Detiene EU máximo histórico de 1.7 millones de migrantes en un año

 El número de migrantes detenidos en su intento por entrar a Estados Unidos alcanzó un nivel histórico en el año fiscal 2021. Más de 1.7 millones de personas en condición de movilidad irregular fueron aprehendidas por autoridades estadunidenses en la franja fronteriza en este lapso.

De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país (CBP, por sus siglas en inglés), entre octubre de 2020 y septiembre de 2021 –el periodo del año fiscal– esta cifra alcanzó un millón 734 mil 686 migrantes; de ellos casi cuatro de cada 10 eran de origen mexicano.

En 2021 hubo 757 mil 177 migrantes detenidos más que los 977 mil 509 reportados en el año fiscal 2019, que era la cantidad más alta en la historia. El número actual creció 77 por ciento en relación con el de hace dos años.

A lo largo de ese lapso las cifras fueron al alza, pues 46.37 por ciento de las retenciones (804 mil 468) se registraron entre junio y septiembre de este año.

El mes con el mayor número de detenciones en este periodo fiscal fue julio, con 213 mil 593; seguido de agosto, con 209 mil 840; septiembre ocupó el tercer lugar, con 192 mil una aprehensiones, y siguió junio, con 189 mil 34, de acuerdo con los números de la CBP.

Este número histórico se presenta en medio de una crisis en materia migratoria en la región. Los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de Joe Biden han coincidido en la necesidad de brindar apoyo a las localidades de origen migratorio, a fin de atacar las causas del fenómeno.

Diversos análisis realizados por la CBP apuntan que la pobreza y la pobreza extrema son la principal razón por la que miles de personas se ven obligadas a salir de varios puntos de México y las naciones del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador).

Otras causas identificadas por esta dependencia estadunidense son la violencia, la ausencia de políticas sociales en sus poblaciones de origen y la reunificación con familiares que se encuentran en Estados Unidos.

Del total de migrantes detenidos en este año fiscal, la mayoría, 655 mil 594, eran mexicanos, equivalente a 37.79 por ciento.

La CBP reportó 319 mil 324 migrantes hondureños en esta situación, 18.4 por ciento; 283 mil 35 procedentes de Guatemala, 16.31 por ciento, y 98 mil 690 de El Salvador, 5.68 por ciento. El resto, 378 mil 43, 21.79 por ciento, eran de otras naciones.

Si bien la mayoría de los migrantes detenidos en este periodo eran adultos en solitario, un millón 105 mil 925, la cantidad de menores de edad que viajaban solos retenidos en la franja fronteriza estadunidense alcanzó 146 mil 925 (8.46 por ciento del total). Este número es mayor en 66 mil 291 casos a los 80 mil 634 niños y adolescentes registrados durante el año fiscal 2019.

Lunes 25 de octubre de 2021


Migración: ¿callejón sin salida?*

 

Varios miles de migrantes salieron el sábado pasado de Tapachula, Chiapas, hacia esta capital, tras permanecer varios meses en esa ciudad sin haber conseguido regularizar su estancia en el país. El domingo, los viajeros, entre los que hay numerosas mujeres y niños, debieron enfrentar altas temperaturas en el trayecto y apenas lograron avanzar unas decenas de kilómetros hasta llegar a la localidad chiapaneca de Huehuetán. La mayoría de ellos tiene el objetivo de llegar a territorio estadunidense.

En este nuevo episodio, la intervención de las autoridades se ha limitado hasta ahora a proteger a los migrantes e incluso a brindarles auxilio y la Comisión Nacional de Derechos Humanos dirigió requerimientos a las secretarías de Salud y de Seguridad y Protección Ciudadana, así como a la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, la Procuraduría Federal de protección de Niñas, Niños y Adolescentes y a las secretarías de Gobierno de Chiapas, Tabasco y Oaxaca, para salvaguardar la integridad física de los extranjeros y garantizar ayuda humanitaria para ellos.

La protección de los derechos humanos de los migrantes es sin duda una obligación indeclinable del Estado mexicano y cabe hacer votos porque ese principio se cumpla a cabalidad en la actual circunstancia. Pero es pertinente señalar que esa condición no va a resolver la crisis migratoria en la que se ha visto envuelto nuestro país, pues ésta depende de soluciones que están más allá de las atribuciones del gobierno nacional: por una parte, hay una multiplicidad de condiciones que llevan a miles de personas a abandonar sus lugares de origen y, por el otro, figura el sueño –o el espejismo– de lograr mejores condiciones de vida en Estados Unidos.

Sin embargo, la frontera común entre ese país y el nuestro se mantiene cerrada a la migración y, pese a las promesas electorales de su actual presidente, Joe Biden, no parece estar a la vista una pronta apertura, porque el cambio de rumbo que el demócrata ofreció en materia migratoria –como en muchas otras– se ha visto empantanado en un laberinto judicial y burocrático de solución incierta. En tal circunstancia, es claro que las caravanas migrantes no consiguen más que trasladar la crisis humanitaria que se vive en Tapachula a las ciudades de nuestra frontera norte, además de exponer a sus integrantes a los peligros e incertidumbres de la extensa ruta entre una y otras.

Por otra parte, la presidencia de Andrés Manuel López Obrador ha venido insistiendo ante la Casa Blanca –tanto en la administración de Donald Trump como en la de Biden– que la solución duradera y de fondo a esta complicada situación consiste en atacar de raíz las causas que alientan la emigración en los países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, formado por El Salvador, Guatemala y Honduras, mediante la aplicación en esos países de programas sociales similares a los que se realizan en México, como Sembrando Vida y Construyendo el Futuro, a fin de anclar a las poblaciones susceptibles de emigrar con trabajo y una paulatina mejoría en su nivel de vida y su entorno social. En el momento actual no parece haber más solución que ésta al flujo que constituye el grueso del fenómeno migratorio –en el que se cuentan también personas oriundas de otros países de Centro y Sudamérica y del Caribe, e incluso de otros continentes–. Es preciso, en consecuencia, seguir insistiendo ante el gobierno de Washington para que, si no puede sacar adelante una reforma profunda de su regulación migratoria, otorgue al menos los recursos necesarios para la aplicación de esa propuesta.

*Edotproañ diario La Jornada, México, lu8nes 25 de octubre

 

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Una niña con una mascarilla protectora juega en los terrenos de una urbanización en el distrito de Kowloon en Hong Kong, a 31 de enero de 2020. — Philip Fong / AFP

La hibernación en las compraventas durante la Gran Pandemia ha dado lugar a un nuevo boom inmobiliario, con encarecimientos desconocidos en décadas y, sobre todo, movimientos de reivindicación de viviendas a precios justos.

25/10/2021 07:27

 

Por si los tambores de estanflación no se escucharan con suficiente fuerza por los mercados de capitales y los centros económicos y de investigación del planeta por la escalada de los precios de la energía, otra réplica acústica importante y de elevada tensión social, el encarecimiento de la vivienda empieza a sonar con insistencia. El acceso a una vivienda a costes asequibles es cada, vez más, una quimera; muy en especial, para las generaciones más jóvenes. Ante una oleada de subidas que se propagan por una riada de ciudades de todas las latitudes. Una reciente nota a inversores de JP Morgan alertaba del calentamiento de los mercados inmobiliarios y dejaba caer este sentimiento de creciente escalada reivindicativa.

Los precios globales de la vivienda se han disparado, "después del primer trimestre del año, hasta cotas desconocidas en cuatro décadas", dicen en la sala de máquinas de este banco de inversión, desde donde se resalta que, en EEUU, a finales de septiembre, el malestar ha saltado ante las dificultades de oferta de viviendas a unos precios asequibles. Tras las compras masivas de los primeros meses de la epidemia por parte de propietarios con altos ingresos. El descontento civil –aseveran en JP Morgan– es el más intenso desde 1982. Pero la descompensación y el desorden del mercado –otro caso de desequilibrio en la oferta y la demanda, como ocurre con la electricidad, desde el circuito mercantil del gas– se han agudizado en economías como Australia, Nueva Zelanda, Brasil, Alemania, Corea del Sur o Turquía. Todos con señales inflacionistas.

El siguiente capítulo, el que sigue a las escaladas de precios en los inmuebles, es el de la protesta ciudadana. Inmediatamente después de duros y largos confinamientos sociales y de una pérdida generalizada del poder adquisitivo. Más eventual que el que siguió al credit crunch de 2008 pero cargado, a medida que avanza el despegue de la actividad, de incertidumbres. Así lo explica a Business Insider el analista de HousingWire en el mercado estadounidense, Logan Mohtashami, para quien el asunto esencial es que no hay suficientes casas en un momento en el que los tipos de interés y, por ende, las hipotecas, están en niveles históricamente bajos. Esta subida artificial, derivada de un déficit de promociones y de falta de dinamismo en el mercado de segunda mano, está alterando a los compradores: "Construir es la solución mágica" –dice–, aunque alerta de que "a los constructores no les importa el cuello de botella de la vivienda, como siempre; de hecho, nunca les va a generar preocupación alguna". Motivo por el que Mohtashami también cree que los conatos actuales de reivindicación social a los gobiernos en defensa de una vivienda a precios dignos es la consecuencia lógica de que las leyes de los mercados inmobiliarios están regidas por constructores, intermediarios y vendedores. "Necesitan un ajuste estructural", admite.

