Kathi Weeks: “Los movimientos sociales están influidos por la crítica del trabajo. Y si no lo están, deberían estarlo”

Weeks abre su última obra publicada en castellano preguntándose por qué la teoría política ha prestado tan poca atención al problema del trabajo, y frente a su privatización y despolitización, propone una reflexión sobre los modos de hacer público y repolitizar lo laboral.

 

Kathi Weeks es autora de El problema del trabajo, recientemente publicado en castellano por Traficantes de Sueños. En su obra, Weeks pone en juego una caja de herramientas que recorre distintas tradiciones desde los feminismos a los marxismos, desde la teoría literaria a las perspectivas de las luchas políticas, útiles para una concepción crítica del trabajo actualizada para el siglo XXI. En la conversación, aborda temas como los efectos de la pandemia en la ética del trabajo, los sujetos y movimientos políticos que en el presente podrían encarnar el rechazo al trabajo, la potencia de las demandas de Renta Básica Universal y de reducción de la jornada laboral, las paradojas y debates sobre el desarrollo tecnológico y la automatización, y la crítica de lo que denomina el sistema de el-trabajo-y-la-familia. Kathi Weeks es profesora de género, sexualidad y estudios feministas en la Universidad de Duke. 

En las condiciones de la pandemia hemos visto una intensa polarización, por un lado, entre una fuerte ética del trabajo como algo “esencial” en comparación con otras esferas de la vida, y por otro lado, una conciencia del sinsentido de buena parte de los actuales empleos. ¿Cómo ha sido esto en el caso de Estados Unidos, un país con una ética del trabajo tan fuerte? 


Sí, completamente. Cuando los valores dominantes alaban el trabajo como algo central en lo que significa ser un individuo de éxito y un miembro digno de la sociedad, durante la pandemia una clara mayoría de gente en Estados Unidos insistió en que el trabajo no era algo por lo que morir o por lo que valga la pena arriesgar la salud de los demás. Aunque esto pueda significar otras muchas cosas, el parón de la economía debería reconocerse como una expresión del rechazo a esa manera de entender y valorar el trabajo generador de renta. También el trabajo se ha desmitificado de otra manera con el reconocimiento de que solo algunos empleos son lo suficientemente útiles como para ser considerados “esenciales” para la sociedad, y estos no suelen ser los mejor remunerados o de alto estatus. Así, por ejemplo, finalmente se reconoció que los trabajadores y trabajadoras de comercios de alimentación realizaban un trabajo importante y socialmente útil, a pesar de que al mismo tiempo se les pedía que se presentaran a empleos peligrosos y aun así mal pagados. La otra cara fue que se hizo cada vez más obvio que buena parte del resto de empleos, quizás la mayoría, eran poco necesarios si no totalmente inútiles, es decir, sin ningún sentido más allá de generar beneficio y sueldos. Y si la institución familiar ha sido la forma típica o normativa de recluirnos en los hogares, la pandemia también nos obligó a depender aún más intensamente de un trabajo doméstico no asalariado del cual se espera que nos sostenga o reproduzca en el día a día y generación tras generación a pesar de tener muy poco apoyo social o tiempo descontado del trabajo asalariado.

¿Crees que la pandemia, junto a otras circunstancias, ha modificado los imaginarios del trabajo, y por tanto, las posibilidades de demandas como la Renta Básica Universal que analizas en tu libro?


La crisis reveló con mucha mayor claridad las espectaculares exclusiones y disfunciones —si bien muy mundanas y cotidianas— producidas por el sistema de el-trabajo-y-la-familia, en parte porque los medios de comunicación se vieron obligados a informar sobre muchas de las increíbles tensiones que se produjeron en los hogares. El tema de la renta básica universal recibió un gran impulso en un periodo en el que se hizo evidente que el sistema salarial y la familia, como dos de los mecanismos básicos de distribución del ingreso, no están a la altura en tiempos “normales” ni mucho menos tienen la capacidad de garantizar seguridad y sustento en tiempos de crisis.

No sé cuánto tiempo durará el impulso de estos actos de rechazo y desmitificación de los empleos “productivos” inútiles y del trabajo reproductivo no remunerado, pero seguramente sobre ello se puede construir algo que demuestre por qué necesitamos un modo más racional, completo y confiable de recompensar todas las formas de trabajo y de distribuir renta para todas las personas.

En el caso español o el inglés, en los últimos tiempos algunos sectores están intentando abrir nuevamente el debate sobre la reducción de la jornada laboral a 32 horas, o a 30 horas. En algunas versiones, su justificación se basa tanto en su compatibilidad con un cierto productivismo (“trabajar menos nos hace ser más productivos”) como con el familiarismo (“trabajar menos para estar más tiempo con la familia”), ambas justificaciones que son criticadas en tu libro. Resumidamente, ¿qué requisitos básicos desde tu punto de vista tendría que tener esta demanda en un país como España?


Es una pregunta muy importante, pero realmente no la puedo responder. En la medida en que la práctica de la política es un arte más que una ciencia, la formulación y promoción de demandas es un asunto necesariamente situado que depende del contexto político, económico y cultural local. Lo que puedo decir es: por un lado, creo que está claro que hay que pensar en términos de reformas que sean oportunas e inteligibles, lo que implica apelar a términos que nos sean familiares y que probablemente tengan algún tipo de sentido inmediato para la gente. Según esa lógica, defender la demanda de reducción de jornada evocando la eficiencia en el puesto de trabajo o en nombre de los valores familiares podría ser una manera viable de asegurar unos niveles de apoyo mayor. Por otro lado, existen profundas limitaciones en ese tipo de pragmatismo político a corto plazo.

¿Cómo cuáles?


En primer lugar, no me convence el moderar las propias demandas para que inspiren un apoyo pasivo, sino que el activismo apasionado y la militancia son necesarios para impulsar un gran proyecto de reforma. En segundo lugar, hay mucho que hablar acerca de a quiénes podría excluirse por estas justificaciones y sus posibles consecuencias no intencionadas. Aquí es donde encuentro que el argumento de “más tiempo para la familia” es particularmente poco convincente. Hablamos como si todo el mundo tuviera una “familia”, pero ese es un mito peligroso para muchas de nosotras que no la tenemos o no queremos tenerla, o que no tendríamos por qué deber o querer dedicarle ese tiempo. No querría que se perpetuase la mitología de la familia que ignora la violencia que ocurre dentro de las familias y que invisibiliza el trabajo económicamente fundamental que allí se realiza con poco apoyo bajo el disfraz del amor romántico. Presentar la demanda de reducción de jornada en términos de tiempo para la vida, como única justificación posible, me parece una formulación más abierta, inclusiva y menos prescriptiva.

Finalmente, yo diría que una demanda política radical que se precie también requiere un horizonte, un algo más allá, algo más que las posibles concesiones que seamos capaces de ganar en el corto plazo. De manera que la campaña por la reducción de jornada también pueda ser un proceso de aprendizaje, un laboratorio, para el cultivo de otros deseos y demandas más allá. Cómo se negocia la relación entre las consideraciones prácticas a corto plazo y el horizonte radical a más largo plazo es un tema de estrategia y táctica que siempre está en debate y que se figurará de distintas maneras según cada lugar y momento.

Si tomamos como referentes históricos del rechazo del trabajo las formas del sindicalismo revolucionario a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, o el caso del operaísmo y el feminismo italiano en los años 70, quizás en el siglo XXI es más difícil ver un sujeto tan delimitado que plantee esas reivindicaciones. En este sentido, ¿qué movimientos políticos crees que encarnan, o podrían encarnar, la crítica del trabajo asalariado en la actualidad?


Creo que tienes toda la razón al no pensar hoy en las luchas contra o más allá del trabajo en términos de un sujeto político único o delimitado. Por el contrario, tiendo a pensar que la mayoría de movimientos sociales y campañas activistas están influenciados por, y contribuyen a, la crítica del trabajo asalariado y no asalariado. Y si no lo están, deberían estarlo. Dado que el sistema de producción y reproducción de el-trabajo-y-la-familia nos afecta en casi todos los aspectos de nuestras vidas, parece por ello relevante para tantas luchas. Lo pienso de esta manera: en la medida en que el objetivo de nuestra crítica política y activismo sea el capitalismo racial, de ocupación, colonial y heteropatriarcal, entonces el trabajo —incluyendo el trabajo de hogar y comunitario, reproductivo y de cuidados no asalariado— es la vía por la que la mayoría de la gente nos sumergimos y conectamos con ese sistema (y estar en desempleo en una sociedad que distribuye los medios de vida principalmente a través del trabajo asalariado no te exime de esto). Si esto es cierto, entonces el trabajo debería ser algo que tales movimientos deberían abordar, y con frecuencia lo hacen.

¿En qué casos lo observas?


Por ejemplo, el movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos aborda los ataques del capitalismo racial desde la división racial del trabajo a la brecha racial en la riqueza y la falta de apoyo a sus hogares y comunidades. El abolicionismo de las cárceles desafía el sistema industrial penitenciario como una forma de tratar, encerrar y silenciar a las poblaciones superfluas que el sistema de el-trabajo-y-la-familia capitalista no puede integrar. El movimiento de la huelga feminista internacionalista se centra en rechazar y visibilizar la dependencia del capital respecto a la explotación del trabajo de cuidado feminizado y no asalariado que le provee de trabajadores y consumidores día a día y generación tras generación.

Lo que pasa con el trabajo es que no funciona y nos falla a la mayoría de las personas: porque no hay suficientes empleos, porque se paga tan poco que no puedes mantenerte o porque trabajas tantas horas que no tienes tiempo para vivir. Los sindicatos son un espacio importante de la política de y contra el trabajo, pero otros tipos de organización, movimiento y activismo también están asumiendo los problemas relacionados con el trabajo dado que estos no se limitan a una clase social o a determinados sectores de la economía.

En los discursos sobre la liberación del trabajo hay una tensión histórica que, entre otros elementos, depende de cómo concibamos la posibilidad de una apropiación (o no) del cambio tecnológico en un sentido emancipador, de tomar “las fuerzas productivas” en el sentido clásico. Sin embargo, en tu libro no abordas la cuestión tecnológica en profundidad. ¿Cómo te planteas hoy esa relación entre la liberación del trabajo y la dimensión tecnológica?


Desconfío de la forma en que la tecnología se figura en algunos debates recientes. Porque creo que tenemos una tendencia notablemente obstinada a pensar la tecnología como algo en sí mismo, como si no fuera siempre un producto e instrumento de las relaciones sociales, como herramientas humanas que pueden tomar una miríada de formas y tener usos muy distintos. Entonces, tanto si celebramos la tecnología por liberarnos del trabajo como si la acusamos de robarnos el empleo, existe la sensación de que “eso” tuviera el control de mando, en lugar del Estado y el Capital. En la medida en que esto mantenga nuestra atención en preguntas sobre el desarrollo tecnológico en lugar de en preguntas más importantes —como la calidad y cantidad del trabajo asalariado y la distribución de la renta; como la organización, distribución y valor del trabajo de cuidado no asalariado; como quién está tomando las decisiones de inversión y con qué fin—, entonces creo que corremos el riesgo de distraernos o desorientarnos.

¿Esto ocurre también en algunos debates sobre la renta básica universal?


