Las paradojas de las socialdemocracias nórdicas

La socialdemocracia gobierna hoy los cuatro países nórdicos –Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca–, luego de gobiernos conservadores y del crecimiento de las extremas derechas. No obstante, la masa de votos a los socialdemócratas no ha aumentado y han crecido partidos a su izquierda. Si sumamos el reciente triunfo del Partido Socialdemócrata de Alemania, se puede ver que la socialdemocracia es una fuerza debilitada, pero que todavía mantiene su vigencia.

El 14 de octubre de 2021 Noruega vio la llegada de un gobierno socialdemócrata tras ocho años de dominio de la derecha. Los cuatro países nórdicos –Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia– se encuentran así bajo la conducción de partidos del mismo signo político1. La «crisis de la socialdemocracia», tan debatida a escala internacional, es un fenómeno complejo. El ejemplo nórdico no anuncia la superación de una crisis histórica, sino que pone de relieve varios aspectos de su complejidad. 

En general, no fue por avances electorales que la socialdemocracia volvió al poder en estos países. En el caso de Noruega, el Partido Laborista (dna, por sus siglas en noruego) perdió en realidad 1,1% de los votos desde 2017, y con 26,3% obtuvo poco más de una cuarta parte de los sufragios. El Partido Socialdemócrata de Finlandia (sdp, por sus siglas en finlandés) sí logró un leve crecimiento en 2019, pero apenas llegó a 17,7% y quedó muy por debajo de sus resultados del siglo xx. En el caso danés, aunque la socialdemocracia tuvo un ligero retroceso en los comicios y pasó de 26,3% en 2015 a 25,9% en 2019, el porcentaje alcanzado terminó siendo suficiente para expulsar a la derecha y formar un nuevo gobierno. El Partido Socialdemócrata de Suecia (sap, por sus siglas en sueco) registró el peor resultado electoral de su historia desde la introducción del sufragio masculino cuasi universal en 1911 y cayó a 28,3%, luego del 31% de 2014. Sin embargo, después de largas negociaciones, los números conseguidos le permitieron mantener el cargo de primer ministro al que había accedido en 2014.

¿Por qué las elecciones generaron gobiernos liderados por socialdemócratas en los cuatro países nórdicos? Lo que ocurrió, básicamente, fue que el paisaje político se vio reconfigurado por la caída (o la exclusión de las coaliciones de gobierno, en el caso de Suecia) de los partidos xenófobos y por el significativo avance de las fuerzas situadas a la izquierda de la socialdemocracia. El Partido Popular Danés perdió prácticamente 60% del apoyo que había obtenido en 2015, en parte porque los socialdemócratas han abrazado su programa antiinmigratorio. En el campo de la extrema derecha, lo obtenido por el Partido del Progreso de Noruega se redujo casi un tercio con respecto a 2017. Los Verdaderos Finlandeses perdieron apenas 0,2% y los Demócratas de Suecia sumaron en 2018 4,8% más que en 2014, pero este ascenso no hizo más que reafirmar su exclusión por parte de dos de los cuatro partidos burgueses (como se los denomina en Suecia). En el campo político opuesto, hubo una mejora de los partidos de izquierda y de la Liga Verde finlandesa. Dinamarca y Noruega tienen ahora dos partidos ubicados a la izquierda de la socialdemocracia en sus parlamentos, que crecieron en conjunto 2,6% y 3,9%, respectivamente. A su vez, aumentó 2,3% el respaldo al Partido de la Izquierda de Suecia y 1% a la Alianza de la Izquierda de Finlandia. 

En resumen, las últimas elecciones parlamentarias permitieron a los partidos socialdemócratas llegar al gobierno en los países nórdicos porque su menor caudal de votos terminó siendo compensado por el crecimiento de fuerzas situadas a su izquierda y porque las combinaciones políticas de derecha quedaron debilitadas ante el retroceso de los principales partidos burgueses y el declive o exclusión de su crucial apoyo xenófobo. Cabe destacar que los socialdemócratas alemanes lograron acceder recientemente a la Cancillería en un contexto de similar ambigüedad. Aunque el Partido Socialdemócrata de Alemania (spd, por sus siglas en alemán) tuvo un crecimiento en los comicios de septiembre de 2021 (se despegó de su mínimo histórico de 20,5% en 2017 y alcanzó un 25,7%), este resultado estuvo 13 puntos porcentuales por debajo del respaldo que había obtenido cuando encabezó un gobierno por última vez (en 2002). Los porcentajes conseguidos por el spd en la votación de 2021 fueron incluso inferiores a los de 1898. La presencia de un canciller socialdemócrata no se debe tanto a la fortaleza del spd, sino más bien a una caída récord de la Unión Demócrata Cristiana (cdu) y a un máximo histórico de Los Verdes.

El conglomerado nórdico de política y clase

Los resultados paradójicos de estos comicios ponen de relieve la importancia del sistema electoral y de partidos políticos. Todos los países nórdicos tienen sistemas parlamentarios (no presidenciales). La única república es Finlandia (el resto son monarquías constitucionales), pero su presidente tiene funciones principalmente simbólicas. Las elecciones parlamentarias se realizan por representación proporcional por encima de un cierto umbral; el más alto es el de Suecia, con 4% del total de votos para acceder al Parlamento. El sistema en cuestión propicia una fragmentación multipartidaria. En la actualidad hay diez partidos representados en el Parlamento danés, nueve en los de Finlandia y Noruega, y ocho en el de Suecia. En Finlandia, el sdp se convirtió en la primera fuerza del país, con 17,7% de los votos, apenas algo más que el 17,5% reunido por el partido xenófobo de los Verdaderos Finlandeses. El sistema de partidos de las democracias proviene de la historia vinculada a la formación del Estado-nación, la estructura de clases del país, el perfil religioso de la población y las huellas dejadas por las experiencias contingentes fundamentales de la nación. 

El sistema de partidos de los países nórdicos constituye un conglomerado con características propias. En la sección incluida a continuación, examinaremos su configuración histórica, pero antes es necesario considerar los principales factores contingentes que han repercutido en las recientes elecciones de la región y en sus resultados gubernamentales. 

Entre esos factores, se destacan dos. Uno es la nueva fuerza política que aparece en la mayoría de los países europeos: los partidos xenófobos y antiinmigración. Estos partidos están presentes y son importantes en todos los países nórdicos. Las variantes más exitosas han resultado las de Dinamarca y Noruega, que en ambos casos crecieron hasta obtener más de 20% de los votos en un par de elecciones. Los xenófobos daneses han sido un apoyo crucial para los gobiernos liberales de derecha en las primeras dos décadas de este siglo xxi; los de Noruega y Finlandia, a su vez, integraron coaliciones oficialistas de derecha. Demócratas de Suecia ha sido rechazado hasta hace poco por sus pares burgueses tradicionales, lo que dificultó la formación de gobierno. A esta organización se le adjudica un carácter tóxico por dos razones: por un lado, las elites de Suecia tienen mucho menos temor a la inmigración que las de otros países nórdicos; además, la variante local se origina en movimientos neonazis y explícitamente racistas de fines de los años 80 y principios de los 90, mientras que las de los otros tres países proceden de un populismo derechista prexenófobo. Esto ahora está cambiando de cara a las elecciones de 2022, para las cuales los xenófobos suecos han sido acogidos en un nuevo bloque burgués. 

Sin necesidad de adentrarse demasiado en la historia, podemos decir que existe una raíz esencial para el actual sistema de partidos que proviene de la formación del Estado-nación: los Estados nórdicos son antiguos órdenes políticos de carácter periférico, que se remontan hasta la Edad Media y tienen poblaciones bastante homogéneas desde el punto de vista étnico. La Noruega posmedieval se convirtió en parte del reino de Dinamarca y luego, durante el siglo xix, fue forzada a ingresar en una unión dinástica con Suecia. Finlandia formó parte de Suecia hasta 1809, cuando fue conquistada por Rusia. Aunque estas experiencias dejaron sus lógicas marcas, no implicaron divisiones traumáticas. La heteronomía previa a 1800 era prenacionalista y la nueva administración del siglo xix en Finlandia y Noruega incluyó una autonomía constitucional y cultural. Los asuntos internos quedaron en manos de las elites locales. A pesar de que hubo algunas negociaciones tensas, tanto la independencia de Noruega como la de Finlandia fueron concedidas sin violencia por la monarquía sueca en 1905 y por la Unión Soviética en 1918, respectivamente. Es por todo ello que en las democracias nórdicas jamás se estableció ningún partido hegemónico imperial o nacionalista. Tampoco surgió ningún partido demócrata cristiano importante. Las iglesias estatales luteranas dejaron los asuntos relacionados con el derecho de familia y la educación en manos del Estado y nunca intentaron en realidad organizar a la clase obrera industrial. Las «iglesias libres» disidentes sí lo intentaron, pero no pudieron llegar muy lejos porque estaban demasiado fragmentadas entre sí. Hace 100 o 150 años se orientaban al liberalismo democrático y a menudo no estaban en contra de un creciente movimiento obrero con características autónomas. Privados en gran medida de activos aptos para la movilización popular, como el nacionalismo, la hostilidad étnica y la religión moderna y politizada, los partidos conservadores de los países nórdicos no lograron adquirir nunca un predominio político a través del sufragio universal. 

En particular, hay dos características en la estructura de clases de estas naciones que resultan muy pertinentes en este contexto. Una es la autonomía de los campesinos y agricultores, basada en el trabajo de su propia tierra y en una organización cultural, cooperativa y política. Los agricultores nórdicos han sido muchas veces conservadores pero sin filiación institucional, a partir de la percepción de sus propios intereses de clase y no por la influencia de sacerdotes o terratenientes. Esta autonomía de clase fue decisiva para el avance político de la socialdemocracia nórdica en la década de 1930. Tomando como eje una política de empleo y apoyo a los precios agrícolas en un trasfondo de crisis posliberal, se desarrollaron entonces coaliciones o acuerdos entre partidos socialdemócratas y agrarios. Así ocurrió en Dinamarca y Suecia en 1933, en Noruega en 1935 y en Finlandia en 1937. 

En comparación con la Europa occidental continental, la región nórdica se urbanizó e industrializó de manera tardía, rápida y exitosa. Las implicancias de clase de este proceso se reflejaron sobre todo en dos aspectos. Antes de que apareciera el movimiento obrero de inspiración marxista, había pocos rastros de una burguesía urbana moderna en el terreno social y político. El rápido desarrollo socioeconómico dio entonces fuerza y recursos al movimiento obrero, que adquirió una suerte de predominio político en los años 1930 y –más allá de algunas fisuras y retrocesos en las décadas de 1970 y 1980– lo mantuvo durante 50 o 60 años hasta la llegada del nuevo milenio.

Movilización y desmovilización de la clase obrera

El movimiento obrero nórdico creció con una fortaleza única bajo las premisas antes mencionadas. La socialdemocracia finlandesa fue el primer partido laborista europeo en ganar una mayoría parlamentaria (con 47% de los votos en 1916) y el segundo en el mundo, después de Australia (en 1910). Este éxito se debió en gran medida a su pronta llegada a los pequeños agricultores y trabajadores rurales. En Suecia, los partidos socialdemócrata, socialista y comunista obtuvieron en conjunto más de la mitad de los sufragios en 1932-1952, 1958-1970, 1982, 1985 y 1994, mientras que la socialdemocracia lo hizo por sí sola en 1940 y 1968; en Noruega, todas las elecciones celebradas desde 1945 hasta 1969 inclusive dieron como resultado una mayoría absoluta de los partidos laboristas. Los partidos obreros solo obtuvieron la mayoría de los votos en Dinamarca y Finlandia una vez, en 1966. Las mayorías obreras en los países nórdicos estuvieron siempre dominadas por la socialdemocracia, excepto en Finlandia. Las divisiones generadas a causa de la Revolución Rusa han obstaculizado desde entonces la adhesión a la socialdemocracia finlandesa, que debe compartir el voto de la clase trabajadora con un partido comunista fuerte. 

El voto de clase (medido por el simple índice de Alford como la diferencia entre el porcentaje de trabajadores manuales que votan por el laborismo y el porcentaje de clase media que opta por esa misma corriente, o por métodos estadísticos más sofisticados) ha sido extraordinariamente fuerte en los países nórdicos, mayor que en cualquier otro lugar de Europa, en Australia o en el mundo de las elecciones democráticas. Pese a la importante caída experimentada desde 1960 en Suecia y Noruega y desde 1970 en Dinamarca y Finlandia, el voto de clase sigue siendo menos débil que en otros países2. Pero en los comicios suecos de 2018, por primera vez al menos desde el avance ocurrido a comienzos de la década de 1930, solo una minoría de los trabajadores se inclinó por los partidos laboristas: un tercio por la socialdemocracia (lo que significó un retroceso respecto al 43% de 2014) y una décima parte por el Partido de la Izquierda. Alrededor del 30% habitual respaldó a los partidos burgueses tradicionales, mientras que 25% apoyó ahora a Demócratas de Suecia, la extrema derecha3

En las últimas décadas, los sindicatos se han debilitado y alejado mucho de los políticos socialdemócratas. No obstante, sus organizaciones se han sostenido claramente mejor que los partidos socialdemócratas. La mayoría de los trabajadores nórdicos siguen perteneciendo a asociaciones gremiales. Con niveles que van desde 50% en Noruega hasta 67% en Dinamarca, los cuatro países de la región son los más sindicalizados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)4.