En algunas grandes capitales, como Fráncfort, Toronto o Hong-Kong, ya en situación de elevado riesgo de burbuja antes de la Gran Pandemia, "se han amplificado los peligros de estallido, por la expansión de sus precios y de su radio de acción territorial", reconocen en UBS Global Estate. Dentro de una coyuntura general de crecimiento de precios en el mundo, explican sus expertos en su Bubble Index 2021. Su diagnóstico está dirigido a los inversores, a los que les recomienda "considerar alternativas", ante la creciente amenaza de precios, que están mostrando una gran elasticidad para alejarse de valores asequibles, no sólo por la irrupción del trabajo en remoto y pese a los bajos costes financieros y las expectativas de ganancias de los propietarios, que siguen al alza, explica en un editorial el equipo de UBS.

Esta compleja comprensión del escenario de los mercados de la vivienda también ha sido motivo de análisis por parte de The Economist. El seminario británico avisaba hace unas fechas de que los desembolsos en las compraventas de inmuebles "son demasiado elevados". Al menos, en la mayor parte de las grandes ciudades de las economías de rentas altas. Aunque su radiografía se ciñe más al mercado EEUU, donde el patrimonio inmobiliario supera los 34 billones de dólares, una suma casi similar a la del PIB conjunto estadounidense y chino. Y sólo en 2020, durante la epidemia, se cerraron acuerdos por 1,5 billones, en montante de la economía española. Buena parte de este dinamismo se produce, además, de forma sorprendente, pese al alambicado y caro –"extraordinariamente caro", recalca– proceso de compraventa. Dado que las comisiones de los distintos agentes inmobiliarios alcanzan entre el 5% y el 6% del valor de la propiedad. El triple que la media del resto de potencias industrializadas. Y el mantenimiento, a pesar de los avances tecnológicos, de unas labores de intermediación que deberían empezar a ser prescindibles en un mercado ampliamente digitalizado. Aun así, estos agentes lograron una cuenta de resultados de 75.000 millones de dólares, el 0,4% del PIB. En el segmento inmobiliario, las viejas formas de hacer persisten. Todavía hay más de 2 millones de ellos, lo que merma la competitividad en el sector.

Inicio de un descontento social en las grandes urbes

Todo ello ha suscitado las primeras protestas sociales. Con la coyuntura económica en un estado crítico por los cuellos de botella de abastecimiento global, la interrupción de flujos comerciales e inversores o los nuevos retrasos de los millennials para acceder al mercado de la vivienda. Por un elemento nuevo: la contracción de la oferta. Lo que ha llevado a una cierta preocupación en los gobiernos. Con cambios regulatorios en ciudades como Berlín, en países como España, con un cambio de paradigma normativo en ciernes o, incluso en EEUU. Porque los 3,5 billones de dólares del programa de estímulo de la Administración Biden que se tramita en la actualidad en el Congreso incluye una partida de nada menos que 213.000 millones para garantizar un parque substancial de viviendas a precios asequibles. Además de planes del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano para construir más de 2 millones de inmuebles con los que corregir el déficit de 6,8 millones en los que se calcula el desequilibrio entre oferta y demanda. Mohtashami señala el planteamiento de una forma más elocuente: "necesitamos gobiernos que empiecen a ayudar a las personas a adquirir viviendas en vez de gabinetes políticos preocupados por los márgenes de beneficios". Sólo así, "la producción y las decisiones de compra de viviendas confluirán".

En Berkeley (California) se han puesto en marcha un censo limitado de viviendas para minorías étnicas o residentes con alta vulnerabilidad patrimonial. Mientras en Canadá se ha puesto coto a las ventas de casas con fines especulativos, con la pertinente reprimenda de firmas financieras, y en Nueva Zelanda, el gobierno socialdemócrata de Jacinda Ardern, ha impuesto reglas estrictas a los inversores –similares a las de su homólogo canadiense, el liberal JustinTrudeau– y ordenar al banco central incorporar formalmente los precios inmobiliarios en su política monetaria para la fijación de los tipos de interés. Y la ciudad de Berlín, en referéndum, dio validez, por un amplio margen, el pasado 26 de septiembre, coincidiendo con las elecciones federales, a una iniciativa popular (Deutsche Wohnen & Co. Enteignen) por la que se insta a la alcaldía berlinesa –de triple coalición progresista (socialdemócrata, izquierda y verde)– a adquirir apartamentos de grandes propietarios para espolear la oferta con viviendas públicas. La capital alemana podría poner en el mercado, a unos precios asequibles, más de 240.000 viviendas por los efectos de este plebiscito popular.

En UBS también constatan esta tendencia. En su Global Real Estate Bubble Index (GREBI) 2021 se asegura que el repunte de la vivienda en sus 25 ciudades internacionales analizadas fue del 6% en términos ajustados a la inflación, entre mediados de 2020 y el ecuador de este año. El mayor incremento desde 2014. Con tan sólo cuatro de ellas, Milán, París Sídney y San Francisco, en una tasa decreciente. Pero con Moscú, Estocolmo, Sídney y Vancouver en dobles dígitos. Pese a lo cual, la capital rusa, como Madrid, se halla entre las grandes capitales con valoración todavía razonable. Aunque desde julio de 2020 ha alcanzado ya el incremento medio de los últimos cinco años, lo que induce a pensar que la escalada seguirá en los próximos meses.

Riesgos de mercado con tensiones inflacionistas

Por si fuera poco, la crisis de Evergrande podría constreñir el mercado inmobiliario chino, dos veces mayor que el de su rival estadounidense, en el que, irónicamente, el 20% de su parque se encuentra vacío. Es, pues, el caso contrario. Un escenario de exceso de demanda. En el que sólo este emporio chino tiene 1,6 millones de viviendas en sus balances. En medio de una batalla de Pekín por evitar el colapso del conjunto de su sistema inmobiliario, que Goldman Sachs calculaba en 52 billones de dólares en 2019; dentro de un rampante proceso de urbanización, con una tasa que superó el 60% de la población antes de la epidemia, y con un alza exponencial de la demografía de las ciudades. Pero en el que 65 millones de viviendas continúan sin ocupación. Tanto como el censo de Francia.

En este contexto, el FMI también ha emitido un diagnóstico de tenso compás de espera. En su informe de Estabilidad Financiera Global (GFS) de su reciente cumbre otoñal detecta riesgos en la venta de activos bursátiles e inmobiliarios de producirse la retirada de estímulos monetarios. La política ultra-laxa de los bancos centrales –explica Tobias Adrian director del Departamento Monetario y de Mercados de Capital del Fondo– "ha conducido a una exuberancia bursátil y a un incremento del apalancamiento financiero" que podría generar un "desorden" en la cotización de los índices y de los activos, cuando la Reserva Federal y otros organismos de supervisión retiren sus apoyos –programas de compra de deuda soberana y corporativa– y se empleen en subidas de tipos de interés.

"Los shocks podrían aparecer de manera inminente, ya que varios bancos centrales han iniciado ya un endurecimiento más rápido de lo previsto de sus condiciones monetarias", precisó Adrian, quien advirtió, sin tapujos, que "nos preocupa ver ventas masivas de gran magnitud ya que se ha alcanzado un nivel demasiado elevado en la cotización de ciertos valores". Para precisar con posterioridad que, "en los cálculos recientes de los bancos centrales han emergido las presiones inflacionistas como nunca antes se habían visto". Pese a que desde el FMI se descarten episodios de estanflación. Y anticipar finalmente que "el riesgo de desplome en los precios de la vivienda –en especial, en ciudades con un sector sobrecalentado– es significativamente alto". En el peor escenario calculado por el FMI, podrían caer hasta un 14% en las economías de rentas altas en los próximos tres años y hasta en un 22% en los mercados emergentes. En cierto modo, recuerda el estiramiento del ciclo inmobiliario del credit crunch de 2008, explica. Eso sí, con la salvedad importante de que los sistemas bancarios están mucho más saneados que entonces, asevera el director del Departamento Monetario del FMI.

Sin embargo, y a la espera de movimientos de los bancos centrales que hasta ahora se muestran reacios a provocar, el FMI en su blog oficial, asegura que, de momento, los precios siguen al alza. Como resalta su Global House Price Index, donde se registra que las tres cuartas partes de sus más de 60 países analizados experimentaron aumento de precios en 2020. Tendencia que se ha acentuado con los datos más recientes este ejercicio, avisa. Y que contribuirá a prolongar las presiones inflacionistas, admiten sus expertos.

