El 11 de julio en Cuba: una reflexión tentativa

A dos semanas de las protestas, el gobierno cubano viene realizando operaciones de control de daños que si bien van más allá de la reacción inicial, principalmente represiva, no han abandonado esa vía. En cualquier caso, es difícil superar la prueba de fuego de la actual dirección cubana sin prestar oídos a los reclamos legítimos de la población.

 

Guste o no, le pese a quién le pese, el 11 de julio del 2021 quedará grabado de manera indeleble en el imaginario nacional. Para la mayoría de los cubanos, fue un día triste que preferirían no tener que recordar, pero ahí está. La información sobre lo que pasó está aún demasiado dispersa y teñida por el ambiente de noticias falsas y contra réplicas del gobierno cubano como para hacer algo más que lo que me propongo: una reflexión tentativa. Por lo que se sabe hasta ahora, ese domingo ocurrieron a lo largo y ancho del territorio nacional manifestaciones masivas contra el gobierno, algunas de ellas devenidas violentos disturbios, un hecho sin precedentes en Cuba que tomó a muchos observadores y hasta a las propias autoridades por sorpresa. Quedó así una imagen de ingobernabilidad y violencia que objetivamente perjudica al gobierno cubano y que será difícil de borrar aún en un escenario favorable que no aparece en el horizonte.

Pero si a alguien no debieron tomarle por sorpresa estos hechos fue precisamente a ese liderazgo que desde hace meses viene denunciando que se estaba gestando un «golpe blando» o una «revolución de colores» diseñada por el sempiterno enemigo estadounidense. Quizás a causa de la sorpresa, la reacción gubernamental inicial estuvo signada por una perniciosa tendencia a responder preferentemente con herramientas represivas y con la repetición ad infinitum de una estrategia comunicativa cuya inoperancia parece cada vez más evidente.

En buenas cuentas, lo que sí es asombroso, dadas las penurias a que ha sido sometida la población cubana, sobre todo desde el inicio de la pandemia, es que estos disturbios no se hubieran producido antes. Pero sucedieron, han tenido repercusiones muy negativas y el relativamente nuevo liderazgo cubano está en crisis apenas a tres meses de haber celebrado el VIII Congreso del Partido Comunista Cuba, y a dos años de haberse aprobado una nueva Constitución. No deja de ser recordatorio de situaciones previas a los colapsos anteriores en los países socialistas de Europa Oriental. 

Pero este caso es diferente. Cuba es un país del Tercer Mundo y en él hubo una revolución nacional liberadora después de años de opresión neocolonial. Esa revolución se radicalizó en un agudo enfrentamiento con el imperialismo estadounidense, al que pudo resistir en una serie de enfrentamientos. En ese proceso adoptó un modelo socialista que ofreció amplios beneficios populares al menos en sus primeras tres décadas gracias a su alianza con la Unión Soviética.

Si estos disturbios no se produjeron antes, ello se debe a los logros sociales en sus años iniciales y a la trayectoria internacional del país, que lo llevó no solo a sobrevivir el enfrentamiento con Estados Unidos sino a jugar un papel excepcional en la política internacional, y particularmente en el hemisferio occidental, durante la Guerra Fría y después. Todo ello le dio al gobierno actual un sustancial capital político y margen de maniobra, basado en su consigna «Somos Continuidad», que evocaban el increíble liderazgo de Fidel Castro durante 47 años. 

Sin duda, estos logros y éxitos están en la base de la resiliencia del régimen cubano y en la tolerancia estoica de los ciudadanos ante las dificultades excepcionales que sufren, que objetivamente están provocadas en gran parte por el bloqueo estadounidense, aunque también por insuficiencias y errores en las políticas gubernamentales. Un elemento adicional, que no ha sido objeto de mucho análisis por observadores del drama cubano, es que no han salido a la luz informaciones que nos permitan valorar la participación o papel de los distintos sectores de oposición en Cuba, algunos de ellos, pero no todos, vinculados a la realmente existente política de subversión fomentada oficial y extraoficialmente desde Estados Unidos. 

Algo sí aparenta ser evidente: si bien al parecer hubo algunas participaciones visibles de líderes de los conocidos movimientos Movimiento San Isidro y 27N prácticamente fue nula la de los activistas más promovidos desde territorio estadounidense, y ninguno parece haber estado en posición de capitalizar las manifestaciones. Quizás haya que buscar la explicación de este fenómeno en recientes investigaciones sobre revoluciones sociales y durabilidad autoritaria, como la de Jean Lachapelle, Steven Levistky, Lucan A. Way, y Adam E. Casey, publicada recientemente en la revista World Politics, en las que se intenta explicar la estabilidad de regímenes como el cubano.

A pesar de lo anterior, no cabe duda de que los disturbios fueron azuzados en redes sociales, particularmente por operadores e influencers que no viven en Cuba, muchos de ellos residentes en Miami, donde el anticastrismo sigue siendo una industria local importante, financiada tanto por fondos federales como privados. No dejan de tener razón los que argumentan que las redes sociales se han convertido en un elemento tóxico en la realidad nacional pues se gastan millones de dólares en lanzar campañas desestabilizadoras de noticias falsas. 

Aunque el «empujón externo» pudo haber sido el factor detonante, también es cierto que no habría sido efectivo si no existiera un caldo de cultivo en los siguientes factores endógenos, resultado de errores y cálculos erróneos del gobierno cubano:

  1. Deterioro de la situación social en barrios empobrecidos; 
  2. Enormes dificultades para conseguir alimentos; 
  3. Reciente deterioro de la situación sanitaria después de varios meses de una política muy exitosa contra la pandemia de covid-19; 
  4. Tendencia a desconocer, limitar y hasta criminalizar el disenso.
  5. Ineficiente estrategia comunicativa que tiende a ocultar errores e insuficiencias propias mediante el argumento de que «la culpa la tiene el bloqueo»;

El gobierno ha subestimado y sigue subestimando hasta que punto sus propias acciones o falencias, estas últimas percibidas o reales, provocan el malestar ciudadano, pues se ha enfocado en que el estímulo exógeno a un estallido social es el único o al menos el principal causante. 

No cabe duda de que la política de medidas coercitivas unilaterales contra Cuba, que ya llevan casi 60 años en vigor, son una suerte de «guerra económica» contra una «plaza sitiada», como argumentara Peter Beinart en el New York Times del 15 de febrero en una columna titulada «La otra guerra permanente de Estados Unidos». Beinart critica las políticas de sanciones económicas argumentando que Washington usa ese tipo de estrategia contra países como Cuba y es equivalente a hacer la guerra por otros medios, con muy pocas posibilidades de éxito en el objetivo propuesto: el «cambio de régimen».

Por supuesto, el gobierno estadounidense ha rechazado las acusaciones cubanas, pero lo cierto es que la administración de Joe Biden mantuvo las sanciones impuestas a Cuba por el gobierno republicano de Donald Trump entre 2017 y 2021, 247 en total, incluso en plena pandemia. Se trata de una política de presión máxima que empobrece al pueblo cubano mientras acosa a su gobierno y no logra su objetivo confeso de derrocar al régimen. Lo ha hecho a pesar de prometer exactamente lo contrario durante la campaña electoral. 

Es evidente que se estaba creando una tormenta perfecta a 90 millas de las costas norteamericanas. Es interesante que apenas una semana después de que el presidente Biden calificara a Cuba como un «Estado fallido», la Casa Blanca anunció dos medidas que, de materializarse, aliviarían parcialmente las tensiones en Cuba: el restablecimiento del envío de remesas y la reapertura de los servicios consulares en La Habana. Ambas medidas fueron parte del acoso de Trump. Si estas propuestas logran atravesar el «campo minado» del proceso de toma decisiones sobre Cuba en Washington y una difícil negociación con el gobierno cubano, esto puede significar que el gobierno de Biden reconoce tácitamente que continuar las sanciones exacerba la crisis cubana y podría provocar un estallido social incontrolable, lo que no está en el interés nacional de Estados Unidos porque, entre otras, podría estimular la peligrosa idea de intervenir militarmente.

En todo caso, Biden ha mostrado que no es Barack Obama en lo que a Cuba respecta. Pero eso es un síntoma de debilidad de su liderazgo, lo que puede tener repercusiones en América Latina y el Caribe, región en la que Cuba y las izquierdas que la apoyan siguen teniendo importancia, como lo han mostrado los recientes procesos políticos en México, Argentina y Bolivia e incluso en Ecuador. 

Durante seis meses, el gobierno de Estados Unidos estuvo posponiendo el cumplimiento de las promesas de campaña y quedó atrapado en el estrecho marco de la variante trumpista de la política republicana hacia Cuba, que está basada en una ilusión: que mediante la aplicación de medidas coercitivas unilaterales extremas se logrará acabar con el régimen surgido en 1959. Los acontecimientos en el terreno y las decisiones y propuestas de otros actores la han puesto en una posición imposible. El resultado neto es que muy probablemente durante los próximos tres años se mantendrán sanciones contra Cuba que empobrecerán aún más al pueblo cubano y acosarán a su gobierno, que tendrá que convencerse de que solo una política económica eficaz que fomente el desarrollo de las fuerzas productivas podrá sacar al país de su actual crisis.

