Miércoles, 11 Agosto 2021 05:57

La crisis de una Sudáfrica que se rebela

La crisis de una Sudáfrica que se rebela

Desde el encarcelamiento del ex-presidente Jacob Zuma, ocurrido el 7 de julio, una nueva ola de violentas protestas sacude a Sudáfrica. La crisis actual es el punto culminante de un proceso socioeconómico y político de despojo que se extendió durante dos décadas en Sudáfrica y que ha creado un terreno fértil para la rebelión de numerosos actores sociales.

Desde el encarcelamiento del ex-presidente Jacob Zuma, ocurrido el 7 de julio, una nueva ola de violentas protestas sacudió a Sudáfrica. Como consecuencia de ellas, han muerto hasta ahora más de 200 personas y han sido detenidas casi 2.600. Es posible que el detonante haya sido la detención de Zuma, pero no es la única causa y tampoco es lo que realmente preocupa a la población.

La crisis actual es el punto culminante de un proceso socioeconómico y político de despojo que se extendió durante dos décadas en Sudáfrica y que ha creado un terreno fértil para la rebelión de los desposeídos, de instigadores con motivaciones políticas o de oportunistas. La crisis debe evaluarse en el contexto de este despojo y de la desigualdad que prevalecen ignorando clases y divisiones étnicas y de género, y que han creado un profundo desequilibrio de poder. Estos factores –agravados por el desempleo y la pobreza– impiden que la democracia se desarrolle plenamente en Sudáfrica, e incluso amenazan con desestabilizarla.

Después de casi tres décadas de democracia, Sudáfrica se enfrenta a varias crisis. El modelo sudafricano de sociedad no funciona para la mayoría de la población. En cuanto a la distribución del ingreso, el país tiene un coeficiente de Gini de 0,7, lo que lo convierte en uno de los países con mayor desigualdad. La distribución de la riqueza es aún más desequilibrada y tiene un índice de Gini de 0,95. Se estima que la mitad de la riqueza total está en manos del porcentaje más rico de la población; el 10% más rico posee por lo menos entre 90% y 95% por ciento de la riqueza.

Como consecuencia de la falta de cambios estructurales, la situación económica de Sudáfrica era precaria aun antes de la pandemia. La tasa de desempleo se mantuvo siempre alta; en el cuarto trimestre de 2019 fue de 29,1%. La pobreza está muy extendida. En 2015, 30,4 millones de personas, 55,5% de la población, vivían por debajo del umbral oficial de pobreza. En los hogares manejados por mujeres, la proporción era significativamente mayor que en las familias con un hombre como jefe de hogar. Una cuarta parte de la población, 13,8 millones de personas, vivían en la pobreza extrema y no podía permitirse alimentos suficientes para satisfacer sus necesidades materiales básicas.

La curva de crecimiento de Sudáfrica ha sido descendente durante más de diez años. Entre 2011 y 2018, el crecimiento económico promedió apenas 1,7%. En 2019, el país entró en recesión por tercera vez desde 1994. Varios factores fueron responsables de esto, incluida la recesión mundial posterior a la crisis financiera mundial, la caída de los precios de las materias primas, la desindustrialización, la captura del Estado (léase: la corrupción sistémica), los recortes presupuestarios, una política macroeconómica restrictiva y la caída de la inversión como resultado del estancamiento económico y el poco confiable suministro eléctrico.

Cada vez más personas encuentran en el Estado un instrumento para el enriquecimiento propio despiadado. Las instituciones estatales son saqueadas y vaciadas. Esta realidad es el caldo de cultivo de la aguda crisis de gobernabilidad en Sudáfrica. La combinación de crisis económicas y políticas está provocando que la confianza en el orden constitucional disminuya cada vez más.

Cuando comenzó la crisis provocada por el coronavirus, Sudáfrica ya estaba en recesión. En abril de 2020, el presidente Cyril Ramaphosa anunció un paquete de rescate concebido para ayudar a trabajadores, empresas y hogares durante la pandemia. El paquete, dotado de fondos superiores a los 30.000 millones de dólares, fue una luz de esperanza para el país, pero esta se apagó rápidamente. Hubo una serie de problemas con la puesta en práctica del programa y para julio de 2021 solo se había ejecutado 41% de las partidas. Es que el presupuesto anual no contemplaba esas erogaciones. El presupuesto complementario de 2020 solo cubrió una parte. La mayoría del paquete de rescate se financió con recursos existentes o fondos extrapresupuestarios. No obstante, el hecho de que se hiciera creer a la ciudadanía que se inyectarían en la economía los 30.000 millones de dólares como dinero en efectivo avivó las violentas protestas. El público tuvo la impresión de que el «estímulo» fue en gran parte saqueado.

En la actualidad, Sudáfrica vive la tercera ola de la pandemia. La mayor parte de las medidas de ayuda ya se han implementado. Mientras el gobierno está apenas comenzando su programa de vacunación, la cantidad de personas infectadas con coronavirus va en aumento. La tercera ola y los confinamientos asociados a esta afectaron a Sudáfrica en un momento en que los sectores más frágiles de la población han sufrido pérdida de ingresos y están sometidos a un enorme agotamiento. En enero de 2021, según una encuesta reciente, 39% de los hogares se quedó sin dinero para comprar alimentos y 17% sufrió hambre con el paso de las semanas. El programa de ayuda pandémica Alivio Social del Sufrimiento (Social Relief of Distress, SRD), una asignación de dinero en efectivo introducida como parte del primer paquete de alivio para adultos desempleados que no reciben ningún otro beneficio social, ha finalizado. Los precios de los alimentos muestran una creciente inflación. Se han interrumpido los programas de alimentación escolar de los que dependen muchos niños y niñas. Debido a los disturbios, los alimentos escasean en algunas zonas.

Se cree que la tercera ola, reforzada por las protestas, provocará una merma de la actividad económica. Después de que el PIB se redujera 7% en 2020, la economía continúa recortando empleos. La tasa de desempleo alcanzó un nivel récord de 32,6%. Es un círculo vicioso: los disturbios generan más crisis, y las crisis, más disturbios.

Para peor, el Ministerio de Finanzas de Sudáfrica insiste en su política de austeridad, defendida por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y gran parte de la prensa empresarial. La sociedad civil critica las duras medidas de austeridad a las que el gobierno sudafricano recurre desde hace varios años para intentar reducir la deuda externa y calmar a las agencias calificadoras de riesgo. Esto se hace fundamentalmente a expensas de los beneficios sociales esenciales y la implementación de los derechos económicos y sociales.

Es probable que el gobierno de Sudáfrica insista en sus planes de consolidación y –como se anunció en febrero de 2021– reduzca el gasto no requerido para el servicio de la deuda en un promedio de 5,2% en términos reales cada año. Los recortes presupuestarios tienen como resultado un menor gasto per cápita y recortes reales en servicios públicos, tales como la atención médica, la educación y la cultura. El presidente declaró hace poco que cualquier nueva medida de emergencia se incluiría dentro del presupuesto existente. En vista de la apremiante necesidad social, que se ve enormemente agravada por la pandemia y ahora también por las violentas protestas, esto es de una enorme irresponsabilidad.

El gobierno sudafricano está pasando de una crisis a otra, pero no está yendo al fondo de las causas políticas y económicas que subyacen a estas crisis. Las disputas internas del partido gobernante, el Congreso Nacional Africano (ANC, por sus siglas en inglés), por ejemplo, son una pesada carga para el país y deben resolverse con determinación. En este contexto, también es necesario un compromiso renovado con la Carta de la Libertad de 1955 y la Constitución de Sudáfrica, que consideran un orden económico más justo como un factor decisivo en la liberación política.

En el corto plazo, el gobierno de Sudáfrica debe garantizar los medios de subsistencia y apoyar la economía. Las medidas de ayuda a empresas, empleados y particulares que han llegado a su fin deben ser renovadas y reajustarse para que estén a la altura de la pandemia y la crisis actual en el país.

Tales medidas no son posibles con la actual política de austeridad. Las políticas de austeridad deben terminar y se deben priorizar los derechos sociales y económicos. Esto debe estar vinculado a una transformación económica efectiva que beneficie a la mayoría de la población. El statu quo de Sudáfrica no puede ser tomado, ni remotamente, como una forma de liberación política.

Traducción: Carlos Díaz Rocca

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Martes, 10 Agosto 2021 06:08

En qué punto del colapso estamos

En qué punto del colapso estamos

En varias ocasiones citamos la tormenta sistémica y el colapso civilizatorio al que está abocada la humanidad, en un futuro cercano. Ese fue uno de los núcleos del debate convocado por el EZLN en 2015, en el seminario “El pensamiento crítico frente a la Hidra Capitalista”.

En un texto de ese mismo año, “La Tormenta, el Centinela y el Síndrome del Vigía”, el subcomandante Galeano nos preguntaba: “¿qué miramos?, ¿por qué?, ¿hacia dónde?, ¿desde dónde?, ¿para qué?”. Agregaba: “A quien trabaja con el pensamiento analítico le toca el turno de guardia en el puesto del vigía”. Luego se detuvo en el llamado “síndrome del vigía”, el cansancio que lleva al centinela a creer que no hay cambios o que las continuidades son más importantes que las novedades.

