Martes, 14 Septiembre 2021 06:21

El columpio latinoamericano

El columpio latinoamericano

 

 El geopolítico brasileño José Luis Fiori analiza, en un reciente artículo, los virajes casi permanentes que se instalaron en su país desde la década de 1980, aguzados desde la destitución de Dilma Rousseff en 2015 (https://bit.ly/2YSrwrt). Asegura que Brasil ingresó en una “década perdida” de estancamiento económico pero, sobre todo, de políticas que no tienen norte y naufragan en las contradicciones.

Cuando un país borra en un período lo hecho en el anterior, para volver luego a producir nuevos e intempestivos virajes, entra en una situación de “columpio”, de vaivén que lo lleva de políticas desarrollistas a neoliberales, por ejemplo, que no terminan de fraguar una orientación definida. El desarrollismo entró en crisis en la década de 1980, en todo el continente, para dos décadas después retornar de la mano de gobiernos progresistas a una senda similar al desarrollismo, pero ahora sin industria nacional sino a caballo del extractivismo minero y los monocultivos.

Después de esta camada de gobiernos, entre 2000 y 2015, se retornó a una suerte de liberalización radical, de la mano de gobiernos como los de Mauricio Macri y Jair Bolsonaro. Sin embargo, la principal característica del período posprogresista es la inestabilidad, la ingobernabilidad y los tumbos o vaivenes que caracterizan el columpiarse como menciona Fiori.

Según Fiori, Argentina es el caso más longevo y paradigmático de este columpio regional: “Después de 1940, Argentina entró en un proceso entrópico de división social y crisis política crónica, ya que no logró unirse en torno a una nueva estrategia de desarrollo, adecuada al contexto geopolítico y económico creado por el fin de la Segunda Guerra Mundial”.

El triunfo de la derecha neoliberal en las elecciones primarias del domingo 12 anticipa una holgada victoria en las legislativas de noviembre, que se plasmará en una suculenta derrota del gobierno. En suma, todo indica que si lo hecho durante una década kirchnerista/progresista (2003-2015) fue deshecho en cuatro años de gobierno de la derecha macrista (2015-2019), ahora volverá a suceder lo mismo pero con intervalos mucho menores.

Brasil entró en ese proceso recién hacia el fin de la dictadura militar, en la década de 1980. En el mencionado artículo, Fiori define este columpiarse como “hacer y deshacer lo mismo docenas de veces, prácticamente sin moverse, o peor aún, moviéndose cada vez más fuera de lugar”. Esta es una de las claves del deterioro de nuestra región, aunque todavía resta ingresar en las causas profundas.

Esa mezcla de estancamiento y retrocesos conduce inevitablemente a la descomposición social y al caos político. Sin embargo, las razones deben encontrarse en un doble empoderamiento: de las clases populares y de la burguesía y las clases medias en las que se sostiene. Ambos sectores han ganado en fortaleza, una vez que el proyecto integrador del desarrollismo por sustitución de importaciones fue quebrado, precisamente, por ese doble tironeo en sentidos contrarios.

La insurrección del 17 de octubre de 1945 en Argentina y la enorme movilización contra la dictadura (por elecciones “Directas Ya”, en 1984) enterraron cualquier proyecto integrador, además, evidentemente, de los virajes imperiales cada vez más agudos y desconcertantes.

Si esta descripción fuera correcta, debemos concluir que estamos en un proceso de declive estratégico inexorable de la región sudamericana y, probablemente, de toda América Latina. O por lo menos de sus principales países.

Además de Argentina y Brasil, Ecuador y Chile ingresaron ya en ese proceso de desorientación. Ecuador por el fallido gobierno de Rafael Correa, incapaz de elegir un sucesor y ahora con un viraje neoliberal radical; Chile porque el levantamiento de octubre de 2019 desbarató el proyecto de la derecha pospinochetista, sin que haya proyectos alternativos viables.

Es posible que Colombia siga pasos similares, en tanto México (creo que el caso más complejo de todos) comenzó a columpiarse luego del ciclo del PRI entre la derecha radical y un progresismo extractivista que no consigue estabilizarse ni presenta nada realmente diferente.

Si tuviera que reducir las razones de esta descomposición social y política en una sola causa (siempre problemático, claro), diría que el modelo extractivo es la causa principal, aunque no excluyente. La cuarta guerra mundial contra los pueblos no puede enfrentarse con los modos tradicionales, ni los electorales ni los que conocen los movimientos sociales.

 

 

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Lunes, 13 Septiembre 2021 06:21

Hubris

Ni un solo funcionario de Estados Unidos ha sido fiscalizado por los crímenes cometidos en 20 años de guerra global contra el terror, denuncia Daniel Ellsberg –quien filtró los Papeles del Pentágono–, acusando que sólo los que revelaron delitos–entre ellos Julian Assange (en imagen de archivo), Chelsea Manning o Edward Snowden– han sido perseguidos por la ley. Foto Afp

Ahora con la salida ingloriosa de Afganistán junto con el vigésimo aniversario del 11-S y sus secuelas, en Estados Unidos se reabre el debate sobre si esta coyuntura marca el principio del fin de esta república/imperio y su pax (más bien, bellum) americana.

Algunos recomiendan que Estados Unidos debería recordar las lecciones del historiador griego Tucídides en su opus magna Guerra de Peloponeso en la cual narra cómo una república, la de Atenas, se desmoronó al perpetuar sus guerras constantes, y donde de hecho, una pandemia ayudó a desintegrar el consenso cívico que la sostenía. Otros recuerdan cómo se hundió la república romana al incrementarse la retórica política violenta, el creciente desprecio de las normas y una creciente concentración de riqueza y poder, y su transformación en el imperio romano bajo un gobierno con poder centralizado en un emperador (los historiadores odian, con toda razón, este tipo de resúmenes generales, pero se les pide un poquito de comprensión a periodistas con espacios limitados).

Chalmers Johnson, destacado politólogo y autor de una trilogía sobre el imperio estadunidense y con una carrera que incluye haber sido asesor de la CIA a finales de los años 60, advirtió en 2009 que “una nación puede ser… una democracia o imperialista, pero no ambas cosas. Si se apega al imperialismo, como la vieja república romana sobre la cual tanto de nuestro sistema fue basado, perderá su democracia al volverse una dictadura doméstica”. Ya había advertido anteriormente que "estamos en la cúspide de perder nuestra democracia a cambio de mantener nuestro imperio".

Los atentados del 11-S fueron usados por la cúpula estadunidense para "unir al país" ante un nuevo enemigo para sustituir al del comunismo que se desmoronó con la Union Soviética 12 años antes. George W. Bush proclamaría una nueva guerra sagrada para imponer la visión neoconservadora dentro y fuera del país, afirmando casi de inmediato que "o están con nosotros, o están con los terroristas".

