El canciller de Nicaragua, Denis Moncada (al centro), en Managua, tras anunciar este viernes la salida de Nicaragua de la OEA.STR (AFP)

El régimen desconoce al organismo americano, al que acusa de mantener “actitudes injerencistas” contra el Gobierno que lidera el sandinista

 

Tras el rechazo de las elecciones presidenciales de Nicaragua por la mayoría de países de América, el presidente Daniel Ortega ha decidido retirar a su país de la Organización de Estados Americanos (OEA), a la que ha acusado de mantener “actitudes injerencistas” contra su régimen. El canciller nicaragüense, Denis Moncada, ha informado este viernes en Managua que el Gobierno ha comenzado su salida del organismo americano “instruido por el presidente constitucional de Nicaragua, comandante Daniel Ortega Saavedra”, en la que es una respuesta a los señalamientos de ilegitimidad democrática de los resultados de las presidenciales.

El régimen ha explicado que la salida de la OEA se da bajo el amparo del artículo 67 de la Convención de Viena, que establece el procedimiento oficial a seguir cuando un país decide retirarse de un tratado internacional que ha ratificado. “Me dirijo a usted para notificarle oficialmente nuestra indeclinable decisión de denunciar la Carta de la Organización de los Estados Americanos, conforme a su artículo 143, que da inicio al retiro definitivo y renuncia de Nicaragua a esta organización”, afirma el régimen en la carta enviada al secretario general de la OEA, Luis Almagro, y que ha leído el canciller Moncada.

Con la denuncia de la carta del organismo, el régimen de Ortega inicia un proceso de dos años para hacer oficial su salida. “Transcurridos dos años a partir de la fecha en que la Secretaría General reciba una notificación de denuncia, la presente Carta cesará en sus efectos respecto del Estado denunciante, y este quedará desligado de la Organización después de haber cumplido con las obligaciones emanadas de la presente Carta”, según lo establecido en el artículo 143 de la Carta Constitutiva de la OEA.

Ortega ha tomado esta decisión después de que la Asamblea General de la OEA, que se realizó la semana pasada en Guatemala, votara una resolución en la que rechazaba los resultados de las elecciones presidenciales del 7 de noviembre, considerados una “farsa” por la oposición. Esas votaciones se dieron con los siete aspirantes de la oposición encarcelados por el régimen, una fuerte represión contra las voces críticas y sin condiciones mínimas que garantizaran la legitimidad del proceso. La resolución de la OEA fue aprobada por 25 países, siete se abstuvieron —entre ellos México— y la delegación de Nicaragua votó en contra. Además de rechazar los resultados de la votación, el documento aprobado obliga a la secretaría general hacer un análisis de la situación política de Nicaragua de cara a analizar la aplicación de la Carta Democrática, que incluye la expulsión del país al considerar que no cumple con los requisitos democráticos establecidos en ese documento.

“La Organización de Estados Americanos ha sido diseñada como foro político diplomático que nació por influencia de Estados Unidos como instrumento de injerencia e intervención, y su actuar en contra de Nicaragua de esta organización que funciona permanentemente en Washington tiene como misión facilitar la hegemonía de Estados Unidos con su intervencionismo sobre los países de América Latina y el Caribe. Lo que para Nicaragua es inaceptable, lo rechazamos y lo condenamos”, denuncia el régimen de Managua en la carta enviada a Almagro.

La salida de Nicaragua de la OEA puede tener fuertes consecuencias económicas para un país que necesita del flujo de divisas que llegan a través de préstamos de organismos multilaterales ligados a esa organización, explica Tiziano Breda, analista para Centroamérica del Crisis Group, un organismo centrado en la resolución de conflictos. “Tendrá menos capacidad de acceder a recursos internacionales de mecanismos interamericanos como es el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID). Estos tendrán tendrían mayores reservas en proveerle recursos a un Gobierno que ha sido expulsado por sus violaciones del organismo regional más importante”, explica Breda.

La decisión del Gobierno nicaragüense ha generado reacciones, principalmente de Estados Unidos, cuyo presidente, Joe Biden, ha denunciado lo que considera una “dictadura” parecida a la de la dinastía somocista que gobernó el país durante 47 años. “Nos gustaría que Nicaragua regrese a la comunidad interamericana, (pero) siempre respaldando los valores y los principios a los cuales todos nos inscribimos, que son el respeto del desarrollo democrático”, ha dicho a EFE Juan González, encargado de Latinoamérica y el Caribe de la Casa Blanca. “Eso es lo fundamental, no es de izquierda o derecha, es democracia, es lo único en que nosotros insistimos como región”, ha afirmado González.

Por Carlos Salinas Maldonado

Redactor de la edición América del diario EL PAÍS. Durante once años se encargó de la cobertura de Nicaragua, desde Managua. Ahora, en la redacción de Ciudad de México, cubre la actualidad de Centroamérica y temas de educación y medio ambiente

Publicado enInternacional
Jueves, 18 Noviembre 2021 06:04

Clima y economía verde militar

Clima y economía verde militar

Uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero (GEI) del planeta son las fuerzas armadas, especialmente las de Estados Unidos. No obstante, sus emisiones no son tomadas en cuenta en las negociaciones de cambio climático. Por ejemplo, el proyecto Cost of War de la Universidad de Brown estimó que entre 2001 y 2017, las fuerzas militares de ese país emitieron 1200 millones de toneladas de dióxido de carbono, la tercera parte fuera del país y en guerras como las de Iraq y Afganistán. Esto es equivalente a las emisiones anuales de 257 millones de autos, más del doble de todos los autos que circulan en Estados Unidos.

El Pentágono es además el mayor consumidor institucional de combustibles fósiles del planeta. Un grupo de científicos que han estado colaborando en investigación sobre los impactos ambientales y climáticos del militarismo denunciaron en el marco de la conferencia de Naciones Unidas sobre el clima (COP26) realizada este noviembre, que el Pentágono es responsable de causar más emisiones GEI que 140 países juntos, incluyendo a países industrializados como Suecia, Dinamarca y Portugal. Pese a ello, las emisiones GEI provenientes de las actividades militares no son tema en la agenda de negociaciones y ni siquiera se reportan como tales. Esto debido a que el ejército de Estados Unidos se opuso temprana y activamente a cualquier análisis o informe sobre éstas. En 1997, en las discusiones que llevaron a crear el Protocolo de Kyoto sobre control de emisiones de gases de efecto invernadero, Estados Unidos obstaculizó firmemente que se reportara sobre las emisiones GEI militares alegando razones estratégicas y de seguridad, que logró imponer al resto de la comunidad internacional. En 2015, con la firma del Acuerdo de París sobre cambio climático, se incluyó por primera vez que las emisiones militares debían ser reportadas pero solo en forma voluntaria, por lo que en la mayoría de los casos no sucede y ello no tiene consecuencias. Aún así, investigadores independientes estiman que las actividades militares globales son responsables de entre el 5 y 6 por ciento de todos los gases que causan el caos climático, más que lo emitido globalmente por todos los aviones y barcos comerciales combinados. La principal fuente de emisiones GEI militares conocidas proviene de los combustibles usados en sus aviones, barcos y vehículos terrestres, pero hay que sumar las emisiones del vasto complejo militar industrial, por lo que aún ese porcentaje es probablemente muy bajo.

Ante esta opacidad, una colaboración de centros de investigación presentó en actividades paralelas a la COP26 el mapa interactivo https://militaryemissions.org/, que muestra la información disponible sobre emisiones GEI de los países con mayor gasto militar a nivel global. De América Latina incluyen Argentina, Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Colombia y México, pero en todos los casos la información de emisiones relacionadas a lo militar no existe, no se reporta o no está desagregada.

El Centro de Estudios por la Paz J.M. Delàs publicó en 2021 dos importantes informes sobre el impacto medioambiental y climático del militarismo. El informe Militarismo y crisis medioambiental. Una reflexión necesaria coordinado por Pere Brunet y Chloé Meulewaeter con investigadoras e investigadores del Centro Delàs, analiza de qué manera el militarismo es una de las causas relevantes del calentamiento global y los daños ecológicos en el planeta. Pone sobre la mesa datos de impactos ambientales y climáticos y plantea su vínculo con la violencia que genera el militarismo y la amenaza que representa el uso creciente de la fuerza militar para imponer un modelo económico capitalista, extractivista y depredador de comunidades y ambiente, así como para reprimir las resistencias de quienes se oponen a éste.

Entre los 23 principales países exportadores de armas (97,8% de ese comercio bélico) que tienen el 35,48% de la población mundial, concentran el 82% del gasto militar global y son responsables de dos terceras partes de las emisiones mundiales de GEI (67,1 %). Esos mismos países acogen a los 50 mayores agentes económicos que a su vez controlan 63,000 corporaciones transnacionales en todo el planeta, que son las que se benefician del enfoque militar-represivo que protege sus intereses.

El segundo informe Crisis climática, fuerzas armadas y paz medioambientalresume “La seguridad militarizada tiene un papel esencial en el empeoramiento constante de la crisis ambiental a nivel planetario que consiste en proteger a todos los agentes de poder no democráticos (corporaciones transnacionales extractivas, grandes entidades financieras, industria militar), para beneficio y lucro de sus minorías dirigentes, rompiendo equilibrios sociales y eco-planetarios. Una protección de los pocos que deja al margen a las grandes mayorías de población, a través de la llamada seguridad nacional. Una protección que es esencial, porque sin ella, el sistema depredador de recursos que amenazando el planeta y su sistema biológico, no podría existir (…) Los esquemas de seguridad nacional, bajo el pretexto de preservar los “intereses nacionales”, en realidad lo que realmente protegen son los intereses económicos de determinadas élites de grandes corporaciones, junto con los intereses lucrativos de aquellos que mueven los hilos del complejo militar-industrial”.

A las emisiones militares por uso de combustibles fósiles, se suman los impactos por los restos tóxicos y destrucción de hábitats que se producen a lo largo del ciclo del conflicto, que contaminan tierra, aguas y atmósfera, con efectos que en general duran largos períodos de tiempo con graves impactos en la vida humana y la salud de ecosistemas, flora y fauna, incluidos sobre los sistemas agrícolas, pastoriles y forestales que son sustento de muchas comunidades.

El tema es grave y no es nuevo, pero ante las crecientes e innegables evidencias de la crisis climática y las catástrofes que conlleva, y sobre todo, por las protestas de diversos movimientos y más evidencias de investigación, existe una creciente presión para reconocer el alto impacto climático del militarismo. Incluso en la propia COP26, se nombró -pero no se tomó ninguna acción- que debe ser revisado el tema de los reportes de sus emisiones en la COP27, algo que en sí mismo no cambiaría la situación, pero aún así es resistido.

No obstante, los altos mandos militares ya han comenzado una perversa tarea de recuperación de imagen. El 2 de noviembre, al comienzo de la COP26, el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg declaró “Necesitamos encontrar un camino para reconciliar que las fuerzas armadas sean fuertes y efectivas con que sean verdes y amigables con el ambiente.”

Como no podía ser de otra manera, también desde la OTAN se refieren a que las fuerzas armadas deben ir a “cero emisiones netas”, no reales. Justamente, porque este paquete de tecnologías y mercados de carbono, les permite continuar sus actividades y aumentar el lucro de los intereses que protegen.

17 noviembre 2021

Publicado enMedio Ambiente
Jueves, 18 Noviembre 2021 05:55

Desabastecimiento

Desabastecimiento

La esencia de la carestía de bienes es el choque de un sistema que necesita expandirse constantemente con la imposibilidad física y ecosistémica de sostener esta expansión

El otoño de 2021 está atravesado por una palabra: desabastecimiento. Por ejemplo, faltan chips (lo que afecta a industrias como la de los móviles o la automoción) y materiales de construcción (madera, pinturas, acero). Por faltar, empieza a haber carencia hasta de bebidas alcohólicas. De manera acoplada, aumenta el precio de distintas mercancías, como la electricidad. Esta situación tiene detrás un incremento de la demanda fruto de una cierta reactivación económica, pero la clave está en analizar por qué esa demanda no se está pudiendo cubrir.