Sí. Algunos argumentan que un aumento dramático del desempleo tecnológico en la era digital es una razón por la que deberíamos apoyar una renta básica. Otros responden a eso argumentando que los trabajadores serán desplazados en algunos sectores de la economía, pero otros empleos absorberán a muchos de ellos. Simplemente, no creo que nuestro apoyo a la demanda de renta básica deba depender de ese debate. Hay problemas muchos más fundamentales y urgentes en los que deberíamos centrar la atención respecto al trabajo asalariado como sistema de asignación de renta: las disparidades raciales y de género en los salarios y el desempleo; la enorme cantidad de trabajo reproductivo y de cuidados no remunerado en los hogares y las comunidades realizado de manera desproporcionada por mujeres sin la cual no habría una economía de trabajo asalariado; las terroríficas tasas de lesiones, enfermedades y muertes en el lugar de trabajo, incluido el enorme peaje que el estrés crónico de los trabajos mal pagados tiene en el cuerpo y la mente de la fuerza de trabajo; por no hablar del margen permanente de desempleo que no se considera un fracaso sino un signo de salud de las economías capitalistas. Si estas preguntas son tan importantes como lo son en el contexto del debate sobre la renta básica, centrarse en la tecnología o, en este caso, en el desempleo tecnológico, me parece una forma potencial de eludir o evitar abordar algunos de los defectos más básicos y de largo alcance del sistema salarial.

El debate actual sobre el sentido del desarrollo tecnológico está polarizándose fuertemente a partir de las condiciones de la emergencia climática y la crisis energética. Por un lado, hay una oposición entre algunos marxistas y defensores del Green New Deal que tienden a apoyar fuertes inversiones en tecnologías verdes, y por otro lado, propuestas como el decrecimiento o el ecofeminismo que abogan por una fuerte reducción de las infraestructuras tecnológicas y de la complejidad de los sistemas sociales actuales. ¿Qué implicaciones crees que pueden tener estos debates para actualizar o matizar los términos clásicos de la liberación del trabajo?


Creo que está bastante claro que llamar a una reducción del trabajo asalariado es coherente tanto con el decrecimiento como con el crecimiento verde, ambos enfoques que de alguna manera yo apoyaría. Hay dos puntos que quiero agregar a esto sobre cómo las políticas de cambio climático y destrucción ambiental se relacionan con las políticas contra y más allá del trabajo que yo defiendo.

El primer punto es que creo que es importante reconocer que el “productivismo” —es decir, la celebración del trabajo duro individual, la productividad y la autodisciplina que está en el corazón de la ética del trabajo moderna— está íntimamente ligado con el consumismo en las sociedades de capitalismo avanzado. Se supone que los bienes y servicios de consumo son nuestra recompensa, la gratificación pospuesta y debidamente aplazada al acabar el trabajo, por todo el digno sacrificio de nuestra fuerza de trabajo. La ética del trabajo y el consumismo son las dos caras de una misma moneda, el engranaje que impulsa al sistema económico. Al cuestionar una de esas caras también se desafía a la otra cara.

¿Cómo funciona ese desafío?


Más que imaginar que un menor tiempo de trabajo solo nos dará más tiempo para ir de compras, en vez de ello creo que nos dará un tiempo adicional para cultivar placeres y pasatiempos más satisfactorios y sostenibles. En ese sentido, la disminución de jornada y la renta básica universal podrían ayudar a sostener una reducción de trabajo que tendría un beneficio doble desde la perspectiva de una política del decrecimiento.

El segundo punto que quiero añadir es una advertencia sobre dos trampas en las que a menudo parece que caemos cuando imaginamos el futuro: o lo imaginamos como algo muy cercano al modelo actual como en un progreso lineal respecto a lo que tenemos ahora, o nos basamos en un modelo del tiempo pasado como una vuelta a algún período anterior de la historia. Lamentablemente, ambas maneras parecen inadecuadas en relación con cómo ocurre el cambio social, con cómo se mueve la historia. Aquí solo quisiera señalar que no creo que tengamos que elegir entre robots o granjas ni entre una producción industrial hipertecnológica y una producción artesanal a pequeña escala. Simplemente quiero que recordemos y seamos plenamente conscientes de la utilidad y de las limitaciones de nuestras visiones del futuro, limitaciones que no son culpa nuestra sino la consecuencia de los estrechos horizontes de toda perspectiva situada.

En la misma línea, y en relación con las demandas utópicas que trabajas en tu libro, tras leer sobre propuestas de “automatización total” como las que por ejemplo sostienen influyentes sectores en la izquierda británica, me surge el problema de un utopismo quizás “peligroso”. Por ejemplo, Aaron Bastani ha defendido en Comunismo de Lujo Totalmente Automatizado que una crisis tan crucial como la de los picos del litio, el fósforo o el níquel podría resolverse mediante la minería de asteroides, lo que a su vez dependería de naves espaciales propulsadas por oxígeno. De este modo, ¿cómo crees que el materialismo “científico” del actual pensamiento ecologista condiciona e influye en la forma que pueden tomar nuestras utopías de liberarnos del trabajo asalariado?


¿Qué tiene la exploración espacial que se apodera de la imaginación de algunas personas? Como investigadora de estudios de género, siento la necesidad de especificar que tales personas no suelen ser mujeres o femeninas. Debo decir que la exploración espacial no me dice nada. Estoy de acuerdo en que la evocación de la minería de asteroides y de las naves espaciales suena más bien a un ejemplo del deus ex machina típico del género narrativo del progreso tecno-utópico: una solución milagrosa frente a un problema obstinado que se supone que lleva el relato hasta su final feliz. Dicho esto, no descartaría los posibles usos de la “automatización” para reducir las cargas de trabajo humano y animal. Pero seguramente la tecnología —nos podríamos referir a esto como tecnología “apropiada” o “responsable”— debe ser concebida, desarrollada y juzgada como parte de un ecosistema natural y social más amplio, no como si fuera un fenómeno de alguna manera antinatural o asocial.

Tampoco quisiera negar de manera simple la imprevisibilidad del futuro de la creatividad humana o las nuevas ideas que se nos podrían ocurrir para distanciarme o refutar a los defensores del statu quo que reducen esa creatividad a la invención heroica de un emprendedor que no logra construir nada más que otra trampa para ratones rentable. Pero mi reacción más inmediata a tu pregunta es que tal vez debamos abordar el lujo comunista desde un registro diferente, en términos del lujo de la ociosidad, la amistad, el aire fresco y la comunión con la naturaleza, como cosas que podríamos disfrutar si dispusiéramos de más tiempo por fuera del trabajo. Me parece que realmente la pregunta no es sobre nuestra capacidad para producir más o incluso el mismo nivel de riqueza social y económica, sino sobre cómo podemos apropiárnosla y convertirla en la verdadera riqueza de la igualdad y la libertad.

5 sep 2021 06:17

Publicado enSociedad
La mitigación del cambio climático debe ser una prioridad para la salud pública

El 9 de agosto, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) publicó su último informe, Climate Change 2021: The Physical Science Basis, la contribución del Grupo de Trabajo I al Sexto Informe de Evaluación. El IPCC cuenta con tres grupos de trabajo: El Grupo de Trabajo I, centrado en la comprensión física más actualizada del sistema climático y el cambio climático; el Grupo de Trabajo II, que detalla los impactos, la adaptación y la vulnerabilidad; y el Grupo de Trabajo III, que se ocupa de la mitigación del cambio climático. Los dos siguientes grupos de trabajo presentarán sus informes en 2022. 30 años después del primer análisis del IPCC, esta último proceso añade precisión y mayor nivel de detalle, con, por ejemplo, nuevas evaluaciones regionales del cambio climático, para informar sobre la evaluación de riesgos y la elaboración de políticas. En particular, el informe eleva la influencia humana en el calentamiento global de forma clara a inequívoca. Su conclusión más importante es que es probable que el mundo alcance el objetivo del Acuerdo de París de 2015 de entre 1 y 5 ºC de calentamiento en los próximos 20 años, pero que aún es posible estabilizarse en 1-5 ºC si se producen reducciones drásticas de las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero en las próximas décadas.

Actuar frente a la crisis climática es una prioridad clara, pero aún descuidada, para la salud pública. En la actualidad existe un gran número de trabajos que establecen una clara relación entre el cambio climático y la salud. Los efectos del cambio climático en la salud pueden ser directos –relacionados principalmente con los cambios en la frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos (como olas de calor, sequías, incendios, inundaciones o tormentas)– e indirectos, a través de los cambios en los ecosistemas (por ejemplo, las enfermedades transmitidas por el agua y la contaminación atmosférica) y a través de los efectos mediados por los sistemas humanos (como los impactos laborales, la desnutrición, la salud mental, pero también la migración y los conflictos).

Los beneficios colaterales para la salud de la mitigación se han expuesto de forma exhaustiva en informes como el de la Comisión Lancet sobre Salud y Cambio Climático de 2015. La reducción de las emisiones disminuye la contaminación atmosférica y las enfermedades respiratorias; el transporte activo seguro disminuye las lesiones por accidentes de tráfico y puede reducir la incidencia de la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardíacas. Y lo que es más importante, la respuesta al cambio climático puede aportar inmensos beneficios para la salud humana, con un aire más limpio, dietas más sanas, ciudades más habitables, y puede reducir los factores de riesgo de futuras enfermedades infecciosas. Tener en cuenta los beneficios colaterales para la salud pública podría contribuir de forma importante a compensar los costes de las estrategias de mitigación.

La mitigación del cambio climático es también una cuestión de justicia. El cambio climático afecta de forma desproporcionada a los más vulnerables de las sociedades: personas mayores, niños, grupos socioeconómicos desfavorecidos y quienes viven en los países más frágiles.

Según el informe “Lancet Countdown” (“Cuenta Atrás”), las muertes relacionadas con el calor en los ancianos han aumentado en más de un 50% en las últimas dos décadas. Los efectos del calor sobre la capacidad laboral podrían provocar pérdidas de ingresos equivalentes al 4-6% del PIB en algunos países de renta media-baja. El cambio climático amenaza con socavar los últimos 50 años de avances en materia de salud pública. La comunidad de la salud pública tiene un papel crucial que desempeñar para acelerar los avances en la lucha contra el cambio climático.

Aunque la mayoría de los líderes mundiales reconocen las amenazas climáticas para la salud, sus acciones actuales son profundamente insuficientes. Los gobiernos han firmado el Acuerdo de París y han aceptado las conclusiones del último informe del IPCC (el llamado Resumen para Responsables de Políticas – Summary for Policymakers). Sin embargo, dentro de los países del G20 –responsables colectivamente del 80% de las emisiones–, 12 países (China, India, Brasil, Rusia, Sudáfrica, Arabia Saudí, México, Australia, Turquía, Corea del Sur, Indonesia y Japón) no han reforzado sus objetivos de emisiones tal y como pedía el Acuerdo de París, según The Times. Esta falta de compromiso de liderazgo es un mal augurio para la Cumbre del Clima de la ONU COP26, que se celebrará en noviembre de 2021.

Antes de la Cumbre, y junto con la publicación del informe anual “Cuenta Atrás” de The Lancet sobre el clima y la salud, The Lancet Public Health publicará el segundo informe de la “Cuenta Atrás” sobre el clima y la salud para China (el mayor emisor de carbono del mundo y donde vive una quinta parte de la población mundial). La revista también publicará una introducción al proyecto sobre cambio climático y salud en Europa para apoyar a los responsables políticos en sus decisiones.

El Reino Unido será quien presidirá la Cumbre del Clima COP26, posiblemente la última oportunidad para acordar medidas que puedan limitar el calentamiento global a un aumento de 1-5ºC, deberá liderar la revolución de las emisiones netas cero. Existe una oportunidad única para alinear la recuperación global de la COVID-19 con la respuesta al cambio climático para mejorar la salud pública, crear economías sostenibles y proteger el planeta.

