Domingo, 13 Febrero 2022 06:00

Elegir no es mandar

Edwing Pinzón, sin título (Cortesía del autor)

Las elecciones recientes de Pedro Castillo en Perú, Xiomara Castro en Honduras y Gabriel Boric en Chile, sumadas a los gobiernos en función, que ya superan más de la mitad del mandato, de López Obrador en México y Alberto Fernández en Argentina, han suscitado un entusiasmo nada desdeñable en el Progresismo latinoamericano. Los comicios presidenciales en Colombia –29 de mayo– y de Brasil –2 de octubre– de 2022, en los que son favoritos Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva respectivamente, podrían completar el cuadro de lo que sería algo así como una fase de progresismo 2.0. Esto nos obliga a formularnos por lo menos dos interrogantes sobre ese hecho político: ¿qué puede significar realmente este giro para los pueblos del subcontinente –y de forma particular para los sectores marginales de estas naciones? Y, ¿cuáles son las analogías con la primera era progresista cuyas conquistas parecen haber sido flor de muy pocos días?


La asunción de Hugo Chávez a la presidencia de la República de Venezuela en 2002, de Néstor Kirchner y Lula Da Silva en 2003, dio inicio a gobiernos que esgrimían un discurso soberanista y popular, que buscaba contrastar con los desastres provocados por la globalización ultraliberal que en Venezuela motivaron el estallido social de febrero de 1989 contra el FMI, conocido como el Caracazo –saldado con una represión que de acuerdo con datos oficiales dejó cerca de 300 muertos, y que según fuentes no oficiales, la cifra pudo alcanzar hasta los 3.000 protestantes asesinados. En Argentina, el llamado Corralito, que consistió en el secuestro de los fondos de los cuentahabientes del sector financiero en diciembre de 2001, fue el detonante de las reacciones populares que dejó un saldo de al menos cuarenta muertos.


El deterioro generalizado de la región al finalizar el siglo XX, alentó un cambio de signo también en los gobiernos de otros países del subcontinente que vio como Uruguay en 2005 elegía a Tabaré Vásquez (sustituido en 2010 por el mediático José “Pepe” Mujica), Bolivia en 2006 ungía a Evo Morales como primer presidente indígena, y Ecuador designaba en 2007 a Rafael Correa, que desde su campaña había prometido desmantelar la base militar norteamericana de Manta como parte del discurso soberanista. El cuadro lo completó en 2008 en Paraguay el obispo Fernando Lugo, derrotando al partido Colorado que había gobernado el país por seis décadas.


Estos gobiernos tuvieron como una de sus premisas la nacionalización de recursos como el petróleo y, en general, la modificación favorable de las condiciones de participación de los Estados en los recursos del subsuelo, que tuvo su lado opaco en el reforzamiento resultante del extractivismo y una marcada reprimarización de la economía. Sobre esa base fue posible una redistribución de las rentas que, en lo esencial, filtró mejoras en los sectores marginales a través de subsidios. Los aumentos del gasto social facilitados por un ciclo de precios altos de las materias primas, y una idea de integración que llevó a pensar que los intercambios intrarregionales eran una posibilidad de fortalecimiento político y económico –materializado en Unasur como máximo organismo regulador–, luego de la derrota del proyecto de Área de Libre Comercio de las Américas (Alca) que buscaba liderar los Estados Unidos, fueron parte del núcleo común del proyecto. Los golpes de Estado “blandos” a Fernando Lugo en 2012 y a Dilma Rousseff en 2016, la muerte de Hugo Chávez en 2013 y la victoria de Mauricio Macri en el 2015 en Argentina, son quizá los hitos más importantes que marcan el principio del fin del sueño progresista que terminó desdibujado en ese corto período de cuatro años, y cuyos avances estructurales más significativos fueron desmontados, casi en su totalidad, como fue el caso de algunos logros en las leyes que rigen las relaciones capital-trabajo.


La crisis de una Venezuela golpeada desde afuera por las sanciones de las grandes potencias, y en su interior por la corrupción de funcionarios como Rafael Ramírez, hoy prófugo, que saqueó durante diez años Pdvsa, es actualmente un caso mostrado, en no pocos escenarios, como ejemplo del que debe huirse, y como eso incluye a actores del progresismo 2.0, es claro que éste busca diferenciarse sustantivamente de sus antecesores.


El entorno económico mundial, luego de la crisis del 2008, ha intensificado los procesos de concentración y centralización del capital hasta niveles sin precedentes, haciendo de las multinacionales supra-poderes. La geopolítica está centrada, en este momento, en la disputa por un nuevo orden que, de hecho, muestra el fin de la unipolaridad que busca ser sostenida por el último hegemón que resiste la aceptación de la multipolaridad. La china, potencia emergente, con la excepción de Colombia, Ecuador y Venezuela –que siguen teniendo a Estados Unidos como el primer destino de sus ventas externas–, es ya el mayor socio comercial o iguala a los norteamericanos en los intercambios económicos con los demás países Suramericanos, marcando una dicotomía en los gobiernos de la región entre la lealtad al discurso de la llamada democracia occidental y los intereses económicos, que los nuevos progresistas parecen no saber cómo tratar.


El regreso del Kirchnerismo al poder en Argentina, luego del fracaso del gobierno de la derecha liderada por Mauricio Macri, y la derrota que en las elecciones de mitad de mandato sufrió en noviembre de 2021 el gobierno de Alberto Fernández, y que auguran la probabilidad de un regreso del macrismo en 2023, pueden estar indicándonos que estamos entrando en un juego análogo al del mito de Penélope en el que la derecha desteje en su mandato lo que el progresismo pueda alcanzar a tejer en el suyo, en un juego de alternancia permanente en el que a un paso temporal hacia adelante lo sigan, poco después, varios hacía atrás, mientras el movimiento social, entretenido, nubla el convencimiento de que sin acciones contundentes, masivas y permanentes sus sueños de una sociedad mejor no tendrán lugar.


No cabe duda que la política ha sufrido un corrimiento a la derecha y que eso ha tenido como efecto que los reclamos de los movimientos políticos alternativos sean cada vez más limitados. Y si bien no puede afirmarse que en los resultados electorales cualquier resultado da igual, eso tampoco debe llevar a aceptar sin miramientos que lo posible del realismo práctico borre lo deseable de los sueños. La búsqueda de conquistas irreversibles pasa, entonces, por extender el poder a las organizaciones de la base social para poder construir así una verdadera democracia.

 

 

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Viernes, 11 Febrero 2022 17:40

Frente interno, guerra externa

Germán Ardila, detalle El péndulo T-M, 40 x 40 cm. (Cortesía del autor)

Designar un enemigo interno le permite a un dirigente cuestionado asimilar sus rivales políticos a subversivos, alborotadores, agentes externos. Pero también le es útil designar un enemigo externo y pretender reaccionar a sus amenazas: al presentarse como garante de los intereses superiores de la nación gana en majestad. Según los occidentales, semejante clave de interpretación explicaría tanto que Vladimir Putin haya emprendido una feroz represión de sus opositores como que le haya reclamado a Estados Unidos garantías de seguridad con tal brutalidad que se aseguraba un rechazo definitivo a su demanda, a pesar de que sea legítima (Teurtrie, pág. 24). Dicho esto, si hay un presidente que tiene interés en emprender una pulseada diplomática para revertir su impopularidad, Joseph Biden es como mínimo tan indicado como su par del Kremlin...


La prensa estadounidense, cuyos análisis son repetidos automáticamente por los medios de comunicación franceses, nos explica que “una Ucrania democrática representaría una amenaza estratégica para el Estado represivo construido por Putin. Podría alentar a las fuerzas favorables a la democracia en Rusia” (1). Resulta sin embargo dudoso de que el viento de la libertad que sopla desde un país tan pobre y corrupto como Ucrania, cuyos dos principales dirigentes de la oposición se encuentran en prisión domiciliaria haya asustado al Kremlin. Y no es el apego de Kiev a las libertades públicas lo que le valió el apoyo militar de Turquía.


Pero, nada mejor para unir a representantes republicanos y demócratas que el resto del tiempo se enfrentan y juegan a la insurrección y la guerra civil, que frases grandilocuentes sobre la democracia, una escalada militar, presupuestos inflados para el Pentágono (2). “Para defender la paz exterior, el presidente Biden necesita hacer un poco de paz en casa –le aconseja incluso The Wall Street Journal–. La resistencia a Rusia une a los senadores progresistas y conservadores” (3). En resumen, un conflicto con Rusia apaciguaría los odios políticos estadounidenses.


Vía de escape

La presidencia errática de Donald Trump, sus dos procesos de destitución en el Congreso, las patrañas del Russiagate, el asalto al Capitolio, las acusaciones de fraude electoral o de manipulación del escrutinio socavaron la pretensión de Washington de darle lecciones de democracia al mundo entero. Admitiendo que sus profecias de un “fin de la Historia” habían sido desmentidas, Francis Fukuyama señala “dos factores clave que subestimé en ese entonces”. Uno de ellos, justamente, era “la posibilidad de una descomposición política de las democracias avanzadas” (4). Ahora bien, se preocupa Fukuyama, las divisiones internas de Estados Unidos amenazan el poder geoestratégico de Occidente.


A este estadio, los otros pueblos tienen fundamentos para preguntarse si deben añorar la unión nacional estadounidense, que produjo las guerras de Corea, de Vietnam, del Golfo, de Afganistán, de Irak. O preocuparse por los enfrentamientos internos actuales que podrían derivar en una guerra en Europa como vía de escape.

1. The Wall Street Journal, 21-1-22.
2. El 7 de diciembre de 2021, la Cámara de Representantes aprobó por 363 votos contra 70 un presupuesto militar de 778.000 millones de dólares, es decir 25.000 millones más de lo que reclamaba el presidente Biden.
3. Walter Russell Mead, “How to halt Putin’s Ukraine push”, The Wall Street Journal, 18-1-22.
4. Francis Fukuyama, “What the world saw that day”, The New York Times, 9-1-02.

*Director de Le Monde diplomatique.
Traducción: Micaela Houston

 

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Sábado, 12 Febrero 2022 06:35

Frente interno, guerra externa

Germán Ardila, detalle El péndulo T-M, 40 x 40 cm. (Cortesía del autor)

Designar un enemigo interno le permite a un dirigente cuestionado asimilar sus rivales políticos a subversivos, alborotadores, agentes externos. Pero también le es útil designar un enemigo externo y pretender reaccionar a sus amenazas: al presentarse como garante de los intereses superiores de la nación gana en majestad. Según los occidentales, semejante clave de interpretación explicaría tanto que Vladimir Putin haya emprendido una feroz represión de sus opositores como que le haya reclamado a Estados Unidos garantías de seguridad con tal brutalidad que se aseguraba un rechazo definitivo a su demanda, a pesar de que sea legítima (Teurtrie, pág. 24). Dicho esto, si hay un presidente que tiene interés en emprender una pulseada diplomática para revertir su impopularidad, Joseph Biden es como mínimo tan indicado como su par del Kremlin...


La prensa estadounidense, cuyos análisis son repetidos automáticamente por los medios de comunicación franceses, nos explica que “una Ucrania democrática representaría una amenaza estratégica para el Estado represivo construido por Putin. Podría alentar a las fuerzas favorables a la democracia en Rusia” (1). Resulta sin embargo dudoso de que el viento de la libertad que sopla desde un país tan pobre y corrupto como Ucrania, cuyos dos principales dirigentes de la oposición se encuentran en prisión domiciliaria haya asustado al Kremlin. Y no es el apego de Kiev a las libertades públicas lo que le valió el apoyo militar de Turquía.


Pero, nada mejor para unir a representantes republicanos y demócratas que el resto del tiempo se enfrentan y juegan a la insurrección y la guerra civil, que frases grandilocuentes sobre la democracia, una escalada militar, presupuestos inflados para el Pentágono (2). “Para defender la paz exterior, el presidente Biden necesita hacer un poco de paz en casa –le aconseja incluso The Wall Street Journal–. La resistencia a Rusia une a los senadores progresistas y conservadores” (3). En resumen, un conflicto con Rusia apaciguaría los odios políticos estadounidenses.


Vía de escape

La presidencia errática de Donald Trump, sus dos procesos de destitución en el Congreso, las patrañas del Russiagate, el asalto al Capitolio, las acusaciones de fraude electoral o de manipulación del escrutinio socavaron la pretensión de Washington de darle lecciones de democracia al mundo entero. Admitiendo que sus profecias de un “fin de la Historia” habían sido desmentidas, Francis Fukuyama señala “dos factores clave que subestimé en ese entonces”. Uno de ellos, justamente, era “la posibilidad de una descomposición política de las democracias avanzadas” (4). Ahora bien, se preocupa Fukuyama, las divisiones internas de Estados Unidos amenazan el poder geoestratégico de Occidente.


A este estadio, los otros pueblos tienen fundamentos para preguntarse si deben añorar la unión nacional estadounidense, que produjo las guerras de Corea, de Vietnam, del Golfo, de Afganistán, de Irak. O preocuparse por los enfrentamientos internos actuales que podrían derivar en una guerra en Europa como vía de escape.

1. The Wall Street Journal, 21-1-22.
2. El 7 de diciembre de 2021, la Cámara de Representantes aprobó por 363 votos contra 70 un presupuesto militar de 778.000 millones de dólares, es decir 25.000 millones más de lo que reclamaba el presidente Biden.
3. Walter Russell Mead, “How to halt Putin’s Ukraine push”, The Wall Street Journal, 18-1-22.
4. Francis Fukuyama, “What the world saw that day”, The New York Times, 9-1-02.

*Director de Le Monde diplomatique.
Traducción: Micaela Houston

 

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Viernes, 11 Febrero 2022 17:18

Juventud, garrote y zanahoria electoral

Hernando Sánchez, Espera (Cortesía del autor)

En diciembre de 2021 se realizaron por primera vez, a nivel nacional, las elecciones de los Consejos municipales y locales de juventud (1). Sus antecedentes y características, así como el contexto de exclusión, conflicto intergeneracional y ruptura juvenil con las instituciones del país dan cuerpo a este artículo.

Mediante una invasiva propaganda oficial el gobierno Duque, pretendiendo cooptar y manipular el creciente descontento juvenil, encubrir la persecución, criminalización y asesinato del liderazgo de este sector social, y deslegitimar el alzamiento social que marcó la vida nacional a lo largo de varias semanas del 2021, organizó y citó precipitadamente a la juventud colombiana a participar en la elección de los Consejos municipales y locales de juventud el pasado 5 de diciembre de 2021.


El número de adolescentes y jóvenes (14 a 28 años de edad) que estaban habilitados para votar sumaba 12.282.273 (24,1% en relación con la población total colombiana). Tan solo 1.279.961 (10,4% del censo electoral juvenil previsto) respondió al llamado presidencial y a la maquinaria institucional para elegir a 10.824 consejeros municipales y locales de juventud a lo largo del territorio nacional. Unos comicios en los que también realzó el fraude y voto nulo, este último con el 23 por ciento del total de los sufragados (para el Congreso suele ser del 6 por ciento).


A la par de la ausencia en los puestos de votación de quienes fueron citados, llamó la atención la manera imprevisible y malintencionada como la Registraduría Nacional habilitó a los adolescentes para votar en cualquier puesto sin inscripción previa ni control de las veces que repitiera, abriendo de este modo un expedito camino al fraude ¡primeras lecciones de la típica democracia colombiana! Sin reparar en lo sucedido en los puestos sin votantes ni en los exiguos resultados, el histriónico presidente Iván Duque se apresuró a declarar: “Hoy es un día histórico para la democracia y para el país. Es un triunfo de la democracia y demuestra que la juventud tiene un espíritu de acción”.


Y ese espíritu estuvo presente pero no en forma de voto sino de rechazo a unos partidos tradicionales, y otros que se dicen de nuevo tipo, que no alcanzan a inquietarlos, a una burocracia que no aprecian, a unas fuerzas de seguridad que los asesina y a un proyecto de país que los excluye. En suma, su espíritu estuvo presente a través del rechazo a una institucionalidad que ni los representa ni les ofrece presente o futuro digno, tendiendo luz de esta manera, además, sobre la evidente y profunda fractura que existe entre este grupo poblacional y la institucionalidad pública; y, de otra, el escepticismo imperante o la poca credibilidad que ofrece la manoseada democracia formal para la participación activa y decisiva de los jóvenes en los asuntos estratégicos del país.


Modernización violenta y excluyente


El concepto de juventud nace con la modernidad. La puesta en escena del sujeto juvenil en Colombia es el referente existencial de las generaciones nacidas a partir de la década de los años 1950. Dos acontecimientos actúan disruptivamente durante esta época: las violencias de mediados del siglo XX prolongadas hasta tiempos presentes y la Constitución Política de 1991. La violencia actúa compulsivamente como partera de la historia –las identidades juveniles nacen, crecen, viven y mueren en medio de la guerra–. Durante la segunda mitad del siglo XX, adolescentes y jóvenes fueron estigmatizados y considerados problema y “objeto” de políticas públicas represivas, asistencialistas e inconsultas. De manera tardía, la Constitución Política de 1991 reconoció a los jóvenes como sujetos de derechos y protagonistas del desarrollo de la nación desde el ejercicio de la democracia directa, la diferencia y la autonomía.