Han pasado 20 años de la llamada "guerra global contra el terror", con más de seis guerras, millones de muertos, heridos y desplazados, la violación masiva de derechos humanos y libertades civiles. “Ni un solo funcionario ha sido fiscalizado por crímenes de Estados Unidos durante la ‘guerra sobre el terror’”, denuncia Daniel Ellsberg, acusando que sólo los que revelaron estos delitos –entre ellos Chelsea Manning, Edward Snowden, Julian Assange– han sido perseguidos por la ley.

El periodista Premio Pulitzer Chris Hedges escribe que “los poderes imperiales no perdonan a los que revelan sus debilidades o hacen públicos los mecanismos internos sórdidos e inmorales del imperio… Las virtudes que proclaman apoyar y defender, usualmente en el nombre de su civilización superior, son una máscara del saqueo, la explotación de mano de obra barata, la violencia indiscriminada y el terror estatal”.

Esta semana las autoridades están contemplando reinstalar las bardas alrededor del Congreso y autorizar el uso de fuerza letal por autoridades alrededor ante una manifestación convocada por ultraderechistas simpatizantes del neofascista Trump para demandar la liberación de cerca de 600 de sus compañeros arrestados por las acciones de enero, cuando invadieron el Capitolio con la intención de anular el proceso electoral presidencial. Esto, en un país donde el secretario de Seguridad Interna y el procurador general han concluido que la mayor amenaza terrorista a Estados Unidos proviene de extremistas blancos estadunidenses.

Viente años después de las guerras contra los "enemigos de la democracia" alrededor del planeta, la democracia estadunidense hoy día se encuentra más amenazada que nunca, pero ahora por fuerzas estadunidenses dentro de su propio país.

El hubris es el ingrediente que detona todas las obras trágicas griegas, eso de atreverse de proclamarse un dios ("nación indispensable" o "faro de la democracia") acaba mal.

¿Otra tragedia griega?

The imperial march (tema de Darth Vader). https://open.spotify.com/track/2bw4WgXyXP90hIex7ur58y?si=7a46eaca644a409d

Jackson Browne. Lives in the Balance. https://open.spotify.com/track/2CP5ozMyA0pD2Sfz55LjFR?si=15bd3bbdcdc84729

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El presidente de Argentina, Alberto Fernández, habla a sus seguidores tras la derrota en las primarias legislativas celebradas el domingo 12 de septiembre de 2021. REUTERS-QUALITY

Los aspirantes del Gobierno al Congreso pierden en todos los distritos más importantes, incluida la provincia de Buenos Aires, bastión de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner

 

El kirchnerismo tiene mucho de qué preocuparse. Sus candidatos a pelear por un asiento en el Congreso el 14 de noviembre han perdido en elecciones primarias en 18 de los 24 distritos del país, según resultados oficiales, incluida la provincia de Buenos Aires, bastión histórico del peronismo y responsable del 40% de los votos a nacionales. La oposición, reunida en Juntos por el Cambio, la coalición que en 2015 llevó al poder a Mauricio Macri, retiene sus distritos tradicionales (ciudad de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba), y gana en provincias que suelen ser díscolas a la derecha, como Chaco, La Pampa, Tierra del Fuego, Misiones y hasta Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo. Los resultados suponen un durísimo golpe, de consecuencias aun imprevisibles, para el Gobierno de Alberto Fernández, que en estas elecciones primarias plebiscitaba su gestión. El triunfo opositor coloca al alcalde, Horacio Rodríguez Larreta, en la carrera por la presidencia en 2023.

El presidente Fernández admitió el triunfo opositor junto a los principales candidatos y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Algo no hemos hecho bien para que la gente no nos acompañe y todos los que estamos aquí escuchamos el veredicto. Hay una demanda que no hemos satisfecho y que a partir de mañana le prestaremos atención”, dijo. “La campaña acaba de empezar y faltan dos meses [para las elecciones Legislativas]. Tengo por delante dos años de Gobierno y no voy a bajar los brazos, y pido humildemente que nos ayuden. Vamos para adelante que en noviembre vamos a dar vuelta esta historia”, cerró el presidente, que asumió en soledad el discurso de la derrota.

Los argentinos participaron este domingo de un original experimento electoral, con la elección de candidatos en elecciones primarias, abiertas, obligatorias y simultáneas. Las PASO, como se llaman, se convierten así en un referendo de la gestión oficial. El Gobierno era consciente de las dificultades que enfrentaba: la economía en picada, producto de tres años de recesión y la parálisis de la pandemia, y errores no forzados de Alberto Fernández y su entorno y las peleas cada vez más evidentes en el seno de la coalición, con Cristina Fernández de Kirchner como protagonista. Esperaba, sin embargo, un ajustado triunfo en la provincia de Buenos Aires y el primer lugar en la suma total de votos nacionales. Nada de eso ha pasado. Incluso con el peronismo unido. El mapa de las provincias de Argentina se ha teñido de amarillo, el color de Juntos por el Cambio, y el peronismo pierde el control del interior del país, fuente de su país.

Los resultados dan una dimensión de la catástrofe. En la provincia de Buenos Aires, con el 82% de las mesas escrutadas, la coalición opositora saca el 38,3%, contra 33,5% del oficialista Frente de Todos. En Capital, el macrismo se quedó con el 48,3% de los votos, contra 24,6% del peronismo. En el interior del país no le ha ido mejor al Gobierno, incluso en distritos tradicionalmente peronistas como La Pampa (48,8% contra 38,3%) o Chaco (44,2% contra 35,5%). Los precandidatos del Gobierno solo han sumado más votos que sus rivales en Tucumán, Catamarca, La Rioja, Formosa, San Juan y Santiago del Estero. El resultado encumbra como líder de la oposición al alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que armó la elección con candidatos propios, en detrimento de los sectores más radicalizados de la coalición, representados por Mauricio Macri.

La pérdida de la provincia de Buenos Aires y otras tradicionalmente peronistas no estaba ni en las proyecciones más pesimistas. “La derrota se explica en parte por razones económicas”, dice en un análisis rápido el director de la consultora Poliarquía, Eduardo Fidanza. “El valor del salario se ha deteriorado, los niveles de inflación son intolerables y el Gobierno no ha logrado compensar con la gestión de la pandemia. En Buenos Aires, por ejemplo, vemos que los votos han sido básicamente los de Cristina Kirchner, porque ni Alberto Fernández ni Sergio Massa (el presidente de la Cámara de Diputados y tercera fuerza de la coalición oficialista) han sumado para el resultado total”, explica.