Cuatro tonos de rosa

Los cuatro gobiernos nórdicos actuales, liderados en todos los casos por socialdemócratas, se diferencian por sus antecedentes, limitaciones y ambiciones. Solo uno de ellos cuenta con mayoría parlamentaria: la coalición finlandesa, que está integrada por cinco partidos. En cuanto al color, el abanico abarca desde un tono más azulado que rosa, como en la continuidad gubernamental sueca, hasta el rojo escarlata del gabinete reformista noruego. En el medio están la coalición finlandesa y la minoría unipartidista danesa; ambas se acercan a la orientación noruega, aunque aparentemente existe algo más de proximidad en el caso danés que en el finlandés. 

En Suecia hubo cambio de gobierno en 2014, cuando una alianza de cuatro partidos burgueses fue desplazada después de ocho años en el poder. La alianza estaba encabezada por los conservadores tradicionales, el Partido Moderado, quienes imitaron directamente a Tony Blair en su adaptación a las políticas de Margaret Thatcher. El partido fue rebautizado como Los Nuevos Moderados y protegió a la población con empleo, lo que incluyó un total respeto por los derechos sindicales y la defensa contra la Unión Europea. Al mismo tiempo, impuso medidas de austeridad sobre la gente que dependía de los beneficios del Estado y promovió una política agresiva dirigida a la privatización y mercantilización de la educación y otros servicios públicos. Respecto a la inmigración, el gobierno fue abierto y acogedor. 

El cambio de gobierno de 2014 no fue el resultado de un giro significativo a la izquierda. Los tres partidos ubicados en el espacio de centroizquierda con presencia parlamentaria registraron en realidad una variación nula en los votos: el crecimiento alcanzado por los socialdemócratas y el Partido de la Izquierda en conjunto (0,4%) terminó compensado con el retroceso de los Verdes (-0,4%). Sin embargo, hubo un nuevo partido de izquierda, Iniciativa Feminista, que con 3,1% no logró entrar al Parlamento. Obtuvieron un triunfo los xenófobos Demócratas de Suecia, que incrementaron sus votos en 7,3%, sobre todo a expensas de los partidos tradicionales de derecha. La centroderecha y la centroizquierda acordaron entonces que la fuerza con más apoyo formaría gobierno sin tener en cuenta a la extrema derecha. Los socialdemócratas pudieron configurar así una coalición de minorías con los Verdes, dejando al Partido de la Izquierda excluido de las funciones, pero no de las negociaciones sobre asuntos sociales. Si bien el gobierno resultante consiguió restablecer algunos beneficios sociales, todos los intentos por refrenar la mayor absorción corporativa de servicios sociales financiados con impuestos se vieron detenidos en el Parlamento por la oposición conjunta de los burgueses y los xenófobos. Durante la crisis europea de refugiados en 2015, el gobierno socialdemócrata mantuvo la política de puertas abiertas impulsada por la administración previa; al principio lo hizo con un amplio respaldo público, aunque pronto se multiplicaron las opiniones críticas, particularmente entre la clase trabajadora. 

Las elecciones de 2018 arrojaron un resultado similar al de 2014: ni la derecha tradicional ni la centroizquierda obtuvieron la mayoría, y Demócratas de Suecia volvió a convertirse en el eje con más fuerza que nunca y un incremento de 4,7% en sus votos. Pero esta vez la centroizquierda se debilitó por el retroceso de la socialdemocracia, que con una caída de 2,3% llegó a su mínimo histórico. Aun así, los tres partidos de la centroizquierda reunieron 144 escaños contra 143 de la derecha tradicional (en 2014 el balance era de 159 a 141, sobre un total de 349). Dos de los partidos burgueses habían roto el acuerdo de 2014 dirigido a ignorar a los xenófobos, pero otros dos seguían aferrados a él. Tras cuatro meses de negociaciones se alcanzó un nuevo acuerdo entre los partidos Socialdemócrata, Verde, del Centro y Liberal, que facilitó una continuidad de la coalición socialdemócrata-verde. 

El Partido del Centro, que tuvo su origen como Liga de los Agricultores (aliada crucial de los socialdemócratas en las décadas de 1930 y 1950) y mutó en el más neoliberal de toda Suecia, consiguió lo que buscaba: el denominado Acuerdo de Enero con sus 73 puntos. En su introducción se declaraba explícitamente que, según el Acuerdo, el Partido de la Izquierda no tendría ninguna influencia sobre la orientación política del país durante el siguiente periodo parlamentario. Sin embargo, para llegar a asumir el poder, el gobierno dependía de los votos de ese partido. Después de algunas conversaciones para limar asperezas con Stefan Löfven, el líder socialdemócrata, la dirigencia izquierdista se tragó la afrenta más allá de sus fuertes advertencias frente a dos de los 73 puntos: la flexibilización de la ley de protección del empleo y la abolición del control sobre los alquileres. 

Los 73 puntos incluían, entre otras cosas, una reducción de impuestos para las capas de ingresos más altos, un esquema general de bajas impositivas y aumento del apoyo a las empresas, un recorte drástico a la bolsa pública de trabajo y su reemplazo por «actores independientes», junto con una mayor facilidad para que los empleadores puedan despedir. Tampoco se intentaría poner un límite a las ganancias de los particulares en los servicios sociales ni en la educación, y se fortalecerían los derechos de propiedad privada sobre bosques y costas. En términos socioeconómicos, se trataba de un programa más neoliberal que el de los ocho años de alianza burguesa transcurridos entre 2006 y 2014. Lo único de tinte progresista fueron algunas medidas ambientalistas y una mayor cantidad de días de licencia paga para los progenitores empleados que vivieran con niños. 

En junio de este año, el Partido de la Izquierda retiró su apoyo como consecuencia de la introducción de alquileres a precios de mercado, y el gobierno cayó. Pero la reforma también cayó y el gobierno retornó. Su manejo de la pandemia consistió en secundar a la autoridad sanitaria encargada de decidir las políticas del área, de manera menos contundente y exitosa que la gestión del covid-19 de los otros gobiernos nórdicos, pero con mejores resultados que el resto de Europa. Quizás los deslucidos gobiernos de Löfven hayan logrado algo potencialmente importante: el electorado del Partido del Centro ha cambiado, o más bien ha sido (en parte) intercambiado. Tras la dimisión de Löfven como líder socialdemócrata y por ende como primer ministro, su sucesora –la ex-ministra de Finanzas Magdalena Andersson– debió obtener la confianza parlamentaria. Según encuestas realizadas entre votantes del Partido del Centro, una gran mayoría prefiere ahora a la candidata socialdemócrata por sobre su rival del Partido Moderado. Esto podría significar el comienzo de una larga orientación hacia la centroizquierda, aunque de cara al futuro inmediato la dirigencia de la agrupación centrista se ha atrincherado en posiciones de un liberalismo económico acérrimo. 

Los protagonistas en la historia noruega también son el socialdemócrata Partido Laborista y el Partido de Centro, aunque uno de los actores y el contexto son muy diferentes. La agrupación mencionada en segundo término se formó, al igual que en Suecia, como Partido de los Agricultores, pero permanece mucho más arraigada al mundo rural en un país menos urbanizado. Noruega mantiene un nivel de servicios públicos rurales que ha sido abandonado en Suecia. El Partido de Centro noruego no ha sido cooptado por el liberalismo de una clase media urbanizada y, junto con el Partido de la Izquierda Socialista, jugó un papel clave en la exitosa resistencia contra los planes de adhesión a la ue impulsados por socialdemócratas y conservadores. 

El contexto de la reciente formación de gobierno en Noruega fue una clara derrota del Partido Conservador y su principal socio en la coalición (hasta 2020), el xenófobo y neoliberal Partido del Progreso. Juntos perdieron 8,3% de los votos, después de haber gobernado durante ocho años unidos a dos aliados de derecha más pequeños. Los vencedores electorales fueron el Partido de Centro y dos agrupaciones situadas a la izquierda de la socialdemocracia, que a su vez tuvo un retroceso. La primera opción de los socialdemócratas era un gobierno mayoritario del Partido Laborista (26% de los votos), Centro (13,5%) e Izquierda Socialista (6%). Pero esta última fuerza, insatisfecha con la propuesta, se retiró de las negociaciones. El Laborista y el Partido de Centro procedieron entonces a formar una coalición de minorías, tolerada por la Izquierda Socialista y el Partido Rojo (2,4%), que sumó 89 de los 169 escaños. 

La plataforma de gobierno es un llamado explícito a una reforma: «Las elecciones de 2021 definían qué tipo de sociedad es la que queremos. Los resultados arrojaron una mayoría histórica en favor de una dirección nueva y más justa para el país. (...) Tras ocho años en los que aumentaron las diferencias y la centralización, el gobierno trasladará el poder a la gente común en todas las áreas de la sociedad». Se promete defender y promover el Estado de Bienestar de manera vigorosa. «No se comercializarán las prestaciones sociales fundamentales, y el nuevo gobierno reducirá significativamente el alcance de los actores comerciales en el área del bienestar. (...) El gobierno apuntará a reducir el uso de mecanismos del mercado en todos los ámbitos del Estado de Bienestar. (...) Es necesario limitar la actual lógica del mercado, la gestión por objetivos y la privatización de los servicios de salud». Cabe destacar que, de todos modos, estas últimas tendencias están menos difundidas que en Suecia, donde los socialdemócratas incluso se han visto forzados a profundizarlas para permanecer en el poder5

El límite al reformismo noruego, algo típico en la mayoría de los reformismos, está dado por la estructura económica de poder. En la Noruega contemporánea, el núcleo de esa estructura es el sector (mayormente público) del gas y del petróleo. Dos semanas antes de la Conferencia de Glasgow sobre cambio climático, la plataforma de gobierno declaraba lo siguiente: «Se desarrollará la industria petrolera noruega, no se la desmantelará. (...) Se seguirán dando permisos para realizar exploraciones de petróleo y de gas en nuevas áreas»6. Esa es una de las principales razones por las cuales la Izquierda Socialista no se unió al gobierno. 

Mientras la política parlamentaria contemporánea de los tres países escandinavos suele describirse en términos de dos bloques compuestos por la izquierda y la derecha (aunque en la práctica eso no se ve con tanta frecuencia ni con tanta claridad), la situación partidaria en Finlandia es de una promiscuidad general, en la que cualquier alianza es posible. De hecho, en una ocasión los socialdemócratas y los conservadores gobernaron juntos. En otra, al igual que en Noruega, el partido xenófobo (los Verdaderos Finlandeses) ha sido incluido en el gobierno. Esta despolarización es un fenómeno de las últimas décadas. Anteriormente, en comparación con los demás países nórdicos, Finlandia mostraba grietas mucho más profundas, que se remontaban a la sangrienta guerra civil de 1918 entre los trabajadores y campesinos «rojos» y los burgueses y propietarios agrícolas «blancos». Después de la división entre comunistas y socialdemócratas, estos últimos nunca lograron convertirse en un partido dominante con 40%-45% de los votos, como en los otros países nórdicos; debieron conformarse con ser la primera minoría con 25%, y luego decayeron. 

Sin embargo, bien puede decirse que la actual coalición conducida por la socialdemocracia es un gobierno de centroizquierda, sobre todo con Sanna Marin, la primera ministra designada en segundo término7. En el bloque están incluidos el sdp (17,7% de los votos); el Partido del Centro, líder del anterior gobierno luego golpeado en las urnas (13,8%, con una caída de 7,3%); la Liga Verde (11,5%); la Alianza de la Izquierda (8,2%); y el Partido Popular Sueco de Finlandia (4,5%), que representa a la pequeña pero políticamente hábil minoría de habla sueca y es un integrante casi permanente de cualquier coalición. 

En 2019 el gobierno de coalición, liderado por el Partido del Centro y acompañado por el conservadurismo tradicional de Coalición Nacional y la derecha xenófoba de los Verdaderos Finlandeses como coprotagonistas, convocó a elecciones anticipadas. El Parlamento había rechazado su principal propuesta, vinculada a una reorganización del sistema de salud. Tenía dos ingredientes fundamentales: un traslado administrativo desde municipalidades hacia nuevas regiones y el apoyo a la intervención de agentes comerciales, impulsado por el Partido de Coalición Nacional. La salida de los Verdaderos Finlandeses y de Coalición Nacional inclinó la balanza gubernamental hacia la izquierda. La nueva coalición logró que su variante de reforma sanitaria fuera aprobada por el Parlamento en junio de 2021. Incluía a las nuevas regiones con responsabilidad sobre las prestaciones de salud y mostraba una clara orientación igualitaria y pública. «El objetivo central de la reforma será reducir las desigualdades en salud y bienestar», decía la declaración gubernamental, que luego agregaba: «El sector público será el principal proveedor de los servicios (...) el sector privado y el tercer sector actuarán como proveedores complementarios». 