El mencionado comunicado asegura que “viene una catástrofe en todos los sentidos”, pese a los muchos que aseguran que todo sigue igual o que existen apenas pequeñas variaciones. Y sigue: “Vemos que viene algo terrible, más destructivo si posible fuera”.

Para perplejidad del zapatismo, y de quienes seguimos siendo anti-capitalistas, la mayor parte de la izquierda y de los movimientos “sigue recurriendo a los mismos métodos de lucha”. Como si nada hubiera cambiado, se sigue con marchas, elecciones, con estrategias y tácticas que, si acaso, fueron útiles en otros períodos.

Este breve recorte de un comunicado que es recomendable leer (http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2015/04/01/la-tormenta-el-centinela-y-el-sindrome-del-vigia/) tiene por objetivo mirar la realidad en que vivimos, en plena pandemia, pero partiendo del acierto zapatista de siete años atrás en la previsión de una tormenta destructiva contra los pueblos.

Ese es precisamente el primer punto. Reconocer que fueron muy pocos los que acertaron qué debían mirar, cómo y desde dónde, para entender lo que se venía. La pandemia es apenas un adelanto de lo que puede venir. Miremos algo más: incendios e inundaciones, cambios dramáticos incluso en la Corriente del Golfo que se debilita y puede colapsar, llevando al planeta a una crisis muy grave, como el derretimiento del permafrost y de la banquisa estival, entre otras destrucciones en curso como la selva amazónica.

Uno de los problemas centrales planteados por el zapatismo es desde dónde mirar. Si lo hacemos desde abajo, desde los sectores populares del continente, desde la zona del no-ser que mentaba Fanon, aparecen tendencias temibles a las que debemos prestar máxima atención, porque no afectarán a toda la sociedad por igual.

Al abordar la crisis ambiental en curso, debemos comprender que las consecuencias no serán parejas. Hoy mismo, los barrios que deben ser abastecidos con agua por cisternas pagan el líquido más caro que nadie, además de la vulnerabilidad que representa esa dependencia.

El segundo problema es que no hay retorno a ninguna normalidad. Lo normal en adelante será lo que vivimos en los peores meses de la pandemia. Aquí el “síndrome del vigía” se manifiesta en considerar la pandemia como un paréntesis luego del cual todo vuelve a ser igual. Si consideramos la pandemia como una cuestión sanitaria, no vamos a entender las razones por las cuales la clase dominante impone ciertas medidas que restringen la movilidad de las y los de abajo, porque los de arriba nunca dejaron de moverse a sus anchas.

Quienes han estudiado la “guerra contra las drogas” y el paramilitarismo, estrechamente emparentados, aseguran que uno de sus objetivos centrales consiste en reducir la movilidad de los sectores populares. Durante la pandemia esa fue una de las políticas centrales de los Estados: confinar, impedir la libre movilidad, como forma de afirmar la dominación.

La célebre frase de Michel Foucault sobre el poder del soberano, que se ejerce a través del “dejar vivir” y el “hacer morir”, podría ser reescrita: dejar mover o impedir mover. Porque en ese punto radica, en buena medida, lo sucedido estos meses. Ahora se empieza a restringir también el ingreso a actividades públicas, a los que no cumplen ciertos requisitos.

El tercero es que la pandemia acelera no sólo el colapso/tormenta, sino en particular la ofensiva del 1% contra la humanidad. No es que la clase dominante haya planificado la pandemia, pero se aprovecha de ella para acelerar los procesos de dominación, despojo e inmovilización que ya venían promoviendo.

El dominio total de las finanzas y la banca sobre la vida, que llega a la eliminación del dinero físico, es apenas una de las tendencias en curso, que tiende a romper la autonomía de los tianguis y otras formas de economía popular. Todo apunta a estrangular la vida cotidiana de las y los de abajo, para que el capital colonice todos los poros de la sociedad.

En nosotras y nosotros está el impedirlo. Pero sabiendo que no hay salidas individuales y, sobre todo, que cada vez será más duro impedir el avance de los poderosos, que día a día muestran un perfil más agresivo y están dispuestos a todo para seguir estando arriba.

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Una nueva guerra civil en Afganistán representa una mayor amenaza que hace 20 años

Las fuerzas talibanes llegaron a tomar cinco capitales provinciales en una semana, su mayor logro en dos décadas de guerra. La intervención extranjera avivó un conflicto que hoy sería más dificil de contener. 

 

Las noticias de Afganistán se vuelven más sombrías con cada día que pasa. Desde que el presidente Joe Biden anunció la retirada de Estados Unidos en abril y declaró el final efectivo de la misión de 20 años el mes pasado, las fuerzas talibanes avanzaron en ciudades y puestos fronterizos clave. Los talibanes llegaron a tomar cinco capitales provinciales en una semana, en su mayor logro en dos décadas de guerra. No está del todo claro cuán capaz es o está dispuesto el ejército afgano principalmente entrenado en Occidente para mantenerse firme. Su desempeño inicial no ha sido prometedor.

Aquellos que cuentan con experiencia pronostican más derramamiento de sangre antes de que algo mejore, si es que lo hace. David Petraeus, nombrado comandante de las fuerzas internacionales en Afganistán por el expresidente Barack Obama, advirtió que el país se está desintegrando y que Estados Unidos abandonó a los afganos para afrontar "una guerra civil brutal y sangrienta".

El exsecretario de Desarrollo del Reino Unido, Rory Stewart, quien anduvo por todo Afganistán en 2002, prevé un retorno al caudillismo de la década del 90 con algunos de los mismos individuos despiadados a cargo. El jefe de las fuerzas armadas del Reino Unido, el general Nick Carter, aunque más circunspecto, también ha sido inusualmente franco para un oficial en servicio, diciendo que no se puede descartar caer en una guerra civil.

Si los augurios no son buenos, por decirlo suavemente, también debe tenerse en cuenta que la decisión de Biden, una de las primeras de su presidencia, de retirar a las tropas estadounidenses de Afganistán para la fecha emblemática del 11 de septiembre, desconcertó a muchos. No solo sorprendió porque rompió con la política estadounidense cuando era vicepresidente, sino que lo asoció con una de las decisiones clave tomadas por Donald Trump. La única diferencia entre ellos era la fecha de retirada: Trump había fijado el primero de mayo de este año; Biden fijó septiembre pero se aseguró, como debería hacerlo un líder prudente, de que la mayoría de las tropas se fueran silenciosamente, como lo han hecho mucho antes.

Puede que no sea casualidad que algunos de los profetas de la fatalidad se encuentren entre los que se opusieron a la retirada. Petraeus, por ejemplo, convenció a un Obama inseguro de que dejara las tropas estadounidenses en Afganistán. Y aunque el excomandante dejó el cargo bajo una nebulosa, no pierde la oportunidad de defender su historial militar y la escuela de construcción nacional de la política exterior de Estados Unidos.

Los disidentes también incluyen a muchos con experiencia directa en Afganistán: los soldados que lucharon y ahora podían sentir razonablemente que su sacrificio fue en vano; los trabajadores humanitarios cuyos proyectos ahora se ven amenazados y los periodistas que sienten un deber para con quienes los ayudaron. La sensación es de una buena misión abandonada prematuramente y obligaciones gravemente traicionadas.

Si se puede sacar alguna conclusión de los últimos 20 años de intervenciones militares occidentales, es sin duda que otros países deben construir su propio futuro; que la ayuda, por bien intencionada que sea, es sólo tan duradera como el apoyo de que goza en ese país; y que ningún gobierno que dependa de una fuerza externa - llámelo invasor, ocupante, intervencionista, como quiera - probablemente sobreviva a su partida. Los conflictos que fueron interrumpidos artificialmente probablemente continúen donde estaban antes.

Donde estaban antes era, en este caso, en 2001, después del 11 de septiembre y con intentos de derrotar a los talibanes. Y lamentablemente parecería que, a pesar de todo lo que se habla de progreso social, Afganistán está solo un poco más cerca de estabilizarse de lo que estaba cuando se convocaron las conversaciones sobre un nuevo acuerdo constitucional cerca de Bonn en diciembre de 2011. La exclusión de los talibanes de esas conversaciones ahora pueden verse como el error que fue, al igual que la desastrosa desviación dirigida por Estados Unidos hacia Irak.

La pena es que no solo esos errores no se pueden corregir, sino que además las ramificaciones del renovado conflicto en Afganistán amenazan con extender el desorden aún más de lo que sucedió entonces.

Pero el panorama general debe ser aún más preocupante. Hace veinte años, los vecinos de Afganistán parecían en general más asentados que ahora. Irán e Irak todavía se estaban recuperando de casi diez años de guerra. Irán aún estaba consolidando su Revolución Islámica; Irak estaba bajo el control de Saddam Hussein. Las exrepúblicas soviéticas todavía estaban forjando su camino hacia la independencia y en gran medida bajo la órbita de Moscú. Vladimir Putin acababa de heredar el poder y su prioridad era mantener unida a una federación rebelde. China estaba preocupada por su economía una década después de la plaza de Tiananmen. Lo que sucedió en Afganistán fue más grave en su impacto sobre Pakistán por los millones de refugiados afganos. Cualquier otra amenaza más lejana estaba limitada por las malas comunicaciones y las limitaciones geográficas.