Para escudriñar respuestas necesitamos una mirada no unidimensional, pues lo que estamos viviendo es el resultado de múltiples factores entrelazados. Uno de los elementos detrás del desabastecimiento es el logístico: después del parón impulsado por la covid-19, las cadenas de producción y distribución globales no son capaces de ponerse en marcha de manera automática. Necesitan tiempo para restablecer el ritmo de transporte marítimo o el funcionamiento de los puertos.

Se suma el modelo económico. Una producción just in time, sin almacenamiento, y en la que la especialización productiva territorial es muy alta (por ejemplo, la mayoría de los chips del mundo se fabrican en Taiwán) hace que el sistema sea muy vulnerable. Ante el fallo de un nodo de producción mundial, como está sucediendo con el de chips en Taiwán, no hay stock que pueda sostener durante un tiempo la demanda hasta que la producción se recupere. También forma parte del modelo económico imperante un control oligopólico de muchos sectores, como el del transporte marítimo global o el de la producción eléctrica en España, que permite a estos actores usar su posición de fuerza. Y una fijación de precios que depende en buena parte de los mercados financieros, que suelen ser amplificadores de los precios altos, por ejemplo de materias primas, pues fomentan procesos especulativos.

Al modelo económico se añade la crisis económica que se arrastra desde, al menos, 2007, que impulsa una desinversión en diferentes sectores. Sin expectativa clara de beneficios, los capitalistas no invierten en la economía productiva y desvían sus búsquedas de lucro hacia la financiera. El sector petrolero ilustra bien este hecho. A pesar de que cada vez cuesta más extraer petróleo, pues está situado en lugares más inaccesibles (en aguas ultraprofundas, en regiones árticas o embebido en rocas duras), las empresas, en lugar de estar aumentando su inversión, la están reduciendo. La causa detrás de esto es sencilla: simplemente no les sale rentable, como muestra la quiebra en cadena de corporaciones especializadas en fracking desde 2020 o el anuncio de petroleras de tamaño medio como Repsol de que van a abandonar el sector. Esto redunda en una menor disponibilidad de bienes incluso cuando sube la demanda, pues un campo petrolero requiere años para ser puesto en funcionamiento.

Las decisiones políticas también desempeñan un papel en el proceso de desabastecimiento. De este modo, el brexit, combinado con las medidas de restricción migratoria, han impulsado la falta de camioneros en Reino Unido, lo que contribuye al desabastecimiento. Otro ejemplo es cómo Rusia usa su posición de fuerza con Europa (es uno de nuestros principales suministradores de gas) para ganar terreno en la geopolítica global.

Tanto empresas como gobiernos han precarizado hasta lo intolerable la vida de muchas personas que, simplemente, abandonan los sectores donde las condiciones de trabajo son inadmisibles

Hay políticas de más largo aliento que también es necesario destacar, como las laborales. Tanto empresas como gobiernos han precarizado hasta lo intolerable la vida de muchas personas que, simplemente, abandonan los sectores donde las condiciones de trabajo son inadmisibles. Nuevamente, el sector de los camioneros es un buen ejemplo. Y esta precarización no es consecuencia de la avaricia de unas pocas personas (o, al menos, no solo), sino que está relacionada con los procesos de desinversión y, en definitiva, con la crisis estructural del capitalismo. Como nuestro sistema socioeconómico no consigue recuperar altas tasas de reproducción del capital, presiona a los eslabones más débiles para intentarlo. Dicho de otro modo, la precariedad laboral es una política hasta cierto punto inevitable en una coyuntura de debilidad de las fuerzas populares en un sistema altamente competitivo y en crisis que es ciego a cualquier otro imperativo que no sea reproducir el capital.

Pero todo esto es insuficiente para comprender lo que sucede si no sumamos la mirada ambiental. Vivimos en un planeta de recursos finitos y estamos alcanzando los límites de disponibilidad de distintos materiales. Por ejemplo, la extracción de plata, necesaria junto a otros 40 elementos para la producción de móviles, pues es uno de los que integran los chips, está estancada desde hace años como consecuencia de los límites de disponibilidad geológica. El problema no se restringe a la plata, sino que abarca el cadmio, el cobalto, el cromo, el cobre, el indio, el litio, el manganeso, el níquel, el plomo, el platino, el teluro o el zinc. Los impactos se extienden por el conjunto de la economía, pues sin una disponibilidad creciente de estos elementos no se pueden fabricar cada vez más molinos eólicos, ordenadores, acero o coches.

No solo faltan materiales, sino también energía. El aumento del precio del gas es el principal vector que está haciendo crecer los precios de la electricidad en España y en otros lugares de Europa. Los principales suministradores de gas a la Unión Europea son Rusia y Argelia y ambos países están atravesando una situación similar: su capacidad extractiva de este combustible fósil está estancada desde hace años. Es más, su consumo interno aumenta, lo que hace que su posibilidad exportadora se resienta más, lo que tensiona los precios al alza. Y, sin cambiar de modelo, hay pocas opciones, pues el gas se transporta mal por mar (es caro y podemos moverlo en cantidades pequeñas si las comparamos con el consumo), lo que excluye como alternativa el gas estadounidense o catarí.

La situación del gas no es única dentro del panorama energético. La extracción de petróleo parece que llegó a su máximo en 2018 y esto es fundamental en la articulación de la economía global, pues alrededor del 95% del transporte quema derivados del petróleo. Es más, este transporte depende sobre todo del diésel, que está en caída por lo menos desde ese 2018. Y podemos añadir el carbón, pues detrás de los apagones en la red eléctrica china está su dificultad para encontrar este combustible en cantidades suficiente en sus propias minas y en las internacionales. Por ejemplo, ha levantado el veto que tenía a la importación de carbón australiano, pero ni con esas consigue garantizar una producción eléctrica que evite cortes recurrentes.

El cambio climático también está contribuyendo a la situación. Volviendo a Taiwán, principal productor mundial de chips, allí el cambio climático está siendo un factor determinante en la sequía que sufre el país. Esto está afectando a la producción de chips, pues Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), líder mundial de esta industria, utiliza 156.000 toneladas de agua al día en la producción de sus chips. Y si no hay agua…

Incluso la crisis ecosistémica ha empujado al desabastecimiento. Los problemas logísticos como consecuencia de la pandemia de covid-19 se relacionan con la pérdida de biodiversidad, pues hay una amplia bibliografía científica que señala que la ruptura de los equilibrios ecosistémicos es determinante en la expansión de enfermedades zoonóticas (que provienen de otros animales) que estamos viviendo en los últimos años. Una de estas enfermedades, como sabemos, es la covid-19 que, combinada con unos insuficientes servicios sanitarios y una fuerte interconexión global, ha provocado una pandemia que ha obligado a ralentizar la economía entre invierno de 2019 y verano de 2021.

Varias de las causas del desabastecimiento son coyunturales, pero otras, como las ambientales, son estructurales e irresolubles. Por más dinero que se invierta, no conseguiremos crear plata o gas nuevo en la Tierra. La esencia del desabastecimiento es el choque de un sistema que necesita expandirse constantemente con la imposibilidad física y ecosistémica de sostener esta expansión.

Por ello, en el siglo XXI tenemos una gran disyuntiva: mantener un sistema que nos aboca a un desabastecimiento, que será cada vez más profundo y generador de desigualdades, o transformar radicalmente nuestra forma de relacionarnos con el resto de la vida y entre las personas. Esta segunda opción obliga a poner en marcha políticas de decrecimiento, localización e integración del metabolismo humano en el funcionamiento del metabolismo de la vida (o, dicho de otro modo, economías basadas en la agroecología y no en la industria o los servicios). También a trascender el capitalismo a través de una desmercantilización y desalarización de nuestras vidas. Y todo ello debe realizarse con fuertes medidas de redistribución de la riqueza que nos permitan vivir a toda la población mundial dignamente de manera austera. En definitiva, tener vidas plenas en armonía con el conjunto de la vida sin intentar, enfermiza y continuamente, traspasar los límites de nuestro bello planeta. En Escenarios de trabajo en la transición ecosocial 2020-2030 proponemos ideas más concretas de cómo hacer esta gran transición para nuestro territorio.

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Por Luis González Reyes, miembro de Ecologistas en Acción. 17/11/2021

Este artículo ha sido redactado para Entrepobles.

 

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¿Quién ganó, quién perdió y qué se jugó en las elecciones argentinas?

Aunque la coalición peronista Frente de Todos logró mejorar su performance electoral respecto de las primarias, fue derrotada ampliamente por el frente opositor Juntos por el Cambio. Emergen nuevos actores a la izquierda y a la derecha del escenario político. Aunque con algo de aire adicional, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner tiene menos margen para la inconsistencia. 

El peronista Frnte de Todos sufrió este domingo una derrota por nueve puntos porcentuales frente a la alianza conservadora Juntos por el Cambio en las elecciones de medio término en Argentina. Con 42% de los votos nacionales en la categoría de diputados frente a 33,6% del oficialismo, la coalición fundada por el ex-presidente Mauricio Macri volvió a cosechar una ventaja abismal en Córdoba —tercera provincia en cantidad de electores— y ratificó amplios triunfos en Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos y la ciudad de Buenos Aires; todos ellos, entre los distritos más habitados del país. 

El resultado determina que la bancada de senadores del oficialismo se reducirá de 41 a 35 asientos, dos menos de los necesarios para tener la mayoría absoluta del cuerpo de 72, ya que el Frente de Todos perdió en seis de las ocho provincias que renovaron bancas. Desde diciembre, el oficialismo deberá negociar mayorías en la Cámara Alta con representantes de partidos provinciales, fuerzas en general pragmáticas, accesibles para quien ocupa la Casa Rosada.

A la espera del recuento final, el reparto de bancas en la Cámara de Diputados no tendrá variaciones sustanciales. El Frente de Todos no tenía mayoría absoluta en la Cámara Baja y ahora quedará levemente por encima del principal bloque opositor. Otros datos salientes de la jornada fueron que la derecha extrema, que en el país se denomina «liberal-libertaria», logró notables resultados y diputados por la ciudad y la provincia de Buenos Aires, mientras que el trotskista Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad (FIT-U) sumó representantes en esos mismos distritos y en la norteña Jujuy, en un apreciable avance nacional.

A simple vista, la caída del frente que conducen Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se percibe categórica, a tan solo dos años de su contundente victoria en la primera vuelta presidencial de 2019. Entonces, Macri dejaba la Casa Rosada con un balance signado por el aumento de la pobreza y la desigualdad, una deuda externa tomada en tiempo récord que amenazaba con volverse una lápida y el enseñoreamiento en el seno del Estado de prácticas institucionales intoxicadas (espionaje ilegal, persecuciones judiciales). Los peronistas se habían entusiasmado con la posibilidad de dar vuelta la página del neoliberalismo por largo rato, pero mucho antes de lo previsto un proyecto de ese cuño se puso nuevamente en carrera.

Sin embargo, los rostros del comando del frente peronista de centroizquierda montado en el barrio de Chacarita de Buenos Aires parecían, si no de festejo, al menos de alivio. Al presidente se le escapó la palabra «triunfo» cuando se dirigió a sus partidarios en la noche electoral. Ese lapsus de Fernández dialogaba con miradas en las instalaciones sobre la costanera de la capital argentina elegidas por Juntos por el Cambio. Aunque dirigentes y candidatos claves de esa alianza liderada por el conservador Propuesta Republicana (PRO) y la tradicional Unión Cívica Radical (UCR) tenían motivos para festejar, a algunos la victoria les dejó un sabor amargo.

