes fue causa exclusiva del conflicto armado interno o del aumento en cifras absolutas de la población joven; hay otras igual de importantes como la lucha contra y entre los carteles de la droga, el uso de los jóvenes por bandas delincuenciales que se aprovechan de sus vulnerabilidades, la cultura de resolver los problemas mediante la violencia, la intolerancia en la convivencia cotidiana, y, los crímenes cometidos por el Estado en el contexto de los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales. El país es escenario, de esta manera, un “juvenicidio” ocurrido en su historia reciente (2).


Por su parte el perspicaz escritor británico H. G. Wells (1866-1946) observó a principios del siglo XX y lo registra en su obra “El destino del Homo Sapiens” que el exceso relativo de jóvenes desocupados en las sociedades capitalistas modernas constituía una peligrosa fuerza tendiente a provocar conflicto en toda comunidad humana; la solución más fácil encontrada por las clases dominantes a la presión ejercida por el sobrante de hombres jóvenes de las clases populares, con el fin de mantenerlos disciplinados y reducir su número, ha consistido en la guerra, la cárcel o el exilio (3). De esta manera, al poder destructivo material y moral de la guerra moderna se adiciona, según Wells, el desperdicio para siempre de grandes reservas y potencialidades de energía humana (4).


Realidad que en lo fundamental no cambia. Los y las jóvenes viven hoy con mayor dramatismo que el resto de la población una serie de tensiones y paradojas. Una de las principales es que la juventud goza de más acceso a la educación y menos acceso a un empleo digno. En los análisis de su inserción laboral, resalta el alto nivel de desempleo y subempleo y la alta precariedad de quienes logran ocuparse (expresada en inestabilidad laboral, bajas remuneraciones y escasa cobertura de la seguridad social).


Durante las fases recesivas, el mecanismo de ajuste del mercado laboral colombiano empieza con el cierre de los puestos de trabajo de los jóvenes, afectando en mayor proporción a las mujeres. En general, ellas y ellos se encuentran atrapados en un círculo vicioso de empleo precario, informalidad-desempleo-inactividad-pobreza-exclusión (gráfico 3 y tabla 2).

 


En el ojo del huracán de la pandemia y los nefastos impactos de las medidas administrativas de encerramiento, la tasa de desempleo de las mujeres jóvenes alcanzó la cifra de 37,3 durante el trimestre mayo-julio de 2020 y en los hombres jóvenes de 24,5 en el trimestre abril-junio del mismo año.
De acuerdo con los resultados de las series trimestrales del Dane-Geih, durante el período 2001-2021 (julio-septiembre), en general, los valores promedio más altos de desocupación (5) lo registran las mujeres jóvenes tanto en las cabeceras (25,6%) como en los centros poblados y rural dispersa (24,6%). Los valores de las tasas de desocupación más bajas corresponden al total de los centros poblados y rural dispersa (7,3%) y los hombres jóvenes de estas áreas (8,0%). La tasa total promedio de desempleo nacional es 11,7 por ciento; en el total de hombres jóvenes es de 15,1 (3,4 puntos porcentuales –p.p.–. por encima del promedio nacional); en las mujeres jóvenes es de 25,7 (14 p.p. arriba del promedio nacional y una brecha de 10,6 p.p. respecto a la tasa de desocupación de los hombres jóvenes). Los coeficientes de variación son más bajos en las categorías de los jóvenes de ambos sexos expresando de esta manera una situación estructural de desempleo frente a los ciclos de los mercados de trabajo.


Una realidad que no escapó a los ojos de Misión de Empleo, en funciones desde julio de 2020 con el fin de encontrar una ruta que le permita crear un plan estratégico al gobierno nacional para mejorar las condiciones laborales existentes en el país. El economista mexicano Santiago Levy, jefe de la misma afirmó el pasado 11 de enero al presentar las conclusiones del estudio que “El mercado laboral colombiano está muy mal. Tiene una protección social ineficiente, un empleo precario para las personas y ofrece pocas oportunidades para que estas mejoren sus condiciones laborales, lo cual, a su vez, castiga el crecimiento económico y la productividad, por lo cual no es de extrañar que Colombia presente las tasas de crecimiento de desempleo más altas de Latinoamérica”.


Es necesario recordar la diferencia entre la condición juvenil (dato biológico y límite social y políticamente establecido) y la situación juvenil (pertenencia a una clase social, estrato socio-económico o ethos territorial). Los análisis del sociólogo francés Pierre Bourdieu (1930-2002) sobre el problema de los jóvenes le permitieron afirmar que “el hecho de hablar los jóvenes como de una unidad social, de un grupo constituido, que posee intereses comunes, y de referir estos intereses a una edad definida biológicamente, constituye en sí una manipulación evidente” (6). En efecto, en Colombia los adolescentes y jóvenes según la “situación de vida” se encuentran sobrerrepresentados en los niveles más bajos de la estratificación socioeconómica: los estratos uno y dos concentran el 76,3 por ciento de este segmento poblacional. Registran, además, graves carencias. El valor promedio del índice multidimensional de pobreza –IMP– es 37,8 por ciento en la población de 12 a 28 años; en contraste, a nivel general la pobreza multidimensional en Colombia se ubicó en 18,1 por ciento en 2020.


Además, teniendo en cuenta que la desigualdad del desarrollo es desigual en sí misma, estos adolescentes y jóvenes crecen en realidades muy diferentes dependiendo de los contextos y pares de contrarios antagónicos: riqueza/pobreza; urbano/rural; guerra/paz; jóvenes/viejos, entre muchos más. A continuación se analiza el contexto de vida de los adolescentes y jóvenes.


Falacia ecológica, desarrollo desigual y contextos de vida


La evidencia empírica y los análisis econométricos ponen al descubierto la “falacia ecológica”, es decir: hacer inferencias acerca de algunos individuos a partir de información del grupo al cual pertenecen. En efecto, cualquier análisis de series de tiempo empleando la tasa de homicidio y la proporción de la población joven encuentra una relación positiva y significativa entre estas dos variables; sin embargo, el análisis desagregado por grupos de edad muestra algo diferente, los cambios demográficos poco explican los movimientos de la tasa de homicidio. En cuanto al rol que juega la pobreza, diversos estudios concluyen que la evolución de la pobreza poco o nada explica el dramático incremento en los homicidios. En cuanto a la relación más compleja existente entre demografía y violencia en Colombia, los investigadores recomiendan hacer estos análisis a nivel de subgrupos etarios, clases sociales, actividades económicas, entidades culturales, regiones, municipios y ciudades específicas (7).


Adicionalmente, el hecho que dos fenómenos registren tendencias o comportamientos similares en el tiempo no permite inferir ningún tipo de causalidad entre ellos, es decir, que uno pueda ser causa u origen del otro. Las correlaciones describen relaciones simples y casi siempre lineales sin hacer afirmaciones sobre causa y efecto.


Tomando esto en cuenta, de las ocho variables condicionantes a nivel territorial elegidas para el estudio de juventud y contextos de vida (ver mapas), la mayor variabilidad (relación % entre la desviación estándar y la media) la registran la densidad poblacional (habitantes/extensión territorial), la tasa de víctimas del conflicto armado, el grado de ruralidad, y el nivel de riqueza generado. Las variables estables, homogéneas y con valores muy cercanos al promedio son el índice de pobreza multidimensional, la participación poblacional del grupo etario adolescente y joven, el grado de participación en la elección de los Consejos de juventud y la participación política de la población apta para votar en la elección de Presidente 2018 (tabla 3 y mapas).