A diferencia de lo ocurrido en Noruega, la declaración gubernamental del nuevo gabinete finlandés no contiene ningún quiebre explícito con el pasado, sino que destaca el compromiso de proteger y desarrollar el Estado de Bienestar. «Nuestro objetivo es transformar Finlandia de manera tal que para 2030 sea sostenible desde el punto de vista social, económico y ecológico. En un Estado de Bienestar nórdico es la economía la que está al servicio de la población, no al revés». También hay una promesa igualitaria. «Finlandia será un país más justo y equitativo (...). Se reducirán las desigualdades en salud, bienestar e ingresos, y habrá una mayor inclusión social». Se señala asimismo: «Más gente se enfrenta ahora al riesgo de pobreza y exclusión. El gobierno actuará con determinación para reducir la pobreza y la exclusión, especialmente entre los jubilados y las familias con niños». La «Finlandia justa, igualitaria e inclusiva» es uno de los siete «temas estratégicos» de la coalición, que mencionan en primer lugar una «Finlandia con neutralidad en carbono, que proteja la biodiversidad»8. Al igual que los gobiernos de Dinamarca y Noruega, el gabinete finlandés mostró una reacción rápida y vigorosa frente a los efectos del covid-19. El apoyo a la socialdemocracia pegó un salto temporal hacia el verano de 2020; registró un aumento de casi 6% en relación con el resultado electoral, para luego volver al nivel inicial. La intervención más dramática del gobierno se produjo a comienzos de 2020, cuando el virus parecía propagarse más allá de la capital. Se convocó entonces al Ejército para que aislara la región metropolitana del resto del país. 

La inmigración y la xenofobia se han convertido en grandes problemas en todos los países nórdicos y han generado nuevos partidos de extrema derecha de magnitud considerable en todos ellos. Estas agrupaciones se incorporaron al ámbito de la política tradicional de manera más temprana y profunda en Dinamarca que en el resto de la región. En ese país, la legislación reciente incluye normas migratorias cada vez más restrictivas, políticas de asimilación forzosa y para destruir la concentración en «guetos» de los inmigrantes y su descendencia, así como castigos especiales y más severos para los delitos cometidos por quienes viven en esas zonas. Entre los exponentes tradicionales, el Partido Liberal se puso a la vanguardia de esta tendencia y gobernó Dinamarca durante la primera década del siglo xxi con el apoyo del xenófobo Partido Popular Danés. El mayor perjudicado por esta alianza liberal-xenófoba fue la socialdemocracia, enfrentada a una extrema derecha posicionada como alternativa en favor del Estado de Bienestar, pero solo para los nativos. Los socialdemócratas se adaptaron gradualmente al nuevo clima cultural, pero nunca lo suficiente. 

La política electoral danesa tiene una particular volatilidad debido a la cantidad de partidos que superan el bajo umbral (2% de los votos) y cuentan con representación parlamentaria. A pesar de un nuevo retroceso socialdemócrata (esta vez, pequeño) y de un ligero crecimiento del Partido Liberal para transformarse en la primera minoría, el dominio de la coalición de derecha se quebró en 2011 como consecuencia de un gran avance del Partido Social Liberal9 y del desastre sufrido por los conservadores. La coalición de centroizquierda resultante luego fue depuesta en 2015 pese a la significativa mejora de los socialdemócratas (que se convirtieron en el partido más votado) y al derrumbe de los liberales. El gran vencedor fue el xenófobo Partido Popular Danés, mientras que los dos socios de la coalición socialdemócrata sufrieron una dura caída. La coalición liberal de derecha regresó entonces al poder. En 2019 la ruleta se detuvo nuevamente en el color rojo. En comparación con las cifras previas, los socialdemócratas descendieron un poco y el Partido Liberal creció. Pero el Partido Popular Danés prácticamente colapsó y un partido liberal más pequeño también perdió votos, situación a la que se contrapuso el avance del Partido Social Liberal y de los dos partidos ubicados a la izquierda de la socialdemocracia. 

Tras la debacle de 2015 dimitió la líder de los socialdemócratas Helle Thorning-Schmidt, apodada «Gucci Helle» –elegante personaje de la Tercera Vía, que apuntaba a hacer de Dinamarca un «Estado de competencia»– y su sucesora marcó otro rumbo. Mette Frederiksen venía del ala izquierda del partido y el nuevo rumbo tenía dos aspectos principales: uno era el retorno a la socialdemocracia del Estado de Bienestar y la Primera Vía; el otro era el compromiso de una política antiinmigración dura. Funcionó en términos del rompecabezas parlamentario. Los votos perdidos por el Partido Popular Danés se distribuyeron de manera variada y fueron a parar a partidos xenófobos desperdigados, a los liberales y también a los socialdemócratas, que captaron una gran parte. De todos modos, estos últimos no obtuvieron un crecimiento neto, ya que dejaron ir votos hacia la izquierda y hacia sectores más cosmopolitas de los social-liberales. 

La mejor manera de gestionar las dos caras del nuevo rumbo era a través de un gobierno minoritario unipartidista que buscara apoyo en las fuerzas de derecha para las políticas migratorias y en la izquierda para las políticas sociales. Frederiksen propuso ese objetivo en su campaña electoral, por lo cual después no hubo negociaciones de coalición. Sin embargo, para ser primera ministra tuvo que obtener el respaldo de la izquierda y de los social-liberales, lo que dio lugar a una declaración conjunta titulada «Dirección justa para Dinamarca». En ella se afirma que las elecciones de 2019 le han dado a Dinamarca «una oportunidad histórica para establecer una nueva dirección política»10. La declaración es un catálogo bastante concreto de objetivos en materia de políticas, sin propuestas de reformas o proyectos trascendentes. Se trata de una socialdemocracia claramente correctiva. Las ambiciones son modestas, se resumen en la frase «Fortaleceremos nuevamente nuestro bienestar». Entre los requisitos básicos para la política económica del gobierno, se señala la necesidad de que «no aumenten las brechas económicas en la sociedad, que no se reduzcan los impuestos en los sectores más altos y que no se deteriore la red de seguridad social». Se promete un fondo para la mejora del bienestar (welfare lift) equivalente a más de 1.000 millones de dólares para 2025. «El dinero ha de invertirse en el crecimiento de los niños, en educación y en una mejor capacitación para combatir la pobreza, reducir la desigualdad y asegurar un buen marco de condiciones a las empresas danesas». La política climática es más ambiciosa y plantea objetivos vinculantes. También hay una sección sobre inmigración y sobre Dinamarca en el mundo, en la cual se suaviza la estridente retórica nativista utilizada por Frederiksen en su campaña. 

La socialdemocracia nórdica ha venido sufriendo una merma en su caudal electoral, con una caída de 30%-40% respecto a los resultados de las décadas de 1950-1960. No obstante, aún ocupa una posición central en los sistemas partidarios nacionales. Pese a todo su éxito anterior, no ha suprimido la oposición a su izquierda. Con el tiempo, esta última se ha convertido en una socialdemocracia más de izquierda, especialmente tras la desaparición del comunismo, pero su importancia ahora crece a partir del retroceso socialdemócrata. Por el momento, los partidos de izquierda –hay dos en Dinamarca y Noruega, uno en Finlandia y uno en Suecia– son más fuertes en Dinamarca. En las últimas elecciones parlamentarias, la relación entre la socialdemocracia y la izquierda fue de 2 a 1. En los comicios municipales de noviembre de 2021, el más radical de los dos partidos daneses de izquierda, la Lista de Unidad de la Alianza Roji-Verde, obtuvo 24,6% de los votos y puso fin a un siglo de dominio electoral socialdemócrata en Copenhague, que se derrumbó hasta 17,3%.

Conclusión: perspectivas de la socialdemocracia

La presencia de gobiernos (liderados por) socialdemócratas en los cuatro países nórdicos no indica hoy una nueva tendencia política, ni siquiera si se considera que una coalición alemana del mismo signo ha asumido sus funciones durante el proceso de escritura de este artículo. La volatilidad electoral y las eventuales secuelas derivadas de sistemas partidarios móviles y fragmentados generan incertidumbre respecto a las perspectivas de la socialdemocracia en la región. En principio, su actual posición gobernante significa dos cosas: por un lado, confirma y ratifica el final de la hegemonía del neoliberalismo, desplazado por su evidente incapacidad para enfrentar la pandemia. Lo hicieron las fuerzas conservadoras con un cambio de rumbo, el Congreso de Estados Unidos, la Comisión de la ue y los tories británicos. Ahora se lo sigue haciendo para proteger los Estados de Bienestar más desarrollados. En segundo lugar, las recientes elecciones celebradas en el norte de Europa demuestran que la socialdemocracia es una fuerza debilitada pero que todavía tiene vigencia. Se encuentra en una crisis, pero esta crisis no es terminal. 

El desencadenamiento de la crisis climática y el consecuente llamamiento a una profunda transformación social ofrecen una oportunidad para que la socialdemocracia desarrolle un programa integral de reformas. El ala progresista de los demócratas lo ha hecho en eeuu con su Nuevo Pacto Verde (Green New Deal), hoy devaluado por el ala derecha del partido. Por desgracia, no ha surgido esa ambición en los movimientos socialdemócratas del norte de Europa. No existe una visión socioecológica amplia en las declaraciones gubernamentales de los países nórdicos, ni en el programa electoral o el acuerdo de coalición del spd. Mientras se destaca el objetivo de alcanzar la neutralidad en carbono para 2045, la política climática hace hincapié en la competitividad nacional, la creación de empleo y el liderazgo internacional. La declaración del gobierno danés de 2019 lo sintetiza: «El mercado mundial de la transición hacia una economía verde está creciendo (...). Para las empresas danesas es una oportunidad única, que será aprovechada». En su discurso de asunción, la nueva líder socialdemócrata y primera ministra sueca Magdalena Andersson saludó «el comienzo de una revolución industrial verde en Suecia». En Alemania, el reciente acuerdo de coalición entre socialdemócratas, verdes y liberales tiene la misma perspectiva: «Vemos el camino hacia un mundo neutral en co2 como una gran oportunidad para la posición industrial de Alemania». 

Al parecer, los socialdemócratas del norte de Europa se ven a sí mismos sobreviviendo cómodamente como si fueran administradores de un capitalismo verde en enclaves privilegiados, mientras el mundo –según la ciencia del clima– se torna cada vez más hostil. Sin embargo, las perspectivas inciertas denotan que quizás no sea esa la última palabra de la socialdemocracia europea.

Nota: traducción del inglés de Mariano Grynszpan.

1.

En realidad, hay cinco países nórdicos soberanos. El quinto es Islandia, pero ha sido excluido del presente análisis porque tiene una población de apenas 370.000 habitantes y un sistema específico de partidos con una socialdemocracia débil; hoy el país es gobernado por una peculiar coalición de izquierda y derecha liderada por la primera ministra Katrín Jakobsdóttir, perteneciente al Movimiento de Izquierda-Verde.

  • 2.

Paul Nieuwbeerta: The Democratic Class Struggle in Twenty Countries, 1945-1990, Nimega, Ámsterdam, 1995, tabla 2.5; Amory Gethin, Clara Martinez-Toledano y Thomas Piketty (dirs.): Clivages politiques et inégalités sociales. Une étude de 50 démocraties, EHESS/Gallimard/Seuil, París, 2021, p. 46 y cap. 4.

  • 3.

Datos obtenidos a partir de sondeos en los centros electorales.

  • 4.

OCDE: Trade Union dataset, disponible en https://stats.oecd.org/. El promedio de la OCDE es de 16%. En realidad, hay un país más sindicalizado que estos cuatro casos: Islandia, que también es un país nórdico, aparece en el primer lugar con una tasa de 92%.

  • 5.

Ya antes de los consabidos 73 puntos incluidos en el Acuerdo de Enero de 2019, el Estado de Bienestar se había visto más socavado por las privatizaciones y la mercantilización en Suecia que en el resto de los países nórdicos. Ver Mats Hallenberg: «Den privatiserade välfärdsstaten» [El Estado de Bienestar privatizado] en Erik Bodensten et al. (eds.): Nordens historiker [Historiadores de los países nórdicos], Universidad de Lund, Departamento de Historia, Lund, 2018.

  • 6.

Las citas textuales han sido extraídas de la Plataforma de Hurdal, denominada así por la localidad y el hotel donde se forjó el programa y disponible en www.regjeringen.no.

  • 7.

Antti Rinne, líder del Partido Socialdemócrata desde 2014, había sido designado primer ministro tras las elecciones de 2019, pero se vio obligado a renunciar después de un conflicto con los trabajadores del servicio postal que desencadenó grandes huelgas de solidaridad con un amplio apoyo social.

  • 8.

Todas las citas textuales han sido extraídas del programa oficial de gobierno de la primera ministra Marin, «Osallistava ja osaava Suomi. Sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta» [Finlandia inclusiva y competente: social, económica y ecológicamente sostenible], 2019, disponible en https://valtioneuvosto.fi.

  • 9.

El nombre oficial del partido es Izquierda Radical, pero no refiere a la izquierda clásica sino que se trata de una antigua escisión del Partido Liberal, denominado a su vez Venstre («Izquierda» en danés).

  • 10.

Citas textuales extraídas de la edición de www.alltinget.dk/misc.

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Un manifestante con el rostro cubierto mira durante una protesta contra los asentamientos judíos en la aldea de Beta, en la Cisjordania ocupada por Israel. — Mohamad Torokman / Reuters

Mahmud Abás, que lleva más de tres lustros en el poder, no ha conseguido frenar la expansión y anexión israelí. A ello se añade que preside un gobierno cuyo único interés radica en perpetuarse sin hacer frente a los problemas de una sociedad hastiada e inconformista con la realidad que le rodea.