18 agosto 2021

Traducción: Viento Sur

Publicado enMedio Ambiente
Jóvenes palestinos se dispersan el pasado 21 de agosto tras el lanzamiento de gases lacrimógenos por las fuerzas israelíes en la ciudad de Beitia, al norte de la Ciskordania ocupada.

En apariencia, la situación ha sido relativamente tranquila en los últimos días en los territorios ocupados por Israel. Ninguna víctima israelí, casi ningún ataque en Cisjordania y absolutamente ninguno en el propio Israel. Gaza ha estado relativamente tranquila desde el final de la última ofensiva de Israel allí, la Operación Guardián del Muro.

En Cisjordania, la desesperada rutina diaria continúa durante este llamado período de calma, una ironía suprema cuando se presta atención a estas terribles cifras: desde mayo, más de cuarenta palestinos han sido asesinados en Cisjordania.

En el solo un fin de semana de finales de julio, el ejército israelí mató a cuatro palestinos, incluido un niño de 12 años. De estos cuarenta, dos procedían de la misma aldea, Beita, que recientemente perdió a seis de sus habitantes: cinco manifestantes desarmados y un fontanero que, según se informa, fue llamado para reparar un grifo en algún lugar. Ninguno de los cuatro muertos a finales de julio representaba ninguna amenaza para la vida de las y los soldados o colonos israelíes.

El uso de munición real contra estas personas estaba prohibido, por no hablar de apuntar a matar, como hicieron las y los soldados israelíes que les dispararon. Cuatro seres humanos o, si lo prefiere, cuarenta seres humanos, cuyas familias han visto su mundo hundirse, personas con planes, sueños y deseos; todos repentinamente reprimidos por algún joven soldado israelí de forma tan despreocupada y brutal.

Por si todo esto no fuera suficiente, tened en cuenta esto: los medios israelíes apenas cubrieron estas muertes. Ninguno de los dos principales títulos israelíes mencionó la muerte de un adolescente de 12 años en Beit Omar, entre Belén y Hebrón; ni los dos canales de televisión privados más grandes se molestaron tampoco en hablar de ello.

En otras palabras, la muerte de un niño de 12 años - Mohammed al-Alami, que fue de compras con su padre y su hermana cuando soldados israelíes acribillaron su coche a balazos, matando a este niño que, como su padre, no había hecho nada malo - fue considerada sin importancia y poco interesante por algunos medios israelíes.

Indiferencia ante el asesinato

Esta es la única explicación posible para esta falta de atención generalizada frente al asesinato. Hay que recordar que todos estos asesinatos llevados a cabo desde mayo apenas se han señalado, y mucho menos investigado, y se puede vislumbrar el retrato de la represión israelí y la negación de la ocupación a través de la versión de la "Cúpula de Hierro" presentada por los medios de comunicación, con la amable autorización de la prensa libre, en toda su abyección.

Esta sombría imagen del ejército y su brutal modus operandi ha sido ahorrada a las y los israelíes, protegidos por una prensa muda. Protegidos por este silencio, negación y represión, incluso los políticos y generales israelíes no tienen que explicar o siquiera interesarse por el hecho de que no pasa una semana sin víctimas palestinas en los territorios ocupados, tampoco durante este período de relativa calma.

Así, hasta hace unos días, ningún oficial militar había hecho la más mínima crítica al comportamiento de estos soldados, por no mencionar la evocación de intervenciones judiciales o la apertura de una investigación seria. Solo después de una serie de artículos y editoriales en Haaretz que el Jefe del Estado Mayor del Ejército, el General Aviv Kochavi -considerado una personalidad con valores morales- ha "pedido bajar la temperatura". Ni una orden, ni un requerimiento. Ninguna intervención judicial ni investigación, solo una vaga declaración de buenas intenciones para el futuro.

Detrás de todo esto se esconde el desprecio por la vida de las y los palestinos. En Israel nada es menos valioso que la vida de una persona palestina. Esto va desde los trabajadores de la construcción que caen como moscas en obras de construcción en Israel sin que nadie se preocupe por ello hasta manifestantes desarmados en los territorios ocupados muertos a tiros por las y los soldados sin que nadie rechiste.

Hay un denominador común: la convicción en Israel de que la vida de las y los palestinos no vale mucho. Si las y los soldados dispararan a animales callejeros con tanta indiferencia como sobre las y los palestinos, habría una inundación de indignación y estos soldados serían procesados y severamente castigados. Pero solo están matando palestinos, así que ¿cuál es el problema?

Cuando una o un soldado israelí dispara a un niño palestino en la cabeza o a un adolescente palestino o a un manifestante o fontanero una bala al corazón, la sociedad israelí permanece en silencio y apática. Se contenta con las explicaciones sin concreción y a veces con las mentiras desvergonzadas del portavoz del ejército, omitiendo la expresión de cualquier escrúpulo moral sobre la necesidad de matar.

Hay tantas víctimas que he investigado y sobre las que he escrito en los periódicos que no han despertado ningún interés particular...

Muerte de un fontanero

Shadi Omar Lofti Salim (41 años), un próspero fontanero que vivía en Beita, en el centro de Cisjordania, salió de su casa en la noche del 24 de julio en dirección a la carretera principal en la que se encuentra la válvula de la red de suministro de agua de la aldea, después de que se descubriera un problema.

Estacionó su coche junto a la carretera y se dirigió a esta válvula, con una llave inglesa roja en la mano. Eran las 10:30 p.m. Cuando se acercó a la válvula, los soldados cercanos abrieron fuego de repente y lo abatieron. Más tarde afirmaron que corría hacia ellos sosteniendo una barra de metal. La única barra de metal era la llave roja inglesa que quedó en el suelo junto a su paquete de cigarrillos y una mancha de sangre ya seca cuando llegamos allí unos días después de su muerte.

Una semana más tarde, en la misma aldea, las y los soldados mataron a Imad Ali Dweikat (37), un trabajador de la construcción, padre de cuatro niñas y un niño de dos meses. Fue durante la manifestación semanal del viernes. Las y los habitantes de Beita se han estado manifestando cada semana durante unos dos meses contra el establecimiento de un puesto avanzado ilegal en tierras de la aldea. Esta colonia, Givat Eviatar, fue construida extraoficialmente y luego vaciada de sus habitantes por Israel, pero las cuarenta estructuras erigidas rápidamente allí no fueron destruidas. Esta tierra no ha sido devuelta a sus propietarios, a quienes no se les permite acercarse a ella.

Desde que se lanzó Givat Eviatar hace más de diez semanas, cinco manifestantes palestinos han sido asesinados por las o los soldados. Ninguno de los cinco estaba lo suficientemente cerca como para poner en peligro la vida de los soldados de ninguna manera, a pesar de que la gente que se manifestaba arrojó piedras y quemó neumáticos para protestar contra el acaparamiento de sus tierras.

Las y los habitantes están decididos a seguir resistiendo hasta que se les devuelva su tierra, y mientras tanto, la sangre fluye, semana tras semana.

Disparo aleatorio

Dweikat estaba bebiendo un vaso de agua cuando un francotirador israelí le eligió, aparentemente al azar, y le disparó en el corazón a varios cientos de metros de distancia. La bala explotó en su cuerpo, dañando sus órganos internos y Dweikat murió en el acto, con la sangre fluyendo de su boca. Ali, su hijo recién nacido, ya es huérfano.

Todas estas muertes son ejecuciones. No hay otro término para describirlas.

Unas semanas antes, las y los soldados habían disparado y matado a un adolescente, Muhammad Munir al-Tamimi, en otra aldea que protestaba, Nabi Saleh. Tamimi tenía 17 años y es la quinta víctima en este pequeño pueblo en los últimos años. Toda la gente allí pertenece a la familia Tamimi y, desde hace años, se ha resistido al robo de sus tierras por las colonias circundantes.

Todas estas muertes son ejecuciones. No hay otro término para describirlas. Disparar a manifestantes desarmados, adolescentes, niños, un fontanero, un trabajador de la construcción, personas que se manifiestan públicamente para recuperar sus propiedades y la libertad es un crimen. Hay muy pocos regímenes en este mundo donde las y los manifestantes desarmados sean abatidos, excepto Israel, "la única democracia en Oriente Medio", donde esto no afecta la tranquilidad espiritual de la gente.

Incluso las recriminaciones que escuchamos aquí y allá frente a estos asesinatos sistemáticos se derivan del hecho de que esto podría conducir a un deterioro de la situación en general. Sobre la cuestión de la legalidad y en particular la moralidad del asesinato de personas inocentes, nadie dice ni pío.

Israel es considerado una democracia, un querido hijo del mundo occidental con valores similares. Cuarenta personas civiles desarmadas muertas en los últimos dos meses y medio, cuatro muertes solo en la última semana de julio, son un testimonio doloroso, aunque silencioso, del hecho de que, aunque todavía se considera una democracia, Israel no es juzgado de la misma manera que otros países.

26/08/2021

https://www.middleeasteye.net/fr/opinion-fr/israel-meurtre-palestiniens-innocents-impunite-indifference-occupation

Traducción: Faustino Eguberri para viento sur

Gideon Levy es columnista de Haaretz y miembro del consejo editorial del periódico. Levy se unió a Haaretz en 1982, y pasó cuatro años como editor adjunto del periódico. Fue galardonado con el Premio Euro-Med de Periodismo para 2008, el Premio a la Libertad de Leipzig en 2001, el Premio de la Unión de Periodistas Israelíes en 1997 y el Premio de la Asociación de Derechos Humanos en Israel para 1996. Su nuevo libro, The Punishment of Gaza (El castigo de Gaza), acaba de ser publicado por Verso.

Publicado enInternacional
El movimiento antiabortista global sigue movilizándose después de Trump

Durante la presidencia de Donald Trump, el gobierno de EE UU asumió el liderazgo en la construcción de la alianza antiabortista mundial, organizando reuniones con representantes de gobiernos extranjeros con motivo de los encuentros de alto nivel de Naciones Unidas con ánimo de denunciar concretamente los derechos a la salud sexual y reproductiva (sexual and reproductive health and rights, SRHR), y trató de ampliar la alianza para el rechazo de los SRHR en las negociaciones internacionales.

El 22 de octubre de 2020, el gobierno de Trump anunció la firma de la Declaración de Ginebra: Consenso, un documento global de defensa de la familia y contrario al aborto, en un intento de ampliar y reforzar la alianza mundial antiabortista. Durante la presidencia de Trump, EE UU aprovechó, como punta de lanza del movimiento, cualquier instrumento de política exterior disponible para silenciar toda mención del derecho al aborto o de los derechos a la salud sexual y reproductiva en documentos de Naciones Unidas. Pero ahora que Trump ha salido de la Casa Blanca, se plantea la pregunta: ¿qué hay de esta alianza?

Manipulación de los derechos humanos

Los grupos antiabortistas de todo el mundo, que operan independientemente de quién está en el gobierno y se financian con dinero negro, ejercen presiones, defienden políticas y recurren a los tribunales masivamente. En los últimos años han comenzado a manipular normas tradicionales de derechos humanos para convertirlas en derechos de los nonatos y de la familia natural, lo que indica un desplazamiento de su argumentación de base religiosa a otra de naturaleza jurídica.