 


Para mayor evidencia apoyemos el análisis en la Matriz de correlación, la cual muestra los valores de correlación de Pearson, que miden el grado de relación lineal entre cada par de elementos o variables. Los valores de correlación se pueden ubicar entre -1, cero y +1. Si los dos elementos tienden a aumentar o disminuir al mismo tiempo, el valor de correlación es positivo; si el valor es cero no existe relación entre las variables; si es negativo, una variable aumenta mientras la otra disminuye (tabla 4).

 

Respecto a las correlaciones positivas, de la tabla cuatro se puede inferir que el peso porcentual de la población joven (14 a 28 años) es más alto en aquellos territorios con altos índices de violencia, medido por la tasa de víctimas del conflicto armado; en los municipios de mayor ingreso per cápita la participación política es más alta en las elecciones presidenciales; el grado de participación relativa en la elección de los Consejos juveniles tiende a incrementarse en los territorios más pobres y rurales; la pobreza multidimensional aumenta en los territorios más violentos y rurales; la generación de riqueza por persona está asociada al grado de urbanización o densidad poblacional; y grados de violencia y grados de ruralidad están asociados en sus tendencias crecientes.


Respecto a las correlaciones negativas, la participación política desciende con el aumento de la pobreza y la ruralidad; la participación de los adolescentes y jóvenes en las elecciones de los Consejos tiende a ser escasa o exigua en las grandes urbes y entidades territoriales de mayor riqueza relativa; a mayor densidad de la población y mayor riqueza generada la pobreza multidimensional se reduce; la concentración de población reduce el grado de ruralidad; la riqueza por persona aumenta y se reduce la tasa de victimas del conflicto armado; el PIB per cápita aumenta de manera inversa al grado de ruralidad.
Variables no relacionadas. Llama la atención que el peso relativo del grupo etario comprendido entre los 14 y 28 años de edad respecto al total de población de cada entidad territorial no registra correlaciones estadísticamente significativas con la mayoría de las variables asociadas; solamente hay una correlación positiva con los territorios de mayor violencia y número mayor de victimas por el conflicto armado. En consecuencia, el grado de participación de población joven en el total poblacional tiende a distribuirse de manera análoga en las distintas entidades territoriales del país.


El rango (diferencia entre el máximo y el mínimo) del peso proporcional de la población de 14 a 28 años de edad en el total de la población de cada entidad territorial es de 10,7 puntos porcentuales, con un mínimo registrado de 18,5 por ciento (Vichada) y un máximo de 29,2 (Caquetá), el coeficiente de variación es de 9,2 por ciento y la media de 24,3.


La democracia participativa de los territorios en las elecciones presidenciales no tiene ningún grado de asociación con la participación en la elección de los Consejos juveniles. El hecho que en los territorios de mayor violencia el peso porcentual de la población joven sea más alto no influye en su participación en la elección, motivo de este artículo.


Es importante resaltar, como colofón de lo analizado, que mientras el 56,7 por ciento de ellos y ellas votaron en las elecciones presidenciales de 2018, en contraste, durante la elección de los Consejos municipales y locales de juventud apenas lo hizo un escaso 10,4 por ciento del censo electoral juvenil previsto (46,3 puntos porcentuales por debajo).


Consejos de juventud, participación política y democracia


Al referirse al problema de los jóvenes, el sociólogo Pierre Bourdieu era categórico al afirmar que “En la división lógica entre jóvenes y viejos está la cuestión de poder”. Esto es, cuando aparecen los conflictos sobre los límites entre las edades está en juego la trasmisión del poder y de los privilegios entre las generaciones (8).


En la Encuesta de Cultura Política –ECP– desarrollada por el Dane que permite caracterizar aspectos de la misma, acumulación de capital social, participación en escenarios comunitarios y confianza, basados en las percepciones y prácticas de los ciudadanos sobre su entorno político y social, en relación con la juventud, en particular en la realizada en el 2019, la institución rectora de las estadísticas en Colombia muestra que la participación de las personas en diferentes tipos de grupos y organizaciones es de 16,6 por ciento a nivel nacional; la participación de los hombres es 16,0 y las mujeres 17,2; en las cabeceras municipales el 14,8 y en los centros poblados y rural disperso 23,3. Los jóvenes son los que más participan en organizaciones educativas, culturales y deportivas, en comparación con otros grupos etarios; frente a la pregunta sobre la pertenencia a este tipo de organizaciones, la participación de jóvenes alcanza un 15,6 por ciento, frente a un promedio general de apenas 10,4.


Los mecanismos de participación ciudadana que más conocen los jóvenes de 18 a 25 años son el plebiscito (60,2%); el referendo aprobatorio o derogatorio (47,5%) y la consulta popular (47,8%). El 56,7 por ciento de este grupo de edad votó en las elecciones presidenciales de 2018; entre el 22 y el 38 por ciento no lo hizo por incredulidad en el sistema electoral, por considerar corruptos a los políticos y por desinterés. De acuerdo con la posición ideológica, el 15,7 por ciento se declara de izquierda, el 41,3 de centro, el 19,1 de derecha y el 23,9 no sabe o no informa. Respecto al grado de satisfacción con la forma en que la democracia funciona en Colombia, el 48,2 por ciento se siente muy insatisfecho; el 37,7 es indiferente o no sabe; el 14,1 se siente muy satisfecho. En general, existe incredulidad y desconfianza por parte de los jóvenes en las instituciones, en los políticos y en el sistema democrático colombiano.


Desencuentros y anhelos pendientes


Con la Carta Constitucional de 1991 toman forma las políticas públicas poblacionales y el reconocimiento de los y las adolescentes y jóvenes como sujetos de derecho y actores estratégicos del desarrollo.


Durante las tres décadas siguientes, el Estado y la sociedad no han logrado dar una respuesta integral, universal, incluyente y democrática a las demandas-derechos de las nuevas ciudadanías. El modelo de desarrollo tampoco distribuye equitativamente sus beneficios. El desencuentro entre las ciudadanías empoderadas por una Carta Política que proclama los derechos humanos, la democracia participativa y el reconocimiento de las diferencias, de una parte, y las conservadoras instituciones públicas y privadas, de otra, frustró las expectativas nacidas en la nueva era. El desencuentro constituía una bomba de tiempo que vino a explotar durante la administración Duque.


Los datos revisados, así como las dinámicas sociales vividas durante los últimos años en el país, permiten concluir que la crisis de la democracia, del Estado y el modelo de desarrollo se expresan en la crisis del constructo social de adolescencia y juventud. La insurrección social a lo largo del gobierno Duque es la evidente expresión de la paradoja modernización sin modernidad. Las continuas explosiones sociales son causadas por las falencias acumuladas por décadas y los antagonismos intergeneracionales entre estilos de vida, cosmovisiones y modelos de desarrollo. De acuerdo con las “Observaciones y recomendaciones de la visita de trabajo a Colombia de la CIDH”, en junio de 2021, las manifestaciones sociales se vinculan con reivindicaciones estructurales e históricas de la sociedad colombiana, que a su vez están consignadas en la Constitución Política de 1991 y los Acuerdos de Paz de 2016. La letra puede con todo, y en este caso la realidad lo reafirma.