La razón que explica por qué unos parecían celebrar una derrota y otros tramitaban con decepción una victoria se encuentra en el contraste con las primarias del 12 de septiembre, cuando el peronismo unido se topó con el peor resultado de su historia. El mapa de hace dos meses ratificó el dominio de la centroderecha en el eje central del país, de los Andes al Río de la Plata, que incluye la región más habitada y de mayor capacidad productiva, pero también mostró debacles de hasta 30 puntos porcentuales para el Frente de Todos en uno de sus bastiones, la Patagonia, y retrocesos en provincias del norte. El macrismo había recuperado en las primarias la provincia de Buenos Aires, que alberga por sí sola 37% de los votantes habilitados.

Ante ese vuelco, líderes políticos, analistas y la prensa afín a Juntos por el Cambio —muy mayoritaria— se precipitaron a decretar el final del kirchnerismo y, en particular, de Cristina Fernández de Kirchner, en línea con pronósticos por el estilo barajados en media docena de oportunidades en los pasados 15 años. Las evaluaciones habían dado por terminadas ciertas seguridades de la política argentina, entre ellas, la adhesión al peronismo de una parte significativa de los sectores populares. Alberto Fernández fue descripto en la prensa como un dirigente acabado, desprovisto de luces y de poder de mando, que solo por inercia podría completar sus últimos dos años de mandato presidencial.

Lecturas del escrutinio

El mapa de este domingo habilitó interpretaciones distantes de las prenunciadas. El Frente de Todos logró revertir las derrotas de septiembre en dos provincias (Chaco, en el noreste, y Tierra del Fuego, extremo sur), sumó votos en general y redujo a poco más de un punto el resultado adverso en la provincia de Buenos Aires, casi un «empate». Quedó configurada una distribución electoral algo más reconocible para la tradición reciente: el eje central agroindustrial del país para Juntos por el Cambio, el norte con dominio del Frente de Todos, la Patagonia variopinta y la provincia de Buenos Aires, en paridad.

Entre los líderes de Juntos por el Cambio que quedaron algo descolocados por los resultados se encuentra el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Estratega electoral y orfebre de su propia candidatura presidencial para 2023, Rodríguez Larreta usó un lápiz preciso para relegar en las listas a referentes de los dos principales «halcones» de su propia coalición: Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Con amabilidad, les mostró la puerta de salida a su ex-jefe y a la ex-ministra se Seguridad.

La candidatura presidencial de Rodríguez Larreta parecía un trámite, al amparo de una preferencia indisimulable del establishment. Aunque con un muy buen resultado, las legislativas dejaron a la lista encabezada por María Eugenia Vidal en la capital argentina, bastión de Juntos, por debajo de las expectativas (obtener 50%), mientras que el virtual empate en provincia de Buenos Aires terminó por aguar la fiesta del alcalde de Buenos Aires.

Bullrich, en cambio, comprobó victorias nítidas de aliados en varias provincias que recelan de Rodriguez Larreta, quien procura mostrar un enfoque moderado del espacio macrista. La ex-ministra y Macri no muestran objeción alguna en ampliar la propuesta electoral hacia la derecha «libertaria»; pero esa vía, para el proyecto de apariencia «centrista» del alcalde porteño, sería un problema. Javier Milei, la estrella libertaria, considera a Rodríguez Larreta un «zurdo» y hasta «comunista», y no dudó en insultarlo durante la campaña.

El resultado general, no obstante, es inequívoco: el gobierno perdió por amplio margen.

Una razón de primer orden, ineludible para el análisis, fue el trauma de la pandemia. El Ejecutivo no estuvo muchas veces a la altura de una respuesta coherente ante las urgencias. Se embarcó en una retórica grandilocuente hasta que la gastó y llevó a cabo aperturas y restricciones contradictorias e injustificadas. La falta de ejemplaridad en la conducta de funcionarios —empezando por el presidente, que incumplió protocolos y organizó un festejo ilegal del cumpleaños de su pareja en plena cuarentena— jugó un papel en el descrédito, mientras que la asistencia económica a las familias que perdieron su fuente de ingresos fue más bien limitada. La recesión desatada en 2018, la falta de dólares en el Banco Central y la imposibilidad de endeudamiento —porque el gobierno de Macri superó con creces los límites permitidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI)— marcaron un techo para las ayudas. Las prioridades fijadas por el propio Fernández, que mantuvo y hasta expandió algunos de los privilegios forjados por su predecesor, hicieron el resto.

Más allá del coronavirus, una mirada sobre el comportamiento electoral en décadas recientes permite vislumbrar continuidades en el carácter cambiante de los liderazgos políticos argentinos.

El argumento de que el kirchnerismo no vence en una elección legislativa de medio término desde 2005 (perdió las de 2009 y 2013, cuando gobernaba Cristina Fernández, y la de 2017, con Macri en la Presidencia) tuvo amplio recorrido en los prolegómenos de los comicios. Si se extiende la mirada, desde 1995 —cuando la pelea bipartidista entre el peronismo y el radicalismo quedó desbaratada por la irrupción de escisiones y terceras fuerzas— solo se registró una victoria consecutiva de un mismo signo entre las legislativas de 1997 y las presidenciales de 1999 (Alianza UCR-Frepaso), entre 2003 y 2005 (inicio de los años de Néstor Kirchner), y en 2015 y 2017, con Macri.

La secuencia da la pauta de la alta competitividad electoral entre los campos políticos que en este siglo se fueron configurando entre una centroizquierda y una centroderecha «a la argentina», y el corto plazo del crédito dado a propuestas capaces de perder un tercio de sus apoyos en el término de dos años. Para un segmento de la sociedad, el sufragio parece ser antes que nada un elemento de castigo, incluso a costa de premiar a quien había sido penalizado dos años antes.

Urgencias hacia 2023

En este sentido, precipitar la condena y la consagración de figuras políticas en función del resultado de una elección de medio término sería, una vez más, un error. El resultado de 2021 no dice demasiado sobre las presidenciales de 2023, por los antecedentes, pero más todavía por el marco de una pandemia que determinó un periodo singularísimo e irrepetible, que trastrocó las condiciones en que se percibieron, pensaron y debatieron los temas públicos y se ejerció el derecho a voto.

De por sí, la vida de hoy no es la de septiembre, cuando tuvieron lugar las primarias y los argentinos recién estaban empezando a asomarse a su vida «normal» tras año y medio de confinamiento y restricciones, gracias a la vacunación masiva y la baja de casos. En estos dos meses, todos los niños pudieron volver a clases y comenzaron a ser vacunados a gran escala, las reuniones familiares y sociales se volvieron frecuentes y la vida urbana fue dejando de lado protocolos y limitaciones. La disminución del agobio acaso haya sido uno de los motivos que generó un aumento de la participación electoral hasta 71,8% del padrón —todavía por debajo de los estándares históricos—, elemento clave de la morigeración de la derrota del kirchnerismo.

En los pasados dos meses, el gobierno implementó medidas de urgencia, algunas meramente ornamentales, para reparar en algo la frustración de muchos sectores que vieron incumplida la promesa de recuperación del poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones perdido entre 2015 y 2019. Quedan por delante reformas de mucho mayor calado que requieren decisión y capacidad de gestión, dos aspectos en los que el presidente no se destacó hasta ahora.

Argentina enfrenta una realidad social crítica. Su economía vivió un serrucho de alzas y bajas que redundó en estancamiento entre 2011 y 2017, y de caída desde 2018. La debacle del PIB de 9,9% del primer año de la pandemia podría revertirse casi en su totalidad este año. Los números de la pobreza indican que, durante la gestión de Macri, el porcentaje pasó de 28% a 35%, y en el registro del primer semestre de 2021 llegó a 40,2% (no son números comparables con otros países de América Latina dado que varían los umbrales estadísticos).

Tras una baja consistente entre 2003 —a la salida del derrumbe del modelo de la convertibilidad y apertura económica— y 2013, la línea de pobreza es ascendente. Con recetas a veces antagónicas y otras similares, ni el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2011-2015) ni el de Macri (2015-2019) acertaron a superar lastres recurrentes de la economía argentina. De allí que se entienda el agobio de ciudadanos sometidos a una dura realidad cotidiana que no puede modificar su propio esfuerzo frente a estructuras y gobiernos que no solo yerran el diagnóstico, sino que además demuestran una praxis precaria y micro y macrocontubernios a la hora de implementar políticas públicas.

Con necesidades sociales acuciantes, compromisos de pago con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 46.000 millones de dólares hasta diciembre de 2024 (esquema firmado por Macri en 2018) y dólares disponibles en el Banco Central para menos de 15% de esos compromisos, Fernández se dispone a transitar la segunda mitad de su mandato.

En 2019, el Frente de Todos prometió cambiar la tendencia y, pandemia mediante, no lo hizo. La recuperación que exhibe la economía argentina este año, que sería superior a 9%, duplica los pronósticos de hace un año del propio FMI, los bancos internacionales y la inmensa mayoría de los economistas argentinos que son consultados por los medios. El presidente conoce esa historia, porque cuando fue jefe de Gabinete de Néstor Kirchner (2003-2007) se topó con predicciones que desacertaban año tras año. Con Macri en la Casa Rosada, esos mismos diagnosticadores también se equivocaban, pero en sentido inverso, al sobreestimar un crecimiento que terminó siendo caída.

La reversión del derrumbe de 2020 se proyectará hacia un crecimiento el año próximo, aunque, otra vez, hay disparidad de visiones sobre su magnitud. Sería el primer bienio de alza de la economía desde 2010-2011. La administración de buenas noticias podría mejorar el ánimo colectivo, en contraste con el primer año y medio del frente peronista de centroizquierda en la Casa Rosada, que consistió en un cúmulo de prohibiciones de circulación, paliativos insuficientes y explicaciones sobre el empeoramiento de las condiciones de vida.

Sin más espacio para la inconsistencia

La sustentabilidad del crecimiento está por verse. Por lo pronto, los Fernández se ven obligados a solucionar una característica esencial de su gobierno: la inconsistencia.

En el seno del Frente de Todos se suele presentar un debate que ubica a Alberto Fernández como continuador de la política de su predecesor. De hecho, la vicepresidenta lo dejó por escrito en una dura carta publicada tres días después de la derrota de las primarias. La oposición mayoritaria, en cambio, apunta la crítica a un intervencionismo que describe de mala calidad y poco racional, que logra lo contrario de lo que dice proponerse.

Un ejemplo de un dilema estéril que atasca al gobierno es el de las tarifas de servicios públicos. En la emergencia de su búsqueda de reelección, Macri congeló las tarifas de agua, luz y gas en 2019, tras haberlas aumentado en porcentajes de cuatro cifras durante los tres años previos. Las empresas de generación y distribución de gas y electricidad habían multiplicado los márgenes de ganancia en forma obscena a costa del bolsillo de las familias. Fernández, como era esperable, prorrogó el esquema no bien asumió.

Pero el Frente de Todos eternizó el congelamiento u otorgó aumentos módicos en un país con una inflación anual de 50%; en consecuencia, las tarifas de servicios quedaron reducidas a precios muy bajos incluso para las familias con alto poder adquisitivo: departamentos cotizados en los selectos barrios de Palermo o Recoleta de la ciudad de Buenos Aires pagan un quinto que sus similares de Pocitos en Montevideo, Las Condes en Santiago o el Jardim paulista.

Funcionarios «albertistas» y «cristinistas» se enzarzan en internas de largo aliento sobre si corresponde segmentar y aumentar tarifas, o si ello sería contraproducente en el contexto de la recuperación. Las empresas prestadoras, privatizadas en la década de 1990, encuentran motivos para no invertir y se deteriora el servicio.

