"Ni la nieve, ni la lluvia, ni el calor ni la oscuridad de la noche impedirán a estos carteros completar con celeridad sus rondas asignadas" reza el lema no oficial del Servicio de Correos de Estados Unidos. Ahora podríamos agregar: "ni una zona de exclusión aérea de seguridad nacional", como demostró el cartero Doug Hughes. Hughes hizo lo que consideró era su deber: llevar cartas. Tenía 535, una para cada miembro del Congreso, y cada una de ellas estaba firmada por él. En ellas, Hughes escribió sobre la influencia corruptora del dinero en la política y optó por un método de muy alto perfil para entregarlas. Piloteó un helicóptero del tamaño de una bicicleta llamado "girocóptero" a lo largo de 160 km., desde Maryland hasta Washington, y aterrizó en la explanada oeste del Capitolio de Estados Unidos, atravesando espacio aéreo restringido.

La aeronave de Hughes podría haber sido derribada. Le pregunté si valió la pena haber asumido ese riesgo, a lo que respondió: "Soy padre y abuelo y puedo ver el cambio que hubo a lo largo de las últimas décadas. Hemos pasado de una democracia a una plutocracia. Los peces gordos están tomando las decisiones. Están consiguiendo todo lo que quieren y los votantes lo saben. Todo el espectro político, los de izquierda, los de derecha y los de centro, saben que este Congreso no representa al pueblo. Y sí, valió la pena arriesgar mi vida, valió la pena arriesgar mi libertad a fin de lograr una reforma para que el Congreso trabaje para el pueblo".

La carta de Hughes comienza con una cita del Secretario de Estado. Hughes escribió: "Lean la siguiente declaración de John Kerry en su discurso de despedida del Senado: 'Considero que la búsqueda interminable del dinero amenaza con robarnos la democracia. Ellos lo saben. Saben que lo sabemos y, sin embargo, no se hace nada al respecto', afirma John Kerry". Hughes continúa su carta con un análisis del modo en que el dinero corrompe el trabajo de los miembros del Congreso "antes de ser electos, durante y después de su mandato", escribió.

El espectacular modo que encontró Hughes para entregar sus cartas no pasó inadvertido. La mayoría de los medios de comunicación simplemente ignoraron el mensaje que este cartero estaba intentando entregar y se centraron, en cambio, en que su espectacular aterrizaje dejó en evidencia la vulnerabilidad de la seguridad. Resulta interesante que su acción no fuera del todo condenada por quienes trabajan en el Capitolio.

El legislador republicano de Carolina del Norte Walter Jones dijo en la Cámara de Representantes de Estados Unidos: "No defiendo violar el espacio aéreo restringido y arriesgar a personas inocentes al volar un girocóptero en el predio del Capitolio. El Sr. Hughes tiene razón con respecto a la fuerte influencia del dinero en la política. He visto cómo ha empeorado esta situación en los veinte años que llevo en el Congreso. La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso de Citizens United en 201o, en relación con el financiamiento de las campañas, creó comités especiales, los llamados súper PAC, y multimillonarios que compran candidatos".

El fallo de la Corte Suprema de 2010 al que se refiere Jones, Citizens United contra la Comisión de Elecciones Federales (FEC, por sus siglas en inglés), y un fallo posterior de 2014, McCutcheon contra la FEC, dieron vía libre a las donaciones ilimitadas para el financiamiento de las campañas electorales, incluyendo la posibilidad del financiamiento a través de fondos que no pueden ser rastreados, conocidos como "dinero oscuro". El gasto de grupos externos en las campañas explotó, pasando de 15 millones de dólares en 1998 a más de 1.000 millones de dólares en 2012. Y entre las arcas de Clinton y el efectivo de los hermanos Koch, la crisis empeorará cada vez más mientras se prepara la campaña electoral de las elecciones presidenciales de 2016. Hughes apoya una reforma constitucional que elimine la influencia del dinero en la política.