En EE UU, activistas antiabortistas tratan de desarrollar un marco jurídico contrario al aborto, que reconozca la personalidad del feto al amparo de la 14ª enmienda, lo que permitiría que el feto gozara de idéntica protección legal que las personas y haría que los abortos fueran inconstitucionales. En la Unión Europea (UE) se ha dado una iniciativa similar, que sostiene que la vida comienza en el momento de la concepción y por tanto requiere protección con arreglo a la legislación europea. El Tribunal General de la UE ha rechazado este argumento.

La nueva reacción conservadora se ha centrado particularmente en la Organización de Estados Americanos (OEA), que agrupa a 35 Estados independientes, donde desarrollan estrategias jurídicas para reinterpretar la legislación interamericana en materia de derechos humanos. Activistas contrarios a los derechos han tratado de manipular el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para que asegurara la protección desde el momento de la concepción, y alegan que esto impide la descriminalización del aborto. Al mismo tiempo, alertando frente a supuestos ataques a la soberanía nacional, afirman que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que ampara los SRHR, supone una imposición ideológica.

ADF International, un ejército jurídico cristiano estadounidense, también está involucrado en acciones legales en todo el mundo en casos que implican el carácter sagrado de la vida, y cuenta con oficinas situadas cerca de instituciones de la UE en Bruselas, Ginebra, Viena y Estrasburgo, además de sucursales en el sur de Asia y América Latina.

Bloqueo continuado durante las negociaciones

La alianza mundial anti-SRHR va mucho más allá de cualquier gobierno Republicano estadounidense y forma parte de una reacción más amplia frente a la supuesta ideología de género, que también incluye la oposición a los derechos de las personas LGBTQI y a la igualdad de género. El movimiento antigénero más amplio contempla una alineación de líderes autoritarios, la derecha religiosa y populistas de derechas, en muchos casos agrupados en torno a la defensa de la soberanía. Se ha insistido en priorizar y se incluyen referencias a la soberanía nacional, que genera bloqueos en las discusiones y frena el proceso de llegar a acuerdos.

Esto se ha visto recientemente, este mismo mes, en las iniciativas adoptadas por Rusia en una reunión de alto nivel de Naciones Unidas sobre el HIV/SIDA. En la reunión se introdujeron 73 enmiendas en una declaración política para atender a las objeciones de Rusia, tras lo cual se propusieron nuevas enmiendas orales de última hora, para que el final Rusia se negara a apoyar la declaración. Las objeciones incluían las referencias a derechos y a la abolición de leyes discriminatorias, que según Rusia eran un “ataque a los valores familiares” e interferían en la soberanía nacional. Nicaragua, Bielorrusia y Siria también votaron en contra de la declaración. Esta se había negociado durante dos meses con el fin de intentar acomodar las objeciones rusas.

En la 74ª Asamblea Mundial de la Salud del pasado mes de mayo, Rusia, junto con Suazilandia, Mozambique y Zambia, propuso una enmienda a una resolución sobre la prohibición de la violencia contra la infancia que suponía tachar concretamente la referencia a la educación sexual. Hubo también una resolución, apoyada por una quincena de signatarios de la Declaración de Ginebra: Consenso, que proponía otorgar a la Santa Sede, firme oponente de los SRHR, el estatuto de observadora permanente de la Asamblea Mundial de la Salud.

La creciente politización de los SRHR ha supuesto la incapacidad de llegar a un acuerdo en toda una serie de cuestiones que afectan a la salud. En los casos en que se ha alcanzado un acuerdo que no ha sido aguado, esos avances pueden verse cuestionados por declaraciones opuestas de gobiernos conservadores o declaraciones conjuntas de varios países, reflejando la pugna política y la formación de alianzas contrapuestas a las que las negociaciones internacionales siguen estando sujetas.

Impulso de la movilización y financiación de las redes antigénero

Organizaciones internacionales contrarias a los SRHR han abierto estratégicamente oficinas locales para acceder directamente a responsables políticos e instituciones regionales con el fin de presionarles e influir en sus decisiones. El año pasado, Open Democracy reveló que grupos de la derecha cristiana estadounidense se habían gastado 280 millones de dólares en todo el mundo desde 2007 con el propósito de influir en las leyes, las políticas y las opiniones públicas de otros países. Hace pocas semanas se publicaron dos informes detallados que especifican los intentos de agentes contrarios a los SRHR de infiltrarse globalmente en negociaciones internacionales y eliminar toda referencia a los SRHR en las resoluciones.

El informe de la Asociación de Derechos de las Mujeres en Desarrollo (Association for Women’s Rights in Development, AWID) detalló cómo, junto a ataques directos a Naciones Unidas en forma de retirada de la financiación de sus agencias, agentes contrarios a los derechos se infiltran en la organización mundial con ánimo de cambiar el sistema desde dentro impartiendo formación a delegados y delegadas, aguando los acuerdos en materia de derechos humanos, promoviendo un marco paralelo de derechos humanos e infiltrándose en comités de ONG. En un proceso llamado ONGización, grupos religiosos constituyen organizaciones no gubernamentales y solicitan el estatuto de consultores con el fin de obtener acceso a negociaciones en organismos internacionales como Naciones Unidas y la OEA.

El Foro Parlamentario Europeo sobre Derechos Sexuales y Reproductivos también publicó el mes pasado un informe que identificó una suma de 707,2 millones de dólares, procedentes de EE UU, Rusia y Europa, que se gastó en la financiación de campañas antigénero en Europa entre 2009 y 2018, proviniendo la mayor parte, 437,7 millones, del interior de Europa. El informe reveló que las redes antigénero europeas están muy extendidas y cuentan con ONG que actúan a escala internacional financiando iniciativas antigénero y tienen sus sedes en Bélgica, Francia, los Países
Bajos, España y Polonia. Asimismo, fundaciones conservadoras han financiado directamente campañas contra el derecho al aborto, el activismo político antigénero y el apoyo a candidatos conservadores, además de las llamadas iniciativas profamilia en numerosos Estados miembros.

Esto no solo demuestra la influencia de la derecha cristiana estadounidense, sino también una amplia oposición dentro de Europa que combate los SRHR en los Estados miembros y moviliza asimismo en torno a las instituciones de la UE. La labor de investigación de Open Democracy, el Foro Parlamentario Europeo y AWID demuestra que esta forma de interferencia política transnacional, bien dotada financieramente, con consecuencias desastrosas para la salud global y los derechos humanos, por no hablar ya de la democracia, debe ser combatida.

Las redes antigénero están consolidadas y las actividades anti-SRHR seguirán independientemente de quién gobierne. Y mientras las defensoras y los defensores de los SRHR han trabajado duramente para impulsar la acción progresista en la agenda internacional, no es probable que cambien las posturas de líderes autoritarios o populistas, y lo que queda es la oposición que influye en las negociaciones con capacidad para aguar los acuerdos. Cuando la política interior se integra en la política exterior de los países, también hay que prestar atención al nivel de cada Estado, donde formulan sus posiciones para llevar a las negociaciones internacionales.

Pese a que Trump ha dejado la Casa Blanca y la nueva presidencia de Biden apoya firmemente los SRHR y se ha retirado de la Declaración de Ginebra: Consenso, Rusia ha hecho gala de su voluntad de impulsar una fuerte oposición a los SRHR y la igualdad de género. Agentes anti-SRHR están al acecho intentando formular una posición común de la UE sobre los SRHR, y la actividad internacional de organizaciones jurídicas que apoyan las iniciativas anti-SRHR y siguen presionando en cada país en su toma de posición implica que continuarán los bloqueos en foros internacionales. Una cuestión clave que hay que vigilar es cómo siguen formándose alianzas y qué tácticas utilizan para oponerse y eliminar el lenguaje SRHR en los documentos internacionales.

 

Por Lynda Gilby

27/07/2021

https://www.radicalrightanalysis.com/2021/07/27/the-global-anti-abortion-movement-continues-to-mobilize-post-trump/

Lynda Gilby es a Doctoral Fellow at CARR and a PhD Researcher in Global Health and Development at Tampere University, Finland.

Publicado enSociedad
"No, la educación por sí sola no resuelve la pobreza"

Entrevista a Cristina Groeger, por Mike Stivers

Durante más de un siglo, una de las ideas más persistentes en la política de EE UU ha sido que la educación es la mejor solución frente a la desigualdad. Pero no es persistente porque sea cierta, sino que lo es porque constituye un mito útil  para las élites políticas y económicas que custodian celosamente su dinero y su poder.

Desde mediados del siglo XIX, el número de niñas y niños que asisten a la escuela en EE UU ha aumentado de modo constante; la igualdad económica, no. Sin embargo, la idea de que la educación escolar es la mejor manera de reducir la pobreza y de reducir la distancia entre ricos y pobres casi ni se discute. En su nuevo libro, The Education Trap [La trampa de la educación], la historiadora Cristina Groeger aborda este mito sin rodeos.

Basándose en el caso concreto de Boston y aplicando la lupa a la situación de finales del siglo XIX y comienzos del XX, Groeger examina la relación entre la escuela y la desigualdad en una época en que la educación pública se expandía con rapidez. En conjunto, la conclusión es clara: el crecimiento masivo de la educación pública no generó prosperidad económica generalizada. Las escuelas formaron a algunos trabajadores que consiguieron empleos bien pagados en la creciente burocracia empresarial. Sin embargo, al socavar las bases de los poderosos sindicatos de oficio y establecer un sistema de acreditación, las escuelas también consolidaron la estratificación social existente.

El libro de Groeger muestra la escabrosa historia de la educación como instrumento de lucha contra la pobreza. Tal vez lo más importante es que ayuda al personal enseñante y a la militancia sindical a pensar en las coas que realmente reducen la desigualdad: programas de gobierno universales y sindicatos fuertes. Mike Stivers, autor asiduo de Jacobin, ha hablado con Cristina Groeger, historiadora que enseña en la Lake Forest College, sobre su nuevo libro y lo que puede lograr o no la educación en una sociedad desigual.

Mike Stivers: La idea básica que abordas en el libro es la que dice que la educación es un instrumento político de lucha contra la pobreza. ¿Qué teoría subyace a esta idea?

Cristina Groeger: La visión de la educación como solución para la pobreza tiene una larga historia, que se remonta a Horace Mann, quien a mediados del siglo XIX califica la educación de la gran igualadora. Sin embargo, en los debates políticos más contemporáneos, el marco dominante es la teoría del capital humano, que proviene de la ciencia económica. Considera que la retribución en el mercado de trabajo refleja el grado de cualificación de una persona, que suele medirse en términos de educación y formación. El argumento de economistas como Claudia Goldin y Lawrence Katz es que en las últimas décadas el cambio tecnológico que favorece al personal altamente cualificado se ha acelerado y que el número de personas inscritas en la educación no ha mantenido el paso, por lo que el número de personas que pueden acceder a los empleos mejor pagados es limitado. Así, la solución para abordar la desigualdad social ahora pasa por incrementar el acceso a la educación.

Hay un montón de datos que demuestran que un alto nivel educativo no se traduce automáticamente en un salario más elevado. Pero la relación entre educación y desigualdad también es más compleja. En comparación con otros países, EE UU ha tenido durante mucho tiempo una de las tasas más altas de acceso a la educación del mundo, pero también tiene una de las tasas de desigualdad más elevadas. Esto constituye una paradoja si pensamos que la educación es la mejor vía para reducir la desigualdad.

