La ONU declaró que un ambiente limpio, saludable y sostenible es un derecho humano

Frente a las consecuencias innegables del cambio climático, la resolución adoptada por el Consejo de Derechos Humanos insta a los Estados a tomar medidas «rápidas y reales» para el cuidado del ambiente y el pleno ejercicio de los derechos. La OMS también emitió un comunicado crítico en el que pide soluciones urgentes en la próxima COP 26.

El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró que un medio ambiente limpio, saludable y sostenible es un derecho humano. Lo hizo a través de una resolución impulsada por Costa Rica, Maldivas, Marruecos, Eslovenia y Suiza, que obtuvo 43 votos de apoyo y ningún voto en contra. Sin embargo, Rusia, China, India y Japón se abstuvieron de votar. El Consejo instó a tratar el tema en la Asamblea General y estableció, en una resolución separada, una nueva relatoría dedicada específicamente al impacto del cambio climático en los derechos humanos. La Organización Mundial de la Salud y Amnistía Internacional también emitieron declaraciones que ratifican la perspectiva de derechos humanos ligados íntimamente al respeto a la naturaleza.

El organismo internacional observó que el derecho a un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible está relacionado con otros derechos humanos reconocidos internacionalmente. Los derechos humanos son indivisibles e interrelacionados. En los hechos, la degradación del ambiente daña el ejercicio del derecho a la salud, a la vivienda digna y a la educación, entre otros. Este derecho tiene sus raíces en la Declaración de Estocolmo de 1972. En ese documento, la ONU ya afirmaba que «hemos llegado a un momento de la historia en que debemos orientar nuestros actos en todo el mundo
atendiendo con mayor solicitud a las consecuencias que puedan tener para el medio ambiente
«.

Proteger el medio ambiente, la naturaleza y a las personas que luchan contra el extractivismo

La reciente declaración del Consejo de Derechos Humanos de la ONU alienta a los Estados a que creen capacidades para las actividades de protección del medio ambiente, a fin de cumplir sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos. Se pide, asimismo, que mejoren la cooperación con otros Estados, el resto del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales y regionales, las instituciones nacionales de derechos humanos y las empresas para la implementación del derecho a un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible.

También se les insta a adoptar políticas para el disfrute del derecho a un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, en resguardo de la biodiversidad y los ecosistemas. El documento pone en el contexto de la garantía de los derechos humanos el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tomando en consideración su carácter integrado y multisectorial. Además, invita a la Asamblea General a «examinar» el tema. El derecho a un medioambiente saludable está reconocido jurídicamente en más del 80% de los Estados miembros de la ONU a través de constituciones, leyes, sentencias judiciales y tratados regionales.

El reconocimiento de esta garantía fundamental por el máximo órgano de derechos humanos es el resultado de décadas de ardua lucha de ambientalistas, activistas, pueblos indígenas, científicos y muchos otros actores de la sociedad civil. Este hito significa también protección para quienes luchan contra los extractivismos y la contaminación. Según datos brindados por la propia ONU, solo en 2020 fueron asesinados más de 200 activistas.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó a los Estados a tomar medidas audaces para dar efecto “rápido y real” al derecho a un medio ambiente saludable. En ese sentido, manifestó su intención de que la medida “sirva como trampolín para impulsar políticas económicas, sociales y ambientales transformadoras que protejan a las personas y a la naturaleza”.

A su vez, destacó que la declaración de este derecho reconoce claramente la degradación ambiental y el cambio climático como crisis de derechos humanos interconectadas. Asimismo, continuó, la medida resalta que los segmentos de la población en mayor situación de vulnerabilidad se ven afectados de manera más aguda. Por su parte, la directora ejecutiva del Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA), Inger Andersen, aseveró que la adopción de la resolución es “un hito decisivo para la justicia ambiental”.

La lucha de la sociedad civil por el reconocimiento del cuidado del ambiente como derecho humano

En la previa de la reunión del Consejo de Derechos Humanos, Amnistía Internacional junto a más de 1100 grupos de la sociedad civil y de pueblos indígenas emitió una declaración pública en la que instaba al organismos de la ONU a reconocer un medioambiente seguro, limpio, saludable y sostenible como derecho humano universal. «Cuando millones de personas sufren hambre y desplazamiento debido a los efectos del cambio climático y la degradación ambiental, está más claro que nunca que la vida y la dignidad humanas dependen de un medioambiente saludable», señalaba el documento conjunto, que también exigió a los Estados miembros que mandaten un procedimiento especial de la ONU sobre derechos humanos y cambio climático.

“Los dramáticos efectos del cambio climático han puesto al descubierto, con una claridad devastadora, hasta qué punto un medioambiente saludable es parte integral del disfrute de todos nuestros demás derechos. Es fácil no valorar nuestro planeta hasta que vemos el costo humano de su degradación: hambre, desplazamiento, desempleo, carencia de hogar, enfermedades y muertes”, afirmó Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

El documento encabezado por Amnistía Internacional denunció que «la falta de medidas de los gobiernos para abordar el cambio climático pese a las acuciantes pruebas científicas podría ser la mayor violación de derechos humanos intergeneracional de la Historia». En ese sentido, consideraron que una declaración internacional «animaría a los Estados que aún no reconocen este derecho en sus leyes nacionales a reconocerlo, y motivaría a otros a reforzar su legislación».

La OMS se pronunció sobre «decisiones insostenibles» contra el planeta y la salud

En el Informe especial sobre cambio climático y salud, elaborado por la Organización Mundial de la Salud y publicado ayer en el marco de los preparativos de la 26.ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, expone el llamado de la comunidad mundial de la salud en favor de la acción climática. De esta manera, el cumplimiento de esos objetivos se vincula expresamente con la garantía derecho humano a la salud, razón más que suficiente para sostener la perspectiva de derechos humanos en las políticas ambientales.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, aseguró que «las mismas decisiones insostenibles que están matando a nuestro planeta están matando a las personas». Por este motivo, el organismo sanitario realizó un llamado a todos los países para que se comprometan a tomar medidas decisivas en la COP26 con el fin de limitar el calentamiento mundial a 1,5 °C.

El informe de la OMS se presenta al mismo tiempo que una carta abierta, firmada por más de dos tercios del personal de la salud mundial —300 organizaciones que representan al menos a 45 millones de médicos y profesionales de la salud de todo el mundo—, en la que se pide a los líderes nacionales y a las delegaciones de los países en la COP26 que intensifiquen la acción climática.

En el documento afirma: «La quema de combustibles fósiles nos está matando. El cambio climático es la mayor amenaza para la salud a la que se enfrenta la humanidad. Aunque nadie está a salvo de los impactos del cambio climático sobre la salud, los más vulnerables y desfavorecidos los sufren de forma desproporcionada». Además, sostiene que la contaminación del aire, resultado principalmente de la quema de combustibles fósiles, causa 13 muertes por minuto en todo el mundo.

Por | 20/10/2021

Publicado enMedio Ambiente
La periodista colombiana Jineth Bedoya, en una fotografía de archivo. EFE/Leonardo Muñoz

Más de 21 años después de la agresión a la periodista en la Cárcel Modelo de Bogotá, el tribunal internacional determinó que el Estado deberá pagar

 

Veintiún años después de que la periodista Jineth Bedoya fuera atacada en la Cárcel Modelo de Bogotá y agredida sexualmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) falló a favor de la actual subeditora del diario El Tiempo. Según el tribunal internacional, el Estado colombiano fue responsable no solo del ataque que sufrió Bedoya dentro de la prisión el 25 de mayo del 2000, sino del posterior secuestro en el que fue agredida sexual, física y verbalmente por paramilitares.

“La Corte IDH declaró la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los derechos a la integridad personal, honra y dignidad, libertad de pensamiento y expresión y garantías judiciales en perjuicio de la periodista por la ausencia de investigaciones sobre las amenazas que recibió con carácter previo y de manera posterior a los referidos hechos de 25 de mayo de 2000″, se lee en el resumen de la sentencia publicado por el tribunal este 18 de octubre.

La pelea de Bedoya en los tribunales internacionales está relacionada a dos atentados contra su integridad física y mental que sufrió en su labor como periodista. El primero, como ya se mencionó, ocurrió el 25 de mayo del 2000 y fue orquestada por paramilitares con la intención de detener su cubrimiento del conflicto armado y situación de violencia en la cárcel La Modelo. Allí se documentaron casos de descuartizamiento y desaparición y Bedoya, quien en ese momento trabajaba para el diario El Espectador, fue a investigar el tema.

El segundo caso ocurrió en 2005, cuando ya trabajaba para El Tiempo. La periodista fue retenida por una célula de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) que la liberó después de la presión del diario para el que trabajaba y de la sociedad civil.

Ambas situaciones sucedieron a pesar de que Bedoya había pedido protección al Estado debido a amenazas en su contra. La respuesta que recibió fue que “no estaba en riesgo y no podía recibir un esquema de seguridad”.

Teniendo esto en cuenta, y las otras evidencias aportadas por la periodista, la Corte IDH tomó la decisión de forma unánime.