 

La sociedad palestina en Cisjordania se dirige a paso veloz hacia una quiebra segura que el presidente Mahmud Abás trata de contener con maniobras dilatorias, aunque sus acciones al servicio de Israel la están acelerando. El malestar económico a raíz del continuado incremento del coste de la vida y, sobre todo, el malestar social derivado de la ausencia de esperanzas políticas se encuentran detrás del deterioro.

A sus 86 años Abás no ha designado a un sucesor, una circunstancia que agrava la situación, si bien ninguno de los candidatos in pectore parece reunir las condiciones necesarias para aglutinar a la mayoría de la población. El resultado es que un cielo negro se proyecta sobre los territorios ocupados en la guerra de 1967 que Israel se ha anexionado de facto.

El último movimiento de Abás ha consistido en la designación de un número de cargos de relevancia en la Organización para la Liberación de Palestina, un hecho que todo el mundo interpreta como el deseo de atar cabos ante un hipotético relevo en la presidencia que no podrá demorarse mucho debido a la avanzada edad del mandatario.

Mientras esto ocurre en palacio, los incidentes que se suceden sobre el terreno señalan que el fuerte aparato policial de la Autoridad Palestina, dirigido desde Israel, también está presentando fracturas importantes en relación con la seguridad y la represión de la resistencia mientras se suceden protestas espontáneas y populares por toda Cisjordania.

Repercusión en forma de movimiento contra Abás

Cualquier suceso que hasta hace unos meses no tenía repercusión suscita ahora movimientos callejeros que a menudo se dirigen contra el presidente Abás. Recientemente, la demolición de una casa cerca de la localidad de Yenín, al norte de Cisjordania, perteneciente a un miliciano a quien Israel acusó de matar en diciembre a un colono judío que residía en el vecino enclave "ilegal" de Homesh, derivó en sonadas protestas.

El palestino de la calle está debidamente informado de lo que sucede por todas partes. En el barrio de Sheij Yarrah, en la Jerusalén ocupada, decenas de residentes están a punto de ser expulsados de sus casas por las fuerzas de ocupación y no consta que Abás esté moviendo ficha.

Hace solo unos días el ejército mató a tres palestinos de las Brigadas al Aqsa, las milicias de Fatah, el partido de Abás, y las autoridades palestinas apenas han condenado la actuación de los soldados contra el vehículo en el que viajaban los tres milicianos a plena luz del día en el corazón de la ciudad de Nablús, que solo en teoría está bajo control de los palestinos.

"Ilegítimo, divisorio y exclusivo"

Los medios palestinos y hebreos publican a diario informaciones sobre la debilidad y el declive de la Autoridad Palestina, de manifestaciones continuas de miles de personas desafectas con la gestión de Abás en ciudades como Hebrón o Nablús, protestas contra el caos en la seguridad y la explosión de los precios en los alimentos y la energía, donde se exigen respuestas y medidas prácticas inmediatas para resolver los problemas, medidas que nunca llegan.

Hace solo unos días el Consejo Central Palestino de la OLP se reunió bajo la dirección de Abás con el objetivo de consolidar la autoridad del presidente. Numerosas facciones acusaron a Abás de convocar con ese fin un cónclave que calificaron de "ilegítimo, divisorio y exclusivo". La división de las fuerzas palestinas es cada día más evidente y nada augura que esta tendencia vaya a cambiar.

Las últimas elecciones presidenciales se celebraron en 2005, poco después de la muerte de Yaser Arafat, y desde entonces Abás ha hecho y deshecho a su antojo permitiendo que Israel ahonde en la anexión de los territorios ocupados, hasta llegar a un punto que a muchos les parece irreversible.

Las últimas elecciones parlamentarias se celebraron hace 16 años. En 2007 Hamás, que había ganado esas elecciones de manera clara, tomó el poder en la Franja de Gaza y ha gobernado desde entonces en la Franja a pesar de las duras sanciones y restricciones impuestas por Israel, que impulsa la división palestina siempre que se le presenta una oportunidad.

En un intento de calmar el resentimiento de la población, el Consejo Central Palestino anunció que congelaba la coordinación de seguridad entre la Autoridad Palestina e Israel. Sin embargo, nadie cree que este anuncio tenga una base real puesto que es el ejército israelí el que sostiene a Abás, quien de otra manera tendría que abandonar la presidencia de manera inmediata.

Abás, sin valor ni trascendencia

Hace ya cuatro años que la OLP aprobó la misma medida y nunca llegó a aplicarse. Los palestinos saben perfectamente que con este tipo de declaraciones Abás quiere transmitir que está al mando de la Autoridad Palestina, cuando en realidad todos los días se ve que no es así. A la gente le consta que los anuncios que haga Abás no tienen ningún valor ni trascendencia.

El Yediot Ahronot señala que los palestinos son conscientes de que la Autoridad Palestina no tiene absolutamente ningún control sobre la tierra y que más tarde o más temprano esto se traducirá en grandes problemas que de momento se van aplazando debido al completo sostén que el ejército israelí brinda a su presidente.

Durante más de tres lustros Abás ha demostrado que no es capaz de modificar la ocupación en lo más mínimo. Al contrario, Israel no deja pasar un día sin consolidarla y expandirla. A su edad, no podrá continuar mucho tiempo en el cargo, de manera que las posibilidades de que la situación explote parecen estar a la vuelta de la esquina.

21/02/2022 23:24

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Puerto Rico: el pobre subsidiando al millonario

Protestas callejeras multitudinarias llevaron este mes a más de 35 mil maestros, bomberos y otros trabajadores a inundar las calles de San Juan. En relación al estallido, la senadora del Partido Independentista de Puerto Rico, María de Lourdes Santiago Negrón, declara a la agencia MCM en nota que resumimos: "Ante la entrada de más de mil inversionistas aventureros para apuntalar la dominación colonial de Puerto Rico por parte de Estados Unidos, los puertorriqueños tienen dos caminos, que son, la pasividad y el exilio, o, la reacción política de desafío".

La senadora más votada en los pasados comicios y presa durante las protestas por la retirada de la marina yanqui de Vieques, afirma que "estos ricos aventureros individuales vienen a sustituir lo que en otra época fue la exención de impuestos en Estados Unidos de que gozaban las subsidiarias de corporaciones estadunidenses en la isla. Así, el privilegio pasa de grandes corporaciones productivas a particulares que no tienen que producir algo".

La política estadunidense se encuentra atascada luego de fracasar los anteriores modelos de Washington y la élite política puertorriqueña. Los puntales de la estrategia actual son la emisión por el gobierno de Puerto Rico de una nueva deuda impagable con los inversionistas buitres de Wall Street y la protección de más de un millar de ricos aventureros que llegan a comprar las tierras y las propiedades de los puertorriqueños "a sobreprecio", porque no tienen que pagar ni un centavo de impuestos por sus ganancias personales, además de otros beneficios.

Santiago rechazó que eso sea un desarrollo propio del capitalismo y dijo que el gobierno colonial, con tal de buscar una manera de estabilizar el dominio estadunidense, está "distorsionando las reglas del mercado" para favorecer a los capitalistas que llegan del extranjero.

"Esto no es la libre empresa", dijo Santiago, "es el desbalance que, a conciencia, crea el Estado en contra de los pobres". El resultado: "la gente pobre subsidiando al millonario"( https://bit.ly/3JEtf5B).

Twitter: @aguerraguerra

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Sábado, 19 Febrero 2022 05:13

Una respuesta equilibrada a la inflación

 "No deberíamos atacar un problema del lado de la oferta reduciendo la demanda y aumentando el desempleo". Foto Afp

En Estados Unidos, y en buena parte del mundo, el actual aumento de precios ha despertado un amplio debate. Tener claras las causas del problema puede evitar que se tomen medidas que arruinen la vida de los trabajadores.

Si bien se anticipó que podría haber escasez de oferta cuando la economía global volviera a abrirse después de los confinamientos del covid-19, esta escasez ha demostrado ser más extendida, y menos transitoria, de lo que se había pensado. En una economía de mercado gobernada, al menos en parte, por las leyes de la oferta y la demanda, uno espera que la escasez se refleje en los precios. Y cuando los aumentos de precios individuales se agrupan, lo llamamos inflación, la que hoy está en niveles que no se habían visto durante muchos años.

De todos modos, mi mayor preocupación es que los bancos centrales reaccionen de manera exagerada, aumentando las tasas de interés en exceso y obstaculizando la recuperación incipiente. Como siempre, quienes están en la base de la escala de ingresos serían los más afectados en este escenario.

PETRÓLEO Y SEMICONDUCTORES

En los datos más recientes se destacan varias cosas. Primero, la tasa de inflación ha sido volátil. El mes pasado, los medios hicieron un gran alboroto por la tasa de inflación anual del 7 por ciento en Estados Unidos, mientras que no observaron que la tasa de diciembre era poco más de la mitad que la tasa de octubre. Sin ninguna evidencia de una espiral inflacionaria, las expectativas del mercado –reflejadas en la diferencia en retornos de los bonos indexados por inflación y los bonos no indexados por inflación– han sido debidamente acalladas.

Una causa importante de inflación más alta han sido los precios de la energía, que en 2021 aumentaron a una tasa anual ajustada estacionalmente del 30 por ciento. Existe una razón por la que estos precios se excluyen de la «inflación núcleo». A medida que el mundo se aleja de los combustibles fósiles –como debe hacerlo para mitigar el cambio climático–, es probable que se registren algunos costos transicionales, porque la inversión en combustibles fósiles puede declinar más rápido de lo que aumentan los suministros alternativos. Pero lo que estamos viendo hoy es el ejercicio evidente del poder de mercado de los productores de petróleo. Conscientes de que sus días están contados, las compañías petroleras están echando mano a cualquier retorno que todavía puedan conseguir.

Los precios elevados de la gasolina pueden ser un gran problema político, porque todos los consumidores tienen que lidiar con ellos constantemente. Pero no es arriesgado decir que, una vez que los precios de la gasolina regresen a niveles precovid más familiares, no alimentarán ningún impulso inflacionario. De nuevo, los observadores sofisticados del mercado ya lo reconocen.

Otro gran problema son los precios de los autos usados, que han puesto de manifiesto problemas técnicos en la manera en que se construye el índice de precios al consumidor. Los precios más altos significan que los vendedores están en mejor posición que los compradores. Pero el índice de precios al consumidor en Estados Unidos (a diferencia de otros países) capta solo el lado del comprador. Esto apunta a otra razón por la cual las expectativas de inflación se han mantenido relativamente estables: la gente sabe que los precios más altos de los coches usados son una aberración de corto plazo que refleja la escasez de semiconductores, que actualmente limita la oferta de autos nuevos. Hoy sabemos cómo fabricar autos y chips tan bien como hace dos años, de modo que todo da para pensar que estos precios caerán, dando lugar a una deflación mesurada.

Asimismo, dado que una gran proporción de la inflación de hoy es consecuencia de problemas globales –como la escasez de chips y el comportamiento de los cárteles petroleros–, es una grosera exageración echar la culpa de la inflación a un excesivo apoyo fiscal en Estados Unidos. Por sí solo, Estados Unidos puede tener solo un efecto limitado en los precios globales.

UNA CURA PEOR QUE LA ENFERMEDAD

Efectivamente, Estados Unidos tiene una inflación ligeramente más alta que Europa, pero también ha experimentado un crecimiento más sólido. Las políticas estadounidenses impidieron un incremento masivo de la pobreza, cosa que podría haber ocurrido si no se las hubiese implementado. Al reconocer que el costo de hacer demasiado poco sería inmenso, los responsables de las políticas en Estados Unidos hicieron lo correcto. Es más, algunos de los aumentos de salarios y precios reflejan el equilibrio saludable de la oferta y la demanda. Se supone que los precios más altos indican una carencia y redireccionan los recursos a «solucionar» la escasez. No señalan un cambio en la capacidad productiva general de la economía.

La pandemia claramente expuso una falta de resiliencia económica. Los sistemas de inventarios «justo a tiempo» funcionan bien siempre que no exista un problema sistémico. Pero si se necesita A para producir B, y se necesita B para producir C, y así sucesivamente, es fácil ver cómo incluso una alteración pequeña puede tener enormes consecuencias.

De la misma manera, una economía de mercado tiende a no adaptarse tan bien a grandes cambios, como un cierre casi completo seguido de un reinicio. Y esa transición difícil se produjo después de décadas de perjudicar a los trabajadores, esencialmente a aquellos en la base de la escala salarial. No sorprende que Estados Unidos esté experimentando una «gran renuncia», con trabajadores dejando sus empleos en busca de mejores oportunidades (véase «Que la tortilla se vuelva», Brecha, 21-X-21). Si la reducción resultante de la oferta de mano de obra se traduce en aumentos salariales, comenzaría a rectificar décadas de débil o inexistente crecimiento salarial real (ajustado por inflación).