Mientras tanto, la diferencia entre el costo «real» y el abono de las familias es afrontada por el Estado mediante subsidios, que crecieron al menos 113% en términos reales desde diciembre de 2019, según la consultora PxQ. Los subsidios cuestan 1,8% del PIB, más de la mitad del déficit primario previsto para 2022. Sin acceso al crédito, el Banco Central emite los pesos necesarios para mantener las tarifas congeladas, que redundan en inflación que a su vez termina erosionando el poder adquisitivo de los salarios.

El supuesto debate sobre las tarifas intracoalición oficialista mantiene intocable un aspecto crucial: el precio de la generación en plantas termoeléctricas y renovables. Parte de las empresas responsables de generar energía pertenecen o fueron creadas por quienes Fernández denunciaba en la campaña de 2019 como «los amigos de Macri», beneficiados por los contratos forjados por los ministros Juan José Aranguren (ex-ejecutivo de la petrolera Shell) y Javier Iguacel (ex-Pluspetrol). Con sus ingresos en dólares a prueba de crisis sociales y pandemias, los «amigos de Macri» participan de inauguraciones y de licitaciones por nuevos negocios, como si hoy fueran amigos de los Fernández (Alberto y Cristina).

La lista de inconsistencias del Frente de Todos podría extenderse a los espasmódicos cambios en políticas de seguridad, la gestión en educación o la decisión de elevar el piso de eximición del impuesto a la renta, que en Argentina pagan menos de 10% de los trabajadores.

En un discurso pronunciado en la noche del domingo, el mandatario argentino anticipó que en diciembre enviará al Congreso un plan con metas plurianuales que contendría las negociaciones acordadas con el FMI para reprogramar los pagos por 46.000 millones de dólares. Afirmó que el proyecto fue consensuado con la vicepresidenta y que no implicará más privaciones para una población sin margen para más penurias. Por ahora, se desconoce quién y cómo pagará la cuenta.

Sobrevivir a los medios

Un capítulo aparte merece la política de comunicación y el abordaje de los medios. El actual presidente dejó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2008, cuando el kirchnerismo y el Grupo Clarín acababan de romper los puentes. Ya con Fernández afuera, el Ejecutivo de entonces logró aprobar una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual con principios regulatorios favorables a la diversidad informativa como los vigentes en países como Alemania o Canadá. La ley aprobada en 2009 quedó atenazada entre el poder de lobby de Clarín en los tribunales, que postergó la aplicación durante cuatro años, y la implementación arbitraria por parte del gobierno de Fernández de Kirchner. Cuando asumió la Presidencia, en diciembre de 2015, Macri se tomó menos de tres semanas para desmontar los aspectos centrales de la ley mediante un decreto y resoluciones administrativas.

Antes, durante y después del debate sobre la ley de medios, Alberto Fernández se manifestó contrario a la regulación de políticas de comunicación. Es un político propenso a negociar tensiones y ello quedó comprobado en su vínculo con Clarín durante su paso por la Jefatura de Gabinete, entre 2003 y 2008. Puesto de candidato presidencial, repitió aquel abordaje con algunas precarias definiciones sobre libertad de expresión y el papel de los medios públicos, y desconocimiento cabal de la legislación internacional.

Con el Grupo Clarín consolidado como un actor primordial de las telecomunicaciones y el avance de los gigantes globales y las redes en el territorio comunicacional, el debate hoy es más complejo y empinado que hace diez años.

El presidente parece haber tomado de su propia medicina. No abundan ejemplos en países democráticos ni en la historia argentina desde el fin de la dictadura en que los medios de mayor difusión muestren una preferencia tan marcada por un sector político. Las vertientes de Juntos por el Cambio se ven eximidas de abordar aspectos críticos. Por el contrario, las multipantallas de los grupos Clarín y La Nación, y, en general, las web, radios, diarios y canales de televisión con más audiencia actúan como explicadores, anestesistas o enterradores de los temas que pueden afectar a las principales figuras de Juntos por el Cambio, sean Macri, Bullrich o Rodríguez Larreta.

La alquimia mediática permite que las consecuencias de la deuda en dólares con el exterior contraída por Macri, quien quebró el récord de emisión de bonos internacionales para mercados emergentes en 2016 y 2017, y contrajo el mayor préstamo en la historia del FMI en 2018, sean corridas de la escena. Incluso es puesto en debate si fue Cristina o es Alberto el principal impulsor de la deuda argentina.

El partidismo mediático adquiere posturas extremistas que dejan en segundo plano a los sectores moderados de Juntos por el Cambio. Así, por esas pantallas circulan insultos a los referentes del gobierno proferidos por opositores y presentadores de canales de noticias.

El presidente y la vicepresidenta suelen ser mencionados en términos delictivos, y ello tiene un correlato en la simpatía con que son tratadas las figuras emergentes de la alt right. Los libertarios José Luis Espert y Javier Milei, algún artista y hasta algún periodista tienen vía libre para verter amenazas de golpizas, reivindicación de asesinatos contra delincuentes y proclamas negacionistas poco solapadas sobre el terrorismo de Estado y la pandemia.

Allí radica una diferencia. En la mayoría de los países de Europa y en Estados Unidos, los medios del mainstream, incluidos muchas veces los conservadores, levantaron alertas contra la irrupción de la rebeldía de ultraderecha, en sus diferentes versiones. En Brasil, Folha de S. Paulo y el Grupo Globo pasaron de la desconfianza a la oposición a Jair Bolsonaro. En Argentina, Milei es descripto por los medios dominantes como un rebelde pintoresco que expresa el sentido común ante los abusos de los políticos tradicionales.

Tal escenario debería llevar a Alberto Fernández a emprender políticas que garanticen la libertad de expresión y la diversidad, y que administren con mirada en el derecho a la información la modificación del ecosistema de la comunicación que llevan a cabo sin pedir permiso las oligopólicas plataformas digitales.

En la democracia argentina no hay espacio para la censura directa de contenidos, de modo que ese riesgo en nombre de medidas intervencionistas parece aventado. A su vez, la experiencia de Néstor y Cristina Kirchner demostró el vuelo corto del manejo partidista de los medios estatales y la conformación de multimedios oficialistas con fondos o favores públicos con el fin de rivalizar con los opositores, aunque esa parece ser la vertiente a baja escala por la que optó el actual presidente.

La agitación del debate sobre la pandemia (las restricciones de circulación hicieron proliferar denuncias sobre características dictatoriales, nazis y estalinistas del Frente de Todos) dejó expuesto el riesgo de un campo mediático tan desnivelado, pero el gobierno ni siquiera atina a un sistema de comunicación oficial que aclare las reales posturas del presidente y sus funcionarios ante tergiversaciones de la agenda. Por el contrario, hasta las primarias, prevaleció un abordaje frívolo y arbitrario de la comunicación pública, que proveía de respuestas extemporáneas y mal enunciadas ante chispazos con la prensa.

Para los argentinos, la implementación de políticas eficientes de comunicación se presenta como una necesidad para mejorar la democracia. Para los Fernández, es una cuestión de supervivencia. 

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El Gobierno cubano califica de "fallida" la protesta en La Habana ante un gran despliegue policial

Las calles de la capital cubana han presentado un aspecto de relativa normalidad, salvo los numerosos coches policiales. En otras partes del mundo sí se han producido protestas en apoyo a los convocantes de la marcha.

 

Se esperaba una multitudinaria manifestación por las calles de La Habana con miles de personas reclamando por sus derechos. Sin embargo, el ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ha calificado como "operación fallida" la convocatoria de la marcha pacífica declarada ilegal por el Gobierno, en una intervención televisiva en directo.

Hasta las 17:00 hora local (22:00 GMT) no se han observado grupos de manifestantes en las calles de La Habana ni han circulado en la red vídeos de protestas importantes en otras ciudades del país, pese a que numerosos cubanos descontentos habían expresado su intención de salir en masa a la calle.

La capital registra una intensa presencia policial, con agentes uniformados y camuflados de civiles en casi todas las intersecciones y parques, mientras activistas opositores denunciaron detenciones, arrestos domiciliarios y otras intimidaciones como actos de repudio.

"Es un día festivo", ha afirmado el canciller sobre este 15 de noviembre, en el que Cuba reabre por completo al turismo tras la pandemia y los alumnos de primaria vuelven a las aulas después de casi 20 meses en casa. Rodríguez ha asegurado que había una "tentativa de crear una imagen artificial totalmente ajena a lo que ocurre hoy en las calles".

Reiteró su acusación al Gobierno de EE.UU. de haber orquestado la campaña a favor de la Jornada Cívica por el Cambio, una iniciativa creada por un grupo de jóvenes cubanos descontentos con el sistema de partido único y economía centralizada vigente desde hace seis décadas.

Sin autorización del Gobierno

Las autoridades denegaron la solicitud para llevar a cabo la marcha y amenazaron a sus convocantes con encerrarlos si seguían adelante. En Cuba los derechos de huelga y manifestación raramente se contemplan fuera de las instituciones estatales y nunca se ha autorizado una marcha de opositores al Gobierno.

Los activistas no acataron la prohibición y los pasados días pidieron a los cubanos que salieran este lunes a las calles vestidos de blanco, colgaran una sábana blanca en su ventana o publicaran contenidos "online" a favor de la iniciativa.

Salvo sorpresas de última hora, la convocatoria no ha tenido éxito y se ha observado un ambiente de relativa normalidad en las calles

Finalmente, y salvo sorpresas de última hora, la convocatoria no ha tenido éxito y se ha observado un ambiente de relativa normalidad en las calles, donde el blanco más abundante ha sido el de los numerosos vehículos de policía que patrullaban las avenidas y calles de La Habana.

Numerosos opositores han denunciado que agentes del Departamento de Seguridad del Estado (la policía política cubana) les han impedido salir de sus casas y por eso no han podido manifestarse.

Además de los arrestos domiciliarios, Efe ha recibido varios testimonios de cubanos críticos sin afiliación política que hoy no han salido a reclamar sus derechos por miedo a represalias. Algunos de ellos dicen haber recibido amenazas directas o que agentes del DSE les han sometido a interrogatorios en las pasadas semanas.

La convocatoria del 15N buscaba dar continuidad a las protestas espontáneas del 11 de julio, las mayores en décadas, fruto del descontento por la grave crisis -que ha traído escasez, colas e inflación- agravada con la pandemia, el endurecido embargo de EE.UU. y reformas económicas tardías y desatinadas.

Protestas en otras partes del mundo

Lo sucedido en La Habana contrasta con lo sucedido en otras partes del mundo, donde sí se han celebrado protestas. Por ejemplo, en Miami los cubanos residentes allí mostraron su apoyo a las protestas, denunciaron la "militarización" de la isla y afirmaron que "el régimen está asustado" porque la semilla de la libertad ha prendido entre las nuevas generaciones de cubanos.

En la Puerta del Sol de Madrid también se han concentrado unas 200 personas  contra la "dictadura" en Cuba, a favor de la "libertad" y apoyar las marchas del 15N convocadas en el país caribeño para pedir un cambio político. "Nuestro principal objetivo es visibilizar que en Cuba hay un gobierno totalitario", sintetizó en declaraciones a EFE Lázaro Mireles, de la plataforma Somos+. Porque las autoridades cubanas "están acabando y suprimiendo los derechos humanos de millones de personas", aseguró.

Una docena de manifestantes se ha reunido también frente a la Embajada cubana en Lisboa. De esas doce personas, diez eran cubanas de nacimiento y señalaron que esperaban que se sumasen más manifestantes cuando acabara la mayoría de jornadas laborales.