Además de encontrar responsable al Estado colombiano por los que le sucedió a Bedoya en el año 2000, los magistrados declararon “violación del derecho a la integridad personal, honra y dignidad, garantías judiciales y protección judicial” en perjuicio de Luz Nelly Lima, madre de Bedoya.

En razón de estas violaciones, la Corte IDH ordenó siete medidas esenciales de reparación para resarcir a Bedoya de forma directa y para evitar que se presenten más casos como este en el futuro.

En la lista está promover y continuar las investigaciones que sean necesarias para sancionar a los otros responsables de los actos sucedidos el 25 de mayo del 2000 y los actos de amenazas que ha sufrido. Además, el Estado colombiano deberá pagar las cantidades fijadas en la sentencia por concepto de rehabilitación, daño material, inmaterial y costas.

El Estado también deberá garantizar la difusión del programa transmedia “No es hora de callar”, el cual se transmitirá por el sistema de medios públicos. Este proyecto inició en 2010 y es liderado por Bedoya.

Entre las medidas que se deberán adoptar para evitar casos parecidos en el futuro, la Corte IDH ordenó crear e implementar un plan de capacitación y sensibilización a funcionarios públicos, fuerzas de seguridad y operadores de justicia para garantizar que cuenten con los conocimientos necesarios para identificar casos de violencia contras las mujeres basadas en el género. En este sentido, también deberán diseñar e implementar un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra periodistas, así como de violencia basada en género contra mujeres periodistas.

Por último, el Estado debe crear un centro estatal de memoria y dignificación de todas las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y del periodismo investigativo. Además de un Fondo destinado a la financiación de programas dirigidos a la prevención, protección y asistencia de mujeres periodistas víctimas de violencia.

18 de Octubre de 2021

Publicado enColombia
Trabajadores de Amazon y Google rechazan un contrato que vende "tecnología peligrosa" al Ejército israelí

Carta abierta de más de 400 empleados contra el Proyecto Nimbus

Ambas empresas se comprometen a prestarle a Tel Aviv servicios de almacenamiento en nubes que pueden ser utilizados "para recolectar ilegalmente los datos de palestinos" y seguir expandiendo "los asentamientos ilegales israelíes sobre los territorios de Palestina".

18 de octubre de 2021

Mientras hacen negocios millonarios, Amazon y Google preparan el terreno para que el gobierno israelí vigile con mayor precisión a los palestinos y los expulse de sus tierras. Así lo denunciaron más de 400 trabajadores de los gigantes tecnológicos en una carta abierta publicada en el diario The Guardian, un hecho que pasó casi inadvertido para la prensa internacional. Los firmantes, que no revelaron su identidad por temor a represalias, denuncian que bajo un contrato por alrededor de 1.200 millones de dólares llamado Proyecto Nimbus, Amazon y Google se comprometen a prestarle a Tel Aviv servicios de almacenamiento en nubes que pueden ser utilizados "para recolectar ilegalmente datos de palestinos" y seguir expandiendo "los asentamientos ilegales israelíes sobre los territorios de Palestina": se trataría, en definitiva, de un proyecto que vende "tecnología peligrosa" al ejército israelí

La escalada de violencia en el conflicto entre israelíes y palestinos llegó de esta forma al corazón de Silicon Valley, revelando una división cada vez más profunda entre los empleados de Google y la cultura rígida de las empresas tecnológicas. La situación revela, además, que muchas veces no alcanza con un enorme poderío militar o una fuerte presencia en el terreno para triunfar en un conflicto armado: se hace cada vez más necesario tener una posición dominante en la llamada "guerra de los datos".

Los detalles del Proyecto Nimbus

"No podemos mirar hacia otro lado, ya que los productos que construimos se utilizan para negarle a los palestinos sus derechos básicos, obligar a los palestinos a abandonar sus hogares y atacar a los palestinos en la Franja de Gaza", declararon los trabajadores de Amazon y Google en la carta publicada en The Guardian. Agregan que el Proyecto Nimbus se firmó con el gobierno israelí "la misma semana en que el ejército israelí atacó a los palestinos en la Franja de Gaza, matando a casi 250 personas, entre ellas más de 60 niños". En ese momento, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, declaró que los bombardeos israelíes podrían constituir "crímenes de guerra".

El servicio provisto en la nube de datos favorecería la expansión de los asentamientos israelíes al trabajar codo a codo con la Autoridad de Tierras de Israel (ILA), la agencia gubernamental que administra y asigna las tierras estatales. Como denunciara en su momento Human Rights Watch, la ILA administra políticas territoriales "discriminatorias" que "fomentan el crecimiento y la expansión" de asentamientos predominantemente judíos, mientras acorralan a los palestinos en densos centros de población en "términos marcadamente desiguales".

El contrato del gobierno de Naftali Bennett para hacerse con los servicios de Google y Amazon es por siete años, con la opción de extenderlo por un total de 23. El Proyecto Nimbus prevé la instalación de seis centros de datos en Israel con una inversión de al menos cuatro millones de séquels israelíes (1.230 millones de dólares). Los datos en la nube serán procesados y se almacenarán dentro de las fronteras de Israel.

Los empleados que se manifestaron en el documento sostienen que las dos empresas de tecnología cerraron previamente contratos con instituciones estadounidenses como el Departamento de Defensa, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la policía. "Estos contratos son parte de un patrón perturbador de militarización, falta de transparencia y supervisión", señalan los denunciantes, quienes creen que el acuerdo con el gobierno israelí sigue esa misma línea.

"Cortar los contratos es la única opción ética"

Gabriel Schubiner, ingeniero de software de Google, condenó el contrato firmado con Israel en un artículo publicado en el sitio web de NBC News, exigiendo una respuesta inmediata a las autoridades de la compañía. "En 2019, Google canceló el Proyecto Dragonfly, un motor de búsqueda censurado en China, y se retiró del Proyecto Maven del Pentágono en 2018", recordó Schubiner. El primero recibió una lluvia de críticas por convertirse en una potencial herramienta de las autoridades chinas para censurar el contenido en Internet. Del segundo se sospechaba que podía ayudar al Pentágono a mejorar la precisión de sus ataques militares con drones.

"Los mismos principios deberían aplicarse a los contratos del Proyecto Nimbus y todos los contratos futuros basados ​​en sus consecuencias en el mundo real", remarcó Schubiner y agregó sin vueltas: "Dado que no tenemos la capacidad de garantizar que la tecnología que construimos no se utilice para cometer abusos contra los derechos humanos de los palestinos, cortar los contratos es la única opción ética que les queda a nuestras empresas".

Además de llamar a las empresas a que abandonen el proyecto y sus vínculos con las fuerzas de ocupación israelíes, los empleados de Google y Amazon convocaron "a los trabajadores del sector tecnológico y a la comunidad internacional para que se unan a nosotros en la construcción de un mundo en el que la tecnología promueva la seguridad y la dignidad para todos". Más adelante agregaron, apelando al más básico sentido común: "La tecnología debe usarse para unir a las personas, no para facilitar y afianzar la violencia y la segregación"

Publicado enInternacional
Viernes, 15 Octubre 2021 06:13

Tortura indetenible

Tortura indetenible

La violencia estatal en Venezuela

Desapariciones, golpes, culatazos, asfixia, quemaduras, descargas eléctricas, violencia sexual y, a veces, la muerte. Un mal que ha sido endémico en el país se ha agravado en los últimos años y dispara cada vez más alarmas.

 

La noche del 28 de junio de 2019, el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, de 50 años, retirado de la Armada en 2006 y considerado opositor político, fue llevado ante un tribunal castrense por efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela (DGCIM) para oír cargos de conspiración contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Horas antes lo habían llevado al hospital militar de Caracas, donde el médico certificó que tenía traumatismos en el tórax, la nariz, un dedo, un tobillo, infección en la piel y deshidratación. Acosta ni siquiera pudo articular palabra. Por señas pidió ayuda a su abogado, asintió con la cabeza cuando este le preguntó si había sido torturado y el juez lo vio en tal mal estado que ordenó devolverlo al hospital.

Acosta se desmayó y, según algunos testigos, murió allí mismo, en el estrado. Llegó al hospital sin signos vitales. Un informe forense dio cuenta de que presentaba 38 lesiones, como las fracturas del tabique nasal y un pie, quemaduras, hematomas en varias partes del cuerpo y escoriaciones en hombros, codos y rodillas.

Una semana antes de su muerte, cuando viajaba desde Caracas hacia Guatire, 30 quilómetros al este, su familia perdió todo contacto con él y solo supieron de su paradero cuando se informó que era llevado al tribunal.

Dos oficiales de menor rango, un teniente y un sargento, fueron procesados por homicidio preterintencional y la fiscalía no investigó evidencias de tortura ni responsabilidades mayores en la cadena de mando. El Tribunal Supremo de Justicia ordenó una nueva investigación y un nuevo juicio, con resultados aún esperados, pero solo se responsabiliza a los subalternos.

Este es el corazón del caso Acosta tal como lo recogen informes de la Misión Independiente de Determinación de Hechos sobre el caso Venezuela constituida por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y reportes sucesivos en los dos últimos años de la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet. Esos informes están nutridos de casos, señalamientos y recomendaciones con respecto al tema de la violación de derechos humanos fundamentales en Venezuela, sistemáticamente rechazadas por el gobierno de Maduro, la fiscalía y demás instituciones en la cúpula del Estado.