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La iniciativa “Deutsche Wohnen & Co enteignen” juntó más de 350.000 firmas.. Imagen: DPA

Una ciudad con 85% de inquilinos

Trabajando para desmitificar las palabras "expropiación" y "socialización", buscan garantizar la vivienda para casi medio millón de personas afectadas por los aumentos de alquiler y las maniobras con las que las grandes inmobiliarias golpean los bolsillos de los inquilinos.

 

Más de un millón de berlineses votó “sí” en el referéndum para expropiar 240 mil viviendas a las grandes inmobiliarias. Desde entonces Deutsche wohnen & co enteignen (Expropiar a Deutsche wohnen y compañía), la agrupación que impulsó el referéndum no vinculante, se mantiene en las calles con movilizaciones hacia las sedes de los partidos que integrarían la nueva coalición gobernante en Berlín: socialdemócratas (SPD) que obtuvieron el 21,4 por ciento de los votos, Los Verdes con 18,9 por ciento y Die Linke (izquierda) con 14 por ciento. “Nuestra tarea más importante consiste en que la próxima coalición que gobierne Berlín incluya la realización de las expropiaciones en su acuerdo de coalición”, afirma Camilo Almendrales, integrante de la agrupación de inquilinos.

Los tres partidos gobiernan Berlín desde 2016. Sin embargo, esta vez deberán acordar un compromiso para tratar el referéndum que obtuvo el respaldo del 57,6 por ciento de la población berlinesa. En los últimos días la llamada coalición rojo-verde-rojo presentó un “documento exploratorio” en el que afirma que el nuevo gobierno respetará el resultado del referéndum y nombrará una comisión de expertos para examinar las “posibilidades, vías y condiciones” de su aplicación. La comisión también estará integrada por la iniciativa Deutsche wohnen & co enteignen. Por su parte, Klaus Lederer, el principal candidato de Die Linke, aseguró que su partido es el único garante fiable de que se trabajará en la aplicación del referéndum, según consigna el diario Berliner Zeitung. “No se trata de si vamos a aplicar el referéndum, sino de cómo”, escribió Lederer en su cuenta de Twitter.

Sí a la expropiación

Los habitantes de Berlín, una ciudad donde el 85 por ciento de las personas son inquilinas, votaron masivamente a favor de la expropiación de las grandes inmobiliarias que tengan más de 3.000 departamentos (como Deutsche wohnen, Vonovia, Akelius, Covivio, Heimstaden, Pears Global, TAG Immobilien, Grand City Properties, ADO Properties). Camilo Almendrales, es colombiano y miembro de la agrupación Deutsche Wohnen und Co enteignen. “Estamos contentos del resultado en las pasadas elecciones, pero somos conscientes de que nos queda un mundo por delante para cantar victoria”, afirmó a Página/12. Respaldados por dos artículos de la Ley Fundamental (Constitución) alemana más de un millón de personas dijo sí a la expropiación y socialización de cientos de miles de viviendas. El artículo 14 establece que “la expropiación está permitida por razones de bien común sólo por ley o en virtud de una ley que establezca el modo y el monto de la indemnización”. Mientras que el artículo 15 determina que “con fines de socialización, el suelo, los recursos naturales y los medios de producción pueden ser situados bajo un régimen de propiedad colectiva”.

En la última década la situación de vivienda para los arrendatarios en Berlín cambió drásticamente. “En los últimos 10 años el precio de los contratos nuevos se ha duplicado. Los salarios en Berlín no se han duplicado y es una situación muy difícil para la gente”, cuenta una inquilina de la Deutsche wohnen que pidió que se reservara su nombre. La inquilina empezó a militar en la agrupación Deutsche wohnen & co enteignen desde su inicio en 2018, aunque ya en 2017 formaba parte del movimiento de inquilinos. “Es un enorme movimiento de gente que está realmente desesperada, gente que vivía desde hace años en su departamento y de repente le aumentan el alquiler de una forma tal que ya no puede pagarlo”, contó en diálogo con Página/12. “El problema es que no vas a encontrar en este momento un departamento libre, son muy pocos los que están disponibles”, añadió. 

En este sentido, Almendrales también se refirió a las dificultades de los grupos vulnerables al momento de alquilar una vivienda. “La escalada de precios de alquiler afecta en sobremedida a grupos poblacionales socialmente y económicamente marginados: trabajadorxs precarizadxs, mujeres, migrantes, refugiados, personas con discapacidad y a la población LGBTIQA+”, explica.

Trampas del mundo inmobiliario

Además del aumento del alquiler para contratos nuevos las inmobiliarias se valen de otros mecanismos para aumentar su rédito. “No hacen diferencia entre los dos conceptos reparación/mantenimiento y modernización”, explica la inquilina. La ley indica que cuando se trata de una reparación o mantenimiento del edificio es el propietario quien debe pagar y cuando es una modernización la misma es a cargo del inquilino que lo verá reflejado en su alquiler. Una de las maniobras de la inmobiliaria más grande de la ciudad, Deutsche wohnen, propietarios de 115 mil viviendas, es comprar grandes bloques de edificios que requieren trabajos de adaptación a las nuevas condiciones que exige la legislación. “Ellos continúan dejando al abandono el edificio unos 10, 15 o 20 años más hasta que se encuentre en un estado deplorable y dicen bueno, ahora vamos a modernizar y tratan de meterle a los inquilinos los trabajos que en realidad serían de reparación”, dijo la inquilina.

Algunos inquilinos han llevado a juicio los reclamos para diferenciar mantenimiento de modernización. “Son pocas las personas que se sienten capaces de llevar esta lucha y además no sabes si vas a ganar y encima te caen los gastos del juicio. Todo esto ha contribuido a la enorme rabia de los inquilinos berlineses”, señaló la inquilina. Ante el desamparo los abogados de los inquilinos decidieron intentar aplicar dos artículos esenciales de la Ley Fundamental alemana. “El artículo 14 habla de expropiación, suena terrible, todo mundo dice ‘ah la vuelta al comunismo’, pero es algo que se hace a menudo cuando se construye una autopista o una carretera y la gente no quiere vender su parcela, se la expropia”, explica. Mientras que el artículo 15 sobre la socialización se aplicaría por primera vez en la historia de Alemania. “Jamás un tribunal alemán ha visto esa causa, es realmente terreno virgen en la jurisdicción, no podemos saber lo que va a decir nuestra Corte Constitucional Suprema hasta que no lo hayamos intentado”.

Viviendas accesibles

Por otra parte, la indemnización de las inmobiliarias será un tema central en la discusión por la expropiación de 240 mil viviendas. "Estos señores de las inmobiliarias afectadas sueñan con que se les indemnice incluso por las ganancias futuras que esperaban tener", explica la inquilina. "Han llegado a una suma de 36 mil millones de euros y Berlín está muy endeudada", añade. La estrepitosa suma busca desalentar a los berlineses. Los menos convencidos argumentan que una mejor solución sería tomar ese dinero y construir nuevos departamentos porque la expropiación no prevé la construcción de nuevos edificios. "Cuando me dicen esto yo digo, sí señor, tiene razón, la expropiación no crea ni un sólo departamento nuevo, como tampoco resuelve el conflicto en medio oriente porque no es su propósito. El propósito de la expropiación es mantener los alquileres que todavía son accesibles para que no sigan aumentando", dice.

La agrupación busca negociar una indemnización muy inferior a la planteada por las grandes inmobiliarias. "Entre 8 y 13 mil millones de euros y se pagará a 40 años", afirma la inquilina. Además tienen previsto la creación de una entidad de derecho público, una forma de organización de empresa sin fines de lucro. "Ya no se paga a los accionistas (de las grandes inmobiliarias) sino que ese dinero entra en el fondo de esta entidad de derecho público y se usa para ir pagando la deuda de la indemnización", afirma. La entidad que se creará también ofrecerá trabajo a los empleados de las inmobiliarias. "Vamos a ir pagando la indemnización a 40 años de plazo, dando trabajo a la gente que tiene que hacerse cargo de la gestión de estas viviendas y en la medida en que la carga del crédito va a ir bajando entonces esta entidad de derecho público va a disponer de más recursos para poder construir edificios nuevos". De esta forma el presupuesto de Berlín no cargará con el costo de la indemnización.

Hacia un referéndum vinculante

Este año, mientras avanzaba la campaña para llevar adelante el referéndum de resolución, la agrupación Deutsche Wohnen und co enteignen logró redactar un proyecto de ley que está publicado en su sitio web. “Vamos a hacer un referéndum de ley y si lo ganamos se acabó la cosa”, contó la inquilina. Aunque deberán esperar a que se conforme el nuevo gobierno. “Contamos con que la clase política no se atreva a ignorar el mandato democrático que le dio la población berlinesa al apoyar el referendo", afirmó la inquilina, que además subraya la importancia de poner fin a la especulación. "Si alguien tiene 10 edificios, 10 casas, bueno eso es el capitalismo y la propiedad privada y nosotros no tocamos eso. Sólo queremos poner fin a la especulación y eso se puede lograr si vamos por los más grandes que tienen un cuarto del total del departamentos existentes en Berlín".