Varias decenas de personas, en su mayoría expatriados cubanos, se han concentrado en Bruselas, así como también lo han hecho otros tantos en la ciudad suiza de Zúrich. Con pancartas en las que podía leerse "patria y vida", el eslogan adoptado en las anteriores marchas del 11 de julio, los cubanos de Suiza se reunieron en la Helvetiaplatz, lugar habitual de manifestaciones en Zúrich, y corearon consignas como "libertad para los presos políticos".

madrid / la habana

16/11/2021 00:11 Actualizado: 16/11/2021 00:12

Público / EFE

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Cinco escenarios de la defunción de EU para 2030, según el historiador Alfred McCoy

Se ha vuelto deporte global y doméstico prever la "defunción" (sic) de Estados Unidos, la otrora superpotencia unipolar, como es el caso del historiador galardonado Alfred McCoy (AM), quien avizora su conspicua caída en 2030 en su libro En las sombras del siglo estadunidense: el auge y declive del poder global de Estados Unidos (https://amzn.to/3Fd2S4z) de 2017.

El pensador noruego Johan Galtung, quien predijo el colapso de la URSS con asombrosa precisión, vaticinó la caída de Estados Unidos en 2020 (https://bit.ly/3Hkm9D6)cuando sus contradicciones externas e internas, así como la prevalencia de sus fuerzas centrífugas, afloraron de forma ostensible.

AM es profesor de historia de la Universidad de Wisconsin-Madison y se dio a conocer con su explosivo libro –mientras estudiaba su posgrado en la Universidad de Yale– La política de la heroína en el sudeste asiático: la complicidad de la CIA en el tráfico global de droga (https://amzn.to/3wKuNWx).

Amén de su expertise como historiador, donde escudriña las "caídas" de recientes imperios, AM se basa en las prospectivas del National Intelligence Council (NIC) y sus "tendencias globales" de cada cuatro años. NIC depende del director de Inteligencia Nacional y apoya al Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. AM surfea con las corrientes de las "tendencias globales" del NIC que desde el 2012 vaticinó "mundos alternativos para 2030" y luego anunció para 2025 a un "mundo transformado", lo que demuestra que sus optimistas previsiones son incorrectas.

En forma ominosa, en 2017 (sic), en vísperas de la toma de posesión de Trump, en su reporte "Tendencias globales 2035", NIC puso en relieve el "riesgo de una pandemia (¡mega-sic!) y la amplia disrupción económica que podría causar" (https://nyti.ms/3FdT4HD). Desde 2008, antes de que "el desafío chino fuera claro para todos", en sus tendencias globales para 2025 NIC citó la "transferencia de riqueza global y poder económico de Occidente a Oriente".

Cuatro años más tarde, para su siguiente proyección de 2030, NIC asentó que “ninguna nación –Estados Unidos, China u otro gran país– será un poder hegemónico” cuando el "declive relativo de Estados Unidos" frente a las potencias emergentes "sea inevitable". Todavía NIC soñaba que en el ámbito militar Estados Unidos conservaría su supremacía como el primus inter pares.

A juicio de AM, las "tendencias negativas del poder global de Estados Unidos probablemente se agregarán de manera rápida en 2020 y pudieran alcanzar su masa crítica no más allá de 2030". Su tesis nodal radica en que el desvanecimiento económico de Estados Unidos le orillará a optar cada vez más por la opción militar tecnológica en su "triple pabellón" de "avanzados robots aeroespaciales" que representan la "última mejor esperanza de Washington para retener su poder global en exceso de su evanescente influencia económica", donde tampoco hay que eliminar a China en forma expedita cuando cuenta con una "red global de comunicaciones satelitales" apuntalada por las "más potentes supercomputadoras (sic) del mundo".

El "triple pabellón" de Estados Unidos radica en la baja estratósfera, la alta estratósfera y la exósfera, con toda la panoplia de ensueño de drones, satélites, naves espaciales y misiles para golpear cualquier objetivo del planeta, a lo que se suma la vigilancia de espionaje global que va dirigida contra la superpotencia ascendente China.

"Los cinco escenarios del fin del siglo estadunidense" no necesariamente serán un "aterrizaje suave" de aquí a 30 o 40 años, ya que su "defunción (sic) puede ser más rápida de lo que cualquiera imagina" y cuyo primer factor los representan las "presiones fiscales": 1. la evolución a un nuevo orden mundial multipolar; 2. cambio climático; 3. declive económico; 4. fallidas aventuras militares, y 5. tercera guerra mundial.

A juicio de AM, los "futuros historiadores probablemente identifiquen la intempestiva invasión de George W. Bush a Iraq como el inicio de la caída de Estados Unidos". AM concluye en forma inquebrantablemente determinista que "la pregunta no es si Estados Unidos perderá su indiscutible poder global, sino qué tan precipitado y desgarrador será su declive". ¿Quién da más?

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El presidente de Argentina, Alberto Fernández, después de conocer los resultados del domingo I. Roncoroni / EFE

El revés fue de más de 8 puntos en todo el país y Juntos volvió a imponerse en los principales distritos. El resultado obliga al oficialismo a negociar las leyes en las dos Cámaras del Congreso. El Gobierno intentó disimular la derrota y el presidente Alberto Fernández llamó a la oposición al diálogo y a un acuerdo por la deuda

 

Con muchas menos sorpresas que cuando se entregaron los primeros resultados de las PASO, el Gobierno de Argentina metabolizó la derrota y festejó la diferencia menor como si fuera un triunfo. A pesar de que ahora está obligado a negociar en el Senado tras haber perdido su control, intentó que no se notara el golpe y buscó imponer un discurso que sostiene que lo mejor está por venir. Las derrotas en los principales distritos —como Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza o CABA— fueron matizadas por el achicamiento de la distancia con Juntos por el Cambio en el distrito bonaerense. Con este escenario adverso, Alberto Fernández se vio obligado a marcar la dirección que tomará el segundo tramo de su gestión, con fuertes desafíos económicos y con la convocatoria a la oposición y a los empresarios para generar un acuerdo amplio que otorgue previsibilidad.

Con la derrota consumada, Alberto Fernández decidió hablar desde la residencia oficial de Olivos en un mensaje grabado. Dijo que los argentinos necesitaban un horizonte con ejes centrales en la recuperación económica, el fortalecimiento de los ingresos, la reducción de la inflación y la creación del empleo. Puso el acuerdo con el FMI en la centralidad de la escena y pidió a la oposición que acompañe. "Si queremos resolver estos desafíos a los que nos enfrentamos, necesitamos que las grandes mayorías generen consensos. Voy a dirigirme a los representantes de la voluntad popular y a las fuerzas políticas, para acordar una agenda tan compartida como sea posible. Una oposición responsable y abierta al diálogo, es una oposición patriótica. Nuestro pueblo necesita ese patriotismo", dijo el presidente, quien anunció que presentará un proyecto de ley para consensuar un programa económico.

A diferencia de lo que sucedió en las PASO, en el búnker de Chacarita no estuvo Cristina. Avisó temprano por sus redes que por su reciente operación y por haber ido al cierre de campaña, no acompañaría esta vez. El resto de las figuras del Frente de Todos aparecieron en el escenario a pesar de la derrota y tratando de mostrar una imagen más cohesionada que la de aquel domingo de septiembre, cuando todos aprovecharon para irse temprano. Algunos temieron las últimas semanas una derrota mayor y, como no sucedió, el resultado terminó siendo aliviador. Por el micrófono pasaron Leandro Santoro, Victoria Tolosa Paz, Sergio Massa, el propio Alberto y Axel Kicillof. El gobernador, por momentos, apareció eufórico, como si hubiera ganado en su territorio.

En ese intento de generar épica, cada uno de los triunfos fueron magnificados. La recuperación del Senado bonaerense, con el voto decisivo de Verónica Magario, fue anunciado y festejado. El triunfo de Gerardo Zamora en Santiago del Estero, también. Todos repetían que se venía la segunda parte del mandato y había que instalar el entusiasmo para transitarla. En ese mismo tono, cuando le tocó a hablar a Alberto en el búnker, convocó el miércoles a un acto en Plaza de Mayo, en el Día de las Militancias, “para celebrar el triunfo”, sin darse cuenta el lapsus que estaba cometiendo.  

Además de apuntalar la campaña en la provincia que gobierna Axel Kicillof (Buenos Aires), el oficialismo intentó revertir el resultado de las PASO en Chubut, La Pampa y Santa Fe, con las esperanzas de seguir teniendo el control de la Cámara Alta. Pero en ninguno de esos distritos se acortó el resultado de las PASO, al contrario. Pasa de tener 41 a 35 bancas, dos menos de las que son necesarias para el quórum, algo que al peronismo no le sucedía desde el regreso de la democracia. En Diputados la derrota fue fuerte pero no hizo peligrar la primera minoría ni la presidencia de la Cámara, como el sector duro de la oposición amenazó con cuestionarle. 

Los números en el Congreso serán decisivos para el Gobierno porque tiene en sus planes enviar varios proyectos importantes, en su estrategia de generar incentivos para el crecimiento y para la recuperación del empleo. Entre ellas aparecen la Ley de Hidrocarburos, para inversiones en en gas y petróleo; la Ley de Presupuesto, para despejar las incertidumbres sobre responsabilidades y obligaciones de la Argentina con sus acreedores; la ley Agroindustrial; el nuevo régimen jurídico para el sector automotriz; el nuevo régimen impositivo para la construcción y la de promoción del turismo y la gastronomía.

Crecimiento opositor

Al mirar el mapa electoral del país, se puede ver el crecimiento opositor, que no solo ganó en las provincias más grandes sino también en la Patagonia -en bastiones oficialistas como Santa Cruz- y en todo el litoral. De esta manera desplazó al oficialismo a la zona norte del país y a Tierra del Fuego. Fue una derrota por más de 8 puntos a nivel nacional pero con un impacto que resulta mayor en el desglose provincial. El oficialismo ganó en 9 provincias y todo el arco opositor en 15. 

En su búnker de Costa Salguero, Juntos tenía muchos motivos para el festejo. Confirmaba los números de las PASO y ampliaba sus perspectivas para 2023. Habrá que ver quiénes son los más ganadores en el espacio triunfador. Larreta aparece a la cabeza. Armador de los triunfos en Provincia, parte primero en las expectativas presidenciales. Bullrich, que se cargó la organización del PRO en el interior, también se siente dueña de parte del caudal electoral. Se resolverán más adelante las expectativas de cada uno pero ayer aparecieron todos juntos. “Estamos todos muy emocionados de ver cómo los argentinos nos hicimos escuchar en una elección tan decisiva como esta. De ver el compromiso que tenemos tantos con nuestro país. Lo primero que quiero decir es un ‘gracias’ enorme. Millones de argentinos de todo el país hoy dijeron basta", dijo María Eugenia Vidal, una de las caras del triunfo. 

Respecto de la elección en la que ganó la fórmula de Alberto y Cristina, la participación volvió a ser baja y el que más lo sufrió claramente fue el oficialismo. La ida a las urnas fue cercana al 71%, lo que mostró un aumento del 5% respecto a las PASO. A pesar de la mejora de la situación epidemiológica y la flexibilización de los protocolos sanitarios, el porcentaje total de participación terminó siendo menor que el de las legislativas de 2017, que tuvieron un 77.6%, y en 2019, con el 81%.

eldiarioAR — 15 de noviembre de 2021

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Diez escenarios que alimentan los riesgos de un estancamiento de la economía

El ciclo poscovid aún navega con viento en popa hacia una restauración de la prosperidad previa a la epidemia. Pero la travesía se aleja de las aguas tranquilas y se adentra en diez latitudes de turbulencias que podrían tensar más los precios y aminorar el ritmo de la actividad.

 La coyuntura internacional empieza a vislumbrar amenazas económicas, políticas, empresariales e industriales, en el comercio y en las inversiones, que podrían crear fuertes turbulencias sobre el recién iniciado despegue del ciclo de negocios poscovid.