El vecindario se ve muy diferente ahora. Rusia y China son más fuertes. Hasta ahora, cualquier competencia entre ellos por el poder y la influencia en las repúblicas de Asia Central se ha mantenido por debajo del radar, pero esto no significa que no pueda estallar, y las repúblicas de Asia Central son agentes más libres de lo que alguna vez fueron. La represión de Beijing a los uigures en Xinjiang es una señal de que ya tiene un ojo puesto en la seguridad del noroeste. Irán ha ganado influencia regional gracias a la guerra en Siria y ahora está más cerca de ser una potencia nuclear. El Estado Islámico (Isis) busca nuevos refugios. Y mientras los refugiados afganos tendían a quedarse en Pakistán o Irán, ahora muchos pueden aspirar a llegar a Europa.

Por todas estas razones, cualquier nueva guerra civil en Afganistán podría representar una amenaza mucho mayor para la estabilidad regional e internacional que hace 20 años, algo que el efecto cataclísmico del 11 de septiembre intentó disfrazar.

Pero todos aquellos que culpan a Biden y tienen una conciencia culpable sobre la "traición" de Occidente deben levantar la vista más allá de sus aliados de Kabul. Deben preguntarse si la presencia extranjera prolongada, que seguramente podría haber terminado con la captura de Osama bin Laden, no sirvió para retrasar un acuerdo genuino en Afganistán, avivando las llamas de un conflicto que ahora podría ser mucho más difícil de contener.

Por Mary Dejevsky *

08/08/2021

De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Páginal12.

Traducción: Celita Doyhambéhère.

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México pone la mesa para el diálogo entre chavismo y oposición

El tercer intento de conversaciones entre venezolanos genera expectativas

El presidente Nicolás Maduro dijo que el actual presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, y el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, "son los voceros de la revolución".Por el antichavismo se sabe que al menos representantes de cuatro partidos asistirán a la cita.

 

El inminente tercer diálogo entre el gobierno de Venezuela y la oposición llega acompañado de mayores expectativas que los fallidos intentos previos. El jueves pasado el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que su país será la sede de un nuevo inicio de conversaciones entre ambos sectores. Si bien no hay fechas confirmadas la delegación noruega, actual mediadora, sugirió un primer encuentro para el viernes 13 de agosto. El presidente Nicolás Maduro aceptó el diálogo pero enumeró algunas condiciones: "Levantamiento inmediato de todas las sanciones, reconocimiento pleno de la Asamblea Nacional y devolución de las cuentas bancarias a Petróleos de Venezuela y el Banco Central de Venezuela". Este domingo, después de votar en las elecciones primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), sumó un cuarto pedido a la lista: "Que se incorporen al diálogo todas las oposiciones".

Por su parte un cada vez más devaluado Juan Guaidó buscará reencauzar su liderazgo de cara a una oposición fragmentada. Sin el respaldo de Donald Trump y fuera de la Asamblea Nacional a pesar de haber instalado un parlamento paralelo que reclama ser el "legítimo" y que él preside, Guaidó aceptó la apertura del diálogo y lanzó el "acuerdo de salvación nacional" por el que pide la liberación de presos políticos, el ingreso al país de vacunas contra el coronavirus como ayuda humanitaria y la garantía de elecciones libres en los comicios regionales de noviembre.

Noruega

Noruega supervisará las conversaciones en México mientras que medios venezolanos especulan con que podrían participar países como Rusia y Estados Unidos. Fuentes de la Cancillería argentina aseguraron que no recibieron ninguna invitación hasta el momento, aunque "si llega se evaluará". Por la oposición venezolana se sabe que al menos representantes de cuatro partidos políticos asistirán al diálogo, aunque líderes como Juan Guaidó, Henrique Capriles o Leopoldo López no confirmaron su presencia.

En tanto, desde el oficialismo el propio Maduro dijo que el actual presidente del legislativo, Jorge Rodríguez, y el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, "son los voceros de la revolución" para las negociaciones. "El gobierno va como el fuerte de la partida pero depende del resultado de este proceso para responder a las demandas sociales que lo mantienen acorralado. La oposición necesita recuperar la confianza del pueblo venezolano", asegura en diálogo con PáginaI12 María Puerta Riera, politóloga de la Universidad de Carabobo.

¿Cómo llegan al diálogo?

"Para el gobierno venezolano el motivo fundamental de su participación en este proceso es lograr el levantamiento de las sanciones impuestas por los Estados Unidos. Eso lo obliga, por una parte, a negociar internamente con la coalición que acompaña su participación en el proceso, y por la otra a demostrar que tiene el control político del país", plantea Riera. Frente a un nuevo intento de diálogo, el chavismo marca una diferencia entre al menos dos tipos de oposición en Venezuela: una que opta por la vía electoral para alcanzar sus objetivos y otra que se aferra a la agenda del bloqueo y la guerra económica.

La actual división opositora contribuye a debilitar su representatividad, por lo que parece llegar a la conversación en desventaja. Para la doctora en Ciencias Sociales, "la oposición no puede plantear la salida de Maduro del poder como parte de sus exigencias sino que debe limitar sus aspiraciones a pequeñas concesiones que puedan contribuir con la recuperación de su espacio político como un factor de poder, que en este momento no lo es".

La coalición opositora que todavía responde a Guaidó propondrá un plan de importación masiva de vacunas para ayudar a superar la crisis económica, así como garantizar las condiciones de los comicios regionales del 21 de noviembre. "La oposición necesita reconquistar el apoyo popular que ha perdido luego de varios intentos de forzar la salida del poder de Maduro. El ciclo de expectativas frustradas después de los anteriores intentos de negociación genera desconfianza en algunos sectores, mientras que en otros se sobreestiman las posibilidades de éxito", sostiene Riera.

Estados Unidos, un factor clave

Bajo la administración del expresidente Donald Trump, Estados Unidos impuso restricciones que impiden que Venezuela desarrolle, venda o transporte petróleo, la columna vertebral de su economía. Y aunque el gobierno de Joe Biden permitió a las compañías no estadounidenses exportar a Venezuela gas licuado, aún no está claro si flexibilizará el resto de las sanciones. Al menos la narrativa sigue siendo la misma: los principales funcionarios del gobierno estadounidense, como el secretario de Estado Antony Blinken, se refieren a Venezuela como un "régimen" o una "dictadura".

"Estados Unidos actúa como un promotor del proceso de negociación, con el compromiso de velar porque las condiciones que se negocien entre las partes contribuyan con una transición en el mediano plazo. Sin embargo, ese rol está condicionado por la dinámica de la política doméstica, especialmente luego de las protestas en Cuba el 11 de julio", explica Riera. Es decir, también entran a jugar las elecciones de medio término de 2022 en Estados Unidos, por lo que es muy probable que Biden no tome decisiones que puedan complicar las chances del partido demócrata especialmente en el estado de Florida, donde reside una nutrida comunidad cubana y venezolana claramente en contra de Maduro.

La tercera, ¿la vencida?

No se tratará de las primeras conversaciones entre el gobierno venezolano y la oposición, aunque las anteriores tienen un denominador común: siempre terminaron fracasando. En 2016 el Vaticano apoyó un frustrado encuentro en el que participaron figuras como el expresidente de España José Luis Rodríguez Zapatero. Luego lo intentaron en Barbados a finales de 2019, sin mejores resultados.

Pese a las sanciones y las críticas de potencias occidentales, el gobierno venezolano llega a este diálogo en mejores condiciones que en intentos previos, mientras que la oposición luce muy deslucida. Para Riera ese escenario es evidente: "El gobierno se ve forzado a participar porque le interesa que se levanten las sanciones. La oposición porque necesita un triunfo. Aún cuando la legitimidad del gobierno de Maduro sea cuestionable para algunos sectores, el problema de la oposición es su fractura y eso es lo que ambos están llevando a la mesa".

Por Guido Vassallo

08/08/2021

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Remedios Zafra: "No hay educación sin desconexión"

La ensayista española reflexiona sobre la sociedad digital atravesada por la pandemia

La especialista participó en la Semana Unipe Virtual, organizada para pensar el mundo educativo en esta era. La cultura digital en ese contexto, la manera de enseñar y aprender, la vida hiperconectada.

 

 “No hay educación posible sin tiempo para pensar, sin distanciamiento, sin aburrimiento, sin curiosidad. No hay educación sin desconexión”, dice Remedios Zafra, ensayista española, puesta a pensar sobre las ventajas y desventajas de la educación virtual. Del lado de los pro, agrega: “lo digital tiene muchas ventajas para favorecer un acceso más igualitario a personas que no pueden acceder a escuelas, o que tienen dificultades de movilidad, o que no pueden desplazarse allí donde se archivan historias y relatos que pueden convertirse en conocimiento”. En esta entrevista analiza no solo la complejidad de la educación en pandemia y pospandemia sino el impacto de la cultura digital en la vida actual. En este contexto, dice que el feminismo y la sororidad pueden ser “ejemplo de lo que podemos lograr si reforzamos vínculos como personas que se importan una a otras”.

