Jueves, 16 Junio 2022 07:23

Dignificando a los ausentes

Dignificando a los ausentes

que traspasan arena, ríos y montañas dejando florecer sus semillas en generaciones de pensamiento, política, arte y cultura

 

Desde una “perspectiva anacrónica” e “internacional”, Didi Huberman planteó una relación entre los distintos periodos históricos al demostrar que, aun teniendo las peculiaridades cada uno de su “historia precisa”, compartían un denominador común. Y es que, aunque la historia nunca se repite -escribía Trullén Floría- existe en ella “una tendencia circular a la rima”.

Si reflexionamos de la mano de estas premisas, observamos que con el paso de las décadas la violencia física y verbal contra la izquierda, y su proyecto social, ha sido diseñada, planificada y ejecutada de manera ininterrumpida. Explicaba el historiador Francisco Espinosa que el modelo de represión utilizado en las dictaduras latinoamericanas imitó al que se inauguró en España, donde los hallazgos de Serrulla Rech estiman que podrían existir alrededor de 14.755 fosas, en las que estarían inhumadas 130.000 víctimas de la represión franquista durante la guerra: maestras, jornaleros, menores de edad...

Siguen ahí, arrojados, frente al corazón encogido de las generaciones de sus seres queridos que continúan sin poder darles cobijo.

Fue en el territorio de la llamada Iberoamérica -designada recientemente como “Iberoesfera” por una ultraderecha española íntimamente vinculada a la extrema derecha latinoamericana-, que las desapariciones forzosas poblaron de pupitres vacíos las universidades, de madres velando en la oscuridad, y cuerpos bajo los montes.

Desafortunadamente, basta con cambiar el método: los modelos de opresión se adaptan; sobreviven vociferando una falsa libertad y aplican la represión de forma encubierta, aunque las prácticas de corte pinochetista que se ejercieron con sevicia contra los manifestantes de Colombia, retrocedieron décadas.

A sí mismo, en esta “tendencia circular a la rima”, la violencia verbal se nutre inyectando odio a través de campañas de desinformación -maquilladas de rigor periodístico por grandes grupos mediáticos-, que tergiversan las ideas de izquierda y difaman a quienes las llevan. Ya cuestionaban Noam Chomsky y Edward S. Herman en Los guardianes de la Libertad la supuesta actuación “desinteresada” del sistema periodístico al explicar su imbricación en las élites políticas y empresariales.

Otra “tendencia circular a la rima” es el plan de ocultación y negación de la verdad, que se erige como una violencia añadida al revictimizar a los ausentes y a sus seres queridos; una estrategia del olvido diseñada para borrar la historia de las víctimas, y acallar futuras canciones de libertad y justicia social.

Inmersos en este bucle de la historia, nos plantamos en una actualidad donde el atardecer sigue acariciando, sigiloso, las cunetas de las carreteras, las explanadas de los valles, el reflejo de los ríos, la hierba mojada: la tierra. Allí están, hablando a través del viento... “ven pasar árboles y pájaros”, el susurro de Benedetti se hace presente: “cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos a desaparecer sin últimas palabras tenían en sus manos los trozos de cosas que querían”. Permanecen entre la savia, en algunos lugares más que en otros, aferrados a esos pequeños “trozos de cosas que querían”; destellos que perduran, entre la tierra y sus huesos, para hablarnos de ellos en vida: de su presente arrebatado y desahogar su verdad.

Son los ausentes, los desaparecidos, aquellos que vivieron la experiencia hasta el final, los que tocaron fondo y no sobrevivieron para contarlo, nombrados por Giorgio Agamben como “los verdaderos testigos”. Aquí o allá: están en todas partes, silenciados por defender los derechos del otro -que también fueron los suyos-, por querer construir solidaridad y caminar con una mirada inquieta, rebosante de dignidad.

Recuperar su voz rota, liberar su cuerpo atado y sacar a la luz lo negado, lo oculto, lo demasiado doloroso para ser creíble: los restos de quienes fueron sumergidos en un silencio obligado, en la profundidad de un hueco impersonal, con su cuerpo secuestrado y el esqueleto enraizado en un subsuelo que no eligió, se torna una responsabilidad social.

Dejar una rosa roja, amarilla y azul, o violetas, sobre ese pedazo de tierra fértil, sembrado de ideas, donde permanecieron los ausentes, demanda escucharlos y reivindicar su historia. De lo contrario, cobrarían vigencia las palabras de Walter Benjamin cuando pronosticó: “ni siquiera los muertos estarán seguros si el enemigo vence”. Efectivamente, la estrategia de negación y tergiversación de la verdad que impulsaron los victimarios, todavía, en algunos países: “no ha cesado de vencer”.

Si bien, la estela de los ausentes ha logrado traspasar la arena, los ríos y montañas, dejando florecer sus semillas en generaciones de pensamiento, política, arte y cultura: impulsando ese renacer perseverante y vivo, de conciencia social.

Hemos escuchamos a Francia Márquez animando a cambiar la historia con un lapicero: un objeto, de poderoso simbolismo, cuyo potencial ha demostrado ser el vehículo más eficaz contra la sumisión: aquel que tiene pálpito y pensamiento. Esos lapiceros que sueñan ideas y crean democracia quizás logren, con su voto, dignificar a los ausentes; a la bruma de aquellas hermosas y profundas montañas de Colombia donde tanto dolor merece ser arropado por el amor de todo un pueblo.