El Gobierno tendrá ahora dos meses de campaña para que el resultado de las primarias no se repita en la elección definitiva de noviembre, cuando se renovará en las urnas la mitad de los diputados y un tercio del Senado. El oficialismo corre el riesgo de perder incluso el quorum del que disfruta en la Cámara Alta, donde están representadas las provincias a razón de tres senadores por cada una. Es allí donde manda Cristina Kirchner, quien como vicepresidente ostenta la titularidad de ese cuerpo legislativo. “La perspectiva es compleja”, advierte Fidanza, “porque el Gobierno llegó debilitado a la elección y a partir de mañana esa debilidad será mayor, con un presidente con poco apoyo popular y una vicepresidenta que tiene un rechazo del 50%”, explica.

Desde Juntos por el Cambio todo ha sido festejos. María Eugenia Vidal, exgobernadora de la provincia de Buenos Aires con Macri, arrasó ahora en la capital. “Gracias por darnos otra oportunidad”, le dijo a sus seguidores acompañada por el alcalde Rodríguez Larreta y otros dirigentes de la coalición opositora. Vidal perdió la relección en 2019 contra el actual gobernador, el kirchnerista Axel Kicillof. “Esta noche los votos dijeron ‘falta menos’. Ustedes lo saben, yo lo sé y el kirchnerismo lo sabe: falta menos. Falta menos para que haya un bloque opositor en el Congreso para impedir la mayoría, para que el cinismo y la mentira se agoten, para recuperar la educación que perdimos”, dijo. Las primarias pusieron también en evidencia el surgimiento de una fuerza de extrema derecha hasta ahora desconocida en Argentina. El economista Javier Milei, defensor de Jair Bolsonaro y Donald Trump, fue la tercera fuerza en la capital, con el 13,6% de los votos.

Buenos Aires - 12 sept 2021 - 04:48 CEST

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Foto de archivo de Ariel Henry. — REUTERS

 

El nuevo Gobierno asumirá sus funciones en un plazo de ocho días y mantendrá el poder hasta la celebración de las elecciones.

El primer ministro de Haití, Ariel Henry, firmó este sábado un acuerdo con los principales partidos de oposición para formar un Gobierno de unidad y una asamblea que redactará una nueva Constitución, antes de celebrar las elecciones.

El nuevo Gobierno asumirá sus funciones en un plazo de ocho días y mantendrá el poder hasta la celebración de las elecciones "a más tardar a finales de 2022, bajo el imperio de la nueva Constitución", según figura en el texto del acuerdo.

Henry presidirá el ejecutivo, que será "esencialmente no partidista" y estará integrado por personalidades escogidas con base en su "notoriedad". En este período transitorio, la acción del Gobierno será supervisada por una Autoridad de Control y Seguimiento, ente que estará formada por los 10 senadores que siguen en activo y por otros 23 miembros designados por universidades públicas, cámaras de comercio y varios colegios profesionales.

El acuerdo prevé también la creación de una asamblea nacional constituyente, formada por 33 miembros, nombrados por diversas instituciones y organismos de la sociedad civil, incluyendo representantes de grupos feministas, de la comunidad en la diáspora y de personas con discapacidades.

Esta asamblea tendrá en cuenta en sus trabajos el anteproyecto de Constitución presentado esta semana y que fue redactado por una comisión de expertos designada por el presidente Jovenel Moise, quien fue asesinado el pasado 7 de julio. Los constituyentes tendrán un plazo de tres meses para preparar el proyecto de carta magna, que será sometido a la ratificación del pueblo haitiano.

Una vez sea promulgada la nueva Constitución, se celebrarán elecciones, como máximo hasta finales del 2022, para que las nuevas autoridades asuman sus cargos a comienzos de 2023, agrega el texto del acuerdo. Haití se encuentra en estos momentos sin un presidente, por la muerte de Moise, y sin un Parlamento operativo desde comienzos de 2020, debido al aplazamiento de las elecciones legislativas de 2019.

 11/09/2021 18:58 Actualizado: 11/09/2021 20:34

EFE

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Pilotos y trabajadores de United y American Airlines recuerdan a sus colegas muertos en 2001, en el Memorial del 11 de Septiembre en Nueva York.Foto Afp

En ese lapso, Washington ejecutó operaciones antiterroristas en 85 países y violó libertades de árabes y musulmanes en su propio territorio

 

Nueva York. Pedacitos de papel llovían del cielo, llevados por el viento desde las Torres Gemelas en Manhattan a Brooklyn, como mil mensajes sin sentido de la torre de Babel en esta ciudad de más de 200 idiomas, en esa transparente mañana del 11 de septiembre con la cual amanecería algo llamado "la guerra global contra el terror".

Todos sentían la inmensa gravedad de lo que había sucedido, pero nadie sabía quién, cómo, por qué, ante la tragedia que poco a poco sumaría más de 3 mil trabajadores, patrones, limpiadores, bomberos, estudiantes, artistas, hijos, padres, hermanos.

Y a pesar del estallido de solidaridad y abrazos entre desconocidos para salvar a otros durante los primeros días, del apoyo mutuo y la fraternidad que inundó la ciudad, también ya se sentía la ominosa sensación de que se preparaba la muerte para cosechar a miles, decenas de miles, cientos de miles más trabajadores, patrones, limpiadores, bomberos, estudiantes, artistas, hijos, padres, hermanos, que perecerían en otros lados del mundo como consecuencia, primero en Afganistán, después en Irak y otros frentes de esa "guerra contra el terror".

Noam Chomsky, entrevistado por La Jornada 48 horas después de los atentados, sintetizó las implicaciones inmediatas: “El ataque terrorista (a Estados Unidos) fue un asalto mayor contra los pueblos pobres y oprimidos de todo el mundo. Los palestinos serán aplastados por esto. Es un regalo a la derecha dura jingoísta estadunidense, y también a la de Israel. Y la respuesta planeada será lo mismo, será un regalo a Bin Laden... el tipo de acción de represalia que se está planeando es justo lo que él y sus amigos están buscando. Exactamente las cosas que promoverá un apoyo masivo y que llevará a más, y tal vez peores, ataques terroristas, lo cual entonces llevará a una creciente intensificación de la guerra” (https://www.jornada.com.mx/2001/09/15/006n1mun.html).

Más tarde advirtió: "En general, las atrocidades y la reacción ante ellas fortalecen a los elementos más brutales y represivos en todas partes".

Casi de inmediato, Washington proclamó su nueva "guerra global contra el terror" a nombre de los que perecieron en la llamada zona cero en Nueva York, los héroes de un tercer avión que dieron sus vidas al hacerlo caer sobre un campo en Pensilvania, y en el Pentágono.