Zafra dio la conferencia inaugural “Plataformas, algoritmos y redes en cuestión” en la Semana Unipe Virtual, organizada por la Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE) entre el 2 al 6 de agosto a fin de pensar la educación y el país, a partir de exposiciones de especialistas en temas educativos y pedagógicos. Zafra es Científica Titular en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Ha sido profesora de Arte, Cultura Digital y Estudios de Género en la Universidad de Sevilla y profesora tutora de Antropología Social en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Doctora y licenciada en Arte, licenciada en Antropología Social y Cultural, con estudios de doctorado en Filosofía Política y Máster Internacional en Creatividad. Con su trabajo ensayístico y literario, Zafra obtuvo varios premios, entre ellos el Premio Anagrama de Ensayo en 2017 por El Entusiasmo. Precariedad y Trabajo creativo en la era digital con el que hace una crítica al contexto capitalista “que sostiene a la cultura digital y que normaliza que el poder económico esté dominando Internet por encima del político y ciudadano”. Allí advierte cómo “el entusiasmo que caracteriza a muchos estudiantes, investigadores y trabajadores de los contextos académicos y culturales está siendo instrumentalizado para activar la maquinaria productiva”.

--¿Cómo llega a interesarse por la cultura digital?

--Cuando en los años noventa estudiaba en la universidad estaba muy confusa sobre cómo la forma en que los estudios se estructuraban y clasificaban podrían ayudarme a aprender, a comprender mejor el mundo y a materializar mi motivación creativa y política. Ya sabes, ese deseo adolescente (que aún pervive) de creer que con lo que hacemos podemos “mejorar el mundo”. En aquellos años leí cómo Marcel Duchamp definía al “artista contemporáneo” como aquel capaz de habitar la dificultad de su época, como alguien que contribuía a construir la complejidad de su propio tiempo y esta idea me ayudó a integrar en mi trabajo dos temas que entonces me parecían transformadores para mi propia vida: el feminismo e Internet. Recuerdo que con el dinero del primer y único premio de pintura que gané me compré un ordenador personal y me conecté a Internet. Aquello cambió profundamente mi forma de escribir y de pensar el mundo. Especialmente cuando comencé a acceder a espacios de pensamiento crítico donde se publicaban debates y reflexiones sobre “cómo Internet nos cambiaría”. Los años noventa fueron explosivos en este sentido pues Internet todavía no había sido “colonizado” por las empresas que desde la década de los dos mil gestionan y condicionan gran parte de nuestro acceso y vida online. La cultura digital se convirtió en algo que habitaba y en algo que observaba y sobre lo que leía y me documentaba.

Me interesaba tanto que orienté a ese tema mi tesis doctoral y comencé a publicar mis trabajos. Con mi primer premio de ensayo compré un ordenador, ahora portátil, que volvió a mejorar mi vida. Aunque ahora lo hayamos normalizado, para quienes veníamos de una cultura analógica, la posibilidad de trabajar en cualquier lugar llevando tu biblioteca y archivos contigo, la posibilidad de acceder al mundo digitalizado y a las personas conectadas que entonces no eran muchas pero que rápidamente fueron creciendo, era emocionante y revolucionario. En mi caso, además, venía de un contexto humilde.

--En 2010 publicó Un cuarto propio conectado en el que ya exploraba la irrupción de la virtualidad en la vida íntima. Usó una metáfora muy cara a los feminismos, ¿cómo se han apropiado las mujeres y los feminismos de ese cuarto propio del que nos hablaba Virginia Woolf, ahora digital?

--Si Internet ha sido la gran revolución de finales de siglo, creo que el feminismo ha sido (está siendo) la gran revolución de la humanidad. Si unimos ambas, la potencia es grande. Desde los años noventa los feminismos han estado muy interesados en preguntarse por cómo Internet podía ayudarnos a ser “socialmente más iguales” siendo humanamente personas muy diversas. Aunque la tecnología siga estando muy masculinizada en los campos de programación y liderazgo, Internet se nos presentaba como algo distinto por varias razones. Una de ellas es su estructura horizontal en la que todas las personas podemos ser productoras y receptoras al mismo tiempo, algo inspirador para el feminismo que reivindica formas de poder “no jerarquizadas”, y para poner en valor esas voces o miradas no enfocadas ni escuchadas. En gran medida las mujeres habían sido (siguen siéndolo en muchos lugares) las notas periféricas, la parte borrosa o no enfocada de la imagen, y aquí podíamos tener voces, incluso habitando la esfera privada y doméstica, porque los cuartos propios conectados permitían estar dentro y estar fuera al mismo tiempo. Es más, en las habitaciones conectadas hemos podido compartir la intimidad cuando ha sido opresiva y culturalmente nos han enseñado a callarla. Ese compartir ha hecho de espejo con miles, millones de cuartos propios donde otras mujeres se han identificado y se han unido para crear voces colectivas y políticas a través de la red.

El cuarto propio que reivindicaba Virginia Woolf era necesario para que una mujer se dedicara a “escribir”, pues curiosamente en la casa que habitaba casi todos los espacios estaban pensados para que ellas cuidaran de los otros, pero no siempre podían disponer de espacios para el silencio, la concentración o la lectura. El cuarto propio conectado del que yo hablaba en 2010 me parecía un punto de entrada necesario para abordar la transformación de un mundo irreversiblemente conectado donde esas esferas antes diferenciadas (pública y privada) interseccionaban en la pantalla, abriéndonos nuevas y fascinantes puertas al mundo y al conocimiento, pero también desafíos y amenazas.

--¿Se puede hablar de un antes y un después de la pandemia para pensar la cultura digital en general y en particular en la educación?

--Creo que sí. La pandemia ha acelerado un cambio que llevaba tiempo produciéndose en la cultura digital, especialmente en los ámbitos educativos y laborales. Sin embargo, lo que antes era opcional se ha hecho necesario. Quiero decir que impedidos y encerrados en nuestras casas, el distanciamiento social ha sido posible en gran medida porque hemos seguido conectados. Las familias han logrado que los mayores reacios a usar videollamadas se hayan sentido más cerca estando lejos, muchos trabajadores han demostrado que pueden hacer lo mismo desde sus casas, es decir que “trabajo” es lo que se hace y no “el lugar al que se va”. En ese sentido, se ha superado una visión acomplejada sobre el teletrabajo y más comprometida con la movilidad exacerbada y contaminante que caracterizaba la aceleración de muchas vidas antes de la pandemia. Sin embargo, la experiencia ha evidenciado las carencias y la improvisación, la desigualdad y la precariedad que también han caracterizado estos meses. En educación la lectura es ambivalente. De un lado, Internet ha permitido la conexión entre estudiantes y educadores, la digitalización de recursos y una mayor conciencia en el papel que la educación a través de las pantallas requiere por parte de los agentes implicados. De otro, ha evidenciado las desigualdades entre quienes tienen acceso y medios para tener computadoras y conexión y quienes no; la dificultad del proceso que no puede entenderse como un mero trasvase de contenidos a la red sino como una concepción distinta de la interacción entre estudiantes y con el profesorado, una interacción que precisa tiempo, recursos y planificación. Ser conscientes de las aristas del asunto es importante de cara a aprender, porque si lo hacemos no solo lograríamos recuperar la normalidad de antes, sino usar la tecnología para mejorar una “normalidad” que era desigual y muy mejorable.

--¿Cómo cambió la manera de enseñar y la de aprender?

--A mi parecer desde los primeros años de socialización de Internet la educación comenzó primando el carácter instrumental de la tecnología, pasando por alto los cambios que a muchos niveles supone estar mediados por pantallas. Me refiero a que muchos pensaron que solo se trataba de trasvasar contenidos para hacerlos accesibles y de utilizar determinados aparatos y aplicaciones, pero la educación a través de Internet no es solo digitalizar. Creo que esto también ha pasado en la pandemia, que en algunos casos se ha entendido que educar es facilitar acceso a contenidos y dejar que los estudiantes los gestionen por su cuenta y en esos casos se ha evidenciado el fracaso del aprendizaje. Aprender implica motivación, generación de afectos, imaginación, curiosidad, cooperación... La educación conlleva contacto humano mediado o no por pantallas y hay también un proceso de aprendizaje en el uso de la red, de plataformas y aplicaciones para lograr dar sentido a la práctica educativa. En ese sentido, la educación también “está aprendiendo”.

--En ese aprendizaje, ¿cuáles son los pros y contras?

--Lo digital tiene muchas ventajas para favorecer un acceso más igualitario a personas que no pueden acceder a escuelas, o que tienen dificultades de movilidad, o que no pueden desplazarse allí donde se archivan historias y relatos que pueden convertirse en conocimiento. No obstante, tiene también desventajas y puede generar nuevas desigualdades. Pienso por ejemplo en cómo las familias con menos recursos suelen ser en las que los hijos pasan más tiempos enganchados a sus teléfonos móviles. Esta adicción, buscada por las industrias digitales que gestionan y monopolizan gran parte de las aplicaciones y espacios que transitamos online, es un fracaso para la educación. No hay educación posible sin tiempo para pensar, sin distanciamiento, sin aburrimiento, sin curiosidad. No hay educación sin desconexión. Fíjate qué significativo sería que en Silicon Valley muchos de los gurúes tecnológicos lleven a sus hijos a escuelas donde no hay ni computadores ni wifi, y donde se apuesta por metodologías creativas, materiales y humanísticas. Es decir, se practica un alejamiento intencionado de la tecnología que ellos mismos crean en tanto saben de su ideación como artefactos adictivos. Ser conscientes de esta situación es clave para pensar qué educación queremos, qué papel y a qué edades queremos usar determinadas tecnologías.