Publicado enSociedad
Sábado, 11 Junio 2022 05:47

Condenan a Jeanine Añez

Jeanine Añez

Recibió una pena de 10 años por el golpe a Evo Morales en Bolivia 

El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz condenó la noche de este viernes a 10 años de cárcel a la expresidenta Jeanine Áñez por el caso Golpe de Estado II, en el que fue juzgada por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, informó el diario La Razón de Bolivia.

Inicialmente, en noviembre de 2021, el Ministerio Público había informado que solicitará “la pena máxima” de 10 años contra Áñez, luego planteó 12 años de cárcel y en mayo de este año el ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que su condena puede llegar incluso a 15 años de prisión.

Pena máxima

Finalmente, el pasado lunes, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, confirmó que la comisión de fiscales, que investigó este caso, pedirá 15 años de cárcel para la exmandataria transitoria, mientras la defensa de la exmandataria solicitó su absolución.

El juicio oral en contra de Áñez y otros ocho involucrados comenzó el 28 de marzo y la mañana de este viernes, en su última exposición de alegatos ante el Tribunal de Sentencia, la exsenadora insistió en que es inocente y afirmó que “volvería a hacer” lo que hizo en la crisis de noviembre de 2019, cuando se proclamó mandataria en medio de un caos político y social.

“Hice lo que tenía que hacer, asumí la presidencia por compromiso, asumí la presidencia de acuerdo a lo establecido en la Constitución, siguiendo cada uno de los pasos y respetando todo lo que dice; (…) y me siento muy orgullosa, y lo volvería a hacer si tuviera la oportunidad; lo volvería a hacer porque para eso a nosotros nos eligen en el parlamento, para estar en las buenas y en las malas, para estar en situaciones de tranquilidad y situaciones de violencia, eso es tener compromiso”, sostuvo.

Áñez está detenida desde marzo de 2021 e inicialmente fue capturada acusada por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración dentro del proceso denominado Golpe de Estado I, a instancias de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty.

El otro proceso

Luego fue abierto otro proceso en su contra por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, que se denomina Golpe de Estado II.

Este segundo proceso es el que tuvo mayor agilidad y es en el que Áñez fue juzgada por delitos cometidos antes de que asuma sus funciones como mandataria transitoria en la crisis de noviembre de 2019.

El 10 de noviembre de 2019, el entonces presidente Evo Morales renunció a su cargo en medio de protestas cívicas que denunciaban un supuesto fraude electoral, un motín policial y hasta una “sugerencia” de las Fuerzas Armadas para que dimitiera.

Dos días después, la entonces segunda vicepresidenta del Senado asumió la presidencia de dicho órgano camaral y luego la jefatura del Estado en sendos actos en la Asamblea Legislativa sin quorum ni asistencia de la bancada mayoritaria del Movimiento Al Socialismo (MAS). Ese hecho fue calificado como un golpe de Estado

Publicado enInternacional
Jueves, 09 Junio 2022 05:15

Internet debe ser un bien público

ENIAC, acrónimo de Electronic Numerical Integrator And Computer, fue una de las primeras computadoras de propósito general. Ejército de los Estados Unidos.

Si Internet fue construido por instituciones públicas, ¿por qué es controlado por corporaciones privadas? Para revertir esto, debemos conocer la historia de la privatización de la red.

 

El 1 de octubre de 2016 Internet cambió, pero nadie lo notó. Esta transformación invisible afecta al componente más importante que hace que Internet sea utilizable: el Sistema de Nombres de Dominio (DNS). Cuando usted escribe el nombre de un sitio web en su navegador, el DNS es el que convierte ese nombre en la cadena de números que especifica la ubicación real del sitio web. Al igual que una guía telefónica, el DNS relaciona los nombres que son significativos para nosotros con los números que no lo son.

Durante años, el gobierno estadounidense ha controlado el DNS. Pero en 2016 el sistema pasó a ser responsabilidad de una organización sin ánimo de lucro con sede en Los Ángeles llamada Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN). En realidad, la ICANN lleva gestionando el DNS desde finales de los años 90 en virtud de un contrato con el Departamento de Comercio. La novedad es que la ICANN ahora tiene una autoridad independiente sobre el DNS, según un modelo de «múltiples partes interesadas» que supuestamente hacen más internacional la gobernanza de Internet.

Es probable que el impacto real haya sido pequeño. Por ejemplo, se mantuvieron las medidas de protección de marcas que vigilan el DNS en nombre de las empresas. Y el hecho de que la ICANN tenga su sede en Los Ángeles y esté constituida de acuerdo con la legislación estadounidense significa que el gobierno de ese país siguió ejerciendo su influencia, aunque de forma menos directa.

Pero el significado simbólico es enorme. El traspaso marcó el último capítulo de la privatización de Internet. Concluye un proceso que comenzó en la década de 1990, cuando el gobierno estadounidense privatizó una red construida con un enorme gasto público. A cambio, el gobierno no exigió nada: ninguna compensación, y ninguna restricción o condición sobre la forma que tomaría Internet.

No había nada inevitable en este resultado: reflejaba una opción ideológica, no una necesidad técnica. En lugar de enfrentarse a cuestiones críticas de supervisión y acceso popular, la privatización excluyó la posibilidad de encaminar Internet por una vía más democrática. Pero la lucha no ha terminado. Para comenzar a revertir la situación y reclamar Internet como un bien público debemos revisar la historia, en gran parte desconocida, de cómo se produjo la privatización.

Los orígenes públicos de Internet

A Silicon Valley a menudo le gusta fingir que la innovación es el resultado de los empresarios que juguetean en los garajes. Pero la mayor parte de la innovación de la que depende Silicon Valley procede de la investigación gubernamental, por la sencilla razón de que el sector público puede permitirse asumir riesgos que el sector privado no puede.