Al momento de escribir estas líneas, a dos semanas escasas de las protestas, se observa al gobierno cubano realizando operaciones de control de daños que trascienden la reacción inicial, principalmente represiva, aunque no parece haberla abandonado. Para continuar controlando el daño es imprescindible evaluar correctamente la situación política y social, y no cometer el error de culpar solamente a los factores externos sin atender autocríticamente los internos. Se debe acometer con urgencia las reformas prometidas, especialmente en lo que se refiere al suministro de alimentos. 

Un problema adicional que le complica la situación es cómo enfrentar a actores violentos que se aprovecharon de la situación para propiciar disturbios sin que, al mismo tiempo, se cree la imagen, tanto dentro de la sociedad cubana como en el entorno internacional, de una represión desmedida contra manifestantes pacíficos. Hay reportes de que se están produciendo juicios sumarios sin las adecuadas garantías procesales. Las sanciones impuestas en estos juicios oscilan entre diez meses y un año. Muchos de los condenados no parecen haber cometido actos violentos. Seguir por este camino alienará aún más a aquellos sectores todavía identificados con la Revolución pero que se oponen a la represión desmedida. Dentro de la sociedad cubana, la experiencia de haber debatido y aprobado una nueva Constitución que contiene importantes elementos de respeto por el debido proceso no es un hecho menor. Entre los ciudadanos existe un mayor nivel de exigencia en el cumplimiento de la ley a que las autoridades policiales están obligadas.

En cuanto a la estrategia de comunicación, esta debe buscar el adecuado balance para sumar y recuperar apoyos y evitar perderlos aún más. Hay una evidente erosión de la capacidad de convencimiento del argumento de que todo se debe al bloqueo, más allá de que este sea una verdad comprobable. El abuso de ese argumento sin enfocarse autocríticamente en sus errores conduce al gobierno a una pérdida aún mayor de credibilidad. Las autoridades deben intentar superar dos obstáculos político-ideológicos importantes: el primero es que aún prevalece en la burocracia la vieja mentalidad estrecha del socialismo como un modelo estatista basado en la planificación centralizada, que minimiza el papel del mercado en la asignación de recursos; el segundo nace de concepciones que definen el socialismo en términos autoritarios, desconociendo o criminalizando el disenso de los que recomiendan cambios en el modelo social para hacerlo más eficiente económicamente y más democrático y respetuoso del Estado de derecho que se estableció por la Constitución del 2019. 

Esta tendencia arremete contra todo el que disiente endilgándole muchas veces epítetos como el de «centrista», que se intenta convertir en sinónimo de contrarrevolución. 

Las interpretaciones que se le están dando desde los medios oficiales a lo acontecido el domingo 11 de julio demuestran ese punto. Hay un intento de desprestigiar, disminuir y hasta criminalizar a todos los que se sumaron a las protestas, calificándolos de «anexionistas», criminales o «confundidos». Es claro que notados quienes participaron caben en esas descripciones. Hay demandas reales hechas de forma pacífica, cuyo desconocimiento puede ser arriesgado. 

A ello habría que añadir que el discurso oficial justifica el uso de la violencia represora y esto impacta negativamente en sectores de la población que se mantienen al margen, pero observan con consternación todo lo que sucede. Un ejemplo que viene al caso es el de intelectuales y artistas que han hecho públicas sus condenas. Los acontecimientos han repercutido negativamente en la imagen internacional de Cuba. Se percibe que las autoridades, incluso las de seguridad, fueron tomadas por sorpresa. También existe la apreciación de que se está ocultando el nivel de la represión. 

A estas alturas no hay todavía una cifra de detenidos ni una información de cuántas manifestaciones se produjeron, cuántas fueron pacíficas, cuántas generaron disturbios, ni cuántos ciudadanos participaron. Y, por supuesto, hay voces que reclaman la liberación de todo el que protestó pacíficamente, entre ellas las del cantautor Silvio Rodríguez, muy respetado en círculos gubernamentales.

Este vacío de información provoca que tanto la ciudadanía como actores externos puedan ser desinformados por aquéllos que tienen el evidente propósito de erosionar el liderazgo cubano. No se tiene en cuenta que en la ciudadanía ya se ha arraigado la idea de que la protesta pública pacífica es legítima y debe ser protegida por la ley, ante cuyo precepto el gobierno parece tener una actitud negativa, cuando reacciona proclamando que «la calle pertenece a los revolucionarios». Esa no es la respuesta más conveniente ni desde el punto de vista interno ni del externo, además de que atenta contra el Estado socialista de derecho. 

En resumen, estas manifestaciones son inéditas y llaman la atención sobre problemas internos de la sociedad cubana agudizados por las medidas coercitivas unilaterales del gobierno estadounidense, que empobrecen al pueblo y acosan al gobierno cubano.

Esto es un reto de gran magnitud para un liderazgo político cubano que, a pesar de que ya ha sido puesto a prueba, está en proceso de consolidación en condiciones excepcionalmente adversas, no solo por la pandemia. Los desafíos son sumamente complejos, pero son también decisivos. Los líderes cubanos harían bien en considerar que, en situaciones similares en otros contextos, la estrategia exitosa seguida por homólogos políticos afines ha tenido como divisa sumar y no restar; escuchar y no hacer oídos sordos a los reclamos legítimos.

Julio 2021

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El FMI advirtió que la recuperación económica mundial no está asegurada

El Fondo actualizó sus proyecciones de crecimiento mundial, espera una mejora del 6 % para 2021 aunque alertó que la recuperación no está asegurada incluso en aquellos países con niveles de infección muy bajos mientras el virus circule en otros países.

 

El FMI señaló que el acceso a las vacunas se convirtió en la principal brecha para la recuperación mundial que se puede dividir en dos bloques: la mayoría de los países centrales, que podrían esperar una mayor normalización de la actividad a fin de año y aquellos que todavía se enfrentan a un rebrote de contagios y una suba del número de víctimas de covid. El organismo advirtió que “la recuperación no está asegurada incluso en aquellos países con niveles de infección muy bajos mientras el virus circule en otros países”.

El Fondo actualizó sus proyecciones de crecimiento y estimó un crecimiento global del 6 %, sin cambios desde su última proyección en abril, y 4,9 % en 2022, según publicó en sus Perspectivas económicas este martes. Pero alertó que las perspectivas son inciertas por las nuevas variantes de coronavirus como la variante Delta.

En tanto, el FMI recortó 0,4 puntos porcentuales su pronóstico de crecimiento para las “economías emergentes” y “en desarrollo” este año, al 6,3 %. Las perspectivas de crecimiento para India se revisaron a la baja tras la segunda ola de Covid y la lenta recuperación.

Por su parte, el Fondo mejoró su proyección para las llamadas economías avanzadas este año en 0,5 puntos porcentuales hasta el 5,6 %, con mejoras para Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Italia. Francia y Alemania se mantuvieron sin cambios, mientras que las expectativas de crecimiento para España y Japón se rebajaron.

Para América Latina, el organismo proyectó un crecimiento este año de 5,8 %, una mejora de 1,2 puntos porcentuales con respecto a la estimación de abril. El alza de las previsiones para América Latina y el Caribe se debe principalmente a las mejoras esperadas en Brasil y México. La Cepal calcula una mejora similar aunque advierte sobre los problemas estructurales de desigualdad, pobreza y empleo en la región.

La economista en jefe del FMI, Gita Gopinath, señaló al diario Financial Times que "todavía estamos en una situación en la que la pandemia está creando muchos estragos en todo el mundo".

Sobre la inflación, el Fondo prevé que regresará a los rangos que se registraban antes de la pandemia en la mayoría de los países en 2022, pero agregó “persiste una gran incertidumbre”. También advirtió que la inflación será elevada en algunas “economías emergentes” por el “alto nivel de los precios de los alimentos”.

Sobre el empleo, el FMI señaló que si bien el empleo dejó atrás los mínimos que tocó en el segundo y tercer trimestre de 2020, aún “en general se mantiene por debajo de las tasas previas a la pandemia”. Además, el informe agregó que “su recuperación es sumamente desigual, ya que los jóvenes y los trabajadores poco calificados de todas las economías y las mujeres de las economías de mercados emergentes y en desarrollo siguen constituyendo los segmentos más golpeados”.

“Nacionalismo de vacunas”

El Fondo detalló que “para fines de junio de 2021, se habían administrado aproximadamente 3.000 millones de dosis a nivel mundial, casi 75 % de ellas en economías avanzadas y en China. En los países de bajo ingreso, menos del 1 % de la población había recibido una dosis”. El documento reconoció que “la mayoría de los países de bajo ingreso depende primordialmente de los vehículos de adquisición colectiva de vacunas COVAX y el Fideicomiso Africano para la Adquisición de Vacunas (AVAT, por sus siglas en inglés), que habían entregado menos de 100 millones de dosis a unos 90 países para fines de junio de 2021”.

El informe del FMI sostuvo que “la acción multilateral es esencial para reducir las divergencias y fortalecer las perspectivas mundiales. La prioridad inmediata es distribuir las vacunas equitativamente en todo el mundo”. Según el organismo su propuesta costaría U$S 50.000 millones, “avalada conjuntamente por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Comercio y el Banco Mundial, establece metas claras y medidas pragmáticas a un costo asequible para poner fin a la pandemia”.