Así lo refleja un reciente informe de Economist Intelligence Unit (EIU) en el que, sin llegar a poner en tela de juicio el dinamismo de la actividad global, calcula un aumento del 4,1% en 2022, advierten del diferencial de prosperidad, según las latitudes y las naciones del planeta, y de hasta diez factores de riesgo que podrían encender de nuevo la mecha de la inflación y de la ralentización.

O, dicho de otro modo: un decálogo de escenarios que, de consumarse, harían despertar de nuevo el fantasma de la estanflación, al que han invocado no pocos inversores desde el inicio del otoño.

  1. Deterioro de las relaciones EEUU-China.

Pese al anuncio de cooperación en el combate sobre el cambio climático de las dos economías más contaminantes del planeta revelado por sus dos mandatarios Joe Biden y Xi Jingping, en la misma COP26 de Glasgow, las opciones de que el alto voltaje en la rivalidad por la hegemonía geoestratégica mundial cree dos bloques económicos antagónicos y con distintas velocidades de vigor y riqueza, son cada vez mayores. Washington trata de ganar a su causa a sus tradicionales aliados occidentales. Con presiones para restringir flujos comerciales, tecnológicos, financieros y de inversión, así como un elenco de sanciones en ciertos mercados y compañías para que elijan su terreno de juego. Con evidencias palpables ya en el orden tecnológico, con la carrera del 5G como trasfondo, pero con repercusiones directas en las estrategias industriales y de consumo de múltiples sectores y empresas. Una bifurcación global generaría dos modelos de cadenas de valor con estándares digitales diferentes; además de provocar más incertidumbre comercial e inversora. La reciente escalada militar, con nuevas armas de destrucción masiva más modernas y eficientes, ha intensificado el pulso que se focaliza en Asia, donde EEUU ha redoblado su apoyo a Taiwán y reforzado sus bases en Japón y Corea del Sur.

  1. Un súbito e inesperado encarecimiento del dinero.

Dirigido desde la Reserva Federal para evitar un crash bursátil. Una eventualidad que también preocupa al poderoso Departamento de Estabilidad Financiera del FMI, que alerta de un probable desplome de los activos financieros e inmobiliarios en caso de una precipitada maniobra de encarecimiento de los tipos de interés por parte de la Fed ante la subida de un IPC, el estadounidense, que ha escalado al 6,2% en octubre. En plenos mensajes de exuberancia irracional de los mercados. Muchos de cuyos inversores no se creen el itinerario prudente de su autoridad monetaria, que relega hasta 2023 un incremento del precio del dinero. Para los expertos de EIU “si la política de la Fed no lograra su cometido de poner a raya la inflación a medio plazo, gana enteros la apuesta por un toque alcista de los tipos a mediados de 2022”. Y la ratio precio-ganancias de Wall Street está por encima de las jornadas que antecedieron al Crash de 1929 y al tsunami de 2008. El final de la etapa de tipos próximos a cero iniciaría un ajuste en los mercados, la caída del valor de múltiples empresas, la contracción del consumo y la inversión y, muy probablemente, la interrupción de la recuperación de EEUU y un hipotético retorno a la recesión.

  1. Desplome del mercado inmobiliario chino.

La quiebra de Evergrande, pese a haber reparado parte de sus vencimientos de deuda más inmediatos, mantiene sin resolver un lastre de 300.000 millones de dólares, que revelan una elevada exposición en otras muchas compañías y un estado de shock en el sector inmobiliario chino. Los riesgos de contagio al sistema financiero son nítidos. Y las señales de suspensiones de pagos en este mercado surgen por doquier. Pekín está tratando de evitar la sobreexposición de los bancos y las amenazas de quiebra de las familias. Con ayudas e inyecciones de liquidez que podrían frenar el dinamismo del segundo PIB del planeta muy por debajo del 6% en los próximos años. La crisis energética y el cuello de botella sobre el suministro de la Gran Factoría mundial podría debilitar tanto la demanda exterior de los bienes y servicios made in China que no sería descartable la aparición de números rojos en su actividad.

  1. El endurecimiento de las condiciones financieras pasa factura a los mercados emergentes

 Las subidas de tipos de las potencias industrializadas encarecerían de inmediato las condiciones crediticias en los mercados internacionales y, por ende, a que los bancos centrales de economías emergentes como Brasil, México, Rusia, Sri Lanka o Ucrania tuvieran que mover ficha urgente y elevar también el precio de su dinero. Con el consiguiente agravamiento de sus servicios de pago de deudas soberanas, la aceleración agresiva de sus políticas de consolidación presupuestaria o la escalada de sus primas de riesgo. Todo ello, generaría vulnerabilidades añadidas: desde caída de los flujos de inversión internacional hasta dificultades de colocación de emisiones de bonos. Y pérdida de valor de sus monedas; muy en especial e inicialmente, el peso argentino y la lira de Turquía.

  1. Nuevas variantes de la covid-19 que pongan a prueba la resistencia de las vacunas

 El éxito de las campañas de inoculación en los países de rentas altas no debe hacer caer en el olvido los riesgos de variantes más agresivas que escapen a la protección de las actuales dosis preventivas o que estropeen las previsiones económicas. Sobre todo si, como ocurre, las vacunaciones en el mundo en desarrollo continúan sin propagarse.

  1. Expansión de las protestas sociales

La prolongación de las desigualdades y de la capacidad y la calidad de vida que se ha agudizado durante la Gran Pandemia, podría engendrar drásticas tensiones en las sociedades civiles occidentales y propiciar movimientos populistas que alienten gobiernos autoritarios. A los que se unen otros focos de alta conflictividad, política y social, como los que acontecen en Oriente Próximo, África o América Latina. Latitudes con amenaza elevada en las calles. Y otros que podrían llegar a entrar de nuevo en recesión. La aversión al riesgo del circuito inversor haría detonar con mayor virulencia aún los estallidos sociales en demanda de mayores salarios, puestos de trabajo, mejora de condiciones laborales y ayudas frente a la crisis energética o la subida del precio de los alimentos.

  1. Irrupción de conflictos geopolítico como el de Taiwán

 En máximo riesgo de conflicto bélico entre EEUU y China desde que, a finales de 2020, se haya elevado la presencia militar de Pekín en el Estrecho de Taiwán y la retórica reivindicativa y nacionalista instaurada por el presidente Jinping. Con la inmediata involucración de Washington en defensa de su gran aliado en la zona. Acusaciones de violación del espacio aéreo de la isla a Pekín de por medio. Y una cada vez mayor influencia en este espinoso asunto de Australia o Japón. Con efectos colaterales sobre cadenas productivas manufactureras asiáticas. En especial, sobre los ya debilitados flujos de comercio de la industria de componentes y semiconductores.

  1. Deterioro de los lazos entre Europa y China

Tras la imposición de sanciones europeas, desde marzo, contra China por conculcación de derechos humanos en Xinjiang y la inmediata réplica de Pekín contra una decena de ciudadanos europeos y cuatro ONG’s que han enrarecido el clima diplomático. También tensionado por la incursión de China como amenaza geoestratégica en el último análisis de Política Exterior de la UE. Aunque Europa todavía mantiene su independencia operativa frente a China, las presiones de la Casa Blanca sobre Taiwán, el 5G o las acusaciones de control económico-financiero del comercio y el valor cambiario del rinminbi podría generar una crisis inversora de alta intensidad y vulnerabilidades en el suministro de bienes y servicios mutuos. Con el consiguiente hundimiento de la actividad.

  1. Sequías severas

Con amenazas de hambrunas. Y ruptura del mercado alimenticio. Porque los episodios de desastres naturales son cada vez menos puntuales; ocurren de manera más sincronizada y durante periodos más prolongados de tiempo. La intensidad de las sequías en los territorios africanos, olas de calor en Canadá o EEUU fuera del invierno, incendios en California, Grecia, Portugal o España y alteraciones climatológicas extremas -lluvias persistentes y sequías- en países como Brasil, han elevado los riesgos de cortes de agua e interrupciones de productos y de materias primas del sector de la alimentación y, con ellos, las posibilidades de retroceso del PIB global. Además de incrementar el número de cosechas sin opción de recolección. Por alguna inclemencia meteorológica. Motivo que ya ha hecho repuntar el sentimiento de pesimismo en los indicadores globales sobre consumo, expectativas económicas y comportamiento de precios.

  1. Escenario de ciberguerra entre estados con daños en infraestructuras estratégicas

 Como consecuencia de ello, los gastos militares para identificar a los ciberdelincuentes podrían crear una escalada belicista que se combine con aspectos geopolíticos, de Estados, y de competencia, entre empresas. Y a un boom del negocio del software que garantice los controles sobre redes de infraestructuras, cuando las disrupciones económicas y empresariales siguen en boga y crece en sentimiento de incertidumbre inversora.

Miquel Puig: "La izquierda debe recuperar el concepto de Estado nación para defender los sueldos de las clases populares"

 

14/11/2021 21:43 Actualizado: 15/11/2021 07:56

David Rodríguez@Daroib

El economista Miquel Puig publica Els salaris de la ira (La Campana), donde explica por qué los salarios reales acumulan décadas de estancamiento. El actual concejal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona también aborda cuestiones como una izquierda desorientada, el desarrollo tecnológico, la globalización o el efecto de la inmigración en los salarios.

Cogiendo como préstamo el título de la obra de John Steinbeck, el clásico Las uvas de la ira, a quien menciona en una de las dedicatorias de Els salaris de la ira (La Campana), Miquel Puig confiesa que lo ha escrito para reflexionar sobre una idea sencilla y complicada a la vez: ¿Por qué los salarios están estancados desde hace cuatro décadas? Seguidor de las teorías liberales, admite que el libro actúa en cierta forma como una actualización de algunos axiomas económicos en los que llegó a creer, como el que vincula los salarios a la productividad, que, al menos, ahora quiere poner en duda.

Doctor en Economía, después de enseñar sobre esta materia en el ámbito universitario, ha sido director general de Industria en la Generalitat de Catalunya, director general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) y ejecutivo en empresas del sector privado. Actualmente, es concejal por ERC en el Ayuntamiento de Barcelona. Una izquierda desorientada, el desarrollo tecnológico, la globalización o el efecto de la inmigración en los salarios son problemas que aborda en Els salarios de la ira. Aunque reconoce que no tiene soluciones para resolverlos, acusa a cierto espectro de la clase política de no querer afrontarlos, dejando la puerta abierta a la aparición de los populismos.

¿Por qué los salarios no han subido en los últimos 40 años?

El libro pretende analizar por qué los sueldos no han subido en este período y qué consecuencias políticas tiene este hecho. No se han subido por varios factores. Uno de ellos es la tecnología que, a corto plazo, tiene siempre un efecto de presión sobre los salarios. Otro elemento es la globalización, que implica trasladar fuera la producción y que acaba destruyendo puestos de trabajo. Y el último es la inmigración. La combinación de estos componentes ha hecho que una parte importante de la población haya visto cómo su puesto de trabajo ha desaparecido o sus condiciones se han deteriorado.

En relación con la inmigración afirma que existe cierto sentimentalismo que defiende que ésta no tiene impacto sobre los salarios. ¿Qué significa?

Ante todo, lo hago para sacar a la extrema derecha de la ecuación y el debate sobre la inmigración. Simplemente intento reflejar un hecho objetivo, basado en datos, que si nos empeñamos en taparlo, lo que hacemos es alimentar el discurso de la extrema derecha. Ante todo, hay que reconocer esta realidad. Es un problema que tiene la izquierda y no sólo con la inmigración. Políticamente, la izquierda se ha desmarcado de la idea del Estado nación, asociándola a la burguesía o al capitalismo. Se ha encontrado con la contradicción entre el ideal internacionalista y la realidad, que muestra que los acuerdos sobre los impuestos a la renta, la consecución del Estado del Bienestar o la protección del mercado laboral a través de un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) sólo se consiguen con el Estado nación. Esta paradoja se ha acentuado con la globalización, puesto que desde hace 40 años, las fronteras son más porosas, permitiendo que entren productos y personas. La pérdida de potencia de esta estructura está deteriorando la posición de los de abajo.