Sin embargo, la fundamentación en los derechos humanos y la introducción de la noción de democracia participativa en el ordenamiento constitucional fue incapaz de poner fin a tres factores de riesgo que impactan estructural y negativamente el bienestar de la sociedad colombiana y, en particular, la existencia de los adolescentes y jóvenes: la precariedad del mercado laboral (desempleo e informalidad), la pobreza (la otra cara de la exclusión y la violación de los derechos humanos) y la violencia homicida (gráfico 1). En general, la medición focalizada del padecimiento de los jóvenes en relación con estas tres patologías es dos, tres y hasta cuatro veces superior al valor promedio observado en las cifras nacionales.


Lo preocupante es que durante la administración Duque estos índices de malestar se agravan y registran una tendencia creciente y acelerada: En 2021, la cifra de homicidios aumentó un 17 por ciento respecto de 2020; el año cerró con una cifra aproximada de 14.000 asesinatos; esto es, una tasa de 27,1 homicidios por cada 100.000 habitantes, superando la tasa de homicidio de los años anteriores: 2020 con 23,9 y 2019 con 25,6; ii) el grado de incidencia de la pobreza por ingresos insuficientes registraba una tendencia descendente desde 2013 hasta alcanzar el piso de 34,7 por ciento en 2018; en los años siguientes, potenciado en los últimos dos por la pandemia y el mal manejo macroeconómico, un alto número de familias de clase media cayeron en la pobreza, registrando el indicador un valor de 44 por ciento en 2021; iii) En los últimos 72 años, la tasa de desempleo registra dos fases: durante el período 1950-1965, la desocupación fue inferior a dos dígitos, manteniéndose en el rango del 2 al 8 por ciento; a partir de 1966, la exclusión laboral tiende a estar en dos dígitos, alcanzando un pico en el año 2000 de 19,7 por ciento y otro en mayo de 2020 de 21,4 por ciento. En los valores promedios anuales, en 2015 se llegó a un piso de 8,9 por ciento para luego escalar a 10,5 por ciento en 2019, 16,1 en 2020 y caer a 14,0 en 2021.


En los adolescentes y jóvenes, las causas externas son las principales causantes de las defunciones. Durante el período 1980-2018 fueron asesinados en Colombia 351.135 adolescentes y jóvenes (14 a 28 años de edad). La violencia delineó el perfil de morbilidad y mortalidad de este grupo etario. El incremento de la violencia homicida ha alcanzado niveles catastróficos para los adolescentes y jóvenes afectando principalmente a los hombres entre los 18 y 28 años de edad. Durante el período 1985-2018 la tasa promedio de homicidios por cada 100.000 habitantes a nivel nacional fue de 50,9; en el grupo de adolescentes y jóvenes el promedio de asesinatos aumentó a 86,4; esto es, 1,7 veces más alto. De los 14.000 asesinatos ocurridos durante 2021, una cifra cercana a los 9.000 corresponde a victimas adolescentes o jóvenes, en consonancia con las tasas históricas. De esta manera y sin duda, la privación del derecho a la vida es una de las principales y más severas violaciones a los derechos humanos de adolescentes y jóvenes en Colombia.


El análisis por subgrupos etarios y género presenta resultados más complejos en el comportamiento de la criminalidad del país. La tasa de homicidios promedio durante el período 1985-2018 para las “mujeres adolescentes y jóvenes” es de 12 por cada 100.000 habitantes, en el rango de 12 a 28 años; para los “hombres” es de 161; esto es, 13,4 veces más alto. La tasa promedio de homicidios en los “jóvenes tempranos hombres” (18 a 23 años de edad) es de 204,1 (4,1 veces superior a la tasa nacional) con un valor máximo de 338,5 alcanzado en 1993 y en los “jóvenes tardíos hombres” (24 a 28 años de edad) el valor promedio es de 229,6 (4,5 veces el promedio nacional) y el máximo de 373,7 en el año de 1992 (gráfico 2 y tabla1).

 

En general, la relación entre criminalidad y población adolescente y joven es multicausal y está ligada a los ciclos de violencia del país y a las complejas, estructurales y profundas causas conflictivas que los generan. No puede pensarse de manera unilateral que el aumento de las muertes de los jóvenes fue causa exclusiva del conflicto armado interno o del aumento en cifras absolutas de la población joven; hay otras igual de importantes como la lucha contra y entre los carteles de la droga, el uso de los jóvenes por bandas delincuenciales que se aprovechan de sus vulnerabilidades, la cultura de resolver los problemas mediante la violencia, la intolerancia en la convivencia cotidiana, y, los crímenes cometidos por el Estado en el contexto de los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales. El país es escenario, de esta manera, un “juvenicidio” ocurrido en su historia reciente (2).


Por su parte el perspicaz escritor británico H. G. Wells (1866-1946) observó a principios del siglo XX y lo registra en su obra “El destino del Homo Sapiens” que el exceso relativo de jóvenes desocupados en las sociedades capitalistas modernas constituía una peligrosa fuerza tendiente a provocar conflicto en toda comunidad humana; la solución más fácil encontrada por las clases dominantes a la presión ejercida por el sobrante de hombres jóvenes de las clases populares, con el fin de mantenerlos disciplinados y reducir su número, ha consistido en la guerra, la cárcel o el exilio (3). De esta manera, al poder destructivo material y moral de la guerra moderna se adiciona, según Wells, el desperdicio para siempre de grandes reservas y potencialidades de energía humana (4).


Realidad que en lo fundamental no cambia. Los y las jóvenes viven hoy con mayor dramatismo que el resto de la población una serie de tensiones y paradojas. Una de las principales es que la juventud goza de más acceso a la educación y menos acceso a un empleo digno. En los análisis de su inserción laboral, resalta el alto nivel de desempleo y subempleo y la alta precariedad de quienes logran ocuparse (expresada en inestabilidad laboral, bajas remuneraciones y escasa cobertura de la seguridad social).


Durante las fases recesivas, el mecanismo de ajuste del mercado laboral colombiano empieza con el cierre de los puestos de trabajo de los jóvenes, afectando en mayor proporción a las mujeres. En general, ellas y ellos se encuentran atrapados en un círculo vicioso de empleo precario, informalidad-desempleo-inactividad-pobreza-exclusión (gráfico 3 y tabla 2).

 


En el ojo del huracán de la pandemia y los nefastos impactos de las medidas administrativas de encerramiento, la tasa de desempleo de las mujeres jóvenes alcanzó la cifra de 37,3 durante el trimestre mayo-julio de 2020 y en los hombres jóvenes de 24,5 en el trimestre abril-junio del mismo año.
De acuerdo con los resultados de las series trimestrales del Dane-Geih, durante el período 2001-2021 (julio-septiembre), en general, los valores promedio más altos de desocupación (5) lo registran las mujeres jóvenes tanto en las cabeceras (25,6%) como en los centros poblados y rural dispersa (24,6%). Los valores de las tasas de desocupación más bajas corresponden al total de los centros poblados y rural dispersa (7,3%) y los hombres jóvenes de estas áreas (8,0%). La tasa total promedio de desempleo nacional es 11,7 por ciento; en el total de hombres jóvenes es de 15,1 (3,4 puntos porcentuales –p.p.–. por encima del promedio nacional); en las mujeres jóvenes es de 25,7 (14 p.p. arriba del promedio nacional y una brecha de 10,6 p.p. respecto a la tasa de desocupación de los hombres jóvenes). Los coeficientes de variación son más bajos en las categorías de los jóvenes de ambos sexos expresando de esta manera una situación estructural de desempleo frente a los ciclos de los mercados de trabajo.


Una realidad que no escapó a los ojos de Misión de Empleo, en funciones desde julio de 2020 con el fin de encontrar una ruta que le permita crear un plan estratégico al gobierno nacional para mejorar las condiciones laborales existentes en el país. El economista mexicano Santiago Levy, jefe de la misma afirmó el pasado 11 de enero al presentar las conclusiones del estudio que “El mercado laboral colombiano está muy mal. Tiene una protección social ineficiente, un empleo precario para las personas y ofrece pocas oportunidades para que estas mejoren sus condiciones laborales, lo cual, a su vez, castiga el crecimiento económico y la productividad, por lo cual no es de extrañar que Colombia presente las tasas de crecimiento de desempleo más altas de Latinoamérica”.


Es necesario recordar la diferencia entre la condición juvenil (dato biológico y límite social y políticamente establecido) y la situación juvenil (pertenencia a una clase social, estrato socio-económico o ethos territorial). Los análisis del sociólogo francés Pierre Bourdieu (1930-2002) sobre el problema de los jóvenes le permitieron afirmar que “el hecho de hablar los jóvenes como de una unidad social, de un grupo constituido, que posee intereses comunes, y de referir estos intereses a una edad definida biológicamente, constituye en sí una manipulación evidente” (6). En efecto, en Colombia los adolescentes y jóvenes según la “situación de vida” se encuentran sobrerrepresentados en los niveles más bajos de la estratificación socioeconómica: los estratos uno y dos concentran el 76,3 por ciento de este segmento poblacional. Registran, además, graves carencias. El valor promedio del índice multidimensional de pobreza –IMP– es 37,8 por ciento en la población de 12 a 28 años; en contraste, a nivel general la pobreza multidimensional en Colombia se ubicó en 18,1 por ciento en 2020.


Además, teniendo en cuenta que la desigualdad del desarrollo es desigual en sí misma, estos adolescentes y jóvenes crecen en realidades muy diferentes dependiendo de los contextos y pares de contrarios antagónicos: riqueza/pobreza; urbano/rural; guerra/paz; jóvenes/viejos, entre muchos más. A continuación se analiza el contexto de vida de los adolescentes y jóvenes.


Falacia ecológica, desarrollo desigual y contextos de vida


La evidencia empírica y los análisis econométricos ponen al descubierto la “falacia ecológica”, es decir: hacer inferencias acerca de algunos individuos a partir de información del grupo al cual pertenecen. En efecto, cualquier análisis de series de tiempo empleando la tasa de homicidio y la proporción de la población joven encuentra una relación positiva y significativa entre estas dos variables; sin embargo, el análisis desagregado por grupos de edad muestra algo diferente, los cambios demográficos poco explican los movimientos de la tasa de homicidio. En cuanto al rol que juega la pobreza, diversos estudios concluyen que la evolución de la pobreza poco o nada explica el dramático incremento en los homicidios. En cuanto a la relación más compleja existente entre demografía y violencia en Colombia, los investigadores recomiendan hacer estos análisis a nivel de subgrupos etarios, clases sociales, actividades económicas, entidades culturales, regiones, municipios y ciudades específicas (7).


Adicionalmente, el hecho que dos fenómenos registren tendencias o comportamientos similares en el tiempo no permite inferir ningún tipo de causalidad entre ellos, es decir, que uno pueda ser causa u origen del otro. Las correlaciones describen relaciones simples y casi siempre lineales sin hacer afirmaciones sobre causa y efecto.


Tomando esto en cuenta, de las ocho variables condicionantes a nivel territorial elegidas para el estudio de juventud y contextos de vida (ver mapas), la mayor variabilidad (relación % entre la desviación estándar y la media) la registran la densidad poblacional (habitantes/extensión territorial), la tasa de víctimas del conflicto armado, el grado de ruralidad, y el nivel de riqueza generado. Las variables estables, homogéneas y con valores muy cercanos al promedio son el índice de pobreza multidimensional, la participación poblacional del grupo etario adolescente y joven, el grado de participación en la elección de los Consejos de juventud y la participación política de la población apta para votar en la elección de Presidente 2018 (tabla 3 y mapas).

 


Para mayor evidencia apoyemos el análisis en la Matriz de correlación, la cual muestra los valores de correlación de Pearson, que miden el grado de relación lineal entre cada par de elementos o variables. Los valores de correlación se pueden ubicar entre -1, cero y +1. Si los dos elementos tienden a aumentar o disminuir al mismo tiempo, el valor de correlación es positivo; si el valor es cero no existe relación entre las variables; si es negativo, una variable aumenta mientras la otra disminuye (tabla 4).

 

Respecto a las correlaciones positivas, de la tabla cuatro se puede inferir que el peso porcentual de la población joven (14 a 28 años) es más alto en aquellos territorios con altos índices de violencia, medido por la tasa de víctimas del conflicto armado; en los municipios de mayor ingreso per cápita la participación política es más alta en las elecciones presidenciales; el grado de participación relativa en la elección de los Consejos juveniles tiende a incrementarse en los territorios más pobres y rurales; la pobreza multidimensional aumenta en los territorios más violentos y rurales; la generación de riqueza por persona está asociada al grado de urbanización o densidad poblacional; y grados de violencia y grados de ruralidad están asociados en sus tendencias crecientes.


Respecto a las correlaciones negativas, la participación política desciende con el aumento de la pobreza y la ruralidad; la participación de los adolescentes y jóvenes en las elecciones de los Consejos tiende a ser escasa o exigua en las grandes urbes y entidades territoriales de mayor riqueza relativa; a mayor densidad de la población y mayor riqueza generada la pobreza multidimensional se reduce; la concentración de población reduce el grado de ruralidad; la riqueza por persona aumenta y se reduce la tasa de victimas del conflicto armado; el PIB per cápita aumenta de manera inversa al grado de ruralidad.
Variables no relacionadas. Llama la atención que el peso relativo del grupo etario comprendido entre los 14 y 28 años de edad respecto al total de población de cada entidad territorial no registra correlaciones estadísticamente significativas con la mayoría de las variables asociadas; solamente hay una correlación positiva con los territorios de mayor violencia y número mayor de victimas por el conflicto armado. En consecuencia, el grado de participación de población joven en el total poblacional tiende a distribuirse de manera análoga en las distintas entidades territoriales del país.


El rango (diferencia entre el máximo y el mínimo) del peso proporcional de la población de 14 a 28 años de edad en el total de la población de cada entidad territorial es de 10,7 puntos porcentuales, con un mínimo registrado de 18,5 por ciento (Vichada) y un máximo de 29,2 (Caquetá), el coeficiente de variación es de 9,2 por ciento y la media de 24,3.


La democracia participativa de los territorios en las elecciones presidenciales no tiene ningún grado de asociación con la participación en la elección de los Consejos juveniles. El hecho que en los territorios de mayor violencia el peso porcentual de la población joven sea más alto no influye en su participación en la elección, motivo de este artículo.


Es importante resaltar, como colofón de lo analizado, que mientras el 56,7 por ciento de ellos y ellas votaron en las elecciones presidenciales de 2018, en contraste, durante la elección de los Consejos municipales y locales de juventud apenas lo hizo un escaso 10,4 por ciento del censo electoral juvenil previsto (46,3 puntos porcentuales por debajo).


Consejos de juventud, participación política y democracia


Al referirse al problema de los jóvenes, el sociólogo Pierre Bourdieu era categórico al afirmar que “En la división lógica entre jóvenes y viejos está la cuestión de poder”. Esto es, cuando aparecen los conflictos sobre los límites entre las edades está en juego la trasmisión del poder y de los privilegios entre las generaciones (8).


En la Encuesta de Cultura Política –ECP– desarrollada por el Dane que permite caracterizar aspectos de la misma, acumulación de capital social, participación en escenarios comunitarios y confianza, basados en las percepciones y prácticas de los ciudadanos sobre su entorno político y social, en relación con la juventud, en particular en la realizada en el 2019, la institución rectora de las estadísticas en Colombia muestra que la participación de las personas en diferentes tipos de grupos y organizaciones es de 16,6 por ciento a nivel nacional; la participación de los hombres es 16,0 y las mujeres 17,2; en las cabeceras municipales el 14,8 y en los centros poblados y rural disperso 23,3. Los jóvenes son los que más participan en organizaciones educativas, culturales y deportivas, en comparación con otros grupos etarios; frente a la pregunta sobre la pertenencia a este tipo de organizaciones, la participación de jóvenes alcanza un 15,6 por ciento, frente a un promedio general de apenas 10,4.


Los mecanismos de participación ciudadana que más conocen los jóvenes de 18 a 25 años son el plebiscito (60,2%); el referendo aprobatorio o derogatorio (47,5%) y la consulta popular (47,8%). El 56,7 por ciento de este grupo de edad votó en las elecciones presidenciales de 2018; entre el 22 y el 38 por ciento no lo hizo por incredulidad en el sistema electoral, por considerar corruptos a los políticos y por desinterés. De acuerdo con la posición ideológica, el 15,7 por ciento se declara de izquierda, el 41,3 de centro, el 19,1 de derecha y el 23,9 no sabe o no informa. Respecto al grado de satisfacción con la forma en que la democracia funciona en Colombia, el 48,2 por ciento se siente muy insatisfecho; el 37,7 es indiferente o no sabe; el 14,1 se siente muy satisfecho. En general, existe incredulidad y desconfianza por parte de los jóvenes en las instituciones, en los políticos y en el sistema democrático colombiano.