Pero de los escombros también surgió una creciente ola de opositores a esa nueva aventura imperial que, encabezada por familiares de las víctimas, proclamó en respuesta a Washington: "No en nuestro nombre". Las movilizaciones antiguerra más masivas de la historia moderna –algunos calculan que el 15 de febrero de 2003 participaron casi 15 millones alrededor del mundo– no fueron suficientes para frenar la ampliación de la nueva guerra "sagrada" contra "el mal".

¿Qué cambió con lo que fue el primer ataque bélico desde el extranjero contra el territorio de Estados Unidos desde 1812? El superpoder no podía tolerar nunca un ataque desde el exterior y de inmediato la maquinaria de guerra, incluyendo su propaganda, fue encendida. Casi toda la cúpula política de ambos partidos promovieron, o fueron obligados, a subordinarse al canto bélico patriótico, con el presidente George W. Bush dejando claro: "Quien no esté con nosotros está con el enemigo".

Legalización de la tortura

Desde entonces, Estados Unidos ha generado guerras y realizado operaciones "antiterroristas" en unos 85 países, que han incluido programas de asesinato con drones, acciones encubiertas y el uso de fuerzas especiales clandestinas, incluyendo secuestros y desapariciones de "sospechosos" en cualquier parte del planeta. Se legalizó y se empleó la tortura en centros clandestinos en lugares como Afganistán y otros países, y se levantó el campo de concentración en Guantánamo, que sigue existiendo. Ese primer año después del 11-S, el Pentágono detuvo a más de 2 mil 700 personas en el extranjero, y unas 600 de ellas fueron trasladadas a Guantánamo.

Esa guerra global tiene un frente interno también. Se promovió la Ley Patriota, con la cual se empezó a condicionar y hasta violar las libertades civiles dentro del país. En los primeros días, cientos –tal vez miles– de inmigrantes árabes y musulmanes fueron detenidos de manera arbitraria y se les incomunicó. Una reforma migratoria que estaba a punto de ser celebrada por Estados Unidos y México fue destruida por los atentados, y ahora los inmigrantes en general se volvieron sospechosos de ser "terroristas". Los crímenes de odio contra todos ellos proliferaron por todo el país, nutridos por la retórica oficial. Comercios árabes, incluyendo carritos de comida y taxis, colocaban enormes banderas estadunidenses como escudos sobre sus tiendas y vehículos.

Se estableció una nueva entidad federal masiva –la más grande después del Pentágono– llamada Secretaría de Seguridad Interna (DHS), la cual incluye las agencias de control migratorio y de fronteras, entre otras. Se elaboraron listas de sospechosos, a quienes no se les permitía ir en vuelos comerciales o ingresar al país.

Espionaje masivo

De ahí se desarrollaron y pusieron en marcha los masivos sistemas de espionaje ciudadano dentro y fuera de Estados Unidos, revelados después por Edward Snowden y otros. "El pánico nos hizo políticamente vulnerables, y esa vulnerabilidad fue explotada por nuestro propio gobierno para darse la autorización de ampliar sus poderes de manera radical", comentó Snowden a The Guardian recientemente.

Esa "guerra contra el terror" continúa 20 años después. El presidente Joe Biden proclamó el fin del combate sólo en Afganistán el 30 de agosto, pero no de la "guerra contra el terror", la cual, dejó claro, procedería en toda esquina del mundo.

A pesar de lo ocurrido a lo largo de estas dos décadas, la derrota de Estados Unidos en Afganistán –aunque no todos "perdieron": el complejo militar-industrial ganó más de 2 billones en contratos durante esa guerra–, la invasión de un país, Irak, que no tuvo nada que ver con el 11-S, bombardeos y operaciones clandestinas en decenas de lugares alrededor del planeta, Wa-shington alerta que no sólo persiste la amenaza terrorista internacional, sino ahora es acompañada por una aún más peligrosa que proviene desde dentro del país, encabezada por estadunidenses ultraderechistas, entre ellos, neonazis.

Mas de ocho de cada 10 estadunidenses opinan que el 11-S cambió a su país de una manera duradera; 46 por ciento cree que el cambio fue para mal, y sólo 33 por ciento opina que ese cambio fue positivo, según una encuesta de The Washington Post/ABC News de esta semana. Sólo 49 por ciento cree que el país está más seguro ante el terrorismo que antes del 11-S.

O sea, en el vigésimo aniversario del 11-S y su "guerra global", cientos de miles de muertos, millones de desplazados y billones en costos, nadie está más seguro. Tal vez, dentro y fuera de este país, todo lo contrario.

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Momento en el que el segundo avión impacta contra la segunda de las Torres Gemelas de Nueva York el 11-S. — SETH MCALLISTER / AFP

 La "guerra global contra el terror" desatada por EEUU cambió el orden mundial y abrió un escenario de consecuencias impredecibles tanto en el ámbito nacional como internacional.

Los atentados del 11 de septiembre de 2001, en parte por la sensación de irrealidad que provocaron en una nación acostumbrada a participar en guerras ajenas pero no a ser objeto directo de ataque, desencadenaron una guerra global contra el terrorismo que desfiguraría para siempre tanto a Estados Unidos como a numerosos países en su órbita.

"Para entender lo que vino después hay que recordar que el 11-S supuso el mayor golpe en la historia de los EEUU desde el ataque a Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial", matiza a Público el Premio Pulitzer, escritor y académico norteamericano Steve Coll.

"Hablamos de un golpe atestado en pleno corazón de Manhattan y de Washington, que conmocionó a un país perplejo, enfadado, a un país en duelo. La respuesta [gubernamental] adoptada entonces fue también fruto de esa reacción visceral", agrega Coll.

quella mañana el mundo presenció atónito cómo las Torres Gemelas de Nueva York se convertían en ruinas, rostros cubiertos de ceniza y seres humanos precipitándose al vacío. Poco después, una colisión aérea contra el Pentágono terminaba con la vida de al menos 189 personas, 64 de ellas personal y pasajeros de un vuelo comercial, y, finalmente, un cuarto avión secuestrado se estrellaba en Pensilvania matando a 44 personas a bordo.

Días después, el presidente George W. Bush le declaraba la guerra a la red yihadista Al Qaeda, y, por extensión, a cualquier amenaza terrorista en todo el mundo que pudiera socavar los valores democráticos y de libertad profesados por EEUU. Comenzaba así una "lucha monumental del bien contra el mal" —en palabras del propio Bush— que terminaría por mermar los propios cimientos de la nación norteamericana.

Discriminación racial

Ahsanullah Khan, conocido como Bobby, confundió las primeras imágenes del 11-S con una película. Cree recordar que estaba viendo la cadena CNN y que sólo entendió la gravedad de lo que ocurría cuando desde su casa, a lo lejos, distinguió una humareda que engullía los rascacielos de la zona sur de Manhattan.