--¿Los adultos estamos formados para entender la revolución digital en la que vivimos, el mundo de los algoritmos, por ejemplo? ¿O estamos condenados a quedar afuera, por lo tanto, sin control sobre lo que pasa con nuestros datos? ¿Qué pasa con jóvenes y adolescentes?

--La edad es un factor que siempre se tiene en cuenta en el aprendizaje y cuando hablamos de revolución digital hay mucho de “aprendizaje”. Pero por encima de la edad está la motivación y esta puede darse a cualquier edad. Cierto que las personas que hemos crecido sin Internet tenemos otra perspectiva y otros conocimientos que nos permiten comparar y valorar de otras maneras pero es difícil permanecer ajeno a lo que la cultura digital está suponiendo para la humanidad.

Sobre los algoritmos creo que condicionando fuertemente nuestra vida conectados nos pasan desapercibidos y es normal, pues están pensados como estrato no visible, como lente que permite “ver” pero se nos invisibiliza como lente. Sobre ellos me parece importante recordar que “no son neutrales” y que están programados desde una ideología y poder determinados que habitualmente contribuyen a mantener. Importa ser conscientes de que en nuestra cotidianidad accedemos a multitud de contenidos a cambio de nuestros tiempos y de nuestros datos. Datos que en conjunto están gestionados por empresas e intereses lucrativos y que suponen un gran poder para gestionarnos y condicionarnos en nuestras vidas online.

- En un artículo decía que “los sujetos hoy están hechos de carne y píxeles, de sueños y expectativas siempre en conflicto y redefinición”. ¿Cómo se configuran nuestras identidades a partir de la vida hiperconectada?

--Las identidades contemporáneas ya no pueden entenderse sin lo que somos a través de las pantallas. Siendo sujetos de carne con vidas materiales y cuerpos que tienen heridas, se mueven y sueñan pasamos gran parte de nuestros tiempos sentados frentes a pantallas relacionándonos con otros o mirando a otros. Esa forma de ser en el mundo en la que pasamos de pantallas de trabajo a pantallas de entretenimiento y de la que los confinamientos han sido claro ejemplo, dibuja una cultura donde Internet funciona como un potente aparato identitario, es decir como un instrumento de construcción de lo que decimos o mostramos ser.

En la red vamos dejando rastros y registros, intencionadamente o no, algunos se hacen públicos y siguen accesibles como archivos indefinidamente (con o sin nuestro control), y otros son apropiados por empresas e instituciones. Javier Echevarría usa un concepto interesante para referirse a “sistemas de datos generados por personas, de los cuales se han adueñado los propietarios de las grandes bases de datos”.

--¿Es posible pensar hoy una intimidad, una existencia, por fuera de lo virtual?

--Pienso que un desafío humano es luchar por mayores grados de libertad que nos permitan gestionar nosotros mismos ese tesoro que es la intimidad. Una de las amenazas de la actual cultura digital en manos de poderes económicos es cómo crece su control sobre la intimidad y la ciudadanía y contra ello cabe rebelarse. La existencia fuera de lo virtual no solo es pensable sino que es imprescindible como humanos. Tener control sobre ello es crucial y ser conscientes de estos riesgos es un paso importante. Otro paso sería reforzar los vínculos de solidaridad y ciudadanía, dejar de sentirnos solos tras la pantalla. El feminismo y la sororidad puede ser un ejemplo de lo que podemos lograr si reforzamos vínculos como personas que se importan una a otras.

Por Sonia Santoro

08/08/2021

Publicado enSociedad
La vicepresidenta Delcy Rodríguez ofrece declaraciones en Caracas, Venezuela, el 7 de abril de 2021Manaure Quintero / Reuters

El Gobierno de Venezuela dio a conocer este viernes la implementación de un nuevo decreto de carácter económico que busca incentivar la producción nacional, impulsar la exportación, ahorrar divisas, crear empleos y recuperar el ingreso real de los trabajadores.

El anuncio, efectuado por la vicepresidenta de la República y ministra de Economía y Finanzas, Delcy Rodríguez, se realizó un día después de informarse del lanzamiento del bolívar digital y el nuevo proceso de reconversión monetaria que entrará en vigencia el próximo 1 de octubre, con el que se eliminarán seis ceros a la moneda local.

Rodríguez notificó que a partir de los debates realizados en las mesas de trabajo con sectores productivos y con base en sus sugerencias, demandas, problemas y desafíos, el presidente Nicolás Maduro firmó un decreto para eliminar la exoneración de impuestos en 597 códigos aduanales relacionados con productos terminados, cuya libre importación estaría afectando a la industria nacional.

En ese sentido, explicó Rodríguez, se restablecerán aranceles para avanzar en una política de "sustitución estratégica" de importaciones,que se traducirá en el "impulso de la producción nacional" y "del motor exportador".

"No vamos a sustituir todo", resaltó la vicepresidenta, quien aclaró que "en ningún caso se cierran las importaciones", sino que la medida busca incidir sobre "aquellos productos terminados que estén compitiendo o afectando un producto de origen nacional", por lo que se procede a su inclusión dentro de una política tributaria.

Rodríguez agregó el decreto presidencial, que tomó en cuenta el diálogo con sectores relacionados con el área de alimentos (como azúcar, arroz, maíz, café, cacao y oleaginosas, entre otros), también incluye 59 códigos que estarán bajo la modalidad de "contingente arancelario", es decir, que cuando los productos hechos en Venezuela no puedan cubrir la demanda total del país, podrán importarse con exoneración de impuestos las cantidades necesarias para ese fin.

Garantizar el consumo nacional y el equilibrio de los precios

La también ministra resaltó que estas medidas, que se suman a "la consolidación del bolívar digital", buscan asimismo garantizar el abastecimiento del mercado nacional para el consumo local y mantener "el equilibrio en los precios" para la población.

"Es muy claro: donde no alcance la producción nacional y debamos importar, lo facilitamos", dijo Rodríguez, y resaltó que el Gobierno seguirá facilitando "el libre comercio" de bienes y productos como parte de una "apuesta estratégica y gradual" para la recuperación y estabilidad de la economía venezolana.

Con respecto al bolívar digital, comentó que la moneda venezolana mantendrá su mismo valor y se podrá transar en las casas de cambio de divisas. Además, circularán nuevos billetes para los sectores que aún requieren de pago en físico y que no se pueden adaptar a las transacciones electrónicas.

Rodríguez resaltó que estas medidas buscan empujar la estabilidad económica, ampliar las  potencialidades de las empresas nacionales, generar nuevos empleos, disminuir las importaciones no necesarias y ahorrar divisas, para crear un impacto positivo en la producción y así poder recuperar el ingreso de los trabajadores.

"Estamos en una política de sustitución estratégica y gradual de importaciones, no es sustituir la importación por sustituirla", dijo. Y aclaró que el plan —que es parte del trabajo realizado a través del Programa de Recuperación Económica lanzado en 2018— tiene la misión de fortalecer a los sectores nacionales que tengan en sus productos "altos componentes" locales, para que puedan competir con los rubros importados.

Ley de Compras Públicas

La vicepresidenta también detalló que el avance en esas medidas será acompañado por la Ley de Compras Públicas, que establece que las instituciones del Estado deben privilegiar la compra de productos fabricados en Venezuela.

"Los bienes que se producen en Venezuela, que tienen mercado nacional, van a ser acompañados por la Ley de Compras Públicas. Las compras del Estado deben estar dirigidas, primero que nada, a la producción nacional", indicó.

De igual forma aseveró que la puesta en práctica de esta ley permite el "aseguramiento del mercado para los productos que se fabrican en Venezuela", razón por la que el decreto presidencial acentúa "el apoyo a las pequeñas, medianas y grandes industrias a través de las exoneraciones totales o parciales".

En ese punto, el viceministro de Economía Productiva, Ricardo Sánchez, agregó que el Estado y los sectores industriales han establecido ya acuerdos para dinamizar la economía —sometida por años a un proceso hiperinflacionario— a través de diversos compromisos que permiten garantizar la dinámica productiva, entre ellos el suministro necesario de combustible.

"Venezuela sí puede producir y puede avanzar a pesar del bloqueo"

La titular de la cartera económica resaltó también que estas nuevas medidas del Ejecutivo se traducen en avances que contrarrestan el impacto negativo del bloqueo comercial y financiero impuesto por EE.UU. y la Unión Europea a su país.

"Lo importante es la nueva Venezuela, la Venezuela que no se somete al bloqueo", dijo Rodríguez, al recordar que "todo el pueblo" venezolano ha sido afectado "por medidas coercitivas unilaterales, extraterritoriales, ilegítimas e ilícitas", que a su vez han impactado sobre el aparato productivo y contra los sectores empresariales, comerciales, financieros y bancarios.