La izquierda debe recuperar el concepto de Estado nación para defender de nuevo los sueldos de las clases populares. Más concretamente con los inmigrantes, es cierto que debemos hacer todo lo posible para regularizar, integrar y formar a las personas que ya están con nosotros, pero al mismo tiempo debemos regular las entradas porque es un factor que desequilibra nuestras sociedades.

¿Esto no supondría una vuelta al proteccionismo económico, similar al que implantó Donald Trump en EEUU?

Creo que en ciertos momentos no hay más remedio. Es cierto que la unificación europea actual trata de construir un Estado nación mayor, integrando países ricos como Suecia u otros extremadamente pobres como Bulgaria, pero hoy por hoy, sólo nos queda reconocer que el Estado nación es lo que puede proteger a los trabajadores.

Da la sensación como si el libro tuviera cierto cariz biográfico sobre su propio desencanto de las recetas que propugna el modelo económico liberal.

Una parte pequeña del libro sí tiene un componente biográfico, ya que hago referencias a cosas que he ido descubriendo a lo largo de mi vida. Aprendí cosas en la universidad, algunas me las creí y creo que compartir esta experiencia es positivo, ya que ahora, en muchos sitios se están enseñando las mismas teorías y algunas deben matizarse. Una parte del interés que puede tener Els salaris de la ira es que el mundo no es cómo se explica en los libros de texto de las facultades de economía.

¿Qué colectivo sería actualmente el equivalente a los campesinos desplazados de 'Las uvas de la ira'?

Creo que el título condensa muy bien la intención del libro, que es la de reflejar la situación de congelación de los salarios durante cuatro décadas y por otra parte, su impacto sobre la democracia, que se traduce en que una parte importante de la población está enfurecida contra el sistema. En la obra intento vincular dos conceptos nucleares, como son la larga congelación salarial y la gran disparidad salarial con la salud de la democracia. Precisamente quienes más cuestionan la democracia son los más perjudicados por la congelación salarial. Serían quienes reciban los salarios de la ira. El libro también puede entenderse como un grito para que la izquierda reaccione y reanude su tradición que es proteger al trabajador. Una de las tesis que reivindico es que las izquierdas se han centrado demasiado en proteger los derechos civiles, que es algo positivo, pero dejando a un lado los de los trabajadores humildes.

Otra de las tesis del libro es que los salarios descienden porque hay demasiados trabajadores. ¿Cómo lo gestionamos entonces?

Es una afirmación de sentido común que el mainstream intenta negar. Si los salarios no han subido es porque los trabajadores no han escaseado lo suficiente. A partir de ahí, debemos recordar que la Constitución española reconoce el derecho al pleno empleo. Por eso, debemos exigir a los poderes públicos que garanticen este pleno empleo. Es inadmisible que España se haya instalado en una situación permanente de desempleo. En el debate entre una Renta Garantizada y un Salario Garantizado, yo opto por aplicar la segunda opción con el salario mínimo. Los gobiernos deben asegurar trabajo para todos con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La posibilidad de una Renta Básica Universal (RBU) como medida me parece un mal menor pero una mala idea. En este punto estoy de acuerdo con Karl Marx cuando decía que el trabajo dignifica. El ciudadano tiene derecho a recibir un ingreso y poder ganárselo si queremos construir sociedades estables políticamente.

En algunos momentos parece inspirarse en 'La Teoría de las Desigualdades' del economista francés Thomas Piketty.

A Piketty debemos agradecerle que haya puesto sobre la mesa dos temas importantes: las desigualdades salariales y una cantidad ingente de información, desde el siglo XVIII, sobre patrimonio y rentas. Dicho esto, desde mi punto de vista se equivoca en dos puntos. Primero, por dar demasiada importancia al 0,1% de la población que representa al colectivo más rico de la sociedad. La segunda es que propone que, grabándolo a impuestos, se soluciona en parte el tema de las desigualdades. Esta receta creo que se tambalea un poco. Él achaca a los impuestos que pagaban los más ricos el hecho de que la situación económica mejorara entre 1945 y 1975. Según mi visión, esto se produjo porque los trabajadores eran un bien escaso.

Ahora parece que estamos en el momento contrario, puesto que la tecnología reduce esta necesidad de trabajadores

La tecnología es un motor que va liberando mano de obra y reduce la cifra de trabajadores. Todas las revoluciones digitales destruyen trabajos para una generación y los crean para sus hijos. Pero, por otra parte, también ha servido como factor para estabilizar a la sociedad mediante la reducción de las horas de trabajo y el hecho de que el Estado haya ganado peso. Mi teoría es que para compensar la digitalización y la robotización que se está instalando, el sector público tendrá que seguir creciendo. Hasta 1975, momento en que dejan de crecer los salarios, el sector público había aumentado. Ahora tiene el reto de crear nuevos servicios vinculados a la atención a las personas, cuidados o tercer sector. La sociedad tiene unas necesidades ilimitadas y seguramente el avance de la tecnología debe comportar un nuevo crecimiento de la Administración. Es una decisión política en la que debemos elegir si queremos más parados o nuevos funcionarios. Debemos volver a las raíces de la socialdemocracia, que significa recuperar el Estado para proteger a los trabajadores.

Desde su posición como concejal del Ayuntamiento de Barcelona, ¿Qué puede hacer un gobierno municipal para mejorar esta situación?

Un caso paradigmático en Barcelona es el del turismo, que se ha basado en una fórmula que ha apostado por los bajos salarios. Desde el Ayuntamiento de Barcelona se pueden dar pasos modestos, pero necesarios y correctos. Un ejemplo es la aprobación, a iniciativa de ERC, de un recargo en la tasa turística. La idea que se extrae es que el turismo no debe ser barato porque si lo es no podemos pagar buenos salarios. La gran amenaza sobre los salarios es el turismo asequible. Debemos retroceder en algunos aspectos y tratar de hacer cumplir algunos principios básicos como que los sueldos de los trabajadores del sector turístico respeten al menos lo que establece el convenio colectivo.

14/11/2021 21:42 Actualizado: 15/11/2021 07:54

Publicado enEconomía
Jueves, 11 Noviembre 2021 06:00

Notas sobre Brasil y el mundo

Notas sobre Brasil y el mundo

Vivimos en un periodo de "cambios de época" en todo el mundo, como resultado de la crisis estructural del modo de producción capitalista. Esto genera inestabilidad e inseguridades y reajustes en la correlación de fuerzas de clase y en la geopolítica de países y gobiernos.

Tres son los pilares de esta inestablidad: la profunda crisis del capitalismo; cambios estructurales en el mundo del trabajo y la producción y distribución, y la disputa por la hegemonía económica, política y de ideas en el mundo entre Estados Unidos y China.

En palabras de Marcio Porch­mann, este cambio tiene tres puntos centrales. El primero es la transferencia del polo dinámico del oeste al este (que incluye a Eurasia: China, India, Rusia e Indonesia, como grandes economías y naciones de alto índice poblacional).

El segundo es la entrada en la era digital: desconectarse del plan material, que incluye el remplazo del dólar como moneda internacional por otra unidad internacional digital o internacional que ya no estaría controlada por Estados Unidos.

El tercero es la reconfiguración del mundo laboral, entre trabajo de producción y trabajo de reproducción. Esto generará formas de organización y lucha de la clase trabajadora, y el surgimiento de un contingente de huérfanos o desheredados productivos.

China se está convirtiendo en una potencia económica, científica (tecnológica) y militar, que inaugura una nueva era civilizatoria. En ella, se busca cambiar la relación entre la humanidad y la naturaleza bajo la guía de una civilización ecológica y equilibrada, a fin de salvar el planeta. Promover el desarrollo sostenible de una manera amigable con el ambiente. Asumir los intereses de los pueblos como principal y máxima prioridad para promover la equidad y la justicia social entre todos los pueblos. Y organizar una nueva gobernanza mundial más justa y razonable, basada en la multipolaridad de todos los pueblos.

La crisis que vivimos es la del modo de producción capitalista. Su paradoja es que, cuanto mayor es el desarrollo capitalista, mayor es la crisis, porque la riqueza se concentra cada vez más en los bancos y las empresas trasnacionales, que son incapaces de producir los bienes que necesita la población. Y su explotación de la naturaleza está poniendo en riesgo la vida del planeta. Será una crisis de mediano a largo plazo: tres o cuatro décadas.

El campo popular padece la debilidad de las condiciones subjetivas (ideológicas y organizativas) de la clase obrera. Su capacidad de lucha, su proyecto y legitimidad en la sociedad, se quedan cortas ante la necesidad de enfrentar un periodo tan complejo.

Un papel fundamental en la lucha popular es la cuestión ambiental y contra el imperio estadunidense y sus empresas imperialistas.

Hoy, son los procesos electorales los que hegemonizan el proceso de cambio. Pero no debemos olvidar que nunca ha habido un cambio social sin luchas de masas.

En Brasil, las movilizaciones de junio de 2013 crearon condiciones ideológicas y un ambiente interno promovido por los medios burgueses en el país para la ofensiva de la derecha. El golpe de Estado de 2016 sumó a cinco fuerzas: los partidos burgués y anti-PT (Partido de los Trabajadores); los intereses del gran capital (nacional y extranjero); la política ultraneoliberal de privatización de los recursos naturales, privatización del Estado y los servicios públicos, reformas laborales y sociales; la aristocracia burocrática que controla el aparato estatal en favor del capital: Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Federal; medios de comunicación burgueses y el aparato militar subordinado al imperialismo estadunidense.

La elección de Bolsonaro fue sólo una consecuencia de los movimientos de la burguesía anterior, que lo eligió para garantizar evitar el regreso de la izquierda y el PT. Su mandato, su carácter neofascista, la corrupción de la familia y su locura revelada en la política pro-Covid, deshizo la cohesión de la unidad de la burguesía.

Avanza la perspectiva de que en 2022 haya una lucha electoral justa. La disputa electoral se polarizará entre Lula y Bolsonaro. Aunque Bolsonaro está en declive, no se puede subestimar la fuerza de la maquinaria gubernamental.

La burguesía parece dividida, porque aún no ha logrado hacer viable electoralmente la "tercera vía". En ese escenario, trabaja con las siguientes alternativas: mantener a Bolsonaro hasta 2022, siempre y cuando se quede quieto y cumpla solo el programa del capital; o aceptar a Lula, pero negociar para limitar el programa de cambio.

Simultáneamente, continuará alimentando la "tercera vía" para ver si con su poder económico y maquinarias electorales estatales la puede hacer viable. Mientras, las instituciones del Estado buscan controlar a Bolsonaro, mantenerlo en el cabestro... pero no lo sacarán del gobierno.

En contraste, los trabajadores se mantienen a la defensiva y sus representaciones organizativas tradicionales son incapaces de movilizar a los más afectados (67 millones). Por ahora, hay una ausencia de luchas de masas que, sin embargo, pueden precipitarse durante 2022.

Por Joao Pedros Stedile. Movimiento Sin Tierra, Brasil. ­Dirigente de la Asamblea ­Internacional de los Pueblos (AIP)

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La inflación ha muerto, larga vida a la inflación

La devaluación del dinero ha sido presentada como la peor enfermedad de la economía de mercado. Pero, en esta década, el miedo a la inflación parece un residuo de los años de dominio neoliberal.