Desencuentros y anhelos pendientes


Con la Carta Constitucional de 1991 toman forma las políticas públicas poblacionales y el reconocimiento de los y las adolescentes y jóvenes como sujetos de derecho y actores estratégicos del desarrollo.


Durante las tres décadas siguientes, el Estado y la sociedad no han logrado dar una respuesta integral, universal, incluyente y democrática a las demandas-derechos de las nuevas ciudadanías. El modelo de desarrollo tampoco distribuye equitativamente sus beneficios. El desencuentro entre las ciudadanías empoderadas por una Carta Política que proclama los derechos humanos, la democracia participativa y el reconocimiento de las diferencias, de una parte, y las conservadoras instituciones públicas y privadas, de otra, frustró las expectativas nacidas en la nueva era. El desencuentro constituía una bomba de tiempo que vino a explotar durante la administración Duque.


Los datos revisados, así como las dinámicas sociales vividas durante los últimos años en el país, permiten concluir que la crisis de la democracia, del Estado y el modelo de desarrollo se expresan en la crisis del constructo social de adolescencia y juventud. La insurrección social a lo largo del gobierno Duque es la evidente expresión de la paradoja modernización sin modernidad. Las continuas explosiones sociales son causadas por las falencias acumuladas por décadas y los antagonismos intergeneracionales entre estilos de vida, cosmovisiones y modelos de desarrollo. De acuerdo con las “Observaciones y recomendaciones de la visita de trabajo a Colombia de la CIDH”, en junio de 2021, las manifestaciones sociales se vinculan con reivindicaciones estructurales e históricas de la sociedad colombiana, que a su vez están consignadas en la Constitución Política de 1991 y los Acuerdos de Paz de 2016. La letra puede con todo, y en este caso la realidad lo reafirma.

 

1. Los Consejos municipales y locales de juventud son el mecanismo de participación creado desde la ley de Juventud 375 de 1997 y ratificado en la Ley Estatutaria de ciudadanía juvenil 1622 de 2013, pero nunca ha operado por falta de credibilidad y confianza. En los intentos de implementación la participación ha sido mínima y poco o nada ha influido en la participación democrática de los adolescentes y jóvenes. Ante la inoperancia de tal mecanismo o espacios de participación juvenil, en febrero de 2000 el presidente Pastrana firmó el Decreto 089 para reglamentar su organización y promover su funcionamiento. En el año 2018, una vez más con el mismo fin, se aprobó la Ley Estatutaria 1885 para “Modificar la ley estatutaria 1622 de 2013” en lo concerniente al Sistema Nacional de Juventudes. De acuerdo con lo afirmado por el abogado y Consejero Presidencial para la Juventud (cargo que ocupa desde 2020 hasta la actualidad), Juan Arango “La Ley 1622 desafortunadamente no fue una garantía de derechos, sino una especie de frustración en términos de participación juvenil”.
2. José Manuel Valenzuela Arce, investigador mexicano de El Colegio de la Frontera Norte acuñó este concepto en 2012, a partir de la publicación de su libro “Sed de mal. Feminicidio, jóvenes y exclusión social”. El “juvenicidio” es definido como el asesinato sistemático de la población joven, fenómeno documentado a lo largo de décadas y en el que se ha detectado la implicación institucional. De forma similar como ocurrió con el feminicidio, el profesor Valenzuela le dio nombre a una problemática social presente como común denominador en los países latinoamericanos.
3. Actualmente, de una parte, según la Cancillería, viven en países extranjeros alrededor de 5 millones de connacionales, la mayoría jóvenes que huyen a la falta de oportunidades, a la pobreza y a persecución política. De otra parte, en Colombia persiste una cultura carcelaria, no tanto para castigar o reeducar para la reinserción social como para ocultar y no enfrentar abierta y críticamente las causas profundas de las complejas patologías sociales: la legislación penal colombiana tipificaba como delito 296 conductas en 1980; actualmente aumentó esta tipificación a más de 600 conductas diferentes, la mayoría de ellas con pena privativa de la libertad. En consecuencia, la población carcelaria del país aumentó 462 por ciento entre 1992 y 2018. En 2018, la población carcelaria sumó 118.201 personas; el 36,1 por ciento de los presos eran jóvenes entre los 18 y 28 años de edad, esto es, 42.589, el 94% hombres y 6% mujeres.
4. H. G. Wells. (1949). El destino del Homo Sapiens. México; Editorial Diana, pp. 42-43 y 256-257.
5. La Tasa de desempleo (TD) es la relación porcentual entre el número de personas que están buscando trabajo (D) y el número de personas que integran la fuerza laboral (TD=D/PEA).
6. Bourdieu, Pierre. (1990). “La “Juventud” no es más que una palabra”, en: Sociología y Cultura. Editorial Grijalbo S. A. México, p. 165.
7. Bonilla Mejía, Leonardo. (2009). Demografía, juventud y homicidios en Colombia, 1979-2006. Banco de la República; Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional; pp. 41-42.
8. Bourdieu, Pierre, op. cit., pp. 163-173.

*Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia y desdeabajo.

 


Diagramas de dispersión y análisis de regresión lineal

 

 

 

Los diagramas de dispersión ilustran sobre el tipo de relación existente entre dos variables. Pero además, un diagrama de dispersión también puede utilizarse como una forma de cuantificar el grado de relación lineal existente entre dos variables: basta con observar el grado en el que la nube de puntos se ajusta a una línea recta. No obstante, la relación entre dos variables no siempre es perfecta o nula; de hecho, habitualmente no es lo uno ni lo otro.


Adicionalmente, para estudiar la relación entre variables se utiliza la técnica estadística de “análisis de regresión lineal”. El análisis de regresión lineal puede utilizarse para explorar y cuantificar la relación entre una variable dependiente o criterio (Y) y una o más variables llamadas independientes o predictores (X1, X2,…, Xn). La línea recta de la regresión posee la fórmula: Yi= ß0 + ßi Xi dónde el coeficiente ßi es la pendiente de la recta y el coeficiente ß0 es el punto en el que la recta corta el eje vertical. Conociendo el valor de estos dos coeficientes puede reproducirse la recta y describir la relación existente entre (Y) y (X). El coeficiente de determinación es la proporción de la varianza total de la variable explicada por la regresión. El coeficiente de determinación, también llamado R cuadrado, refleja la bondad del ajuste de un modelo a la variable que pretender explicar. El resultado del coeficiente de determinación oscila entre 0 y 1. Cuanto más cerca de 1 se sitúe su valor, mayor será el ajuste del modelo a la variable que estamos intentando explicar. De forma inversa, cuanto más cerca de cero, menos ajustado estará el modelo y, por tanto, menos fiable será.


Los gráficos 4 a 10 ilustran los diagramas de dispersión y las regresiones lineales en el estudio de la relación entre la participación política de los adolescentes y jóvenes en la elección de los Consejos de 2021 y los contextos de vida en que estos crecen y habitan.
El comportamiento de la variable “Porcentaje de adolescentes y jóvenes (14 a 28 años de edad) que participaron en las elecciones de los Consejos municipales y locales de juventud a nivel nacional en diciembre de 2021” tiende a ser explicada o a encontrar una determinación mayor (R² más cercano a 1) con las siguientes tres variables independientes: i) “Incidencia de la pobreza multidimensional por departamento (% IPM)”; ii) “Grado de ruralidad departamental (%)”; iii) “Ingreso per cápita departamental ($)”.


De los 12.282.273 adolescentes y jóvenes (14 a 28 años de edad) que estaban habilitados para votar durante la jornada, solamente acudieron a las urnas 1.279.961 adolescentes y jóvenes, esto es, 10,4% del censo electoral juvenil previsto. El coeficiente de variación fue reducido: 27,2 por ciento. El rango de variación fue de 15,1 puntos porcentuales (PP); el valor mínimo fue de 6,2 por ciento (Bogotá D.C. y Antioquia) y el máximo 21,3 (Sucre). En general, las entidades territoriales de mayor desarrollo (medido en densidad poblacional, % población urbana, ingreso per cápita, mayor participación política, menor tasa de victimas por el conflicto armado) fue donde el movimiento juvenil expresó radicalmente su ruptura con la institucionalidad de la administración Duque (paradójicamente, son las entidades territoriales con mayor experiencia y continuidad histórica, inversión y trabajo en políticas públicas de adolescencia y juventud).


La propaganda oficial y el funcionamiento tradicional de las maquinarias electorales de los partidos del establecimiento (el Centro Democrático fue de los más activos) nada pudo en contra de la crítica y exigencias democráticas radicales de la Juventud colombiana. El gráfico 11 es contundente en mostrar que la manipulación política del gobierno Duque con la convocatoria a la elección de los Consejos de Juventud fue un total fracaso; en efecto, la variable “% de participación de adolescentes y jóvenes en la elección de los Consejos” no guarda relación alguna con las variables “Total población joven 2021”, “% población entre 14 y 28 años respecto al total poblacional” y “Participación política en la elección presidencial 2018”.

 

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Viernes, 11 Febrero 2022 16:25

Juventud, garrote y zanahoria electoral

Hernando Sánchez, Espera (Cortesía del autor)

En diciembre de 2021 se realizaron por primera vez, a nivel nacional, las elecciones de los Consejos municipales y locales de juventud (1). Sus antecedentes y características, así como el contexto de exclusión, conflicto intergeneracional y ruptura juvenil con las instituciones del país dan cuerpo a este artículo.

Mediante una invasiva propaganda oficial el gobierno Duque, pretendiendo cooptar y manipular el creciente descontento juvenil, encubrir la persecución, criminalización y asesinato del liderazgo de este sector social, y deslegitimar el alzamiento social que marcó la vida nacional a lo largo de varias semanas del 2021, organizó y citó precipitadamente a la juventud colombiana a participar en la elección de los Consejos municipales y locales de juventud el pasado 5 de diciembre de 2021.


El número de adolescentes y jóvenes (14 a 28 años de edad) que estaban habilitados para votar sumaba 12.282.273 (24,1% en relación con la población total colombiana). Tan solo 1.279.961 (10,4% del censo electoral juvenil previsto) respondió al llamado presidencial y a la maquinaria institucional para elegir a 10.824 consejeros municipales y locales de juventud a lo largo del territorio nacional. Unos comicios en los que también realzó el fraude y voto nulo, este último con el 23 por ciento del total de los sufragados (para el Congreso suele ser del 6 por ciento).


A la par de la ausencia en los puestos de votación de quienes fueron citados, llamó la atención la manera imprevisible y malintencionada como la Registraduría Nacional habilitó a los adolescentes para votar en cualquier puesto sin inscripción previa ni control de las veces que repitiera, abriendo de este modo un expedito camino al fraude ¡primeras lecciones de la típica democracia colombiana! Sin reparar en lo sucedido en los puestos sin votantes ni en los exiguos resultados, el histriónico presidente Iván Duque se apresuró a declarar: “Hoy es un día histórico para la democracia y para el país. Es un triunfo de la democracia y demuestra que la juventud tiene un espíritu de acción”.


Y ese espíritu estuvo presente pero no en forma de voto sino de rechazo a unos partidos tradicionales, y otros que se dicen de nuevo tipo, que no alcanzan a inquietarlos, a una burocracia que no aprecian, a unas fuerzas de seguridad que los asesina y a un proyecto de país que los excluye. En suma, su espíritu estuvo presente a través del rechazo a una institucionalidad que ni los representa ni les ofrece presente o futuro digno, tendiendo luz de esta manera, además, sobre la evidente y profunda fractura que existe entre este grupo poblacional y la institucionalidad pública; y, de otra, el escepticismo imperante o la poca credibilidad que ofrece la manoseada democracia formal para la participación activa y decisiva de los jóvenes en los asuntos estratégicos del país.


Modernización violenta y excluyente


El concepto de juventud nace con la modernidad. La puesta en escena del sujeto juvenil en Colombia es el referente existencial de las generaciones nacidas a partir de la década de los años 1950. Dos acontecimientos actúan disruptivamente durante esta época: las violencias de mediados del siglo XX prolongadas hasta tiempos presentes y la Constitución Política de 1991. La violencia actúa compulsivamente como partera de la historia –las identidades juveniles nacen, crecen, viven y mueren en medio de la guerra–. Durante la segunda mitad del siglo XX, adolescentes y jóvenes fueron estigmatizados y considerados problema y “objeto” de políticas públicas represivas, asistencialistas e inconsultas. De manera tardía, la Constitución Política de 1991 reconoció a los jóvenes como sujetos de derechos y protagonistas del desarrollo de la nación desde el ejercicio de la democracia directa, la diferencia y la autonomía.


Sin embargo, la fundamentación en los derechos humanos y la introducción de la noción de democracia participativa en el ordenamiento constitucional fue incapaz de poner fin a tres factores de riesgo que impactan estructural y negativamente el bienestar de la sociedad colombiana y, en particular, la existencia de los adolescentes y jóvenes: la precariedad del mercado laboral (desempleo e informalidad), la pobreza (la otra cara de la exclusión y la violación de los derechos humanos) y la violencia homicida (gráfico 1). En general, la medición focalizada del padecimiento de los jóvenes en relación con estas tres patologías es dos, tres y hasta cuatro veces superior al valor promedio observado en las cifras nacionales.


Lo preocupante es que durante la administración Duque estos índices de malestar se agravan y registran una tendencia creciente y acelerada: En 2021, la cifra de homicidios aumentó un 17 por ciento respecto de 2020; el año cerró con una cifra aproximada de 14.000 asesinatos; esto es, una tasa de 27,1 homicidios por cada 100.000 habitantes, superando la tasa de homicidio de los años anteriores: 2020 con 23,9 y 2019 con 25,6; ii) el grado de incidencia de la pobreza por ingresos insuficientes registraba una tendencia descendente desde 2013 hasta alcanzar el piso de 34,7 por ciento en 2018; en los años siguientes, potenciado en los últimos dos por la pandemia y el mal manejo macroeconómico, un alto número de familias de clase media cayeron en la pobreza, registrando el indicador un valor de 44 por ciento en 2021; iii) En los últimos 72 años, la tasa de desempleo registra dos fases: durante el período 1950-1965, la desocupación fue inferior a dos dígitos, manteniéndose en el rango del 2 al 8 por ciento; a partir de 1966, la exclusión laboral tiende a estar en dos dígitos, alcanzando un pico en el año 2000 de 19,7 por ciento y otro en mayo de 2020 de 21,4 por ciento. En los valores promedios anuales, en 2015 se llegó a un piso de 8,9 por ciento para luego escalar a 10,5 por ciento en 2019, 16,1 en 2020 y caer a 14,0 en 2021.


En los adolescentes y jóvenes, las causas externas son las principales causantes de las defunciones. Durante el período 1980-2018 fueron asesinados en Colombia 351.135 adolescentes y jóvenes (14 a 28 años de edad). La violencia delineó el perfil de morbilidad y mortalidad de este grupo etario. El incremento de la violencia homicida ha alcanzado niveles catastróficos para los adolescentes y jóvenes afectando principalmente a los hombres entre los 18 y 28 años de edad. Durante el período 1985-2018 la tasa promedio de homicidios por cada 100.000 habitantes a nivel nacional fue de 50,9; en el grupo de adolescentes y jóvenes el promedio de asesinatos aumentó a 86,4; esto es, 1,7 veces más alto. De los 14.000 asesinatos ocurridos durante 2021, una cifra cercana a los 9.000 corresponde a victimas adolescentes o jóvenes, en consonancia con las tasas históricas. De esta manera y sin duda, la privación del derecho a la vida es una de las principales y más severas violaciones a los derechos humanos de adolescentes y jóvenes en Colombia.


El análisis por subgrupos etarios y género presenta resultados más complejos en el comportamiento de la criminalidad del país. La tasa de homicidios promedio durante el período 1985-2018 para las “mujeres adolescentes y jóvenes” es de 12 por cada 100.000 habitantes, en el rango de 12 a 28 años; para los “hombres” es de 161; esto es, 13,4 veces más alto. La tasa promedio de homicidios en los “jóvenes tempranos hombres” (18 a 23 años de edad) es de 204,1 (4,1 veces superior a la tasa nacional) con un valor máximo de 338,5 alcanzado en 1993 y en los “jóvenes tardíos hombres” (24 a 28 años de edad) el valor promedio es de 229,6 (4,5 veces el promedio nacional) y el máximo de 373,7 en el año de 1992 (gráfico 2 y tabla1).

 

En general, la relación entre criminalidad y población adolescente y joven es multicausal y está ligada a los ciclos de violencia del país y a las complejas, estructurales y profundas causas conflictivas que los generan. No puede pensarse de manera unilateral que el aumento de las muertes de los jóvenes fue causa exclusiva del conflicto armado interno o del aumento en cifras absolutas de la población joven; hay otras igual de importantes como la lucha contra y entre los carteles de la droga, el uso de los jóvenes por bandas delincuenciales que se aprovechan de sus vulnerabilidades, la cultura de resolver los problemas mediante la violencia, la intolerancia en la convivencia cotidiana, y, los crímenes cometidos por el Estado en el contexto de los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales. El país es escenario, de esta manera, un “juvenicidio” ocurrido en su historia reciente (2).