 

1. Los Consejos municipales y locales de juventud son el mecanismo de participación creado desde la ley de Juventud 375 de 1997 y ratificado en la Ley Estatutaria de ciudadanía juvenil 1622 de 2013, pero nunca ha operado por falta de credibilidad y confianza. En los intentos de implementación la participación ha sido mínima y poco o nada ha influido en la participación democrática de los adolescentes y jóvenes. Ante la inoperancia de tal mecanismo o espacios de participación juvenil, en febrero de 2000 el presidente Pastrana firmó el Decreto 089 para reglamentar su organización y promover su funcionamiento. En el año 2018, una vez más con el mismo fin, se aprobó la Ley Estatutaria 1885 para “Modificar la ley estatutaria 1622 de 2013” en lo concerniente al Sistema Nacional de Juventudes. De acuerdo con lo afirmado por el abogado y Consejero Presidencial para la Juventud (cargo que ocupa desde 2020 hasta la actualidad), Juan Arango “La Ley 1622 desafortunadamente no fue una garantía de derechos, sino una especie de frustración en términos de participación juvenil”.
2. José Manuel Valenzuela Arce, investigador mexicano de El Colegio de la Frontera Norte acuñó este concepto en 2012, a partir de la publicación de su libro “Sed de mal. Feminicidio, jóvenes y exclusión social”. El “juvenicidio” es definido como el asesinato sistemático de la población joven, fenómeno documentado a lo largo de décadas y en el que se ha detectado la implicación institucional. De forma similar como ocurrió con el feminicidio, el profesor Valenzuela le dio nombre a una problemática social presente como común denominador en los países latinoamericanos.
3. Actualmente, de una parte, según la Cancillería, viven en países extranjeros alrededor de 5 millones de connacionales, la mayoría jóvenes que huyen a la falta de oportunidades, a la pobreza y a persecución política. De otra parte, en Colombia persiste una cultura carcelaria, no tanto para castigar o reeducar para la reinserción social como para ocultar y no enfrentar abierta y críticamente las causas profundas de las complejas patologías sociales: la legislación penal colombiana tipificaba como delito 296 conductas en 1980; actualmente aumentó esta tipificación a más de 600 conductas diferentes, la mayoría de ellas con pena privativa de la libertad. En consecuencia, la población carcelaria del país aumentó 462 por ciento entre 1992 y 2018. En 2018, la población carcelaria sumó 118.201 personas; el 36,1 por ciento de los presos eran jóvenes entre los 18 y 28 años de edad, esto es, 42.589, el 94% hombres y 6% mujeres.
4. H. G. Wells. (1949). El destino del Homo Sapiens. México; Editorial Diana, pp. 42-43 y 256-257.
5. La Tasa de desempleo (TD) es la relación porcentual entre el número de personas que están buscando trabajo (D) y el número de personas que integran la fuerza laboral (TD=D/PEA).
6. Bourdieu, Pierre. (1990). “La “Juventud” no es más que una palabra”, en: Sociología y Cultura. Editorial Grijalbo S. A. México, p. 165.
7. Bonilla Mejía, Leonardo. (2009). Demografía, juventud y homicidios en Colombia, 1979-2006. Banco de la República; Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional; pp. 41-42.
8. Bourdieu, Pierre, op. cit., pp. 163-173.

*Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia y desdeabajo.

 


Diagramas de dispersión y análisis de regresión lineal

 

 

 

Los diagramas de dispersión ilustran sobre el tipo de relación existente entre dos variables. Pero además, un diagrama de dispersión también puede utilizarse como una forma de cuantificar el grado de relación lineal existente entre dos variables: basta con observar el grado en el que la nube de puntos se ajusta a una línea recta. No obstante, la relación entre dos variables no siempre es perfecta o nula; de hecho, habitualmente no es lo uno ni lo otro.


Adicionalmente, para estudiar la relación entre variables se utiliza la técnica estadística de “análisis de regresión lineal”. El análisis de regresión lineal puede utilizarse para explorar y cuantificar la relación entre una variable dependiente o criterio (Y) y una o más variables llamadas independientes o predictores (X1, X2,…, Xn). La línea recta de la regresión posee la fórmula: Yi= ß0 + ßi Xi dónde el coeficiente ßi es la pendiente de la recta y el coeficiente ß0 es el punto en el que la recta corta el eje vertical. Conociendo el valor de estos dos coeficientes puede reproducirse la recta y describir la relación existente entre (Y) y (X). El coeficiente de determinación es la proporción de la varianza total de la variable explicada por la regresión. El coeficiente de determinación, también llamado R cuadrado, refleja la bondad del ajuste de un modelo a la variable que pretender explicar. El resultado del coeficiente de determinación oscila entre 0 y 1. Cuanto más cerca de 1 se sitúe su valor, mayor será el ajuste del modelo a la variable que estamos intentando explicar. De forma inversa, cuanto más cerca de cero, menos ajustado estará el modelo y, por tanto, menos fiable será.


Los gráficos 4 a 10 ilustran los diagramas de dispersión y las regresiones lineales en el estudio de la relación entre la participación política de los adolescentes y jóvenes en la elección de los Consejos de 2021 y los contextos de vida en que estos crecen y habitan.
El comportamiento de la variable “Porcentaje de adolescentes y jóvenes (14 a 28 años de edad) que participaron en las elecciones de los Consejos municipales y locales de juventud a nivel nacional en diciembre de 2021” tiende a ser explicada o a encontrar una determinación mayor (R² más cercano a 1) con las siguientes tres variables independientes: i) “Incidencia de la pobreza multidimensional por departamento (% IPM)”; ii) “Grado de ruralidad departamental (%)”; iii) “Ingreso per cápita departamental ($)”.


De los 12.282.273 adolescentes y jóvenes (14 a 28 años de edad) que estaban habilitados para votar durante la jornada, solamente acudieron a las urnas 1.279.961 adolescentes y jóvenes, esto es, 10,4% del censo electoral juvenil previsto. El coeficiente de variación fue reducido: 27,2 por ciento. El rango de variación fue de 15,1 puntos porcentuales (PP); el valor mínimo fue de 6,2 por ciento (Bogotá D.C. y Antioquia) y el máximo 21,3 (Sucre). En general, las entidades territoriales de mayor desarrollo (medido en densidad poblacional, % población urbana, ingreso per cápita, mayor participación política, menor tasa de victimas por el conflicto armado) fue donde el movimiento juvenil expresó radicalmente su ruptura con la institucionalidad de la administración Duque (paradójicamente, son las entidades territoriales con mayor experiencia y continuidad histórica, inversión y trabajo en políticas públicas de adolescencia y juventud).


La propaganda oficial y el funcionamiento tradicional de las maquinarias electorales de los partidos del establecimiento (el Centro Democrático fue de los más activos) nada pudo en contra de la crítica y exigencias democráticas radicales de la Juventud colombiana. El gráfico 11 es contundente en mostrar que la manipulación política del gobierno Duque con la convocatoria a la elección de los Consejos de Juventud fue un total fracaso; en efecto, la variable “% de participación de adolescentes y jóvenes en la elección de los Consejos” no guarda relación alguna con las variables “Total población joven 2021”, “% población entre 14 y 28 años respecto al total poblacional” y “Participación política en la elección presidencial 2018”.

 

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Viernes, 11 Febrero 2022 16:25

Juventud, garrote y zanahoria electoral

Hernando Sánchez, Espera (Cortesía del autor)

En diciembre de 2021 se realizaron por primera vez, a nivel nacional, las elecciones de los Consejos municipales y locales de juventud (1). Sus antecedentes y características, así como el contexto de exclusión, conflicto intergeneracional y ruptura juvenil con las instituciones del país dan cuerpo a este artículo.