Días después de la barbarie, todavía bajo un clima tenso y casi ficticio, personas como él —hombres árabes o musulmanes, muchos sin papeles— comenzaron a ser detenidos de forma arbitraria e interrogados en relación a los atentados. Según cifras judiciales, casi 1.200 personas fueron arrestadas antes del 5 de noviembre de 2001.

"El 11-S supuso un cambio masivo en las políticas de seguridad nacional y legitimó la práctica discriminatoria de cuestionar a una persona según su raza o religión", explica Hugh Handeyside, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). 

"Todos los migrantes nos convertimos en testigos materiales del 11-S, ¡testigos materiales!, así se nos catalogaba en una de las campañas del Departamento de Seguridad Nacional", recuerda Khan sentado en un modesto restaurante en el Pequeño Pakistán, área de Brooklyn poblada principalmente por originarios de ese país asiático.

Los continuos arrestos masivos, junto a la muerte bajo custodia policial de su compatriota Muhammad Rafiq Butt, detenido ochos días después de los atentados y encarcelado durante 33 días, le impulsaron a fundar la ONG Coney Island Avenue Project (CIAP).

"Había una necesidad enorme de hacer algo. Gente inocente, que ni siquiera entendía inglés, estaba siendo reprimida, engañada, detenida. Nosotros les ofrecimos servicios legales gratuitos, iniciamos visitas a centros penitenciarios y promovimos manifestaciones por nuestros derechos", desgrana Khan.

Butt nunca dispuso de un abogado ni pudo realizar llamada alguna desde la prisión, según declaraciones al diario The New York Times de su sobrina, que se enteró del paradero de su tío gracias a un aviso telefónico de otro preso paquistaní.

Más de 22.000 civiles muertos

Si bien los atentados del 11-S dieron luz verde a todo tipo de prácticas en nombre de la seguridad nacional, desde perfiles raciales hasta torturas en Guantánamo, pasando por un programa de espionaje masivo destapado en 2013 por el extécnico de la CIA Edward Snowden, fuera de sus fronteras alcanzó su culmen con la invasión de Irak.

"Muchos funcionarios consideran que haber ido a la guerra en Irak fue la peor decisión en la historia de los Estados Unidos", explica Karen J. Greenberg, experta en seguridad nacional y terrorismo y directora del Centro de Seguridad Nacional (CNS). "Pero más allá de la guerra de Irak creo que todavía falta una verdadera reflexión sobre el precio pagado por otros países a raíz del 11 de septiembre", añade.

Se refiere a países como Afganistán, Somalia o Yemen, donde se aplicó la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF), aprobada días después de los atentados y que permitió a Estados Unidos atacar a cualquier "nación, organización o individuo" supuestamente relacionado con el 11-S o con eventuales actos futuros de terrorismo.

"Este documento impreciso, que no nombraba a un enemigo concreto ni tenía un marco temporal ni geográfico determinado, se convirtió en una oportunidad única para emplear tropas y fuerzas en todo el mundo en nombre del terrorismo", continúa Greenberg. Un documento hoy cuestionado pero todavía en activo, pese al cerco y debilitamiento de Al Qaeda o la muerte de Bin Laden.

Según un reciente análisis publicado por la ONG Airwars, encargada de monitorizar daños civiles en zonas de conflicto, los ataques aéreos y con aviones no tripulados estadounidenses han matado a al menos 22.679 civiles, una cifra que podría alcanzar los 48.308, desde que emprendió hace ahora 20 años la llamada "guerra contra el terror".

Estas estimaciones se basan en datos del propio Ejército, que reconoce haber realizado al menos 91.340 ataques aéreos desde el 11-S sobre Irak y Afganistán, contra el Estado Islámico en Siria y otros grupos yihadistas en Yemen, Somalia, Pakistán y Libia, según recoge Airwars.

"El hecho de que el Congreso aprobara la AUMF no significa en sí mismo que las acciones presuntamente amparadas por ella sean legales según el derecho internacional", advierte Handeyside, crítico con "los abusos terribles" derivados de un uso de la fuerza letal lejos de cualquier campo de batalla reconocido.

Para Greenberg, todas estas "transformaciones post 11-S" no solo han alterado EEUU desde sus entrañas, sino que el daño causado ha contribuido también a una pérdida de su hegemonía y liderazgo. "Cuando mantienes Guantánamo durante 20 años y encarcelas en ese lugar a personas sin cargos es difícil ser un faro de los derechos humanos para el resto del mundo", concluye.

 

10/09/2021 21:55

Patricia Martínez Sastre@martinezsastre

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En el Congreso Mundial de la Naturaleza se mezclan debates sobre ecología con negocios

La trastienda de la cumbre en Marsella

La Unión Mundial por la Naturaleza, organizadora del evento, ya cerró acuerdos con Huawei, la OMT y el gobierno alemán. Grandes compañías como BMW, Volvo, Google y Samsung reciclan sus discursos ante acusaciones de contaminar. 

 

Para entrar al Congreso Mundial de la Naturaleza que se desarrolla en Marsella entre el 2 y el 11 de septiembre y que organiza la Unión Mundial por la Naturaleza (UICN) en el Centro de exposiciones Chanot, hay que atravesar dos controles de seguridad y sanitarios. Se puede entrar gratis hasta los más de 500 stands de gobiernos, empresas y ONG 's. El objetivo de cada stand es “generar conciencia”. En un rincón de uno de los nueve pabellones, una soprano coreana emula el canto de las ballenas que aparecen en una pantalla detrás de ella. En otro rincón la gente descansa en unas reposeras organizadas en círculo alrededor de parlantes que reproducen el sonido de pájaros del Amazonas. Para tener acceso a las conferencias -de las que en total al finalizar el congreso habrán participado más de 1400 panelistas- hay que pagar una acreditación que sale 1500 euros. Quienes lo hacen en su mayoría no llegan aquí para aprender a reciclar sino para cerrar tratos y dar debates alrededor de la conservación.

Los debates

Los temas a discutir están organizados en siete categorías: paisaje, agua dulce, derecho y gobernanza, sistemas económicos y financieros, innovación, océanos y cambio climático. Hay mesas redondas, plenarios, debates, monólogos, conferencias y algunas cumbres: de la juventud, de jueces, de jefes de empresa y de indígenas.

En la “Cumbre de la juventud'', Brighton Kaoma, director de juventud de ONU Sustentable, le habló a “los viejos”: “estamos cansados de sus palabras, todo lo que necesitamos es que entren en acción. Si ustedes no pueden actuar dejen a los jóvenes que lo hagan”.