En un reciente post del FMI firmado por su titular Kristalina Georgieva, Gita Gopinath y Ruchir Agarwal añaden a su propuesta los beneficios de lograr la distribución de vacunas de manera equitativa entre todos los países, y ,además, de “salvar vidas” dicen las autoras, “un final anticipado de la pandemia también podría inyectar el equivalente a U$S 9 billones en la economía mundial para 2025 gracias a la reanudación acelerada de la actividad económica”, es decir cómo hacer para mejorar la rentabilidad es lo que importa. "Salvar vidas" mucho no les importó, no hay que olvidarse de los recortes de los presupuestos de salud que hicieron varios países antes de la pandemia, herencia de décadas de neoliberalismo y privatizaciones, que terminó en el colapso del sistema de salud, o del ajuste que suele recomendar el organismo a los países que contrajeron deuda a pesar de la pandemia.

Desde que empezó la vacunación fueron las grandes potencias quienes acapararon la mayoría de las vacunas, a pesar de que muchos de los países con menos recursos son productores de las mismas, como ocurre en La India o en Argentina con la vacuna AstraZeneca. Apareció lo que se conoce como “nacionalismo de vacunas” de los países centrales, como Estados Unidos o Reino Unido en donde éstos pueden sobreabastecerse a partir de acuerdos con laboratorios privados, dejando al resto de los países, por lo general los atrasados y dependientes, sin vacunas. Mientras los laboratorios se apropian del conocimiento que en muchos casos fue financiado por los Estados. Por eso la importancia que liberen las patentes, y también se debería declarar de interés público los laboratorios para poder producir las vacunas.

Las advertencias del FMI dan cuenta que la recuperación económica mundial es desigual y frágil en el marco de una situación que acumula contradicciones desde la crisis del 2008, y seguirá atravesada por el desarrollo de la pandemia cuyas consecuencias recaen sobre la clase trabajadora. No es casual que el informe del Fondo advirtió también sobre el malestar social. La lucha de clases puede volver a irrumpir como ya ocurrió en varios países.

Redacción

Martes 27 de julio | 19:55

Publicado enEconomía
El pase sanitario en Francia genera resistencia en medio de la cuarta ola

La variante Delta avanza al mismo tiempo que la oposición a las medidas se torna más dura

Existe una heterogeneidad de manifestantes: los chalecos amarillos, hostiles a todo lo que provenga del Estado, los antimáscaras, los antivacunas, los antipase sanitario y los anticuarentena. El gobierno apuesta a la dinámica ascendente de la vacunación.  

 

Un narrador perverso parece estar escribiendo sobre la piel de la realidad la novela del virus covid-19. Estimuladas por la pandemia, las situaciones son un brasero de contradicciones. Al cabo de cuatro días y cuatro noches de debates a menudo encarnizados, el Parlamento adoptó esta madrugada la extensión del pase sanitario (vacunación completa -las dos dosis-, prueba PCR negativa, o certificado de restablecimiento) necesario para ingresar en los lugares públicos con capacidad para más de 50 personas y que impone, además, la vacunación obligatoria para el personal de los hospitales y el aislamiento de las personas positivas. 

Tensiones por el pase sanitario

El pase debería entrar en vigor a principios de agosto, pero el trabajoso camino que tuvo que atravesar para ser aprobado traduce perfectamente las tensiones que genera tanto en la sociedad como en la clase política. El fin de semana pasado decenas de miles de personas volvieron a manifestar en toda Francia contra el pase sanitario y lo que muchos consideran como la “dictadura perfecta” porque, como lo expresa Anne, una mujer de 40 años empleada de banco, ”con eso del pase y la excusa de que nos van a curar o proteger, lo que va a ocurrir es que terminaremos todos en un fichero, vigilados, retratados, radiografiados y controlados”. Sin embargo, pese a la oposición y a la repetida destrucción de los centros de vacunación, Francia sobrepasó este martes el umbral del 50% de la población con un “esquema de vacuna completo”, es decir, las dos dosis de las vacunas disponibles (Moderna, AstraZeneca o Pfizer) o una de Janssen. Según la Dirección General de la Salud, 40.719.515 personas recibieron una dosis (60,4 % de la población) y 34.026.476 las dos (50,5 % de la población).

Los Jóvenes no vacunados

Aun se está lejos del porcentaje requerido para llegar a la inmunidad colectiva (90%) y el gobierno apuesta a que se mantenga la dinámica ascendente para completar el esquema lo más pronto posible en un momento crucial: con cada semana que transcurre la variante Delta del virus multiplica por dos los contagios. Aunque tiene perfiles distintos a las precedentes, hoy se admite que la “cuarta ola” ya se está desplegando en el país. En las ultimas 24 horas se registraron casi 23.000 nuevos casos contra poco más de 10 mil hace una semana. Esas infecciones recientes afectan, sobre todo, a los jóvenes que no se han vacunado. Todo parece ir en ascenso, de forma contradictoria: en la semana del 19 de julio se vacunaron 4,7 millones de personas en lo que fue, según el Ministerio de Salud, ”la mejor semana desde el principio de la campaña de vacunación en diciembre de 2020”. Sin embargo, la ola del virus crece al mismo tiempo que la oposición a las medidas se torna más dura. 

Movilizados 

La contestación federa a decenas de miles de personas movidas por razones distintas: los chalecos amarillos, hostiles a todo lo que provenga del Estado, los antimáscaras, los antivacunas, los antipase sanitario y los anticonfinamiento, cuyas reivindicaciones suelen ser un extraño cóctel de ideas proteiformes (complotistas, sospechas sobre la existencia de “un ente superior que controla a los gobierno”, certezas extraídas de los libros que difunden la idea de un colapso generalizado (el mundo se acaba). A sus 47 años y con un pasar confortable como agente inmobiliario, Etienne está muy convencido de que “las personas que se han vacunado morirán dentro de dos años. Es la lógica imparable de la humanidad. Los recursos se acaban, no alcanzan para todos. Hay que renovar la humanidad, una guerra a escala global no es posible y el virus y la vacuna han sido la coartada perfecta. Primero mataron a los viejos y ahora a los jóvenes rebeldes que no aceptan la vacunación”. 

Las expresiones que más se escuchan en las manifestaciones son “Libertad”, ”abajo la tiranía”. Dominique, un panadero de París, denuncia ante PáginaI12 “la transferencia de las lógicas de dominación: se recurrió a la lógica sanitaria para frenar el virus y, desde hace un par de semanas, con el anuncio de los rigores del pase sanitario, pasamos a la lógica de la seguridad”. 

Hay grupúsculos dentro de los anti vacunas que pusieron el pie más allá de la retórica y pasaron a la acción violenta: golpean y persiguen a los periodistas o destruyen o incendian los centros de vacunación (más de 15). Al frente de los anti se coló un oportunista oriundo del partido de extrema derecha dirigido por Marine Le Pen. Se trata de Florian Philippot, ex número dos de la ultraderecha y fundador del movimiento Patriotas. Philippot se autodefine como el “impulsor”, el “creador” del movimiento de los antivacunas. Es el quien grita en los megáfonos o los micrófonos “abajo la dictadura sanitaria, viva la libertad”, ”abajo el apartheid" (entre vacunados y no vacunados). Y en esa masa de ideas dispares y causas comunes están los resistentes, los tiernos, los que aceptan “el destino que se les impone, el destino de ser parias de la vacuna, excluidos de la sociedad”. 

Monique recopila con una inaudita paciencia creativa todo lo que va a hacer para que no la obliguen a vacunarse. La mujer de 57 años, con una carrera sólida en un centro comercial y dos hijos, dice: "a mi no me pondrán de rodillas. Ya pedí la jubilación. ¡ No pasarán !. Por las dudas, también compré un aparato para hacer el pan en mi casa, al cine no me hace falta ir porque para eso está Netflix, la comida se la pido a Uber Eats o la encargo por internet al supermercado y nadie me va a prohibir pasear por la calle. Jamás seré una cobaya de esta gente. Elijo con plena lucidez vivir de otra manera para que mi sistema inmunitario permanezca intacto”.

Los anti se han organizado con astucia. Ya existe un anuario de Francia con la lista de comercios, restaurantes, empresas y servicios que no exigen el pase sanitario y todo un dispositivo de ayuda mutua destinado a las personas que no “seguirán al rebaño de los vacunados”. Hay dos luchas instaladas: la del gobierno ante la urgencia de evitar que la extensión del virus vuelva a contaminar a los más frágiles, y la de los antivax, empeñados en que sus cuerpos “sociales y genéticos” (Monique) no sean contaminados por la vacuna.

27/07/2021

Desde París

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Iván Duque pide a EU declarar a Venezuela "país promotor del terrorismo"

Bogotá. Colombia pidió ayer a Estados Unidos declarar a Venezuela "país promotor del terrorismo" por la supuesta protección que ofrece a los rebeldes disidentes que dispararon contra el helicóptero del presidente Iván Duque el 25 de junio.

"Claramente esa anuencia del régimen dictatorial de Venezuela amerita una declaratoria de Estados Unidos", solicitó Duque durante un acto en el que participó el embajador estadunidense en Colombia, Philip Goldberg.

Estados Unidos considera países patrocinadores del terrorismo a Irán, Corea del Norte, Siria y, recientemente, volvió a incluir a Cuba.

Duque ha acusado en reiteradas ocasiones al gobierno de Nicolás Maduro de dar refugio en territorio venezolano a rebeldes disidentes de las desarticuladas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional, acto que Caracas niega.