Mediante una invasiva propaganda oficial el gobierno Duque, pretendiendo cooptar y manipular el creciente descontento juvenil, encubrir la persecución, criminalización y asesinato del liderazgo de este sector social, y deslegitimar el alzamiento social que marcó la vida nacional a lo largo de varias semanas del 2021, organizó y citó precipitadamente a la juventud colombiana a participar en la elección de los Consejos municipales y locales de juventud el pasado 5 de diciembre de 2021.


El número de adolescentes y jóvenes (14 a 28 años de edad) que estaban habilitados para votar sumaba 12.282.273 (24,1% en relación con la población total colombiana). Tan solo 1.279.961 (10,4% del censo electoral juvenil previsto) respondió al llamado presidencial y a la maquinaria institucional para elegir a 10.824 consejeros municipales y locales de juventud a lo largo del territorio nacional. Unos comicios en los que también realzó el fraude y voto nulo, este último con el 23 por ciento del total de los sufragados (para el Congreso suele ser del 6 por ciento).


A la par de la ausencia en los puestos de votación de quienes fueron citados, llamó la atención la manera imprevisible y malintencionada como la Registraduría Nacional habilitó a los adolescentes para votar en cualquier puesto sin inscripción previa ni control de las veces que repitiera, abriendo de este modo un expedito camino al fraude ¡primeras lecciones de la típica democracia colombiana! Sin reparar en lo sucedido en los puestos sin votantes ni en los exiguos resultados, el histriónico presidente Iván Duque se apresuró a declarar: “Hoy es un día histórico para la democracia y para el país. Es un triunfo de la democracia y demuestra que la juventud tiene un espíritu de acción”.


Y ese espíritu estuvo presente pero no en forma de voto sino de rechazo a unos partidos tradicionales, y otros que se dicen de nuevo tipo, que no alcanzan a inquietarlos, a una burocracia que no aprecian, a unas fuerzas de seguridad que los asesina y a un proyecto de país que los excluye. En suma, su espíritu estuvo presente a través del rechazo a una institucionalidad que ni los representa ni les ofrece presente o futuro digno, tendiendo luz de esta manera, además, sobre la evidente y profunda fractura que existe entre este grupo poblacional y la institucionalidad pública; y, de otra, el escepticismo imperante o la poca credibilidad que ofrece la manoseada democracia formal para la participación activa y decisiva de los jóvenes en los asuntos estratégicos del país.


Modernización violenta y excluyente


El concepto de juventud nace con la modernidad. La puesta en escena del sujeto juvenil en Colombia es el referente existencial de las generaciones nacidas a partir de la década de los años 1950. Dos acontecimientos actúan disruptivamente durante esta época: las violencias de mediados del siglo XX prolongadas hasta tiempos presentes y la Constitución Política de 1991. La violencia actúa compulsivamente como partera de la historia –las identidades juveniles nacen, crecen, viven y mueren en medio de la guerra–. Durante la segunda mitad del siglo XX, adolescentes y jóvenes fueron estigmatizados y considerados problema y “objeto” de políticas públicas represivas, asistencialistas e inconsultas. De manera tardía, la Constitución Política de 1991 reconoció a los jóvenes como sujetos de derechos y protagonistas del desarrollo de la nación desde el ejercicio de la democracia directa, la diferencia y la autonomía.


Sin embargo, la fundamentación en los derechos humanos y la introducción de la noción de democracia participativa en el ordenamiento constitucional fue incapaz de poner fin a tres factores de riesgo que impactan estructural y negativamente el bienestar de la sociedad colombiana y, en particular, la existencia de los adolescentes y jóvenes: la precariedad del mercado laboral (desempleo e informalidad), la pobreza (la otra cara de la exclusión y la violación de los derechos humanos) y la violencia homicida (gráfico 1). En general, la medición focalizada del padecimiento de los jóvenes en relación con estas tres patologías es dos, tres y hasta cuatro veces superior al valor promedio observado en las cifras nacionales.


Lo preocupante es que durante la administración Duque estos índices de malestar se agravan y registran una tendencia creciente y acelerada: En 2021, la cifra de homicidios aumentó un 17 por ciento respecto de 2020; el año cerró con una cifra aproximada de 14.000 asesinatos; esto es, una tasa de 27,1 homicidios por cada 100.000 habitantes, superando la tasa de homicidio de los años anteriores: 2020 con 23,9 y 2019 con 25,6; ii) el grado de incidencia de la pobreza por ingresos insuficientes registraba una tendencia descendente desde 2013 hasta alcanzar el piso de 34,7 por ciento en 2018; en los años siguientes, potenciado en los últimos dos por la pandemia y el mal manejo macroeconómico, un alto número de familias de clase media cayeron en la pobreza, registrando el indicador un valor de 44 por ciento en 2021; iii) En los últimos 72 años, la tasa de desempleo registra dos fases: durante el período 1950-1965, la desocupación fue inferior a dos dígitos, manteniéndose en el rango del 2 al 8 por ciento; a partir de 1966, la exclusión laboral tiende a estar en dos dígitos, alcanzando un pico en el año 2000 de 19,7 por ciento y otro en mayo de 2020 de 21,4 por ciento. En los valores promedios anuales, en 2015 se llegó a un piso de 8,9 por ciento para luego escalar a 10,5 por ciento en 2019, 16,1 en 2020 y caer a 14,0 en 2021.


En los adolescentes y jóvenes, las causas externas son las principales causantes de las defunciones. Durante el período 1980-2018 fueron asesinados en Colombia 351.135 adolescentes y jóvenes (14 a 28 años de edad). La violencia delineó el perfil de morbilidad y mortalidad de este grupo etario. El incremento de la violencia homicida ha alcanzado niveles catastróficos para los adolescentes y jóvenes afectando principalmente a los hombres entre los 18 y 28 años de edad. Durante el período 1985-2018 la tasa promedio de homicidios por cada 100.000 habitantes a nivel nacional fue de 50,9; en el grupo de adolescentes y jóvenes el promedio de asesinatos aumentó a 86,4; esto es, 1,7 veces más alto. De los 14.000 asesinatos ocurridos durante 2021, una cifra cercana a los 9.000 corresponde a victimas adolescentes o jóvenes, en consonancia con las tasas históricas. De esta manera y sin duda, la privación del derecho a la vida es una de las principales y más severas violaciones a los derechos humanos de adolescentes y jóvenes en Colombia.


El análisis por subgrupos etarios y género presenta resultados más complejos en el comportamiento de la criminalidad del país. La tasa de homicidios promedio durante el período 1985-2018 para las “mujeres adolescentes y jóvenes” es de 12 por cada 100.000 habitantes, en el rango de 12 a 28 años; para los “hombres” es de 161; esto es, 13,4 veces más alto. La tasa promedio de homicidios en los “jóvenes tempranos hombres” (18 a 23 años de edad) es de 204,1 (4,1 veces superior a la tasa nacional) con un valor máximo de 338,5 alcanzado en 1993 y en los “jóvenes tardíos hombres” (24 a 28 años de edad) el valor promedio es de 229,6 (4,5 veces el promedio nacional) y el máximo de 373,7 en el año de 1992 (gráfico 2 y tabla1).