En razón de ello instó a generar conciencia sobre el impacto negativo de las sanciones contra su país, para que se comprenda la asfixia a la que han sido sometidos el Estado venezolano y su población y que ha significado un recorte de ingresos de 99 %. "Es como si le dijéramos a los empresarios que van a perder 99 % de sus ingresos", dijo con respecto al efecto de las sanciones.

A pesar de las adversidades, la vicepresidenta venezolana destacó que Venezuela avanza en el fortalecimiento de su economía con un nuevo modelo económico que no es dependiente del rentismo petrolero. "Venezuela sí puede producir y puede avanzar a pesar del bloqueo", dijo para asegurar que el país se encamina hacia "un proceso de recuperación" y de "crecimiento económico".

Publicado: 6 ago 2021 23:05 GMT

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Beirut: fuertes protestas y represión a un año de la explosión del puerto

Miles de libaneses marcharon para conmemorar el aniversario de la explosión del puerto de Beirut que mató a más de 200 personas e hirió a otras 7,000. El país se encuentra en un espiral de crisis múltiples que millones ya no soportan.


 

El 4 de agosto de 2020 un hongo de humo gigante acompañado de chispas, fuego una onda expansiva ensordecedora, sintetizaba las múltiples crisis que atraviesa Líbano: una economía en caída libre, un profundo desempleo y corrupción endémica de generaciones entre la élite política que se agravaron con la pandemia. El país vive un récord de movilizaciones contra esa situación desde el 2019 que han resurgido durante las restricciones contra el coronavirus y se mantienen vivas desde entonces con mayor o menor frecuencia.

Hoy miles de libaneses se movilizaron por las calles de Beirut luego de una año de la catastrófica explosión del puerto, pidiendo justicia para saber porqué se almacenaron productos químicos explosivos en la capital. Aquella explosión de 552 toneladas de nitrato de amonio dejó un saldo de 214 muertos, unas 7.000 personas heridas, además de desplazar de sus hogares a 300.000 libaneses y daños estimados en hasta 6.000 millones de dólares.

Este aniversario sirvió como nuevo catalizador para movilizar a miles contra el corazón del problema. La represión no se hizo esperar. Los jóvenes resistieron en la primera línea con toda experiencia acumulada de estos años de combates en Beirut y otras ciudades.

La represión dejó decenas de heridos, seis de los cuales tuvieron que ser hospitalizados, informó la Cruz Roja local, citada por la agencia de noticias AFP. A unos centenares de metros de allí, en paralelo, se celebraba una misa, cerca del puerto, en homenaje a las víctimas de la enorme explosión que arrasó barrios enteros de la capital libanesa el 4 de agosto de 2020.

Carteles gigantes con duras críticas a las autoridades fueron colgados de las destruidas fachadas de edificios ubicados frente al puerto.

"Aquí empieza nuestro fin y nuestro comienzo", se leía en uno de los pósters, que ocupaba cinco pisos de un edificio de departamentos.

Esto refleja el hartazgo de una juventud que habita una ciudad que amalgama a distintas nacionalidades, etnias y religiones. Esos jóvenes han logrado romper con esas diferencias que imponen desde la élite política para dividir a las masas a partir de sus disputas por cuotas de poder.

¿Por qué? En Líbano existe un modelo particular de Gobierno en el que los cargos políticos se deben repartir equitativamente entre las facciones etnico-religiosas musulmanas (sunitas-chiítas) y cristianas del país, esto fue acordado a fines de la guerra civil de 1975 a 1990. La crisis política y económica es la más grave desde entonces, ya que la moneda local ha perdido casi todo su valor frente al dólar estadounidense (1 dólar por 18,000 libras en el mercado negro).

Todos vivieron en carne propia la incompetencia del gobierno que llevó a la devaluación de la libra libanesa — por una fuerte rebaja de las agencias internacionales de calificación y un peso de deuda externa primera en ranking mundial — una rápida inflación que supera el 150% y un desempleo masivo. Esta dramática caída de la moneda y la hiperinflación han hundido a más de la mitad de la población por debajo del umbral de la pobreza con el 77 % de los hogares que no tiene suficiente comida o dinero, según un informe de UNICEF del 1 de julio. El combustible escasea, mientras que un puñado especula con su precio, lo cuál genera un círculo inflacionario y deficit energértico.

Las familias ricas y de clase media están huyendo del país, entre ellos muchos profesionales, como cuenta el New York Times, donde cientos de miles llegan intoxicados a los hospitales, ya colapsados, por el mal estado de la comida que pierde las cadenas de frío, ya que la electricidad se volvió un lujo que pocos perciben. La población sólo puede disfrutar de 3 horas por día de luz, mientras que la noche se vuelve en tinieblas.

Doce meses después de la explosión, todavía no ha habido rendición de cuentas y el estancamiento político ha dejado al país sin un gobierno en funcionamiento. El desmoronamiento económico del Líbano es tan severo que el Banco Mundial lo ha descrito como una de las peores crisis económicas en 150 años.

El actual primer ministro libanés Najib Mikati afirmó recientemente que recibió el apoyo necesario de la Unión Europea para la crisis en el país y agregó que "estoy seguro de que Estados Unidos también estará abierto a apoyar".

Según informa Telam “unos 40 jefes de Estado y de Gobierno y diplomáticos participaron hoy de una conferencia en París organizada por Francia y la ONU con la esperanza de recaudar cientos de millones de dólares en ayuda para que el Líbano pueda satisfacer sus crecientes necesidades humanitarias”. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció "cerca de 100 millones de dólares de nueva ayuda humanitaria" para Líbano, mientras que su par francés, Emmanuel Macron, prometió 100 millones de euros. Por su parte en el Vaticano, el papa Francisco instó el mundo a apoyar al Líbano.

Lo cual es una total hipocresía. Las guerras en Medio Oriente, principalmente en Siria e Irak, son en gran parte responsabilidad de las intervenciones del imperialismo norteamericano (responsable del desmembramiento estatal iraquí) junto a sus aliados de la OTAN, entre ellos Francia, que han provocado el desplazamiento de millones de personas que se han refugiado en países como Líbano. Por un lado, esto generó una enorme carga económica al país dando como resultado una de las poblaciones de refugiados más grande del mundo, y consigo altos índices de indigencia y pobreza.

En este sentido el crimen social de la explosión tuvo un enorme impacto sobre esa población refugiada, ya que dependían de la logística del puerto. Era el principal centro de abastecimiento a través del cual las Naciones Unidas y otras organizaciones enviaban suministros a más de 11 millones de personas que dependen de la ayuda en Siria. Su destrucción obstaculizó el transporte de ayuda para quienes más la necesitaban, tanto dentro como fuera de los límites de la ciudad de Beirut.

En los últimos los meses, Líbano sufrió un aumento del 220 % en los casos de coronavirus. Los hospitales estaban al máximo de su capacidad, 111 pueblos y ciudades de todo el país estaban cerrados. Con la dimisión del gobierno luego de la explosión agravó aún más esta situación, profundizando las tensiones entre los partidos políticos, ya que se temía que Hezbollah asumiera el poder luego de la última dimisión de Saad Hariri.

Incluso con la ayuda de estados como Francia, muy poco ha cambiado. El presidente francés, Emmanuel Macron, fue el primer líder extranjero en visitar el Líbano después de la crisis, y lanzó una iniciativa francesa que dependía de la misma clase política acusada de las crisis que enfrenta hoy el país, escribió Vohra en junio para Foreign Policy. El plan de Macron buscaba la formación de un nuevo gobierno tecnocrático, una elección anticipada y reformas al menos en el sector eléctrico para proporcionar a las personas un suministro de energía adecuado y poner fin a las protestas masivas que dejaron contras las cuerdas al Gobierno.

Hasta 1943, el Líbano estaba bajo el mandato francés (donde privilegiaban a los cristianos maronitas, no a los musulmanes), pero desde el final de la guerra civil, Francia ha desempeñado principalmente el papel de intermediario occidental entre el Líbano y la comunidad internacional para recaudar fondos para la reactivación económica del país asegurando su pata en Medio Oriente. AL mismo tiempo intenta, con la ayuda de EE. UU., contrarrestar la influencia de Hezbollah y sus aliados como el Movimiento Amal, que son cercanos a Irán.

En términos más generales, la región ha sido golpeada desde la Primavera Árabe en 2011 con respuestas contrarrevolucionarias que llevaron a guerras civiles y el surgimiento del Estado Islámico, además de una inestabilidad frecuente en términos sociales y geopolíticos. Varios años de crisis múltiples llevaron a una respuesta de masas en toda la región contra los planes de ajuste y la creciente degradación de las condiciones de vida, generando un terreno fértil para nuevas irrupciones violentas.

Como expresó una manifestante durante la jornada "Me temo que. Le tengo miedo a mi gobierno. Este gobierno puede matarnos fácilmente, reasignar nuestra ciudad, dejarnos sin electricidad, sin ningún tipo de mercancía. Me temo que mañana algo más va a ser mal administrado, y mañana podría ser mi vida en juego".