En paralelo, la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), que la gambiana Fatou Bensouda traspasó en julio al británico Karim Khan, hizo un examen preliminar de la situación de los derechos humanos en Venezuela y llegó «a la conclusión de que la información disponible proporciona una base razonable para creer que desde, al menos, abril de 2017 autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas y personas progubernamentales han cometido crímenes de lesa humanidad», entre ellos, la tortura. Ese reporte abre puertas para un posible encausamiento, ante la justicia penal internacional, de responsables del Estado venezolano y de sus aparatos armados.

VIEJA PRÁCTICA

La tortura en Venezuela «es una práctica que tiene muchos años, y no solo la comete la DGCIM, uno de los organismos más señalados en los últimos cuatro años, sino también el Servicio Bolivariano de Información (la Policía política), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (la Policía judicial), que tiene muchos años practicándola, y se han sumado Policías regionales y municipales», dijo a Brecha Marino Alvarado, quien ha sido coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), posiblemente la más reconocida ONG de derechos humanos en el país.

En el siglo XX, las dictaduras militares de Juan Vicente Gómez (1908-1935) y Marcos Pérez Jiménez (1948-1958) practicaron la tortura contra los detenidos políticos y, en los años sesenta y setenta, lo hicieron unidades militares y policiales que combatían a las guerrillas izquierdistas. En paralelo, fue avanzando la práctica, por parte de las Policías a cargo de combatir los delitos comunes, de torturar a los detenidos para arrancarles confesiones o para infligirles castigos, lo que, junto con los tratos inhumanos y degradantes, se hizo pan de cada día en las prisiones y comisarías. El resultado fue una suerte de institucionalización de esa práctica, que acompañó muchas veces a las ejecuciones extrajudiciales en las redadas o razias policiales y a la represión en las cárceles, que condujo a motines, varias veces saldados con decenas de muertes.

Cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1999, la represión por razones políticas amainó, pero resurgió después de las manifestaciones estudiantiles de 2007. Y, tras la muerte del carismático líder, en 2013, se incrementaron las facultades, la organización, el número de efectivos y el equipamiento de las fuerzas del orden, y se crearon unidades de comandos señalados por ONG humanitarias como perpetradoras de múltiples violaciones a los derechos humanos.

Maduro, quien gobierna desde entonces, ha denunciado, develado y superado complots para derrocarlo o asesinarlo, y en ese contexto se mantiene a cientos de civiles y militares como presos políticos –con frecuencia salen algunos y se aprehende a otros, en una especie de puerta giratoria–. De allí emanan constantes denuncias de torturas y tratos inhumanos (como no permitirles a los presos políticos el acceso a una oportuna atención médica en plena pandemia, por ejemplo), a las que las entidades internacionales de derechos humanos agregan las denuncias de los crímenes perpetrados contra los presos «comunes».

CIFRAS Y GOLPIZAS

Entre 2013 y 2020, el Provea contabilizó 1.267 casos de tortura y la muerte de 76 personas por haber sido torturadas. De estos fallecimientos, 23 ocurrieron en 2019 y cuatro en 2020, cuando también disminuyeron las cifras de otras violaciones a la integridad personal (lesiones, tratos crueles, amenazas, allanamientos ilegales de hogares), que afectaron a 2.700 víctimas en vez de a las 5.200 de 2019. Pero el Provea advierte la probabilidad de un subregistro, porque, junto con las situaciones derivadas de la pandemia y el persistente miedo de las víctimas a denunciar, están la opacidad oficial y el desplome de la prensa independiente para ventilar las denuncias. Por ello, la organización considera que, en general, se mantienen para estas violaciones «los promedios de la era Maduro».

La mayoría de las lesiones infligidas a las víctimas consisten en golpes, patadas, culatazos, descargas eléctricas, crucifixión, violación, peinillazos (golpes con la hoja de un machete) e insultos, según el Provea. Familiares de internos en una cárcel de Barquisimeto, en el centrooeste del país, denunciaron que a los presos se los castiga de madrugada con palizas y colgándolos cabeza abajo con un artefacto que denominan la grúa. Las listas de ejecutores de violaciones las encabezaron el año pasado el cuerpo de vigilantes penitenciarios y los comandos de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana. En 2016 y 2017, el mayor número de casos se atribuyó a organismos militares y comandos policiales. A comienzos de julio, Bachelet dijo que este año su oficina «continúa recibiendo denuncias de torturas y tratos crueles» contra personas detenidas en Venezuela.

LAS MUJERES

A la fecha, según el Foro Penal, una red de abogados que defiende a presos políticos, en Venezuela hay 259 detenidos por razones políticas, de los que 133 son militares. Hay un adolescente y 15 son mujeres. Los familiares denuncian que, como muchas otras detenidas, las presas por razones políticas han sido víctimas de agresiones, amenazas e insultos. Un caso destacado es el de Emirlendris Benítez, detenida en las llanuras al suroeste de Caracas en agosto de 2018, acusada de participar en un intento de magnicidio contra Maduro. Estuvo presa en la DGCIM y permanece en la cárcel de mujeres de Los Teques, cerca de Caracas. Una hermana denunció que «sufrió torturas que le provocaron un aborto», según se enteró al cabo de meses sin saber de la detenida, quien ahora también padece de una hernia y otras dolencias.

En marzo, Marta Valiñas, presidenta de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU, dijo que su equipo investigaba «denuncias de tortura y tratos y penas crueles, incluidas las de actos de violencia sexual y de género contra las personas detenidas». Estudios de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones señalan que las mujeres –2.300 de los 57 mil presos en este país de 28 millones de habitantes– a menudo son víctimas de extorsión por parte de custodios y lideresas negativas en las cárceles, forzándoselas a intercambiar sexo por protección o acceso a suministros esenciales como agua, alimentos, productos de higiene o atención médica.

RÉPLICA

En febrero, ante la Asamblea Nacional (Parlamento), el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, defendió el trabajo de su despacho para encarar los crímenes que padecen los detenidos, pues en el período 2017-2020, dijo, «fueron acusados 1.019 funcionarios y 136 civiles por casos de homicidio, tortura, tratos crueles, tratos inhumanos o degradantes, privación ilegítima de libertad y violaciones de domicilio. En el 16 por ciento de los casos hubo condenas». Además, Saab ofreció colaboración a la CPI. En cambio, calificó como un «panfleto» ofensivo a la institucionalidad venezolana los informes de la Misión de Determinación de Hechos y acusó a sus integrantes de recibir sobornos de gobiernos enemigos del de Caracas.

En 2013, la Asamblea Nacional, entonces dominada por el oficialista Partido Socialista Unido, adoptó la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, promulgada por Maduro. Creó una comisión nacional estatal para prevenir la tortura, adscrita a la Defensoría del Pueblo (que integra uno de los cinco poderes a la cabeza del Estado), le asignó amplias funciones en ese campo y dispuso penas de entre 15 y 25 años para los funcionarios que fueran hallados culpables de tortura.

Evidentemente, la norma ha quedado en el papel. La oficina de Bachelet señaló hace tres meses, por ejemplo, que entre junio de 2020 y abril de 2021 no logró conocer ninguna acción de esa comisión nacional. La Defensoría del Pueblo tampoco se moviliza ante las denuncias de tortura, según organizaciones de derechos humanos, a pesar de que su titular, Alfredo Ruiz, condujo durante años la ONG Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, impulsora de la ley contra la tortura.

EL DRAMA SIGUE

«La mejor prevención es sancionar a los responsables de la tortura, lo que prácticamente no se hace», lamenta Alvarado. Pero, además, señala que ese lunar en la vida venezolana se expande con hechos como la existencia, según denuncias recogidas por organizaciones de derechos humanos, de centros o casas clandestinas para la práctica de la tortura por parte de algunos organismos de seguridad. Otras denuncias refieren, con por lo menos un caso documentado, que algunos grupos paraestatales alineados con el oficialismo, los autodenominados colectivos, han practicado por su cuenta detenciones arbitrarias durante semanas, acompañadas de torturas, de personas de tendencias políticas rivales. Muchos de estos colectivos son agrupaciones solo de trabajo político y comunitario, pero algunos exhiben su condición de grupos armados y controlan la vida de vecindarios enteros en Caracas y otras ciudades.

Alvarado también lamentó recibir denuncias de casos en los que fiscales y jueces presencian torturas a detenidos o se enteran de ellas y hacen la vista gorda, a despecho de que la ley dispone castigar con entre 13 y 23 años de cárcel al funcionario que sea cómplice de ese delito. Y, finalmente, reconoce que la tortura adquiere visibilidad cuando sus víctimas son detenidas por razones políticas, pero casi nunca cuando lo son por delitos comunes, lo que explica de forma parcial la indiferencia de gran parte de la población –por lo demás, en el caso de Venezuela, sumida y absorta en una superposición de crisis económica, política, social y migratoria– a este drama.

Sin embargo, el tema ya se ha instalado en los radares de los sistemas internacionales de derechos humanos. Se trata de delitos que no prescriben y pueden dar lugar a un proceso penal contra responsables del Estado venezolano.