Al día siguiente de que Hughes aterrizara su girocóptero en el Capitolio, le pregunté al congresista demócrata de Florida Alan Grayson qué pensaba sobre la protesta del cartero contra la influencia del dinero en la política: "De hecho me encontraba en la sala de la Corte cuando se emitió la desastrosa decisión de Citizens United hace cinco años. Mitch McConnell, [en ese etonces congresista republicano y ahora líder de la mayoría del Senado], se encontraba a dos asientos a mi izquierda. Éramos los únicos funcionarios públicos en la sala. Mitch McConnell estaba más feliz que nunca aquel día. Estaba literalmente riendo de alegría cuando se emitió el fallo. Y yo dije en MSNBC aquella noche hace cinco años que si no hacíamos nada, podíamos comenzar a despedirnos de este país. Bueno, prepárense porque ahora mismo son los multimillonarios y las multinacionales los que toman las decisiones con respecto a lo que quieren, ya sea el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica, la vía rápida, o cualquier cosa que quieran. Logran rescates financieros, exenciones impositivas. Obtienen la llamada desregulación, lo que sea. Obtienen lo que quieren aquí porque están pagando por ello".

Doug Hughes está actualmente bajo arresto domiciliario en Florida. De ser hallado culpable, afrontaría una pena de cuatro años de prisión. Tiene tres hijos. Tenía cuatro, pero uno se suicidó en 2012. Le pregunté a Doug Hughes si el suicidio de su hijo tuvo que ver con su acción, a lo que respondió: "Su muerte no tuvo sentido. Fue un desperdicio. Tenía tanto potencial. Pensé en lo que había hecho yo, en lo que había logrado y contribuido y pensé qué país y qué mundo vamos a dejar si las cosas continúan como están. Tengo [otros tres] hijos. Tengo dos hijos adultos y una niña de 11 años. Quiero dejarles una verdadera democracia para que puedan tener el control sobre su destino y el destino de sus hijos. Y ahora mismo están perdiendo esa posibilidad. Estamos perdiendo esa posibilidad. Y depende de nosotros restablecer la democracia. Podemos encontrar soluciones a los problemas que tenemos, si las personas tienen el control".

Independientemente de lo que suceda, este cartero ha entregado su mensaje y ha completado sus rondas asignadas.
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Traducción al español del texto en inglés: Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Desde el 13 de abril a las dos de la tarde, cinco trabajadores de Coca Cola realizan una huelga de hambre para que el Estado intervenga y cree una mesa de diálogo con la reconocida compañía.

En la Plaza de Bolívar de Bogotá permanecen cinco trabajadores de Coca Cola, afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (Sinaltrainal). Ellos, en representación de sus compañeros, decidieron dejar de comer hasta que se conforme una mesa de diálogo con la multinacional, en donde intervenga el Estado y se discutan cuatro puntos importantes.

"Uno es la violación a todos los derechos convencionales de los trabajadores, el problema de seguridad que hoy enfrentamos los trabajadores, el problema ambiental que ha creado la compañía alrededor de los humedales y el problema de salud, que por las malas prácticas –a causa de la falta de un programa de salud ocupacional–, se accidentan y han quedado lisiados, a lo cual, la empresa no responde", dice William Mendoza, dirigente de Sinaltrainal.

Mendoza explica que los despidos injustificados dentro de la compañía son costumbre, "Hace un mes despidieron cuarenta trabajadores de la administración. Antes éramos diez mil trabajadores, ahora solo somos alrededor de siete mil, pero más de la mitad de esos trabajadores están tercerizados. Es decir, más del 50% de los trabajadores han salido por varias figuras: uno, los despidos, dos, lo que tiene que ver con los "arreglos voluntarios" y tres, salen porque no aguantan la presión de la empresa".

Por su parte, el Gobierno Distrital ha colaborado con la protesta, dice Mendoza, el cual ha garantizado de manera efectiva el derecho a la huelga. Por el tipo de iniciativa, en las mañanas y en las noches, el cuerpo médico del Distrito ha monitoreado la salud de los trabajadores.

El Dirigente, afirma que acudieron a la huelga de hambre porque han intentado obtener respuestas a sus quejas por parte de las entidades estatales, pero no lograron nada. Por tal razón, se tomó esa decisión

"Queremos que se cree una mesa nacional en donde estén obviamente las partes del conflicto: Coca Cola, y el sindicato pero con las autoridades para que estén, dependiendo de los puntos que se toquen. Por ejemplo, en la mesa nacional, si se está afrontando el tema laboral, obviamente queremos que esté el Ministerio del Trabajo", explica Mendoza.
Su lucha, como tantas otras que han liderado los trabjadores en Colombia en defensa de sus derechos, llega hasta el extremo de atentar contra la salud de quienes resisten. ¿Hasta cuándo, el modelo económico y laboral del país, obligará a quienes marcan tarjeta a llegar a este tipo de extremos?