De acuerdo con el gobierno colombiano, un comando de esos grupos que contó con el apoyo de un ex militar disparó ráfagas de fusil contra el helicóptero en el que viajaba Duque mientras se aproximaba a un aeropuerto en la fronteriza ciudad de Cúcuta. Ni el presidente ni sus acompañantes resultaron heridos.

El ataque fue planeado desde Venezuela por guerrilleros que se apartaron del histórico acuerdo de paz firmado en 2016 con los rebeldes de las FARC, aseguraron autoridades colombianas.

"No sea tan cínico", reaccionó en Twitter el canciller venezolano, Jorge Arreaza, dirigiéndose directamente a Duque. “Usted está al frente de un narcogobierno exportador de drogas y violencia. Una fábrica de terroristas en el poder que ha liquidado la opción de la paz interna y envía mercenarios para generar violencia y asesinar presidentes en la región”, agregó.

En este contexto, Isabel Zuleta, de la organización Ríos Vivos, denunció que cerca de 3 mil 500 desplazados por la violencia han llegado en los últimos días al pueblo de Ituango, en el departamento colombiano de Antioquia.

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Cuba debe caminar hacia una nueva etapa de su revolución

No se puede ser insensible al dolor que por falta de alimentos y de medicamentos ahoga a gran parte del pueblo cubano. Tampoco podemos pasar por alto las manifestaciones realizadas, en las que se ha pugnado y clamado por comida y por fármacos, pero también por libertad, y algunos hasta por el fin de la dictadura.

Lamentablemente, el Estado cubano carece de recursos financieros para superar esta crisis; por lo que la cooperación solidaria internacional y una apertura general les urge, pues les permitiría obtener créditos y empréstitos, para ir resolviendo la situación y tener tiempo para planificar su nueva era.

Sobre la situación cubana se ha divulgado muchísimo.

En este espacio hago un breve análisis sobre las causas y las posibles soluciones.

Profeso el respeto, la libertad y la democracia para la convivencia pacífica, bajo el estado de derecho, y sustento la tolerancia en todos los órdenes.

Por supuesto que el principal problema u obstáculo inicial del proceso revolucionario cubano ha sido el bloqueo o embargo de los Estados Unidos de América hacia Cuba, mismo que fue ordenado hace casi 60 años por el entonces presidente John F. Kennedy como represalia "leve", en lugar de invadir Cuba, como se lo aconsejaba el Pentágono.

Sin embargo, el daño provocado por el bloqueo ha sido atroz durante cerca de seis décadas. Por esa razón casi la totalidad de países miembros de Naciones Unidas, reiteradamente han solicitado su anulación, México incluido desde siempre; menos Estados Unidos e Israel, como ocurrió recientemente.

Pero seamos sinceros: no únicamente el bloqueo tiene a Cuba con tanta necesidad, escasez y pobreza.

No podemos dejar de comentar, con la mejor intención, lo errático de muchas de las estrategias gubernamentales en lo económico, lo social y lo político, pues no han sido plenamente benéficas para el pueblo, que padece mucho y posee muy poco.

Cuando fui embajador de México en Cuba en varias ocasiones conversé con el entonces comandante en jefe, Fidel Castro Ruz, y en alguna de ellas lo hice sobre la necesidad de una apertura general, económica, política y social.

Siempre he pensado que no existe un gobierno en el mundo que quiera la ruina para su pueblo, y es el caso del de Cuba, donde sus gobernantes han creído en las bondades de sus estrategias, pero al no ver los mejores resultados, es muy válido que piensen en rectificar y en cambiar; de allí la necesidad urgente de que innoven y diseñen mejores políticas públicas, acordes con las del mundo actual, preservando su soberanía, en democracia, buscando el desarrollo integral, con inversiones que impulsen su crecimiento económico, la generación de empleos y riqueza.

Eso sería verdaderamente trascendental.

Desde mi punto de vista, en Cuba ha llegado el momento del cambio en todos los órdenes, es decir de una nueva etapa de su revolución, como hicieron los chinos bajo el liderazgo de Deng Xiao Ping. No se trata de un regreso al capitalismo salvaje, pero sí de uno con sentido social y con justicia distributiva en el que pague más impuestos quien gane más, como existe en las naciones nórdicas, o de un socialismo democrático con economía capitalista abierta y mixta, como en lo económico viene sucediendo en China, aunque a ellos también les falta la democratización política.

Por lo anterior, considero que es urgente: 1. Un mayor diálogo, sin represión y sin coartar las libertades; 2. Una amplia apertura de su economía, más eficaz, más rápida y menos gradual que la que hasta hoy está en operación; 3. Autorizar la existencia de partidos políticos, para arribar a un régimen democrático con elecciones libres, más allá del partido único; 4. El libre tránsito dentro del país y el extranjero como parte de sus libertades y derechos humanos; 5. La libre adquisición de bienes y servicios, muebles e inmuebles, sin restricciones, para quienes dispongan de recursos económicos, pues ello reactivaría la economía; 6. Impulsar más aún la agricultura y la ganadería, y fomentar la industrialización y el turismo; 7. Continuar, con mayor fuerza, los avances en educación, investigación científica y tecnológica, en salud y medicamentos; 8. Permitir y tolerar la operación ilimitada de Internet y de las redes sociales, pues se trata de un avance mundial que propicia la libre expresión, y que no debe restringir o bloquear ningún gobierno, aunque requieren de regulaciones, para evitar difamaciones y calumnias; pero es preferible la expresión a la censura;9. Dialogar y tomar acuerdos con Estados Unidos, para lograr cambios de actitudes de su gobierno hacia la isla, y operar cambios del régimen cubano hacia el gobierno estadunidense.

Muchas de estas adecuaciones requieren de reformas constitucionales y legales, pero significarían un cambio muy importante para destrabar, resolver y avanzar.

Confío en el talento y en la visión del presidente Miguel Díaz-Canel para empeñarse y lograrlo; confío también en que el presidente Joe Biden cambie y mejore su discurso y sus estrategias para con Cuba, pues dada su experiencia y madurez, es de esperar que busque negociaciones y acuerdos con el gobierno cubano, y que decrete el fin del bloqueo, dándole continuidad al proceso de apertura iniciado por el presidente Barack Obama, quien restableció las relaciones diplomáticas con Cuba.

La comunidad cubana en el exterior deberá abandonar el radicalismo y desempeñar una función de participación madura y abierta con diálogo civilizado para contribuir a la distensión.

La dirigencia cubana deberá, también, flexibilizar sus actitudes con sus hermanos de la diáspora residente en el extranjero.

Lo deseable es que esta crisis encuentre cauces de solución pacífica lo más pronto posible, sin violencia, en bien del pueblo cubano y por la tranquilidad y la paz de la región de la que formamos parte.

En crisis anteriores México fungió como mediador.

Debe imponerse la fuerza de la política, y jamás la política de la fuerza.

 

Heriberto M. Galindo Quiñones,fue embajador en Cuba, cónsul general en Chicago, dos veces diputado federal y recientemente senador de la República

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Coche de los años 40/50 en playa de Guanabo (Cuba).

La Revolución se enfrenta a uno de sus nudos gordianos más trágicos. El conformado por una pinza que se alimenta del autoritarismo del PCC y la injerencia de EE.UU. y de una derecha que desde Miami busca una marcha versallesca sobre La Habana

 

La reciente explosión social que ha tenido lugar en Cuba debe enmarcarse en el tortuoso proceso de ajuste y adaptación que ha tenido que vivir la Revolución cubana desde los años noventa, cuando colapsó el esquema de inserción económica y geopolítica (el CAME y la URSS) en el que se había cimentado su modelo de desarrollo social, y con él su legitimidad política interna. 

Tras una década (la de los sesenta) de experimentación revolucionaria autóctona, un laboratorio de soberanía socialista tan audaz en sus propósitos como aleccionador en sus fracasos, que es interpretado hoy en discurso oficial como una era de romanticismo idealista, la revolución cubana se situó en la órbita del imperio soviético. De la URSS obtuvo Cuba un modelo económico basado en la planificación centralizada de la economía y también un mercado internacional con precios preferenciales, tanto para las exportaciones cubanas de azúcar y níquel como las insustituibles importaciones de una materia prima tan estratégica para el desarrollo industrial moderno como es el petróleo. La primacía de la planificación centralizada sobre el mercado y un comercio internacional basado en alianzas políticas más que en precios  (y por tanto muy vulnerable a las coyunturas políticas de los países aliados) han sido dos rasgos persistentes y profundamente problemáticos del sistema económico cubano. Pero mientras existió la URSS y el campo socialista, aunque el modelo presentaba notables disfuncionalidades económicas, permitió un crecimiento sostenido que alimentó uno de los desarrollos sociales más ambiciosos de la historia de América Latina. La masiva inclusión de sectores de población previamente excluida, la elevación del nivel de vida, y las políticas sanitarias, educativas o deportivas, fueron claves para forjar el pacto social tácito que cimentó la revolución cubana como proceso con suficiente legitimidad social como para ser estable: el monopolio autoritario del poder político en manos del PCC a cambio de defensa de la soberanía nacional y avances en justicia social. 