Por Humberto Márquezdesde Caracas 
14 octubre, 2021

Publicado enInternacional
Milicianos de Hezbollah disparan contra grupos armados cristianos en Beirut.. Imagen: AFP

La manifestación fue convocada por el movimientos chiíta Hezbollah y sus aliados de Amal

Los enfrentamientos cerca del Palacio de Justicia de la capital libanesa incluyeron francotiradores y el uso de pistolas, fusiles Kalashnikovs y lanzadoras de granadas. Ya hay nueve detenidos, entre ellos un ciudadano sirio.

15 de octubre de 2021

Al menos seis personas murieron y unas 30 resultaron heridas en Beirut por tiroteos registrados durante una protesta de los movimientos chiitas Hezbollah y sus aliados Amal contra el juez que investiga la explosión en el puerto de la capital libanesaen agosto de 2020. Disparos incesantes y explosiones resonaron cerca del Palacio de Justicia, ante el que se habían reunido centenares de manifestantes, vestidos de negro, algunos de ellos armados. Los enfrentamientos incluyeron francotiradores y el uso de pistolas, fusiles Kalashnikovs y lanzadoras de granadas. Las escenas vividas el jueves, por las que ya hay nueve detenidos, entre ellos un ciudadano sirio, provocaron el miedo a una nueva oleada de violencia sectaria en este país que fue escenario de una guerra civil (1975-1990).

Los detalles de una escena de guerra

Francotiradores apostados en los tejados del barrio capitalino de Tayoune atacaron a un grupo de manifestantes cuando se dirigían a una protesta convocada por Amal y Hezbollah frente al Palacio de Justicia. El ministro de Interior libanés, Bassam Mawlawi, confirmó posteriormente en conferencia de prensa que varias personas recibieron disparos "en la cabeza", lo que confirmaría la hipótesis de los francotiradores, mientras que a los disparos le sumó el lanzamiento de granadas propulsadas por cohetes en la misma zona.

Al ataque le siguieron varias horas de enfrentamientos entre hombres armados chiitas y otros de afiliación aún desconocida, con un saldo de al menos 30 muertos según el último balance de la Cruz Roja. Entre los fallecidos hay una mujer de 24 años que recibió una bala en la cabeza cuando estaba en su casa, dijo un doctor del hospital Sahel, al sur de Beirut.

En las redes sociales circulaban videos de estudiantes escondidos bajo sus pupitres o tirados al suelo en plena clase. "Me escondí con mi primo y mi tía en un espacio de dos metros cuadrados, entre dos habitaciones, por miedo a las balas perdidas", decía Bissan al Fakih, una vecina de la zona.

Temor al sectarismo

El área donde se registraron los disturbios, los peores en años, se ubica cerca de la división entre una zona chiita y otra cristiana que durante la guerra civil libanesa fue escenario de importantes batallas sectarias, lo cual eleva el temor a una posible repetición de aquel conflicto entre grupos religiosos.

En un comunicado conjunto, Hezbollah y Amal acusaron por el ataque a "grupos del (partido cristiano) de las Fuerzas Libanesas desplegados en los barrios y tejados aledaños". Se trata del segundo bloque cristiano del Parlamento libanés y una antigua milicia que operó durante el conflicto que ensangrentó al Líbano.

Sin embargo la formación de Samir Geagea, quien fue un importante comandante durante la contienda y estuvo encarcelado por su participación, negó categóricamente las acusaciones y pidió a las autoridades una "clara y explícita" adjudicación de responsabilidades por la violencia. Las Fuerzas Libanesas culpan por los disturbios a los esfuerzos de Hezbollah por apartar al juez Tarek Bitar de la investigación.

Implosión del gobierno y crisis en el país

Cientos de partidarios de Amal y Hezbollah se congregaron el jueves por la mañana en Beirut al grito de "Fuera Bitar" o "Está jugando con fuego", días después de que el juez de la causa citara a declarar a dos exministros de Amal sospechosos de negligencia en el caso de la explosión del puerto, ocurrida el cuatro de agosto de 2020 debido a cantidades de nitrato de amonio almacenadas de forma irregular. En esa tragedia murieron al menos 214 personas, hubo más de 6.000 heridos y numerosos edificios de la capital terminaron devastados.

Durante la protesta del jueves, los manifestantes quemaron retratos del juez y de la embajadora estadounidense en Líbano, Dorothy Shea. Estos cruentos enfrentamientos coinciden con la presencia en Beirut de la número tres del Departamento de Estado norteamericano, Victoria Nuland. 

Ali Toubi, un abogado que asistió a la movilización, aseguró que apoya a las familias de las víctimas de la explosión en su lucha por llevar ante la justicia a "todos los perpetradores", pero insistió en que el juez actúa de forma "selectiva" y carga contra "gente de un solo color y partido".

El primer ministro Nayib Mikati llamó a mantener la calma y a "no dejarse llevar a la sedición, sin importar el pretexto". Mikati mantuvo reuniones con el presidente de Líbano, Michel Aoun, y el presidente del Parlamento, Nabih Berri, para abordar la situación y pidió una reunión del Consejo de Seguridad libanés en las próximas horas.

Hezbollah y sus aliados chiitas entienden que el juez está politizando la investigación. El martes, el juez Bitar lanzó una orden de detención contra el diputado y exministro de Finanzas Ali Hassan Khalil, miembro de Amal. Acto seguido se vio obligado a suspender la investigación ya que dos exministros presentaron una denuncia contra él ante la justicia, que fue desestimada este jueves, por lo que el magistrado podrá seguir adelante con su trabajo. 

Este asunto está a punto de provocar una implosión del recién formado gobierno libanés, después de un año de bloqueo políticoLas autoridades locales, señaladas por negligencia criminal y abandono, se niegan a autorizar una investigación internacional y son acusadas por las familias de las víctimas y ONGs de obstaculizar a la justicia.

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¿Estados Unidos está experimentando una huelga general no oficial?

Presentamos la última editorial de Robert Reich, exsecretario de Trabajo de Estados Unidos, es profesor de políticas públicas en la Universidad de California en Berkeley y autor de varios libros, además es columnista en el diario británico, The Guardian. Reich no es un izquierdista pero su análisis sobre las huelgas en EE. UU. puede ser de interés a nuestros lectores.

 

En todo el país, la gente se niega a regresar a trabajos de bajos salarios agotadores o abrumadores.


El informe de empleo del viernes pasado del Departamento de Trabajo de EE. UU. provocó una avalancha de titulares sombríos. El New York Times enfatizó el crecimiento de empleos es "débil" y se preocupó de que "los desafíos de contratación que han acosado a los empleadores durante todo el año no se resolverán rápidamente" y "el aumento de los salarios podría aumentar las preocupaciones sobre la inflación". Para CNN, fue "otra decepción". Para Bloomberg, el “informe de empleos de septiembre pierde mucho por segundo mes consecutivo”.

Los medios de comunicación no informaron la gran historia, que en realidad es muy buena: los trabajadores estadounidenses ahora están mostrando sus músculos por primera vez en décadas.

Se podría decir que los trabajadores han declarado una huelga general nacional hasta que obtengan mejores salarios y mejores condiciones laborales.

Nadie lo llama huelga general. Pero a su manera desorganizada, está relacionado con las huelgas organizadas que estallan en todo el país: equipos de cine y televisión de Hollywood, trabajadores de John Deere, mineros de carbón de Alabama, trabajadores de Nabisco, trabajadores de Kellogg, enfermeras en California, trabajadores de la salud en Buffalo.

Los trabajadores estadounidenses, desorganizados u organizados, ahora tienen poder de negociación para hacerlo mejor. Después de un año y medio de pandemia, los consumidores tienen una demanda reprimida de todo tipo de bienes y servicios.

Pero a los empleadores les resulta difícil cubrir puestos.

El informe de empleos del viernes pasado mostró que el número de puestos vacantes alcanzó un nivel récord. La proporción de personas que trabajan o buscan trabajo activamente (la tasa de participación en la fuerza laboral) se ha reducido al 61,6%. También ha disminuido la participación de las personas en sus mejores años laborales, definidos como de 25 a 54 años.

Durante el año pasado, las ofertas de trabajo aumentaron un 62%. Sin embargo, la contratación general ha disminuido.

¿Lo que da?

Otra pista: los estadounidenses también están renunciando a sus trabajos a la tasa más alta registrada. El Departamento de Trabajo informó el martes que unos 4,3 millones de personas renunciaron a sus trabajos en agosto. Eso equivale aproximadamente al 2,9% de la población activa, frente al récord anterior establecido en abril , de alrededor de 4 millones de personas que dejaron de fumar.

En total, alrededor de 4 millones de trabajadores estadounidenses han dejado sus trabajos todos los meses desde la primavera.

Estos números no tienen nada que ver con el fantasma republicano de los beneficios de desempleo adicionales que supuestamente desaniman a la gente a trabajar. Recordatorio: los beneficios adicionales se agotaron el Día del Trabajo.

Los temores renovados de la variante Delta de Covid pueden jugar algún papel. Pero no puede ser el factor más importante. Con la mayoría de los adultos ahora vacunados, las tasas de hospitalizaciones y muertes han disminuido.