23 de octubre de 2021

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Corte Constitucional de Colombia comenzó debate sobre la despenalización del aborto

La Corte Constitucional de Colombia comenzó a debatir la despenalización delaborto en un clima de incertidumbre en torno a la posición que asumirán los nueve magistrados, y en medio de los intensos activismos que hay a favor y en contra de la propuesta.

Desde que el órgano inició el debate el viernes pasado, organizaciones feministas y religiosas realizaron movilizaciones en las calles y campañas en las redes sociales para tratar de influir en la decisión, que se tomará a más tardar a fines de noviembre.

Desde 2006, el aborto fue despenalizado en Colombia si la vida de la mujer corre peligro, por violación e incesto, y por malformaciones del feto.

Sin embargo, el artículo 122 del Código Penal sigue estableciendo penas de 16 a 54 meses de prisión para las mujeres que interrumpen de manera voluntaria sus embarazos sin ajustarse a las tres causales, y a quien le ayude a concretarlo.

Por eso la Corte está analizando ahora dos recursos de inconstitucionalidad que apuntan a que las mujeres dejen de ser criminalizadas por abortar.

Una la presentó el presidente del tribunal, José Lizarazo, a partir de una demanda iniciada por el colectivo feminista Causa Justa; y otra el magistrado Alberto Rojas Ríos en respuesta a una solicitud del abogado Andrés Mateo Sánchez Molina.

La discusión se enmarca en los recientes avances que han logrado los movimientos de mujeres en la región y que son conocidos como "la marea verde", ya que es el color del pañuelo que simboliza la lucha por el derecho aborto y que muestran de manera masiva en las manifestaciones.

Uno de los momentos culminantes de esta lucha ocurrió el pasado 30 de diciembre, cuando el Congreso de Argentina legalizó el aborto. Nueve meses más tarde, la Suprema Corte de Justicia de México sorprendió al despenalizar esta práctica con el voto unánime de sus integrantes. Dos semanas después, la Cámara de Diputados de Chile también aprobó la despenalización, pero todavía falta el aval del Senado.

Escenario

Para despenalizar el aborto en Colombia se requieren por lo menos cinco de los nueve votos que hay en la Corte Constitucional.

Por ahora, se prevé que votarán a favor José Fernando Reyes, Alejandro Linares, Alberto Rojas Ríos y José Lizarazo, y en contra Gloria Ortiz y Cristina Pardo, pero no se tiene certeza sobre la posición de Jorge Enrique Íbañez, Paola Meneses y Diana Fajardo.

Parte de la incertidumbre se debe a que falta conocer los detalles de las ponencias de Rojas Ríos y de Lizarazo, y debatirlas en el pleno. En ambos casos, la tesis central es que se debe declarar la inconstitucionalidad del Artículo 122 del Código Penal porque discrimina a las mujeres.

Por otro lado, la semana pasada la Consultora Ipsos reveló que, de acuerdo con una encuesta global, en Colombia la legalización del aborto solo tiene un apoyo del 26 % y que el 9,0 % lo considera inadmisible en cualquier circunstancia. Por el contrario, un 36 % la aprueba solo en determinados casos.

Más allá de que el respaldo social no es mayoritario, el movimiento Causa Justa advierte que el derecho al aborto en Colombia no está plenamente garantizado, ya que hay médicos que se amparan en la objeción de conciencia para no interrumpir embarazos aunque cumplan con alguna de las tres causales que ya están despenalizadas.

El informe “Criminalización por el delito de aborto en Colombia”, que esta organización realizó junto con la Universidad de Los Andes y la Mesa por la Vida y Salud de las Mujeres, reveló que hay 5.737 procesos por el delito de aborto en la Fiscalía General, y que en 450 ya se dictaron penas.

Uno de los datos más destacados del documento, que fue presentado en julio pasado, es que demuestra que desde 2006, cuando se logró la despenalización por causales, las denuncias en lugar de reducirse, aumentaron hasta alcanzar un promedio de 400 al año.

21 octubre 2021

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Corea del Sur: medio millón de trabajadores van al paro y miles se movilizan

Medio millón de trabajadores se unieron a la huelga y miles realizaron manifestaciones en Seúl y en otros lugares el jueves, muchos con disfraces que hacen referencia a la oscura serie que se inspiró en las terribles condiciones económicas que enfrentan muchos surcoreanos.

 

Al menos medio millón de trabajadores en Corea del Sur de los sectores de la construcción, el transporte, los servicios y otros abandonaron sus trabajos para unirse a la huelga general el 20 de octubre de 2021. La Confederación de Sindicatos de Corea (KCTU), la organización laboral más grande del país, con más de un millón de miembros, realizó un mitin a nivel nacional para lograr mejores condiciones y una mayor autodeterminación de los trabajadores. Cerca de 80.000 trabajadores participaron en manifestaciones en 13 ciudades de todo el país, con 27.000 trabajadores participando solo en Seúl.

Además hubo una particularidad de que en las movilizaciones se utilizaron los trajes y máscaras de la popular serie de Netflix "El Juego del Calamar". La serie trata sobre cientos de surcoreanos con problemas de dinero atraídos a competir en series de juegos sencillos por un enorme premio en efectivo, pero la penalización por perder cualquiera de las seis etapas es instantánea y muerte brutal. Se inspiró en las condiciones de los surcoreanos normales tras el colapso económico mundial de 2008.

Las demandas de huelga se pueden clasificar en tres categorías amplias : abolir el "trabajo irregular" (trabajo a tiempo parcial, temporal o por contrato con pocos o ningún beneficio) y extender las protecciones laborales a todos los trabajadores, dando a los trabajadores más poder de decisión en torno a la reestructuración económica. En tiempos de crisis, la nacionalización de industrias clave como la salud y los servicios básicos como la educación y la vivienda. Los trabajadores en huelga exigen que la vivienda pública aumente del 5% al ​​50% del parque de viviendas y que el gobierno contrate a un millón de nuevos trabajadores de cuidado para brindar cuidado de niños y ancianos gratis, expandir la atención médica pública, brindar preparación universitaria gratuita y terminar con el sistema de clasificación universitaria. También luchan por el fin de las lagunas en las leyes laborales que permiten a los empleadores privar a sus empleados de derechos básicos, como el derecho a organizarse, así como su acceso a beneficios y compensación por lesiones laborales.

Corea del Sur ocupa el tercer lugar en el mundo con las horas de trabajo anuales más altas, en 2015, ocupó el tercer lugar más alto en número de muertes en el lugar de trabajo, entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Se estima que aproximadamente el 40 por ciento se consideran "trabajadores irregulares" y se encuentran principalmente en la economía del trabajo temporal. Estos trabajadores irregulares incluyen trabajadores temporales y subcontratados y no reciben todos los beneficios prometidos en la legislación laboral existente.

Los trabajadores movilizados son cada vez más y son quienes están sacando a la luz las terribles condiciones laborales que muchos han soportado. El personal de limpieza de LG Towers compartió que LG contrató matones para verter agua en las tiendas de los trabajadores mientras dormían mientras protestaban por los despidos y las condiciones de explotación en el lugar de trabajo en los fríos meses de invierno. Los mineros de carbón de Korea Coal, propiedad del gobierno, discutieron cuántos mineros están sufriendo problemas de salud por respirar polvo de carbón y exceso de trabajo. Los trabajadores irregulares en las minas hacen exactamente el mismo trabajo que los trabajadores a tiempo completo y sufren las mismas dolencias, pero no reciben ni la mitad del mismo salario que sus contrapartes.

Chaebol (es decir, los conglomerados corporativos controlados por familias unifamiliares, como Samsung, Hyundai y LG) han creado y fomentado problemas sociales y económicos. Los chaebols son responsables de la crisis financiera asiática de 1997 , así como de la concentración económica y la consolidación industrial que se aceleró después de la crisis, que culminó en despidos y una mayor precariedad de trabajadores en industrias clave como la automotriz. Sesenta y cuatro chaebols reclaman el 84 por ciento del PIB, pero proporcionan solo el 10 por ciento de los puestos de trabajo . A medida que los grandes conglomerados comerciales reducen la contratación, los trabajadores tienen que asumir cada vez más un segundo y tercer empleo para poder pagar sus facturas debido a la inherente inestabilidad del trabajo de baja jornada, contrato limitado o sin contrato.

La policía reprimió duramente las protestas, desplegando agentes e instalando paredes de autobuses para bloquear el movimiento desde la estación de Seodaemun hacia la oficina presidencial cerca de Sejong-no, además de chocar con los manifestantes en los puestos de control. El presidente de la KCTU, Yang Kyung-soo, y al menos otros 30 organizadores sindicales fueron arrestados y encarcelados, según el director de políticas de la KCTU. Los funcionarios citaron las medidas de prevención del coronavirus como la razón para evitar las protestas, y el ministro del Interior y Seguridad, Jeon Hae-cheol, llegó a decir que las protestas destruirían las expectativas de normalidad en este punto de inflexión crítico.