Es precisamente el aislamiento de las fuerzas del mercado lo que permite al gobierno financiar el trabajo científico a largo plazo que acaba produciendo muchos de los inventos más rentables.

Esto es especialmente cierto en el caso de Internet. Internet fue una idea tan radical e improbable que solo décadas de financiación y planificación públicas pudieron hacerla realidad. No solo hubo que inventar la tecnología básica, sino que hubo que construir la infraestructura, formar a los especialistas y dotar de personal a los contratistas, financiarlos y, en algunos casos, desprenderse directamente de las agencias gubernamentales.

A veces se compara Internet con la red de carreteras interestatales, otro gran proyecto público. Pero como señala el activista jurídico Nathan Newman, la comparación solo tiene sentido si el gobierno «hubiera imaginado primero la posibilidad de los coches, subvencionado la invención de la industria automovilística, financiado la tecnología del hormigón y el alquitrán, y construido todo el sistema inicial».

La Guerra Fría proporcionó el pretexto para esta ambiciosa empresa. Nada aflojó tanto las cuerdas del bolsillo de los políticos estadounidenses como el miedo a quedarse atrás con respecto a la Unión Soviética. Este temor se disparó en 1957, cuando los soviéticos pusieron el primer satélite en el espacio. El lanzamiento del Sputnik provocó una auténtica sensación de crisis en la clase dirigente estadounidense y condujo a un aumento sustancial de los fondos federales para la investigación.

Una de las consecuencias fue la creación de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada (ARPA), que más tarde cambiaría su nombre por el de Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA). ARPA se convirtió en el brazo de I+D del Departamento de Defensa. En lugar de centralizar la investigación en los laboratorios del gobierno, ARPA adoptó un enfoque más distribuido, cultivando una comunidad de contratistas tanto del mundo académico como del sector privado.

A principios de la década de 1960, ARPA comenzó a invertir fuertemente en informática, construyendo grandes ordenadores centrales en universidades y otros centros de investigación. Pero incluso para una agencia tan generosamente financiada como ARPA, este gasto desmedido no era sostenible. En aquella época, un ordenador costaba cientos de miles, si no millones, de dólares. Así que ARPA ideó una forma de compartir sus recursos informáticos de forma más eficiente entre sus contratistas: construyó una red.

Esta red era ARPANET, y sentó las bases de Internet. ARPANET conectaba los ordenadores a través de una tecnología experimental llamada conmutación de paquetes, que consistía en dividir los mensajes en pequeños trozos llamados «paquetes», dirigirlos a través de un laberinto de conmutadores y volver a ensamblarlos en el otro extremo.

Hoy en día, este es el mecanismo que mueve los datos a través de Internet, pero en aquel momento, la industria de las telecomunicaciones lo consideraba absurdamente poco práctico. Años antes, las Fuerzas Aéreas habían intentado persuadir a AT&T para que construyera una red de este tipo, sin éxito. ARPA incluso ofreció ARPANET a AT&T después de que estuviera en funcionamiento, prefiriendo comprar tiempo en la red en lugar de gestionarla ellos mismos.

Ante la oportunidad de adquirir la red informática más sofisticada del mundo, AT&T se negó. Los ejecutivos simplemente no veían el dinero en ello. Su miopía fue una suerte para el resto de nosotros. Bajo gestión pública, ARPANET floreció. El control gubernamental dio a la red dos grandes ventajas. La primera era el dinero: ARPA podía inyectar dinero en el sistema sin tener que preocuparse por la rentabilidad. La agencia encargó investigaciones pioneras a los informáticos de más talento del país a una escala que habría sido suicida para una empresa privada.

Y, lo que es igual de importante, ARPA aplicó una ética de código abierto que fomentaba la colaboración y la experimentación. Los contratistas que contribuían a ARPANET tenían que compartir el código fuente de sus creaciones o se arriesgaban a perder sus contratos. Esto catalizó la creatividad científica, ya que los investigadores de una serie de instituciones diferentes podían perfeccionar y ampliar el trabajo de los demás sin vivir con el temor de la ley de propiedad intelectual.

La innovación más importante que se produjo fue la de los protocolos de Internet, que surgieron a mediados de la década de 1970. Estos protocolos hicieron posible que ARPANET se convirtiera en Internet, al proporcionar un lenguaje común que permitía que redes muy diferentes se comunicaran entre sí.

La naturaleza abierta y no propietaria de Internet aumentó enormemente su utilidad. Prometía un único estándar interoperable para la comunicación digital: un medio universal, en lugar de un mosaico de dialectos comerciales incompatibles.

Promovida por ARPA y adoptada por los investigadores, Internet creció rápidamente. Su popularidad pronto hizo que científicos ajenos al ejército y al selecto círculo de contratistas de ARPA exigieran acceso. En respuesta, la National Science Foundation (NSF) emprendió una serie de iniciativas destinadas a llevar Internet a casi todas las universidades del país. Estas iniciativas culminaron en NSFNET, una red nacional que se convirtió en la nueva «columna vertebral» de Internet.

La columna vertebral era un conjunto de cables y ordenadores que formaban la arteria principal de Internet. Se asemejaba a un río: los datos fluían de un extremo a otro, alimentando afluentes, que a su vez se ramificaban en arroyos cada vez más pequeños. Estos flujos servían a los usuarios individuales, que nunca tocaban la red troncal directamente. Si enviaban datos a otra parte de Internet, éstos subían por la cadena de afluentes hasta la red troncal, y luego bajaban por otra cadena, hasta llegar al flujo que servía al destinatario.