Mi opinión: los trabajadores son reacios a regresar o permanecer en sus trabajos anteriores principalmente porque están agotados.

Algunos se han jubilado antes de tiempo. Otros han encontrado formas de llegar a fin de mes además de permanecer en trabajos que aborrecen. Muchos simplemente no quieren volver a trabajos de mierda de bajos salarios, agotadores o abrumadores.

Los medios de comunicación y la mayoría de los economistas miden el éxito de la economía por la cantidad de puestos de trabajo que crea, ignorando la calidad de esos puestos de trabajo. Eso es un gran descuido.

Hace años, cuando era secretario de trabajo, seguía conociendo a trabajadores de todo el país que tenían trabajo de tiempo completo pero que se quejaban de que sus trabajos pagaban muy poco y tenían pocos beneficios, o eran inseguros o requerían horas largas o impredecibles. Muchos dijeron que sus empleadores los trataban mal, los acosaban y no los respetaban.

Desde entonces, estas quejas solo se han vuelto más fuertes, según las encuestas . Para muchos, la pandemia fue el colmo. Los trabajadores están hartos, aniquilados, agotados y agotados. A raíz de tantas dificultades, enfermedades y muertes durante el año pasado, no lo van a soportar más.

Para atraer a los trabajadores, los empleadores están aumentando los salarios y ofreciendo otros incentivos. Las ganancias promedio aumentaron 19 centavos la hora en septiembre y han subido más de $ 1 la hora, o 4.6%, durante el último año.

Claramente, eso no es suficiente.

Corporate America quiere enmarcar esto como una "escasez de mano de obra". Incorrecto. Lo que realmente está sucediendo se describe con mayor precisión como una escasez de salario digno, una escasez de pago por condiciones de vida peligrosas, una escasez de cuidado de niños, una escasez de licencias por enfermedad pagadas y una escasez de atención médica.

A menos que se rectifique esta escasez, muchos estadounidenses no volverán a trabajar pronto. Por eso digo que ya está sucediendo.

Miércoles 13 de octubre

El artículo original en inglés se publicó en The Guardian.

Para profundizar

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Una ola de conflictividad obrera recorre Estados Unidos

Dos semanas de huelga salvaje de los carpinteros de Seattle

Un verano de protestas en la industria de la alimentación de Estados Unidos

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América del Sur: una periferia convulsionada

América del Sur es la región más castigada del planeta como efecto del coronavirus. Una gran depresión económica de arrastre y un creciente malestar social, agravados por la pandemia, hacen al actual estado de convulsión, que se expresa en protestas sociales. Al mismo tiempo, se observa en este delicado escenario un incremento de la presencia de Estados Unidos y de China que, desde diferentes prismas, observan con atención la espiral de inestabilidad e intentan demarcar diversas formas de control.

«Quien ha visto vaciarse todo, casi sabe de qué se llena todo», escribió Antonio Porchia, escritor ítalo-argentino, en 19431. Para una región como América del Sur, que ingresó en un estado de convulsión en 2019 por distintos motivos, que ha visto desmantelados en ese mismo año organismos regionales como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y mecanismos de gobernanza como el Consejo Suramericano de Salud, y que se encuentra más vulnerable y expuesta a la rivalidad entre Estados Unidos y China desde que Washington decidió apostar a frenar la ascendente influencia económica, financiera, comercial y tecnológica de Beijing en su periferia, es una necesidad clave conocer lo que se vació para aspirar a llenarlo. 

Indicar de qué forma y por qué razones América del Sur se ha convertido en la región más castigada del planeta a causa de la pandemia de coronavirus no es una parada sencilla. El momento actual es singular en muchos sentidos. ¿A qué se debe el impacto desproporcionado de la pandemia en la región? ¿En qué medida ello obedece a causas endógenas? ¿Cuáles son los puntos candentes que las principales potencias, Washington y Beijing, están observando? ¿Contribuye la presencia ubicua de potencias extrarregionales a la erupción de este volcán? ¿Cómo se puede canalizar un impulso constructivo centrípeto que no sea meramente restaurador de fórmulas pasadas y responda adecuadamente a los desafíos actuales?

Algo se rompió

A fines de junio de 2021, América del Sur acumula más de 75.000 casos de covid-19 por cada millón de habitantes, casi 10.000 más que América del Norte y por encima de esa cifra respecto a Europa. Los 985.346 muertos contabilizados oficialmente por causa de la enfermedad son equivalentes a una proporción de 25,3% del total mundial, a pesar de que la población sudamericana representa solo 5,5% del total global. Una tesis extendida sobre las razones de este descalabro es que los efectos de la pandemia se habrían agudizado por el mayor costo relativo socioeconómico –en comparación con los países desarrollados– de implementar medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio. Desde el inicio de la pandemia, los gobiernos debieron buscar un delicado equilibrio entre los objetivos de salud pública, cumpliendo a la vez con el mandato conferido por la población para conservar los medios de subsistencia y la actividad económica. Sin embargo, ¿cuáles han sido los condicionantes estructurales previos?

La pandemia de covid-19 llegó a América del Sur con el trasfondo de una gran crisis de arrastre. La región estaba en su peor crisis en casi un siglo antes de 2020. Según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el sexenio 2014-2019 fue uno de los de menor crecimiento desde que hay registro, solo comparable con los que incluyen a la Primera Guerra Mundial o la Gran Depresión. El crecimiento promedio fue de solo 0,3% y el crecimiento por habitante fue negativo. De esa manera, la pandemia llegó en el peor de los escenarios y llevó a la mayor contracción del pib desde 1900 y a que se registrara en América del Sur el desempeño más pobre entre las regiones en desarrollo. Como si esto no bastara, el descalabro social conforma un cóctel explosivo con los desequilibrios económicos. En el último año, la tasa de pobreza alcanzó el 33,7%, la desigualdad en la distribución del ingreso aumentó el equivalente a 2,9% del índice de Gini y la inseguridad alimentaria llegó a 40,4% de la población, lo que significa una proporción de 65 millones de personas2. La situación, por lo tanto, no solo es de declinación, sino de un contrato social fracturado, tal como lo refleja el fuerte deterioro de los indicadores económicos y sociales.

Previo a la pandemia, ya se observaba una considerable inconformidad de los sudamericanos con la persistente desigualdad y una insatisfacción con el funcionamiento de la política. Esto se ha traducido en demandas de mayor igualdad y no discriminación, y en algunos casos, en procesos de movilización social. Las protestas sociales que estallaron a fines de 2019 en Chile, Ecuador y Bolivia siguieron su paso firme en Perú, Brasil y Colombia, pese al contexto de plena ebullición de casos de covid-19. La erupción de este volcán es un subproducto de un creciente malestar social que deviene de la exacerbación de una situación de efervescencia previa, concatenada con una variedad de causas políticas, económicas y sociales. Según un estudio de la Cepal3, el aumento de las frustraciones de la ciudadanía está relacionado con el deterioro socioeconómico, que se traslada a un cuestionamiento generalizado de la distribución del bienestar, el acceso a la salud, la educación o la protección social y la desigualdad social; con las debilidades político-institucionales, que se expresan en una insatisfacción con la representación política; y con la evaluación negativa de las relaciones sociales, manifestada en experiencias de individualismo exacerbado, polarización ideológica y vivencias de discriminación. La fractura está expuesta.

En esa dirección, es menester observar que el concepto de pandemia no solo es insuficiente, sino que podría ser acotado e inútil para demarcar el fin de un evento cuya duración aparentemente será mucho mayor que el tiempo que lleve la inmunización colectiva de América Latina. En el actual contexto, es correcto hablar de «malestar en la sindemia». El concepto de sindemia admite varias acepciones. Una de ellas es la suma de dos o más epidemias concurrentes o secuenciales que exacerban el pronóstico y la carga de una enfermedad. Un ejemplo reciente es el comienzo de la circulación comunitaria y simultánea de las nuevas variantes de covid-19 propias de la región (Lambda y p1) y de otras regiones (Delta). Otra acepción refiere al neologismo creado mediante la unión de las palabras «sinergia» y «epidemia», que fuera acuñado por la antropóloga Merrill Singer a mediados de la década de 19904. Las sindemias son fenómenos biosociales que suelen ser consecuencia de una inequidad sanitaria previa causada por factores como la desigualdad social, la pobreza o la violencia estructural. La figura se parece a una matrioshka, la muñeca icono de la cultura rusa, en la que una pieza madre contiene varias piezas más hasta llegar a la pieza semilla. En ese sentido, la crisis pandémica es solo una capa exterior, mientras que en el núcleo están los desequilibrios económicos, sociales y ambientales.

La región, por lo tanto, inició una nueva década con tres grandes y complejos desafíos: una gran depresión de arrastre, un creciente malestar social expresado en movilizaciones sociales y el impacto de una sindemia cuyo final es todavía incierto. La llegada de la vacuna regeneró esperanzas, pero no solucionó las cuestiones de fondo. Tanto por los problemas estructurales de índole social y económica como a raíz de la pandemia, en la región se experimenta un gran deterioro de las condiciones de vida, que se observa en indicadores objetivos que tienen correlato en expresiones subjetivas de malestar. Mientras América del Sur atraviesa aún el coronavirus con diferentes ritmos de vacunación en los países, ¿estamos ad portas de una nueva ola de inestabilidad social e institucional? ¿Expresan las movilizaciones en Chile, Ecuador, Perú, Brasil y Colombia distintas aristas de una ruptura del contrato social en la región? ¿Qué implicancias tiene y tendrá esta «gran convulsión» en la geopolítica regional?