"Creo que los libaneses finalmente entendieron que solo juntos podemos hacer el cambio".

Por Salvador Soler@SalvadorSoler10

Miércoles 4 de agosto

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La corrupción financiera desborda al papa Francisco

En el Vaticano se realizó la primera audiencia por el juicio al cardenal Angelo Becciu y otros nueve funcionarios de la Santa Sede. Los cargos van desde malversación de fondos y corrupción hasta extorsión. Es un juicio histórico, por ser la primera vez que se procesa a alguien de alto rango de la curia. Angelo Becciu, que fue uno de los hombres de confianza del papa Francisco, enfrenta acusaciones de abuso de poder y soborno, así como una extraña relación con una mujer también enjuiciada, Cecilia Marogna, a quien Becciu contrató en 2016 como consultora, llamada por la prensa italiana la Dama del Cardenal ( La jornada, 29/7/21). El escándalo se destapó desde 2019, cuando los medios italianos descubrieron que el Vaticano había suspendido a funcionarios tras detectar "graves indicios de corrupción".

La imputación se centra en la compra fraudulenta, por unos 350 millones de euros, de un edificio de Londres que no los vale. La operación se realizó en 2013 con fondos del Óbolo de San Pedro, destinado para financiar obras de caridad. La transacción se dio por un precio superior a su valor habitual. ¿Cómo entender este nuevo despropósito que cuestiona los principios y valores con que se maneja la curia romana? ¿Cómo es posible que los financieros de Dios, sustraigan fondos de las limosnas de los fieles que se destinarían a las obras de caridad?

El proceso es un golpe muy duro para el papa Francisco. Becciu fue sustituto de la Secretaría de Estado del Vaticano, uno de los cargos más poderosos de la curia romana, fue un asesor muy cercano al papa. Lo defraudó. El proceso penal contraviene totalmente los señalamientos y críticas del Papa sobre la corrupción. Quebranta no sólo el discurso papal, sino que abusa la confianza que depositó en él. Por ello, en abril pasado el Papa decretó un motu proprio titulado: Por la que se establecen disposiciones sobre la transparencia en la gestión de las finanzas públicas. Son medidas internacionales de transparencia en el manejo de recursos financieros, declaración de patrimonios, prohibición para detentar bienes directos o de terceros e impedimentos para que altos jerarcas participaran como socios en empresas lucrativas. Este decreto se centra en altos funcionarios de la Santa Sede que incluye cardenales. Asimismo, en esta dirección, el 25 de julio, se transparentó públicamente el patrimonio inmobiliario de la Iglesia católica. El valor atribuido a esos inmuebles es de 883 millones de euros, en gran parte compuesto por unas 5 mil propiedades. La mayoría están en Italia, pero también en Francia, Reino Unido y Suiza.

Sin embargo, las finanzas no se le dan a Francisco. Precisamente fue uno de los encargos más apremiantes del cónclave de 2013 que lo encumbró como pontífice, esto es, reformar la curia por sospechas de alta corrupción y poner orden en las finanzas del Vaticano. El mandato fue preciso, estabilizar el manejo financiero de la Santa Sede y evitar los recurrentes escándalos que tanto han perjudicado la credibilidad de la Iglesia.

Al menos desde los años 70, el Vaticano se ha visto involucrado en escándalos financieros. En ellos se le acusa recurrentemente de inversiones dudosas e ilegales, lavado de dinero y malversación de fondos.

Al Vaticano lo persigue la maldición de Marcinkus y Calvi, los banqueros de Dios. Fines de los 70 y principios de los 80, el escándalo fue mayúsculo. El arzobispo Paul Marcinkus responsable de las finanzas del Vaticano, nombrado por Paulo VI, se asoció con Roberto Calvi, propietario del Banco Ambrosiano, en actividades financieras delictivas. Así lo denunció, bajo presión penal, el banquero Michael Sindona ligado a la mafia y a la masonería. Lavado, paraísos fiscales, evasión, inversiones clandestinas, sobornos. El episodio termina con el drama del asesinato de Calvi en 1982, colgado de un puente en Londres pretendiendo aparentar un suicidio.

Bajo el pontificado de Benedicto XVI (2005-13) resurgen intrigas y acusaciones de corrupción financiera entre bandos opositores de la curia, episodio denominado Vatileaks. Francisco no ha podido sacudir el estigma de la malversación de los recursos de la Iglesia. Por el contrario, no ha tenido aciertos en nombrar a sus colaboradores. Está el caso del cardenal George Pell, número dos de la curia, envuelto en denuncias por abusos sexuales en Australia. En 2015, otro caso, el prelado español del Opus Dei, Lucio Ángel Vallejo Balda.

Las finanzas del Vaticano presentan números rojos. Perdió 48 millones de euros en ingresos en 2020 por la pandemia y prevé un déficit de 50 millones en 2021. Pero es lo menos grave, de seguir así, estará en quiebra financiera absoluta para 2024. Esta es la principal advertencia del libro Giudizio universale (Juicio universal), del periodista Gianluigi Nuzzi, un estudio minucioso de la economía de la Santa Sede. El libro establece que, debido a la crisis de credibilidad, por abusos sexuales y escándalos de poder, las donaciones enviadas al Vaticano se han reducido drásticamente. De sus propiedades, cerca de mil edificios están vacíos, mientras otros se ocupan sin cargo. La mala gestión de las propiedades, dice Nuzzi, agrega pérdida de 25 millones de euros anuales. Sume usted la estructura financiera vaticana minada por la corrupción. El Papa ha enfrentado la corrupción financiera, los privilegios y abusos de altos miembros de curia que sólo defienden sus intereses y son un polo de resistencia y confrontación contra el pontífice. Las finanzas y la corrupción interna son focos de vulnerabilidad para las reformas que anhela Francisco.

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Miércoles, 04 Agosto 2021 05:52

Líbano en caída libre

Líbano en caída libre

Cuando el 4 de agosto de 2020 explotaron 552 toneladas de nitrato de amonio en el puerto de su capital, Líbano ya estaba atravesando una crisis política y económica debido a la pandemia y a la falta de legitimidad de su clase política, en jaque por la serie de manifestaciones que comenzaron en octubre de 2019. A los habituales cortes de electricidad y faltantes de bienes de primera necesidad se le sumaron el desplome de la moneda y un corralito que debilitó la actividad económica.

La explosión complicó aún más el escenario, llevándose la vida de más de 200 personas, hiriendo a miles y dejando sin hogar a cientos de miles y para muchos fue la evidencia del fracaso de todo el sistema político e institucional. El gobierno, paralizado hace 9 meses por la falta de acuerdos internos, pero sobre todo por la puja de intereses entre los líderes de las sectas que lo conforman, prometió una investigación que tendría sus primeros resultados a los 5 días, pero luego de un año aún no se dieron a conocer las responsabilidades del caso y hace pocos días la policía reprimió brutalmente a un grupo de familiares de víctimas que pedían justicia.

La crisis libanesa no se debe sólo a factores internos. Por su propia ubicación geográfica y su composición demográfico-política, este pequeño país de Medio Oriente ha sido desde mediados del siglo XX el epicentro de las intrigas e intereses de diferentes sectores que llevaron al país a la guerra civil (1975-1990) y la creación de Hezbollah en 1982, convertida años más tarde en un partido político con ejército propio, con el apoyo de Irán y Siria. La guerra comenzada en este vecino país en 2011 complejizó aún más el escenario ya que mientras los milicianos de Hezbollah participan en apoyo a la dictadura de al-Assad, más de un millón de sirios que huyeron de la guerra se refugian actualmente en Líbano sumándose a los miles de palestinos, iraquíes y kurdos desplazados por otros conflictos en la región.

El crecimiento y la hegemonía de la agrupación -tanto territorial como política- hace que cualquier posible acuerdo político lo beneficie, y a ello se debe en gran parte la parálisis gubernamental por las presiones de otro actor que disputa la hegemonía en la región; Arabia Saudita, que apoya al sector sunnita. Otro actor interesado en mantener su presencia en el país es Francia, que hoy impulsa una nueva conferencia de donantes para recaudar fondos, la sexta del tipo en los últimos 20 años, la mayoría con condiciones de reformas que nunca se realizaron y a través de las cuales busca mantener su presencia colonial en el país y su rol como baluarte de la civilización occidental.

Si bien los interesados en mantener el statu quo en el país han forjado una clase política capaz de reinventarse y subsistir, el pueblo libanés también ha sabido hacerlo y, a pesar de las incontables dificultades, se ha organizado para sobrevivir a este nuevo trauma social. Aquel día de la explosión miles de personas de todos los puntos del país llegaron a Beirut para ayudar a quitar el vidrio y el polvo que había quedado desparramado por la ciudad, ofrecer viandas y cobijo a los damnificados. Esta red de contención fue fundamental a lo largo de este año y se articula con aquellos sectores que comenzaron en 2019 a pedir una apertura del sistema político que los incluya; estudiantes, trabajadores, organizaciones de derechos humanos y feministas, pueden fortalecerse en esta crisis para construir una alternativa política que salve al país del abismo.