Una de las lecciones de este modelo es que Internet necesita muchas redes en sus márgenes. El río es inútil sin afluentes que amplíen su alcance. Por eso la NSF, para garantizar la mayor conectividad posible, también subvencionó una serie de redes regionales que enlazaban las universidades y otras instituciones participantes con la red troncal de la NSFNET.

Todo esto no fue barato, pero funcionó. Los académicos Jay P. Kesan y Rajiv C. Shah han calculado que el programa NSFNET costó más de 200 millones de dólares. Otras fuentes públicas, como los gobiernos estatales, las universidades subvencionadas por el Estado y las agencias federales, probablemente contribuyeron con otros 2000 millones de dólares a la creación de redes con la NSFNET.

Gracias a esta avalancha de dinero público, una tecnología de comunicaciones de vanguardia incubada por ARPA se puso a disposición de los investigadores estadounidenses a finales de la década de 1980.

El camino hacia la privatización

Pero a principios de los noventa, Internet se estaba convirtiendo en víctima de su propio éxito. La congestión plagaba la red, y cada vez que la NSF la actualizaba, se acumulaba más gente. En 1988, los usuarios enviaban menos de un millón de paquetes al mes. En 1992, enviaban 150 000 millones. Al igual que las nuevas autopistas producen más tráfico, las mejoras de la NSF no hicieron más que avivar la demanda, sobrecargando el sistema.

Está claro que a la gente le gustaba Internet. Y estas cifras habrían sido aún mayores si la NSF hubiera impuesto menos restricciones a sus usuarios. La Política de Uso Aceptable (AUP) de la NSFNET prohibía el tráfico comercial, preservando la red sólo para fines de investigación y educación. La NSF consideraba que esto era una necesidad política, ya que el Congreso podría recortar la financiación si se consideraba que el dinero de los contribuyentes estaba subvencionando a la industria.

En la práctica, la AUP era en gran medida inaplicable, ya que las empresas utilizaban regularmente la NSFNET. Además, el sector privado llevaba décadas ganando dinero con Internet, tanto como contratista como beneficiario del software, el hardware, la infraestructura y el talento de los ingenieros desarrollados con fondos públicos.

La AUP puede haber sido una ficción legal, pero tuvo un efecto. Al excluir formalmente la actividad comercial, generó un sistema paralelo de redes privadas. A principios de la década de 1990, surgieron en todo el país diversos proveedores comerciales que ofrecían servicios digitales sin restricciones sobre el tipo de tráfico que podían transportar.

La mayoría de estas redes tenían su origen en la financiación gubernamental y contaban con veteranos de la ARPA por su experiencia técnica. Pero, sean cuales sean sus ventajas, las redes comerciales tenían prohibido por la AUP conectarse a Internet, lo que inevitablemente limitaba su valor.

Internet había prosperado bajo propiedad pública, pero estaba llegando a un punto de ruptura. El aumento de la demanda por parte de los investigadores ponía a prueba la red, mientras que la AUP impedía que llegara a un público aún más amplio.

No eran problemas fáciles de resolver. Abrir Internet a todo el mundo, y crear la capacidad necesaria para acogerlos, planteaba importantes retos políticos y técnicos.

El director de la NSFNET, Stephen Wolff, llegó a ver la privatización como la respuesta. Creía que ceder Internet al sector privado aportaría dos grandes beneficios: Aliviaría la congestión provocando una afluencia de nuevas inversiones y suprimiría la AUP, permitiendo a los proveedores comerciales integrar sus redes en NSFNET. Liberada del control gubernamental, Internet podría convertirse por fin en un medio de comunicación de masas.

El primer paso tuvo lugar en 1991. Unos años antes, la NSF había adjudicado el contrato de explotación de su red a un consorcio de universidades de Michigan llamado Merit, en asociación con IBM y MCI. Este grupo había hecho una oferta significativamente inferior, percibiendo una oportunidad de negocio. En 1991, decidieron sacar provecho, creando una filial con ánimo de lucro que empezó a vender acceso comercial a NSFNET con la bendición de Wolff.

La medida enfureció al resto del sector de las redes. Las empresas acusaron con razón a la NSF de hacer un trato secreto para conceder a sus contratistas un monopolio comercial, y armaron el suficiente alboroto como para que se celebraran audiencias en el Congreso en 1992. Estas audiencias no cuestionaron la conveniencia de la privatización, sino sus condiciones. Ahora que Wolff había puesto en marcha la privatización, los otros proveedores comerciales simplemente querían una parte de la acción.

Uno de sus directores ejecutivos, William Schrader, testificó que las acciones de la NSF eran similares a «dar un parque federal a K-mart». Sin embargo, la solución no era conservar el parque, sino dividirlo en múltiples K-marts.

Las audiencias obligaron a la NSF a aceptar un mayor papel de la industria en el diseño del futuro de la red. Como era de esperar, esto produjo una privatización aún más rápida y profunda. Anteriormente, la NSF había considerado la posibilidad de reestructurar NSFNET para permitir que más contratistas la dirigieran.

En 1993, en respuesta a las aportaciones de la industria, la NSF decidió dar un paso mucho más radical: eliminar NSFNET por completo. En lugar de una red troncal nacional, habría varias, todas ellas propiedad de proveedores comerciales y gestionadas por ellos. Los líderes de la industria afirmaron que el rediseño garantizaba la «igualdad de condiciones». Para ser más exactos, el campo seguía estando inclinado, pero abierto a unos cuantos jugadores más. Si la antigua arquitectura de Internet había favorecido el monopolio, la nueva está hecha a medida para el oligopolio.