Podemos hallar un temprano predecesor del modelo de capital humano en los reformadores progresistas de comienzos del siglo XX, que pensaban que el motivo por el que el personal subalterno percibe salarios bajos es la falta de cualificación. Así, si puedes formar a trabajadoras domésticas en escuelas de administración de tareas domésticas, no solo aumentarán sus salarios, sino que también se transformará la ocupación en algo más parecido a una profesión. El problema era que muchas trabajadoras domésticas y otros trabajadores poco cualificados no tenían tiempo para asistir a esas escuelas. Tampoco se tenían en cuenta los motivos por los que muchas personas afroamericanas permanecieron estancadas en empleos mal pagados: no se debía a que no estuvieran suficientemente cualificadas o a su bajo nivel educativo, sino al racismo imperante en el mercado de trabajo u otras clases de desigualdad que estructuran este mercado.

Mike Stivers: Tu libro comienza en la Gilded Age, cuando Boston y muchas otras grandes ciudades de EE UU decidieron invertir masivamente en la educación pública. ¿Por qué la expansión de la escuela pública se convirtió en el buque insignia de la reforma frente a otras opciones que había sobre el tapete?

Cristina Groeger: Había una amplia coalición de apoyo a la educación pública. Los reformadores progresistas pensaban que la educación era la mejor manera de sacar de la pobreza a la clase trabajadora menos cualificada y de integrar a la inmigración. Para las empresas, la educación pública era un medio atractivo para reducir sus costes de formación ‒podían descargarlos en el sistema escolar‒ y además reducía las presiones de que eran objeto para que mejoraran las condiciones de trabajo o aumentaran los salarios. Pero también sostengo que había un amplio apoyo por parte de la clase obrera a favor de la educación pública, especialmente de la que impartiera formación de cara al sector de oficinas, que crecía explosivamente: administrativos, secretarias, mecanógrafas, contables.

Este es el único sector en que el modelo de capital humano viene muy bien para describir la dinámica. Montones de estudiantes, en su mayoría mujeres blancas e inmigrantes de segunda generación, utilizaron las escuelas, especialmente los institutos públicos, para acceder a nuevos tipos de empleos de cuello blanco. Esta fue la base material de la ideología de la educación como instrumento de movilidad social, aunque solo describe a un conjunto específico de estudiantes que accedían a un sector de empleo específico en aquel periodo histórico.

Mike Stivers: Había gente de izquierda que decía que al preparar a la futura fuerza de trabajo, la escuela pública estaba subvencionando la formación para el empleo a las empresas privadas. La alternativa, señalan, sería que se formara a la mano de obra a expensas de las empresas, algo así como una formación práctica. Pero esto era exactamente lo que muchas empresas trataron de hacer a comienzos del siglo XX, mientras que los sindicatos de la época se oponían con uñas y dientes a ello. ¿Por qué?

Cristina Groeger: En aquel entonces casi no había sindicatos en el trabajo de oficina y básicamente ninguna oposición a la expansión de la formación. El sector profesional y el industrial ya eran otra historia. La fuerza de trabajo profesional estaba organizada en sindicatos de oficio y su fuerza se derivaba de su capacidad de controlar el acceso a determinados oficios a través del proceso de aprendizaje sindical. Las empresas que contrataban a profesionales pretendían eludir a los sindicatos y el proceso de aprendizaje, tanto porque regulaba los salarios que tenían que pagar a los y las aprendices como porque a las empresas no les gustan los sindicatos y querían socavar las bases de su poder.

La fuerza de trabajo profesional consiguió cerrar muchas escuelas de oficios privadas y alejar el plan de estudios de las cualificaciones profesionales específicas en la educación industrial pública. El sector de la construcción es todavía uno de los pocos oficios en que existe el aprendizaje sindical y esto se debe a que los sindicatos no cedieron el control de la formación a una entidad externa como el sistema escolar.

Mike Stivers: También señalas que no es cierto que las empresas impartieran la formación a título gratuito. Apareció toda una nueva categoría de escuelas privadas que impartían formación a título oneroso. Esto se parece a lo que ahora llamamos academias privadas con fines lucrativos.

Cristina Groeger: Sí, y esto también varía según el sector. Había algunas escuelas de oficios privadas, en muchos casos relacionadas con empresas. Sin embargo, el crecimiento real del sector con fines lucrativos a comienzos del siglo XX se dio en el trabajo de oficina, donde las escuelas podían ofrecer formación sin apenas oposición por parte de una fuerza de trabajo que no estaba organizada. Estas escuelas de formación profesional, o escuelas comerciales, acapararon una parte importante del panorama educativo hasta que fueron desplazadas los institutos públicos de enseñanza.

Mike Stivers: Cuando las escuelas públicas pasaron a impartir formación práctica, después de años de lucha entre sindicatos y empresas, los empresarios estaban más interesados en que esas escuelas enseñaran lectoescritura y aritmética básicas. Los empresarios no querían que las escuelas impartieran cualificaciones profesionales como, digamos, carpintería o mecánica. ¿Por qué?

Cristina Groeger: En el libro sostengo que podemos contemplar el ascenso de la producción masiva, especialmente alrededor de la primera guerra mundial, en parte como una estrategia encaminada a reducir el número de trabajadores profesionales en general y desplazar al conjunto de la fuerza de trabajo a nuevos tipos de trabajo en que tengan menos fuerza. Se trata también de trabajadores y trabajadoras que no cursan la mayor parte de su formación en el puesto de trabajo, sino en escuelas. Esto incluye a maquinistas inmigrantes que tienen nociones básicas de lectura, escritura y cálculo, que pueden adquirir en la escuela primaria, pero que por lo demás pueden formarse muy rápidamente en el puesto de trabajo.

Ahí está incluida la nueva fuerza de trabajo de cuello blanco, en su mayoría estudiantes que han obtenido el bachillerato y que nutren la burocracia que acompaña a las industrias de la gran producción masiva. Y las escuelan capacitan asimismo a un número muy reducido de administradores educados en la universidad e ingenieros superiores. Así vemos que las empresas pueden apoyarse en distintos tipos de escuelas para diferentes segmentos de su fuerza de trabajo, pero ya en las décadas de 1920 o 1930 se trata también de una fuerza de trabajo que en su gran mayoría no está sindicada y tiene menos poder que sus contrapartes en los tipos de trabajo profesional de antaño.

Mike Stivers: Así es. Señalas que este surgimiento de una clase supervisora ‒hablas mucho de ingenieros de alto nivel, altamente cualificados‒ está estrechamente relacionado con el taylorismo y la descualificación sistemática de la mano de obra.

Cristina Groeger: Podemos ver estas dos caras de la misma moneda. A medida que las empresas pasan a un modelo industrial de producción masiva, que depende del personal de montaje en la base y una nueva fuerza de trabajo de cuello rosa que está ampliamente feminizado, vemos un grupo masivo de trabajadores y trabajadoras que tienen muy poco poder y una nueva clase directiva en lo alto. Esta fuerza de trabajo es mucho más barata. A menudo, las mujeres que realizan estos trabajos cobran la mitad de lo que perciben los hombres, y se trata de una fuerza de trabajo que carece fundamentalmente de sindicatos, de fuerza organizada. Y a medida que se expande la fuerza de trabajo de cuello blanco, deja de ser un tipo de aprendizaje mercantil muy exclusivo y prestigioso a lo que ahora llamaríamos una categoría de cuello rosa.

Mike Stivers: También documentas que la mano de obra afroamericana alcanzaba algunos de los máximos niveles educativos, pero que aun así permanecía en los puestos más bajos de la escala salarial.

Cristinta Groeger: Sí, y no me esperaba descubrir esto, pero si comparamos el grado de matriculación de niños y niñas de clase obrera, las menores afroamericanas mostraban continuamente niveles superiores de escolarización que sus homólogas blancas nativas o inmigrantes. Sin embargo, siempre acababan en los puestos peor pagados. Este es el ejemplo más claro de la incapacidad de la teoría del capital humano para justificar la retribución en el mercado laboral. La gente afroamericana quedó casi completamente excluida del trabajo administrativo, pese a tener estudios secundarios.

Mike Stivers: Mucha gente piensa hoy en EE UU que un título universitario es un pasaporte a la riqueza y buenos ingresos, pero demuestras que históricamente la implantación de los títulos de bachillerato y universitarios cimentó la desigualdad en la misma medida en que la redujo. ¿Cómo pudo ocurrir esto?

Cristina Groeger: A medida que se masifica la escuela secundaria en este periodo y que nuevas poblaciones ‒inmigrantes, mujeres‒ ocupan puestos de trabajo administrativo, vemos una fuerte reacción por parte de la elite económica y profesional bostoniana. Establecen relaciones con universidades privadas para convertir un título universitario en una importante credencial para los puestos de trabajo mejor pagados en la nueva economía empresarial, cuando en el siglo XIX la mayoría de propietarios y administradores de empresas no tenían ningún título universitario, tal vez ni siquiera el bachillerato. Podemos ver esto mismo también en otras profesiones de salarios elevados, como el desarrollo del derecho mercantil.

En el libro examino la correspondencia entre empresarios y consultores universitarios que ayudan a las personas licenciadas a encontrar un empleo. Es una buena fuente para comprender por qué las empresas prefieren a los titulados universitarios. Observo que parte de su conversación tiene que ver con la cualificación, o capital humano, pero que también tiene que ver con las preferencias de las empresas en materia de raza o clase u otras características personales. Esto significa que las universidades de elite son capaces de reproducir la elite tradicional en estos nuevos puestos empresariales, pero ahora las elites tienen una credencial meritocrática para legitimar sus posiciones en la economía.

Mike Stivers: A pesar de su escasa contribución a la reducción de la desigualdad, la idea de que la educación es un instrumento político para superarla sobrevive en todas partes. ¿Por qué es la educación un instrumento político tan atractivo para resolver problemas económicos?

Cristina Groeger: Creo que en parte se debe a que muchas de las personas que promueven la educación pueden imaginar que esta hace tantas cosas diferentes. Vemos lo mismo en el comienzo del siglo XX. Hay una gran coalición de apoyo, a menudo con intereses opuestos en otros terrenos, pero que se unen en torno a la idea de la educación. La idea también persiste porque no cuestiona a algunos de los sujetos más poderosos de la economía. No cuestiona la facultad de los empresarios de pagar el salario que quieran o de establecer las condiciones laborales que se les antoje. Es muy fácil hablar de nobles ideales y propósitos dentro del sistema educativo, pero lo que esta puede lograr tiene sus limitaciones. Y en muchos casos puede correr un tupido velo sobre desigualdades en el mercado de trabajo que desempeñan un papel mucho más importante en la configuración de las desigualdades que vimos a comienzos del siglo XX y que volvemos a ver hoy.

Mike Stivers: Mucha gente de izquierda rechaza que las escuelas sean simplemente un lugar de formación para el empleo, pero la preparación para el empleo sigue siendo también una parte esencial de la finalidad de la educación pública. ¿Cómo debería concebir el movimiento socialista la finalidad de la escuela en el siglo XXI?

Cristina Groeger: En la medida en que la educación es importante para acceder a un puesto de trabajo ‒y en el plano individual, por supuesto, la educación importa‒, no creo que debamos denigrar a los y las estudiantes que acuden a la educación por este motivo. Hay una tendencia a rechazar el carrerismo, o la profesionalización de la juventud estudiantil, lo que en mi opinión le echa la culpa por la economía a que se enfrentan. Si la izquierda desea liberar la educación para otros propósitos creativos o emancipatorios, primero hemos de crear una economía que asegure la subsistencia de todos y todas. Las demandas de gratuidad de la universidad y de universidades no endeudadas son buenas demandas socialistas, pero no son suficientes. Hemos visto cómo las elites pueden crear siempre nuevas barreras utilizando credenciales todavía más elevadas.