Por su parte el perspicaz escritor británico H. G. Wells (1866-1946) observó a principios del siglo XX y lo registra en su obra “El destino del Homo Sapiens” que el exceso relativo de jóvenes desocupados en las sociedades capitalistas modernas constituía una peligrosa fuerza tendiente a provocar conflicto en toda comunidad humana; la solución más fácil encontrada por las clases dominantes a la presión ejercida por el sobrante de hombres jóvenes de las clases populares, con el fin de mantenerlos disciplinados y reducir su número, ha consistido en la guerra, la cárcel o el exilio (3). De esta manera, al poder destructivo material y moral de la guerra moderna se adiciona, según Wells, el desperdicio para siempre de grandes reservas y potencialidades de energía humana (4).


Realidad que en lo fundamental no cambia. Los y las jóvenes viven hoy con mayor dramatismo que el resto de la población una serie de tensiones y paradojas. Una de las principales es que la juventud goza de más acceso a la educación y menos acceso a un empleo digno. En los análisis de su inserción laboral, resalta el alto nivel de desempleo y subempleo y la alta precariedad de quienes logran ocuparse (expresada en inestabilidad laboral, bajas remuneraciones y escasa cobertura de la seguridad social).


Durante las fases recesivas, el mecanismo de ajuste del mercado laboral colombiano empieza con el cierre de los puestos de trabajo de los jóvenes, afectando en mayor proporción a las mujeres. En general, ellas y ellos se encuentran atrapados en un círculo vicioso de empleo precario, informalidad-desempleo-inactividad-pobreza-exclusión (gráfico 3 y tabla 2).

 


En el ojo del huracán de la pandemia y los nefastos impactos de las medidas administrativas de encerramiento, la tasa de desempleo de las mujeres jóvenes alcanzó la cifra de 37,3 durante el trimestre mayo-julio de 2020 y en los hombres jóvenes de 24,5 en el trimestre abril-junio del mismo año.
De acuerdo con los resultados de las series trimestrales del Dane-Geih, durante el período 2001-2021 (julio-septiembre), en general, los valores promedio más altos de desocupación (5) lo registran las mujeres jóvenes tanto en las cabeceras (25,6%) como en los centros poblados y rural dispersa (24,6%). Los valores de las tasas de desocupación más bajas corresponden al total de los centros poblados y rural dispersa (7,3%) y los hombres jóvenes de estas áreas (8,0%). La tasa total promedio de desempleo nacional es 11,7 por ciento; en el total de hombres jóvenes es de 15,1 (3,4 puntos porcentuales –p.p.–. por encima del promedio nacional); en las mujeres jóvenes es de 25,7 (14 p.p. arriba del promedio nacional y una brecha de 10,6 p.p. respecto a la tasa de desocupación de los hombres jóvenes). Los coeficientes de variación son más bajos en las categorías de los jóvenes de ambos sexos expresando de esta manera una situación estructural de desempleo frente a los ciclos de los mercados de trabajo.


Una realidad que no escapó a los ojos de Misión de Empleo, en funciones desde julio de 2020 con el fin de encontrar una ruta que le permita crear un plan estratégico al gobierno nacional para mejorar las condiciones laborales existentes en el país. El economista mexicano Santiago Levy, jefe de la misma afirmó el pasado 11 de enero al presentar las conclusiones del estudio que “El mercado laboral colombiano está muy mal. Tiene una protección social ineficiente, un empleo precario para las personas y ofrece pocas oportunidades para que estas mejoren sus condiciones laborales, lo cual, a su vez, castiga el crecimiento económico y la productividad, por lo cual no es de extrañar que Colombia presente las tasas de crecimiento de desempleo más altas de Latinoamérica”.


Es necesario recordar la diferencia entre la condición juvenil (dato biológico y límite social y políticamente establecido) y la situación juvenil (pertenencia a una clase social, estrato socio-económico o ethos territorial). Los análisis del sociólogo francés Pierre Bourdieu (1930-2002) sobre el problema de los jóvenes le permitieron afirmar que “el hecho de hablar los jóvenes como de una unidad social, de un grupo constituido, que posee intereses comunes, y de referir estos intereses a una edad definida biológicamente, constituye en sí una manipulación evidente” (6). En efecto, en Colombia los adolescentes y jóvenes según la “situación de vida” se encuentran sobrerrepresentados en los niveles más bajos de la estratificación socioeconómica: los estratos uno y dos concentran el 76,3 por ciento de este segmento poblacional. Registran, además, graves carencias. El valor promedio del índice multidimensional de pobreza –IMP– es 37,8 por ciento en la población de 12 a 28 años; en contraste, a nivel general la pobreza multidimensional en Colombia se ubicó en 18,1 por ciento en 2020.


Además, teniendo en cuenta que la desigualdad del desarrollo es desigual en sí misma, estos adolescentes y jóvenes crecen en realidades muy diferentes dependiendo de los contextos y pares de contrarios antagónicos: riqueza/pobreza; urbano/rural; guerra/paz; jóvenes/viejos, entre muchos más. A continuación se analiza el contexto de vida de los adolescentes y jóvenes.


Falacia ecológica, desarrollo desigual y contextos de vida


La evidencia empírica y los análisis econométricos ponen al descubierto la “falacia ecológica”, es decir: hacer inferencias acerca de algunos individuos a partir de información del grupo al cual pertenecen. En efecto, cualquier análisis de series de tiempo empleando la tasa de homicidio y la proporción de la población joven encuentra una relación positiva y significativa entre estas dos variables; sin embargo, el análisis desagregado por grupos de edad muestra algo diferente, los cambios demográficos poco explican los movimientos de la tasa de homicidio. En cuanto al rol que juega la pobreza, diversos estudios concluyen que la evolución de la pobreza poco o nada explica el dramático incremento en los homicidios. En cuanto a la relación más compleja existente entre demografía y violencia en Colombia, los investigadores recomiendan hacer estos análisis a nivel de subgrupos etarios, clases sociales, actividades económicas, entidades culturales, regiones, municipios y ciudades específicas (7).


Adicionalmente, el hecho que dos fenómenos registren tendencias o comportamientos similares en el tiempo no permite inferir ningún tipo de causalidad entre ellos, es decir, que uno pueda ser causa u origen del otro. Las correlaciones describen relaciones simples y casi siempre lineales sin hacer afirmaciones sobre causa y efecto.


Tomando esto en cuenta, de las ocho variables condicionantes a nivel territorial elegidas para el estudio de juventud y contextos de vida (ver mapas), la mayor variabilidad (relación % entre la desviación estándar y la media) la registran la densidad poblacional (habitantes/extensión territorial), la tasa de víctimas del conflicto armado, el grado de ruralidad, y el nivel de riqueza generado. Las variables estables, homogéneas y con valores muy cercanos al promedio son el índice de pobreza multidimensional, la participación poblacional del grupo etario adolescente y joven, el grado de participación en la elección de los Consejos de juventud y la participación política de la población apta para votar en la elección de Presidente 2018 (tabla 3 y mapas).

 


Para mayor evidencia apoyemos el análisis en la Matriz de correlación, la cual muestra los valores de correlación de Pearson, que miden el grado de relación lineal entre cada par de elementos o variables. Los valores de correlación se pueden ubicar entre -1, cero y +1. Si los dos elementos tienden a aumentar o disminuir al mismo tiempo, el valor de correlación es positivo; si el valor es cero no existe relación entre las variables; si es negativo, una variable aumenta mientras la otra disminuye (tabla 4).

 

Respecto a las correlaciones positivas, de la tabla cuatro se puede inferir que el peso porcentual de la población joven (14 a 28 años) es más alto en aquellos territorios con altos índices de violencia, medido por la tasa de víctimas del conflicto armado; en los municipios de mayor ingreso per cápita la participación política es más alta en las elecciones presidenciales; el grado de participación relativa en la elección de los Consejos juveniles tiende a incrementarse en los territorios más pobres y rurales; la pobreza multidimensional aumenta en los territorios más violentos y rurales; la generación de riqueza por persona está asociada al grado de urbanización o densidad poblacional; y grados de violencia y grados de ruralidad están asociados en sus tendencias crecientes.


Respecto a las correlaciones negativas, la participación política desciende con el aumento de la pobreza y la ruralidad; la participación de los adolescentes y jóvenes en las elecciones de los Consejos tiende a ser escasa o exigua en las grandes urbes y entidades territoriales de mayor riqueza relativa; a mayor densidad de la población y mayor riqueza generada la pobreza multidimensional se reduce; la concentración de población reduce el grado de ruralidad; la riqueza por persona aumenta y se reduce la tasa de victimas del conflicto armado; el PIB per cápita aumenta de manera inversa al grado de ruralidad.
Variables no relacionadas. Llama la atención que el peso relativo del grupo etario comprendido entre los 14 y 28 años de edad respecto al total de población de cada entidad territorial no registra correlaciones estadísticamente significativas con la mayoría de las variables asociadas; solamente hay una correlación positiva con los territorios de mayor violencia y número mayor de victimas por el conflicto armado. En consecuencia, el grado de participación de población joven en el total poblacional tiende a distribuirse de manera análoga en las distintas entidades territoriales del país.


El rango (diferencia entre el máximo y el mínimo) del peso proporcional de la población de 14 a 28 años de edad en el total de la población de cada entidad territorial es de 10,7 puntos porcentuales, con un mínimo registrado de 18,5 por ciento (Vichada) y un máximo de 29,2 (Caquetá), el coeficiente de variación es de 9,2 por ciento y la media de 24,3.


La democracia participativa de los territorios en las elecciones presidenciales no tiene ningún grado de asociación con la participación en la elección de los Consejos juveniles. El hecho que en los territorios de mayor violencia el peso porcentual de la población joven sea más alto no influye en su participación en la elección, motivo de este artículo.


Es importante resaltar, como colofón de lo analizado, que mientras el 56,7 por ciento de ellos y ellas votaron en las elecciones presidenciales de 2018, en contraste, durante la elección de los Consejos municipales y locales de juventud apenas lo hizo un escaso 10,4 por ciento del censo electoral juvenil previsto (46,3 puntos porcentuales por debajo).


Consejos de juventud, participación política y democracia


Al referirse al problema de los jóvenes, el sociólogo Pierre Bourdieu era categórico al afirmar que “En la división lógica entre jóvenes y viejos está la cuestión de poder”. Esto es, cuando aparecen los conflictos sobre los límites entre las edades está en juego la trasmisión del poder y de los privilegios entre las generaciones (8).


En la Encuesta de Cultura Política –ECP– desarrollada por el Dane que permite caracterizar aspectos de la misma, acumulación de capital social, participación en escenarios comunitarios y confianza, basados en las percepciones y prácticas de los ciudadanos sobre su entorno político y social, en relación con la juventud, en particular en la realizada en el 2019, la institución rectora de las estadísticas en Colombia muestra que la participación de las personas en diferentes tipos de grupos y organizaciones es de 16,6 por ciento a nivel nacional; la participación de los hombres es 16,0 y las mujeres 17,2; en las cabeceras municipales el 14,8 y en los centros poblados y rural disperso 23,3. Los jóvenes son los que más participan en organizaciones educativas, culturales y deportivas, en comparación con otros grupos etarios; frente a la pregunta sobre la pertenencia a este tipo de organizaciones, la participación de jóvenes alcanza un 15,6 por ciento, frente a un promedio general de apenas 10,4.


Los mecanismos de participación ciudadana que más conocen los jóvenes de 18 a 25 años son el plebiscito (60,2%); el referendo aprobatorio o derogatorio (47,5%) y la consulta popular (47,8%). El 56,7 por ciento de este grupo de edad votó en las elecciones presidenciales de 2018; entre el 22 y el 38 por ciento no lo hizo por incredulidad en el sistema electoral, por considerar corruptos a los políticos y por desinterés. De acuerdo con la posición ideológica, el 15,7 por ciento se declara de izquierda, el 41,3 de centro, el 19,1 de derecha y el 23,9 no sabe o no informa. Respecto al grado de satisfacción con la forma en que la democracia funciona en Colombia, el 48,2 por ciento se siente muy insatisfecho; el 37,7 es indiferente o no sabe; el 14,1 se siente muy satisfecho. En general, existe incredulidad y desconfianza por parte de los jóvenes en las instituciones, en los políticos y en el sistema democrático colombiano.


Desencuentros y anhelos pendientes


Con la Carta Constitucional de 1991 toman forma las políticas públicas poblacionales y el reconocimiento de los y las adolescentes y jóvenes como sujetos de derecho y actores estratégicos del desarrollo.


Durante las tres décadas siguientes, el Estado y la sociedad no han logrado dar una respuesta integral, universal, incluyente y democrática a las demandas-derechos de las nuevas ciudadanías. El modelo de desarrollo tampoco distribuye equitativamente sus beneficios. El desencuentro entre las ciudadanías empoderadas por una Carta Política que proclama los derechos humanos, la democracia participativa y el reconocimiento de las diferencias, de una parte, y las conservadoras instituciones públicas y privadas, de otra, frustró las expectativas nacidas en la nueva era. El desencuentro constituía una bomba de tiempo que vino a explotar durante la administración Duque.


Los datos revisados, así como las dinámicas sociales vividas durante los últimos años en el país, permiten concluir que la crisis de la democracia, del Estado y el modelo de desarrollo se expresan en la crisis del constructo social de adolescencia y juventud. La insurrección social a lo largo del gobierno Duque es la evidente expresión de la paradoja modernización sin modernidad. Las continuas explosiones sociales son causadas por las falencias acumuladas por décadas y los antagonismos intergeneracionales entre estilos de vida, cosmovisiones y modelos de desarrollo. De acuerdo con las “Observaciones y recomendaciones de la visita de trabajo a Colombia de la CIDH”, en junio de 2021, las manifestaciones sociales se vinculan con reivindicaciones estructurales e históricas de la sociedad colombiana, que a su vez están consignadas en la Constitución Política de 1991 y los Acuerdos de Paz de 2016. La letra puede con todo, y en este caso la realidad lo reafirma.

 

1. Los Consejos municipales y locales de juventud son el mecanismo de participación creado desde la ley de Juventud 375 de 1997 y ratificado en la Ley Estatutaria de ciudadanía juvenil 1622 de 2013, pero nunca ha operado por falta de credibilidad y confianza. En los intentos de implementación la participación ha sido mínima y poco o nada ha influido en la participación democrática de los adolescentes y jóvenes. Ante la inoperancia de tal mecanismo o espacios de participación juvenil, en febrero de 2000 el presidente Pastrana firmó el Decreto 089 para reglamentar su organización y promover su funcionamiento. En el año 2018, una vez más con el mismo fin, se aprobó la Ley Estatutaria 1885 para “Modificar la ley estatutaria 1622 de 2013” en lo concerniente al Sistema Nacional de Juventudes. De acuerdo con lo afirmado por el abogado y Consejero Presidencial para la Juventud (cargo que ocupa desde 2020 hasta la actualidad), Juan Arango “La Ley 1622 desafortunadamente no fue una garantía de derechos, sino una especie de frustración en términos de participación juvenil”.
2. José Manuel Valenzuela Arce, investigador mexicano de El Colegio de la Frontera Norte acuñó este concepto en 2012, a partir de la publicación de su libro “Sed de mal. Feminicidio, jóvenes y exclusión social”. El “juvenicidio” es definido como el asesinato sistemático de la población joven, fenómeno documentado a lo largo de décadas y en el que se ha detectado la implicación institucional. De forma similar como ocurrió con el feminicidio, el profesor Valenzuela le dio nombre a una problemática social presente como común denominador en los países latinoamericanos.
3. Actualmente, de una parte, según la Cancillería, viven en países extranjeros alrededor de 5 millones de connacionales, la mayoría jóvenes que huyen a la falta de oportunidades, a la pobreza y a persecución política. De otra parte, en Colombia persiste una cultura carcelaria, no tanto para castigar o reeducar para la reinserción social como para ocultar y no enfrentar abierta y críticamente las causas profundas de las complejas patologías sociales: la legislación penal colombiana tipificaba como delito 296 conductas en 1980; actualmente aumentó esta tipificación a más de 600 conductas diferentes, la mayoría de ellas con pena privativa de la libertad. En consecuencia, la población carcelaria del país aumentó 462 por ciento entre 1992 y 2018. En 2018, la población carcelaria sumó 118.201 personas; el 36,1 por ciento de los presos eran jóvenes entre los 18 y 28 años de edad, esto es, 42.589, el 94% hombres y 6% mujeres.
4. H. G. Wells. (1949). El destino del Homo Sapiens. México; Editorial Diana, pp. 42-43 y 256-257.
5. La Tasa de desempleo (TD) es la relación porcentual entre el número de personas que están buscando trabajo (D) y el número de personas que integran la fuerza laboral (TD=D/PEA).
6. Bourdieu, Pierre. (1990). “La “Juventud” no es más que una palabra”, en: Sociología y Cultura. Editorial Grijalbo S. A. México, p. 165.
7. Bonilla Mejía, Leonardo. (2009). Demografía, juventud y homicidios en Colombia, 1979-2006. Banco de la República; Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional; pp. 41-42.
8. Bourdieu, Pierre, op. cit., pp. 163-173.

*Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia y desdeabajo.

 


Diagramas de dispersión y análisis de regresión lineal

 

 

 

Los diagramas de dispersión ilustran sobre el tipo de relación existente entre dos variables. Pero además, un diagrama de dispersión también puede utilizarse como una forma de cuantificar el grado de relación lineal existente entre dos variables: basta con observar el grado en el que la nube de puntos se ajusta a una línea recta. No obstante, la relación entre dos variables no siempre es perfecta o nula; de hecho, habitualmente no es lo uno ni lo otro.


Adicionalmente, para estudiar la relación entre variables se utiliza la técnica estadística de “análisis de regresión lineal”. El análisis de regresión lineal puede utilizarse para explorar y cuantificar la relación entre una variable dependiente o criterio (Y) y una o más variables llamadas independientes o predictores (X1, X2,…, Xn). La línea recta de la regresión posee la fórmula: Yi= ß0 + ßi Xi dónde el coeficiente ßi es la pendiente de la recta y el coeficiente ß0 es el punto en el que la recta corta el eje vertical. Conociendo el valor de estos dos coeficientes puede reproducirse la recta y describir la relación existente entre (Y) y (X). El coeficiente de determinación es la proporción de la varianza total de la variable explicada por la regresión. El coeficiente de determinación, también llamado R cuadrado, refleja la bondad del ajuste de un modelo a la variable que pretender explicar. El resultado del coeficiente de determinación oscila entre 0 y 1. Cuanto más cerca de 1 se sitúe su valor, mayor será el ajuste del modelo a la variable que estamos intentando explicar. De forma inversa, cuanto más cerca de cero, menos ajustado estará el modelo y, por tanto, menos fiable será.


Los gráficos 4 a 10 ilustran los diagramas de dispersión y las regresiones lineales en el estudio de la relación entre la participación política de los adolescentes y jóvenes en la elección de los Consejos de 2021 y los contextos de vida en que estos crecen y habitan.
El comportamiento de la variable “Porcentaje de adolescentes y jóvenes (14 a 28 años de edad) que participaron en las elecciones de los Consejos municipales y locales de juventud a nivel nacional en diciembre de 2021” tiende a ser explicada o a encontrar una determinación mayor (R² más cercano a 1) con las siguientes tres variables independientes: i) “Incidencia de la pobreza multidimensional por departamento (% IPM)”; ii) “Grado de ruralidad departamental (%)”; iii) “Ingreso per cápita departamental ($)”.


De los 12.282.273 adolescentes y jóvenes (14 a 28 años de edad) que estaban habilitados para votar durante la jornada, solamente acudieron a las urnas 1.279.961 adolescentes y jóvenes, esto es, 10,4% del censo electoral juvenil previsto. El coeficiente de variación fue reducido: 27,2 por ciento. El rango de variación fue de 15,1 puntos porcentuales (PP); el valor mínimo fue de 6,2 por ciento (Bogotá D.C. y Antioquia) y el máximo 21,3 (Sucre). En general, las entidades territoriales de mayor desarrollo (medido en densidad poblacional, % población urbana, ingreso per cápita, mayor participación política, menor tasa de victimas por el conflicto armado) fue donde el movimiento juvenil expresó radicalmente su ruptura con la institucionalidad de la administración Duque (paradójicamente, son las entidades territoriales con mayor experiencia y continuidad histórica, inversión y trabajo en políticas públicas de adolescencia y juventud).


La propaganda oficial y el funcionamiento tradicional de las maquinarias electorales de los partidos del establecimiento (el Centro Democrático fue de los más activos) nada pudo en contra de la crítica y exigencias democráticas radicales de la Juventud colombiana. El gráfico 11 es contundente en mostrar que la manipulación política del gobierno Duque con la convocatoria a la elección de los Consejos de Juventud fue un total fracaso; en efecto, la variable “% de participación de adolescentes y jóvenes en la elección de los Consejos” no guarda relación alguna con las variables “Total población joven 2021”, “% población entre 14 y 28 años respecto al total poblacional” y “Participación política en la elección presidencial 2018”.

 

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Una vendedora en un puesto callejero con piñatas que representan al presidente de Perú, Pedro Castillo, para quemarlas como tradición de Nochevieja, en una imagen de archivo de diciembre de 2021, en Lima. — Pilar Olivares / REUTERS

 

El presidente peruano forma su cuarto gabinete (el segundo en una semana) con tan solo seis meses en el cargo. Su errático viaje, con volantazos a izquierda y derecha, provoca desconcierto en la opinión pública.

Como un funambulista impenitente, Pedro Castillo parece empeñado en caminar sin descanso por la cuerda floja. El presidente de Perú acaba de formar su cuarto gabinete de ministros (el segundo en una semana) con tan solo seis meses de antigüedad en el cargo, todo un récord de inestabilidad. El mandatario ha nombrado como primer ministro a Aníbal Torres, de 79 años, un hombre de su confianza que sustituye al efímero premier Héctor Valer, caído en desgracia sin tiempo casi de sentarse en su despacho.

Pragmático, Castillo ha pactado con varias familias políticas para asegurarse cierta tranquilidad parlamentaria durante un tiempo. De momento, el acróbata sobrevive. Pero su errático viaje, con volantazos a izquierda y derecha, provoca ya mareos en la opinión pública.

La enésima crisis del gobierno de izquierdas peruano se precipitó tras la renuncia de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, una abogada progresista y defensora de los derechos humanos que dimitió el 31 de enero por desavenencias con Castillo.

El presidente giró entonces los mandos hacia la derecha y nombró como sustituto a Valer, un político conservador ligado al Opus Dei que había sido acusado de maltrato por su mujer y su hija. Las denuncias se airearon y Valer se vio forzado a dimitir tres días después de su nombramiento.

Torres, el nuevo jefe del gabinete, era hasta ahora ministro de Justicia y proviene de la provincia cajamarqueña de Chota, de la que también es originario Castillo. Como abogado, se ha enfrentado en los tribunales a las denuncias de fraude electoral presentadas por Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori. La hija del expresidente Alberto Fujimori, condenado por violación de los derechos humanos, perdió ante Castillo por un escaso margen en la segunda vuelta de las elecciones celebradas en junio del año pasado. El legítimo triunfo electoral de Castillo, prácticamente un desconocido hasta ese momento, enervó a la extrema derecha peruana y a las élites limeñas, alarmadas por la llegada al poder de un maestro rural de provincias y de izquierdas. El mandatario está desde finales de julio, cuando asumió el cargo, en el punto de mira de esos poderes fácticos, que no dudarán en tratar de tumbarlo de una u otra manera.

Con el nombramiento de Torres, Castillo gana fidelidad pero pierde capacidad para forjar acuerdos debido al estilo bronco del nuevo primer ministro. Las continuas rotaciones en el equipo ministerial rozan el vértigo. Hace poco más de una semana, Castillo nombró a diez ministros nuevos (de los 19 con que cuenta el gabinete), de los cuales cinco han salido de la foto esta semana. La recomposición gubernamental no ha afectado a algunos ministros muy cuestionados, como los de Interior, Defensa, Transportes y Cultura. Y, sin embargo, Castillo ha prescindido de su ministro de Salud, Hernando Cevallos, el mejor valorado por la ciudadanía por su exitosa estrategia de vacunación contra el covid-19. En su lugar, ingresa Hernán Condori, un médico al que se relaciona con teorías cercanas a la pseudociencia.

El nombramiento de Condori obedece a la nueva correlación de fuerzas en el seno del gobierno. Castillo pertenece al partido Perú Libre, cuyo fundador y líder, Vladimir Cerrón, recupera cuotas de poder al colocar a uno de sus fieles en Salud, una cartera estratégica en estos momentos. Cerrón, de ideología marxista-leninista, lidera la facción más ortodoxa de Perú Libre, aquella que no ve con buenos ojos los acercamientos del mandatario hacia sectores socialdemócratas como el que abandera Verónika Mendoza, dirigente de Nuevo Perú. Con la caída de Mirtha Vásquez, el centroizquierda perdió peso en el gobierno, si bien Castillo ha tratado de compensar a ese espacio político con el nombramiento ahora de una referente del feminismo, Diana Miloslavich, al frente del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, una cartera que hasta hace unos días ostentaba Katy Ugarte, una populista con ideas retrógradas sobre las cuestiones de género. El giro a la izquierda del gobierno, con ministros afines a las diferentes corrientes de Perú Libre, queda matizado sin embargo con la continuidad en el Ministerio de Economía y Finanzas de Oscar Graham, un tecnócrata neoliberal.

Gobierno "cortoplacista"

Para el politólogo Fernando Tuesta, la estrategia de Castillo al conformar el nuevo gobierno no va a solucionar la grave crisis institucional y política que atraviesa Perú, y busca tan solo la supervivencia a corto plazo. "No hay nada que permita pensar que este gabinete sea distinto a los anteriores por la composición del mismo -explica Tuesta en conversación telefónica desde Lima-, porque el deterioro de la gestión pública y la permisividad hacia su entorno, con las evidencias de corrupción, no han cambiado. Hay que recordar que muchos de los problemas del presidente han sido motivados por sus propias declaraciones, por los nombramientos de personas con serios problemas o por escándalos de corrupción. En ese sentido, es difícil imaginar un gabinete de larga duración. Se trata, al contrario, de un gobierno cortoplacista".

El objetivo del nuevo gabinete, según Tuesta, es simplemente lograr los apoyos necesarios en el Congreso para ganarse la confianza de la Cámara y frenar una hipotética moción de "vacancia" (proceso de destitución). En un Congreso de 130 legisladores, se necesitan dos tercios (87 votos) para que salga adelante la propuesta de destitución. Y Castillo se habría asegurado al menos 44 apoyos, suficientes para sortear una emboscada parlamentaria. Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular, las formaciones más a la derecha, ya intentaron en diciembre, sin éxito, la tramitación de una moción de "vacancia" por "incapacidad moral permanente" del presidente. Esta práctica parlamentaria extrema se llevó por delante a los dos predecesores de Castillo. Pedro Pablo Kuczynski dimitió en marzo de 2018 antes de someterse a la votación cuando la oposición ya había reunido los 87 votos. Y Martín Vizcarra fue depuesto por esta vía en noviembre de 2020. Tuesta cree que la oposición de ultraderecha seguirá proclamando en sus discursos la amenaza de la “vacancia”, pero no la propondrán hasta que no estén seguros de contar con los votos necesarios.

A Castillo, no obstante, no le va a ser fácil llegar hasta el final de su mandato en 2026 si continúa abonado a la inestabilidad. Mirtha Vásquez -quien reemplazara en octubre al primer jefe del Consejo de Ministros, Guido Bellido (afín a Cerrón)- describía hace unos días en una entrevista con el diario El Comercio la caótica forma de gobernar de un mandatario rodeado por una camarilla de asesores de su provincia cajamarqueña con una influencia notable en las decisiones gubernamentales. Vásquez salió del gobierno tras la negativa de Castillo de respaldar al exministro del Interior Avelino Guillén en su intento de denunciar actos de corrupción en la policía. La exprimera ministra colocó en su cuenta de Instagram una caricatura de un periódico en la que ella aparece como bombera, impotente ante el fuego provocado por un hombre que porta una antorcha y lleva un sombrero parecido al de Castillo. Esa imagen simboliza, a juicio de Vásquez, lo que se cuece cada día en el Palacio de Gobierno, donde los ministros tienen menos acceso al presidente que los asesores áulicos de su tierra.

Los constantes vaivenes de Castillo y las acusaciones por corrupción o comportamientos indebidos que pesan sobre algunos de sus colaboradores han ensombrecido la agenda social con la que el profesor rural cautivó a los sectores populares del país. De momento, el presidente peruano ha perdido otra oportunidad para encauzar el rumbo. Y continúa embarcado en un viaje a ninguna parte.

10/02/2022 11:38

Publicado enInternacional
Jueves, 10 Febrero 2022 05:52

Brasil le hace frente a Bolsonaro

Brasil le hace frente a Bolsonaro

A medida que se acerca la campaña electoral, muchos de los mitos que hicieron atractivo a Bolsonaro se van diluyendo frente a la triste constatación de lo que siempre ha sido: un charlatán, conocido por su agresividad y su postura autoritaria.

A poco más de tres años de la elección del presidente Jair Bolsonaro, Brasil ha pasado de ser una potencia emergente respetada por la mayoría a ser un Estado paria, repudiado por su terrible historial ambiental y de derechos humanos y por lo que Médicos Sin Fronteras ha llamado la peor respuesta del mundo al covid-19. A los brasileños les gusta decir, con humor, que los extranjeros solo conocen el país como una tierra de fútbol, samba y carnaval. Hoy se lo conoce como un importante nodo de teorías conspirativas transnacionales de extrema derecha y erosión democrática. Bolsonaro, quien accedió a la Presidencia de la nación más grande de América Latina impulsado por una ola de sangre reaccionaria reaccionaria, ignorancia obstinada y el optimismo de los actores del establishment convencidos de que podrían controlarlo, se asoma en la cobertura internacional de Brasil como un claro peligro presente.

Sin embargo, Bolsonaro pareció derrumbarse. A mediados de julio, terminó hospitalizado entre eructos y ataques de hipo crónicos. Su internación coincidió con el punto más bajo de su popularidad, sobre todo como resultado de graves acusaciones de corrupción y una investigación parlamentaria sobre su calamitoso manejo de la pandemia.

A medida que se acerca la campaña electoral, muchos de los mitos que hicieron atractivo a Bolsonaro en 2018 se han diluido por la triste constatación de lo que él siempre ha sido: un charlatán incompetente y corruptible, conocido sobre todo por su agresividad y su postura autoritaria. Ya ha habido más de 120 pedidos formales de impeachment contra Bolsonaro, presentados por diversos partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil. Buena parte del país se ha vuelto contra este hombre conocido como «El Mito» entre sus simpatizantes.

Entre los críticos están muchos de los bolsonaristas de alto perfil de 2018, entre ellos los gobernadores de centroderecha de San Pablo y Río Grande del Sur. Su rechazo oportunista del presidente señala una pérdida más generalizada del apoyo de destacados líderes políticos partidarios del mercado, que alguna vez coquetearon con la extrema derecha. Millones de votantes de centroderecha que en 2018 votaron a regañadientes por Bolsonaro para impedir el regreso del Partido de los Trabajadores (PT), de centroizquierda, ahora están haciendo el cálculo opuesto al darle su apoyo al ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como forma más segura de enterrar a Bolsonaro. La mayoría de las encuestas muestran a Lula con una cómoda ventaja sobre el presidente en ejercicio. Es un vuelco sorprendente; hace solo unos pocos años, la carrera política de Lula parecía terminada, luego de haber ido a prisión por cuestionables acusaciones de corrupción.

Lula da Silva terminó su segundo mandato una década atrás con un asombroso índice de aprobación de 80%, habiendo encabezado un gobierno que mejoró la vida de millones mediante políticas sociales redistributivas. En contraste, la política autoritaria y conspirativa del bolsonarismo se opone a la idea misma de un Estado eficaz, sensato y que deba rendir cuentas. Lo que está en juego en la próxima elección está claro. Y cualquier intento de comprender el futuro del bolsonarismo, aun sin su titular al timón, debe considerar cómo surgió y cómo gobernó Bolsonaro en los últimos tres años.

Durante la última campaña presidencial, se retrató a Bolsonaro como una persona franca, un outsider que no se deja intimidar por la corrección política y los negocios. Ignoró las críticas por su larga historia de comentarios homofóbicos, homicidas, sexistas, militaristas y racistas diciendo que sus opositores podrían llamarlo de cualquier modo menos corrupto. Cualquiera que estuviera familiarizado con la política sucia de Río de Janeiro sabía que esto era falso: Bolsonaro y su familia tenían muchos lazos conocidos con las mafias paramilitares que controlan buena parte de ese estado, y Bolsonaro y sus hijos, tres de los cuales ocupan cargos electivos, solían obligar a sus empleados a entregarles una parte de sus salarios para mantener sus empleos. Sin embargo, en 2018, luego de años de escándalos de corrupción muy publicitados, entre ellos la hoy desprestigiada investigación del Lava Jato que contribuyó a derrocar a Lula, la política en Brasil se había vuelto sinónimo de negocios sucios en favor del interés propio. El argumento de Bolsonaro de que él no había sido testigo de ninguna actividad ilícita en su larga carrera política encontró eco en muchos votantes.