Por Carolina Bracco

03/08/2021

Carolina Bracco es politóloga y doctora en Culturas Árabe y Hebrea. Profesora en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

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Martes, 03 Agosto 2021 06:15

México: el referéndum que no fue

México: el referéndum que no fue

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador llamó a un referéndum para juzgar a los ex-presidentes. La escasa afluencia electoral evidenció que la consulta popular solo fue acompañada por el núcleo duro que acompaña al presidente. Se perdió, así, la oportunidad para la realización de un verdadero desagravio colectivo.

El 1 de agosto los mexicanos fueron convocados a las urnas. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador impulsó una consulta popular para enjuiciar a los ex-presidentes del país. Sin embargo, solo 6,5 millones de personas, menos de 8% del electorado, fueron a votar. Quienes concurrieron a las urnas se expresaron casi unánimemente a favor del juicio a los ex-mandatarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) que gobernaron durante las últimas tres décadas: Carlos Salinas (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Se trató de una votación masiva, pero que se encuentra muy por debajo del 40% necesario para que la consulta popular tenga carácter vinculante. Esto explica la razón por la que ha sido leída como una derrota del obradorismo, aun cuando los obradoristas la consideran un éxito. Pero si bien los millones que acudieron a las urnas mostraron que existe una sensibilidad respecto de la impunidad y la justicia y una disposición a la participación, está lejos de que se pueda considerar como un triunfo del gobierno. La baja asistencia electoral y las interferencias que viciaron el proceso de ejercicio democrático así lo indican.

La ambigüedad de la propuesta inicial se colocaba, desde el inicio, en una línea débil entre legitimidad y legalidad, ya que sugería la posibilidad de revertir la impunidad a través de un juicio político (una Comisión de la Verdad o un Tribunal Popular), pero también de abrir el camino a «liberar» acciones legales que, de tener sustento jurídico, debieran perseguirse de oficio, sin necesidad de un referéndum. Desde un inicio la consulta se podía leer, alternativamente, como una forma de «justicialismo» simbólico o como un intento de legitimar en las urnas el recurso a la legalidad. Ambas lecturas son reveladoras de la condición real y de las percepciones del Estado de derecho reinante en México.

Por otra parte, diversos poderes –institucionales y fácticos– obstaculizaron el proceso. La Corte Suprema difirió la fecha para que no coincidiera con las elecciones intermedias de junio pasado, a la vez que modificó la pregunta haciéndola más abstracta y confusa. La última redacción preguntaba: «¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?».

Por su parte, el Instituto Nacional Electoral (INE) no fomentó la asistencia a las urnas, argumentando falta de recursos, al tiempo que frenó la campaña de los promotores. El partido mayoritario, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), aceptó el cambio de fecha y de pregunta para no retrasar el proceso y, sin convicción, con el desgaste de la elección intermedia a cuestas, llamó a votar, pero sin saber ni querer movilizar más allá de las inercias propias de una maquinaria electoral de corte tradicional.

La consulta fue, a fin de cuentas, otra oportunidad fallida de Morena de lograr un protagonismo y no figurar como una simple emanación del carisma presidencial o una agencia de distribución de cuadros y funcionarios en los distintos ámbitos de representación o de la administración pública. Por su parte, el presidente López Obrador no quiso meterse en la contienda para resguardar su figura institucional (incluso no fue a votar), a pesar de que el tema del juicio a los ex-presidentes emana directamente de su caracterización del neoliberalismo como corrupción y despojo del sector público por parte de la que denomina «la mafia del poder». Por último, la arremetida de la prensa opositora y del ejército de opinólogos y «comentócratas» que son las voces –y hacen las veces– de una oposición partidaria desacreditada, sin proyecto, liderazgos ni bases organizadas, hizo lo propio descalificando el proceso y llamando a la abstención.

En estas condiciones adversas, la gran mayoría de la población no fue a votar por desidia o desinterés, por ser opositores a la Cuarta Transformación o por estar decepcionados por tres años de malabarismos progresistas-conservadores. Los casi siete millones que fueron a las urnas, descontando el décimo que votó en contra, corresponden a la base dura del obradorismo, tanto la ideológica como la clientelar, a la cual hay que sumar a aquellos sectores progresistas y de izquierda, activos y conscientes, más o menos (des)organizados, que no pertenecen orgánicamente al campo obradorista pero que fueron parte de las luchas antineoliberales de las décadas pasadas y de las que están en curso.

Sorprendente, en este sentido, ha sido el llamado a votar del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), así como de otras organizaciones más o menos independientes del obradorismo, en particular las que fueron víctimas de represión o las que representan a sectores afectados por las decisiones políticas del gobierno. También ha sido manifiesta la participación espontánea de muchos ciudadanos que vivieron y padecieron los sexenios de los presidentes anteriores, sintiéndose agraviados en sus creencias y en sus condiciones de existencia.

Más allá de la pequeña política, dos sentidos profundos de la consulta permiten sopesar lo que quiso ser y lo que fue solo en parte, dejando la sensación de un ejercicio fallido. El de fondo es que se trataba de un necesario desagravio colectivo. El de forma implicaba la apertura de una instancia institucional de democracia participativa.

La consulta popular sobre el juicio a los ex-presidentes quería y podía ser el acto de apertura de un proceso de desagravio. En efecto, la memoria colectiva registra tres décadas de historia nacional marcadas por un serie interminable de agravios que un connotado intelectual obradorista, Pedro Miguel, trató de enlistar en un artículo en La Jornada. Todo aquellos que fueron (fuimos) parte de esta historia de abusos de poder y de despojo de lo público, y de las resistencias y las luchas que le correspondieron, se sintieron interpelados por una consulta que pretendía revertir la impunidad de los responsables y sufrieron las interferencias que finalmente la hicieron descarrillar.

En un país presidencialista en el que la concentración real y simbólica del poder en una figura unipersonal sexenal es parte del ritual constitutivo del poder estatal, el odio hacia los ex-presidentes es parte de sentimientos políticos difusos y persistentes. Esto no deja de distorsionar la percepción de la real conformación del poder político, el andamiaje tecnocrático y partidario, el entramado con los poderes fácticos. Valga la ironía de la historia de que, en el discurso obradorista que acompañó la consulta, Salinas era acusado del fraude de 1988 por el que resultó electo, sin contemplar que, en su realización, jugó un papel protagónico el secretario de gobernación de aquel entonces, Manuel Bartlett, hoy aliado de López Obrador e integrante de su gobierno.

En todo caso, el resultado de la consulta, más allá del triunfalismo de López Obrador –para quien todo siempre es un éxito– trunca el camino institucional de un posible desagravio colectivo al restarle legitimidad al camino propiamente judicial que apuntaba a desmantelar las ataduras que garantizan la impunidad de los ex-presidentes. Al mismo tiempo, es evidente que los millones que fueron a votar demuestran la existencia y el peso de un sentimiento difuso y de una voluntad política que serían más que suficientes para justificar la apertura de un ejercicio de memoria colectiva y de juicio político.

Por otro lado, la consulta popular representaba la inauguración de una forma de democracia participativa que había tenido sus antecedentes más relevantes en algunas convocatorias masivas de corte antineoliberal en la segunda mitad de la década de 1990, promovidas y realizadas por movimientos sociales y partidos opositores: el zapatismo, que hizo de este formato una práctica recurrente y distintiva, pero también el movimiento universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 1999-2000 y el mismo Partido de la Revolución Democrática (PRD), entonces encabezado por López Obrador, en contra de la deuda contraída por el gobierno de Zedillo, en una consulta en la que votaron tres millones de personas.

Por otra parte, hay que señalar que, en la retórica obradorista actual, parece confundirse la idea general de democracia participativa con el simple instrumento de la consulta popular, sin considerar otras prácticas como, por ejemplo, el presupuesto participativo (reducido actualmente a microprácticas hiperburocratizadas en la Ciudad de México), la democratización de los espacios laborales y educativos, la participación asamblearia comunitaria o territorial y el reconocimiento de dinámicas autónomas de organización como formas de participación y democracia directa. Así que, como respuesta inmediata a la decepción respecto de los resultados de la consulta, el obradorismo, después del ritual triunfalista, se proyectó hacia delante. López Obrador declaró que, en ocasión de la consulta de revocación de mandato prevista para marzo de 2022, la participación será masiva, y el líder nacional de Morena, Mario Delgado, propuso legislar sobre esta modalidad específica y no, por ejemplo, modificar la ley actual de consulta que fue elaborada durante el sexenio de Peña Nieto. Amén de la apertura de otras formas de democracia participativa, la próxima convocatoria, ligada a la continuidad de la figura unipersonal del presidente de turno, teñirá inevitablemente de una lógica plebiscitaria el uso incipiente de la forma referéndum.

En conclusión, una consulta que podía ser un importante acto político, una señal de un viraje significativo, aun limitado y relativo, respecto del historial de agravios e impunidad de las últimas tres décadas y de apertura de nuevas formas de participación política, resultó, por una serie de factores y de responsabilidades que incluyen a los mismos promotores, en un ejercicio fallido que corre el riesgo de asentar un antecedente negativo e inhibir el desarrollo de futuras consultas populares que no sean de carácter estrictamente plebiscitario. 

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