Pero no debería haber ninguna expectativa de normalidad. Si bien Corea del Sur fue anunciada en todo el mundo como un modelo a seguir en términos de medidas de prevención de enfermedades de salud pública, la crisis del coronavirus también puso al descubierto la verdadera precariedad de los trabajadores. Las industrias de las aerolíneas, la fabricación de automóviles y la construcción naval están despidiendo trabajadores en masa, mientras que los precios promedio de los apartamentos en todo el país han aumentado más del 70 por ciento en los últimos cinco años. Todos los pasos que el presidente Moon ha tomado desde 2017 para tratar de reducir los precios de la vivienda, como los pasos regulatorios, aumentar los impuestos a las ganancias de capital por la mudanza de viviendas y los impuestos a la propiedad para los propietarios de viviendas múltiples, finalmente no han tenido éxito. Solo desde julio de 2020 hasta julio de 2021, los precios de las viviendas aumentaron un 14,3 por ciento . La deuda de los hogares en Corea del Sur es casi el doble del ingreso familiar promedio, pero la respuesta del gobierno al aumento de la deuda y la inflación de los hogares es aumentar las tasas de interés para tratar de disminuir la inflación.

Entre otras demandas, la huelga también exige la nacionalización de industrias críticas y una mayor autodeterminación de los trabajadores en tiempos de crisis económica.

Se movilizó a muchos trabajadores de una variedad de industrias, como la educación, el servicio civil, la manufactura, la logística y los sectores de la construcción. Los gobiernos capitalistas burgueses siempre intentarán obstaculizar la autodeterminación y la nacionalización de los servicios bajo el control de los trabajadores. El gobierno coreano podría ceder ante la presión social y ofrecer algunas concesiones a los trabajadores, como aumentar los canales para que los trabajadores aporten información en la toma de decisiones económicas (sin implementar cambios críticos) o invertir algo de dinero en los servicios sociales. Sin embargo, los trabajadores merecen mucho más que las concesiones que se pueden otorgar o no.

Es inspirador que los trabajadores estén luchando contra la ofensiva neoliberal que diezmó por completo la red de seguridad social, y estén luchando por mejores condiciones laborales y mejores vidas. En los Estados Unidos, en el núcleo imperial, debemos apoyar la lucha de los trabajadores coreanos para terminar con el trabajo irregular y precario, por la mejora de las condiciones laborales, más poder de decisión y una mayor nacionalización, al mismo tiempo que luchamos por más para todos los trabajadores en todas partes.

Para que los trabajadores coreanos ganen sus demandas, deben continuar luchando, extendiendo la huelga de un día a una huelga general indefinida hasta que obtengan lo que legítimamente merecen. Solo ejerciendo todo el poder de la clase obrera a través de sus métodos, los trabajadores podrán ganar sus demandas.

Por KS Mehta

Jueves 21 de octubre

Publicado enInternacional
La ONU declaró que un ambiente limpio, saludable y sostenible es un derecho humano

Frente a las consecuencias innegables del cambio climático, la resolución adoptada por el Consejo de Derechos Humanos insta a los Estados a tomar medidas «rápidas y reales» para el cuidado del ambiente y el pleno ejercicio de los derechos. La OMS también emitió un comunicado crítico en el que pide soluciones urgentes en la próxima COP 26.

El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró que un medio ambiente limpio, saludable y sostenible es un derecho humano. Lo hizo a través de una resolución impulsada por Costa Rica, Maldivas, Marruecos, Eslovenia y Suiza, que obtuvo 43 votos de apoyo y ningún voto en contra. Sin embargo, Rusia, China, India y Japón se abstuvieron de votar. El Consejo instó a tratar el tema en la Asamblea General y estableció, en una resolución separada, una nueva relatoría dedicada específicamente al impacto del cambio climático en los derechos humanos. La Organización Mundial de la Salud y Amnistía Internacional también emitieron declaraciones que ratifican la perspectiva de derechos humanos ligados íntimamente al respeto a la naturaleza.

El organismo internacional observó que el derecho a un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible está relacionado con otros derechos humanos reconocidos internacionalmente. Los derechos humanos son indivisibles e interrelacionados. En los hechos, la degradación del ambiente daña el ejercicio del derecho a la salud, a la vivienda digna y a la educación, entre otros. Este derecho tiene sus raíces en la Declaración de Estocolmo de 1972. En ese documento, la ONU ya afirmaba que «hemos llegado a un momento de la historia en que debemos orientar nuestros actos en todo el mundo
atendiendo con mayor solicitud a las consecuencias que puedan tener para el medio ambiente
«.

Proteger el medio ambiente, la naturaleza y a las personas que luchan contra el extractivismo

La reciente declaración del Consejo de Derechos Humanos de la ONU alienta a los Estados a que creen capacidades para las actividades de protección del medio ambiente, a fin de cumplir sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos. Se pide, asimismo, que mejoren la cooperación con otros Estados, el resto del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales y regionales, las instituciones nacionales de derechos humanos y las empresas para la implementación del derecho a un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible.

También se les insta a adoptar políticas para el disfrute del derecho a un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, en resguardo de la biodiversidad y los ecosistemas. El documento pone en el contexto de la garantía de los derechos humanos el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tomando en consideración su carácter integrado y multisectorial. Además, invita a la Asamblea General a «examinar» el tema. El derecho a un medioambiente saludable está reconocido jurídicamente en más del 80% de los Estados miembros de la ONU a través de constituciones, leyes, sentencias judiciales y tratados regionales.

El reconocimiento de esta garantía fundamental por el máximo órgano de derechos humanos es el resultado de décadas de ardua lucha de ambientalistas, activistas, pueblos indígenas, científicos y muchos otros actores de la sociedad civil. Este hito significa también protección para quienes luchan contra los extractivismos y la contaminación. Según datos brindados por la propia ONU, solo en 2020 fueron asesinados más de 200 activistas.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó a los Estados a tomar medidas audaces para dar efecto “rápido y real” al derecho a un medio ambiente saludable. En ese sentido, manifestó su intención de que la medida “sirva como trampolín para impulsar políticas económicas, sociales y ambientales transformadoras que protejan a las personas y a la naturaleza”.

A su vez, destacó que la declaración de este derecho reconoce claramente la degradación ambiental y el cambio climático como crisis de derechos humanos interconectadas. Asimismo, continuó, la medida resalta que los segmentos de la población en mayor situación de vulnerabilidad se ven afectados de manera más aguda. Por su parte, la directora ejecutiva del Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA), Inger Andersen, aseveró que la adopción de la resolución es “un hito decisivo para la justicia ambiental”.

La lucha de la sociedad civil por el reconocimiento del cuidado del ambiente como derecho humano

En la previa de la reunión del Consejo de Derechos Humanos, Amnistía Internacional junto a más de 1100 grupos de la sociedad civil y de pueblos indígenas emitió una declaración pública en la que instaba al organismos de la ONU a reconocer un medioambiente seguro, limpio, saludable y sostenible como derecho humano universal. «Cuando millones de personas sufren hambre y desplazamiento debido a los efectos del cambio climático y la degradación ambiental, está más claro que nunca que la vida y la dignidad humanas dependen de un medioambiente saludable», señalaba el documento conjunto, que también exigió a los Estados miembros que mandaten un procedimiento especial de la ONU sobre derechos humanos y cambio climático.

“Los dramáticos efectos del cambio climático han puesto al descubierto, con una claridad devastadora, hasta qué punto un medioambiente saludable es parte integral del disfrute de todos nuestros demás derechos. Es fácil no valorar nuestro planeta hasta que vemos el costo humano de su degradación: hambre, desplazamiento, desempleo, carencia de hogar, enfermedades y muertes”, afirmó Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

El documento encabezado por Amnistía Internacional denunció que «la falta de medidas de los gobiernos para abordar el cambio climático pese a las acuciantes pruebas científicas podría ser la mayor violación de derechos humanos intergeneracional de la Historia». En ese sentido, consideraron que una declaración internacional «animaría a los Estados que aún no reconocen este derecho en sus leyes nacionales a reconocerlo, y motivaría a otros a reforzar su legislación».

La OMS se pronunció sobre «decisiones insostenibles» contra el planeta y la salud

En el Informe especial sobre cambio climático y salud, elaborado por la Organización Mundial de la Salud y publicado ayer en el marco de los preparativos de la 26.ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, expone el llamado de la comunidad mundial de la salud en favor de la acción climática. De esta manera, el cumplimiento de esos objetivos se vincula expresamente con la garantía derecho humano a la salud, razón más que suficiente para sostener la perspectiva de derechos humanos en las políticas ambientales.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, aseguró que «las mismas decisiones insostenibles que están matando a nuestro planeta están matando a las personas». Por este motivo, el organismo sanitario realizó un llamado a todos los países para que se comprometan a tomar medidas decisivas en la COP26 con el fin de limitar el calentamiento mundial a 1,5 °C.

El informe de la OMS se presenta al mismo tiempo que una carta abierta, firmada por más de dos tercios del personal de la salud mundial —300 organizaciones que representan al menos a 45 millones de médicos y profesionales de la salud de todo el mundo—, en la que se pide a los líderes nacionales y a las delegaciones de los países en la COP26 que intensifiquen la acción climática.