Mientras que el ascenso de Bolsonaro indicaba la difusión de un nuevo e insidioso sentido común de derecha, también marcaba el triunfo de la antipolítica: la idea de que los problemas de la sociedad no pueden solucionarse a través de las instituciones, los actores y los sistemas de gobierno existentes. Tras cuatro victorias electorales consecutivas del PT, una porción considerable del electorado llegó a la conclusión de que se necesitaba un cuestionamiento más sólido del sistema político por parte de la derecha. En una encuesta de Latinobarómetro realizada en vísperas de las elecciones de 2018, solo 6% de los brasileños expresó alguna confianza en los partidos políticos existentes y apenas 12% en el Congreso. (A una significativa proporción de los brasileños nunca la convenció la democracia, para comenzar; de hecho, esta no recibió nunca más de 60% de apoyo en las encuestas de Latinobarómetro). Bolsonaro prosperó en medio de esta crisis de confianza.

En lugar postularse con una plataforma definida, Bolsonaro mostró un rechazo visceral a la izquierda, un compromiso de aflojar las restricciones a las matanzas extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad del país y un vago esbozo de políticas anticorrupción. Muchos votantes recibieron su conducta retrógrada y su falta de pretensión performativa como una bocanada de aire fresco. Bolsonaro ofrecía una suerte de autenticidad pro-ley y orden que atraía a un país en el que los policías que matan a muchos «malvivientes» se convierten en héroes. La sociedad brasileña, todavía moldeada por la historia de la esclavitud, ha mantenido sus desigualdades abismales mediante una especie de apartheid informal. La violencia es esencial a este sistema. Brasil posee la fuerza policial más letal del mundo (mató a 6.416 personas en el último año, en comparación con 2.212 muertes en 2013). Los poderosos siempre han necesitado matones de la calaña de Bolsonaro para mantener a las masas bajo control.

A pesar de su burda afectación, el bolsonarismo se entiende mejor como una reacción virulenta de la elite contra el Estado intervencionista y la extensión de la ciudadanía social en un país profundamente desigual. Como lo plantéo el presidente durante una visita a Estados Unidos poco después de su asunción: «Brasil no es un espacio abierto donde planeamos construir cosas para nuestra gente. Debemos deconstruir muchas cosas. Deshacer muchas cosas para que podamos luego comenzar a hacer cosas. (…). Nuestro Brasil avanzaba hacia el socialismo, hacia el comunismo».

Ya sea despanzurrando las reglamentaciones ambientales, avanzando en la privatización del servicio de correo o debilitando la educación pública, el gobierno de Bolsonaro ha buscado en forma sistemática nuevos mercados y oportunidades para actores privados con buenas conexiones. Según el filósofo Rodrigo Nunes, «el bolsonarismo no solo apoya abiertamente el emprendedorismo, sino que es un fenómeno emprendedor en sí mismo. El bolsonarista por excelencia no es ni rico ni pobre, sino un miembro de la ‘clase media alta inferior’ en movilidad descendente». La habilidad de Bolsonaro para llegar a este segmento de la población explica por qué triunfó donde otros candidatos de derecha recientes –indisociablemente unidos a los estrechos intereses de la elite– fracasaron. En el corazón de este proyecto político están los electorados conocidos como «buey, Biblia y bala», que ejercen un enorme control en el Congreso.

El primero de ellos, la agricultura a gran escala, es uno de los principales impulsores de la deforestación que ha alcanzado niveles alarmantes durante el gobierno de Bolsonaro. Los intereses de la agroindustria buscan constantemente pasturas para alimentar al ganado y cultivos comerciales como la soja. Bolsonaro jamás se enfrentaría a los intereses de la explotación forestal ilegal y los ganaderos rapaces que impulsan la deforestación en la actualidad. ¿Qué bien económico proviene de la selva tropical?

En segundo lugar, está la bancada de la Biblia, una fuerza poderosa en un país que es mayoritariamente cristiano y cada vez más evangélico. En 2018, Bolsonaro ganó 11 millones más de votos entre quienes se reconocen evangélicos de los que logró Fernando Haddad del PT. En un estudio dado a conocer días antes de que Bolsonaro y Haddad se enfrentaran en las urnas, 59% de los evangélicos estaba a favor de Bolsonaro, contra 26% a favor de Haddad. Entre los católicos, que son todavía el grupo religioso mayoritario en Brasil, los candidatos estaban prácticamente empatados. Bolsonaro debió su victoria a esta ventaja decisiva entre los evangélicos. En 2019, se comprometió a nombrar un juez «terriblemente evangélico» para la Supremo Tribunal Federal. En julio de 2021 cumplió su promesa, nominando al pastor y jurista André Mendonça para el más alto tribunal de Brasil. Dado el grado involucramiento de destacados pastores evangélicos en escándalos políticos en los últimos años, su alianza con Bolsonaro parece menos enraizada en un compromiso compartido con la moral cristiana que en una búsqueda mutuamente beneficiosa de control social.

El tercer grupo, la bancada de la bala, representa más directamente la cosmovisión de Bolsonaro. Compuesta por funcionarios surgidos de elecciones con antecedentes en cuerpos de seguridad o en las Fuerzas Armadas, este grupo presiona por leyes menos rigurosas en relación con las armas, sentencias de prisión más duras y mayor libertad de acción para la policía. Bolsonaro mismo ha proclamado a viva voz su apoyo a la tortura y a los asesinatos extrajudiciales a lo largo de su carrera política. Por ejemplo, durante una entrevista televisiva en 1999, exclamó que «las elecciones no van a cambiar nada en este país. Cambiará solo el día que aquí estalle una guerra civil y hagamos el trabajo que el régimen militar no hizo: matar a 30.000. Si muere alguna gente inocente, está bien. En todas las guerras muere gente inocente».

Bolsonaro lanzó su carrera política en 1988 como un ex-capitán insatisfecho del Ejército que se autoproclamó vocero de los intereses de los soldados rasos, policías y bomberos. Hoy estos sectores ultraconservadores integran la base de apoyo más fuerte del presidente en el Congreso y fuera de él. En una posible señal de problemas futuros, se han producido numerosos levantamientos de la policía local en nombre de Bolsonaro, en especial en los estados donde gobernadores opositores implementaron medidas de confinamiento. Estas protestas han tenido hasta ahora un limitado poder de permanencia, pero no es difícil imaginar a los agentes policiales como soldados de infantería del presidente si este decidiese impugnar una derrota en las elecciones de este año. Un coronel de la policía con 5.000 oficiales a su mando que obligó públicamente a funcionarios de seguridad a concurrir a una manifestación en favor de Bolsonaro organizada en San Pablo para el 7 de septiembre, Día de la Independencia de Brasil, fue destituido por el gobernador. Podría resultar más difícil controlar la politización de la policía brasileña a medida que se acerque la elección.

A pesar de su propia mitología como defensores moderados del orden constitucional, los militares brasileños han sido siempre una fuerza corrupta y autoritaria. Muchos de sus líderes comparten la visión conspirativa del presidente. Bajo Bolsonaro, los militares han ideado un sigiloso regreso al gobierno. Ostentan un poder significativo: hay más militares en el gabinete de Bolsonaro de los que hubo en algunos gabinetes de la propia dictadura militar. Parte de su apoyo a Bolsonaro tiene que ver con los beneficios económicos que los oficiales han recibido del gobierno, incluyendo la eliminación de topes salariales para funcionarios públicos, una medida que permite a los oficiales retirados cobrar la totalidad de sus salarios además de sus pensiones militares extremadamente generosas.

Aunque las Fuerzas Armadas han hecho esfuerzos ocasionales para distanciarse públicamente del extremismo de Bolsonaro, están directamente implicadas en los crímenes más atroces del gobierno, entre ellos la acelerada destrucción de la Amazonia, la corrupción generalizada y, sobre todo, la fallida respuesta a la pandemia. Eduardo Pazuello, el general en servicio activo que actuó como ministro de Salud en el pico de la pandemia, contribuyó a promover las curas con aceite de serpiente de Bolsonaro al tiempo que fracasaba en asegurar la provisión de vacunas. Esperó con los brazos cruzados mientras la ciudad de Manaos se quedaba sin oxígeno en medio de la segunda ola en enero de 2021.

El poder de las bancadas del buey, la Biblia y la bala está conectado con la cambiante demografía de la clase política brasileña. En las elecciones de 2014, 2016 y 2018, juró una multitud de nuevos diputados de derecha. 85% de los senadores y 51% por ciento de los diputados nacionales elegidos en 2018 entraban en el Congreso por primera vez, y la mayoría repetía el discurso de outsider de Bolsonaro. Entre ellos se encontraban 72 integrantes de la Policía o el Ejército, un actor porno retirado y un heredero de la familia real brasileña. En su libro Beef, Bible and Bullets [Buey, Biblia y balas] (Manchester UP, 2021), Richard Lapper presenta el perfil de una de las nuevas figuras políticas brasileñas, Katia Sastre, cabo de policía que se hizo famosa por matar a un hombre en la periferia de San Pablo. La nueva clase política se basó más en la influencia een las redes sociales que en el clientelismo político tradicional para acceder a cargos electivos, aun si se ha mostrado más que ávida de disfrutar del tradicional botín disponible para los funcionarios luego de asumir.

El bolsonarismo representa un esfuerzo por debilitar no solo las políticas recientes del PT, sino el Estado moderadamente redistributivo e inclusivo construido con dificultad en Brasil durante el último siglo. Este Estado ha sido en diversas ocasiones autoritario y excluyente, en particular para los pobres de las zonas rurales y los habitantes de la periferia de las principales ciudades del país. Pero se basó en la extensión de una forma limitada de ciudadanía social para la clase obrera brasileña, y casi todos los gobiernos desde 1930, incluyendo la dictadura militar (1964-1985), intentaron construir sobre este legado. Para 2018, sin embargo, un nuevo sentido común conservador había reducido las funciones redistributivas del Estado brasileño a una forma demoníaca de corrupción o comunismo ejercida por el PT para mantener el poder a toda costa. Bolsonaro y sus aliados describían los logros de Lula y su sucesora, Dilma Rousseff, como corruptos e inmorales. La victoria de Bolsonaro vino así a significar no solo la ruina de un legado socialdemócrata moderado, sino también la neutralización de su premisa básica, a saber, que el gobierno federal puede y debería actuar para mejorar la vida de la mayoría de la población.

La elección de Bolsonaro estuvo precedida por un incendio dantesco que destruyó el Museo Nacional en Río de Janeiro, una de las grandes obras emprendidas durante el gobierno de Getúlio Vargas, el líder populista autoritario que sentó las bases del Brasil moderno entre las décadas de 1930 y 1950. El fuego, que consumió piezas de perdurable orgullo nacional e importancia –una gran parte de la herencia cultural del país–, no tuvo demasiada repercusión entre la elite de Brasil. Cuanto mucho, el incendio sirvió como una metáfora patética de lo que la agenda de Bolsonaro, un proyecto esencialmente elitista embozado en un populismo encendido, buscaba lograr: la destrucción completa del legado del Estado post 1930. Uno de los primeros actos de Bolsonaro tras asumir fue cerrar el Ministerio de Trabajo, que estaba en el centro del proyecto político de Vargas. En ese sentido, el proyecto de Bolsonaro continúa el que implementó el gobierno no electo e ilegítimo de Michel Temer, quien llegó al poder mediante un golpe parlamentario que destituyó a Rousseff en 2016. Temer lanzó un ataque abierto a los cimientos del Estado de Bienestar brasileño, destruyendo el código laboral y aprobando una enmienda constitucional que limitaba el gasto federal, junto a otras medidas extremas de austeridad. Los avances sociales logrados con esfuerzo desde el fin del gobierno militar bajo la Constitución de 1988 están hoy en la mira.

El problema para el presidente y sus aliados es que este no es un proyecto político popular, en parte porque no ofrece nada a los que han perdido su empleo o a sus seres queridos a causa del covid-19. El encanto inicial del outsider Bolsonaro se ha desvanecido. Ya no es una incógnita. Brasil ha aprendido dolorosamente quién es y qué representa a través del desastre en curso que es su presidencia. 

Es imposible exagerar el impacto de la pandemia en la decreciente base de apoyo de Bolsonaro. Más de 550.000 personas murieron de covid-19 en Brasil, solo superado en cifras por Estados Unidos y los expertos predicen que superará las cifras estadounidenses en esta métrica nefasta en los meses por venir. El país tiene uno de los sistemas de salud pública más grandes del mundo. Ha respondido en forma rápida y efectiva en pandemias anteriores, estableciendo la capacidad necesaria de producción de vacunas junto con las estrategias de comunicación y distribución requeridas para una crisis. El país tuvo los medios para responder con eficacia a la pandemia –y las autoridades estatales y locales en general actuaron en forma responsable–, pero esa respuesta fue saboteada de manera deliberada por el gobierno de Bolsonaro.

Como declaró a la BBC Pedro Hallal, un epidemiólogo que lidera el estudio más grande sobre covid en Brasil, «Brasil ha hecho todo lo que no se debería hacer». Hallal culpó en particular al presidente por minimizar el riesgo que representaba el virus. A lo largo de la pandemia, Bolsonaro no ofreció apoyo explícito a ninguna medida, desestimando el covid-19 como tan solo «una gripecita». En el pico de la pandemia, Bolsonaro organizó actos masivos casi en forma semanal, llamando a la disolución del Congreso y atacando al Supremo Tribunal Federal. Mientras la pandemia escalaba, el presidente visitaba centros comerciales y mercados al aire libre en Brasilia para sugerir que no había peligro. Intercedió en nombre de las iglesias, permitiéndoles permanecer abiertas como «servicios esenciales» a pesar del alto riesgo de extender el contagio. Su campaña en redes sociales «Brasil No Puede Parar», lanzada justo después de que la pandemia llegara a Brasil en marzo de 2020, impulsó a la gente a volver a sus puestos de trabajo, hasta que un juez federal prohibió rápidamente su difusión. Señaló en varias ocasiones que los gobernadores que tomaban medidas drásticas contra el virus carecían de coraje, y hasta amenazó con desplegar tropas federales para desbancar su autoridad. Los funcionarios del gobierno erraron sistemáticamente por falta de acción, y cuando fueron cuestionados por ese motivo, exageraron la falta de certeza sobre cómo detener la expansión del virus. En lugar de asegurar la provisión de vacunas, Bolsonaro, los militares y sus simpatizantes gastaron sumas incalculables de dinero y tiempo promoviendo remedios inútiles como la cloroquina y la ivermectina como «tratamientos preventivos».

Los observadores extranjeros se han preguntado en forma repetida por qué Bolsonaro se mantuvo tan firme en su negacionismo. Incluso más que Donald Trump, Bolsonaro se ha destacado por su negativa empecinada a tomar con seriedad la pandemia. Una de las razones para esta actitud displicente del presidente es su personaje de macho. Admitir vulnerabilidad sería admitir debilidad. Nunca ha temido expresar su indiferencia frente a la muerte y su sociopatía ocasional está bien documentada. Más allá de estas cuestiones de personalidad, las teorías conspirativas y la mentalidad de asedio paranoica son las marcas distintivas de la administración Bolsonaro. El presidente siempre ha apostado a intensificar la crisis y dejar que sus adversarios traten de razonar con los efectos. En el abordaje de la pandemia, se apoyó en el mismo repertorio de disimulo al que recurrió en crisis de relaciones públicas pasadas. Para esquivar las críticas provenientes del extranjero, el gobierno advierte sobre un intento de debilitar la legitimidad de un presidente debidamente elegido. En el plano nacional, considera que cualquier ataque es una ventaja para la oposición. En ocasiones, Bolsonaro parece deleitarse con su condición de paria.

Esta estrategia se topó con una pared cuando la pandemia se extendió en el tiempo. Los votantes se cansaron de las incesantes guerras culturales y de la politización de la ciencia básica por parte del presidente, mientras sus familiares y amigos morían. Y a fines de abril el Congreso abrió formalmente una investigación sobre el manejo presidencial de la pandemia, lo que resultó en incendiarias revelaciones que erosionaron su posición. La pesquisa reveló múltiples incidentes de supuesta corrupción y un grosero desmanejo que podrían servir como bases para nuevos cargos en un impeachment. Se reveló, por ejemplo, que el gobierno de Bolsonaro no respondió a 53 de los 81 correos electrónicos enviados por Pfizer cuando el gigante farmacéutico estadounidense se puso en contacto para ofrecer vacunas a fines de 2020. Algo quizás más escandaloso, funcionarios del gobierno habrían reclamado un retorno de un dólar por dosis de vacuna comprada a un potencial proveedor. Afortunadamente para Bolsonaro, el vocero de la Cámara Baja del Congreso, un aliado clave, es la única persona que puede iniciar el procedimiento de impeachment. Mientras el presidente mantenga aceitados los engranajes de las partes más corruptibles y turbias del Congreso con fondos federales y la tradicional política clientelista, el impeachment seguirá siendo una posibilidad remota. Sin embargo, la pretensión de altura moral de Bolsonaro parece haberse perdido para siempre.