EE.UU. y la «presencia por evangelización»

Los principales objetivos históricos de Washington en la región han sido garantizar su seguridad y propender a una estabilidad deseada. Para lograrlo, aplicó premios y castigos, políticas de «buena vecindad» y de «gran garrote», mediante un amplio abanico de instrumentos que van desde la ayuda y el financiamiento al recurso a la coerción diplomática, la ocupación física o la instalación de bases militares. Hoy la preocupación palpable de Washington se expresa en la percepción de que las causas de la fragilidad regional pueden ser múltiples, no solo político-institucionales, sino también sociales, económicas y ambientales. Aun en países que demuestran solidez institucional, el deterioro de la situación socioeconómica y/o el malestar social a raíz de la pandemia pueden ser fuente de crisis e inestabilidades varias.

Esta situación de «periferia convulsionada» no solo implica un mayor peso de las relaciones de jerarquía entre centro y periferia, sino también la peculiaridad de que las elites regionales son hoy más vulnerables a la «tensión emocional» que implica la disputa eeuu-China. En 1950, cuatro años después de enviar su famoso cable al secretario de Estado estadounidense George Marshall en el que detallaba sus puntos de vista sobre la Unión Soviética y la política estadounidense al respecto, George Kennan envió otro memorando al secretario de Estado Dean Acheson en el que incluyó una serie de afirmaciones notables sobre la importancia de América Latina para eeuu ante una eventual guerra con la urss5. La relevancia de la región –sostenía Kennan– no guardaba en sustancia relación con la presencia de bases militares, tampoco con la defensa del Canal de Panamá y el reaseguro de la presencia naval en dos océanos; en esencia, radicaba en «la posibilidad de que las actitudes de los latinoamericanos puedan influir en la tendencia política general de la comunidad internacional». En pocas palabras, habría sido un golpe profundo a la moral de Washington que la región se sumase al bando opositor. Estas recomendaciones de Kennan, que apuntaban a restaurar el dominio y la presencia estadounidenses en la región sobre la base de que era importante «mantener la realidad de que somos un gran poder y que los latinoamericanos nos necesitan más de lo que nosotros a ellos», hoy parecen cobrar vigencia6. ¿En qué medida pesa en la actualidad el factor psicológico en la disputa entre eeuu y China? ¿Da esto pie a una suerte de estrategia de evangelización desde Washington sobre los paraísos que ofrece el país del Norte frente al infierno que implicaría para la región alinearse con China?

La «Guía estratégica provisional de seguridad nacional» dada a conocer por el gobierno de Joe Biden el 3 de marzo pasado define a China como «el único competidor», una condición de gran rival que no difiere en esencia de lo expresado por la administración Trump. Si bien el gobierno de Biden inició sus primeros contactos en América Latina con México y Centroamérica como prioridad, ha comprendido, en el marco de la rivalidad con China y la creciente presencia de este país en América del Sur, que es importante desarrollar una estrategia hacia la región que aborde tanto los fenómenos de la convulsión como de la penetración. Las principales señales de alarma en el primer año de gobierno parecen estar en el riesgo de una espiral de inestabilidad regional que genere condiciones para la penetración de actores externos, primordialmente China. Ese diagnóstico aparece también en una alocución del 16 de marzo pasado del jefe del Comando Sur, Craig Faller:

Hay una espiral acelerada de inestabilidad que se apodera de la región a medida que la pandemia ha aumentado la fragilidad. América Latina y el Caribe han sufrido una de las tasas de mortalidad por covid-19 más altas del mundo, y durante mis viajes a la región, fui testigo de la profunda tensión física y emocional que están experimentando las naciones. (…) Inmediatamente después de las protestas públicas generalizadas contra los gobiernos en toda la región a fines de 2019, estas pérdidas por el covid-19, junto con agravantes socioeconómicos de larga data y corrupción, han creado las condiciones para una inestabilidad y disturbios aún mayores entre nuestros países socios. Estas condiciones crean una región más frágil que sirve como terreno fértil para que nuestros competidores promuevan sus propios intereses, tanto malignos como legítimos, lo que hace que este desafío sea aún más complejo. Incluso algunos de nuestros socios más fuertes corren el riesgo de inestabilidad debido a esta confluencia de factores (…).7

Si bien no existe un documento de referencia, los lineamientos para América del Sur se pueden inferir de la visita a Brasil y Argentina del asesor de Seguridad Nacional de eeuu, Jack Sullivan, en agosto de este año; o bien de las declaraciones públicas de los funcionarios de menor rango del Departamento de Estado y del Consejo de Seguridad Nacional. Una de las máximas preocupaciones de eeuu que aparecen en el corto plazo es el posible desembarco en la región de la tecnología 5g, de la mano de las empresas de telecomunicaciones chinas Huawei y zte. Así, la opción del veto a las «telcos» chinas ha sido presentada como un «auxilio» para que los países de la región eviten caer en los tentáculos «malignos» y no transparentes de China. No se trata, sin embargo, de una confrontación nueva, sino de algo que se remonta ya a la presidencia de Barack Obama, cuyo gobierno inició las primeras investigaciones sobre las firmas chinas8, y continuó con Donald Trump en la Casa Blanca, cuando se aplicaron las primeras restricciones y sanciones9.

La disputa tecnológica encuentra también su correlato en la diplomacia de vacunas. En esa dirección, la estrategia de donaciones a la región dispuesta por el secretario de Estado Anthony Blinken busca reaccionar y contrarrestar el avance de las vacunas de China y Rusia, mientras se habilita el apoyo logístico a los laboratorios farmacéuticos estadounidenses en competencia con los chinos y los rusos por el acceso a mercados. Como se observa en el cuadro 1, las prioridades de las donaciones en la subregión han sido extender el salvataje a Paraguay –único país que mantiene su lealtad a Taiwán en el histórico diferendo–, apoyar a Uruguay –en tratativas para un acuerdo comercial amplio con Washington– y asistir a Ecuador y Colombia –países de importancia en la dimensión militar–. No es novedad entonces que los intereses estratégicos y económicos de Washington se entrelacen en un mismo canal, combinando componentes defensivos (reacción) y ofensivos (presencia).A diferencia del periodo de la Posguerra Fría, en el actual escenario de disputa con Beijing Washington no asume exclusivamente un rol de monitoreador férreo y/o de soporte de la estabilidad, sino que se muestra decidido a extender una «presencia por evangelización», de manera similar al Imperio español, con el objetivo de ejercer una mayor influencia política sobre los gobiernos y contrarrestar el avance económico, comercial y financiero de China sobre su «patio trasero». En ese sentido, Washington apela al mantra de la democracia y la transparencia no solo para rivalizar con el modelo político de China, sino también para intentar frenar su creciente poderío económico en la región. ¿Posee hoy Washington los recursos suficientes para ofrecer incentivos y generar oportunidades económicas alternativas a Beijing? ¿Está eeuu en condiciones de proveer bienes públicos a una región necesitada de ellos? Una extensión de la influencia estadounidense podría sacar provecho de las condiciones de una América Latina con pobre volumen diplomático y en el momento de menor expresión política de mecanismos regionales de gobernanza, en una coyuntura en que se los necesita mucho. Sin embargo, no se vislumbra en el corto plazo que Washington pueda proporcionar alternativas competitivas frente a Beijing en materia de financiamiento, infraestructura y transferencia tecnológica.

 

 

China y la «presencia por factorías»

La presencia de China en América del Sur reúne algunas variables atípicas. Su esencia radica en la extensión de cuatro procesos concomitantes: el de transformación de su política exterior, el de internacionalización de su Estado, el de internacionalización de sus empresas y el de incremento del rol internacional de sus provincias y ciudades. Esto implica el paso de una proyección originalmente centrada en la clave Estado-Estado hacia una suerte de «presencia por factorías» de corte económico, pragmático y más caótica en su penetración, siguiendo el modelo expansionista del Imperio portugués. Las factorías de los portugueses se construían para centralizar y así dominar el comercio local de productos hacia Europa; hoy los proyectos de infraestructura de Beijing propenden a hacer más fluido el comercio de materias primas hacia Asia y China continental. Mientras Washington mantiene una presencia esencialmente política y militar ejercida de manera vertical, Beijing se proyecta sobre un rango mayor de actores y de manera más descentralizada, priorizando los lazos económicos, financieros y comerciales con gobiernos subnacionales.