En el documento afirma: «La quema de combustibles fósiles nos está matando. El cambio climático es la mayor amenaza para la salud a la que se enfrenta la humanidad. Aunque nadie está a salvo de los impactos del cambio climático sobre la salud, los más vulnerables y desfavorecidos los sufren de forma desproporcionada». Además, sostiene que la contaminación del aire, resultado principalmente de la quema de combustibles fósiles, causa 13 muertes por minuto en todo el mundo.

Por | 20/10/2021

Publicado enMedio Ambiente
La periodista colombiana Jineth Bedoya, en una fotografía de archivo. EFE/Leonardo Muñoz

Más de 21 años después de la agresión a la periodista en la Cárcel Modelo de Bogotá, el tribunal internacional determinó que el Estado deberá pagar

 

Veintiún años después de que la periodista Jineth Bedoya fuera atacada en la Cárcel Modelo de Bogotá y agredida sexualmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) falló a favor de la actual subeditora del diario El Tiempo. Según el tribunal internacional, el Estado colombiano fue responsable no solo del ataque que sufrió Bedoya dentro de la prisión el 25 de mayo del 2000, sino del posterior secuestro en el que fue agredida sexual, física y verbalmente por paramilitares.

“La Corte IDH declaró la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los derechos a la integridad personal, honra y dignidad, libertad de pensamiento y expresión y garantías judiciales en perjuicio de la periodista por la ausencia de investigaciones sobre las amenazas que recibió con carácter previo y de manera posterior a los referidos hechos de 25 de mayo de 2000″, se lee en el resumen de la sentencia publicado por el tribunal este 18 de octubre.

La pelea de Bedoya en los tribunales internacionales está relacionada a dos atentados contra su integridad física y mental que sufrió en su labor como periodista. El primero, como ya se mencionó, ocurrió el 25 de mayo del 2000 y fue orquestada por paramilitares con la intención de detener su cubrimiento del conflicto armado y situación de violencia en la cárcel La Modelo. Allí se documentaron casos de descuartizamiento y desaparición y Bedoya, quien en ese momento trabajaba para el diario El Espectador, fue a investigar el tema.

El segundo caso ocurrió en 2005, cuando ya trabajaba para El Tiempo. La periodista fue retenida por una célula de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) que la liberó después de la presión del diario para el que trabajaba y de la sociedad civil.

Ambas situaciones sucedieron a pesar de que Bedoya había pedido protección al Estado debido a amenazas en su contra. La respuesta que recibió fue que “no estaba en riesgo y no podía recibir un esquema de seguridad”.

Teniendo esto en cuenta, y las otras evidencias aportadas por la periodista, la Corte IDH tomó la decisión de forma unánime.

Además de encontrar responsable al Estado colombiano por los que le sucedió a Bedoya en el año 2000, los magistrados declararon “violación del derecho a la integridad personal, honra y dignidad, garantías judiciales y protección judicial” en perjuicio de Luz Nelly Lima, madre de Bedoya.

En razón de estas violaciones, la Corte IDH ordenó siete medidas esenciales de reparación para resarcir a Bedoya de forma directa y para evitar que se presenten más casos como este en el futuro.

En la lista está promover y continuar las investigaciones que sean necesarias para sancionar a los otros responsables de los actos sucedidos el 25 de mayo del 2000 y los actos de amenazas que ha sufrido. Además, el Estado colombiano deberá pagar las cantidades fijadas en la sentencia por concepto de rehabilitación, daño material, inmaterial y costas.

El Estado también deberá garantizar la difusión del programa transmedia “No es hora de callar”, el cual se transmitirá por el sistema de medios públicos. Este proyecto inició en 2010 y es liderado por Bedoya.

Entre las medidas que se deberán adoptar para evitar casos parecidos en el futuro, la Corte IDH ordenó crear e implementar un plan de capacitación y sensibilización a funcionarios públicos, fuerzas de seguridad y operadores de justicia para garantizar que cuenten con los conocimientos necesarios para identificar casos de violencia contras las mujeres basadas en el género. En este sentido, también deberán diseñar e implementar un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra periodistas, así como de violencia basada en género contra mujeres periodistas.

Por último, el Estado debe crear un centro estatal de memoria y dignificación de todas las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y del periodismo investigativo. Además de un Fondo destinado a la financiación de programas dirigidos a la prevención, protección y asistencia de mujeres periodistas víctimas de violencia.

18 de Octubre de 2021

Publicado enColombia
Trabajadores de Amazon y Google rechazan un contrato que vende "tecnología peligrosa" al Ejército israelí

Carta abierta de más de 400 empleados contra el Proyecto Nimbus

Ambas empresas se comprometen a prestarle a Tel Aviv servicios de almacenamiento en nubes que pueden ser utilizados "para recolectar ilegalmente los datos de palestinos" y seguir expandiendo "los asentamientos ilegales israelíes sobre los territorios de Palestina".

18 de octubre de 2021

Mientras hacen negocios millonarios, Amazon y Google preparan el terreno para que el gobierno israelí vigile con mayor precisión a los palestinos y los expulse de sus tierras. Así lo denunciaron más de 400 trabajadores de los gigantes tecnológicos en una carta abierta publicada en el diario The Guardian, un hecho que pasó casi inadvertido para la prensa internacional. Los firmantes, que no revelaron su identidad por temor a represalias, denuncian que bajo un contrato por alrededor de 1.200 millones de dólares llamado Proyecto Nimbus, Amazon y Google se comprometen a prestarle a Tel Aviv servicios de almacenamiento en nubes que pueden ser utilizados "para recolectar ilegalmente datos de palestinos" y seguir expandiendo "los asentamientos ilegales israelíes sobre los territorios de Palestina": se trataría, en definitiva, de un proyecto que vende "tecnología peligrosa" al ejército israelí

La escalada de violencia en el conflicto entre israelíes y palestinos llegó de esta forma al corazón de Silicon Valley, revelando una división cada vez más profunda entre los empleados de Google y la cultura rígida de las empresas tecnológicas. La situación revela, además, que muchas veces no alcanza con un enorme poderío militar o una fuerte presencia en el terreno para triunfar en un conflicto armado: se hace cada vez más necesario tener una posición dominante en la llamada "guerra de los datos".

Los detalles del Proyecto Nimbus

"No podemos mirar hacia otro lado, ya que los productos que construimos se utilizan para negarle a los palestinos sus derechos básicos, obligar a los palestinos a abandonar sus hogares y atacar a los palestinos en la Franja de Gaza", declararon los trabajadores de Amazon y Google en la carta publicada en The Guardian. Agregan que el Proyecto Nimbus se firmó con el gobierno israelí "la misma semana en que el ejército israelí atacó a los palestinos en la Franja de Gaza, matando a casi 250 personas, entre ellas más de 60 niños". En ese momento, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, declaró que los bombardeos israelíes podrían constituir "crímenes de guerra".

El servicio provisto en la nube de datos favorecería la expansión de los asentamientos israelíes al trabajar codo a codo con la Autoridad de Tierras de Israel (ILA), la agencia gubernamental que administra y asigna las tierras estatales. Como denunciara en su momento Human Rights Watch, la ILA administra políticas territoriales "discriminatorias" que "fomentan el crecimiento y la expansión" de asentamientos predominantemente judíos, mientras acorralan a los palestinos en densos centros de población en "términos marcadamente desiguales".

El contrato del gobierno de Naftali Bennett para hacerse con los servicios de Google y Amazon es por siete años, con la opción de extenderlo por un total de 23. El Proyecto Nimbus prevé la instalación de seis centros de datos en Israel con una inversión de al menos cuatro millones de séquels israelíes (1.230 millones de dólares). Los datos en la nube serán procesados y se almacenarán dentro de las fronteras de Israel.

Los empleados que se manifestaron en el documento sostienen que las dos empresas de tecnología cerraron previamente contratos con instituciones estadounidenses como el Departamento de Defensa, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la policía. "Estos contratos son parte de un patrón perturbador de militarización, falta de transparencia y supervisión", señalan los denunciantes, quienes creen que el acuerdo con el gobierno israelí sigue esa misma línea.

"Cortar los contratos es la única opción ética"

Gabriel Schubiner, ingeniero de software de Google, condenó el contrato firmado con Israel en un artículo publicado en el sitio web de NBC News, exigiendo una respuesta inmediata a las autoridades de la compañía. "En 2019, Google canceló el Proyecto Dragonfly, un motor de búsqueda censurado en China, y se retiró del Proyecto Maven del Pentágono en 2018", recordó Schubiner. El primero recibió una lluvia de críticas por convertirse en una potencial herramienta de las autoridades chinas para censurar el contenido en Internet. Del segundo se sospechaba que podía ayudar al Pentágono a mejorar la precisión de sus ataques militares con drones.