En el New York Times, Vanessa Barbara describió el abordaje de la pandemia por parte del gobierno –la búsqueda de inmunidad de rebaño y el rechazo de los ofrecimientos de Pfizer y otros fabricantes de vacunas durante muchos meses– como «un clásico plan de supervillano, a la vez perverso y absurdo, mortal y espantoso». Es el resultado inevitable del vaciamiento del Estado bajo Bolsonaro. De hecho, la aparente alergia del presidente a un manejo real del gobierno es el tema en que Lula ha hecho más hincapié desde que fue habilitado para buscar un tercer mandato en las elecciones de 2022. En su discurso de regreso del 10 de marzo de 2021 en la sede central del Sindicato de Metalúrgicos de San Bernardo del Campo, el centro industrial de la región metropolitana de San Pablo de donde surgió por primera vez como figura nacional en la década de 1970, Lula declaró indignado: «¡Este país no tiene gobierno!». A continuación, delineó todos los pasos que habría tomado si hubiera estado a cargo del gobierno cuando estalló la pandemia, cada medida más sensata que la anterior. Más recientemente, comparó a Bolsonaro con la reina de Inglaterra, una figura que toma muy pocas decisiones efectivas.

Desde su regreso a la contienda política, Lula ha resultado ser un adversario formidable para Bolsonaro. Algunas encuestas han mostrado al ex-presidente muy cerca de ganar de manera rotunda en un campo presidencial muy poblado. La resiliencia política de Lula se debe a su capacidad de articular un mensaje conciliatorio basado no en una confrontación ideológica, sino en un reclamo de los valores republicanos básicos que Bolsonaro desdeña en forma manifiesta. También indica el fracaso tanto de la centroderecha como de la izquierda que no es parte del PT para formar una oposición creíble al calamitoso gobierno de Bolsonaro. Los brasileños parecen ansiosos de un retorno a la inclusividad progresista y sobria de Lula luego de años de arrebatos violentos y malintencionados por parte de Bolsonaro que empujaron al país al borde de la catástrofe.

Con su posible desaparición política en el horizonte, Bolsonaro se ha dedicado a poner en duda que las autoridades lleven a cabo elecciones justas en octubre próximo. Hay incluso noticias sobre varias figuras militares experimentadas que repiten las teorías conspirativas paranoicas de Bolsonaro sobre la confiabilidad del voto electrónico, que según los expertos ha virtualmente eliminado el fraude de las elecciones brasileñas. En una democracia saludable, no debería importar lo que pensaran los uniformados sobre el modo en que se desarrollan las elecciones. Pero los militares de Brasil están hoy en el gobierno, con miles de integrantes de las Fuerzas Armadas en puestos civiles. No es claro qué tan dispuestos estarán a dejar el poder si hay un cambio de gobierno este año.

Si el bolsonarismo es una fuerza perdurable en la política brasileña, es probable que se deba al retorno de los militares a la política y al surgimiento de una clase política de derecha que comparte la misma visión del presidente. Parece que el futuro de la política brasileña será una batalla entre la centroizquierda y la extrema derecha. La centroderecha todavía mantiene el poder en algunas regiones, pero por el momento ya no es una fuerza nacional. Al aferrarse a los faldones de Bolsonaro en 2018, abrió la puerta a un conservadurismo radical nunca visto desde el regreso de la democracia en la década de 1980. Estos autoproclamados moderados cargan con una porción enorme de la culpa por el estado deplorable de Brasil.

Teniendo en cuenta que enfrenta un número creciente de dificultades legales, perder las elecciones podría ser la menor de las preocupaciones de Bolsonaro. Pero aun si cae, los efectos sociales a largo plazo de la muerte masiva que Bolsonaro facilitó persistirán muchos años después de que abandone el gobierno. Su arremetida contra la educación pública, el ambiente, las convenciones internacionales y las normas democráticas ha sido traumática. Y muchos de los que terminen votando contra Bolsonaro en una elección nacional bien podrían emitir un voto que lleve al Congreso a ex-policías chiflados que creen en disparar contra los vagabundos, luchar contra el globalismo, erradicar la ideología de género del sistema escolar y destruir la Amazonia a cambio de dinero fácil. En otras palabras, es mucho más difícil eliminar el veneno cívico del bolsonarismo de la Legislatura que de la Presidencia. El mismo Bolsonaro integró el Congreso durante décadas antes de ser elegido para el cargo supremo de su país, y es probable que sus hijos, que en la actualidad cumplen funciones en el gobierno, también ocupen cargos electivos después de 2022. Aun si la posición nacional del presidente es insalvable para el momento de las elecciones, la marca Bolsonaro se mantendrá sólida en el nivel local y de los estados. Más que ser un fin en sí mismo, una victoria de Lula marcaría el comienzo de un arduo esfuerzo por imaginar cómo debería verse un Brasil más justo, igualitario y solidario.

Publicamos este artículo como parte de un esfuerzo común entre Nueva Sociedad y Dissent para difundir el pensamiento progresista en América. Puede leerse la versión original en inglés aquí

Traducción: María Alejandra Cucchi

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Miércoles, 09 Febrero 2022 06:03

Para comprender el pentecostalismo (II)

Para comprender el pentecostalismo (II)

Consistentemente desde sus inicios el pentecostalismo creció en los sectores populares. Pocos estudiosos del cambio religioso latinoamericano vieron en el movimiento pentecostal un reto para la confesión religiosa tradicional y mayoritaria. Menos pudieron visualizar que dentro de dicha confesión tendría lugar muy importante una versión del pentecostalismo: el catolicismo carismático.

José Míguez Bonino ha destacado la observación de José Carlos Mariátegui ( Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, 1928) acerca del crecimiento logrado por los protestantes: "El protestantismo no consigue penetrar en América Latina por obra de su poder espiritual y religioso, sino por sus servicios sociales (YMCA, misiones metodistas de la sierra, etcétera). Este y otros signos indican que sus posibilidades de expansión se encuentran agotadas". Cuando lo anterior fue escrito, de manera subrepticia y en los márgenes de la sociedad, el pentecostalismo tenía dos décadas de haber irrumpido en tierras ­latinoamericanas.

En 1930 la población mexicana que se identificaba como protestante era menos de un punto porcentual (.75), mientras que se reconocieron católicos romanos 98 por ciento y 1.4 manifestó tener otra adscripción religiosa o ninguna. Con altibajos, porcentajes similares existían por entonces en los países de América Latina. Actualmente las cifras de identidad confesional son muy distintas a las de hace nueve décadas. La media de población católica latinoamericana es de 69 por ciento, con variaciones hacia arriba y hacia abajo en los 19 países incluidos en la investigación de 2014 efectuada por el Centro de Investigación Pew. La mayoría de quienes en América Latina se reconocen protestantes/evangélicos pertenecen a denominaciones pentecostales.

La emergencia del pentecostalismo, en términos generales, fue duramente criticada por liderazgos de iglesias protestantes históricas cuya presencia en Latinoamérica se inició en la segunda mitad del siglo XIX. En Chile la reacción de la Iglesia metodista contra el movimiento pentecostal, que comenzó en su seno en 1908, tuvo como resultado la separación de los renovadores y el inicio de trabajos que fructificaron en la creación de la denominación de raíz protestante más grande del país: la Iglesia metodista pentecostal de Chile. El desafecto del protestantismo histórico latinoamericano hacia los pentecostales que notoriamente estaban creciendo tuvo distintas expresiones, desde un franco rechazo hasta cierta tolerancia por tener un poderoso adversario común: el catolicismo romano que consideraba indeseables advenedizos a los dos.

En México –lo ha documentado bien Jael de la Luz García– la jerarquía católica hizo llamados a la población para que, como sentenció el arzobispo Luis María Martínez en 1944, se mantuviese alejada de la "serpiente infernal del protestantismo". Además, “en una carta pastoral, el jerarca denunció ante el pueblo mexicano al protestantismo como una creencia extranjera y extraña que tenía por objetivo ‘arrebatar a los mexicanos su más rico tesoro, la fe católica, que hace cuatro siglos nos trajo la Santísima Virgen de Guadalupe’”. Por tanto, decía, tenía que ser erradicado de raíz bajo los medios que fueran necesarios y aconsejaba una serie de ejercicios para lograr tal fin ( El movimiento pentecostal en México. La Iglesia de Dios, 1926-1948, La Letra Ausente-La Editorial Manda, 2010, p. 195).

El ambiente y las acciones persecutorias eran más cruentas contra los pentecostales. Como apuntó Carlos Monsiváis, en México el Estado es laico, “pero bastante distraído, y no se fija en los métodos que suprimen las herejías. […] Los más pobres son los más vejados, y los pentecostales la pasan especialmente mal, por su condición de ‘aleluyas’, gritones del falso Señor, saltarines del extravío. El respeto a lo diferente es inconcebible y si a los herejes se les persigue es porque se lo buscaron” ("De las variedades de la experiencia protestante", en Roberto Blancarte, coordinador, Culturas e identidades, El Colegio de México, 2010, p. 77). Los más perseguidos, simbólica y físicamente, son quienes más atraen a los sectores populares.

En los conversos al pentecostalismo hay rupturas culturales y religiosas, pero también continuidades, que incluso alcanzan mayor intensidad en la nueva identidad elegida. Mientras la experiencia de socialización de los sectores populares ha sido de marginación, en las comunidades pentecostales no solamente son aceptados, también mujeres y hombres excluidos hallan espacios de realización y liderazgo para poner en práctica sus capacidades. El fuerte sentido de pertenencia grupal se potencia, la oralidad es la principal vía de comunicación de la experiencia espiritual, expresividad festiva corporal mediante cantos y danzas, intenso sentido de esperanza y acción cotidiana divina en la vida de los creyentes les provee la seguridad que no encuentran en ninguna otra parte.

 

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Entrevista a Edgardo Lander: “Esto terminó siendo el peor de los mundos”

Para caracterizar el momento político actual, lo mejor sería que dejemos de mirarnos el ombligo. Querámoslo o no, los venezolanos estamos inmersos en el devenir de procesos globales que Edgardo Lander* enumera: "Una crisis civilizatoria que abarca el conjunto del planeta, en la cual los proyectos imaginarios y alternativos, que parecían posibles, se han derrumbado; el colapso ecológico amenaza la vida de todos; hay un avance de una derecha autoritaria, xenófoba, racista, que está en todas partes -desde la India y Europa del este hasta en los Estados Unidos, pasando por Brasil-. La descomposición es muy severa. La democracia liberal está en retroceso, acorralada y empobrecida como experiencia de convivencia y resolución de los conflictos sociales. Obviamente, Venezuela no es la excepción. Nuestra crisis es profunda e incorpora todo eso, además de particularidades que la exacerban. Creo que ese es el contexto general para entender el momento actual".

Y serviría, igualmente, para entender "la agresiva ofensiva del gobierno estadounidense hacia Venezuela, lo que fue la política de Trump, lo que ha sido el efecto de las sanciones, todo eso está en ese contexto, no es algo que tenga que ver solo con los procesos de Venezuela".

De antemano le pido disculpas si esta pregunta resulta una provocación: ¿sus palabras, digamos, serían la excusa para no abordar el tema de Venezuela?

No. En lo absoluto. Creo que es un preámbulo necesario. Y no lo hago para sacarle el cuerpo a la discusión sobre el país. Por otra parte, quisiera completar la idea: en China y en Rusia, lo que hay son gobiernos crecientemente totalitarios. El modelo que gobierna en China es una distopía totalitaria tecnocrática, de control total de la sociedad por parte del partido Estado. China dejó de estar en el horizonte normativo de lo que sería una sociedad deseable, desde hace mucho tiempo.

El sueño del camarada Stalin.

Sí, el sueño de Stalin. A pesar de que en China, aparentemente, la mayoría de la población está satisfecha, porque sus condiciones de vida han cambiado muy rápido en corto tiempo. La abundancia material tiene su peso.

Dicho esto, ¿podríamos abordar el tema de Venezuela?

No sería nada original decir que nos encontramos en una profunda crisis multidimensional: económica, humanitaria -hay que ver que lo que significa que más de seis millones de venezolanos, en su gran mayoría jóvenes, hayan huido del país porque no veían ningún futuro- la sensación, en mucha gente, de que todo está perdido, de que no vale la pena hacer nada porque el Gobierno los va a reprimir. Esa sensación de desencanto de que todo se intentó y nada se dio.

Esa sensación de derrota.

Aquí se ha vivido una profunda derrota. No es una derrota de la izquierda o de la derecha. Es una derrota del país. Quienes, desde la izquierda, tenían la expectativa de que esto podía conducir a un tipo de cambio han vivido esta experiencia como una profunda derrota de sus proyectos, de sus expectativas o de un futuro posible, por la sencilla razón de que esto terminó siendo el peor de los mundos. Y desde la derecha o el pensamiento liberal, ha sido la imposición de un gobierno autoritario y también lo han vivido como una profunda derrota de las expectativas de la democracia en Venezuela. Un país que, según la literatura gringa, aparecía como el ejemplo del modelo democrático, en medio de las dictaduras que asolaron a América Latina.

Usted dijo que la democracia liberal está a la defensiva, acorralada. ¿Qué diría de las particularidades de ese proceso en Venezuela? ¿Del desencanto que tienen los venezolanos?

Durante los primeros 20 años del Pacto de Puntofijo, Venezuela vivió una época de expectativas de mejoría en el futuro, una ampliación muy importante en los niveles educativos, una expansión extraordinaria del papel de las universidades como expresión de la movilidad social, incluso de sectores populares. Había, por supuesto, abundancia de ingresos petroleros, lo que hace "una pequeña diferencia", y estos dos partidos, Acción Democrática y COPEI, tenían legitimidad. Así como la Polar, Acción Democrática tenía una casa en cada pueblito del país. Había tejido social que se identificaba con esos partidos. Pero eso se fue perdiendo gradualmente. Esas expectativas de que el ingreso petrolero iba a ser abundante todo el tiempo, de que el Estado iba a responder, obviamente, no eran sostenibles.

Las protestas de sectores populares en Brasil, bajo el gobierno de Lula, demostraron que la gente es malagradecida, pero creo que tenían razón. Una vez que se resolvieron problemas como el hambre, la pregunta era ¿y ahora qué? ¿No cree que eso también pasó en Venezuela?

Yo creo que es más que eso. Uno no puede establecerles límites a las expectativas. Paso de la línea de pobreza, ahora tengo un televisor y comida en la nevera. No. Siempre las expectativas generan más expectativas. Pero en el país también fue una crisis de profunda legitimidad porque esos partidos, que se sentían como el lugar de expresión de aspiraciones, se fueron convirtiendo en aparatos burocráticos, en aparatos para ganar elecciones. Dejaron de ser expresión social. El discurso político venezolano se fue separando de esa lógica socialdemócrata que caracterizó a la democracia después de 1958. Se fue abandonando lo popular y en la crisis coincidió la dimensión económica y la dimensión política. No se puede decir que la crisis política es consecuencia del agotamiento del rentismo, pero ambas cosas se fueron entreverando hasta el punto en que en Venezuela había una gran desconfianza en los políticos, en los partidos. Una reducción creciente de la participación electoral, porque "por esa vía no se iba a lograr nada". Como proceso de descomposición, duró bastante tiempo. Y eso no tenía vocería, no tenía expresión, porque los partidos de izquierda llegaron a ser tan minoritarios, tan poco representativos, que tampoco tenían posibilidades de recoger ese malestar y presentarse como alternativa.

En estos años, esa descomposición se ha expresado en un lapso mucho más corto. ¿No resulta inquietante? Un hombre que llegó agitando el tema popular, que se abrogó, además, la representación de un pueblo… apenas se murió y esto se acabó. Queda un aparato, algo parecido a un partido político, por llamarlo de alguna manera, y una franquicia. ¿No sería más frustrante todavía?

Más frustrante, sí, porque las expectativas fueron mayores, para una porción muy importante de la población venezolana. Efectivamente, los años de Chávez fueron de inmensas expectativas, inclusive en momentos en que el ingreso petrolero seguía siendo muy bajo y la posibilidad de desarrollar políticas sociales, que se aplicaron luego, era muy limitada. De alguna manera, Chávez logró darle un sentido, una vocería, a ese descontento. Eso, en los primeros años, fue más simbólico que otra cosa. Pero no creo que uno pueda decir que todo se debe a la muerte de Chávez. Yo creo que los problemas vienen de mucho antes.

¿Cuando Nicolás Maduro se asume como "el hijo de Chávez" forma parte -o le da continuidad- a ese proceso?

Absolutamente. Pero yo estoy en desacuerdo con muchas de las interpretaciones que se hacen desde el PSUV y desde el Gobierno, intelectuales, digamos, que establecen una diferencia categórica entre Chávez y Maduro. Obviamente, Maduro no es Chávez. Pero muchos de los problemas fundamentales que afrontamos en el país tienen que ver con el propio proyecto de Chávez, con la propia noción que tenía de sí mismo y del papel que debía jugar. Son varias cosas, ¿no? Chávez declaró que esto era socialista (2005) con una absoluta ausencia de conciencia histórica de lo que había significado el socialismo. El socialismo realmente existente, en esencia, el socialismo soviético, terminó siendo un lugar que negaba la democracia, un lugar autoritario, un lugar de devastación ambiental, un proyecto que no era capaz de superar la lógica de crecimiento y destrucción propia del capitalismo, porque lo que se propuso, justamente, fue acelerar ese proceso. Llegó un momento en que Jrushchov dijo que el socialismo (la extinta URSS) había superado al capitalismo porque producía más toneladas de acero y de cemento que Estados Unidos. Desde el punto de vista civilizatorio, el modelo soviético tampoco representó una alternativa.