La “Cumbre de Jefes de Empresa” nuclea a líderes industriales para “explorar los pasos que pueden dar para acelerar la transformación hacia una sociedad sostenible”. Allí una representante del Banco Mundial dijo por qué le parecía importante: “más de la mitad del PIB mundial está generado por industrias que dependen en gran parte o de forma moderada en los servicios de los ecosistemas, tales como la polinización, el filtrado de aguas y las materias primas”. WWF aprovechó para recordar que “el costo real de producir plástico y soportar su contaminación” es superior al PIB de la India.

A las 9.25 de la mañana del martes en Francia, las 4.25 en Argentina, en un encuentro titulado “Jueces y el medio ambiente” expuso por videollamada el juez de la Corte Suprema de Argentina, Ricardo Lorenzetti. Frente a pares de México, Barbados, Costa Rica, Pakistán y la Unión Europea, no se mostró nada conservador: “Debemos cambiar lentamente nuestra concepción de derechos basados puramente en la propiedad y en lo individual y abrir un paradigma legal diferente, un enfoque ecocéntrico y sistémico".

El financiamiento

Un representante de la COMIFAC (la Comisión de Bosques de África Central) se acerca a este cronista para dejar un folleto. Está promocionando el stand de la Cuenca del Congo que tiene un slogan: “Un capital de biodiversidad excepcional”. Justo en esa región es donde se denuncia que la ONG conservacionista WWF quiere expulsar a los indígenas baka para crear el parque nacional Messok Dja. Paul Kanyinke Sena, un camerunés que dirige el Comité de Pueblos Indígenas de África y que articula con la UICN dialogó con PáginaI12 en una conferencia de prensa tras la cumbre de pueblos indígenas y desafió: “esas denuncias las estamos investigando pero las organizaciones de derechos humanos que las hicieron necesitan que haya problemas, si no hay violaciones a los derechos humanos no tienen cómo financiarse”.

El líder indígena guatemalteco Ramiro Batzin, de la Asociación SOTZ´IL, tomó la palabra tras Kanynke: “yo sé que los conservacionistas, como con este proyecto del 30% de la tierra como área protegida para el 2030, tienen buenas intenciones, pero tienen que respetar el consentimiento previo libre e informado de los indígenas”. Los conservacionistas se defendieron en primera persona: “Nuestras metas globales de proteger la Tierra y conservar la biodiversidad no pueden lograrse sin el liderazgo, el apoyo y la colaboración de los Pueblos Indígenas”, dijo Bruno Oberle, Director General de la UICN.

Como se contó en este diario el sábado, el proyecto “30 x30”, que impulsa la ONU y consiste en tener dentro de 10 años a la tercera parte del planeta como área protegida, es el eje de este congreso y fue el disparador de una contra cumbre la semana pasada. Para Lara Domínguez del Minority Rights Group es un proyecto político pero no científico: “no hay estudios serios de impacto económico y social y 300 millones de personas podrían ser desplazadas”.

Los tratos

Algunas grandes empresas aprovecharon este encuentro global para reciclar su discurso sobre acusaciones que pesan sobre ellas. BMW, Volvo, Google y Samsung se comprometieron a "no utilizar minerales extraídos de aguas profundas o financiar la explotación minera en aguas profundas hasta que se haga un nuevo estudio de impacto”. La UICN, por su parte, ha cerrado varios tratos en lo que va de su Congreso. Hizo un acuerdo con la tecnológica china Huawei para “mejorar la conectividad digital en 300 áreas protegidas”, un covenio con la Organización Mundial del Trabajo para fomentar la creación de “empleo verde” y otro con el gobierno alemán, que invertirá 17 millones de euros en fomentar el ecoturismo en áreas protegidas.

El antecedente

En enero de 1994 este mismo Congreso Mundial por la Naturaleza se realizó en Argentina. Fue en el Sheraton del barrio de Retiro y lo inauguraron Menem y la entonces Secretaria de Ambiente María Julia Alsogaray. Así lo recuerda Raúl Montenegro, el ecologista cordobés laureado con el Premio Right Livelihood (conocido como el premio Nobel alternativo): “entre quienes fueron mencionados por su aporte económico, o asimilable, a ese Congreso figuraron Cemento Avellaneda, Loma Negra y Celulosa Argentina, no precisamente paladines de la conservación ambiental”.

Para Montenegro, que dirige la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) en la provincia de Córdoba, la UICN “no cuestiona los estilos de vida ni las peores fuentes de disturbio ambiental y social” (como la desigualdad o las guerras) y “ofrece un modelo sesgado e ineficaz donde coexisten la conservación que excluye a las personas y registros muy serios del creciente deterioro de la biodiversidad clasificada”.

En un comunicado divulgado este martes la UICN informó que “ha estudiado 138.374 especies, de las cuales 38.543 se clasifican bajo amenaza”. Por ejemplo: el 37% de las especies de tiburones y rayas en el mundo están en peligro.

Para Raúl Montenegro “el concepto de biodiversidad nativa manejado por la UICN y la mayoría de los gobiernos es fragmentario e inexplicablemente incompleto. En Argentina por ejemplo no tenemos mapas de biodiversidad. Solo mapas de algunos grupos dominantes y visibles de la biodiversidad, por ejemplo árboles y vertebrados”. Además recuerda que hay una biodiversidad “no clasificada”: “son entre 10 y 100 millones de especies, solo a nivel de virus se han clasificado algo más de 6.000 especies y se estima que existen unas 900.000 a 1.000.000 de especies de virus sin clasificar”.

Para el director de la FUNAM esta no es una cumbre por la naturaleza, sino un encuentro de miembros gubernamentales y no gubernamentales. Ya desde la época en la que este Congreso se hizo en Argentina Montenegro insistía en algo que aún no se hizo: “la necesidad de una Convención de Naciones Unidas sobre estilos de vida y conducta humana”.

10 de septiembre de 2021

Publicado enMedio Ambiente
Rodrigo Rojas Vade, exvicepresidente de la Convención Constituyente de ChileMarcelo Hernandez / Gettyimages.ru

El movimiento registra deserciones en masa después de las controversias que agotaron su credibilidad.

La Lista del Pueblo representaba una de las principales organizaciones políticas emergentes surgidas del estallido social de 2019. Estaba formada por líderes sociales independientes que denostaban a los partidos tradicionales y prometían honestidad, congruencia y renovación. Y sorprendieron al ganar 26 bancas en la Convención Constituyente que se definió en las históricas elecciones de mayo pasado.

Pero después de ese inesperado triunfo, comenzó una debacle. En las últimas semanas, la catarata de escándalos de este movimiento de izquierda se coronó con la desconcertante confesión de uno de sus integrantes: Rodrigo Rojas Vade, vicepresidente de la Convención Constituyente, renunció a su cargo luego de reconocer que durante años había fingido un cáncer.