"Los mismos principios deberían aplicarse a los contratos del Proyecto Nimbus y todos los contratos futuros basados ​​en sus consecuencias en el mundo real", remarcó Schubiner y agregó sin vueltas: "Dado que no tenemos la capacidad de garantizar que la tecnología que construimos no se utilice para cometer abusos contra los derechos humanos de los palestinos, cortar los contratos es la única opción ética que les queda a nuestras empresas".

Además de llamar a las empresas a que abandonen el proyecto y sus vínculos con las fuerzas de ocupación israelíes, los empleados de Google y Amazon convocaron "a los trabajadores del sector tecnológico y a la comunidad internacional para que se unan a nosotros en la construcción de un mundo en el que la tecnología promueva la seguridad y la dignidad para todos". Más adelante agregaron, apelando al más básico sentido común: "La tecnología debe usarse para unir a las personas, no para facilitar y afianzar la violencia y la segregación"

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Viernes, 15 Octubre 2021 06:13

Tortura indetenible

Tortura indetenible

La violencia estatal en Venezuela

Desapariciones, golpes, culatazos, asfixia, quemaduras, descargas eléctricas, violencia sexual y, a veces, la muerte. Un mal que ha sido endémico en el país se ha agravado en los últimos años y dispara cada vez más alarmas.

 

La noche del 28 de junio de 2019, el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, de 50 años, retirado de la Armada en 2006 y considerado opositor político, fue llevado ante un tribunal castrense por efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela (DGCIM) para oír cargos de conspiración contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Horas antes lo habían llevado al hospital militar de Caracas, donde el médico certificó que tenía traumatismos en el tórax, la nariz, un dedo, un tobillo, infección en la piel y deshidratación. Acosta ni siquiera pudo articular palabra. Por señas pidió ayuda a su abogado, asintió con la cabeza cuando este le preguntó si había sido torturado y el juez lo vio en tal mal estado que ordenó devolverlo al hospital.

Acosta se desmayó y, según algunos testigos, murió allí mismo, en el estrado. Llegó al hospital sin signos vitales. Un informe forense dio cuenta de que presentaba 38 lesiones, como las fracturas del tabique nasal y un pie, quemaduras, hematomas en varias partes del cuerpo y escoriaciones en hombros, codos y rodillas.

Una semana antes de su muerte, cuando viajaba desde Caracas hacia Guatire, 30 quilómetros al este, su familia perdió todo contacto con él y solo supieron de su paradero cuando se informó que era llevado al tribunal.

Dos oficiales de menor rango, un teniente y un sargento, fueron procesados por homicidio preterintencional y la fiscalía no investigó evidencias de tortura ni responsabilidades mayores en la cadena de mando. El Tribunal Supremo de Justicia ordenó una nueva investigación y un nuevo juicio, con resultados aún esperados, pero solo se responsabiliza a los subalternos.

Este es el corazón del caso Acosta tal como lo recogen informes de la Misión Independiente de Determinación de Hechos sobre el caso Venezuela constituida por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y reportes sucesivos en los dos últimos años de la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet. Esos informes están nutridos de casos, señalamientos y recomendaciones con respecto al tema de la violación de derechos humanos fundamentales en Venezuela, sistemáticamente rechazadas por el gobierno de Maduro, la fiscalía y demás instituciones en la cúpula del Estado.

En paralelo, la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), que la gambiana Fatou Bensouda traspasó en julio al británico Karim Khan, hizo un examen preliminar de la situación de los derechos humanos en Venezuela y llegó «a la conclusión de que la información disponible proporciona una base razonable para creer que desde, al menos, abril de 2017 autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas y personas progubernamentales han cometido crímenes de lesa humanidad», entre ellos, la tortura. Ese reporte abre puertas para un posible encausamiento, ante la justicia penal internacional, de responsables del Estado venezolano y de sus aparatos armados.

VIEJA PRÁCTICA

La tortura en Venezuela «es una práctica que tiene muchos años, y no solo la comete la DGCIM, uno de los organismos más señalados en los últimos cuatro años, sino también el Servicio Bolivariano de Información (la Policía política), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (la Policía judicial), que tiene muchos años practicándola, y se han sumado Policías regionales y municipales», dijo a Brecha Marino Alvarado, quien ha sido coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), posiblemente la más reconocida ONG de derechos humanos en el país.

En el siglo XX, las dictaduras militares de Juan Vicente Gómez (1908-1935) y Marcos Pérez Jiménez (1948-1958) practicaron la tortura contra los detenidos políticos y, en los años sesenta y setenta, lo hicieron unidades militares y policiales que combatían a las guerrillas izquierdistas. En paralelo, fue avanzando la práctica, por parte de las Policías a cargo de combatir los delitos comunes, de torturar a los detenidos para arrancarles confesiones o para infligirles castigos, lo que, junto con los tratos inhumanos y degradantes, se hizo pan de cada día en las prisiones y comisarías. El resultado fue una suerte de institucionalización de esa práctica, que acompañó muchas veces a las ejecuciones extrajudiciales en las redadas o razias policiales y a la represión en las cárceles, que condujo a motines, varias veces saldados con decenas de muertes.

Cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1999, la represión por razones políticas amainó, pero resurgió después de las manifestaciones estudiantiles de 2007. Y, tras la muerte del carismático líder, en 2013, se incrementaron las facultades, la organización, el número de efectivos y el equipamiento de las fuerzas del orden, y se crearon unidades de comandos señalados por ONG humanitarias como perpetradoras de múltiples violaciones a los derechos humanos.

Maduro, quien gobierna desde entonces, ha denunciado, develado y superado complots para derrocarlo o asesinarlo, y en ese contexto se mantiene a cientos de civiles y militares como presos políticos –con frecuencia salen algunos y se aprehende a otros, en una especie de puerta giratoria–. De allí emanan constantes denuncias de torturas y tratos inhumanos (como no permitirles a los presos políticos el acceso a una oportuna atención médica en plena pandemia, por ejemplo), a las que las entidades internacionales de derechos humanos agregan las denuncias de los crímenes perpetrados contra los presos «comunes».

CIFRAS Y GOLPIZAS

Entre 2013 y 2020, el Provea contabilizó 1.267 casos de tortura y la muerte de 76 personas por haber sido torturadas. De estos fallecimientos, 23 ocurrieron en 2019 y cuatro en 2020, cuando también disminuyeron las cifras de otras violaciones a la integridad personal (lesiones, tratos crueles, amenazas, allanamientos ilegales de hogares), que afectaron a 2.700 víctimas en vez de a las 5.200 de 2019. Pero el Provea advierte la probabilidad de un subregistro, porque, junto con las situaciones derivadas de la pandemia y el persistente miedo de las víctimas a denunciar, están la opacidad oficial y el desplome de la prensa independiente para ventilar las denuncias. Por ello, la organización considera que, en general, se mantienen para estas violaciones «los promedios de la era Maduro».

La mayoría de las lesiones infligidas a las víctimas consisten en golpes, patadas, culatazos, descargas eléctricas, crucifixión, violación, peinillazos (golpes con la hoja de un machete) e insultos, según el Provea. Familiares de internos en una cárcel de Barquisimeto, en el centrooeste del país, denunciaron que a los presos se los castiga de madrugada con palizas y colgándolos cabeza abajo con un artefacto que denominan la grúa. Las listas de ejecutores de violaciones las encabezaron el año pasado el cuerpo de vigilantes penitenciarios y los comandos de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana. En 2016 y 2017, el mayor número de casos se atribuyó a organismos militares y comandos policiales. A comienzos de julio, Bachelet dijo que este año su oficina «continúa recibiendo denuncias de torturas y tratos crueles» contra personas detenidas en Venezuela.

LAS MUJERES

A la fecha, según el Foro Penal, una red de abogados que defiende a presos políticos, en Venezuela hay 259 detenidos por razones políticas, de los que 133 son militares. Hay un adolescente y 15 son mujeres. Los familiares denuncian que, como muchas otras detenidas, las presas por razones políticas han sido víctimas de agresiones, amenazas e insultos. Un caso destacado es el de Emirlendris Benítez, detenida en las llanuras al suroeste de Caracas en agosto de 2018, acusada de participar en un intento de magnicidio contra Maduro. Estuvo presa en la DGCIM y permanece en la cárcel de mujeres de Los Teques, cerca de Caracas. Una hermana denunció que «sufrió torturas que le provocaron un aborto», según se enteró al cabo de meses sin saber de la detenida, quien ahora también padece de una hernia y otras dolencias.

En marzo, Marta Valiñas, presidenta de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU, dijo que su equipo investigaba «denuncias de tortura y tratos y penas crueles, incluidas las de actos de violencia sexual y de género contra las personas detenidas». Estudios de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones señalan que las mujeres –2.300 de los 57 mil presos en este país de 28 millones de habitantes– a menudo son víctimas de extorsión por parte de custodios y lideresas negativas en las cárceles, forzándoselas a intercambiar sexo por protección o acceso a suministros esenciales como agua, alimentos, productos de higiene o atención médica.