Por el contrario, apurarse a amortiguar la demanda cada vez que los salarios empiezan a aumentar es una manera segura de garantizar que con el tiempo el salario de los trabajadores se vea perjudicado. Con la Reserva Federal de Estados Unidos ahora considerando una nueva postura, es momento de observar que los períodos de cambio estructural rápido muchas veces exigen una tasa de inflación óptima más alta, debido a las rigideces nominales a la baja de salarios y precios (lo que implica que lo que sube rara vez cae). Ahora estamos en un período de estas características y no deberíamos entrar en pánico si la inflación supera la meta del 2 por ciento del banco central –una tasa para la cual no existe ninguna justificación económica–.

Cualquier recuento honesto de la inflación actual debe estar acompañado de un gran descargo: como no hemos pasado por algo así antes, no podemos estar seguros de cómo evolucionarán las cosas. Tampoco podemos estar seguros de qué hacer con la gran renuncia, aunque es innegable que los trabajadores de más abajo tienen muchos motivos para estar enojados. Muchos trabajadores en los márgenes pueden verse obligados a regresar al trabajo una vez que se les acaben las reservas de efectivo, pero si están descontentos, eso bien puede reflejarse en las cifras de productividad.

Esto sí es lo que sabemos: un aumento importante y generalizado de las tasas de interés es una cura peor que la enfermedad. No deberíamos atacar un problema de suministros reduciendo la demanda y aumentando el desempleo. Eso amortiguará la inflación si se lo lleva lo suficientemente lejos, pero también arruinará la vida de la gente.

Lo que necesitamos, en cambio, son políticas estructurales y fiscales específicas destinadas a desbloquear los cuellos de botella de la oferta y ayudar a la gente a enfrentar las realidades de hoy. Por ejemplo, en Estados Unidos los cupones para alimentos para los necesitados deberían indexarse según el precio de los alimentos, y los subsidios a la energía (combustible), según el precio de la energía. Más allá de esto, un recorte impositivo de «ajuste por inflación» por única vez para los hogares de bajos y medios ingresos los ayudaría a atravesar la transición pospandemia. Este recorte podría estar financiado por un gravamen a las rentas monopólicas de los gigantes petroleros, tecnológicos y farmacéuticos, entre otros, que ganaron una fortuna con la crisis.

por Joseph E. Stiglitz, premio nobel de economía, profesor de la Universidad de Columbia y execonomista en jefe del Banco Mundial.

17 febrero, 2022

(Publicado originalmente en Project Syndicate como «A balanced response to inflation».)

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El Gobierno de Pedro Castillo pacta con la ultraderecha en el Parlamento peruano

Con la finalidad de mantenerse en el gobierno y preservar sus privilegios, la bancada oficialista de Perú Libre y el nuevo gabinete ministerial presidido por Aníbal Torres, pactaron con la ultraderecha parlamentaria expresada en María Antonieta Alva, el fujimorismo y Renovación Popular. Esto le permitiría al gobierno obtener el voto de confianza para el nuevo gabinete Torres y a la derecha pro empresarial les asegura la mantención del piloto automático neoliberal y la vigencia del régimen del 93.

El pasado miércoles 16 de febrero, la ultra derechista presidenta del Parlamento peruano María Antonieta Alva, presidió una conferencia de prensa donde participaron los voceros de casi todas las fuerzas políticas que tienen presencia en el Congreso. Destacaron en este evento los representantes de los partidos conservadores y ultraderechistas Fuerza Popular de Keiko Fujimori, Renovación Popular del filo fascista Rafael López Aliaga y los representantes del partido gobiernista Perú Libre dirigidos por Vladimir y Waldemar Cerrón.

Todos los representantes de las diversas tiendas políticas que asistieron a esta conferencia de prensa se abrazaron simbólicamente y dejaron entrever que, de aquí para adelante, trabajarían juntos para superar los “impases” entre el Ejecutivo y el Legislativo, los cuales han potenciado significativamente el desprestigio de estos dos poderes del estado, al grado tal que en las últimas encuestas presentadas el domingo pasado en los medios de comunicación quedo evidenciado que la desaprobación del Congreso superaba el 70%, mientras que el 65% desaprobaba la gestión de Pedro Castillo a nivel nacional y en Lima la desaprobación al mandatario alcanzaba nada menos que el 79%.

Esta crisis de legitimidad de los poderes del estado y de los partidos políticos, no es nueva, sino recordemos la forma como cayeron los últimos presidentes – de PPK hasta Vizcarra, incluyendo el suicidio de Alan García y la judicialización de Toledo, Ollanta y Alberto Fujimori – a lo cual habría que sumarle el enorme desprestigio del Parlamento a quien el grueso de la población percibe como caja de resonancia de intereses económicos empresariales y personales, completamente desvinculados de las necesidades de las grandes mayorías. Esta profunda crisis, que nosotros siguiendo a Gramsci llamamos crisis orgánica, tiene sus causas estructurales en el agotamiento del modelo neoliberal y las instituciones políticas impuestas por Alberto Fujimori en los 90, las cuales fueron refrendadas jurídicamente por la Constitución de 1993.

El negarse a pelear por cambiar la actual Constitución, sus instituciones y a acabar con las políticas de ajuste neoliberal que rigen las políticas públicas, estaría llevando a que el presidente Pedro Castillo y sus aliados de Perú Libre se terminen aislando cada día mas de las demandas de cambio de los sectores populares y de la clase trabajadora que fueron los que, en primera y segunda vuelta, votaron masivamente por el profesor rural y hoy empiezan a sentirse estafados. Esta traición a sus promesas de campaña y la intención de quedarse en el gobierno a costa de lo que sea, ha generado que Pedro Castillo y Perú Libre avancen inexorablemente hacia la derecha, ya que con ello pretenden apaciguar la voluntad destituyente de este sector que sistemática y recurrentemente los amenaza con la vacancia.

Recordemos que, desde que Castillo piso palacio de gobierno, lo primero que hizo fue llamar a los perdedores de la primera y segunda vuelta, así como a los empresarios nacionales y extranjeros, para que juntos lleven adelante un gobierno de unidad nacional. Por esa razón, Castillo viajo a los Estados Unidos y llamo a los grandes capitalistas a invertir en el Perú, mantuvo en el BCR al banquero fondomonetarista Julio Velarde, se negó junto a Pedro Francke a aumentar el salario de los trabajadores y mantuvo la suspensión perfecta de labores que avalaba los despidos masivos.

El ejecutivo presidido por Pedro Castillo también autorizo, junto a los parlamentarios de Perú Libre, el ingreso de tropas norteamericanas al territorio nacional y puso como ministro de Relaciones Exteriores a un personaje como Oscar Maurtua que promovía el golpismo en Venezuela de la mano de la embajada Yanqui. Y cuando se dio la crisis del derrame de Petróleo en las playas de Ventanilla, el presidente y sus aliados jamás movieron un dedo para que a la transnacional imperialista Repsol se le quite la licencia de explotación y comercialización de petróleo y se nacionalice la refinería La Pampilla.

Como vemos, este acercamiento con la derecha y con los empresarios no es nuevo, sin embargo, en los últimos días pego un salto cualitativo, lo cual se evidencio con claridad con la designación del gabinete Valer y la separación del ejecutivo de los ministros centro izquierdistas que pertenecían al grupo liderado por Veronika Mendoza quienes, hasta antes de ser separados de sus cargos, habían mantenido un comportamiento obsecuente con el presidente y con Perú Libre.

Esta profundización del proceso de derechización del gobierno y de Perú Libre también se expresó en la aprobación de la ley que permite el retorno de las denominadas universidades “chicha” y en la aprobación de la ley que permite la desaparición del enfoque de género en la educación básica. Acá, los parlamentarios de Perú Libre y el sector magisterial afín a Pedro Castillo, votaron junto a lo más rancio de la ultraderecha peruana como el fujimorismo y la bancada de Renovación Popular.

No contentos con ello y para terminar de congraciarse con la ultraderecha, los congresistas de Perú Libre - hace unos días atrás – con sus votos blindaron al inefable y filo fascista ex general Jorge Montoya (congresista de Renovación Popular) y evitaron así que fuera sancionado en la comisión de ética del Congreso por difamar a la activista por los Derechos Humanos Gisela Ortiz a quien, el ex militar en cuestión, acuso falsamente de ser parte de sendero luminoso.

Va quedando claro entonces que, tanto la derecha y la ultraderecha, así como el cerronismo y el castillismo, para sobrevivir en sus cargos y para parar eventualmente el avance del desprestigio del ejecutivo y del legislativo que los podría poner en la calle si el pueblo se empieza a movilizar, habrían concretado un acuerdo político, previa repartija de cargos. Los próximos días son claves para ver cómo evoluciona esto, por el momento, lo real es que el gobierno y Perú Libre, por sus apetitos de poder, cada día que pasa se mimetizan más con la derecha y la ultraderecha y hacen suya su agenda reaccionaria.

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Miércoles, 16 Febrero 2022 06:26

Un Castillo bajo sitio

Un Castillo bajo sitio

¿Resistirá en la silla hasta el final del rodeo –las elecciones presidenciales de 2026– el maestro rural, expresión directa de las clases subalternas y provincianas, que arrebató el año pasado la presidencia de Perú a Keiko Fujimori, heredera del ex dictador encarcelado, por un puñado de votos?

A esta altura, seis meses después de que Pedro Castillo asumió el mandato –y las esperanzas y los anhelos volaban alto y a la izquierda–, las apuestas se inclinan más por la brusca interrupción que por una di­fícil continuidad. El hecho que en un solo semestre se haya llegado al cuarto gobierno añade un récord a Perú –el país de los cuatro presidentes en un año–, pero sobre todo dice mucho de la gran inestabilidad política de la nación.

Tras ganar las elecciones por sólo 44 mil votos, Castillo ha estado todo el tiempo bajo el fuego de una artillería pesada: primero por las acusaciones de fraude por Keiko Fujimori –casi mil denuncias completamente falsas, pero que lograron aplazar un mes la proclamación del resultado–, luego y hasta ahora por el rechazo que una sociedad tradicionalmente racista como la limeña reserva a un cholo, un hijo de campesinos, un comunero andino sin gran educación ni títulos que llega al máximo cargo.

La aversión al maestro rural se ha concretado hasta en amenazas de muerte: Rafael López Aliaga, más conocido por Porky por su cara suina, dueño del partidito de extrema derecha Renovación Popular, se ha permitido incitar al homicidio de Castillo sin que ello tuviese consecuencias legales.

Un primer intento de quitarle la presidencia utilizando la figura de "vacancia por incapacidad moral permanente" –una causal decimonónica que en realidad se refería a la salud física o mental del mandatario– ha fracasado por no obtener los votos necesarios en el Congreso, mayoritariamente derechista. El Congreso peruano –unicameral de 130 diputados– no ha parado de cocinar en su sótano el diseño de un golpe de Estado, "legal" o brutal, para sacar del poder a Castillo. Mientras, se ha dedicado a aprobar leyes descaradamente antipopulares, como la contrarreforma universitaria, que está provocando fuertes manifestaciones de parte de los jóvenes. Falta recordar que, en la segunda presidencia de Alan García (2006-11), empezaron a multiplicarse como hongos las universidades patito (allá le dicen trucha) y que, consecuentemente, se confió a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) evaluar el nivel de cada institución, licenciando las meritorias y haciendo las recomendaciones oportunas a las universidades que se revelasen carentes. Ahora bien, la ley recién aprobada por el Congreso socava las facultades de la Sunedu, quitándoles dientes e incorporándoles unos rectores, que se vuelven así juez y parte. Es claramente producto de una visión que considera la universidad como instrumento de enriquecimiento personal más que de cultura y capacitación del pueblo.

Sin embargo, la verdadera perla de la re­ciente producción legislativa es la norma –ob­viamente inconstitucional– que subordina el derecho del referendo a la aprobación del Congreso, en menoscabo de la soberanía popular. Esto explica el que el Poder Legislativo tenga un rechazo mayor a 75 por ciento y hay quien lo considera, políticamente hablando, como el mayor problema del país.

La mala leche de la derecha peruana es tan sobreabundante que desborda las fronteras nacionales. Es lo que enseña la visita de la presidenta del Congreso, Maricarmen Alva, a España en diciembre, aparentemente con la sola intención de denigrar el gobierno del odiado Pedro Castillo.

La diputada del PSOE Noemí Villagrasa reveló cómo, pisando cualquier regla diplomática, la presidenta Alva, conocida por ser de extrema derecha, ha solicitado al Congreso español una condena del gobierno de Castillo, acusándolo de ser "incompetente", "ilegítimo" y "capturado por el comunismo" y hasta deslegitimando las elecciones impecables que lo llevaron a la presidencia.

Inaugurado en 2016 como consecuencia de la derrota de Keiko Fujimori frente a Kuczynski, el conflicto entre el Legislativo y el Ejecutivo no da muestra de bajar de tono y sigue manteniendo paralizado un normal desenvolvimiento de la vida política nacional y reduciéndolo a estériles e infinitas escaramuzas. Tiene razón Castillo cuando denuncia la preparación de un golpe de Estado de parte de la derecha: un reportero del diario La República ha revelado una reunión del ala dura de la derecha –capitaneada por la infaltable presidenta del Congreso, Maricarmen Alva– en un restaurante limeño discutiendo la mejor estrategia para deshacerse del presidente cholo. Lo que AMLO llamaría un compló. Si bien ha sido apreciada la solidaridad que el Presidente mexicano ha ofrecido a su par peruano frente a los ataques de la prensa corporativa y de la oposición, sería muy reductivo creer que Castillo representa la izquierda peruana: es una izquierda, para cambiar, dividida y fragmentada, con un partido oficialista, Perú Libre, que acaba de dividirse en dos, una cerroniana y otra castillana, con Vladimir Cerrón que más que marxista-leninista –como la ha etiquetado el partido– se está revelando un perfecto chantajista. De hecho, Cerrón ha readquirido presencia en el gobierno gracias a la promesa de salvar la presidencia de Castillo ante un previsible, próximo ataque.