La noticia sorprendió por completo a la sociedad chilena, ya que el activista de 37 años se había granjeado altos niveles de simpatía al participar en las movilizaciones de fines de 2019 que pusieron en jaque al Gobierno de Sebastián Piñera y que desembocaron en un plebiscito para que la ciudadanía decidiera si quería una nueva Constitución y, luego, en la elección de las y los 155 convencionales.

Rojas Vade ganó notoriedad en las marchas con su cabeza pelada, producto, según él, de los tratamientos contra el cáncer. Su popularidad creció hasta convertirse en una de las figuras más reconocidas de la Lista del Pueblo, el movimiento creado por dirigentes que decidieron aglutinarse para participar de manera formal en la vida política chilena.

Por eso logró ser elegido como uno de los siete vicepresidentes de la Convención Constituyente que se instaló a principios de julio y que es presidida por la intelectual mapuche Elisa Loncon.

Ahora será investigado y su incipiente carrera política está terminada. Tanto como la credibilidad de la Lista del Pueblo, que enfrenta un éxodo masivo de militantes que ya no quieren quedar ligados a un movimiento que ilusionó y decepcionó en muy poco tiempo.

Porque este no fue el único escándalo, y una de las consecuencias más graves es que la derecha está utilizando el desprestigio de la Lista del Pueblo para desacreditar por completo el trabajo de la Convención Constituyente, como ya lo denunció el alcalde de Recoleta y exprecandidato presidencial, Daniel Jadue.

Irregularidades en el financiamiento

El financiamiento de varias de las campañas de los militantes de la Lista del Pueblo que se postularon a convencionales constituyentes está bajo investigación del Servicio Electoral (Servel), ya que varios candidatos emitieron facturas de gastos a sus propios familiares. Se trata de millonarios recursos públicos.

Una de las principales alertas fue que Miriam Parra, una dirigente que asesoró diversas candidaturas, cobró diferentes honorarios a pesar de haber realizado el mismo trabajo, lo que motivó su expulsión y la del excandidato Ricardo Mahnke, de quien incluso fue jefa de campaña.

Hay otros casos de excandidatos a convencionales que emitieron facturas a hermanos, primos, tíos, cuñados, esposos, sobrinos o nueras, pero uno de los que más llamó la atención fue el de la activista ecologista Soledad Mella, ya que, en medio de las denuncias por estas irregularidades, también se postuló como precandidata presidencial con miras a las elecciones generales del próximo 21 de noviembre.

Este proceso terminó de evidenciar la desorganización y fracturas que tenía la Lista del Pueblo, ya que se realizó de una manera totalmente desaseada.

El pasado 6 de agosto Cristian Cuevas, un reconocido líder sindical de larga trayectoria en partidos de izquierda, fue elegido como candidato en una votación interna en la que participaron 73 militantes, pero la decisión fue impugnada de inmediato por otros dirigentes que advirtieron que tan pocas personas no podían designar a un presidenciable, y que lo mejor era realizar una elección interna en la que interviniera la sociedad a través de patrocinios (firmas) recolectadas de manera formal en la página del Servicio Electoral.

La postulación de Cuevas quedó invalidada y, aunque siguió su campaña de manera independiente, no se pudo registrar porque no consiguió las 34.000 firmas que exigía el Servicio Electoral.

El escándalo de las firmas falsas

El 12 de agosto, la Lista del Pueblo anunció que sus tres precandidatos presidenciales eran los mapuches Ingrid Conejeros y Diego Ancalao y la activista Soledad Mella, pero en realidad esta última inclusión era más bien simbólica, ya que ella no hizo campaña alguna porque en ese momento se había destapado el escándalo de las anomalías en sus reportes de gastos.

Mientras tanto, los pleitos internos y la suspensión de la candidatura de Cuevas ya habían provocado renuncias en cascada de militantes de la Lista del Pueblo, que hoy ya quedó dividida en varios sectores.

Y todavía faltaba otra controversia que desató tanto indignación como burlas. Finalmente, Ancalao fue designado como su candidato presidencial y el 23 de agosto, horas antes de que venciera el plazo, logró registrarse ante el Servel.

Publicado: 8 sep 2021

Publicado enPolítica
El presidente no ratificó el pedido de renuncia al cuestionado ministro de Trabajo

El silencio presidencial mantiene en su puesto a Iber Maraví y es una implícita desautorización al jefe del gabinete, Guido Bellido. Una razón de Castillo sería no ceder a los reclamos de la derecha; otra, su cercanía con Maraví. 

Se prolonga la novela, y la crisis, en torno al ministro de Trabajo, que se ha negado a renunciar luego que se lo pidió el jefe de gabinete. Una historia de marchas y contramarchas, que se inició con los ataques de la derecha parlamentaria y mediática contra el ministro, al que acusa de haber integrado en los años ochenta el grupo armado maoísta Sendero Luminoso, y que ha puesto sobre la mesa las tensiones y divisiones internas en el gobierno y sus problemas al momento de tomar decisiones.

El presidente Pedro Castillo no ha ratificado el pedido de renuncia del jefe de gabinete a su ministro, pero tampoco ha salido a respaldar al titular de Trabajo. En los hechos, el silencio presidencial mantiene en su puesto al ministro Iber Maraví y es una implícita desautorización al jefe del gabinete, Guido Bellido. Una razón del presidente para mantener al titular de Trabajo sería no dar la imagen de ceder ante las presiones de la derecha que exige su salida. Otra razón tendría que ver con disputas internas en el gobierno y con el hecho que Maraví, profesor y sindicalista como Castillo, es muy cercano al presidente.

Cuestionamientos de la derecha

La novela hasta ahora sin fin comenzó el pasado lunes cuando Bellido anunció públicamente que le había pedido la renuncia a Maraví y que éste dejaría el cargo. Fue su respuesta a los cuestionamientos de la derecha contra el ministro, a quien sindican como “terrorista” en base a un informe policial de hace cuarenta años en el que se dice que en ese entonces era miembro de Sendero. Maraví, que nunca fue sentenciado por esos cargos, rechaza la acusación. Bellido, que también es cuestionado por la derecha y los medios, le pidió la renuncia a Maraví tres días después que el Congreso opositor le diera el voto de confianza, indispensable para mantenerse en el cargo. Entregando la cabeza del ministro de Trabajo, el jefe del gabinete esperaba satisfacer al sector de la derecha que le dio el voto de confianza y que pide la salida del ministro, y bajar el tono de los ataques en su contra de la derecha que votó por negarle la confianza y de los medios. 