Pero en 1991, y tras perder el paraguas del comercio protegido y ventajoso del campo socialista, Cuba se vio de pronto arrojada al mercado mundial para el que no estaba preparada. Lo hizo además en las condiciones desfavorables de un bloqueo norteamericano recrudecido (leyes Torricelli y Helms-Burton). Las consecuencias del trauma de los noventa fueron inmensas.  Cuba se vio obligada a redirigir su modelo apostando por el turismo, la apertura a las remesas de los cubanos emigrados (un duro golpe a la autoestima económica de la Revolución) y a la inversión extranjera. También, en el plano interno, abriendo espacio al mercado frente al plan (mercados agropecuarios, trabajos por cuenta propia) en un pulso ambivalente y contradictorio que tres décadas después está lejos de haber sido resuelto satisfactoriamente.  

La colaboración con la Revolución Bolivariana a partir de la llegada al poder de Chávez en el 2000 dio a Cuba una bocanada de oxígeno, especialmente en su dimensión energética (petróleo), que ha sido crucial y que llevó incluso a parte de la dirigencia cubana, con Fidel Castro al frente, a fantasear con la posibilidad de un retorno a los códigos de gobernanza pre-años noventa (lo que fue llamado la Batalla de Ideas). Pero la reorientación del viejo modelo de planificación económica (que hoy la propia dirigencia cubana considera obsoleto) hacia alguna forma de economía socialista que debía dejar espacios amplios al mercado y la iniciativa privada era inevitable. La crisis venezolana, que lleva afectando a Cuba casi un lustro como símbolo de la misma piedra con la que siempre tropieza la Revolución, no ha hecho sino confirmar la necesidad de abandonar la búsqueda de alianzas comerciales ventajosas mediadas por afinidades geopolíticas. Que Cuba sea capaz de prosperar por su propio desempeño económico en el mercado mundial es un imperativo de supervivencia para el régimen.  

De este modo, Cuba transita oficialmente hoy hacia un socialismo de mercado que sigue el ejemplo asiático. Un proyecto que, en teoría, debe lograr elevar los niveles de vida salvaguardando a) el monopolio político del PCC y b) (más problemático desde una perspectiva transformadora) el espíritu de la revolución. La imagen inspiradora en la élite gobernante cubana es Vietnam. A diferencia de China, cuyo proceso de desarrollo se da a una escala que no está al alcance de Cuba, Vietnam es una nación que a través de las reformas económicas aperturistas (el Doi Moi) ha logrado enfrentar simultáneamente tanto  su estructura económica colonial como los efectos devastadores de la intervención militar de EE.UU., volviéndose una sociedad moderadamente próspera bajo el férreo control del Partido Comunista. Que esta es la hoja de ruta de la dirigencia cubana es algo que no alberga discusión. De hecho la reciente reforma constitucional cubana básicamente dio amparo legal a las reformas promercado aplicadas en Cuba desde la etapa raulista. La gran diferencia entre la vía cubana y el socialismo asiático ha sido la relativa lentitud, timidez y precaución demostrada por la primera. La explicación fundamental es que desde la óptica del gobierno cubano el desarrollo de cualquier pequeña o mediana burguesía nacional, un actor imprescindible en este esquema, es interpretado como un germen quintacolumnista potencialmente favorable a las políticas injerencistas de Miami y de EE.UU.  

En este proceso de construcción ambivalente de un socialismo de mercado se inscribe la eliminación del sistema de doble moneda y otras muchas reformas, en muchos casos fallidas y cuya responsabilidad central ha sido el desempeño del propio gobierno, que han acabado configurando una tormenta económica perfecta en un contexto de pandemia global.  Quizá el más importante de estos fracasos, dado el peso que tiene la importación de alimentos en el desequilibrio comercial de la economía cubana frente a su potencial de autosubsistencia, ha sido la recampesinización vigente desde 2008, y cuyos resultados han sido bastante modestos. 

El ajuste estructural de los años noventa, a pesar de que se hizo con cierta sensibilidad social (el objetivo era mantener vivas las políticas públicas en materia de educación y sanidad, así como una defensa nacional competente) tuvo efectos desgarradores que debían ser transitorios pero se volvieron crónicos. Destaco dos: la precarización material y el aumento de la desigualdad en un país oficialmente igualitarista (lo que generó además una esquizofrenia política en el discurso público ideológicamente explosiva). 

Una vez superada la odisea material del Periodo especial y su excepcionalidad, buena parte del pueblo cubano descubrió que su nueva vida cotidiana seguía siendo tremendamente difícil. Sin duda la aparición de un inmenso precariado cubano, personas cuyo salario no reproduce su fuerza de trabajo y deben conseguir ingresos extrasalariales para llegar a fin de mes, es el hecho sociológico central de la Cuba post-soviética. Esta emergencia del precariado cubano debe entenderse además con el telón de fondo de un proceso progresivo de recortes de subsidios y gratuidades por parte del Estado (empezando por la libreta de racionamiento de alimentación básica, que lleva años minimizándose y hoy está en vías de desaparición), sometido ahora a las presiones del mercado mundial tras décadas al margen, y además ahogado financieramente por el bloqueo norteamericano.

En la Cuba de después de los noventa básicamente se establecieron tres vías para obtener esos ingresos extrasalariales imprescindibles para sobrevivir: a) remesas de familiares en el extranjero; b) derramas de los sectores vinculados a la economía global (propinas turísticas, salarios más elevados asociados a las misiones médicas internacionalistas): c) un mercado negro y una economía sumergida gigantesca, muy compleja  y que alberga de todo, incluyendo fenómenos muy vergonzosos para el ideal revolucionario como ha sido el retorno de la prostitución. Este “de todo” incluye desde procesos de explotación laboral y acumulación originaria de tipo capitalista muy salvajes hasta procesos de redistribución familiar y comunitaria de la riqueza, de impronta ética socialista, muy interesantes.

Lo que nos conecta con la cuestión de la desigualdad. Cuba en los ochenta, con un índice de Gini de 0,24, era uno de los países más igualitarios del mundo. Los años noventa dispararon la desigualdad. En el 2016, fuentes oficiales reportaron un índice de Gini entre 0,4 y 0,45, un aumento drástico que coloca a Cuba, aproximadamente, en el promedio regional de América Latina. La isla hace mucho tiempo que ha dejado de ser un paraíso de igualdad social. 

Estas cifras estadísticas se traducen, en la vida cotidiana, en diferencias muy importantes entre distintos estratos sociales en lo que se refiere a niveles de vida y seguridad material. Por supuesto, existen privilegios vinculados a los grupos dirigentes y también a las Fuerzas Armadas. Pero las posibilidades económicas de quien recibe remesas de familiares emigrados y quién no las recibe son muy diferentes.  Además, por la propia estructura racial de la migración cubana, mayoritariamente blanca, la recepción de remesas tiene un sesgo racial evidente. Julio César Guanche afirmaba, en un texto fundamental para entender el contexto de la crisis reciente, que por cada dólar que recibe por vía remesa un cubano con piel negra se reciben tres dólares por parte de un cubano con fenotipo blanco. En Cuba la pobreza vuelve a solaparse hoy con estructuras racializadas de perfil colonial que la Revolución, a pesar de haber intentado desmontar, ha vuelto a reproducir.  Otros sectores muy vulnerables son las personas mayores y los hogares monomarentales, que cargan sobre sus hombros con una precariedad económica que se traduce también  en una crisis de cuidados de tintes dramáticos. Estos son algunos de los sectores que conforman una inmensa bolsa de población obligada a sobrevivir en un día a día marcado por condiciones materiales muy extremas, y que el reciente proceso inflacionario ha terminado de movilizar y sacar a las calles. 

Aquí debe añadirse la otra cuestión que lo atraviesa todo, la de los reclamos de apertura política ante los déficits democráticos del régimen, que en lo estructural puede entenderse como un proceso de deslegitimación progresivo y difícilmente reversible del proyecto revolucionario, que además tiene un componente generacional muy marcado.

Entre otras razones, el régimen resistió al difícil examen de los noventa porque contaba con una enorme legitimidad popular conquistada por el proceso masivo de inclusión social que supuso la Revolución y el efecto del liderazgo carismático de Fidel Castro en la construcción de consensos. Pero Raúl no es Fidel, y Díaz-Canel no es Raúl. Y las generaciones jóvenes, a diferencia de la base demográfica de los noventa, no tiene experiencia alguna de mejora material y social provocada por la Revolución. Más bien sucede al contrario: la memoria juvenil cubana solo ha conocido un contexto precario en lo material y opresivo en lo político en comparación con el marco de expectativas que impone tanto su nivel formativo como el curso de los tiempos.

Ante esta cuestión, la Revolución se enfrenta a uno de sus nudos gordianos más trágicos. El conformado por una pinza política perversa, que se retroalimenta constantemente, entre el autoritarismo del PCC y la injerencia de EE.UU. y de una derecha que al menos en Miami (porque la diáspora cubana es también muy compleja y no se reduce al reducto de extrema derecha del sur de Florida) busca una marcha versallesca sobre La Habana. Cuando las demandas y las aspiraciones democráticas de las generaciones más jóvenes de la revolución no pueden ser satisfechas sin suponer una enmienda a la totalidad del sistema político (incluso las que provienen de una izquierda declarada socialista), tenemos la otra cara del problema estructural que hoy carcome Cuba. Lo dice el intelectual cubano Julio César Guanche de modo magistral: el ambiente político en Cuba ha programado, “un algoritmo de la exclusión”, que etiqueta como contrarrevolucionarias amplias zonas de experiencia y saber social, “una máquina de producir enemigos, elefantes sobre las cristalerías de los complejos acuerdos sociales cubanos”. En este marco político autoritario cualquier crítica al gobierno, motivada por cuestiones materiales o por cuestiones ideológicas, no puede ser constructiva, no puede ser integrada, y tienden a encadenarse necesariamente hasta dar forma a un discurso impugnador totalizante de signo anticomunista. 