Por Gianni Proiettis, periodista italiano

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Miércoles, 16 Febrero 2022 06:14

El patriarcado climático capitalista racial

El patriarcado climático capitalista racial

El colapso climático es el cálido aliento tóxico del patriarcado capitalista supremacista blanco. Mujeres, feministas y personas LGBTQIA2S+ de todo el planeta vienen denunciando desde hace décadas que la crisis climática tiene raíces patriarcales. Tanto si se llaman ecofeministas, feministas climáticas o ecoqueer, las activistas feministas climáticas propugnan un “cambio feminista del sistema y no un cambio del clima”, como dice uno de los lemas del movimiento.

Mujeres y Feministas por la Justicia Climática se ha convertido en una fuerza transnacional que tiene su propio acrónimo particular: WFCJ. A medida que se acelera el calentamiento global, este movimiento redobla su activismo global por una justicia climática feminista en todos los continentes. Aunque WFCJ impulse la movilización global, nace de la resistencia y la acción localizadas a nivel comunitario, regional y nacional.

Transnacional

Las mujeres indígenas que defendieron los recursos hídricos en el Campamento de Standing Rock y su victoria frente a los promotores del oleoducto de acceso XL Dakota simbolizan las innumerables luchas localizadas contra los proyectos de minería extractiva encabezadas por mujeres indígenas en todo el planeta. Las campañas comunitarias de las mujeres campesinas de La Vía Campesina para combatir y desmantelar estructuras patriarcales domésticas cimentaron su activismo internacionalista en pro de un feminismo campesino frente a la agricultura industrial planetaria.

También está el Colectivo Ecofeminista Africano, que aboga por la recuperación de los bienes comunales y se opone a las empresas multinacionales y al neoliberalismo. El Movimiento Kurdo de Mujeres refuerza las alianzas ecofeministas transfronterizas a partir de la construcción en su tierra de una sociedad ecofeminista en Rojava. Asimismo está el bloque Queer Pink en la campaña contra el carbón en Alemania, Ende Gelände, que contesta la estructura cis-heteronormativa de un sistema patriarcal transnacional que destruye el clima. Estos son algunos ejemplos de actividades locales del feminismo ecológico que han construido solidaridades transnacionales con WFCJ en todo el globo.

Solidaridad

Las luchas locales son fundamentales para este movimiento. Son específicas, situadas históricamente e interseccionales. Nombrarlas es crucial para evitar afirmaciones esencialistas, etnocéntricas y universalistas sobre el género y el clima por encima de las fronteras. Los movimientos arriba citados construyen solidaridades entre luchas locales e intercontinentales, de la misma manera que las activistas académicas Linda E. Carty y Chandra T. Mohanty han explicado que son centrales para la construcción de movimientos feministas transnacionales exitosos.

En resumen, WFCJ no es monolítico. Carty y Mohanty también subrayan la necesidad de abordar y trabajar las dificultades de la divisoria norte-sur, un término utilizado para describir el acceso desigual a recursos materiales, a la producción de conocimiento y al poder en general entre las mujeres del norte global y las del sur global, tanto históricamente como en la actualidad. Las mujeres de WFCJ se reúnen para implementar esta clase de solidaridad en escenarios internacionales para la acción climática. Esto demuestra que al igual que la resistencia climática, la justicia climática feminista no solo es nacional, sino que es global.

Liberador

En una presentación en línea realizada en 2020, Ruth Nyambura, ecologista política keniana y cofundadora del Colectivo Ecofeminista Africano, expuso las complejidades de lo que llamó políticas de solidaridad feministas transnacionales. Subrayó la importancia de “trabajar colectivamente, con cuidado y ternura, para transformar las luchas locales en luchas globales”. Explicó cómo “nuestras luchas no solo son parecidas, sino que parece que combatimos a los mismos poderes”, que “el contexto que nos une es real, pero también lo es el que nos divide…” y cómo “mucha gente… también experimenta los efectos y secuelas de la colonización”.

También formuló una propuesta vital para el movimiento cuando declaró que “mi llamamiento no es a favor de una solidaridad romantizada, sino a que nos comprometamos de verdad con sus posibilidades. Pensemos cómo podrían ser esos nuevos mundos liberados”. Las palabras de Nyambura también vinieron acompañadas de un mensaje de posibilidades anticapitalistas y descoloniales como cuestiones centrales de la visión del movimiento.

La Red de Mujeres para la Tierra y la Acción Climática (Women’s Earth & Climate Action Network, WECAN), la Organización de Mujeres por el Medioambiente y el Desarrollo (Women’s Environmental & Development Organization, WEDO), MADRE Global Women’s Rights y  Alternativas de Desarrollo con Mujeres por una Nueva Era (Development Alternatives with Women for a New Era, DAWN) son destacadas ONG climáticas de mujeres que propugnan los mundos liberadores que Nyambura nos invita a imaginar.

Sequías

La Agenda Feminista por un Nuevo Pacto Social Verde (Feminist Agenda For a Green New Deal, FemGND), la Escuela de Organización Feminista Indígena, la Escuela de Organización Feminista Internacional Berta Cáceres, la Unión Global de Mujeres Indígenas Cura da Terra Pre-Ella y el Grupo Mujeres y Género (Women and Gender Constituency, WGC) son algunas iniciativas impactantes que galvanizan un movimiento WFCJ transnacional. Son la primera línea de las comunidades que encabezan soluciones climáticas reales y robustas.

WFCJ impulsó una presencia popular y vibrante en la Conferencia sobre el Clima de Naciones Unidas COP26 de este año en Glasgow. Incluso Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), la congresista estadounidense, se unió a su plataforma climática antipatriarcal llevando una de sus máscaras “Feminist Climate Justice”.

Tal vez uno de los informes sobre clima y género que más ha circulado es el que muestra que las mujeres, especialmente las indígenas y las del sur global, son las que se ven más desproporcionadamente afectadas en todo el mundo por el cambio climático. Son ellas las que reciben los impactos y soportan las cargas más pesadas de las catástrofes naturales relacionadas con el cambio climático. Inundaciones, sequías, derrumbes, falta de agua, crecientes enfermedades infecciosas y problemas respiratorios golpean primero y con más saña a las mujeres.

Comunidades

Las mujeres constituyen el 80 % de la gente que se ve forzada a abandonar su hogar durante catástrofes climáticas, según estudios de Naciones Unidas. También tienen 14 veces más probabilidades que los hombres de morir a raíz de alguna catástrofe relacionada con el cambio climático. Las personas trans y no binarias, especialmente si son de color, también se ven afectadas desproporcionadamente por el cambio climático. Durante y después de una catástrofe ambiental se producen más actos de violencia física y sexual contra ellas. Asimismo se enfrentan a más peligros durante emergencias climáticas debido a que es menos probable que lleguen a ser evacuadas al encontrarse aisladas por culpa de la discriminación que sufren.

Phillip Brown, femme queer no binaria, activista de la justicia climática, artista y escritor, nos recuerda cómo “los cuerpos queer resisten, los cuerpos queer pertenecen, los cuerpos queer protegen”. Habiendo inmigrado a EE UU procedente de Kingston, Jamaica, a la edad de 18 años, Phillip me explicó una vez por qué las comunidades queer y trans son cruciales para la justicia climática. Cómo sus manifestaciones de autenticidad y la creación de comunidades se estructuran alrededor de la cooperación y el amor, que son parte integrante de la ética de cuidados necesaria para un mundo realmente justo desde el punto de vista climático.

Multiplicidad

Sin embargo, a pesar de que las cargas del cambio climático varían en función del género, el cambio climático también afecta de modo distinto a diferentes grupos de mujeres. No solo el género, sino también la raza y la clase determinan los impactos que tiene el calentamiento global en mujeres de distintas identidades, países y antecedentes sociopolíticos. Si este es el caso, ¿cómo es que mujeres y feministas de todos los continentes generan solidaridad en un movimiento transnacional por la justicia climática?

Si dices “el sistema”, ding ding ding… ¡correcto! (emoji de levantamiento de hombros). Pero espero que estés de acuerdo en que vayamos más allá y lo llamemos por su nombre: es el patriarcado climático. O más concretamente, el patriarcado climático capitalista racial, un sistema que devalúa a las mujeres y mercantiliza el planeta y que históricamente ha sido alentado y sostenido a través del colonialismo y el imperialismo y por imposición de modelos de familia y subjetividades cis-heterosexuales dominantes. También quisiera indicar que dentro de esta estructura transnacional existe una multiplicidad de patriarcados climáticos capitalistas raciales, una plétora de manifestaciones más específicas de un lugar o localizadas del sistema global del patriarcado climático capitalista racial.

Ecológico

Los patriarcados climáticos se caracterizan por localizaciones geográficas e historias sociopolíticas específicas y por personalidades subjetivas determinadas por género, raza y clase. Soy una mujer cisgénero blanca occidental (ella) y activista académica. Procuro iluminar la teoría que escribo junto con los movimientos activistas de base en los que participo. Llevo casi una década actuando con mujeres y feministas transnacionales por la justicia climática. Muchas de ellas son ahora mis amigas y compañeras más queridas.

La acción directa, la impresión de lemas feministas en pancartas por la justicia climática, la retirada de la insignia de la COP ‒de quién si no‒ y la búsqueda colectiva de ideas y soluciones para la resistencia climática feminista son algunas de mis experiencias en este movimiento, junto con las grandes almas que lo componen. He entrevistado a más de un centenar de mujeres WFCJ de docenas de países en actos muchas veces citados a ambos lados del Atlántico. He leído la teoría y la literatura que relaciona el género y el clima en todo el globo y la teoría ecofeminista que explica cómo ha ocurrido todo esto.

Desigualdades

Lo que está claro es que existe tanto una ciencia académica como una narrativa común de WFCJ sobre el impacto desproporcionado del clima en la labor ecológica y el trabajo basado en la tierra de las mujeres, su poder, sus cuerpos y sus epistemologías en el conjunto de este movimiento transnacional, pero de maneras marcadamente diferentes e interseccionales. Lo que une a WFCJ es un sentido compartido a la hora de calificar el sistema económico global de hoy, que tiene sus raíces en legados coloniales racistas, como causa histórica y actual responsable de su desempoderamiento y su subordinación al provocar y agravar el propio cambio climático.

Existe una estructura patriarcal climática capitalista racial a la que nos resistimos colectivamente. Sin embargo, afecta a todas nosotras de modo distinto, en función de nuestras posiciones localizadas específicas y nuestras historias materiales. Las cargas desproporcionadas del cambio climático que pesan en el género y la raza en todo el mundo no son una coincidencia, ni tampoco una especie de plan patriarcal global. Lo que nos muestran los datos empíricos es que el cambio climático agrava las desigualdades estructurales preexistentes de las mujeres.

Descolonial

Ataques internacionales a los derechos reproductivos, crisis de feminicidio, machismo incesante, trabajos infravalorados y no remunerados, crecientes niveles de pobreza y sinhogarismo, desplazamiento geográfico, nivel patológico en ascenso y tasas de violencia sexual cada vez mayores suenan como una lista sobrecargada que describe las puertas encendidas del infierno  patriarcal. Trágicamente, no es más que un resumen de las cargas estructurales desproporcionadas que las mujeres han tenido que soportar bajo el capitalismo durante cientos de años. La globalización y el neoliberalismo son los instigadores de esos ataques sin fronteras.

Tetet Nera-Lauron, activista WFCJ desde hace tiempo y asesora de la Rosa-Luxemburg-Stifung en su casa de Manila, Filipinas, me contó hasta qué punto las desigualdades sistémicas tienen sus raíces en una “mala lógica inherente a una arquitectura global quebrada comercial y financiera”. Añadió explicando cómo “en un contexto en que la covid-19 y la recesión económica cada vez más intensa magnificaron las vulnerabilidades preexistentes en todo el sur y el norte globales; la incapacidad del paradigma de desarrollo dominante de ofrecer soluciones justas y duraderas a las múltiples crisis devino más evidente que nunca antes”. En su reciente artículo Climate migration is a feminist issue, Nera-Lauron explica asimismo cómo en respuesta a las desigualdades de género sistémicas que conllevan impactos climáticos desproporcionados para las mujeres es preciso plantear un nuevo pacto social verde global, descolonial y feminista.

Renombrar

El término patriarcado climático capitalista racial no es un mero lema inventado sobre la marcha o un conjunto de palabras inconexas juntadas en una expresión, sino que pretende nombrar y explicar las jerarquías estructurales globales del poder y la opresión. El concepto tiene sus raíces en décadas de activismo feminista fundacional y de teorización sobre pautas sistémicas de opresión de género, raza y clase que se remontan a la década de 1970. Sistemas de opresión que se superponen en parte y configuran la economía capitalista global tal como la conocemos.