No había tantas empresas que hubieran consolidado una infraestructura suficiente para operar una red troncal. Cinco, para ser exactos. La NSF no estaba abriendo Internet a la competencia, sino transfiriéndola a un pequeño puñado de empresas que esperaban. Sorprendentemente, esta transferencia vino sin condiciones. No habría supervisión federal de las nuevas redes troncales de Internet, ni normas que regulasen el funcionamiento de la infraestructura de los proveedores comerciales.

Tampoco habría más subvenciones para las redes regionales sin ánimo de lucro que habían conectado los campus y las comunidades a Internet en los días de la NSFNET. Pronto fueron adquiridas o quebradas por empresas con ánimo de lucro. En 1995, la NSF puso fin a NSFNET. En unos pocos años, la privatización fue completa.

La rápida privatización de Internet no suscitó ninguna oposición ni apenas debate. Aunque Wolff abrió el camino, actuó desde un amplio consenso ideológico.

El triunfalismo del libre mercado de los años 90 y el clima político intensamente desregulador fomentado por los demócratas de Bill Clinton y los republicanos de Newt Gingrich enmarcaron la plena propiedad privada de Internet como algo beneficioso e inevitable.

El colapso de la Unión Soviética reforzó este punto de vista, ya que la justificación de la Guerra Fría para una planificación pública más sólida desapareció. Por último, la profunda influencia de la industria sobre el proceso garantizó que la privatización adoptara una forma especialmente extrema.

Tal vez el factor más decisivo en la cesión fue la ausencia de una campaña organizada que exigiera una alternativa. Un movimiento de este tipo podría haber propuesto una serie de medidas destinadas a popularizar Internet sin privatizarla por completo. En lugar de abandonar las redes regionales sin ánimo de lucro, el gobierno podría haberlas ampliado.

Estas redes, financiadas con las tasas que se cobran a los proveedores de redes troncales comerciales, permitirían al gobierno garantizar el acceso a Internet de alta velocidad y bajo coste a todos los estadounidenses como un derecho social. Mientras tanto, la FCC podría regular las redes troncales, fijando las tarifas que se cobran entre sí por transportar el tráfico de Internet y supervisándolas como un servicio público.

Pero promulgar incluso una fracción de estas políticas habría requerido una movilización popular, e Internet era todavía relativamente oscura a principios de los noventa, en gran parte confinada a los académicos y especialistas. Era difícil crear una coalición en torno a la democratización de una tecnología que la mayoría de la gente ni siquiera sabía que existía.

En este panorama, la privatización obtuvo una victoria tan completa que se hizo casi invisible, y revolucionó silenciosamente la tecnología que pronto revolucionaría el mundo.

Reclamando la plataforma del pueblo

Casi treinta años después, Internet ha crecido enormemente, pero la estructura de propiedad de su infraestructura principal es prácticamente la misma. En 1995, cinco empresas eran propietarias de la red troncal de Internet. Hoy en día, hay entre siete y doce proveedores principales de redes troncales en Estados Unidos, dependiendo de cómo se cuente, y más en el extranjero. Aunque una larga cadena de fusiones y adquisiciones ha provocado cambios de marca y reorganización, muchas de las mayores empresas estadounidenses tienen vínculos con el oligopolio original, como AT&T, Cogent, Sprint y Verizon.

Las condiciones de la privatización han facilitado a los titulares la protección de su posición. Para formar una Internet unificada, las redes troncales deben interconectarse entre sí y con proveedores más pequeños. Así es como el tráfico viaja de una parte de Internet a otra. Sin embargo, como el gobierno no especificó ninguna política de interconexión cuando privatizó Internet, los backbones pueden negociar el acuerdo que quieran.

Por lo general, se permiten la interconexión de forma gratuita, porque les beneficia mutuamente, pero cobran a los proveedores más pequeños por transportar el tráfico. Estos contratos no solo no están regulados, sino que suelen ser secretos. Negociados a puerta cerrada con la ayuda de acuerdos de confidencialidad, garantizan que el funcionamiento profundo de Internet no sólo está controlado por las grandes empresas, sino que se oculta a la vista del público.

Más recientemente han surgido nuevas concentraciones de poder. La red troncal no es la única pieza de Internet que está en manos de relativamente pocas personas. En la actualidad, más de la mitad de los datos que llegan a los usuarios estadounidenses en las horas punta proceden de sólo treinta empresas, de las que Netflix ocupa una parte especialmente importante.

Del mismo modo, gigantes de las telecomunicaciones y el cable como Comcast, Verizon y Time Warner Cable dominan el mercado de los servicios de banda ancha. Estas dos industrias han transformado la arquitectura de Internet construyendo accesos directos a las redes de cada una de ellas, evitando la red troncal. Proveedores de contenidos como Netflix envían ahora su vídeo directamente a proveedores de banda ancha como Comcast, evitando una ruta tortuosa por las entrañas de Internet.

Estos acuerdos han desencadenado una tormenta de controversia y han contribuido a dar los primeros pasos hacia la regulación de Internet en Estados Unidos. En 2015, la FCC anunció su resolución más contundente hasta la fecha para hacer cumplir la «neutralidad de la red», el principio de que los proveedores de servicios de Internet deben tratar todos los datos de la misma manera, independientemente de si provienen de Netflix o del blog de alguien. En la práctica, la neutralidad de la red es imposible dada la estructura actual de Internet. Pero como grito de guerra, ha centrado la atención pública en el control corporativo de Internet, y ha producido victorias reales.