Con un llamado internacional a boicotear los productos de Chevron, el presidente ecuatoriano Rafael Correa lanzó la campaña "la mano sucia de Chevron", el pasado 17 de septiembre, en rechazo a los intentos de la empresa petrolera norteamericana de evadir su responsabilidad por la contaminación petrolera en la cuenca amazónica.

Chevron está empeñada en evitar la ejecución de la sentencia de la corte de justicia de Lago Agrio (ciudad ubicada en el Oriente ecuatoriano), que le ordena pagar cerca de 19 mil millones de dólares para limpiar la zona afectada y prestar servicios de salud y agua potable a sus habitantes. Con este propósito, según Correa, Chevron ya ha gastado más de 400 millones de dólares en una campaña contra Ecuador y ha contratado decenas de empresas de lobistas y unos 900 abogados.

En una visita a una piscina tóxica cerca del pozo petrolero Aguarico 4, operado décadas atrás por Texaco, Correa dio a conocer que como ésta hay unas mil piscinas que esta empresa (que se fusionó con Chevron en 2001) dejó abiertas, en cerca de tres décadas de explotación petrolera en la selva amazónica, entre 1964 y 1992. Se estima que vertió en las piscinas unos 18 mil millones de galones de agua contaminada con petróleo, que sigue filtrándose en la tierra o se derrama durante los aguaceros, además de otros 17 millones de galones de petróleo que se derramó en accidentes; estas cantidades hacen que el daño total sea mucho mayor que el derrame de Exxon Valdez en Alaska, o por el provocado por British Petroleum en el Golfo de México. "Es uno de los desastres ambientales más graves de la humanidad ", aseveró Correa.

La filtración de elementos tóxicos en las tierras, arroyos y ríos, en un área de unas 480 mil hectáreas, contaminó el agua que usaba la población local, devastó la vida silvestre y afectó la producción agropecuaria. Se han registrado números casos de cáncer, con más de mil muertos, graves casos de afectación de la piel, muerte de animales, entre muchos otros problemas.

En la época ya existían normas y tecnologías más adecuadas para proteger el ambiente, por ejemplo con el uso de piscinas selladas y técnicas de limpieza de derrames, pero Texaco no las utilizó para ahorrar entre 2 y 3 dólares por barril en los costos de producción. Durante el juicio en Lago Agrio, se inspeccionaron 54 centros de producción donde se constató niveles de contaminación muy por encima de las normas ecuatorianas e internacionales de la época. En el momento en que Texaco operó, la norma ecuatoriana para el volumen de hidrocarburos totales de petróleo en el suelo y el agua era diez veces más blanda que la norma vigente en EE.UU., pero aun así, la contaminación hallada en los 54 sitios fue en promedio 20 veces mayor que la norma ecuatoriana, llegando, en algunos sitios, a un nivel hasta 900 veces mayor.(1)

Correa llamó a los accionistas de Chevron a no ser cómplices indirectos de una empresa que no sólo ha demostrado irresponsabilidad absoluta, sino que ahora quiere la impunidad.

Acciones ante las cortes

A partir de 1993, un grupo de ciudadanos afectados por la contaminación presentó una demanda privada en Nueva York por la contaminación y afectación a la salud, a nombre de unos 30.000 habitantes de la zona, en su mayoría indígenas. Durante nueve años, Chevron buscó bloquear el juicio, argumentando que éste debía presentarse en Ecuador; los demandantes presumen que la empresa consideró que la corte ecuatoriana sería más fácil de manipular. Finalmente logró su propósito; el juez de Nueva York desistió de conocer el caso pero dijo que Chevron debía aceptar el veredicto de la corte ecuatoriana. Cuando en 2011 y 2012, luego de casi dos décadas de litigios, el veredicto de Lago Agrio salió desfavorable a la empresa, ésta se negó a acatarlo y emprendió nuevas acciones legales para tratar de bloquearlo, junto con la campaña de desprestigio al gobierno, a la corte, y a los demandantes y sus abogados. Entre sus principales preocupaciones está la de impedir que sus bienes puedan ser embargados en otro país para cumplir con el pago, siendo que en Ecuador ya no tiene bienes.