Esto me lleva al título del libro, La trampa de la educación. En todo el espectro político se contempla la escuela como la solución de tantos problemas sociales, pero poner el acento en las escuelas puede convenir a quienes gozan del mayor poder económico, porque echa la carga de la reforma sobre las espaldas del estudiantado, del profesorado, lejos de lo que es la causa real de la desigualdad: la falta de poder de la clase trabajadora en la economía y la política.

Las y los profesionales de la educación desempeñan un papel importante en la lucha por el poder de la clase trabajadora. Lo hemos visto en Chicago, donde vivo. Los sindicatos de enseñantes han luchado no solo por sus propias condiciones de trabajo, sino también por un amplio programa político y por inversiones públicas en sus estudiantes y sus comunidades. Y creo que como socialistas, si interpretamos el papel de la escuela en sentido amplio, deberíamos entender que estas campañas de organización también son formas realmente importantes de educación política. Deberíamos promoverlas tanto dentro como fuera de las escuelas.

Por Cristina Groeger | Mike Stivers

23 agosto 2021

14/04/2021

Publicado enSociedad
EEUU y la OTAN mataron a más de 10.000 civiles durante la intervención en Afganistán

En medio de bombardeos y ataques en suelo afgano, la administración estadounidense pagó "compensaciones" a familiares de sus víctimas mortales que oscilaron entre los 1.000 y los 5.000 dólares, según distintos informes.

 

El capítulo afgano de la denominada "guerra global contra el terror" lanzada por EEUU con el apoyo de la OTAN ha dejado un reguero de muertos y heridos entre civiles. La intervención militar lanzada hace 20 años se ha cerrado con la victoria de los talibanes y un largo listado de víctimas que cayeron bajo disparos y bombardeos lanzados en el marco de una operación que, paradójicamente, nació con el nombre de "libertad duradera".  

De acuerdo a distintos datos recogidos por Público a través de documentos de la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA, por sus siglas en inglés) y de un estudio realizado por Marc W. Herold, profesor Profesor de Desarrollo Económico en la Universidad de New Hampshire, el número de víctimas provocadas por las tropas de EEUU y la OTAN entre octubre de 2001 y junio de este año –última fecha sobre la que existen cifras disponibles– asciende al menos a 10.111. 

Si se añaden los crímenes atribuidos al Ejército Nacional Afgano –creado y entrenado por las fuerzas estadounidenses y de la Alianza Atlántica– el número de víctimas llega a 15.424.

Ese mismo recuento establece que las "fuerzas antigubernamentales", entre las cuales ocupaban un lugar preponderante los talibanes, están detrás de 24.779 asesinatos de civiles. Se estima que solo en 2020, los combatientes del movimiento talibán perpetraron más de 1.300 crímenes.

El número total de civiles afganos muertos durante estos 20 años a raíz de las actuaciones de los distintos actores llega, según datos de la ONU, a más de 38.000. Amnistía Internacional habla en total de 150.000 muertos entre civiles y militares, de los cuales 60.000 pertenecían a las fuerzas de seguridad de Afganistán.

"Los niveles extraordinarios de daños infligidos a los civiles en el conflicto afgano continúa sin cesar", advertía la UNAMA en su último reporte, publicado en abril pasado. En los tres primeros meses del año se contabilizaban ya 573 muertos y 1.210 heridos, lo que representaba un 29% más de víctimas en comparación con el mismo periodo de 2020.

La misión de Naciones Unidas calificaba como "especialmente preocupante el aumento del 37% en el número de mujeres muertas y heridas", así como un crecimiento del 23% entre las víctimas infantiles en comparación con el primer trimestre de 2020.

"El número de civiles afganos muertos y mutilados, especialmente mujeres y niños, es profundamente preocupante. Imploro a las partes que encuentren urgentemente una forma de detener esta violencia", decía en ese informe la diplomática canadiense Deborah Lyons, representante especial de la ONU en ese país asiático.

"En Afganistán han sido frecuentes los daños colaterales, eufemismo utilizado para señalar a aquellas muertes indeseables, por lo general civiles, causadas por las fuerzas militares occidentales (las provocadas por la insurgencia son calificadas como meros asesinatos). Sin embargo, aun no deseadas, no se trata, en muchos casos, de 'errores'. Es decir, si se bombardea una localidad habitada, ya se conoce que, con toda probabilidad, morirán civiles", apunta por su parte Alejandro Pozo, investigador del Centro Delàs de Estudios por la Paz especializado en el conflicto afgano. 

En tal sentido, Pozo destaca que "la Guerra contra el Terror ha afectado a los principios de proporcionalidad, necesidad y discriminación", de forma que "el mero hecho de habitar en las regiones que controlan los grupos armados designados como terroristas y no salir malparado es indicio de no haberse opuesto lo que se considera como suficiente".

2.400 dólares por la vida de un niño

Los "daños colaterales" registrados a lo largo de dos décadas de intervención militar en Afganistán dieron lugar a "compensaciones" pagadas por la administración estadounidense a los familiares de sus víctimas. De acuerdo a los registros publicados en los últimos años por la publicación digital estadounidense The Intercept y por la agencia Reuters, EEUU ha pagado 1.000 dólares a un hombre por el asesinato de su hijo en una operación cerca de la frontera con Irán o 2.414 dólares por un niño muerto por un carro de combate. 

"Los pagos de condolencia están destinados a ser gestos simbólicos y, hoy en día, en Afganistán, por lo general, tienen un límite de 5.000 dólares, aunque se pueden aprobar cantidades mayores", relataba la periodista Cora Currier en una investigación publicada en febrero de 2015 en The Intercept

Un informe desclasificado del Ejército estadounidense señalaba que entre 2005 y 2014 el ejército se habían registrado 1.630 pagos de "compensaciones", cuya media era de 2.985 dólares por indemnización. En ese contexto,  un portavoz del Pentágono aseguró en 2017 que los pagos de "compensaciones" quedaban a criterio de los comandantes de EEUU sobre el terreno, ya que estaban "en mejor posición" para "juzgar los incidentes". 

Crímenes de guerra

El 5 de marzo de 2020, la Cámara de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) autorizó a la fiscal jefe de dicho organismo, Fatou Bensouda, para abrir una investigación sobre los presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Afganistán. La investigación pone el foco en las actuaciones ilegales por parte de las tropas estadounidenses y miembros de la CIA como por integrantes de las fuerzas afganas o combatientes talibanes.

El Gobierno de Donald Trumpreaccionó entonces con anuncios de sanciones contra la fiscal Bensouda y Phakiso Morchochoko, responsable de la división de jurisdicción, complementariedad y cooperación de la CPI, mientras proclamaba que ese tribunal era una institución "corrupta" e "ilegítima".   

20/08/2021 22:30 Actualizado: 20/08/2021 22:50

Por Danilo Albin@Danialri

Publicado enInternacional
Fuentes: El diario [Imagen de archivo de varias personas frente a la Puerta de Brandeburgo en Berlín, Alemania. EFE/EPA/FILIP SINGER]

 ‘Expropiar a Deutsche Wohnen y Compañía’ ha logrado que el próximo 26 de septiembre, día de las elecciones generales y de comicios al Ayuntamiento de la capital alemana, los berlineses voten sobre remunicipalizar casas de grandes dueños de vivienda de la ciudad

Los alemanes están llamados a votar el próximo 26 de septiembre en las primeras elecciones de la ya bautizada como era «post-Merkel». Tras 16 años en el poder, la canciller Angela Merkel no se presenta a su reelección. Sin embargo, para los berlineses, ese día 26 de septiembre no sólo será electoralmente importante por suponer una despedida a la todavía jefa del Gobierno alemán.

Los capitalinos germanos también votarán en sus elecciones locales y, además, se pronunciarán sobre la hoy por hoy exitosa campaña ‘Expropiar a Deutsche Wohnen y Compañía’. Esta iniciativa, lanzada en 2019, ha conseguido las firmas de berlineses necesarias para organizar un referéndum en el que se vote sobre si expropiar o no a las empresas que poseen más de 3.000 viviendas en suelo de la capital.

La campaña lleva en su nombre el de la firma inmobiliaria Deutsche Wohnen, que dispone de 110.000 viviendas en la capital alemana. El objetivo de los activistas es hacerse con unos 240.000 pisos hoy en manos de grandes propietarios.

El pasado mes de julio se ponía la fecha del 26 de septiembre para la celebración del referéndum, después de confirmarse que los activistas de la iniciativa habían reunido suficientes firmas para seguir adelante con la votación. Superaron ampliamente, según los datos comprobados por las autoridades, las 183.700 firmas necesarias para organizar la votación.

«Hay detalles técnicos por terminar, pero el referéndum es el 26 de septiembre», dice a elDiario.es Ingrid Hoffmann. La activista de la iniciativa berlinesa menciona algunas responsabilidades de última hora que aún han de asumir ella y sus compañeros de ‘Expropiar a Deutsche Wohnen y Compañía’. Por ejemplo: la impresión de folletos sobre el referéndum que tienen que hacer llegar a todos los hogares berlineses.

Hofmann explica que el colectivo también da la batalla con las autoridades para que dejen de afirmar «lo astronómico» que resultará el pago de la indemnización para expropiar las casas de los grandes propietarios. Los periódicos alemanes están estos días llenos de este tipo de estimaciones. La convocatoria también ha llegado al influyente Financial Times. «Mi piso es ahora una commodity», lamentaba la activista Lorena Jonas, una de las promotoras del referéndum, calificada de «campaña radical» por el rotativo británico, que advertía de que las encuestas sugieren que casi la mitad de los berlineses apoyan la iniciativa y esta «podría fijar un precedente para otras ciudades con elevadas rentas».

Quienes más se oponen a esta medida –como Sebastian Czaja, el líder del partido liberal, el FDP– hablan de un coste de no inferior a los 36.000 millones de euros. El Gobierno de la capital sitúa los costes totales en un montante que va entre 29.000 y los 39.000 millones.

Esos números sirven a menudo para transmitir la idea a la población de que el proyecto de Hoffmann y compañía está fuera del alcance de las autoridades berlinesas. Berlín, por muy capital que sea, sigue siendo una ciudad, en el mejor de los casos, con un presupuesto muy ajustado. Pero en ‘Expropiar a Deutsche Wohnen y Compañía’ defienden que el mecanismo de expropiación no lastrará las cuentas de la capital.

«El presupuesto berlinés no se verá afectado en absoluto», sostiene Hoffmann. «Porque se tiene que crear una entidad pública para reunir los recursos con los que conseguir los 240.000 pisos, emitiendo bonos de deuda. Eso es lo que permite obtener dinero como en un crédito pero sin pedir dinero al banco. Luego, el pago de los alquileres de esos pisos permitirá devolver el dinero», explica la activista. «Esto, nuestros adversarios nunca lo mencionan», abunda la activista en conversación con este medio.

La Constitución como pilar de la iniciativa

Lo que no falta entre los responsables de ‘Expropiar a Deutsche Wohnen y Compañía’ son las referencias al artículo 15 de la Ley Fundamental alemana, que es como aquí se conoce a la Constitución. «La tierra, los recursos naturales y los medios de producción pueden transferirse a la propiedad común u otras formas de economía común con fines de socialización mediante una ley que regule la naturaleza y el alcance de la indemnización», se lee en dicho artículo de la Carta Magna germana.