La resolución de la FCC reclasificó a los proveedores de banda ancha como «transportistas comunes», lo que los somete por primera vez a la regulación de las telecomunicaciones. Y la agencia ha prometido utilizar estos nuevos poderes para prohibir a las empresas de banda ancha que bloqueen el tráfico a determinados sitios, reduzcan la velocidad de los clientes y acepten la «priorización pagada» de los proveedores de contenidos.

La decisión de la FCC es un buen comienzo, pero no va lo suficientemente lejos. Rechaza explícitamente la «regulación prescriptiva de las tarifas en todo el sector» y exime a los proveedores de banda ancha de muchas de las disposiciones de la Ley de Comunicaciones de 1934, que data del New Deal. También se centra en la banda ancha, dejando de lado la red troncal de Internet. Pero la decisión es una cuña que puede ampliarse, sobre todo porque la FCC ha dejado abiertas muchas de las especificidades en torno a su aplicación.

Otro frente prometedor es la banda ancha municipal. En 2010, la empresa municipal de electricidad de Chattanooga (Tennessee) empezó a vender a los residentes un servicio de Internet de alta velocidad asequible. Gracias a una red de fibra óptica construida en parte con fondos federales de estímulo, la empresa ofrece algunas de las velocidades de Internet residencial más rápidas del mundo.

La industria de la banda ancha ha respondido con fuerza, presionando a las legislaturas estatales para que prohíban o limiten experimentos similares. Pero el éxito del modelo de Chattanooga ha inspirado movimientos a favor de la banda ancha municipal en otras ciudades, como Seattle, donde la concejala socialista Kshama Sawant lleva tiempo defendiendo la idea.

Pueden parecer pequeños pasos, pero apuntan a la posibilidad de construir un movimiento popular para revertir la privatización. Esto implica no sólo agitar para ampliar la supervisión de la FCC y los servicios públicos de banda ancha de propiedad pública, sino cambiar la retórica en torno a la reforma de Internet.

Una de las obsesiones más dañinas entre los reformistas de Internet es la noción de que una mayor competencia democratizará Internet. Internet necesita mucha infraestructura para funcionar. Rebanar las grandes corporaciones propietarias de esta infraestructura en empresas cada vez más pequeñas con la esperanza de que el mercado acabe por crear mejores resultados es un error.

En lugar de intentar escapar de la grandeza de Internet, deberíamos aceptarla y ponerla bajo control democrático. Esto significa sustituir a los proveedores privados por alternativas públicas cuando sea factible, y regularlas cuando no lo sea.

No hay nada en las tuberías ni en los protocolos de Internet que le obligue a producir inmensas concentraciones de poder corporativo. Se trata de una elección política, y podemos elegir otra cosa.

Publicado enSociedad
Qué hay detrás de la propuesta del Reino Unido de trabajar 4 días a la semana

La pandemia expuso nuevas formas de trabajar, las empresas están probando una prueba piloto para pagar el mismo salario por el mismo trabajo en menos tiempo. Pero qué hay detrás de esta propuesta.

 

Se trata de la prueba más grande del mundo para cambiar las formas de trabajo tras las modificaciones expuestas por la pandemia y tiene el objetivo de reducir de 5 a 4 días la jornada laboral como prueba piloto. Si bien es presentado como la posibilidad de disfrutar de más tiempo libre trabajando un día menos, lo cierto es que las empresas van a exigir que se garantice la misma producción en 32 horas de trabajo (4 días) en lugar de las 40 que se venían realizando hasta ahora (5 días). Esto permite a las empresas garantizar la misma producción que antes y ahorrarse los costos de mantener las oficinas abiertas y en funcionamiento un día a la semana.

Sin embargo, el proyecto no deja de ser un “sinceramiento” de que el avance de la técnica, la robótica, la inteligencia artificial, la informática y la digitalización podría servir para que toda la humanidad reduzca la cantidad de horas de trabajo, evitando que mientras que un sector está sobreocupado, trabajando hasta 12 o 14 horas diarias, hay otro que está subocupado o directamente desocupado, o con trabajos totalmente precarizados. Pero, este proyecto está lejos de ser un plan que tenga el objetivo de repartir las horas de trabajo entre todas las manos disponibles para acabar con ese flagelo, sino que busca mantenerlo y justificarlo.

Es por esto que el plan no aplica a las grandes fábricas, donde la introducción de tecnología no sólo no redujo las horas de trabajo sino que las extendió y las mantuvo estables con un aumento importante de la productividad. La propuesta actual está pensada centralmente para el trabajo de oficina donde el “home office” durante la pandemia demostró que se podía concentrar el tiempo y los empresarios podían ahorrar en energía, materiales y alquiler de oficinas, refrigerio o almuerzo, etc. Esto no tiene nada que ver con repartir la totalidad de las horas de trabajo entre los "sobreocupados" y los desocupados o subocupados.

Cómo es la prueba Piloto

Como informa The Guardian, en Reino Unido se incorporarán a esta prueba más de 3.300 trabajadores en 70 empresas, que van desde tiendas de chips locales hasta grandes firmas financieras, donde comenzarán a trabajar una semana de cuatro días a partir del lunes sin pérdida de salario.

La prueba piloto la organizan 4 Day Week Global en asociación con el grupo de expertos Autonomy, 4 Day Week Campaign e investigadores de la Universidad de Cambridge, la Universidad de Oxford y el Boston College y tendrá una duración de seis meses.