 

En general, la relación entre criminalidad y población adolescente y joven es multicausal y está ligada a los ciclos de violencia del país y a las complejas, estructurales y profundas causas conflictivas que los generan. No puede pensarse de manera unilateral que el aumento de las muertes de los jóvenes fue causa exclusiva del conflicto armado interno o del aumento en cifras absolutas de la población joven; hay otras igual de importantes como la lucha contra y entre los carteles de la droga, el uso de los jóvenes por bandas delincuenciales que se aprovechan de sus vulnerabilidades, la cultura de resolver los problemas mediante la violencia, la intolerancia en la convivencia cotidiana, y, los crímenes cometidos por el Estado en el contexto de los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales. El país es escenario, de esta manera, un “juvenicidio” ocurrido en su historia reciente (2).


Por su parte el perspicaz escritor británico H. G. Wells (1866-1946) observó a principios del siglo XX y lo registra en su obra “El destino del Homo Sapiens” que el exceso relativo de jóvenes desocupados en las sociedades capitalistas modernas constituía una peligrosa fuerza tendiente a provocar conflicto en toda comunidad humana; la solución más fácil encontrada por las clases dominantes a la presión ejercida por el sobrante de hombres jóvenes de las clases populares, con el fin de mantenerlos disciplinados y reducir su número, ha consistido en la guerra, la cárcel o el exilio (3). De esta manera, al poder destructivo material y moral de la guerra moderna se adiciona, según Wells, el desperdicio para siempre de grandes reservas y potencialidades de energía humana (4).


Realidad que en lo fundamental no cambia. Los y las jóvenes viven hoy con mayor dramatismo que el resto de la población una serie de tensiones y paradojas. Una de las principales es que la juventud goza de más acceso a la educación y menos acceso a un empleo digno. En los análisis de su inserción laboral, resalta el alto nivel de desempleo y subempleo y la alta precariedad de quienes logran ocuparse (expresada en inestabilidad laboral, bajas remuneraciones y escasa cobertura de la seguridad social).


Durante las fases recesivas, el mecanismo de ajuste del mercado laboral colombiano empieza con el cierre de los puestos de trabajo de los jóvenes, afectando en mayor proporción a las mujeres. En general, ellas y ellos se encuentran atrapados en un círculo vicioso de empleo precario, informalidad-desempleo-inactividad-pobreza-exclusión (gráfico 3 y tabla 2).

 


En el ojo del huracán de la pandemia y los nefastos impactos de las medidas administrativas de encerramiento, la tasa de desempleo de las mujeres jóvenes alcanzó la cifra de 37,3 durante el trimestre mayo-julio de 2020 y en los hombres jóvenes de 24,5 en el trimestre abril-junio del mismo año.
De acuerdo con los resultados de las series trimestrales del Dane-Geih, durante el período 2001-2021 (julio-septiembre), en general, los valores promedio más altos de desocupación (5) lo registran las mujeres jóvenes tanto en las cabeceras (25,6%) como en los centros poblados y rural dispersa (24,6%). Los valores de las tasas de desocupación más bajas corresponden al total de los centros poblados y rural dispersa (7,3%) y los hombres jóvenes de estas áreas (8,0%). La tasa total promedio de desempleo nacional es 11,7 por ciento; en el total de hombres jóvenes es de 15,1 (3,4 puntos porcentuales –p.p.–. por encima del promedio nacional); en las mujeres jóvenes es de 25,7 (14 p.p. arriba del promedio nacional y una brecha de 10,6 p.p. respecto a la tasa de desocupación de los hombres jóvenes). Los coeficientes de variación son más bajos en las categorías de los jóvenes de ambos sexos expresando de esta manera una situación estructural de desempleo frente a los ciclos de los mercados de trabajo.


Una realidad que no escapó a los ojos de Misión de Empleo, en funciones desde julio de 2020 con el fin de encontrar una ruta que le permita crear un plan estratégico al gobierno nacional para mejorar las condiciones laborales existentes en el país. El economista mexicano Santiago Levy, jefe de la misma afirmó el pasado 11 de enero al presentar las conclusiones del estudio que “El mercado laboral colombiano está muy mal. Tiene una protección social ineficiente, un empleo precario para las personas y ofrece pocas oportunidades para que estas mejoren sus condiciones laborales, lo cual, a su vez, castiga el crecimiento económico y la productividad, por lo cual no es de extrañar que Colombia presente las tasas de crecimiento de desempleo más altas de Latinoamérica”.


Es necesario recordar la diferencia entre la condición juvenil (dato biológico y límite social y políticamente establecido) y la situación juvenil (pertenencia a una clase social, estrato socio-económico o ethos territorial). Los análisis del sociólogo francés Pierre Bourdieu (1930-2002) sobre el problema de los jóvenes le permitieron afirmar que “el hecho de hablar los jóvenes como de una unidad social, de un grupo constituido, que posee intereses comunes, y de referir estos intereses a una edad definida biológicamente, constituye en sí una manipulación evidente” (6). En efecto, en Colombia los adolescentes y jóvenes según la “situación de vida” se encuentran sobrerrepresentados en los niveles más bajos de la estratificación socioeconómica: los estratos uno y dos concentran el 76,3 por ciento de este segmento poblacional. Registran, además, graves carencias. El valor promedio del índice multidimensional de pobreza –IMP– es 37,8 por ciento en la población de 12 a 28 años; en contraste, a nivel general la pobreza multidimensional en Colombia se ubicó en 18,1 por ciento en 2020.


Además, teniendo en cuenta que la desigualdad del desarrollo es desigual en sí misma, estos adolescentes y jóvenes crecen en realidades muy diferentes dependiendo de los contextos y pares de contrarios antagónicos: riqueza/pobreza; urbano/rural; guerra/paz; jóvenes/viejos, entre muchos más. A continuación se analiza el contexto de vida de los adolescentes y jóvenes.


Falacia ecológica, desarrollo desigual y contextos de vida


La evidencia empírica y los análisis econométricos ponen al descubierto la “falacia ecológica”, es decir: hacer inferencias acerca de algunos individuos a partir de información del grupo al cual pertenecen. En efecto, cualquier análisis de series de tiempo empleando la tasa de homicidio y la proporción de la población joven encuentra una relación positiva y significativa entre estas dos variables; sin embargo, el análisis desagregado por grupos de edad muestra algo diferente, los cambios demográficos poco explican los movimientos de la tasa de homicidio. En cuanto al rol que juega la pobreza, diversos estudios concluyen que la evolución de la pobreza poco o nada explica el dramático incremento en los homicidios. En cuanto a la relación más compleja existente entre demografía y violencia en Colombia, los investigadores recomiendan hacer estos análisis a nivel de subgrupos etarios, clases sociales, actividades económicas, entidades culturales, regiones, municipios y ciudades específicas (7).


Adicionalmente, el hecho que dos fenómenos registren tendencias o comportamientos similares en el tiempo no permite inferir ningún tipo de causalidad entre ellos, es decir, que uno pueda ser causa u origen del otro. Las correlaciones describen relaciones simples y casi siempre lineales sin hacer afirmaciones sobre causa y efecto.


Tomando esto en cuenta, de las ocho variables condicionantes a nivel territorial elegidas para el estudio de juventud y contextos de vida (ver mapas), la mayor variabilidad (relación % entre la desviación estándar y la media) la registran la densidad poblacional (habitantes/extensión territorial), la tasa de víctimas del conflicto armado, el grado de ruralidad, y el nivel de riqueza generado. Las variables estables, homogéneas y con valores muy cercanos al promedio son el índice de pobreza multidimensional, la participación poblacional del grupo etario adolescente y joven, el grado de participación en la elección de los Consejos de juventud y la participación política de la población apta para votar en la elección de Presidente 2018 (tabla 3 y mapas).