La derecha no solo quiere sacar a Maraví, su estrategia es tumbarse a los ministros “uno por uno”, como han anunciado sus voceros más radicales, parte de un plan desestabilizador que apunta al final de la fila contra el presidente. Solo tres semanas después de haber asumido la presidencia, por presiones de la derecha Castillo sacó a su canciller, el exguerrillero y sociólogo Héctor Béjar, una reconocida figura de la izquierda. Béjar no forma parte de Perú Libre, pero su salida como una concesión a la derecha molestó al partido oficialista. Luego de ese episodio, visto como una muestra de debilidad del gobierno, en el Ejecutivo no quieren que en el caso del ministro de Trabajo se repita esa imagen de ceder rápido a las presiones de la derecha política y mediática.

Pugnas al interior del gobierno

Pero detrás de esta historia no solo están las presiones de la derecha, sino también las pugnas al interior del gobierno, en el que conviven en tensión el sector más cercano a Castillo, formado principalmente por dirigentes del sindicato de profesores como él; el sector del partido oficialista, Perú Libre, encabezado por su controvertido secretario general, Vladimir Cerrón, un ex gobernador sentenciado a prisión suspendida por malos manejos económicos e investigado por otros cargos de corrupción; y por los aliados del gobierno que vienen de otras agrupaciones de izquierda. Cerrón presiona por ganar espacios de poder. Esta crisis ministerial se da en el contexto de esa pulseada entre Castillo y Cerrón. Mientras el ministro de Trabajo forma parte del círculo de profesores cercano al presidente, el jefe de gabinete, que le pidió su renuncia, es parte de la dirigencia de Perú Libre que responde a Cerrón.

El secretario general del partido de gobierno celebró públicamente el anuncio de la salida de Maraví, lo que dijo consolidaba el poder de Bellido, su ficha más importante en el gobierno. Pero Castillo, sin hablar públicamente, impuso su poder para mantener a su ministro. El intento de Bellido de sacar a Maraví se dio días después que, según versiones periodísticas que citan fuentes del gobierno, Castillo pensó en sacarlo de la jefatura del gabinete, pero desistió luego de una tensa conversación con Cerrón. Con la movida de pedir públicamente la renuncia de Maraví, que puso en marcha sin la luz verde del presidente, Bellido, además de contentar a la derecha que lo cuestiona, buscaba fortalecer su posición al interior del gobierno y debilitar al círculo de profesores cercano al presidente. Fue un intento de consolidarse en el cargo, tanto frente a la oposición como al interior del Ejecutivo. Pero la apuesta le salió mal. La renuncia que anunció no se concretó y se quedó sin piso. Quiso fortalecerse y terminó debilitado.

“Esta crisis ministerial, que ha sido una comedia de errores, es una manifestación de que hay dos cabezas en el gobierno, las de Castillo y Cerrón. Al mantener al ministro de Trabajo, Castillo busca detener el avance de Cerrón en esa guerra de posiciones que hay entre ambos. No creo que esta situación se pueda mantener por mucho tiempo. Para Castillo el escenario es muy complicado, todas las salidas implican pérdida y la derecha dura está viendo cualquier oportunidad para provocar su destitución. Si rompe con Cerrón y Perú Libre, perdería el apoyo de la bancada oficialista en el Congreso. Pero creo que no le va a quedar otra opción que romper, es imposible gobernar manteniendo esa dualidad, con Cerrón diciéndole lo que debe hacer. Al romper con Cerrón, su única salida sería moverse al centro para buscar nuevos aliados. A Castillo lo favorece que la derecha está dividida y tiene sus propios problemas internos”, le señaló a PáginaI12 el historiador y analista político Nelson Manrique, comentando el escenario que se abre en el gobierno con esta crisis.

Manrique considera que el silencio de Castillo en esta crisis y otros momentos importantes “le está dando armas a la derecha, contribuye a desestabilizar su gobierno, está enajenando el apoyo de quienes votaron por él, que sienten que no hay un gobierno que tome resoluciones, lo que es imperdonable en un momento que tenemos la pandemia, crisis económica, desempleo”. “Castillo evita a la prensa, no da declaraciones, porque no tiene un rumbo claro, no tiene algo claro que decir”, señala.

Aunque Castillo detuvo su anunciada salida, a Maraví no parece quedarle mucho tiempo en el gobierno. El Congreso se prepara para interpelarlo por las acusaciones de su supuesta pasada militancia en Sendero, con la intención de censurarlo, lo que lo obligaría a dejar el cargo. Todo indica que la oposición tiene los votos para lograr la censura.

En este escenario de crisis ministerial, ataques opositores contra los ministros y tensiones internas en el gobierno, no se descarta que junto a la probable salida del ministro de Trabajo, que si no cae antes sería obligado a renunciar por el Congreso, se sumen otros cambios en el gabinete. Cambios que podrían implicar una recomposición de las fuerzas al interior del oficialismo. 

Por Carlos Noriega

05/09/2021

Publicado enInternacional
Los residentes locales celebran el levantamiento del grupo de fuerzas especiales, Conakri (Guinea), el 5 de septiembre de 2021.Souleymane Camara / Reuters

Las fuerzas especiales de Guinea anunciaron este domingo en un mensaje a la nación la disolución del Gobierno, la suspensión de la Constitución y el cierre de las fronteras terrestres y aéreas tras derrocar al presidente del país, Alpha Condé, informa Reuters.

"Hemos disuelto el Gobierno y las instituciones", anunció Mamady Doumbouya, jefe de unidad del ejército de élite, en la televisión estatal. "Vamos a reescribir la Constitución juntos", aseveró.

Los militares ordenaron a los ministros del Gobierno que asistan a una reunión, convocada para este lunes. Los oficiales advirtieron que cualquier persona que no comparezca será considerada rebelde, recoge BBC.

Asimismo, se informa que el presidente del país se encuentra sano y salvo. Horas antes, en las redes sociales se ha difundido un video que muestra al mandatario guineano rodeado por militares, presuntamente en el momento de su arresto.

Anteriormente, aproximadamente a las 8:00 (hora local) del domingo, se reportó un tiroteo que involucró a las fuerzas especiales del país en los alrededores del palacio presidencial de la capital de Guinea, Conakri.

Posibles causas de la crisis 

Alpha Condé ganó las elecciones presidenciales de Guinea en el 2010 y cinco años después fue reelegido para un segundo mandato. Con el objetivo de poder postular su candidatura por tercera vez consecutiva, en marzo del 2020 el mandatario organizó un referéndum, que lo habilitó a realizar cambios correspondientes a la Constitución. Sin embargo, la oposición acusó al Gobierno de falsificar los resultados de la consulta y protagonizó multitudinarias protestas en el país.

Cabe resaltar también que en las últimas semanas el gobierno de Condé aumentó drásticamente los impuestos para reponer las arcas del Estado y elevó el precio del combustible en un 20%, lo que provocó malestar generalizado entre los ciudadanos.

Publicado: 5 sep 2021 20:20 GMT

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