RÉPLICA

En febrero, ante la Asamblea Nacional (Parlamento), el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, defendió el trabajo de su despacho para encarar los crímenes que padecen los detenidos, pues en el período 2017-2020, dijo, «fueron acusados 1.019 funcionarios y 136 civiles por casos de homicidio, tortura, tratos crueles, tratos inhumanos o degradantes, privación ilegítima de libertad y violaciones de domicilio. En el 16 por ciento de los casos hubo condenas». Además, Saab ofreció colaboración a la CPI. En cambio, calificó como un «panfleto» ofensivo a la institucionalidad venezolana los informes de la Misión de Determinación de Hechos y acusó a sus integrantes de recibir sobornos de gobiernos enemigos del de Caracas.

En 2013, la Asamblea Nacional, entonces dominada por el oficialista Partido Socialista Unido, adoptó la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, promulgada por Maduro. Creó una comisión nacional estatal para prevenir la tortura, adscrita a la Defensoría del Pueblo (que integra uno de los cinco poderes a la cabeza del Estado), le asignó amplias funciones en ese campo y dispuso penas de entre 15 y 25 años para los funcionarios que fueran hallados culpables de tortura.

Evidentemente, la norma ha quedado en el papel. La oficina de Bachelet señaló hace tres meses, por ejemplo, que entre junio de 2020 y abril de 2021 no logró conocer ninguna acción de esa comisión nacional. La Defensoría del Pueblo tampoco se moviliza ante las denuncias de tortura, según organizaciones de derechos humanos, a pesar de que su titular, Alfredo Ruiz, condujo durante años la ONG Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, impulsora de la ley contra la tortura.

EL DRAMA SIGUE

«La mejor prevención es sancionar a los responsables de la tortura, lo que prácticamente no se hace», lamenta Alvarado. Pero, además, señala que ese lunar en la vida venezolana se expande con hechos como la existencia, según denuncias recogidas por organizaciones de derechos humanos, de centros o casas clandestinas para la práctica de la tortura por parte de algunos organismos de seguridad. Otras denuncias refieren, con por lo menos un caso documentado, que algunos grupos paraestatales alineados con el oficialismo, los autodenominados colectivos, han practicado por su cuenta detenciones arbitrarias durante semanas, acompañadas de torturas, de personas de tendencias políticas rivales. Muchos de estos colectivos son agrupaciones solo de trabajo político y comunitario, pero algunos exhiben su condición de grupos armados y controlan la vida de vecindarios enteros en Caracas y otras ciudades.

Alvarado también lamentó recibir denuncias de casos en los que fiscales y jueces presencian torturas a detenidos o se enteran de ellas y hacen la vista gorda, a despecho de que la ley dispone castigar con entre 13 y 23 años de cárcel al funcionario que sea cómplice de ese delito. Y, finalmente, reconoce que la tortura adquiere visibilidad cuando sus víctimas son detenidas por razones políticas, pero casi nunca cuando lo son por delitos comunes, lo que explica de forma parcial la indiferencia de gran parte de la población –por lo demás, en el caso de Venezuela, sumida y absorta en una superposición de crisis económica, política, social y migratoria– a este drama.

Sin embargo, el tema ya se ha instalado en los radares de los sistemas internacionales de derechos humanos. Se trata de delitos que no prescriben y pueden dar lugar a un proceso penal contra responsables del Estado venezolano.

Por Humberto Márquezdesde Caracas 
14 octubre, 2021

Publicado enInternacional
Milicianos de Hezbollah disparan contra grupos armados cristianos en Beirut.. Imagen: AFP

La manifestación fue convocada por el movimientos chiíta Hezbollah y sus aliados de Amal

Los enfrentamientos cerca del Palacio de Justicia de la capital libanesa incluyeron francotiradores y el uso de pistolas, fusiles Kalashnikovs y lanzadoras de granadas. Ya hay nueve detenidos, entre ellos un ciudadano sirio.

15 de octubre de 2021

Al menos seis personas murieron y unas 30 resultaron heridas en Beirut por tiroteos registrados durante una protesta de los movimientos chiitas Hezbollah y sus aliados Amal contra el juez que investiga la explosión en el puerto de la capital libanesaen agosto de 2020. Disparos incesantes y explosiones resonaron cerca del Palacio de Justicia, ante el que se habían reunido centenares de manifestantes, vestidos de negro, algunos de ellos armados. Los enfrentamientos incluyeron francotiradores y el uso de pistolas, fusiles Kalashnikovs y lanzadoras de granadas. Las escenas vividas el jueves, por las que ya hay nueve detenidos, entre ellos un ciudadano sirio, provocaron el miedo a una nueva oleada de violencia sectaria en este país que fue escenario de una guerra civil (1975-1990).

Los detalles de una escena de guerra

Francotiradores apostados en los tejados del barrio capitalino de Tayoune atacaron a un grupo de manifestantes cuando se dirigían a una protesta convocada por Amal y Hezbollah frente al Palacio de Justicia. El ministro de Interior libanés, Bassam Mawlawi, confirmó posteriormente en conferencia de prensa que varias personas recibieron disparos "en la cabeza", lo que confirmaría la hipótesis de los francotiradores, mientras que a los disparos le sumó el lanzamiento de granadas propulsadas por cohetes en la misma zona.

Al ataque le siguieron varias horas de enfrentamientos entre hombres armados chiitas y otros de afiliación aún desconocida, con un saldo de al menos 30 muertos según el último balance de la Cruz Roja. Entre los fallecidos hay una mujer de 24 años que recibió una bala en la cabeza cuando estaba en su casa, dijo un doctor del hospital Sahel, al sur de Beirut.

En las redes sociales circulaban videos de estudiantes escondidos bajo sus pupitres o tirados al suelo en plena clase. "Me escondí con mi primo y mi tía en un espacio de dos metros cuadrados, entre dos habitaciones, por miedo a las balas perdidas", decía Bissan al Fakih, una vecina de la zona.

Temor al sectarismo

El área donde se registraron los disturbios, los peores en años, se ubica cerca de la división entre una zona chiita y otra cristiana que durante la guerra civil libanesa fue escenario de importantes batallas sectarias, lo cual eleva el temor a una posible repetición de aquel conflicto entre grupos religiosos.

En un comunicado conjunto, Hezbollah y Amal acusaron por el ataque a "grupos del (partido cristiano) de las Fuerzas Libanesas desplegados en los barrios y tejados aledaños". Se trata del segundo bloque cristiano del Parlamento libanés y una antigua milicia que operó durante el conflicto que ensangrentó al Líbano.

Sin embargo la formación de Samir Geagea, quien fue un importante comandante durante la contienda y estuvo encarcelado por su participación, negó categóricamente las acusaciones y pidió a las autoridades una "clara y explícita" adjudicación de responsabilidades por la violencia. Las Fuerzas Libanesas culpan por los disturbios a los esfuerzos de Hezbollah por apartar al juez Tarek Bitar de la investigación.

Implosión del gobierno y crisis en el país

Cientos de partidarios de Amal y Hezbollah se congregaron el jueves por la mañana en Beirut al grito de "Fuera Bitar" o "Está jugando con fuego", días después de que el juez de la causa citara a declarar a dos exministros de Amal sospechosos de negligencia en el caso de la explosión del puerto, ocurrida el cuatro de agosto de 2020 debido a cantidades de nitrato de amonio almacenadas de forma irregular. En esa tragedia murieron al menos 214 personas, hubo más de 6.000 heridos y numerosos edificios de la capital terminaron devastados.

Durante la protesta del jueves, los manifestantes quemaron retratos del juez y de la embajadora estadounidense en Líbano, Dorothy Shea. Estos cruentos enfrentamientos coinciden con la presencia en Beirut de la número tres del Departamento de Estado norteamericano, Victoria Nuland. 

Ali Toubi, un abogado que asistió a la movilización, aseguró que apoya a las familias de las víctimas de la explosión en su lucha por llevar ante la justicia a "todos los perpetradores", pero insistió en que el juez actúa de forma "selectiva" y carga contra "gente de un solo color y partido".

El primer ministro Nayib Mikati llamó a mantener la calma y a "no dejarse llevar a la sedición, sin importar el pretexto". Mikati mantuvo reuniones con el presidente de Líbano, Michel Aoun, y el presidente del Parlamento, Nabih Berri, para abordar la situación y pidió una reunión del Consejo de Seguridad libanés en las próximas horas.

Hezbollah y sus aliados chiitas entienden que el juez está politizando la investigación. El martes, el juez Bitar lanzó una orden de detención contra el diputado y exministro de Finanzas Ali Hassan Khalil, miembro de Amal. Acto seguido se vio obligado a suspender la investigación ya que dos exministros presentaron una denuncia contra él ante la justicia, que fue desestimada este jueves, por lo que el magistrado podrá seguir adelante con su trabajo. 

Este asunto está a punto de provocar una implosión del recién formado gobierno libanés, después de un año de bloqueo políticoLas autoridades locales, señaladas por negligencia criminal y abandono, se niegan a autorizar una investigación internacional y son acusadas por las familias de las víctimas y ONGs de obstaculizar a la justicia.

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