En caso de que haya mayoría de «sí» en el referéndum, el resultado no implicará directamente la expropiación. La política tendrá que actuar en consecuencia legislando y, por lo que deja ver el Ayuntamiento de Berlín en sus campañas, plasmar en la legislación la expropiación no será sencillo. Sólo el partido Die Linke, el que está situado más a la izquierda del espectro parlamentario alemán, apoya a las claras la iniciativa.

En el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), la formación del actual alcalde de Berlín, Michael Müller, y de la favorita a ganar la carrera al Ayuntamiento berlinés, Franziska Giffey, no contemplan la expropiación. En Los Verdes, el segundo mayor partido progresista, hablan de ‘Expropiar a Deutsche Wohnen y Compañía’ como un «último recurso» ante la tensa situación del mercado inmobiliario de la capital alemana.

Precios al alza, carestía de vivienda y fusiones de grandes empresas

Berlín, ciudad gobernada por una coalición de izquierdas liderada por el socialdemócrata Müller, es de las ciudades donde más suben los precios del alquiler, según un reciente estudio de la plataforma inmobiliaria de internet Inmmoscout24. En la subida que se registrará en la capital en 2022, del 5,7%, según las estimaciones de ese portal, jugará un papel importante que se declarara inconstitucional por motivos competenciales la conocida como ‘Ley de Tope al alquiler‘. La normativa consiguió bajar los alquileres considerados excesivos.

Con esa medida, que Die Linke y Los Verdes quieren ver aplicada en todo el país y no sólo a una ciudad o región, las autoridades berlinesas trataron de hacer frente a la situación de carestía habitacional que se vive en la capital teutona. Se estima que al año hacen falta en Berlín 40.000 nuevas viviendas. En 2020 se construyeron 16.000 cuando se querían levantar 20.000. En general, Alemania no construye lo suficiente. De ahí que en la prensa económica se considere que el Gobierno de la ‘gran coalición’ de Merkel ha fracasado en materia de vivienda.

Este es el contexto en el que ha surgido ‘Expropiar a Deutsche Wohnen y Compañía’ y en el que también Deutsche Wohnen y Vonovia, dos de los grandes actores del mercado inmobiliario alemán, quieren fusionarse. Si eso ocurre, la activista Hoffmann considera que no será una traba para su iniciativa. «Llevan ya tres intentos para fusionarse. A lo mejor, juntas, esas empresas se sienten más seguras formando una empresa más poderosa aún. Pero para nosotros, en una expropiación, que dos empresas pasen a formar una significa menos papeleo» destaca con sorna.

Ella confía en que el 26 de septiembre, en una jornada en la que se votará para reconfigurar el Bundestag, el Gobierno federal y el Ayuntamiento berlinés, haya una alta participación. Según sus cuentas, a partir de una participación del 70%, ganará el «sí» en el referéndum de ‘Expropiar a Deutsche Wohnen y Compañía’.

Por Aldo Mas | 19/08/2021

Publicado enInternacional
Domingo, 15 Agosto 2021 05:22

Las Juegas Olímpicas

Corredoras preparadas para tomar la salida en una pista de atletismo. PIXABAY

El barón tenía un plan y un bigote larguísimo y necesitaba contar su plan a otros señores de bigotes larguísimos. Acuciados por la inminente llegada del siglo XX, los hombres se escuchaban unos a otros con reverencia, pues les gustaba aparentar que todas sus ideas eran geniales. Por eso, cuando Pierre de Coubertin les habló de la posibilidad de estrenar una competición que aunase los valores del deporte, la paz y la comprensión entre los pueblos, algunos se entusiasmaron y otros no las tenían todas pero no se atrevieron a negarse. Así fue, a grandes rasgos, como decidieron dar inicio a los Juegos Olímpicos modernos.

Esos hombres de ideales nobles y mirada limpia no querían pasarse de modernos, por lo que resolvieron que las damas quedaran al margen de las Olimpiadas. Por favor, no crean que actuaron así movidos por el machismo ya que, como suele suceder con los misterios a priori inescrutables, había una explicación: alguien tenía que aplaudir a los atletas y otorgarles un trofeo al terminar sus gestas, y quién mejor que las mujeres.

Contra todo pronóstico, no se resignaron a ese papel simbólico. Las muy obtusas quisieron correr, saltar, nadar y trotar como los hombres y por eso cuatro años después se les permitió tomar parte, de forma no oficial, en un par de deportes aptos para señoritas con la esperanza de que se callasen de una vez. Cualquier persona con sentido común se habría conformado pero las mujeres, ya se sabe. Tanto dieron la tabarra que en 1928 concurrieron oficialmente a los Juegos y se les abrieron las puertas a seis disciplinas, además de cinco modalidades de atletismo. ¿Tuvieron suficiente? No. Siguieron erre que erre hasta que les permitieron participar en todas las disciplinas, capricho que se les otorgó en poco más de un siglo. Cien años de nada.

"Por fin se habrán quedado a gusto", pensarán ustedes. Qué va. En los Juegos que acabaron hace unos días se mostraron más subiditas que nunca y algunas llegaron incluso a olvidar que su principal misión como atletas es alegrar la vista del espectador. Es el caso de las jugadoras de balonmano playa noruegas, que se enfurruñaron porque no querían competir en bragas. Su Federación, lógicamente, les impuso una multa que las habrá dejado bien domaditas, de todos es sabido que no hay nada como la represión irracional para que la gente se conforme con lo que sea.

Otras atletas insisten en recordarnos que de vez en cuando llevan a cabo acciones de dudoso gusto como menstruar, quedarse embarazadas, abortar, parir o amamantar. Tremendo descaro el de Ona Carbonell, que solicitó presentarse en Tokio con su hijo de pocos meses para no verse obligada a interrumpir su lactancia. Los miembros del COI, comprensivos, concedieron el permiso para que el bebé viajase a Japón con la condición de que permaneciese tres semanas encerrado con su padre en la habitación de un hotel, a lo que la nadadora se negó porque las mujeres, y sobre todo las madres, son unas tiquismiquis.

Algunas han intentado pasarse de la raya. El lema olímpico más alto, más fuerte, más rápido está bien para los hombres pero cuando se trata de las chicas conviene marcar unos límites, ya que la naturaleza, otra insensata, a veces se equivoca. Por eso, si una se excede con el Citius, Altius, Fortius, se la somete a un test para certificar que es, efectivamente, una mujer. Uno de los casos más sonados es el de Caster Semenya, y los de las namibias Christine Mboma y Beatrice Masilingi, a las que se ha impedido competir en Tokio, son dos de los recientes. Hay unas cuantas perjudicadas y casi todas (siéntense, no les vaya a dar un soponcio con la sorpresa) son mujeres no blancas.

Entre todo el batiburrillo de ingratas, atrevidas, gruñonas y lloricas, sale Simone Biles y, boom, pone sobre la mesa el tema de los cuidados y la salud mental. La audacia. ¿Desde cuándo competir por un deporte tiene que ver con la salud? ¿Cómo que hay que cuidarse?

Con la finalidad de recordar a las chicas cuál es su sitio, algunos diarios patrios nos han ido regalando titulares para que nos quede claro que el éxito deportivo de una mujer nunca es completamente suyo: siempre tienen a mano un hombre al que admiran, un entrenador, un novio y hasta un exnovio al que deben sus logros. Menos mal que alguien les echa el freno. Imagínense unos Juegos en los que los bebés pudiesen permanecer al lado de sus madres, las mujeres demostrasen ser atletas extraordinarias sin dejar por ello de ser mujeres, las curvas de las participantes no formasen parte del negocio, y la salud y el bienestar de las y los participantes estuviese por encima de los récords mundiales. Si presenciamos ese sindiós en un futuro, capaces son de renombrar los juegos del pobre barón de Coubertin, que podrían pasar a denominarse Juegas Olímpicas.

 

Por Otis Corona

15/08/2021  

Publicado enSociedad
Una mujer lleva un retrato de Lenin en una manifestación del Partido Comunista en la Plaza Roja de Moscú, en noviembre de 2014

De cómo sería la transición del capitalismo al socialismo se escribieron ingentes libros y tesis, pero nadie nos preparó para el momento en que la historia daría la marcha atrás, por impensable, irracional, antinatura. ¿Es posible que millones de personas voten en favor de la eliminación de la igualdad, del derecho a tener un puesto de trabajo y un salario digno, de una sanidad y la educación gratuitas? Las mujeres y los hombres de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) no votaron la disolución de su Estado ni la restauración del capitalismo, y eso a pesar de las carencias y los errores de su socialismo, pues, la URSS fue "el primero" en los principales derechos fundamentales del ser humano de la historia.

La primera vida: el zarismo

En la Rusia subdesarrollada, la mujer era tratada como propiedad del hombre: no se le permitía vivir separada de su familia, o trabajar o viajar al extranjero sin la autorización de un hombre. La matemática Sofía Kovalévskaya tuvo que casarse por conveniencia con el paleontólogo, Vladimir Kovalevski, para poder seguir su carrera en Suiza, debido a que en Rusia a las mujeres no les dejaban ingresar en las escuelas superiores. Ella será la primera mujer profesora con plaza en una universidad europea.

Millones de mujeres trabajaban en el campo de sol al sol, mientras en las fábricas niñas de 13-14 años eran explotadas en jornadas de hasta 16 horas por un mísero sueldo. Las mujeres embarazadas ocultaban su estado para no ser despedidas. En la familia, ellas vivían la forma más común y legitimada de prostitución y esclavitud, como describe León Tolstoi en su Anna Karenina. La mayoría de los partos tenían lugar en los domicilios, y la tasa de mortalidad infantil era alta. El divorcio lo decidían el marido y la iglesia, y además, sólo los pudientes podían costearlo. En las provincias de Asia Central, como Tayikistán, había poliginia y la mujer estaba obligada a llevar el velo, símbolo del control y dominio del hombre sobre la mujer.

Mucho por hacer: así cuatro mujeres se unieron a 13 hombres para fundar la Unión de Lucha (1895), entre ellas Nadezhda Krúpskaya, que además será una de las primeras presas políticas de Rusia y una de las pocas del mundo en ser Secretaria en un partido. Cuatro años después, el Partido Socialdemócrata (comunista) será el primero de la historia en dedicar un capítulo de su programa a la liberación de la mujer y una completa igualdad de derechos, como exigía la Segunda Internacional (1889-1916).

En 1912, Konkórdiya Samóilova será, posiblemente, la primera mujer directora de un diario: Pravda (La Verdad), órgano del partido bolchevique, y determinante en la organización de las protestas contra la Primera Guerra Mundial bajo el lema de "Pan y Paz".