 


Para mayor evidencia apoyemos el análisis en la Matriz de correlación, la cual muestra los valores de correlación de Pearson, que miden el grado de relación lineal entre cada par de elementos o variables. Los valores de correlación se pueden ubicar entre -1, cero y +1. Si los dos elementos tienden a aumentar o disminuir al mismo tiempo, el valor de correlación es positivo; si el valor es cero no existe relación entre las variables; si es negativo, una variable aumenta mientras la otra disminuye (tabla 4).

 

Respecto a las correlaciones positivas, de la tabla cuatro se puede inferir que el peso porcentual de la población joven (14 a 28 años) es más alto en aquellos territorios con altos índices de violencia, medido por la tasa de víctimas del conflicto armado; en los municipios de mayor ingreso per cápita la participación política es más alta en las elecciones presidenciales; el grado de participación relativa en la elección de los Consejos juveniles tiende a incrementarse en los territorios más pobres y rurales; la pobreza multidimensional aumenta en los territorios más violentos y rurales; la generación de riqueza por persona está asociada al grado de urbanización o densidad poblacional; y grados de violencia y grados de ruralidad están asociados en sus tendencias crecientes.


Respecto a las correlaciones negativas, la participación política desciende con el aumento de la pobreza y la ruralidad; la participación de los adolescentes y jóvenes en las elecciones de los Consejos tiende a ser escasa o exigua en las grandes urbes y entidades territoriales de mayor riqueza relativa; a mayor densidad de la población y mayor riqueza generada la pobreza multidimensional se reduce; la concentración de población reduce el grado de ruralidad; la riqueza por persona aumenta y se reduce la tasa de victimas del conflicto armado; el PIB per cápita aumenta de manera inversa al grado de ruralidad.
Variables no relacionadas. Llama la atención que el peso relativo del grupo etario comprendido entre los 14 y 28 años de edad respecto al total de población de cada entidad territorial no registra correlaciones estadísticamente significativas con la mayoría de las variables asociadas; solamente hay una correlación positiva con los territorios de mayor violencia y número mayor de victimas por el conflicto armado. En consecuencia, el grado de participación de población joven en el total poblacional tiende a distribuirse de manera análoga en las distintas entidades territoriales del país.


El rango (diferencia entre el máximo y el mínimo) del peso proporcional de la población de 14 a 28 años de edad en el total de la población de cada entidad territorial es de 10,7 puntos porcentuales, con un mínimo registrado de 18,5 por ciento (Vichada) y un máximo de 29,2 (Caquetá), el coeficiente de variación es de 9,2 por ciento y la media de 24,3.


La democracia participativa de los territorios en las elecciones presidenciales no tiene ningún grado de asociación con la participación en la elección de los Consejos juveniles. El hecho que en los territorios de mayor violencia el peso porcentual de la población joven sea más alto no influye en su participación en la elección, motivo de este artículo.


Es importante resaltar, como colofón de lo analizado, que mientras el 56,7 por ciento de ellos y ellas votaron en las elecciones presidenciales de 2018, en contraste, durante la elección de los Consejos municipales y locales de juventud apenas lo hizo un escaso 10,4 por ciento del censo electoral juvenil previsto (46,3 puntos porcentuales por debajo).


Consejos de juventud, participación política y democracia


Al referirse al problema de los jóvenes, el sociólogo Pierre Bourdieu era categórico al afirmar que “En la división lógica entre jóvenes y viejos está la cuestión de poder”. Esto es, cuando aparecen los conflictos sobre los límites entre las edades está en juego la trasmisión del poder y de los privilegios entre las generaciones (8).


En la Encuesta de Cultura Política –ECP– desarrollada por el Dane que permite caracterizar aspectos de la misma, acumulación de capital social, participación en escenarios comunitarios y confianza, basados en las percepciones y prácticas de los ciudadanos sobre su entorno político y social, en relación con la juventud, en particular en la realizada en el 2019, la institución rectora de las estadísticas en Colombia muestra que la participación de las personas en diferentes tipos de grupos y organizaciones es de 16,6 por ciento a nivel nacional; la participación de los hombres es 16,0 y las mujeres 17,2; en las cabeceras municipales el 14,8 y en los centros poblados y rural disperso 23,3. Los jóvenes son los que más participan en organizaciones educativas, culturales y deportivas, en comparación con otros grupos etarios; frente a la pregunta sobre la pertenencia a este tipo de organizaciones, la participación de jóvenes alcanza un 15,6 por ciento, frente a un promedio general de apenas 10,4.


Los mecanismos de participación ciudadana que más conocen los jóvenes de 18 a 25 años son el plebiscito (60,2%); el referendo aprobatorio o derogatorio (47,5%) y la consulta popular (47,8%). El 56,7 por ciento de este grupo de edad votó en las elecciones presidenciales de 2018; entre el 22 y el 38 por ciento no lo hizo por incredulidad en el sistema electoral, por considerar corruptos a los políticos y por desinterés. De acuerdo con la posición ideológica, el 15,7 por ciento se declara de izquierda, el 41,3 de centro, el 19,1 de derecha y el 23,9 no sabe o no informa. Respecto al grado de satisfacción con la forma en que la democracia funciona en Colombia, el 48,2 por ciento se siente muy insatisfecho; el 37,7 es indiferente o no sabe; el 14,1 se siente muy satisfecho. En general, existe incredulidad y desconfianza por parte de los jóvenes en las instituciones, en los políticos y en el sistema democrático colombiano.


Desencuentros y anhelos pendientes


Con la Carta Constitucional de 1991 toman forma las políticas públicas poblacionales y el reconocimiento de los y las adolescentes y jóvenes como sujetos de derecho y actores estratégicos del desarrollo.


Durante las tres décadas siguientes, el Estado y la sociedad no han logrado dar una respuesta integral, universal, incluyente y democrática a las demandas-derechos de las nuevas ciudadanías. El modelo de desarrollo tampoco distribuye equitativamente sus beneficios. El desencuentro entre las ciudadanías empoderadas por una Carta Política que proclama los derechos humanos, la democracia participativa y el reconocimiento de las diferencias, de una parte, y las conservadoras instituciones públicas y privadas, de otra, frustró las expectativas nacidas en la nueva era. El desencuentro constituía una bomba de tiempo que vino a explotar durante la administración Duque.


Los datos revisados, así como las dinámicas sociales vividas durante los últimos años en el país, permiten concluir que la crisis de la democracia, del Estado y el modelo de desarrollo se expresan en la crisis del constructo social de adolescencia y juventud. La insurrección social a lo largo del gobierno Duque es la evidente expresión de la paradoja modernización sin modernidad. Las continuas explosiones sociales son causadas por las falencias acumuladas por décadas y los antagonismos intergeneracionales entre estilos de vida, cosmovisiones y modelos de desarrollo. De acuerdo con las “Observaciones y recomendaciones de la visita de trabajo a Colombia de la CIDH”, en junio de 2021, las manifestaciones sociales se vinculan con reivindicaciones estructurales e históricas de la sociedad colombiana, que a su vez están consignadas en la Constitución Política de 1991 y los Acuerdos de Paz de 2016. La letra puede con todo, y en este caso la realidad lo reafirma.