Por un lado, la empresa inició un nuevo juicio en un tribunal federal de Nueva York, alegando que la sentencia ecuatoriana se obtuvo ilegítimamente, con actos de corrupción. Por otro, acudió al tribunal de arbitraje de La Haya por una supuesta violación del Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) entre Ecuador y EEUU, alegando que Ecuador no debía permitir que se lleve a cabo el juicio de Lago Agrio. Lo insólito es que el tribunal se haya declarado competente para juzgar el caso, lo que implica aplicar retroactivamente el TBI que entró en vigencia en 1997, cinco años después de que Texaco-Chevron ya había abandonado el país. También llama la atención que, entre sus primeros laudos, el tribunal haya ordenado al gobierno ecuatoriano tomar las medidas necesarias para suspender u obtener la suspensión de la ejecución de la sentencia de Lago Agrio, sea en Ecuador o en otros países, haciendo caso omiso de la independencia de las funciones del Estado.

"Es un caso emblemático que demuestra lo injusto y lo inmoral del orden internacional, donde existe la supremacía total del capital de las transnacionales sobre los pueblos, sobre las sociedades, las naciones", denunció Correa.

Chevron alega que los acuerdos firmados con el gobierno de Ecuador en 1995 y 1998 -en el periodo de gobiernos neoliberales- que dan por finiquitados el contrato y las obligaciones de la empresa, liberan a ésta de enfrentar cualquier otro reclamo, con lo cual tratan de traspasar al Estado ecuatoriano la responsabilidad de cualquier consecuencia derivada del juicio de Lago Agrio. No obstante, el mismo día del lanzamiento de la campaña ecuatoriana, el Tribunal de La Haya emitió un veredicto parcial en el que concluye que dichos acuerdos no impiden que terceras personas puedan presentar reclamaciones en defensa de sus derechos individuales, aunque reconoce que podría impedir reclamos "colectivos" o "difusos". No se pronunció sobre si esta caracterización se aplica al caso que fue ventilado en la corte de Lago Agrio. Las audiencias se reanudarán en enero.

Sin embargo, la petrolera, al día siguiente, declaró en un comunicado (2) que el "tribunal internacional de arbitraje encuentra que Chevron no es responsable ante los reclamos internacionales en Ecuador"; ante ello, el día 20, la procuraduría general del Estado ecuatoriano solicitó al tribunal medidas provisionales para impedir que la empresa prosiga con su campaña de desprestigio contra el país y distorsionando la realidad del laudo arbitral.

Más allá de esta coyuntura inmediata, Ecuador está planteando la necesidad de una reforma del sistema de tribunales de arbitraje de los tratados de inversión y ha propuesto la creación de un tribunal suramericano en el marco de UNASUR que operaría bajo reglas más justas. Se espera la decisión de UNASUR para fines de este año.

En el caso de que Chevron logre bloquear definitivamente la aplicación de la sentencia de Lago Agrio, o alcance una resolución para que sea el Estado ecuatoriano el que deba pagar los daños, esto sería catastrófico para la economía del país. "Chevron quiere quebrar al país", reclamó Correa. El presupuesto anual del Estado ecuatoriano es de unos 26 mil millones de dólares, mientras que Chevron, en 2012, obtuvo ingresos por 230 mil millones de dólares (3), o sea, casi nueve veces el presupuesto del país suramericano.

- Sally Burch es periodista de ALAI.

(1) Summary of Overwhelming Evidence Against Chevron in Ecuador Trial, Amazon Defense Coalition, http://chevrontoxico.com/assets/docs/2012-01-evidence-summary.pdf

(2) http://www.chevron.com/chevron/pressreleases/article/09182013_internationalarbitrationtribunalfindschevronnotliableforenvironmentalclaimsinecuador.news

(3) http://www.chevron.com/annualreport/2012/documents/pdf/Chevron2012AnnualReport.pdf

Buscan acallar la voz de los pueblos y de las mujeres
que denuncian al modelo

Salud y seguridad social: en emergencia

Madres comunitarias: De cero a siempre, sin derechos

La tierra, el territorio y la guerra, en la agenda de las mujeres

Primero vino la muerte, después el entierro y después el olvido. Y después, un mes y medio después, llegaron los especialistas para desenterrar el cadáver y hacer la autopsia. Los especialistas, en este caso, son cuatro de los siete integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la relatora especial para la Libertad de Expresión de ese organismo.