Según indica la página de 4 Day Week Global: "Abogamos por el modelo 100-80-100: el 100 % del salario, el 80 % del tiempo, pero fundamentalmente a cambio del 100 % de la productividad". Pero esto implica una trampa discursiva que ya veremos.

Las empresas que participan son de alta tecnología, diseño tecnológico y servicios complejos (seguros y estudios jurídicos corporativos, finanzas, etc) lo que genera que sus tareas sean mucho más difíciles de cuantificar a diferencia de las tareas manuales de producción industrial.

Algunas de las empresas que están participando son Platten’s Fish and Chips en Wells-next-the-Sea en la costa norte de Norfolk, junto con la firma de software de Sheffield Rivelin Robotics, los especialistas en impuestos de sucesiones con sede en Londres Stellar Asset Management y Charity Bank en Tonbridge, Kent.
El director ejecutivo, Joe O’Connor, del grupo sin fines de lucro 4 Day Week Global, dijo con un tono humanista que el Reino Unido estaba en la vanguardia de la semana de cuatro días: "A medida que salimos de la pandemia, cada vez más empresas reconocen que la nueva frontera para la competencia es la calidad de vida, y ese trabajo de horas reducidas y centrado en el rendimiento es el vehículo para darles una ventaja competitiva”.

Las curiosas declaraciones de Ed Siegel, director ejecutivo de Charity Bank, al The Guardian son ilustrativas, “Durante mucho tiempo hemos sido defensores del trabajo flexible, pero la pandemia realmente movió los postes de la portería en este sentido. Para Charity Bank, el cambio a una semana de cuatro días parece un próximo paso natural."

“El concepto del siglo XX de una semana laboral de cinco días ya no es el más adecuado para los negocios del siglo XXI. Creemos firmemente que una semana de cuatro días sin cambios en el salario o los beneficios creará una fuerza laboral más feliz y tendrá un impacto igualmente positivo en la productividad comercial, la experiencia del cliente y nuestra misión social”.

Hace parecer que se trata de empresarios que brindan concesiones, pero de fondo hay un ajuste de recursos y una revalorización del tiempo trabajado. O sea, se logra una intensificación del trabajo, misma cantidad de productos en menos tiempo, con optimización de recursos. Esto es menos utilización de energía eléctrica en los edificios centrales. Y si le agregamos el teletrabajo, muchos de estos costos recaen sobre los salarios de los trabajadores. Por lo tanto, existe un aumento de la productividad que trae un aumento de ganancias.

Entonces es necesario tener en cuenta que se trata de una forma para las empresas de flexibilizar y descentralizar el trabajo, no como una visión humanista hacia los trabajadores. La pandemia expuso que es posible trabajar desde el hogar por ejemplo, donde las empresas de oficinas que alquilan o son dueñas de enormes rascacielos tienen gastos gigantescos en infraestructura, energía y comida para los trabajadores. Por eso, esta reducción de horas no significa un “regalo” a los trabajadores sino un ajuste de costos edilicios para las empresas.

Por otro lado, este tipo de regulaciones sólo son posibles en los trabajos que pueden lograrse remotamente (vía internet) o en una oficina. En las fábricas, en el transporte, los trabajadores viven otra realidad. Allí las tendencias de las empresas son aumentar la intensidad de las máquinas en la misma cantidad de horas de trabajo (o aumentarlas) manteniendo salarios (o reducirlos). En el mismo caso de Gran Bretaña se vienen dando huelgas en petroleros y ferroviarios por aumento de salarios ante la inflación además de mejoras en las condiciones ambientales de trabajo. Curiosamente este sector no entró en las pruebas de reducción de jornada.

A diferencia de esta burguesía globalista, la izquierda plantea una propuesta que toque las ganancias de los capitalistas. Que implique reducir la jornada laboral en las fábricas, el transporte, en los pozos petroleros, en la construcción, ahí donde las ganancias son siderales y los trabajadores salen cada vez más rotos. Pero esa reducción de horas es manteniendo el mismo salario ajustado según la inflación real, pero para dividir el tiempo restante con los trabajadores desocupados que están sufriendo aún las consecuencias de las crisis económicas en todo el mundo.

Martes 7 de junio

Publicado enSociedad
Volkswagen, acusada en Brasil de esclavizar a miles de campesinos en la dictadura

Una denuncia por violaciones a los derechos humanos contra la automotriz alemana

"Los trabajadores sometidos a la esclavitud llegaban a ser atados a los árboles para aceptar las condiciones", denunció el fiscal del fuero laboral Rafael García Rodrigues, a cargo del caso contra la multinacional.

La automotriz alemana Volkswagen (VW) adquirió tierras en la selva amazónica por recomendación de la dictadura militar para diversificar sus operaciones comerciales en Brasil entre 1970 y 1980 con el objetivo de desarrollar la ganadería, para lo cual ejerció tráfico de personas, torturas, muertes y sometió a miles de campesinos a la esclavitud, denunció este martes la fiscalía.

"Los trabajadores sometidos a la esclavitud llegaban a ser atados a los árboles para aceptar las condiciones", denunció el fiscal del fuero laboral Rafael García Rodrigues, a cargo del caso contra la multinacional alemana durante la dictadura de Brasil (1964-1985).

El caso, que había sido denunciado por la prensa alemana, se da en el marco de acuerdos de reparación histórica que la automotriz alemana está realizando en Brasil.

La empresa ya hizo un acuerdo de unos 7 millones de dólares de indemnización porque la compañía colaboró con la dictadura para detener a cinco trabajadores que encabezaban reclamos salariales y reconoció haber cedido la unidad de Sao Bernardo do Campo, en el Gran San Pablo, para que se torturara a un trabajador.