La segunda vida: socialista

En 1917, la Revolución convierte a Vladimir Ilich Lenin en el primer jefe de un estado que hace de los derechos de la mujer la bandera del sistema político que acaba de nacer. Y habrá más "primera vez en la historia" para las mujeres del planeta:

  • Aleksandra Kollontai se hace cargo, en 1918, de la cartera de Bienestar Social. En 1943 también será la primera mujer embajadora, representando a la URSS ante el gobierno sueco.
  • Las madres trabajadoras disfrutarán de dieciséis semanas de permiso remunerado para el cuidado de los hijos. Habrá un seguro de maternidad y unas salas de lactancia en las fábricas. Las madres solteras reciben una cartilla de manutención infantil.
  • Se levantan todas las restricciones a la libertad del movimiento de la mujer.
  • La mujer podrá ser "cabeza de la familia", y tendrá acceso libre al aborto.
  • Se despenaliza la homosexualidad, que era castigada con el trabajo forzoso. Las personas homosexuales y transgéneras son protegidas por la ley. En 1918, un gay, Georgy Chicherin, es nombrado ministro de Relaciones Exteriores, y en 1926 se autoriza plasmar el cambio de sexo en el pasaporte.
  • Se desmantelan los harenes en las provincias orientales. Las mujeres "musulmanas" soviéticas son las primeras de este credo que tienen derecho a voto: en la propia tierra de Mahoma, Arabia Saudí, aún son las únicas del globo sin poder votar.
  • Se levanta la obligatoriedad de registrar el matrimonio, y se elimina el concepto de "hijos ilegítimos". Se crean comunas, con el amor y la sexualidad libres, que décadas después reaparecerá en Occidente con el movimiento hippie.
  • Se despenaliza la prostitución, esta "degradación extrema de la mujer en interés de los hombres que pueden pagarla" como la definía Trotsky, y se persigue al proxeneta. Paralelamente, empieza el trabaja para eliminar sus causas y a las mujeres prostituidas se les ofrece formación profesional, empleo y un techo.
  • Se prohíbe matrimonios forzados y también infantiles (pedofilia), que eran norma general en las regiones de Asia Central.
  • Se podrá romper el contrato matrimonial incluso sin el consentimiento de la otra pareja.
  • Se aplica la jornada laboral de 8 horas, propuesta por la Primera Internacional en1866. Se prohíbe el trabajo nocturno para las mujeres embarazadas, así como su traslada o despido sin la aprobación de un inspector de la empresa.
  • Se establece el concepto de "bienes gananciales" (inexistente en las religiones abrahámicas que han sido y son el marco del derecho de la mujer en numerosos países): ellas tendrán derecho sobre la fortuna generada durante el matrimonio.
  • Se declaran gratuitas y universales la enseñanza y la sanidad, y se realizan una vasta campaña de alfabetización de mujeres.

Algunos ideales, como la socialización de las tareas domésticas, - como comedores y lavanderías públicos, suficientes guarderías para disolver la familia, etc.-, que estaba dirigida a suprimir la doble carga de la mujer, no se materializaron por:

  1. La falta de recursos, el retraso económico y social del país, la destrucción de millones de vidas y de las infraestructuras de la nación durante la Guerra Civil (1921-1922) y las dos guerras mundiales que obligaron al Estado canalizar todos los recursos a impedir la muerte de millones de personas de hambre;
  2. La resistencia de los hombres a la liberación de la mujer. En las regiones de Oriente muchas fueron víctimas de crímenes de honor por quitarse el velo o asistir a escuelas o agrupaciones de mujeres.
  3. la falta de experiencia en gestionar los servicios sociales en una estructura funcional.
  4. creer que la institución familiar, basada en las milenarias relaciones de domino y legitimada por la religión, perdería su razón de existir con la mera participación de la mujer en el trabajo remunerado y productivo, y se disolvería. "La remodelación del 'orden' más arraigado, empedernido, reprimido y rígido [el patriarcado] es la transición más difícil", reconoció Lenin en 1921. Así, las mujeres soviéticas, incluidas las científicas, nunca dejaron de ser "amas de casa".

La cultura patriarcal se unió a la falta de libertades políticas, organizaciones y movimientos ciudadanos, para hacer posible la pérdida de algunos derechos socialistas logrados: en el marco de las políticas prenatalitas, Stalin ilegalizó en 1936 el aborto y la homosexualidad, recuperó la educación segregada y con ello las "asignaturas especiales para niñas". Dos décadas después, bajo la presidencia de Jrushchov el aborto volverá a ser legal, para salvar la vida y la salud de las mujeres que se veían obligadas a realizarlo de forma clandestina.

En las décadas de 1960 y 1970, los avances profesionales de la mujer fueron asombrosos. Enviar a Valentina Tereshkova al espacio (1963) era para demostrar al mundo de que "asaltar el cielo" es posible. Aun así, la URSS rechazaba frontalmente los objetivos y los logros del movimiento feminista europeo al no estar integrado en la lucha de la clase obrera. No reconocía que la opresión patriarcal es supraclasista. El "biologismo" (igual de reaccionario que jinelogía), prohibió que soviéticas pudiesen ser bomberas, conductoras de autobús, o capitanas de barco, entre otras 400 profesiones "perjudiciales para su salud". Desde hace unos años, esta lista se ha reducido en un centenar, y desde el 2020 se les permite, por ejemplo, ser maquinistas de metro, mientras siguen sin poder estudiar numerosas carreras de ingeniería.

El término "feminismo" tenía (y tiene) connotaciones negativas: las feministas son mujeres burguesas, feas, lesbianas, que odian a los hombres y e incluso son agentes del Occidente y pretenden difundir su decadente libertinaje en la patria-tribu.

Tercera vida: capitalismo ‘putinista’

A finales de los ochenta, los errores de un sector del Partido Comunista y la traición y corrupción de otro destrozan los logros de la Revolución también la utopía de millones de personas en todo el mundo que se jugaban la vida por un mundo socialista. Las consecuencias de la desintegración de la URSS, el terrorismo y la guerra irán acompañados por el regreso del sistema de mercado, y el saqueo de las arcas públicas se tradujeron en una pobreza generalizada, el desempleo (inexistente en la URSS), y la aparición del crimen organizado internacional que hizo su agosto prostituyendo a las mujeres y madres desesperadas. La esperanza de vida se desplomó: de 68 en 1991 a 62 en 2000.

Poner orden al caos llega con (la Doctrina de) Vladimir Putin, quien, en una complicada situación, buscará una nueva identidad para el nuevo (viejo) sistema en el que el conservadurismo, el nacionalismo y la Iglesia Ortodoxa Rusa harán de pilares. Vuelven los valores medievales sobre la mujer y la familia y con intenciones pronatalistas, el gobierno ruso diseña un inaudito plan: tras declarar el 2008 el Año de la Familia, regala a los ciudadanos el 12 de septiembre como el Día del Contacto (íntimo) para que las parejas permanecieran en casa, y nueve meses después, coincidiendo con el Día de Rusia, el 12 de junio, se pudiese celebrar el nacimiento de miles de nuevos rusos, y así salvar la patria del envejecimiento de la población. Las mujeres al tener un segundo o tercer hijo recibirán una ayuda monetaria llamada el "Capital de maternidad". Esta oxidada idea sobre la mujer, como "procreadora", ha ido paralelo a otra peor aún: la aprobación de la ley de "violencia en la familia" que no "contra la mujer", en la que despenaliza las palizas que el hombre asesta a la mujer si no rompen sus costillas (como el imán de Al Azhar, Ahmed el Tayeb, que aprueba golpear a la esposa siempre y cuando el delincuente no deje prueba en el cuerpo de su cónyuge-esclava). Además, se le perdonará al agresor si es primerizo. Por supuesto que el legislador es consciente de que la mayoría de las mujeres, desamparadas en el capitalismo, no suelen denunciar estos abusos ni la primera, ni la segunda y ni la quinta vez.

La Iglesia ortodoxa rusa (al igual que la católica y la islámica) considera el feminismo un "pecado mortal". El tribalismo y el nacionalismo, siempre ciegos y reaccionarios, muestran fobia hacia lo que nazca en otros Estados, aunque hayan brotado del movimiento progresistas ciudadano.

El propio presidente Putin es la imagen del biopoder: Macho heterosexual, sexy, magnético y "padre salvador" de la nación desvalida, y en concordancia, la imagen que se da de la mujer rusa, incluso en las páginas de información política, es de una rubia esbelta semidesnuda. ¿Cómo ha sido posible la supresión radical de los valores socialistas, supuestamente, implantadas durante setenta años?

A pesar de que a partir de 2013, las desigualdades sociales se reducido, y la esperanza de vida ha aumentado (72 años), Rusia tiene una brecha de género del 70.6%, que le sitúa en el puesto 81 del ranking mundial entre 153 países. El feminicidio arrebata la vida de un promedio de 300 mujeres casa año, y en Moscú, sólo hay un refugio público para las mujeres maltratadas, según las feministas.

Las rusas ganan un 30% menos que los hombres, y al igual que en la era de la URSS, están casi ausentes en el poder político. En Ruanda o Cuba el 38,5% de los diputados son mujeres, en Rusia el 18,2%. La introducción del neotradicionalismo en las relaciones de género ha desactivado, asombrosamente, el cuestionamiento de las desigualdades.

La URSS fue el primer modelo del estado de bienestar de la humanidad, y su mera existencia también obligaba a los estados capitalistas aceptar parte de las demandas de su propia clase trabajadora: no es ninguna casualidad que el asalto del noliberalismo a estos logros en todo el mundo, coincida con la desaparición de aquella república socialista.

Setenta años fue un tiempo demasiado corto para acabar con miles de años de injusticias justificadas e incrustadas hasta en el alma de sus propias víctimas.

Cuál es mejor: ¿un capitalismo con las libertades políticas, pero sin la justicia social e igualdad, o un socialismo sin libertades? La experiencia de la URSS demostró la fragilidad y reversibilidad de las conquistas sociales sin las libertades y un control real del pueblo sobre el poder.

Publicado enInternacional
Estados Unidos insistió en la extradición de Julian Assange

En una audiencia preliminar cuestionó el fallo de la justicia británica

La abogada Clair Dobbin sostuvo que Assange no tiene un historial de querer lesionarse y "nunca ha sufrido del tipo de condición de salud mental" que "le privase de la capacidad" de tomar decisiones racionales.

 

El gobierno estadounidense consideró ante el Tribunal Superior de Londres que el fundador de WikiLeaks, el periodista australiano Julian Assange, no está "tan enfermo" como para querer suicidarse si es extraditado a Estados Unidos, país que lo requiere por cargos de presunto espionaje. Los abogados estadounidenses entienden que las pruebas presentadas por la defensa de Assange, quien permanece recluido en una cárcel de máxima seguridad del Reino Unido acusado de difundir documentos clasificados, no se basan en su actual estado de salud sino en cómo podría evolucionar. Decenas de manifestantes con pancartas que rezaban "Diez años, ¡ya basta!" o "Liberen a Assange" se congregaron el miércoles ante el tribunal londinense, incluido el exlíder laborista Jeremy Corbyn.

Durante una audiencia preliminar del proceso de apelación dispuesto por Washington, la abogada Clair Dobbin informó que Assange no tiene un historial de querer lesionarse y "nunca ha sufrido del tipo de condición de salud mental" que "le privase de la capacidad" de tomar decisiones racionales. Su mirada difiere mucho de la del psiquiatra Michael Kopelman, quien en septiembre de 2020, durante el juicio de extradición de Assange, había informado que el periodista presenta un comportamiento suicida que podría potenciarse si la justicia inglesa decide trasladarlo a Estados Unidos.

Assange fue detenido por la policía británica en abril de 2019 después de que el gobierno de Ecuador le retirara su asilo diplomático en la embajada ecuatoriana de Londres, donde vivía refugiado desde 2012 por miedo a ser extraditado a Estados Unidos. La justicia estadounidense lo acusa de espionaje por difundir en 2010 más de 700 mil documentos clasificados sobre las actividades militares y diplomáticas, sobre todo en Irak y Afganistán, que revelaron actos de tortura, muertes de civiles y otros abusos.

11/08/2021

Publicado enInternacional