Esta semana estuvieron en Honduras para auscultar el cuerpo social y preparar un informe sobre la muerte de su democracia. No fue un trabajo difícil para veteranos acostumbrados a escuchar a familiares de desaparecidos argentinos, a indígenas bolivianos en condición de servidumbre y a sobrevivientes de las masacres de los paramilitares colombianos.

La causa de muerte de la democracia hondureña estaba cantada: golpe de Estado. Hace un mes y medio militares hondureños secuestraron al presidente electo y lo echaron del país. Así, fulminante, como un ataque al corazón.

La comisión lo explica en términos clínicos:

“Los órganos del sistema interamericano de derechos humanos han sostenido en reiteradas oportunidades que el sistema democrático es la garantía principal para la vigencia de los derechos humanos. En ese sentido, la Comisión considera que únicamente el retorno a la institucionalidad democrática en Honduras permitirá que se den las condiciones para el efectivo cumplimiento de los derechos humanos de todos los habitantes de Honduras”.

Después de un golpe, lo demás es casi automático. El gobierno de facto nace sin legitimidad y sin posibilidades de legitimarse por la vía natural de las urnas. Entonces debe hacerlo a través de la represión, suprimiendo los anticuerpos democráticos. A medida que la resistencia va muriendo, la represión afloja un poco y entonces es posible acercarse al cadáver, que luce desgarrado y deformado, y que huele a putrefacción.

Después de cuatro días de viajes y reuniones por todo el país, en combi y helicóptero, después de abrir una oficina para recabar denuncias en el Hotel Intercontinental, después de hablar con golpistas y golpeados, represores y reprimidos, los especialistas informaron lo que vieron con la asepsia propia del lenguaje diplomático:

“La Comisión confirmó la existencia de un patrón de uso desproporcionado de la fuerza pública, detenciones arbitrarias y control de la información dirigido a limitar la participación política de un sector de la ciudadanía. La Comisión constató la represión ejercida contra las manifestaciones a través de la colocación de retenes militares, la aplicación arbitraria de toques de queda, detenciones de miles de personas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y malas condiciones de detención. De particular gravedad es la muerte de cuatro personas (foto) y varios heridos de arma de fuego... La Comisión recibió información que podría vincular estas muertes con el accionar de agentes del Estado”.

Jamás lo pondrá en sus informes, pero hasta el forense más curtido se conmueve ante un cuerpo tan mutilado. Este cronista habló con dos miembros de la delegación antes de que partiera de Tegucigalpa. ¿Quieren saber lo que vieron? Vieron a una mujer de 25 años que fue detenida el 14 de agosto en medio de una manifestación en San Pedro Sula y llevada a un baldío, donde fue violada consecutivamente por cuatro policías.

Vieron que los policías golpeaban a los manifestantes hombres pero manoseaban a las manifestantes mujeres, mientras les gritaban qué estaban haciendo ahí, en vez de estar cocinando o cuidando a sus hijos.

Vieron a un hombre con la cara deformada que dijo que se había arrodillado con las manos en la nuca en señal de rendición en una marcha en El Paraíso, y que en esa posición lo molieron a culatazos.

Pudieron comprobar la militarización de la sociedad hondureña, especialmente de las alcaldías y las escuelas de los pueblos del interior, donde el gremio docente encabezó la resistencia. Vieron los retenes militares donde fueron fusiladas tres de las cuatro víctimas fatales del golpe. Vieron a jueces cobardes que avalaron lo actuado y a jueces valientes que intentaron, hablar con los prisioneros de los militares, pero fracasaron en el intento.

Vieron a decenas de personas que fueron golpeadas y torturadas en el sótano del Congreso, y que luego fueron juzgadas por “terrorismo”. Vieron que los militares prestaron apoyo a las fuerzas policiales en tareas represivas, y que las de elite Cobra fueron la fuerza de choque utilizada para romper las manifestaciones.

Vieron a periodistas amenazados por el régimen, que contaron cómo los militares tomaron una antena de televisión y cortaron el cable para censurar las transmisiones de Telesur y CNN en las horas cruciales que siguieron al golpe.

Vieron que miles de personas fueron detenidas arbitrariamente con la excusa del toque de queda, que ya no rige en la capital porque ya no hace falta. Vieron aparecer a un desaparecido, de apellido Armendáriz, que no había sido visto desde que la policía se lo llevó después del golpe.