 

1. Los Consejos municipales y locales de juventud son el mecanismo de participación creado desde la ley de Juventud 375 de 1997 y ratificado en la Ley Estatutaria de ciudadanía juvenil 1622 de 2013, pero nunca ha operado por falta de credibilidad y confianza. En los intentos de implementación la participación ha sido mínima y poco o nada ha influido en la participación democrática de los adolescentes y jóvenes. Ante la inoperancia de tal mecanismo o espacios de participación juvenil, en febrero de 2000 el presidente Pastrana firmó el Decreto 089 para reglamentar su organización y promover su funcionamiento. En el año 2018, una vez más con el mismo fin, se aprobó la Ley Estatutaria 1885 para “Modificar la ley estatutaria 1622 de 2013” en lo concerniente al Sistema Nacional de Juventudes. De acuerdo con lo afirmado por el abogado y Consejero Presidencial para la Juventud (cargo que ocupa desde 2020 hasta la actualidad), Juan Arango “La Ley 1622 desafortunadamente no fue una garantía de derechos, sino una especie de frustración en términos de participación juvenil”.
2. José Manuel Valenzuela Arce, investigador mexicano de El Colegio de la Frontera Norte acuñó este concepto en 2012, a partir de la publicación de su libro “Sed de mal. Feminicidio, jóvenes y exclusión social”. El “juvenicidio” es definido como el asesinato sistemático de la población joven, fenómeno documentado a lo largo de décadas y en el que se ha detectado la implicación institucional. De forma similar como ocurrió con el feminicidio, el profesor Valenzuela le dio nombre a una problemática social presente como común denominador en los países latinoamericanos.
3. Actualmente, de una parte, según la Cancillería, viven en países extranjeros alrededor de 5 millones de connacionales, la mayoría jóvenes que huyen a la falta de oportunidades, a la pobreza y a persecución política. De otra parte, en Colombia persiste una cultura carcelaria, no tanto para castigar o reeducar para la reinserción social como para ocultar y no enfrentar abierta y críticamente las causas profundas de las complejas patologías sociales: la legislación penal colombiana tipificaba como delito 296 conductas en 1980; actualmente aumentó esta tipificación a más de 600 conductas diferentes, la mayoría de ellas con pena privativa de la libertad. En consecuencia, la población carcelaria del país aumentó 462 por ciento entre 1992 y 2018. En 2018, la población carcelaria sumó 118.201 personas; el 36,1 por ciento de los presos eran jóvenes entre los 18 y 28 años de edad, esto es, 42.589, el 94% hombres y 6% mujeres.
4. H. G. Wells. (1949). El destino del Homo Sapiens. México; Editorial Diana, pp. 42-43 y 256-257.
5. La Tasa de desempleo (TD) es la relación porcentual entre el número de personas que están buscando trabajo (D) y el número de personas que integran la fuerza laboral (TD=D/PEA).
6. Bourdieu, Pierre. (1990). “La “Juventud” no es más que una palabra”, en: Sociología y Cultura. Editorial Grijalbo S. A. México, p. 165.
7. Bonilla Mejía, Leonardo. (2009). Demografía, juventud y homicidios en Colombia, 1979-2006. Banco de la República; Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional; pp. 41-42.
8. Bourdieu, Pierre, op. cit., pp. 163-173.

*Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia y desdeabajo.

 


Diagramas de dispersión y análisis de regresión lineal

 

 

 

Los diagramas de dispersión ilustran sobre el tipo de relación existente entre dos variables. Pero además, un diagrama de dispersión también puede utilizarse como una forma de cuantificar el grado de relación lineal existente entre dos variables: basta con observar el grado en el que la nube de puntos se ajusta a una línea recta. No obstante, la relación entre dos variables no siempre es perfecta o nula; de hecho, habitualmente no es lo uno ni lo otro.


Adicionalmente, para estudiar la relación entre variables se utiliza la técnica estadística de “análisis de regresión lineal”. El análisis de regresión lineal puede utilizarse para explorar y cuantificar la relación entre una variable dependiente o criterio (Y) y una o más variables llamadas independientes o predictores (X1, X2,…, Xn). La línea recta de la regresión posee la fórmula: Yi= ß0 + ßi Xi dónde el coeficiente ßi es la pendiente de la recta y el coeficiente ß0 es el punto en el que la recta corta el eje vertical. Conociendo el valor de estos dos coeficientes puede reproducirse la recta y describir la relación existente entre (Y) y (X). El coeficiente de determinación es la proporción de la varianza total de la variable explicada por la regresión. El coeficiente de determinación, también llamado R cuadrado, refleja la bondad del ajuste de un modelo a la variable que pretender explicar. El resultado del coeficiente de determinación oscila entre 0 y 1. Cuanto más cerca de 1 se sitúe su valor, mayor será el ajuste del modelo a la variable que estamos intentando explicar. De forma inversa, cuanto más cerca de cero, menos ajustado estará el modelo y, por tanto, menos fiable será.


Los gráficos 4 a 10 ilustran los diagramas de dispersión y las regresiones lineales en el estudio de la relación entre la participación política de los adolescentes y jóvenes en la elección de los Consejos de 2021 y los contextos de vida en que estos crecen y habitan.
El comportamiento de la variable “Porcentaje de adolescentes y jóvenes (14 a 28 años de edad) que participaron en las elecciones de los Consejos municipales y locales de juventud a nivel nacional en diciembre de 2021” tiende a ser explicada o a encontrar una determinación mayor (R² más cercano a 1) con las siguientes tres variables independientes: i) “Incidencia de la pobreza multidimensional por departamento (% IPM)”; ii) “Grado de ruralidad departamental (%)”; iii) “Ingreso per cápita departamental ($)”.


De los 12.282.273 adolescentes y jóvenes (14 a 28 años de edad) que estaban habilitados para votar durante la jornada, solamente acudieron a las urnas 1.279.961 adolescentes y jóvenes, esto es, 10,4% del censo electoral juvenil previsto. El coeficiente de variación fue reducido: 27,2 por ciento. El rango de variación fue de 15,1 puntos porcentuales (PP); el valor mínimo fue de 6,2 por ciento (Bogotá D.C. y Antioquia) y el máximo 21,3 (Sucre). En general, las entidades territoriales de mayor desarrollo (medido en densidad poblacional, % población urbana, ingreso per cápita, mayor participación política, menor tasa de victimas por el conflicto armado) fue donde el movimiento juvenil expresó radicalmente su ruptura con la institucionalidad de la administración Duque (paradójicamente, son las entidades territoriales con mayor experiencia y continuidad histórica, inversión y trabajo en políticas públicas de adolescencia y juventud).


La propaganda oficial y el funcionamiento tradicional de las maquinarias electorales de los partidos del establecimiento (el Centro Democrático fue de los más activos) nada pudo en contra de la crítica y exigencias democráticas radicales de la Juventud colombiana. El gráfico 11 es contundente en mostrar que la manipulación política del gobierno Duque con la convocatoria a la elección de los Consejos de Juventud fue un total fracaso; en efecto, la variable “% de participación de adolescentes y jóvenes en la elección de los Consejos” no guarda relación alguna con las variables “Total población joven 2021”, “% población entre 14 y 28 años respecto al total poblacional” y “Participación política en la elección presidencial 2018”.

 

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Publicado enColombia
Una vendedora en un puesto callejero con piñatas que representan al presidente de Perú, Pedro Castillo, para quemarlas como tradición de Nochevieja, en una imagen de archivo de diciembre de 2021, en Lima. — Pilar Olivares / REUTERS

 

El presidente peruano forma su cuarto gabinete (el segundo en una semana) con tan solo seis meses en el cargo. Su errático viaje, con volantazos a izquierda y derecha, provoca desconcierto en la opinión pública.