Una falta de conciencia histórica, nada más y nada menos, que después de la caída del Muro de Berlín. Era como presentar la opción de algo que ya no era.

Hubo un cambio en el tiempo. Hay declaraciones, discursos y cosas que lo demuestran. Por ejemplo, la entrevista que le hizo Agustín Blanco Muñoz a Chávez, que publicó en "Habla el comandante". En un momento, Chávez dice que está por una tercera vía, que no se refiere a la tercera vía de Tony Blair, ni nada por el estilo, sino en contra del modelo liberal capitalista, en contra de la experiencia del socialismo real. Era un proyecto que tenía que ver con las raíces latinoamericanas, con los pueblos aborígenes y afrodescendientes. Entonces hablaba de Simón Rodríguez, de Zamora, que en modo alguno representaba el socialismo ni nada parecido. Eso con el tiempo se fue alterando por varias razones. Una de ellas fue la confrontación con el empresariado y con las élites, y Chávez necesitaba un discurso muy contundente para enfrentarse a eso. Pero, además, la influencia cubana, en términos ideológicos, de la noción de socialismo y del papel del Estado, se fue incrementando. Y cuando al fin se declaró (en el Foro de Porto Alegre) que el proyecto venezolano era socialista, efectivamente ocurrió con esa ausencia total de conciencia histórica, lo cual significa ausencia de prevención histórica. O sea, ¿por qué pasó lo que pasó? ¿Y qué habría que hacer para evitar que lo que pasó vuelva a pasar? Eso no estuvo presente, en absoluto. Y la izquierda venezolana, que en la década del 60 y 70 había tenido un debate muy rico sobre el socialismo, sobre el partido único, sobre el papel del Estado y todas esas cosas, se ha olvidado de eso, se ha lavado las manos. La intelectualidad de esa época había abandonado toda opción de izquierda -muchos terminaron siendo neoliberales, otros se habían muerto, otros habían publicado cosas que después no se reeditaron-. Se dio una especie de borrón y cuenta nueva. "Vamos a empezar el socialismo desde cero". Pero lo que se terminó construyendo es una reiteración de los mismos problemas y de las mismas lógicas.

Tenemos que ver, como parte de esa falta de conciencia histórica, el caso de Cuba. Una experiencia fracasada. Resulta increíble que en ese país se estén aplicando penas de hasta 20 años de cárcel a personas que salieron a protestar en las calles. El terror, el miedo, la represión…

… como única respuesta. Algo que me ha parecido un punto de ruptura de este proceso fue el momento en que Chávez llamó a la conformación del partido unitario de la revolución venezolana. Precisamente, ahí está -como más claramente expresada- esa falta de noción de reconocimiento de la historia. Es decir, una de las experiencias que condujeron a todos los socialismos, sin excepción, al autoritarismo fue esa fusión Estado partido, porque esa es la negación de la pluralidad, del debate abierto y de, efectivamente, plantearse la ampliación de la democracia.

¿Diría que eso fue por inercia, por desconocimiento de la historia, quizás por flojera o por una combinación de esas tres cosas?

Yo creo que tiene que ver, primero, con la ausencia de una conciencia histórica. Pero también con una concepción del poder y de la política, desde una construcción absolutamente polar: los buenos y los malos, aquí está el pueblo y allá los escuálidos. Acá los amigos y allá los enemigos. Eso tiene relación con los estilos y el modelo de algunos liderazgos, con el liderazgo y la cultura militar, por ejemplo. Allí no hay sino obediencia. Y eso estuvo presente desde el primer día. En segundo lugar, con el proceso de construcción de esa figura carismática, con seguimiento incondicional de la gente que lo rodea. Yo estoy convencido de que no hay ser humano, ni ninguno de los santos del santoral católico, que resistiría tanta adulancia y jalabolismo por parte de la gente con la que pueda tener contacto. Eso lleva a una suspensión de cualquier juicio crítico. Los procesos políticos son difíciles, son complejos, tienen muchas aristas, muchas dificultades, y solo con una reflexión crítica permanente y contrapuesta con otras opiniones es posible -de alguna manera- navegar ese rumbo. Pero si se hace desde una postura en la cual "yo tengo la razón siempre", entonces, la construcción del modelo político, que permita que la razón y la verdad se impongan, no es posible, entre otras cosas, porque aquella es una postura incuestionada.

Advertencias hubo en 2007 -la derrota en el referéndum constitucional-; advertencias hubo en 2010 -con resultados electorales que ya no eran tan favorables al chavismo-, y también en 2013, ya con sectores abiertamente descontentos. Son episodios de cuestionamiento, de malestar de crítica. Pero la respuesta fue lo más parecido a "sigamos adelante, porque esas son las voces del desierto". Hay cierta tozudez, ¿no?

Yo creo, además, que hay una parte de la intelectualidad de la izquierda internacional corresponsable. Diría que se convirtieron en una especie de coro de alabanza a lo que estaba ocurriendo en Venezuela, en una forma absolutamente acrítica. Esos encuentros de artistas e intelectuales, de los sucesivos encuentros que se hacían en el teatro Teresa Carreño, terminaron reforzando la idea de que lo que aquí estaba pasando era maravilloso, que no había nada que criticar, que el presidente Chávez era un líder de la revolución mundial. No solo hubo una abdicación de lo que debe ser un intelectual crítico, reflexivo, de encontrar y destacar problemas, sino de clausurar la posibilidad del debate y dar un sello de aprobación, diría, a lo que está pasando. Se fue haciendo más y más autoritario y, con ese sello de aprobación, siguió, siguió y siguió.

El papel de la izquierda, hasta donde tengo entendido, siempre fue la crítica, la advertencia y moderar al poder. Entonces, ¿la izquierda no se puede moderar a sí misma?

Aparentemente, no. Hay una historia lamentable en buena parte de la izquierda en el mundo: la limitada capacidad de reflexión crítica sobre ¿por qué se hizo lo que se hizo? ¿Por qué pasó lo que pasó? Se supone que eso sería, normativamente, el pensamiento de la izquierda. Un pensamiento reflexivo, que va tomando en cuenta nuevos factores. Por eso te digo que el papel de buena parte de esta izquierda coro, que participó legitimando el gobierno de Chávez, fue de una grotesca irresponsabilidad, porque le dieron sello de legitimidad a un proceso, cuyas tendencias autoritarias eran claras, eran nítidas. Pensar que "como esto es de izquierda y la derecha es peor, entonces hay que aprovechar esto" niega la reflexión crítica, que, además, es una condición de la vida. La posibilidad de construir otro mundo pasa por ir evaluando, corrigiendo, examinando. Pero si por definición no hay errores posibles. Si todo lo que se hace está bien. Eso termina siendo una patología que conduce, por el camino inexorable, al autoritarismo.

En términos de responsabilidades, ¿podría profundizar en cómo fue que llegamos al llegadero?

Por una parte, está la responsabilidad del Gobierno -la política económica, las tendencias autoritarias-. Este desastre, claramente, es responsabilidad del Gobierno. Pero también hay una muy fuerte responsabilidad de los partidos de oposición durante estos años. ¿Por qué? Porque son partidos que le han dado prioridad a sus conveniencias, por encima de los intereses generales del país, porque los egos de los diferentes dirigentes impiden que surja una alternativa, porque han apoyado de una forma brutal las amenazas e intervenciones del Gobierno de Estados Unidos, en términos de estrangulamiento, en términos de sanciones, que han tenido un impacto muy severo en las condiciones de vida de la población venezolana. No solo es la acción del Gobierno, sino las sanciones las que han colapsado la economía venezolana. Y también porque han manejado recursos de la nación de una forma muy poco transparente; Monómeros es un caso típico de corrupción. Lo que alguna vez hicieron, presentar candidatos únicos a elecciones (2015), digamos, lo que podría ser "el momento estelar" de esta oposición, eso se abandonó por completo y terminó siendo una pelea a cuchilladas. La cosa de Cúcuta, el episodio del distribuidor Altamira. Todas esas cosas nos han llevado a la situación actual. No le estoy restando responsabilidad al Gobierno. En lo absoluto. Pero esto es un desastre que se ha ido retroalimentando de una forma muy brutal. Por eso hoy, la evaluación que la población venezolana hace de la dirigencia opositora es similar a la que hace de la dirigencia del Gobierno.

***

Por: Prodavinci - Hugo Prieto | Lunes, 07/02/2022

7 de febrero de 2022.

*Edgardo Lander: Sociólogo por la Universidad Central de Venezuela. Phd por la Universidad de Harvard. Profesor universitario. Investigador del Cendes. Su firma aparece con frecuencia en ensayos y artículos de distintas publicaciones académicas.

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Fuentes: Instituto Tricontinental de Investigación Social [Imagen: Mao Xuhui (China), Dejo el rastro de las alas en el aire, 2014–2017]

La ONU y el Banco Mundial han dado la voz de alarma de que esta «crisis silenciosa» tendrá un impacto devastador en el futuro económico de las y los estudiantes.

En octubre de 2021, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL) celebró un seminario sobre la pandemia y los sistemas educativos. Las cifras son impresionantes: el 99% de las y los estudiantes de la región pasaron un año académico entero con interrupción total o parcial de las clases presenciales, mientras que más de 600.000 niñxs lucharon con la pérdida de sus cuidadorxs debido a la pandemia. Además, se estima que la crisis podría obligar a 3,1 millones de niñxs y jóvenes a abandonar la escuela y a más de 300.000 a trabajar. En el seminario, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, dijo que la combinación de la pandemia, las turbulencias económicas en la región y los retrocesos en la educación han provocado «una crisis silenciosa».

La situación en todo el mundo es igualmente grave, y la frase «crisis silenciosa» quizá necesite una aplicación más global. Las Naciones Unidas señalan que «más de 1.500 millones de estudiantes y jóvenes de todo el planeta se ven o se han visto afectadxs por el cierre de escuelas y universidades debido a la pandemia de la COVID-19»; al menos 1.000 millones de escolares corren el riesgo de quedarse atrás en sus estudios. «Lxs niñxs de los hogares más pobres», dice la ONU, «no tienen acceso a Internet, computadores personales, televisores o incluso radios en casa, lo que amplifica los efectos de las desigualdades de aprendizaje existentes». Cerca de un tercio de todos lxs niñxs —al menos 463 millones— no tienen ningún acceso a las tecnologías para la educación a distancia; tres de cada cuatro de estos niñxs proceden de zonas rurales, la mayoría de los hogares más pobres. Debido al cierre de las escuelas durante los confinamientos y a la falta de infraestructura para el aprendizaje en línea, muchos niños y niñas «se enfrentan al riesgo de no volver nunca a la escuela, deshaciendo años de progreso en la educación en todo el mundo».

En 2015, los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas acordaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, estableciendo diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que debían cumplirse en un plazo de quince años. Todo el proceso de los ODS, que comenzó con los Objetivos de Desarrollo del Milenio para reducir la pobreza en el año 2000, contó con un amplio consenso. El cuarto ODS consiste en «Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos». Como parte del proceso para avanzar en este objetivo, las Naciones Unidas y el Banco Mundial desarrollaron conjuntamente un concepto llamado «pobreza de aprendizaje», definido como «ser incapaz de leer y comprender un texto sencillo a los 10 años». La medida de «pobreza de aprendizaje» se aplica al 53% de lxs niñxs de los países de ingresos bajos y medios y hasta al 80% de lxs de países pobres. Antes de la pandemia, estaba claro que para 2030 las aspiraciones de los ODS no se lograrían para el 43% de los niños y niñas del mundo. Las Naciones Unidas informan ahora que en 2020 otros 101 millones, o el 9% de lxs niñxs de las clases 1 a 8, «quedaron por debajo de los niveles mínimos de competencia en lectura» y que la pandemia ha «anulado los avances en materia de educación logrados en los últimos 20 años». Ahora se reconoce universalmente que el cuarto ODS será irrealizable durante mucho tiempo.

La ONU y el Banco Mundial han dado la voz de alarma de que esta «crisis silenciosa» tendrá un impacto devastador en el futuro económico de las y los estudiantes. Calculan que «esta generación de niñxs arriesga ahora perder 17 billones de dólares en ingresos de por vida en valor actual, o alrededor del 14% del PIB mundial actual, debido a los cierres de escuelas relacionados con el COVID-19 y a las crisis económicas». Lxs estudiantes no solo van a perder billones de dólares en ingresos de por vida, sino que también se van a ver privadxs de la sabiduría y las habilidades sociales, culturales e intelectuales vitales para el avance de la humanidad.

Las instituciones educativas, desde los primeros años hasta la universidad, ya hacen hincapié en la comercialización de la educación. El declive de la formación básica en humanidades se ha convertido en un problema global, privando a la población mundial de una base en historia, sociología, literatura y artes, disciplinas que crean una comprensión más rica de lo que significa vivir en una sociedad y ser un ciudadano del mundo. Este tipo de educación es un antídoto contra las formas tóxicas de patrioterismo y xenofobia que nos llevan a la aniquilación y la extinción.

Las instituciones culturales son las que más problemas tienen en la «crisis silenciosa». Un estudio de la UNESCO sobre el impacto de la pandemia en 104.000 museos de todo el mundo reveló que casi la mitad de estas instituciones experimentaron una reducción significativa de la financiación pública en 2020, con ganancias limitadas al año siguiente. En parte debido a los confinamientos y en parte a los problemas de financiamiento, la asistencia a los museos de arte más populares del mundo se redujo en un 77% en 2020. Además de la pandemia, el auge del capitalismo de plataformas —actividad económica arraigada en las plataformas online— ha acelerado la privatización del consumo cultural. Las formas públicas de exposición cultural a través de la educación pública, los museos y galerías públicas y los conciertos públicos no pueden seguir el ritmo de Netflix y Spotify. El hecho de que solo el 29% de la población del África subsahariana tenga acceso a Internet hace que las desigualdades de la vida cultural sean una preocupación aún más acuciante.

La forma en que se ha tratado a las y los profesores durante la pandemia demuestra la poca importancia que se da a este trabajo crucial y a la educación en general en nuestra sociedad global. Solo en 19 países se colocó a lxs profesores en el primer grupo de prioridad con lxs trabajadores de primera línea para recibir la vacuna COVID-19.

En el transcurso de las últimas semanas, este boletín ha destacado Un plan para salvar el planeta, que hemos desarrollado junto a 26 institutos de investigación de todo el mundo bajo el liderazgo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP). Seguiremos señalando ese texto porque desafía significativamente la visión del statu quo sobre cómo debemos proceder en nuestras luchas globales compartidas. En lo que respecta a la educación, por ejemplo, estamos construyendo nuestro marco para el planeta basándonos en las necesidades de las y los profesores y alumnos, no en el PIB o el valor del dinero. En cuanto a la educación, tenemos una lista de once demandas que no son exhaustivas, pero sí sugerentes. Pueden leerlas aquí.

Les pedimos que lean atentamente el plan. Esperamos sus comentarios, por favor envíenoslos  a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.. Si estas ideas les parecen útiles, les rogamos que las difundan ampliamente. Si se preguntan cómo proponemos financiar estas ideas, echen un vistazo al plan completo (por cierto, actualmente hay al menos 37 billones de dólares en paraísos fiscales ilícitos).

En Honduras se están dando pasos en esta dirección. El 27 de enero, la presidenta Xiomara Castro tomó las riendas del país, convirtiéndose en la primera mujer jefa de gobierno en la historia nacional. Inmediatamente se comprometió a dar electricidad gratuita a más de un millón de los casi diez millones de habitantes de Honduras. Esto mejorará la capacidad de la población hondureña más pobre para ampliar sus horizontes culturales y aumentará las posibilidades de que los niños y niñas puedan participar en el aprendizaje en línea durante la pandemia. El día de la toma de posesión de la presidenta Castro, leí las hermosas palabras de la poeta nicaragüense-salvadoreña Claribel Alegría, cuyo compromiso con el progreso de los pueblos de Centroamérica se refleja en sus brillantes poemas. En 1978, justo antes de la revolución nicaragüense, Alegría ganó el Premio Casa de las Américas por su colección Sobrevivo. Con D. J. Flakoll, escribió la historia definitiva de la Revolución Sandinista: Nicaragua, la revolución sandinista: una crónica política 1855-1979, publicada en 1982. El fragmento de su poema “Contabilizando» de su libro Fugues (1993) nos enseña la importancia de la poesía y la epifanía, y la importancia que el sueño y la esperanza tienen para el avance humano:

No sé cuántos años soñando
con la liberación de mi pueblo
algunas muertes inmortales
los ojos de aquel niño desnutrido
Tus ojos cubriéndome de amor
una tarde nomeolvides
Y en esta hora húmeda
las ganas de plasmarme
en un verso
en un grito
en una espuma

 

Por Vijay Prashad | 05/02/2022

Fuente: https://thetricontinental.org/es/newsletterissue/crisis-educacion/

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