Vieron que la presión económica y diplomática funciona pero no alcanza, y vieron que la restitución del presidente legítimo Manuel Zelaya para lo que queda de su mandato es casi una utopía. Vieron que en dos semanas empieza la campaña electoral y que la participación popular en esa campaña servirá para legitimar al régimen que la promueve.

“La Comisión considera fundamental que el gobierno de facto adopte medidas urgentes para garantizar el derecho a la vida, integridad personal y libertad personal de todas las personas”, advierten los comisionados.

¿Tiene sentido pedirle a un asesino que no siga matando? ¿Vale la pena hacer la autopsia, si la autopsia no lleva a la cárcel a los culpables de esa muerte?

El comisionado argentino Víctor Abramovich dice que sí. Además de los liberados, del aparecido, de los retenes que se levantaron para no empañar la visita, de las manifestaciones que no fueron reprimidas por la misma razón, además de los que hicieron fila en el hotel para que finalmente alguien los escuche, el especialista citó otra razón. “Acá todos los medios dicen que no hubo golpe, sino una sucesión constitucional. Que vengamos nosotros y digamos que hubo un golpe es muy importante”, señaló.

La muerte de una democracia es una muerte contagiosa. Primero infecta a los organismos multilaterales que no pudieron impedirla ni revertirla, después el virus suele prender en el vecindario.

Primero la muerte, después el olvido, después el lamento tardío. Hay gente dentro y fuera de Honduras que sigue luchando para mantener vivos la memoria del fallecido y el sueño de su resurrección. Otros apenas cumplen con el ritual de masajear el corazón del muerto, sabiendo que no servirá de nada. Otros dan vuelta la cara para no espantarse.

La semana que viene llega a Honduras una delegación de seis cancilleres en representación de la OEA. Su objetivo de máxima parece ser la remoción del dictador Goriletti y su reemplazo con un títere del régimen, lo que ellos llaman “la solución intermedia” al Plan Arias. El Plan Arias, vale recordar, se había vendido como “la solución intermedia” a la vuelta de Zelaya. Pero la restitución del presidente legítimo es la única cura posible, la única medicina que receta ese vademécum de la OEA que se llama Carta Democrática.

Por eso, por más que lleguen llenos de bríos y cargados de buenas intenciones, los cancilleres ya lo saben, o lo deberían saber. El muerto está frío, la autopsia está hecha y sólo les queda cumplir con el trámite de firmar el certificado de defunción.

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La Paz, Bolivia. En protesta por los ataques israelíes en la franja de Gaza que han dejado un millar de palestinos muertos, Bolivia y Venezuela anunciaron por separado que rompen relaciones con Israel.

"Quiero informar que Bolivia tenía relaciones diplomáticas con Israel, frente a estos hechos graves de atentado a la vida y a la humanidad, Bolivia rompe relaciones diplomaticas con Israel", dijo Morales.

Por su parte, la cancillería venezolana informó a través de un comunicado que su gobierno -el cual expusló hace una semana al embajador Shlomo Cohen por estos mismos hechos- insistirá ante la comunidad internacional para que los líderes iraelíes sean denunciados ante la Corte Penal Internacional por "crímenes de lesa humanidad".

Indicó que ante la "violación del principio de convivencia pacífica entre los pueblos y la utilización sistemática de la guerra como política de expansión y herramienta de persecución contra el pueblo palestino", el gobierno decidió romper las relaciones diplomáticas con Israel.

Agregó que la conducta de Israel elimina "cualquier posibilidad de justificación de estas acciones atroces y muestran el frío cálculo realizado por el gobierno" israelí.

"El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela hace pública, ante los pueblos y gobiernos del mundo, su indignación por el reiterado desacato y desconocimiento del estado de Israel de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, la última de las cuales fue aprobada el 8 de enero de 2009", se advierte en el comunicado.

Asimismo, calificó de "infame" el comportamiento del gobierno de Israel, que se ha traducido en 19 días de continuos de "bombardeos, el asesinato de más de mil personas y el arrase de la infraestructura de la población de Gaza; una catástrofe humana se está desatando ante los ojos del mundo entero".

"Este repugnante ensañamiento contra la población civil, no es sino fiel ejemplo de la utilización reiterada del terrorismo de Estado por parte de Israel, cobrándose las vidas de los seres más débiles e inocentes: los niños, las mujeres y los ancianos", alertó.