Esta lógica de «presencia por factorías» está estrechamente ligada al máximo proyecto de expansión geopolítica de Beijing: la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Se dan en el caso de la diplomacia de vacunas todos los factores que se anotan habitualmente para mostrar expansión de poder económico. En efecto, de un total de 19 países miembros en América Latina de esta plataforma, diez recibieron vacunas chinas, una proporción que equivale a más de 50%. Es preciso señalar también que no solo las exportaciones fueron fluidas hacia miembros de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, sino que incluso la política de donaciones se centró en esos destinos, tal como muestran los casos de Venezuela, Guyana, Ecuador y Bolivia (cuadro 2). Por otra parte, Uruguay y Chile, los primeros países sudamericanos en sumarse a la Iniciativa en 2018, fueron los que avanzaron de manera más rápida en los procesos de inmunización a partir de la importación de vacunas de la firma privada china Sinovac, tras haber sido, en el caso chileno, lugar de ensayo de ese laboratorio. Posteriormente, ambos países fueron el conducto para llevar las vacunas chinas a Paraguay y a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), pese a las trabas diplomáticas por el reconocimiento de Asunción a Taiwán.

Además de la consolidación de la Iniciativa de la Franja y la Ruta en la región, Beijing busca influir en las condiciones de acceso al mercado en países con los que mantiene un estatus de asociación estratégica amplia, como Argentina y Brasil. Las prioridades son asegurar la continuidad de proyectos estratégicos, promover inversiones en infraestructura, apalancar la transferencia tecnológica de última generación y contribuir a la internacionalización del renminbi, la moneda china. Esto ha habilitado, por ejemplo, la celebración de acuerdos de exportación de vacunas con los gobiernos provinciales de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Jujuy, Entre Ríos, Mendoza y Ciudad de Buenos Aires en Argentina y con el estado de San Pablo en Brasil, así como la suscripción de contratos para la producción local con laboratorios argentinos y brasileños10. Por otra parte, Beijing no solo ha intentado penetrar en espacios relegados por Washington en la región, sino que ha avanzado en las relaciones bilaterales con aliados tradicionales de eeuu como Colombia. Este último país ha dado un paso histórico al apoyar a Beijing en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas poco tiempo después de haber recibido vacunas chinas11.

 

 

En esencia, la «presencia por factorías» de Beijing busca apuntalar una diplomacia económica que habilite y/o asegure el acceso al mercado de las empresas chinas. En congruencia con ello, China posee una visión sobre la estabilidad regional por la vía del control de mercados y la penetración económica, comercial y financiera para influir en los gobiernos. A raíz de la crisis de Venezuela en la región y a medida que se incrementan los desafíos de la economía china hacia adentro y prevalece un enfoque centrado en la expansión del consumo interno, esa posición sobre la incidencia económica en la estabilidad ha ganado más espacio en la política exterior china, considerando de manera prudente potenciales riesgos políticos e impactos en las inversiones. La perspectiva china de la estabilidad está centrada en las condiciones y posiciones del capital de sus empresas y en las posibilidades de internacionalización del renminbi antes que en la institucionalidad o la garantía de un tipo de régimen político. En esa dirección, se ponderan las fortalezas estatales y la capacidad de control asociada a los recursos del Estado.

Hacia un «multilateralismo de bienestar»

La condición de «periferia convulsionada» de América del Sur se acentúa por agravantes socioeconómicos, debilidades político-institucionales y fracturas sociales, profundizadas por la pandemia. Mientras se procura avanzar en la inmunización en la mayoría de los países, se profundizan las desigualdades, el malestar social y las demandas sobre la representación política. Como ya se ha observado en las protestas sociales de 2021 en Perú, Brasil y Colombia, el escenario social es complejo, por lo que es de esperar que sigan surgiendo nuevos desafíos a la capacidad de control de los gobiernos. Al mismo tiempo, se trata de problemáticas transversales que, en los casos en que recrudecen la violencia política y la represión policial, pueden poner en jaque la estabilidad regional en su conjunto. El telón de fondo es una gran sindemia con profundas consecuencias nacionales y regionales, mientras reemergen desafíos económicos, sociales y ambientales, un fenómeno que aparenta ser mucho más duradero que la pandemia. Está claro que cuestiones como el monitoreo de las fronteras, el acceso a vacunas o la resolución pacífica de conflictos seguirán siendo claves y no podrán sortearse desde la lógica unilateral del «sálvese quien pueda» que ha predominado en la pandemia. Afrontar la «gran convulsión» para evitar el colapso, y en un escenario de incremento de la presencia de eeuu y China, exige y exigirá por sobre todo concertación política regional.

Pese al complejo escenario, existen diversas señales de esperanza y espacios de oportunidad que es preciso remarcar, ya que, en palabras de Norbert Lechner, «el malestar puede ser leído como una crítica tácita (no verbalizada) del estado de cosas y, simultáneamente, como una búsqueda de alternativas»12. Como hemos sostenido en estas páginas con Mónica Hirst, la crisis del regionalismo es un escollo para que se avance hacia una agenda regional de bienestar e inclusión social necesaria e imprescindible para encontrar la puerta de salida de la sindemia13. El «multilateralismo de bienestar» puede ofrecer normativas y narrativas centrípetas, así como espacios para la concertación política que permitan abordar de manera colectiva los desafíos comunes. La región necesita hoy más que nunca bienes públicos globales y regionales para aspirar a un «nuevo contrato social» que asegure servicios públicos universales y de calidad y amplíe el acceso a ellos. No obstante, con un menor grado de pretensión, podría optarse por impulsar iniciativas puntuales de cooperación técnica bilateral y triangular basadas en los pilares de coherencia en las políticas macroeconómicas, seguridad alimentaria, generación de empleo, inclusión social, igualdad de género, transición justa energética y acceso a la salud y a la educación. Un aporte allí parece fundamental, no solo para reducir las brechas de bienestar, sino como un camino para revertir las tendencias a la inestabilidad y la desintegración de la región.

 

Relacionados

1. Porchia: Voces reunidas, Alción Editora, Córdoba, 2016.

2 Cepal: «La paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe. Crecimiento con persistentes problemas estructurales: desigualdad, pobreza, poca inversión y baja productividad», Informe Especial Covid-19 No 11, 7/2021.

3. Cepal: Panorama social de América Latina 2020, Naciones Unidas, Santiago de Chile, 2021.

4. Singer: Introduction to Syndemics: A Critical Systems Approach to Public and Community Health, John Wiley & Sons, San Francisco, 2009.

5. Juan Tokatlian: «Latin America Between Kennan and Obama» en Project Syndicate, 15/5/2015.

6. «Memorandum by the Counselor of the Department (Kennan) to the Secretary of State, Washington», 29/3/1950, disponible en https://resources.primarysource.org/c.php?g=767969&p=5508195.

7. Declaración del almirante Craig S. Faller, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos ante el 117mo Congreso del Comité de Servicios Armados del Senado, 16/5/2021, disponible en www.southcom.mil/.

8. La primera vez que las «telcos» chinas fueron categorizadas como amenaza a la seguridad fue en 2012, en el informe «Investigative Report on the us National Security – Issues Posed by Chinese Telecommunications Companies Huawei and zte», elaborado por un comité del Congreso y disponible en https://stacks.stanford.edu/file/druid:rm226yb7473/huawei-zte%20investigative %20report%20(final).pdf">https://stacks.stanford.edu/fi...

9. En abril de 2018, Trump prohibió otorgar subvenciones a empresas estadounidenses que compren equipos de Huawei y ZTE y, a través de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional de 2019, impulsó un veto provisional a la compra de equipos de estas empresas.

10. «Qué provincias buscan comprar vacunas por su cuenta y con quién negocian» en El Cronista, 30/5/2021.

11. «Colombia aplaude los avances en derechos humanos de China» en El Tiempo, 24/3/2021.

12 Lechner: «Desafíos de un desarrollo humano: individualización y capital social» en Instituciones y Desarrollo vol. 7, 2000.

13 Hirst y B. Malacalza: «¿Podrá reinventarse el multilateralismo? El orden internacional y el coronavirus» en Nueva Sociedad No 287, 5-6/2020, disponible en www.nuso.org.

 

Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad 295, Septiembre - Octubre 2021, ISSN: 0251-3552

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Baduel, en épocas de gloria, junto a su compañero y presidente Hugo Chávez

El general Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa de Venezuela murió el martes 12 de octubre como consecuencia de un paro cardiorespiratorio potenciado por el covid-19

Baduel estuvo preso de 2009 a 2015, cuando le dieron una medida cautelar. Luego fue apresado nuevamente en 2017. Hace días su familia denunció que no sabían dónde lo tenían. Sin embargo se conoce que Baduel, quien era considerado un preso político había sido trasladado de la prisión conocida como La Tumba a otra en el El Helicoide

La información oficial la dio a conocer Tarek William Saab, Fiscal General de la República quien señaló que el deceso se generó «mientras se le aplicaban los cuidados médicos correspondientes y recibido la primera dosis de la vacuna".

Hay que recordar que el general Raul Isaías Baduel fue uno de los cuatro miembros fundadores del Movimiento Bolivariano Revolucionario - 200 (MBR200) que el 17 de diciembre de 1982 sentó las bases para el partido político Movimiento V República (MVR) que llevó a Chávez al poder y con los años se sumó el grupo unitario llamado Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Baduel, junto a Hugo Chávez, Jesús Urdaneta y Felipe Antonio Acosta Carlés, prestó juramento en 1982 bajo el Samán de Güere: un compromiso clandestino entre los integrantes del MBR-200 con la intención de hacer una revolución política, a través de las armas en el país.