Como un funambulista impenitente, Pedro Castillo parece empeñado en caminar sin descanso por la cuerda floja. El presidente de Perú acaba de formar su cuarto gabinete de ministros (el segundo en una semana) con tan solo seis meses de antigüedad en el cargo, todo un récord de inestabilidad. El mandatario ha nombrado como primer ministro a Aníbal Torres, de 79 años, un hombre de su confianza que sustituye al efímero premier Héctor Valer, caído en desgracia sin tiempo casi de sentarse en su despacho.

Pragmático, Castillo ha pactado con varias familias políticas para asegurarse cierta tranquilidad parlamentaria durante un tiempo. De momento, el acróbata sobrevive. Pero su errático viaje, con volantazos a izquierda y derecha, provoca ya mareos en la opinión pública.

La enésima crisis del gobierno de izquierdas peruano se precipitó tras la renuncia de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, una abogada progresista y defensora de los derechos humanos que dimitió el 31 de enero por desavenencias con Castillo.

El presidente giró entonces los mandos hacia la derecha y nombró como sustituto a Valer, un político conservador ligado al Opus Dei que había sido acusado de maltrato por su mujer y su hija. Las denuncias se airearon y Valer se vio forzado a dimitir tres días después de su nombramiento.

Torres, el nuevo jefe del gabinete, era hasta ahora ministro de Justicia y proviene de la provincia cajamarqueña de Chota, de la que también es originario Castillo. Como abogado, se ha enfrentado en los tribunales a las denuncias de fraude electoral presentadas por Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori. La hija del expresidente Alberto Fujimori, condenado por violación de los derechos humanos, perdió ante Castillo por un escaso margen en la segunda vuelta de las elecciones celebradas en junio del año pasado. El legítimo triunfo electoral de Castillo, prácticamente un desconocido hasta ese momento, enervó a la extrema derecha peruana y a las élites limeñas, alarmadas por la llegada al poder de un maestro rural de provincias y de izquierdas. El mandatario está desde finales de julio, cuando asumió el cargo, en el punto de mira de esos poderes fácticos, que no dudarán en tratar de tumbarlo de una u otra manera.

Con el nombramiento de Torres, Castillo gana fidelidad pero pierde capacidad para forjar acuerdos debido al estilo bronco del nuevo primer ministro. Las continuas rotaciones en el equipo ministerial rozan el vértigo. Hace poco más de una semana, Castillo nombró a diez ministros nuevos (de los 19 con que cuenta el gabinete), de los cuales cinco han salido de la foto esta semana. La recomposición gubernamental no ha afectado a algunos ministros muy cuestionados, como los de Interior, Defensa, Transportes y Cultura. Y, sin embargo, Castillo ha prescindido de su ministro de Salud, Hernando Cevallos, el mejor valorado por la ciudadanía por su exitosa estrategia de vacunación contra el covid-19. En su lugar, ingresa Hernán Condori, un médico al que se relaciona con teorías cercanas a la pseudociencia.

El nombramiento de Condori obedece a la nueva correlación de fuerzas en el seno del gobierno. Castillo pertenece al partido Perú Libre, cuyo fundador y líder, Vladimir Cerrón, recupera cuotas de poder al colocar a uno de sus fieles en Salud, una cartera estratégica en estos momentos. Cerrón, de ideología marxista-leninista, lidera la facción más ortodoxa de Perú Libre, aquella que no ve con buenos ojos los acercamientos del mandatario hacia sectores socialdemócratas como el que abandera Verónika Mendoza, dirigente de Nuevo Perú. Con la caída de Mirtha Vásquez, el centroizquierda perdió peso en el gobierno, si bien Castillo ha tratado de compensar a ese espacio político con el nombramiento ahora de una referente del feminismo, Diana Miloslavich, al frente del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, una cartera que hasta hace unos días ostentaba Katy Ugarte, una populista con ideas retrógradas sobre las cuestiones de género. El giro a la izquierda del gobierno, con ministros afines a las diferentes corrientes de Perú Libre, queda matizado sin embargo con la continuidad en el Ministerio de Economía y Finanzas de Oscar Graham, un tecnócrata neoliberal.

Gobierno "cortoplacista"

Para el politólogo Fernando Tuesta, la estrategia de Castillo al conformar el nuevo gobierno no va a solucionar la grave crisis institucional y política que atraviesa Perú, y busca tan solo la supervivencia a corto plazo. "No hay nada que permita pensar que este gabinete sea distinto a los anteriores por la composición del mismo -explica Tuesta en conversación telefónica desde Lima-, porque el deterioro de la gestión pública y la permisividad hacia su entorno, con las evidencias de corrupción, no han cambiado. Hay que recordar que muchos de los problemas del presidente han sido motivados por sus propias declaraciones, por los nombramientos de personas con serios problemas o por escándalos de corrupción. En ese sentido, es difícil imaginar un gabinete de larga duración. Se trata, al contrario, de un gobierno cortoplacista".

El objetivo del nuevo gabinete, según Tuesta, es simplemente lograr los apoyos necesarios en el Congreso para ganarse la confianza de la Cámara y frenar una hipotética moción de "vacancia" (proceso de destitución). En un Congreso de 130 legisladores, se necesitan dos tercios (87 votos) para que salga adelante la propuesta de destitución. Y Castillo se habría asegurado al menos 44 apoyos, suficientes para sortear una emboscada parlamentaria. Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular, las formaciones más a la derecha, ya intentaron en diciembre, sin éxito, la tramitación de una moción de "vacancia" por "incapacidad moral permanente" del presidente. Esta práctica parlamentaria extrema se llevó por delante a los dos predecesores de Castillo. Pedro Pablo Kuczynski dimitió en marzo de 2018 antes de someterse a la votación cuando la oposición ya había reunido los 87 votos. Y Martín Vizcarra fue depuesto por esta vía en noviembre de 2020. Tuesta cree que la oposición de ultraderecha seguirá proclamando en sus discursos la amenaza de la “vacancia”, pero no la propondrán hasta que no estén seguros de contar con los votos necesarios.

A Castillo, no obstante, no le va a ser fácil llegar hasta el final de su mandato en 2026 si continúa abonado a la inestabilidad. Mirtha Vásquez -quien reemplazara en octubre al primer jefe del Consejo de Ministros, Guido Bellido (afín a Cerrón)- describía hace unos días en una entrevista con el diario El Comercio la caótica forma de gobernar de un mandatario rodeado por una camarilla de asesores de su provincia cajamarqueña con una influencia notable en las decisiones gubernamentales. Vásquez salió del gobierno tras la negativa de Castillo de respaldar al exministro del Interior Avelino Guillén en su intento de denunciar actos de corrupción en la policía. La exprimera ministra colocó en su cuenta de Instagram una caricatura de un periódico en la que ella aparece como bombera, impotente ante el fuego provocado por un hombre que porta una antorcha y lleva un sombrero parecido al de Castillo. Esa imagen simboliza, a juicio de Vásquez, lo que se cuece cada día en el Palacio de Gobierno, donde los ministros tienen menos acceso al presidente que los asesores áulicos de su tierra.

Los constantes vaivenes de Castillo y las acusaciones por corrupción o comportamientos indebidos que pesan sobre algunos de sus colaboradores han ensombrecido la agenda social con la que el profesor rural cautivó a los sectores populares del país. De momento, el presidente peruano ha perdido otra oportunidad para encauzar el rumbo. Y continúa embarcado en un viaje a ninguna parte.

10/02/2022 11:38

Publicado enInternacional