 

Las fuertes sacudidas de los precios a nivel global desde que comenzó la reactivación económica escalonada en la inmensa mayoría de los países de Europa, Asia y América, no dejan lugar a dudas: vuelve nada menos que la inflación. La inflación fue la bête noîre del neoliberalismo ascendente de los años ochenta y, a la vez, a lomos del caballo de la inflación fue como ese mismo neoliberalismo noqueó definitivamente a los gobiernos keynesianos que fueron objetivo primordial de su ofensiva. Cosa que no quita que le llevase muchísimos más años noquear a los estados keynesianos que esos mismos gobiernos construyeron durante los años de la posguerra mundial. 

En la ortodoxia liberal la inflación es la peor enfermedad que puede aquejar a la economía de mercado: la devaluación del dinero. Y con ella, algo mucho más importante: la devaluación de las posiciones de poder de los propietarios de dinero. La inflación plantea una contradicción siempre a las aspiraciones de construcción del homo economicus individualista, autosuficiente y racional del liberalismo porque implica aclarar de una vez por todas la confusión entre la buena y la mala moneda, posibilidad de confusión que aterraba al liberalismo del siglo XIX. Para esta tarea es indispensable la existencia de un Banco Central con poderes de Estado que determina cuánta moneda es buena y cuánta mala. El patrón oro fue la herramienta institucional que el liberalismo británico antiguo utilizó durante tres siglos para naturalizar esta vinculación entre la escala de las riquezas y el poder de las clases propietarias de dinero. 

El neoliberalismo norteamericano ascendente de los años setenta y ochenta, mucho más pragmático, conquistó las instituciones transnacionales procedentes del orden de Bretton Woods y desde ahí, fue conquistando, uno tras otro, los bancos centrales de los Estados nación, siempre en nombre de la lucha contra la inflación. No desenterraron el patrón oro mitificado por el liberalismo del siglo XIX sino que pusieron al dólar, y al petróleo, en su lugar. El poder político norteamericano sobre el mundo, y muy especialmente, su control sobre el combustible fósil, eran la garantía última de estabilidad financiera y monetaria en el mundo capitalista posterior a 1973. Hoy, el mega significante económico por excelencia, la inflación, vuelve a un capitalismo en el que ya no mandan unilateralmente ni Estados Unidos, ni el petróleo. 

La inflación reina pero no gobierna

Por acumulación histórica, la reaparición de la inflación como frame económico global debería dar una ventaja casi absoluta a la ortodoxia política neoliberal para recuperar su posición dominante tras dos años de extensión de algo así como un nuevo sentido común económico-político al que podríamos llamar provisionalmente neokeynesianismo pandémico. Todas y cada una de las instituciones económicas creadas durante el periodo neoliberal llevan la lucha contra la inflación inscrita en su ADN. El Banco Central Europeo y el euro fueron los experimentos mayores del régimen neoliberal de control de la inflación. Se puede decir, sin mucho exagerar, que el euro está construido sobre el control de la inflación de la eurozona a unos niveles de crecimiento anual nunca superiores al 2% del PIB continental.

Sin embargo, en este momento, es casi imposible pensar en una intervención como el tour de force de Jean Claude Trichet en 2008. En plena crisis financiera global, el entonces presidente del BCE, subió repentinamente un punto los tipos provocando una cadena de efectos aumentados de la crisis financiera. La subida de tipos europea puso punto y final repentino a la inmensa burbuja inmobiliaria española, abrió una profundísima crisis del sistema financiero español y, en el medio plazo ha supuesto, el asentamiento casi permanente desde entonces de la crisis en la Eurozona y, por extensión, en toda la Unión Europea. Una crisis europea que primero fue productiva, luego financiera, después monetaria, siempre social y ecológica y ahora ya, directamente existencial. 

El Banco Central Europeo se enfrentaba entonces a una inflación del 4% fundamentalmente provocada por un pico espectacular de los precios del petróleo y las materias primas generada en los mercados de futuros, uno de los refugios de emergencia más lucrativos de unos capitales en estampida tras la evaporación repentina del mercado de las hipotecas subprime. En octubre de 2021, la inflación en la Eurozona ha llegado al 4,1% provocada por un pico espectacular en los precios del gas y las materias primas generado en los mercados de futuros de nuevo desorbitados ante la llegada masas crecientes de capitales financieros en estampida en busca de nichos de rentabilidad. A partir de esta semejanza, no pequeña, todo son diferencias entre una situación y la otra, y muy posiblemente, muy diferentes van a ser los acontecimientos que sigan a la instalación de la inflación como ítem económico-cultural en la esfera política europea.

Una de esas palabras

Si no existe tal cosa como un debate económico “puro” en general, menos aún en el caso del que posiblemente es, aún hoy, el término técnico de la ciencia económica con mayor carga histórica y política: la inflación. Hay que recordar que el expediente utilizado para borrar del mapa la lucha de clases en Europa a lo largo de toda la década de los setenta fue el control de precios, especificado claramente en un mandato férreo de control salarial que, en un momento de pleno empleo, tan sólo podían imponer los sindicatos a sus propios afiliados. Algo que uno tras otro, los sindicatos europeos terminaron por hacer, no sin que se librara una guerra social total en varios frentes internos y externos antes que se venían arrastrando desde el 68.


La baza decisiva del capital en aquella derrota por capítulos que sufrió la clase obrera industrial a lo largo de dos décadas fue utilizar el espacio transnacional para desvincular tanto los capitales productivos como los capitales financieros de los estados nación. El capital fue migrando hacia Asia, muy especialmente hacia China, en busca de menores costes laborales, ambientales y fiscales, blindado por todo un entramado jurídico-institucional que fomentaba la huida bajo una retórica de libre mercado, defensa de los derechos de propiedad y lucha contra la inflación.

En esas nuevas condiciones de movilidad incrementada del capital, los Estados nación europeos tomaron literalmente los restos de las luchas de clases europeas a su cargo en forma una nueva forma de concertación social en que se pactaron las condiciones de posibilidad del trabajo asalariado dentro de los límites intraspasables de las políticas antinflacionistas. Lo cual significaba de hecho renunciar no ya a un horizonte socialista sino a un horizonte simplemente de pleno empleo, el abc del keynesianismo.

La situación de jibarización y ultracongelación del proceso productivo en Europa ha tenido como consecuencia de la utilización generalizada de los ERTE. Con distintos nombres —kurzarbeit, furlough—, el ERTE ha sido la máxima aportación del modelo de negociación colectiva no inflacionista de inspiración alemana que se ha extendido en Europa. Pensados para absorber shocks temporales manteniendo los empleos en las estructuras empresariales existentes, los ERTE se han utilizado de forma generalizada durante un año y medio en las cuatro mayores economías de la Eurozona: Alemania, Francia, Italia y España. Además de en el Reino Unido, donde han alcanzado su máxima extensión. 

China reestructura Europa

Esta suspensión masiva de la producción ha sido aprovechada sin ningún tipo de miramiento por parte del gobierno de Xi Jinping, que no ha tenido más que seguir avanzando por las líneas de enfrentamiento endurecido con Estados Unidos marcadas en las guerras comerciales del periodo anterior a la pandemia. El ascenso de China en la jerarquía tecnológica y de diseño de la producción, incluyendo su sonora apuesta por el capitalismo verde, ha barrido con las escasas ventajas productivas rentables que quedaban en Europa, y ha dejado a Estados Unidos “únicamente” el dominio del dinero, del dólar. El otro gran pilar del poder de EEUU, el petróleo, sin embargo, ha quedado tocado de muerte en su rol hegemónico. Aunque todavía sea un mercado de importancia central, es evidente como, por el momento, está completamente subordinado a los mercados de gas natural. Mercados que sustentan una estructura de poder diferente, aunque emparentada, con la del petróleo.

Ese sonido estruendoso que generan los precios creciendo a velocidades supersónicas, el sonido de los cuellos de botella en la distribución, es el sonido que produce el Partido Comunista de China al dictar las nuevas condiciones de rentabilidad, y, esto es novedoso, también de cualificación, que van a marcar cuáles serán las empresas manufactureras y energéticas grandes, pequeñas y medianas, que queden en Europa. Los mismos mecanismos que utilizó el capital europeo para dejar herida de muerte a la clase obrera industrial de los años setenta, fundamentalmente la deslocalización, se han desarrollado tanto que también han herido de muerte a uno de sus padres: el capital industrial europeo. 

Como era de esperar estas nuevas condiciones de rentabilidad en los sectores industriales y energéticos con toda su afectación a los sectores logísticos y de distribución, las absorben los Estados europeos mediante su traslado inmediato a la fuerza de trabajo en forma de aniquilación definitiva del régimen salarial privado y el avance a doble velocidad hacia un mercado laboral pulverizado y basado en las percepciones intermitentes de rentas salariales, más cercano a la informalidad generalizada de las megapólis del sur global que del New Deal de Roosevelt. 

Milton Friedman tiene los ojos tristes

Jean Claude Trichet actuaba en nombre de un Banco Central que representaba  a una Europa que aún apostaba con confianza en el casino financiero global, confianza sostenida en parte por el poder político de la Francia poscolonial pero, sobre todo, por el poder económico indiscutido de la manufactura de exportación alemana. Hoy, la eurozona ha absorbido la contradicción central de la economía alemana, el mantenimiento de un gigantesco aparato industrial de exportación basado en el combustible fósil, modelo que hunde sus raíces en el inveterado antinflacionismo alemán, es directamente antagónico con los objetivos de la transición energética y el Green New Deal con los que Europa pretende recuperar sus posiciones de ventaja competitiva en el mundo. Vaciada progresivamente de sus funciones de mando sobre el proceso productivo capitalista global, Europa empieza a parecer un parque temático del welfare state que se arriesga a tener que declarar la quiebra si no le favorecen las decisiones estratégicas que tomen otros actores mejor situados en el nuevo orden financiero y productivo. 

El vaciado de funciones productivas capitalistas al que China ha sometido a Europa, y en menor medida a Estados Unidos, ha dejado un panorama de niveles de endeudamiento público completamente inédito, y en general, una vida económica en nuestras sociedades en la que las distintas formas de monetización de los títulos de propiedad, como los intereses financieros sobre la deuda o las rentas del suelo, le han quitado definitivamente la centralidad al salario como instrumento de la economía monetaria popular. 

Si el liberalismo se pudo reinventar como neoliberalismo fue en buena parte a que Milton Friedman y la escuela monetarista dio carpetazo a la nostalgia por el patrón oro perdido y diseño el programa más simple posible para gobernar un banco central: subir los tipos de interés cuando sube la inflación y bajarlos cuando baja. La economía para la que dio esta sencilla receta Friedman, el agitador político neoliberal por excelencia era aún una en la que la deuda era una figura restringida al comercio entre estados nación y a las relaciones entre las grandes empresas y los grandes bancos. Subir los tipos de interés era una maniobra rutinaria de aserción de la jerarquía y el poder del dinero sobre el proceso productivo capitalista. Y, obviamente, de los países exportadores de capital sobre los países importadores de capital. 

El mundo post globalización neoliberal está definido por la deuda de una manera muchísimo más capilar y determinante que por los salarios, una subida brusca de tipos de interés en Estados Unidos o la Eurozona, ajustaría aún las ya de por sí recargadas tuercas de la acumulación por desposesión tanto en su versión social como ecológica a través de los mecanismos políticos del Estado. Esta vez las evidencias apuntan a que Milton Friedman no va a ganar la batalla monetaria, la separación fundamental entre quienes perciben rentas de la propiedad de algún tipo —la inmobiliaria es la más habitual— y quienes no las perciben y dependen plenamente de un trabajo asalariado que simplemente ya no existe, se ha vuelto demasiado evidente como para envolver el dominio del rentista en unos cuantos tecnicismos folklóricos heredados del siglo XX sobre el daño mortal que supone, siempre y en todo lugar, la inflación.

Por Isidro López

Es miembro de la Fundación de los Comunes. 

11 nov 2021 05:57

Publicado enEconomía