Esto último es muy importante para entender la enorme complejidad ideológica que se está movilizando en el estallido social, que hoy es un abanico muy heterogéneo que no se puede simplificar.  Así, por ejemplo, entre los manifestantes contra el gobierno los anarquistas cubanos llaman a luchar por igual contra el bloqueo (y la injerencia extranjera) y contra la dictadura.  Quién va a liderar esta explosión social de descontento está aún por dirimir. Por desgracia, son muchos años en los que el régimen ha ahogado y reprimido la crítica interna (incluyendo la socialista) como para que la derecha no juegue en este terreno con inmensa ventaja. En definitiva, aunque las protestas no son ni mucho menos protagonizadas por agentes de la CIA, el corsé autoritario del sistema político en Cuba y sus déficits democráticos potencian, paradójicamente, la oposición al régimen en su conjunto y facilita la agenda de la derecha. Es una especie de juego de espejos de profecías autocumplidas que tiene muy mal pronóstico. Porque, al mismo tiempo, tampoco se puede afirmar que la defensa del estatus quo descanse exclusivamente en una minoría privilegiada y su red clientelar. Aunque esté históricamente en sus horas más bajas, la fidelidad al régimen revolucionario de otra parte sustancial de la población hace pensar que, si no se cortocircuita, este tipo de binarismo sin matices, en el que al gobierno cubano le gusta desenvolverse, solo puede tender a desembocar en un conflicto civil. .

Llegados a este punto de la panorámica, vuelvo a la actualidad y la coyuntura para cerrar. Es evidente que la represión gubernamental no es el camino para gestionar el estallido social. O es un camino terrible de corto recorrido que debe ser condenado sin paliativos. También entre socialistas. Todos los presos deben ser puestos en libertad, la represión debe cesar y las protestas pacíficas deben ser permitidas.  En el medio plazo, además de medidas económicas de choque que corrijan los efectos más dramáticos de la carestía material, la única posibilidad viable es una solución política, que necesariamente pasará por corregir muchos de los déficits democráticos del sistema cubano, ampliando derechos y libertades tanto individuales como asociativas. 

Considero que esto debe defenderse aunque un proceso así pueda poner en riesgo algunos de los logros revolucionarios. Se trata de un peligro menor ante el hecho de que la mayor amenaza para esos logros revolucionarios es que una parte creciente del pueblo cubano los percibe como una carcasa cada vez más desgastada, vacía y asfixiante. Comparto en este punto, palabra por palabra, esta afirmación de Wilder Pérez Varona en su texto Unas palabras sobre la Cuba de los humildes:  “Esa posibilidad no es otra cosa que su derecho a ser y actuar como pueblo. Su derecho como soberano a la no intermediación. A ejercer su indelegable soberanía. Es derecho a ser inoportuno respecto a planes, estrategias y programas ajenos. Es derecho incluso a equivocarse. Un derecho supremo que nadie más posee en su nombre”. En la situación de Cuba, a cualquier sensibilidad transformadora le conviene atender a cierto principio de sentido común anarquista: cuando un Estado (con su monopolio de la violencia) reprime a un pueblo, uno debe ponerse de parte del pueblo. Aunque supuestamente estuviera equivocado. No quiero decir con esto, como dice el gobierno cubano, que el pueblo cubano lo esté o entre los manifestantes haya “revolucionarios confundidos” (el reconocimiento de este matiz por parte del gobierno no es irrelevante para desenredar la tensión). Afirmo que cuando el choque es entre las armas de policía y militares que reprimen y los cuerpos de un pueblo que se defiende, las consideraciones ideológicas respecto a los propósitos de ese pueblo, sin desaparecer, tienen que pasar a un segundo plano.   

Abrir el callejón sin salida de la Cuba de 2021 mediante una vía política negociada, que no pase ni por la represión ni por la injerencia extranjera, será un ejercicio de funambulismo. Y para esta tarea son los propios cubanos-as los que ya están hablando y proponiendo opciones de un modo mucho más claro del que yo podría hacer. Sirva de muestra el trabajo que están haciendo por ejemplo Julio César Guanche y Ailynn Torres, dos de los autores de referencia de los socialistas democráticos cubanos, en sus propios textos e intervenciones. 

Puede parecer complejo solidarizarse con el pueblo cubano y sus demandas justas, tanto ante la emergencia material como con sus denuncias contra la represión, y más allá de ello su sed legítima de cambios que democraticen el país, sin hacerle el juego a la ofensiva involucionista de la derecha global. Muchos compañeros socialistas parecen paralizados en un cruce de lealtades contradictorio que no saben resolver. Pero esta complejidad es la que nos toca pensar y ayudar a construir a los que compartimos por igual convicciones socialistas y convicciones democráticas y además amamos Cuba.  Lo mejor que puede pasar está situado dentro de esa línea delgada finísima, fragilísima. Y solo cabe acompañar a los amigos y amigas cubanas en el proceso de articularlo políticamente con sabiduría. 

25/07/2021

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Por Emilio Santiago Muiño es doctor en Antropología Social y máster en Antropología de Orientación Pública.

 

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Soldados custodian las calles de Cali, Colombia, luego que el presidente Iván Duque ordenara más presencia militar por los hechos de violencia presentados durante protestas por el Paro Nacional. EFE/ Ernesto Guzmán Jr

Este decreto fue expedido por el Gobierno nacional en la madrugada del 29 de mayo para reestablecer el orden en algunas capitales, cuando se cumplía un mes del paro nacional.

 

El Consejo de Estado de Colombia suspendió este viernes de manera provisional el decreto expedido por el Gobierno nacional que contempla la asistencia militar para afrontar y superar los problemas de orden público durante las protestas sociales que se desarrollan en el país.

Esta decisión del Consejo de Estado determina que el decreto 575 de 2021, expedido por Iván Duque en la madrugada del 29 de mayo, con la intención de reestablecer el orden en distintas ciudades del país en el marco de las manifestaciones sociales del paro nacional, se suspende hasta que se emita un veredicto con relación a la legalidad de este acto administrativo.

“La determinación obedece a una demanda que, en ejercicio de la acción de tutela, presentaron varios ciudadanos de Cali, que consideraron que la respuesta de las fuerzas policiales y militares a las alteraciones al orden público originadas en las manifestaciones ciudadanas y protestas en esa ciudad estaba poniendo en riesgo el ejercicio de su derecho a la protesta social, a la vida e integridad personal, al debido proceso y a no ser sometidos a desaparición forzada”, indicó el Consejo de Estado en un comunicado.

La determinación fue tomada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que, luego de conocer esta demanda en primera instancia, otorgó el amparo constitucional y ordenó la suspensión transitoria de este acto administrativo, mientras la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo determina si este acto se ajusta o no al derecho.

A su vez, ordenó al ministro de Defensa, Diego Molano, y al director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, que a través de sus directivas sean acatados los protocolos establecidos para la protección de la protesta social y la reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado.

De igual forma, instó a los participantes de las mesas de diálogo a continuar con este proceso de concertación como medida para superar las problemáticas que han sido expuestas durante las movilizaciones contra el gobierno de Iván Duque desde el pasado 28 de abril.

“Se encontró que ese acto administrativo amenaza el derecho a la protesta social porque los hechos que se mencionan como perturbadores del orden público tienen que ver con disturbios internos, con seguridad ciudadana, con la protección y control de civiles, funciones que están a cargo de la Policía Nacional por mandato constitucional, mas no de las Fuerzas Militares”, indicó el Consejo de Estado.

De igual manera, la Sección Cuarta argumentó que si bien se puede limitar el derecho a la reunión y a la manifestación si se presentan graves afectaciones de orden público, en estos casos es admisible el uso de la fuerza policial, con criterios de necesidad y proporcionalidad, más no de las Fuerzas Militares.

Soldados prestan seguridad en medio de una manifestación de indígenas en Cali (Colombia). EFE/ Pablo Rodríguez

Por otra parte, la Sala se refirió al empleo de la fuerza y de armas de fuego, señalando que fueron reportadas 15 muertes producto de la violencia durante las protestas sociales, de las cuales tres fueron atribuibles a la fuerza pública, razón por la cual manifestó que si bien la Policía podía limitar algunos derechos de la protesta con el fin de retornar el orden, no se podía perder la garantía a la vida, integridad personal y debido proceso en estos hechos.

“La Sección Cuarta también resaltó que ese tipo de actuaciones por parte de la Policía Nacional deslegitiman su intervención en las manifestaciones pacíficas y desconocen los estándares internacionales y constitucionales que protegen el derecho a la protesta social y que, por lo tanto, debía concederse el amparo del derecho a la vida y a la integridad personal de los demandantes y demás manifestantes, al encontrarlos amenazados por el uso excesivo de la fuerza”, indicó el Consejo de Estado

23 de Julio de 2021

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Sábado, 24 Julio 2021 06:38

Las protestas lunares

Jóvenes con banderas de Cuba y Estados Unidos en una protesta en Miami, el 13 de julio AFP, EVA MARIE UZCATEGUI

Cuba y la oposición tras el 11 de julio

Tras las históricas manifestaciones de hace dos semanas, la disputa entre oficialistas y opositores se ha trasladado al ámbito diplomático y las redes sociales. La desinformación parece ser una constante en esa batalla.