El patriarcado climático capitalista racial es una adaptación del patriarcado capitalista, un término acuñado por Zillah R. Eisenstein en 1978. Expresa que el capitalismo no es el único sistema causante de desigualdades globales y que la opresión capitalista también es patriarcal y racista, además de ser clasista. Trata de hallar las raíces más profundas de la desigualdad global y las ubica en la opresión de género racial.

En 1983, el profesor Cedric J. Robinson desarrolla y teoriza el término capitalismo racial. Este término abarca la relación interdependiente entre opresión racial y capitalismo global, planteada décadas antes por pensadores revolucionarios como W.E.B. Du Bois, Oliver Cromwell Cox y Frantz Fanon, entre otros. En la década de 1990, la gran profesora feminista bell hooks fusiona los términos de patriarcado capitalista y capitalismo racial, renombrando el sistema global con la expresión “patriarcado capitalista imperial supremacista blanco”.

Opresión

En una entrevista realizada en 2015 con el profesor George Yancy, hooks reafirma la importancia del término para el análisis estructural global actual, declarando que “… para mí, esta expresión siempre me remite a un contexto global, al contexto de clase, de imperio, de capitalismo, de racismo y de patriarcado. Todas estas cosas tienen que ver entre sí: un sistema interconectado”. Ese mismo año, la actriz y activista trans Laverne Cox dio su versión del término tuiteando: “En realidad, su patriarcado capitalista supremacista blanco imperialista cisnormativo heteronormativo…”. Esto añade a la panoplia la opresión estructural de los binarios cisgénero hegemónicos.

El patriarcado climático capitalista racial está basado en las aportaciones de estas pensadoras activistas. En su forma más divulgada es el patriarcado climático capitalista supremacista blanco imperialista cisnormativo heteronormativo. En la línea de estas pensadoras feministas y transnacionales del sistema mundo creo que es fundamental calificar la opresión climática de sistema raíz de opresión, interconectado inseparablemente de los demás.

Ecofeminismo

La opresión climática es extractiva y ecocida. Trata a las mujeres y los pueblos marginados del mismo modo que trata el planeta. Las activistas y académicas feministas ecológicas sostienen desde hace tiempo que no se puede liberar la naturaleza sin liberar a las mujeres y a las personas trans y no binarias. Afirman que la ideología fundacional del capitalismo del crecimiento continuo ‒que se manifiesta en forma de extracción infinita de recursos naturales finitos‒ viene habilitada por la subordinación interconectada de las mujeres, las gentes racializadas y marginadas y la naturaleza.

En su libro de 1974 Le féminisme ou la mort, la feminista francesa Françoise d’Eaubonne sostiene que una opresión histórica interconectada de las mujeres y el planeta se hallan en la raíz tanto de la crisis ambiental como de la opresión sistémica generalizada de las mujeres y que la crisis ambiental es de hecho un resultado de la opresión de las mujeres. Para D’Eaubonne, el remedio para esta crisis es el ecofeminismo, siendo Le féminisme ou la mort el libro en que se publicó por primera vez el término.

Bases

No obstante, feministas y activistas indígenas han articulado la doble subordinación de género y ambiental bajo el capitalismo desde el comienzo de la crisis climática. Más recientemente, Tom Goldtooth, director dine' y dakota de la Indigenous Environmental Network (IEN), intervino ante la asamblea general de la Coalición COP26 y subrayó que “el sistema que cosifica a las mujeres es el mismo sistema que cosifica a la Madre Tierra”. Sus palabras se hacen eco de las que pronunció la activista cree Melina Laboucan-Massimo cuando dijo que “la violencia contra la Tierra engendra violencia contra las mujeres”. Y hace muy poco la miembra del clan gidimt'en y defensora del territorio wet'suwet'en, Delee Nikal, expresó cómo “el feminicidio está directamente vinculado al ecocidio”.

El colonialismo es el vehículo que exportó el patriarcado climático capitalista racial a todo el mundo mediante proyectos de desarrollo e industrialización. “ El colonialismo causó el cambio climático” fue un mensaje central de las bases en la COP26 de este año.

Promesas

En el pleno de apertura, la activista climática maorí India Logan-Riley explicó cómo “el cambio climático es el resultado final del proyecto colonial, y en nuestra respuesta hemos de ser descoloniales, basarnos en la justicia y la atención a comunidades como la mía, que han soportado la carga de la codicia del norte global durante demasiado tiempo”. El patriarcado climático capitalista racial no es una estructura inamovible frente a la que no tengamos alternativas. Y las WFCJ no son víctimas, sino dianas, como han explicado muchas.

Además, las WFCJ y comunidades de primera línea siempre han liderado soluciones climáticas reales e innovadoras. Activistas de base siguen pugnando por el cambio sistémico necesario para salvar el planeta, pero les bloquearon el paso los guardianes de este sistema violento en el interior de la COP, los grupos de presión de los combustibles fósiles: había dos de ellos por cada persona indígena en esta COP; intervenciones de opereta de líderes mundiales contrayendo compromisos insólidos mientras incumplían promesas anteriores. La lógica institucional de la misma estructura de la COP está compuesta de las mismas fuerzas contra las que luchan estas activistas.

Interseccional

El último día de la conferencia, en el Pleno de los Pueblos, Ta'kaiya Blaney, del pueblo tla’amin, representó a los pueblos indígenas al explicar que “no vengo a mis colonizadores en busca de soluciones… ¡rechazamos las falsas soluciones de nuestros colonizadores!” El mensaje se hacía eco de las palabras de Riley en el comienzo de la conferencia cuando exclamó que “¡vuelve tierra, volved océanos!” es lo que equivale a justicia climática. Terminó con una advertencia a quienes frenan la acción climática real: “uníos o apartaos del camino”.

Las mujeres y feministas por la justicia climática también fueron explícitas con respecto a las demandas de justicia climática tanto dentro como fuera de la COP. Como me contó Andrea Vega Troncoso, de la Women’s Environment & Development Organization (WEDO), el movimiento no se detendrá hasta que no haya “un cambio feminista del sistema centrado en un feminismo interseccional con no más patriarcado, no más colonialismo y no más capitalismo”.

10/12/2021

Artículo publicado en The Ecologist

Publicado enMedio Ambiente
Miércoles, 16 Febrero 2022 06:10

¿A las puertas de un mundo posneoliberal?

¿A las puertas de un mundo posneoliberal?

 Aunque hay quienes afirman que la pandemia y la crisis climática son indicios del final del neoliberalismo, otros consideran que su caja de herramientas no está vacía. Para el posneoliberalismo hace falta una nueva política y un cambio de estructuras.

La pandemia de covid-19 ha provocado una conmoción global en la economía y la política. La preocupación por la caída del crecimiento, el colapso del sistema de salud y la inestabilidad política generó intervenciones estatales en muchos países del mundo que traen al recuerdo la crisis financiera mundial de 2008. Numerosos analistas interpretaron la crisis como un desafío a la hegemonía neoliberal, es decir, la orientación prioritaria de la economía hacia la liberalización, desregulación y privatización, y la orientación del Estado hacia el principio de competitividad global. Obviamente, el mercado no pudo reaccionar de modo adecuado a los fenómenos de la crisis. Análogamente, se multiplicaban con buenos motivos las voces que presagiaban el final de la hegemonía neoliberal en las relaciones económicas globales.

¿Son la crisis financiera global y la pandemia de covid-19 señales que apuntan a un modelo posneoliberal? ¿O el neoliberalismo sigue siendo el eterno paciente que resiste con valentía en el lecho de muerte? ¿Y qué será del orden neoliberal en el contexto de otro enorme y sin duda más fundamental desafío: la crisis climática? Hoy en día es inusual encontrar a alguien en una posición destacada que se juegue abiertamente para salvar el honor del neoliberalismo. Las voces antagónicas, por el contrario, se hacen oír más. Así, el ex-jefe del Banco Mundial Joseph Stiglitz afirmó que el neoliberalismo debía ser dado por muerto y sepultado.

Sin embargo, las políticas estatales concretas siguen siendo, en la actualidad, de cuño neoliberal. El neoliberalismo es influyente como práctica política y no tiene un plazo de vencimiento claro. Si bien los instrumentos del keynesianismo –grandes inversiones estatales– se utilizaron para construir el Estado de Bienestar en los países industrializados de Occidente tras la Segunda Guerra Mundial, el neoliberalismo se le ha plantado desde la década de 1970 como un rival muy fuerte.

De manera paradigmática y brutal, el neoliberalismo logró un temprano triunfo en el Chile del golpista Augusto Pinochet, donde los partidarios del economista de Chicago Milton Friedman, los llamados Chicago boys, destruyeron los logros socioeconómicos del socialista democrático Salvador Allende. El mantra neoliberal sobre el Consenso de Washington, surgido en la década de 1980 en el seno de las instituciones financieras internacionales y el gobierno de Estados Unidos, tuvo efecto a escala global. Los principios rectores de la macroeconomía keynesiana, que se expresaban en el modelo del Estado del Bienestar, fueron reemplazados por dos principios básicos: el énfasis en las libertades económicas individuales, con una defensa casi incondicional de la propiedad privada, y la orientación hacia un Estado competitivo, comprometido con el mercado y con cuatro instrumentos de gobierno: privatización, desregulación, recortes de impuestos y libre comercio.

Si bien las crisis del precio del petróleo y de endeudamiento de la década de 1970 se convirtieron en una admisión de derrota para el keynesianismo, el neoliberalismo sufrió un destino aparentemente similar con la crisis financiera mundial de 2008. Hubo un derrumbe bancario y la economía se contrajo. El desempleo y la agitación social aumentaron en todo el mundo. Como resultado, se consideró posible un cambio hacia un régimen posneoliberal «que se encargaría activamente de los riesgos sistémicos e impondría regulaciones restrictivas sobre las instituciones financieras y los mercados financieros». De hecho, el rescate de los bancos hizo que hubiera que dar marcha atrás, al menos temporalmente, con el principio de desregulación.

Sin embargo, el modelo neoliberal demostró ser notablemente resistente a sus adversarios y sus debilidades sistémicas inmanentes. Esto se hizo evidente en el corto plazo, cuando, por ejemplo, se lanzaron los programas de rescate para Portugal y Grecia, que obedecían a una estricta ideología de austeridad fiscal. Y el especulativo instrumento financiero de los derivados, operaciones a plazo que se basan en las fluctuaciones de precios esperadas, pronto volvió a aparecer: ya en diciembre de 2013 alcanzó nuevamente el nivel que tenía antes de la crisis.

La segunda gran crisis del siglo XXI fue acompañada por la pandemia de covid-19, que desató una verdadera recesión global en 2020. De manera similar a lo sucedido con la crisis financiera mundial, hubo intervenciones estatales masivas. Pero había una gran diferencia: dogmas neoliberales como la «austeridad fiscal» –por ejemplo, el «déficit cero» en Alemania– fueron cuestionados de inmediato, y «desaparecieron en menos de lo que se tarda en deletrear la palabra ‘quiebra’».

La pandemia de covid-19 condujo a un renacimiento y una relegitimación del Estado en los países industrializados de Occidente que fue mucho más allá del entusiasmo inicial causado por las intervenciones estatales en la crisis financiera mundial. No solo hubo empréstitos de amplio alcance y se abandonaron las políticas de austeridad, sino que, con una aceptación bastante amplia, el Estado también intervino en las libertades fundamentales del individuo, que son una piedra angular de la tradición del pensamiento liberal. Por ejemplo, libertad de movimiento; el derecho a encontrarse con otras personas en espacios públicos y privados sin restricciones; la libertad de asociación y el derecho a practicar una religión. Además, la protección de patentes, una vaca sagrada del neoliberalismo, fue cuestionada nada menos que por Joe Biden: una reglamentación de excepción de la Organización Mundial del Comercio (OMC) debía eliminar los derechos de propiedad intelectual de las empresas farmacéuticas privadas sobre las vacunas contra el covid-19, sostuvo durante un tiempo el presidente de Estados Unidos.

Aun cuando esto finalmente no sucedió: ¿son el retorno del Estado y la pretensión de hacer cumplir reglas vinculantes para el bien común los primeros indicios de un modelo antagónico a la ideología neoliberal? Hasta la pandemia de covid-19, se podía argumentar que las grandes crisis, incluida la crisis financiera mundial de 2008, nunca han podido hacer peligrar seriamente la primacía de los principios neoliberales. Más bien han servido, una y otra vez, como justificación para intervenciones estatales masivas que conservaron el sistema neoliberal y sus principales actores a expensas del público en general. Parecía que la resiliencia se había convertido en una característica y una receta para el éxito del modelo económico neoliberal. Las medidas del Estado para combatir la pandemia de covid-19 han sacudido, si bien parcialmente, esa resiliencia.

La crisis climática global es mucho más dramática y permanente que la crisis del covid. Es la condición permanente del siglo XXI y, junto con la amenaza nuclear, probablemente la mayor amenaza para la supervivencia humana. Durante mucho tiempo se ha intentado contrarrestar el cambio climático con recetas neoliberales, como el comercio de emisiones. Sus módicos éxitos indican claramente que se trata de instrumentos complementarios, pero no de palancas para la necesaria transformación socioecológica. En tanto dogma neoliberal, la confianza en las fuerzas del mercado como clave para combatir el cambio climático es tan difícil de explicar como la ingenua esperanza de que el Estado pueda esperar a que los consumidores y productores adopten un comportamiento ecológico virtuoso.