Su liderazgo y capacidad de mando lo puso en el punto decisivo al momento del primero de los golpes de Estado que sufriría la llamada “revolución bolivariana” el 11 de abril del año 2002, en momento en el cual Hugo Chávez fue captura y trasladado por los golpistas a (…), de donde fue rescatado por el General Baduel y un puñado de militares a su mando, acción que lo ratificó como uno de los hombres de confianza de su compañero de lucha.

Ocupó los máximos niveles que su carrera profesional pudiera brindarle: comandante general del Ejército venezolano desde enero de 2004 hasta julio de 2006 y ministro de la Defensa desde junio de 2006 hasta mediados del año 2007, cuando perdió la confianza del alto gobierno venezolano por oponerse al referendo constitucional que, además de otros importantes reformas territoriales y políticas para su país, permitía la reelección indefinida de Chávez. Sin renovación del liderazgo político y social, la revolución bolivariana fracasaría, y esa contradicción con el proceso en marcha, que finalmente fue sellada de manera meridiana por la historia, marcó el aislamiento del General, llevándolo a la cárcel en varias ocasiones, la primera de ellas en  enero de 2008, acusado y sentenciado en 2010 por “sustracción de dinero de las Fuerzas Armadas”.

Según la condena, se había apropiado de 30 millones de bolívares y 3,9 millones de dólares durante su gestión como ministro. A su vez, fue inhabilitado a ejercer cargos públicos.

Sus abogados y familiares denunciaron que los cargos en su contra no contaban con sustento jurídico.

El 12 de agosto de 2015 salió de la cárcel militar de Ramo Verde bajo libertad condicional. Pero el 12 de enero de 2017, a poco de cumplir la condena que terminaba en marzo de ese año, nuevamente fue encarcelado, acusado esta vez del delito de traición a la patria e instigación a la rebelión. Eran momentos de un intenso alzamiento social en Venezuela, fuertemente reprimido por el gobierno encabezado por Nicolás Maduro.

En febrero de 2018, Maduro lo destituyó y lo degradó de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, afrenta sufrida junto con otros 13 oficiales.

Desde ese entonces permaneció recluido en los calabozos del Sebin, hasta el día martes 12 de octubre, cuando el gobierno informó que había sido trasladado al penal conocido como El Helicoide, informando al mismo tiempo que su muerte fue el efecto final de un cardiorespiratorio propiciado por infección con covid-19.

Muere así, como preso político, un oficial fiel al proyecto político jurado bajo el Samán de Güere en 1982.

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La ONU condena el asesinato de dos adolescentes venezolanos en Colombia

Eran migrantes y fueron baleados después de haber sido señalados de robar en un almacén

Jaime Marthey, defensor de pueblo del departamento Norte de Santander donde ocurrieron los homicidios, aseguró que los jóvenes fueron sorprendidos robando ropa en Tibú, una población fronteriza con Venezuela.

 

La ONU y autoridades colombianas investigan el asesinato de dos adolescentes venezolanos de 12 y 18 años, que fueron baleados luego de haber sido señalados de robar un almacén en una violenta región cocalera del noreste del país, según diversas fuentes divulgadas este lunes.

En videos y fotos difundidas en redes sociales, se ve a los adolescentes con aire afligido, las manos atadas hacia adelante con cinta adhesiva mientras una persona fuera de cámara los acusa de "ladroncitos".

"Lamentablemente son muchachos muy jovencitos, no queremos verlos mañana por allá tirados en alguna orilla de las carreteras", dice la voz anónima.

Los cuerpos de los adolescentes fueron encontrados más tarde en una zona rural, aparentemente baleados y con las manos todavía amarradas.

Un cartón con la palabra "ladrones" escrita a mano reposaba sobre el cuerpo del más pequeño, tirado bocabajo con una mochila roja.

Jaime Marthey, defensor de pueblo del departamento Norte de Santander donde ocurrieron los homicidios, aseguró que los jóvenes fueron sorprendidos robando ropa en Tibú, una población fronteriza con Venezuela.

Los comerciantes los ataron, pero luego "fueron arrebatados (...) por un grupo armado ilegal que se los llevó con un destino desconocido donde luego aparecieron muertos", agregó Marthey en entrevista con Blu Radio.

Según el defensor, los jóvenes eran migrantes que huyeron de la crisis económica de Venezuela.

El coronel de la policía, Carlos Martínez, responsabilizó a las disidencias de la exguerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) que se apartaron del acuerdo de paz firmado en 2016 y aseguró que se adelantan pesquisas para esclarecer el crimen.

La oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia rechazó el homicidio del menor de 12 años y pidió a las autoridades "investigar estos hechos".

El convulso municipio de Tibú concentra la mayor cantidad de narcocultivos de Colombia con más de 19.000 hectáreas sembradas de hoja de coca, según la ONU.

Disidentes de la otrora guerrilla de las FARC, rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y narcos de origen paramilitar se disputan el territorio a sangre y fuego para controlar el negocio de la coca.

Organizaciones no gubernamentales como la internacional Human Rights Watch han denunciado que miles de migrantes venezolanos llegan a la región por el precario control de los pasos fronterizos y terminan atrapados en el conflicto armado colombiano.

12 de octubre de 2021

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En 2021, un récord de 19 mil niños migrantes cruzaron la peligrosa selva del Darién rumbo a EE.UU.

Unicef denunció un "máximo histórico" y llamó a considerar a esta "grave crisis humanitaria"

El llamado Tapón del Darién, zona selvática de 266 kilómetros donde conviven animales salvajes, ríos caudalosos y grupos criminales, se convirtió en corredor para los migrantes irregulares que intentan llegar a tierra estadounidense.

 

Cerca de 19 mil niños atravesaron en lo que va del 2021 la peligrosa selva del Darién, ubicada entre Colombia y Panamá, para llegar a Estados Unidos, una cifra que marcó un "máximo histórico" de menores migrantes según advirtió el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). La mitad del total son menores de cinco años, y este pico histórico es cerca de tres veces más que la cifra registrada durante los cinco años anteriores juntos.

La "afluencia tan creciente" de niños migrantes por el Darién "debería ser tratada urgentemente como una grave crisis humanitaria por toda la región, más allá de Panamá", denunció Laurent Duvillier, jefe regional de comunicación de Unicef para América latina y el Caribe, e instó a los gobiernos a garantizar la protección de los niños durante su viaje y a coordinar una respuesta humanitaria. 

Unicef también advirtió sobre un aumento de los niños que cruzan solos el Darién. En 2020 ocho niños no habían sido acompañados, en 2021 fueron 153. "La mayoría no viajan solos, viajan acompañados de sus papás, pero en el trayecto de la jungla pasan muchas cosas, a veces los padres se quedan atrás, la mamá se queda herida o se ven separados al momento de cruzar un río", aseguró Duvillier.

El llamado Tapón del Darién, zona selvática de 266 kilómetros donde la espesa vegetación impide a veces ver el sol, hay animales salvajes (incluso serpientes venenosas), ríos caudalosos y grupos criminales, se convirtió en corredor para los migrantes irregulares que intentan llegar a Estados Unidos.

"Cada niño que cruza el Darién a pie es un sobreviviente", afirmó la directora de Unicef para América Latina y el Caribe, Jean Gough, al detallar que "en lo profundo de la selva, el robo, la violación y la trata de personas son tan peligrosos como los animales salvajes, los insectos y la absoluta falta de agua potable". 

Según los datos de Unicef, en este 2021 al menos cinco niños fueron hallados muertos en la selva. Y entre enero y septiembre pasados el ente de la ONU registró 29 denuncias de abuso sexual de niñas adolescentes durante el viaje.

Unicef señaló que se prevé que el número de niños y familias migrantes que cruzan la selva siga aumentando en las próximas semanas y meses, ante lo cual "está ampliando su respuesta humanitaria para abordar las necesidades urgentes" de esa población.

"Unicef insta a los gobiernos a garantizar la protección de los niños en movimiento a lo largo de su viaje y a coordinar la implementación de una respuesta humanitaria más sólida en todos los países involucrados", dijo el organismo de Naciones Unidas. Se debe, además, "promover la integración de las familias migrantes en las comunidades de acogida y se deben abordar las causas fundamentales que las llevan a migrar".

Entre enero y septiembre pasados, 91.300 migrantes en tránsito llegaron a Panamá tras atravesar la jungla, una cifra que triplica el récord de 2016, según datos del Servicio Nacional de Migración (SNM) panameño citados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en un informe difundido el viernes pasado.

La mayoría eran haitianos (56.600), muchos de ellos acompañados por menores, seguidos de cubanos (12.800), venezolanos (1.500), además de nacionales de países de Asia y África, entre ellos Bangladesh, Senegal, Ghana, Uzbekistán, India y Nepal, dijo la OIM. En los primeros nueve meses de 2021 los menores representaron el 20 por ciento de esa población en movilidad, cuando hace cuatro años era apenas el dos por ciento.

Hacia países del norte del continente americano como Estados Unidos, Canadá o México están viajando familias enteras de haitianos con hijos nacidos en Chile o Brasil, países en lo que se habían radicado años atrás, e incluso con bebés nacidos durante la travesía.

12 de octubre de 2021

Publicado enColombia
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