 

A finales de la semana pasada el Diario Las Américas anunció con gran despliegue el suicidio de la madre de Diubis Laurencio (36 años), el manifestante muerto en La Habana la noche del lunes 12 durante el frustrado asalto a una estación de Policía. Ese enfrentamiento en el barrio marginal de La Güinera, de la periferia capitalina, que ocasionó, además, una decena de heridos entre civiles y agentes del orden público, se mantiene como la única manifestación ocurrida en Cuba luego de la masiva jornada de disturbios del domingo 11.

A pesar de la activa búsqueda de la prensa extranjera y no estatal, y de organizaciones como Human Rights Watch y Cubalex, no se han podido confirmar nuevas protestas ni otras víctimas mortales. Videos como los que documentaban supuestas muertes de niños o ancianos luego fueron desmentidos, tras comprobarse que pertenecían a crímenes en distintos países de Sudamérica. A falta de otros «mártires», el relato de la oposición se concentró en cuestionar las declaraciones del Ministerio del Interior cubano relativas a los antecedentes penales de Diubis Laurencio, difundiendo la especie de que estos cargos habían sido fabricados y que el manifestante había perdido la vida como consecuencia de un disparo por la espalda.

La noticia del suicidio difundida por el diario miamense marcó la agenda mediática en el sur de Florida durante un par de días. Y en el interior de Cuba tocó la sensibilidad de muchos que vieron en la muerte de la señora un símbolo de la «brutalidad del régimen». Pero el domingo se reveló como falsa, cuando desde La Güinera se supo que la madre de Laurencio, aunque «muy afectada por la pérdida de su único hijo», seguía viva. En respuesta, la periodista que había firmado el reporte original publicó un rocambolesco mea culpa a través de su perfil en Facebook, aprovechando la oportunidad para redirigir la atención hacia las protestas de cubanoestadounidenses, que tenían lugar en Washington y otras ciudades de Estados Unidos, en reclamo de una intervención militar contra Cuba.

«VERIFICACIÓN CIUDADANA»

Unas 10 mil cuentas están suscriptas al grupo Desaparecidos SOS Cuba, el principal de los que en Facebook dice brindar informaciones acerca de los detenidos en los disturbios del 11 de julio. La distinción entre cuentas y personas resulta imprescindible. Quienes adversan al gobierno llevan años denunciando la existencia de miles de perfiles falsos en las redes sociales, que, gestionados por la Seguridad del Estado, se emplean para atacar a sus activistas e iniciativas. Ciberclarias, el término con que inicialmente se les designó, se ha extendido para denostar a los partidarios digitales del oficialismo, sean reales o no.

La oposición, a su vez, gestiona un impresionante «sistema automatizado de viralización de contenidos, sin ser penalizada por Twitter», observó el experto español Julián Macías en una entrevista reciente con AFP. La etiqueta #SOSCuba es el éxito más reciente de ese sistema de generación de contenidos.

«Entre el 5 de julio, cuando se empezó a usar, y el 8, se pusieron unos 5 mil tuits con esa mención. Luego, el día 9, fueron 100 mil; 500 mil el 10; 1,5 millones el 11, y 2 millones el 12 […]. Las cuentas que se usaron esta vez son las mismas que habían participado en las campañas contra AMLO [Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano]», resaltó el investigador.

La presión que puede llegar a ejercer ese ejército de bots fue experimentada en carne propia por la exactriz porno Mia Khalifa, luego de que el 8 de julio tuiteara la foto de un paciente recibiendo oxígeno en un hospital cubano. La imagen iba acompañada por una leyenda que culpaba al «embargo» estadounidense de entorpecer los esfuerzos de la isla para hacer frente a la pandemia. Bastaron pocas horas y miles de ataques a su perfil para que la libanesa se desdijera, borrando la publicación original de su historia y sumándose a las ofensas que se lanzaban contra el presidente Miguel Díaz-Canel.

Las listas de Desaparecidos SOS Cuba, y el resto de grupos y plataformas similares, se han nutrido desde el 11 de julio con denuncias ciudadanas para las que no se requiere aportar evidencias. Basta escribir a sus perfiles o correos electrónicos para que el nuevo caso de desaparición sea registrado y hecho público. De ahí en más, las redes de bots garantizan la amplificación del mensaje, hasta posicionarlo como tendencia en Cuba y los países con mayor presencia de emigrados cubanos.

La sobreabundancia de información ha evitado que ese sistema de «verificación ciudadana» entre en crisis cada vez que nuevos «desaparecidos» denuncian su inclusión en las listas, muchos de ellos sin siquiera haber participado en las marchas o haberse contado entre los detenidos por la Policía. Esta semana el caso más notable fue el del presidente del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos, Ramón Samada, al que se presuponía desaparecido luego de una manifestación ante el edificio de la televisión nacional.

Una vez descubierta la mentira, varios de los opositores que sí habían acudido a la protesta de marras intentaron una justificación que apuntaba a errores en sus publicaciones de Facebook de ese día. Significativamente, a más de una semana de los hechos no habían considerado la conveniencia de enmendar sus errores. Instituciones como Cubalex, una organización de asesoría jurídica para los cubanos en la isla, que funciona desde Florida con fondos del gobierno estadounidense, insisten, sin embargo, en la «confiabilidad del trabajo que se está haciendo». Laritza Diversent, la abogada afrodescendiente que la preside, ha considerado «fundamental documentar los abusos del régimen». Pero como Human Rights Watch, el Movimiento San Isidro y otros grupos implicados en el tema han evitado referirse de manera explícita a los casos en que la denuncia ha resultado infundada o sencillamente falsa.

CONJUNCIÓN DE INTERESES

Entre 2000 y 2018 el consumo de electricidad de los hogares cubanos se duplicó. La tendencia se aceleró en los últimos dos años, a tenor con la pandemia (las familias permanecen mucho más tiempo en casa), la expansión del trabajo por cuenta propia (muchos de los negocios se desarrollan en las viviendas) y la masificación de bienes de consumo, como los equipos de climatización y las motocicletas eléctricas.

Cuba no experimentó un aumento de población en el período. Su estadística demográfica, en realidad, disminuyó en varias provincias, por lo que el salto en la demanda de energía solo puede explicarse bajo una fórmula que contemple la mejora de las condiciones de vida de un porcentaje significativo de los residentes en la isla. Ha sido, de hecho, lo que ha ocurrido. Cuando Fidel Castro dejó el poder en julio de 2006, solo una pequeña minoría de sus conciudadanos podía viajar al exterior y un grupo incluso menor tenía autorización para alojarse en los hoteles reservados al turismo extranjero. Artículos como los reproductores de video, ordenadores o teléfonos móviles se consideraban un lujo inalcanzable para las mayorías.

Durante las administraciones de Raúl Castro y Díaz-Canel, un segmento numeroso de la población se acostumbró a estándares de vida similares a los de la clase media de cualquier país latinoamericano. Días antes de los disturbios, muchas de esas personas denunciaban en redes sociales la discriminación de que eran objeto al no poder asistir a discotecas y otros centros recreativos en el balneario de Varadero (el principal de la isla, 140 quilómetros al este de La Habana). Con el pretexto de evitar posibles contagios, esos espacios solo admitían a turistas extranjeros, una decisión que cuestionaban aquellos con el deseo y la posibilidad económica de visitarlos, a pesar de sus elevados precios en dólares.

Cuando a mediados de junio el Ministerio de Turismo anunció la cancelación de las reservas para hoteles hechas de cara a los meses de verano, miles de personas también se lamentaron en Facebook y Twitter por la decisión. Para entonces, y a pesar de que los pagos debían hacerse en divisas, los alojamientos de Varadero y otros polos turísticos estaban reservados por cubanos casi al 50 por ciento de su capacidad, incluso los de más alto estándar.

La inconformidad de la «gente bien» (que paulatinamente ha adoptado el reclamo de reformas políticas) se conjugó con la de los sectores desfavorecidos para desencadenar las protestas del 11 de julio. La fuerte campaña mediática alentó esa singular alianza de intereses y la amplificó hasta convertirla en una suerte de relato revolucionario en el que el gobierno y quienes lo defienden adoptaban el papel de villanos sin matices.

La dificultad de la oposición para volver a organizar marchas, y la de las autoridades para recuperar el estatus de normalidad previo a los disturbios, mantiene el conflicto en un virtual punto muerto. La «lucha» se ha trasladado, entonces, a los campos de la diplomacia y la virtualidad, con el gobierno estadounidense comprometido en una activa campaña de presiones contra gobiernos extranjeros para que se distancien de La Habana, y constantes bulos de nuevas protestas con que los cubanos se encuentran cada mañana al encender sus teléfonos móviles.

Precisamente ayer se hacía viral en la isla la novedad de que, escribiérase lo que se escribiera, el buscador de Google derivaba en automático hacia contenidos relativos a las «protestas contra el régimen». Unos cuantos no perdieron la oportunidad para descubrirse como manifestantes en la Luna o Saturno.


Primeras condenas

Esta semana se dictaron las primeras sentencias contra los detenidos en las protestas: 12 personas recibieron entre diez meses y un año de prisión. El caso más mediático es el de Anyelo Troya, director de la sección filmada en Cuba del video de Patria y vida, la canción contra el gobierno que los opositores dentro y fuera de la isla consideran su himno. La familia asegura que lo detuvieron el día 11, mientras filmaba las protestas, y que su condena fue producto de un juicio sumario y sin abogado. En paralelo, el cantautor Silvio Rodríguez y otros artistas partidarios de la revolución han comenzado a promover la idea de una amnistía para los manifestantes «que no fueron violentos».