Por supuesto, la caja de herramientas neoliberal no está vacía, sino que puede apostar a la internalización de las externalidades, o sea, la inclusión de costos ecológicos en el precio de la carne y los boletos de avión, por ejemplo. Pero el interrogante es si el tiempo no es escaso como para imponer medidas prohibitivas a los consumidores. Equivaldrían –ya admitiéndolo abiertamente, ya ocultándolo en aumentos de precios acordes con el mercado– a sanciones y prohibiciones de comportamientos propios de una «forma de vida» supuestamente liberal que, como tales, pondrían en peligro las libertades de las generaciones futuras. Tales medidas combatirían eficazmente el cambio climático. Al mismo tiempo, deben ir acompañadas de sustanciales medidas de compensación social si no se quiere exacerbar las desigualdades y crear nuevas injusticias.

La pandemia de covid-19 ha demostrado que se pueden superar las normas neoliberales y renegociar las reglas institucionales que dan al Estado un papel proactivo. Sin embargo, hasta ahora hay poca evidencia de que ese modelo antagónico tenga también en cuenta la cuestión social. Los costos de las crisis amenazan más bien con distribuirse de manera muy desigual. Esto provocará resistencia en quienes viven en condiciones precarias y quienes dependen del sistema imperante, y dará impulso a los movimientos populistas de derecha. La transición a un modelo posneoliberal solo será posible si se hace una transformación no solo ecológica, sino también social.

Fuente: IPG

Traducción: Carlos Díaz Rocca

Publicado enEconomía
“La izquierda peruana va a cargar con los pasivos del gobierno de Pedro Castillo”

Entrevista a Fernando Tuesta Soldevilla, sociólogo y politólogo

Con un 60% de desaprobación ciudadana y denuncias de “falta de transparencia” en su proceder, el gobierno de Pedro Castillo está cada vez más bajo la mira. En una entrevista con el Dipló, el sociólogo Fernando Tuesta Soldevilla analiza la realidad peruana y el recorrido de Castillo hasta el momento.

Fernando Tuesta Soldevilla es uno de los mejores observadores de la política peruana. Su experiencia académica lo respalda: es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster y licenciado en sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), además de haber realizado estudios de doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Heidelberg. Sus reconocimientos profesionales no son menores: fue, entre 2000 y 2004, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE); entre 2005 y 2011 desempeñó el cargo de director en el Instituto de Opinión Pública de la PUCP y en 2019 fue presidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política.

Con ese bagaje, Tuesta analiza los seis primeros meses de gobierno del izquierdista Pedro Castillo, quien derrotó el año pasado a la derechista Keiko Fujimori en una elección presidencial muy polarizada. “Creo que, de alguna manera, se confirmó que el Presidente no tiene conocimiento sobre muchas materias y le falta preparación”, dice Tuesta a el Dipló como reflexión inicial a lo observado en los últimos días a raíz de las entrevistas concedidas por Castillo a tres medios de comunicación. La última, para la cadena CNN en Español, ha generado, sin duda, mayor repercusión para los peruanos. Actualmente, Castillo tiene 60% de desaprobación ciudadana.

Rodrigo Chillitupa Tantas: ¿Los seis meses del gobierno de Pedro Castillo se han caracterizado por el caos, el desorden y la falta de transparencia?

Fernando Tuesta Soldevilla: Sí, totalmente. Era esperable la improvisación del presidente Castillo. Es una persona que no estaba preparada para hacer una campaña electoral y, quizá, apuntaba tan solo a superar la valla electoral que conservaba la inscripción de su partido. Hemos visto una falta total de transparencia, que alimenta zonas grises y pone en un segundo plano las exigencias que se le debe pedir a una persona con un cargo como el suyo.

—¿Recuerda algún periodo presidencial tan desgastante en su etapa inicial?

—Ninguno. Lo cierto es que Castillo ha tenido una oposición recalcitrante al inicio, pero eso no ha sido lo único.

—En parte, la crisis que atraviesa Castillo es por su falta de definición. No se sabe qué rumbo desea llevar. Gobernar con la izquierda, posicionarse al centro o ser pragmático. ¿Esto puede generarle problemas para su gestión?

—Castillo es un efecto, en la medida en que su candidatura presidencial provocó que la gente se identifique con él, al punto de llevarlo a la presidencia. Recordemos que, entre la primera y segunda vuelta, le sacó una ventaja enorme a Keiko Fujimori. Y terminó con una diferencia de tan solo 40 mil votos en el balotaje final. Lo que quiero decir con esto es que se llegó a esa situación por los errores de Castillo. Y se trasladó a una presidencia donde hay improvisación, falta de transparencia y desorden para guiarse en grupos de referencia que le permitan elegir bien a sus funcionarios. Lo primero que hizo al asumir su cargo fue repartir cargos a sus allegados. Es un Presidente minimalista.

—Y tampoco ha logrado aterrizar sus planes de gobierno.

—No tiene idea cómo hacerlo. Cuenta con las ideas genéricas de la izquierda peruana, como la Asamblea Constituyente, y otras suyas, como la disolución de la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional, pero carece de formación política. Diría yo que el presidente Castillo también tiene un problema de cultura general. Él es producto, lamentablemente, de la mala educación pública que hay en el Perú. El Presidente es maestro y, a veces, uno se pregunta cómo enseñaba a sus niños en su escuela. No tiene capacidad de síntesis y, cuando le preguntas sobre algo, no te responde porque se va por las ramas.

—Si el Presidente cuenta con serias limitaciones, ¿debería rodearse de tecnócratas?

—Castillo es un hombre, con todas las limitaciones que hemos visto, que se posicionó en la izquierda desde el primer momento. Pero, a la vez, es también pragmático porque carece de un pensamiento ideológico. Creo que él no se separará de su partido, Perú Libre, porque teme que lo vaquen.

—Precisamente, sobre el sostén político que debería tener Castillo, también hay disputas dentro de su partido y riñas con otras organizaciones de la izquierda peruana. ¿Este panorama también podría pasarle factura a su régimen?

—Bueno, lo primero es que en Perú no hay una coalición de izquierdas. Perú Libre no quiere saber nada con Juntos por el Perú, aliado del presidente. Hay una disputa entre Vladimir Cerrón y Verónika Mendoza por los cargos dentro del gobierno. Ya vimos que los cuadros de Perú Libre salieron del ejecutivo. Y el Frente Amplio, partido de izquierda también aliado de Castillo, no tiene bancada en el Congreso. Entonces, vemos que la izquierda va tener que cargar, ahora y más adelante, con los pasivos de Castillo.

—¿La administración de Castillo determinará el futuro político de la izquierda peruana?

—Totalmente. Por el momento, lidera un gobierno de izquierda y los resultados son malos. Esto les va a pasar factura. Así como sucedió con Sendero Luminoso, que enterró por años a la izquierda, también podría suceder con el Gobierno de Castillo.

—¿Cuánto ha afectado para la gobernabilidad de este régimen el factor Vladimir Cerrón, líder del partido de gobierno Perú Libre?

—De hecho, el gabinete de Guido Bellido, un hombre de confianza de Cerrón, fue más un costo que beneficio para el presidente Castillo. No aportó absolutamente nada y se perdió bastante tiempo para el gobierno.

—¿Por qué posibilidades podría optar Castillo para encaminar el rumbo perdido?

—No le veo muchas opciones. Creo que el acuerdo de Castillo con Cerrón y Perú Libre se mantendrá. Mientras tanto, en el trabajo con el Congreso, las bancadas de derecha seguirán recalcitrantes frente a su gestión. Lo que debería hacer es tender puentes con los partidos que no están en los extremos –como Acción Popular, Alianza para el Progreso, Partido Morado y Somos Perú– para sacar adelante sus propuestas.

—¿A quién podría favorecer un hipotético fracaso de la gestión de Castillo? ¿A una opción de extrema derecha?

—De hecho, observamos que la extrema derecha está muy bien identificada en Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular, opositores al gobierno de Castillo. En octubre [cuando se realizarán las elecciones municipales y regionales] habrá que tener cuidado, porque todavía no hay un compuesto definido de este bloque.

—¿En qué aspecto, más allá de los caminos legales, debería discutirse el tema de la Asamblea Constituyente?

—La Asamblea Constituyente se ha convertido en la bandera de la izquierda. Para ellos, todos los problemas se van a resolver con una nueva Constitución. Para empezar, tenemos 13 constituciones en la historia que han nacido por intermedio de las Asambleas Constituyentes que, a su vez, canalizaron crisis mayores dentro del país. Entonces, no hay ninguna Constitución que haya nacido en época democrática, sino que fueron producto de las crisis. No creo que, si se convocan a elecciones para la Asamblea Constituyente, salgan congresistas llenos de virtudes y valores para trabajar en una nueva Constitución.

Por Rodrigo Chillitupa Tantas | 14/02/2022

Publicado enInternacional
Martes, 15 Febrero 2022 04:46

Por la belleza

Por la belleza

“¿Qué tipo de tiempos son estos donde/Hablar de los árboles es casi un delito/Porque implica silencio sobre tantos horrores?” Bertolt Brecht.

El clima se deteriora anunciando un fin de la vida en el planeta y todos lo saben y los políticos dicen que hacen algo, pero todos saben que no es suficiente, ni cerca (para citar a Greta: bla, bla, bla). A la vez, estamos viendo a varios poderes nucleares bailando una especie de coreografía absurda y obscena, con Washington y sus aliados pretendiendo ser los guardianes del "bien" batallando contra las fuerzas del "mal", en un baile verdaderamente infantil. Por otro lado, se acaba de descubrir que el gobierno (la CIA en este caso) sigue espiando en forma masiva a los estadunidenses mucho después de que Edward Snowden alertó al mundo sobre esto y, por ello, está exiliado de su país. Mientras, van más de 900 mil muertos de covid y por alguna razón no provoca gran furia que la mayoría de estas muertes eran evitables; todo mientras los más ricos incrementaron sus fortunas en 70 por ciento desde el inicio la pandemia, y ahora los tres multimillonarios más ricos concentran más riqueza que 50 por ciento de la población. ¿Todo normal?

Más: las locuras de la ultraderecha dominan las noticias, empezando con un ex presidente que violó la Constitución, impulsó un intento de golpe e incita a la violencia armada, y quien se robó de la Casa Blanca documentos oficiales secretos que son propiedad pública, algunos de los cuales destrozó con sus manos y otros con lo que tapó el inodoro en la Casa Blanca; todo, por ahora, sin tener que rendir cuentas a nadie. Ese bufón peligroso junto con otros políticos más decentes siguen nutriendo cada vez mayor cinismo público sobre eso que llaman democracia. En el fondo, todos saben –se ha registrado por años en las encuestas– que el gobierno en general no refleja ni representa los intereses de las mayorías, lo cual acelera esa erosión de credibilidad pública en las llamadas instituciones democráticas. La concentración extrema del poder económico y por lo tanto político que ha llegado a niveles sin precedente en un siglo en este país, ha llevado a que algunos concluyan que esto –el "faro de la democracia"– se parece cada vez más a una oligarquía.

“Los que son dueños de este país… es un gran club, y tú y yo no estamos en él”, recordaba el gran cómico George Carlin. “Los dueños de este país saben la verdad: el sueño americano se llama así porque uno tiene que estar dormido para creérselo” ( https://www.youtube.com/watch?v=KLODGhEyLvk ).

Tal vez todo es un juego. El presidente y todos sus hombres y mujeres junto con grandes intelectuales, analistas, líderes conservadores, centristas, liberales y hasta izquierdistas alertan respecto de que la democracia estadunidense está al borde de caer en el abismo ante amenazas de más intentos de golpes de Estado y hasta guerra civil. Tienen razón en los hechos. Pero tal vez es hasta peor que al sonar esa alarma no hay por ahora una respuesta masiva para defender a la democracia; nadie está saliendo a las barricadas. Más aún, muchos de los mismos que alertan durante el día sobre la crisis existencial de la democracia no cambian ni sus planes de cena. ¿No que era emergencia?

Este torbellino de la vida cotidiana en Estados Unidos que los periodistas estamos obligados a reportar, no es la nota completa, ni necesariamente la más importante. Por supuesto hay rebeliones, denuncias, actos nobles de resistencia y esperanza. Todos los días. En casi todas partes.

También hay belleza en todas sus dimensiones, en bailes, conciertos, teatro y otras artes, como invitaciones a la solidaridad y a la desobediencia contra lo feo y abrazos a la esperanza. Pero a veces, reportar esas cosas, aunque tal vez lo más esencial, puede parecer irrelevante, ¿otra víctima de esos tiempos? Recuerda el lamento de Camus: "Hemos exiliado la belleza; los griegos tomaron armas por ella".

Mientras aprendemos a ser griegos para rescatar la belleza, no hay de otra más que quedarnos con eso que también dijo Brecht: "Quien lucha podría perder, pero quien no lucha ya perdió".

Bruce Springsteen. Living in the Future. https://www.youtube.com/watch?v=I6x06jXRD70

Calle 13. Los idiotas. https://www.youtube.com/results?search_query=los+idiotas+calle+13

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