 

Por Amaury Valdiviadesde Camagüey 
23 julio, 2021

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Casas diminutas para pobres: el “sueño americano” apretado en 6 metros cuadrados

En Los Ángeles, el gobierno y algunas ONG’s instalaron un barrio con casas de dos por tres metros. Es para personas o familias que han quedado en situación de calle con la coronacrisis. Otra postal de la decadencia capitalista.

 

La noticia recorrió los portales de todo el mundo. En solo 90 minutos, un grupo de obreros arma una “casa”. El gobierno de Los Ángeles y la ONG Hope of the Valley dicen que podrán parecer pequeñas pero “cuentan con varios servicios compartidos, como una sala de lavandería, baños, seguridad las 24 horas los siete días de la semana y un parque para pasear perros”.

Desde el aire las fotos muestran el barrio de “casas diminutas”, como lo llamaron algunos medios. Una junto a otra, perfectamente alineadas, como cajas de zapatos en un gran depósito. O una de esas “ciudades” de los parques infantiles.

El espíritu de la ONG quizá sea loable, pero desnuda la decadencia capitalista. En el país más rico del mundo, la gestión de la coronacrisis empuja a millones a la precariedad del trabajo y de la vida. El “sueño americano” condenado a chocarse contra sus delgadas paredes; una y otra vez.

Sorprende el optimismo. El “contrato” es por 3 meses. A lo sumo 6. Después, de patitas a la calle. Es que según ellos “las viviendas están pensadas como provisionales debido a que sus habitantes suelen encontrar un trabajo y un hogar definitivo a los pocos meses de vivir allí”. Ponele.

Claro.

Según la organización Human Rights Watch, desde el inicio de la pandemia 74,7 millones de personas han perdido su trabajo en Estados Unidos, una parte no pudo recuperarlos y en la mayoría de los casos se trataba de quienes cobran salarios inferiores a la media. Peor. “En el mes de enero, aproximadamente 24 millones de adultos informaron que se encontraban en situación de hambre y más de seis millones manifestaron que temían sufrir un desalojo por no poder cumplir con los pagos relacionados con la vivienda”. Para las personas latinas o afroamericanas estos números se duplican.

Hay un último dato que golpea. Es de la Oficina Nacional de Censos. Asegura que “el 32 % de los adultos de bajos ingresos dijeron que se habían sentido deprimidos en los siete días anteriores”. La “nueva solución” a las preocupaciones y angustias que genera la crisis es encerrarlas en casas diminutas.

Ante el malestar social, el gobierno de Joe Biden ha dispuesto fondos que suenan impactantes, pero según las organizaciones sociales lejos estarían de revertir esos problemas estructurales.

La misma semana que se conoció la noticia, también se supo que el millonario dueño de Amazon, Jeff Bezos, gastó una fortuna para viajar al espacio. Agradeció a sus trabajadores que corren 12 horas por día y mean en botellas de plástico. Así le ayudaron a cumplir su sueño. El hombre tiene una casa para cada clima. Cuando se aburre o corre el almanaque, se muda unas semanas. Sus propiedades en Estados Unidos están valuadas en US$500 millones. ¿La cucha del perro será más grande que estas casitas?

No es solo Estados Unidos. Son las familias de Guernica desalojadas por los mulos de los countries y los gobiernos progres. O las que tienen que amontonarse en piezas también diminutas en Salta o Constitución.

¿Nos vamos a rendir ante un sistema social en que millones sobreviven sin techo o hacinados mientras los millonarios gozan sus mansiones obscenas? No podemos.

Viernes 23 de julio

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Martine Moise despidiendo a su marido. Luego empezaron los tiros y los gases.. Imagen: EFE

Violenta despedida al asesinado presidente haitiano

Durante la misa se escucharon disparos y las personas que asistieron al funeral tuvieron que salir entre los gases lacrimógenos lanzados por la policía.

 

El funeral del presidente de Haití  Jovenel Moise se realizó este viernes en la ciudad de Cabo Haitiano, con la presencia de Martine Moise, viuda del mandatario. A pesar de las fuertes medidas de seguridad se escucharon disparos durante la ceremonia y los participantes tuvieron que evacuar bajo una nube de gases lacrimógenos. Mientras las investigaciones en torno al magnicidio continúan con las declaraciones de los presuntos involucrados en el ataque al mandatario.

Un importante despliegue policial cubrió las calles de la ciudad de Cabo Haitiano en el departamento del Norte de Haití. La ciudad fue escenario de episodios violentos, este viernes la tensión se concentró en las inmediaciones del punto donde se desarrollaba la ceremonia de despedida de Moise, de 53 años. Momentos antes de que comenzara el acto, la multitud comenzó a insultar al jefe de la Policía Nacional, Léon Charles, al grito de "asesino", al tiempo que la Policía empleó gases lacrimógenos para dispersar las barricadas de neumáticos en llamas, situados en las inmediaciones, según el diario local Gazette Haiti.

Durante la homilía por Moise, se sintieron los gases lacrimógenos y más tarde, dentro del recinto donde se realizaba el funeral se escucharon disparos. Los participantes tuvieron que salir entre una nube de gases lanzados por la policía. "La delegación presidencial está a salvo y completa después del tiroteo reportado durante el funeral. Están todos de regreso a Estados Unidos", dijo Jen Psaki, la portavoz de la Casa Blanca.

El ataúd de Moise, cubierto por la bandera nacional y la banda presidencial, fue expuesto en una explanada decorada con flores y bajo la custodia de soldados de las Fuerzas Armadas de Haití. La viuda del presidente, Martine Moise, quien resultó gravemente herida en el ataque contra su marido, estaba presente en Cabo Haitiano, con el brazo en cabestrillo tras ser atendida en un hospital en Florida, al sur de Estados Unidos. La viuda llegó acompañada por sus hijos y un importante dispositivo de seguridad. Ante el féretro se retiró la mascarilla y besó la bandera que cubrió el sarcófago.

"Fuiste abandonado y traicionado. Tu asesinato expuso (la) fealdad y cobardía", dijo Martine en la ceremonia civil en honor de Moise celebrada en Cabo Haitiano, donde será enterrado este viernes.

En la ceremonia estuvieron presentes representantes de las delegaciones extranjeras, cuerpo diplomático y miembros del gobierno de Haití que le ofrecieron el pésame a la exprimera dama. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, envió una delegación de alto nivel al funeral, incluida su embajadora ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, y su nuevo enviado especial para Haití, Daniel Foote, que llega a la isla encomendado con la tarea de ayudar a impulsar la organización de las elecciones.

Hasta el momento unas 28 personas –26 colombianos y dos haitianos-estadounidenses– fueron vinculadas al comando que asesinó al presidente de Haití, Jovenel Moise. La policía haitiana asegura que el complot fue organizado por personas con ambiciones políticas y vínculos fuera del país. Este jueves, el ecuatoriano Walter Veintemilla, dueño de la firma Worldwide Capital Lending Group de Miami y financista del operativo en el que fue asesinado Moise, admitió haber aportado dinero pero no para matar al mandatario sino para favorecer un cambio en el país. Veintemilla prevé una acción legal contra las autoridades haitianas que lo señalaron por haber financiado el complot.

El abogado de Veintemilla, Robert Nicholson, aseguró que su cliente sí estuvo en reuniones con haitianos y extranjeros ahora investigados, incluido el médico Christian Emmanuel Sanon, considerado uno de los autores intelectuales del crimen y ahora detenido. Veintemilla reconoció que desde Worldwide Capital Lending Group juntó de inversionistas cerca de 172 mil dólares y se los entregó a Sanon, y que antes había cedido una suma similar a Antonio Intriago, dueño de CTU Security LLC, en principio señalada como la firma que reclutó a los mercenarios colombianos acusados del operativo.

Nicholson afirmó que el papel de su cliente era financiar los gastos de las aspiraciones presidenciales de Sanon y que éste lo retribuiría con futuros contratos una vez que estuviera a cargo del Ejecutivo de Haití. "Ni Worldwide Capital ni el señor Veintemilla tenían conocimiento de ningún supuesto plan de asesinato", insistió Nicholson.

Mientras que desde el Departamento de Estado norteamericano confirmaron que seis de los ciudadanos colombianos arrestados por su presunta participación en el magnicidio recibieron entrenamiento militar en EE.UU. "Hasta la fecha, el Estado y el Departamento de Defensa han identificado a seis personas que podrían haber estado involucradas en el complot y que participaron anteriormente en programas de entrenamiento militar y educativos de Estados Unidos mientras servían al ejército colombiano", afirmó el portavoz de la cancillería, Ned Price.

Esta semana se desarrollaron varias ceremonias de homenaje al presidente asesinado en Puerto Príncipe. Una de ellas contó con la presencia de Ariel Henry, el nuevo primer ministro, quien asumió el cargo el martes con la promesa de restablecer el orden para organizar los comicios exigidos por la población haitiana. Haití actualmente no tiene un Parlamento en funcionamiento y cuenta solo con un puñado de senadores electos, ya que los mandatos de la mayoría expiraron.

23/07/2021

Publicado enInternacional