Ahora, el Ministerio Público del Trabajo de Brasilia anunció una reunión el 14 de junio con directivos de VW para que la empresa ofrezca detalles de otro crimen cometido en la época por sus directivos: una suerte de campo de concentración en una hacienda del sur del estado de Pará, en la Amazonía brasileña.

"Concluimos que hay pruebas suficientes para caracterizar la responsabilidad de VW con las graves violaciones a los derechos humanos en la década del 70 en Pará", dijo el fiscal García Rodrigues.

Las denuncias surgieron a partir de un trabajo hecho por la Pastoral de la Tierra de la Iglesia Católica en 2019, que recogió relatos de los trabajadores sometidos a la esclavitud, tras lo cual la fiscalía de Brasilia creó un grupo de investigación sobre esta violación a los derechos humanos.

Durante la presidencia del dictador Emilio Garrastazú Médici, Brasil lanzó el plan nacional llamado "integrar para no entregar", que consistió en enviar a cientos de miles de miserables campesinos del sur y centro del país a la selva amazónica.

Con la construcción de la ruta transamazónica, el objetivo era deforestar y crear grandes campos para la cría de ganado a cambio de la entrega de títulos de propiedad.

La Comisión de la Verdad indicó que 8.000 indígenas de pueblos originarios fueron asesinados para abrir paso a la transamazónica y al agronegocio. Este es considerado el momento fundacional de la devastación amazónica a gran escala.

El caso de la hacienda de Volkswagen está vinculado a una misma oferta del régimen de facto para que la compañía lleve adelante proyectos agropecuarios en Brasil y ayude al programa nacional de integración del Gobierno de Médici.

En el interior del estado de Pará hay todavía hoy una ciudad llamada Medicilandia, en homenaje al dictador que llevó allí a los llamados "pioneros" de otras regiones del país con la obligación de eliminar selva y criar ganado.

"El trabajo que hacía la empresa era derribar la selva y preparar el campo para el ganado. Volkswagen contrataba capataces para reclutar trabajadores golondrina a los que les prometía excelentes condiciones de trabajo", dijo el fiscal.

Según éste, los trabajadores llegaban a la hacienda de esa región, que todavía no estaba dividida en municipios sino que eran tierras fiscales federales, sin las mínimas condiciones de higiene, seguridad y salud.

"Tampoco había acceso a comida, agua fresca o un médico", dijo, y apuntó que sobrevivientes relataron cómo sus compañeros murieron por malaria.

En un comunicado enviado a la TV Globo, Volkswagen informó que "refuerza su compromiso de contribuir con las investigaciones involucrando derechos humanos de manera muy seria", aunque aclaró que no quiere comentar el asunto hasta conocer toda la acusación de la fiscalía.

De acuerdo con la denuncia, VW había montado también una suerte de ejército particular para evitar la fuga de los esclavizados.

La única forma de salir era pagando una deuda a la que la empresa obligaba a adquirir a los trabajadores. El trabajador debía endeudarse para adquirir alimento y ropa y nunca lograba pagar esa deuda, con lo cual estaba impedido de salir.

"Los trabajadores que son parte de la denuncia narran las diversas formas de violencia, con el Estado ausente, y que hubo trabajadores asesinados intentando huir y que fueron atados a árboles por día como forma de tortura ejemplificadora", dijo a la prensa el fiscal, que cuenta con el testimonio de 20 sobrevivientes.

García Rodrígues aclaró que el caso es motivo de una audiencia con VW para intentar llegar a un acuerdo pre-judicial para indemnizar a las víctimas.

En Brasil, la Ley de Amnistía de 1979 sancionada por el entonces dictador Joao Baptista FIgueiredo permitió la apertura política y sindical, pero también evitó la apertura de procesos contra los autores de crímenes de lesa humanidad.

Es por ello que Brasil nunca juzgó a los represores, uno de los cuales es considerado un héroe nacional por el presidente Jair Bolsonaro, el coronel Carlos Eduardo Brilhante Ustra, jefe de los torturadores del régimen de facto.

El caso salió a la luz por primera vez en Alemania en 2017, con un libro del historiador Antoine Acker llamado Volkswagen en la Amazonía: La tragedia del desarrollo global en el Brasil moderno.

En el libro se aborda la responsabilidad de los directivos alemanes de la automotriz en Brasil para crear una suerte de "ganadería del futuro" colaborando con la colonización y devastación amazónica impulsada por el dictador Médici.

Publicado enInternacional
Miércoles, 01 Junio 2022 05:17

La Constitución del pueblo

La Constitución del pueblo

Una entrevista con Karina Nohales. Entrevista Pablo Abufom

El borrador de la nueva Constitución chilena fue aprobado el 16 de mayo. Consagra grandes cambios para la sociedad, que van desde derechos laborales colectivos hasta la creación de un sistema público de cuidados.

 

El primer paso para una nueva Constitución en Chile ya ha concluido. El 16 de mayo se entregó oficialmente el borrador de la nueva Carta Magna, que consagra grandes cambios para la sociedad chilena, particularmente en derechos sociales, participación política paritaria y reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. 

En materia de derechos sociales, incorpora demandas que han sido bandera de lucha de las organizaciones populares desde el mismo inicio de la contrarrevolución neoliberal de la dictadura. La nueva Constitución busca recoger esas aspiraciones y garantizar el acceso a la salud, la vivienda, la educación, pensiones dignas, educación no sexista y derecho al aborto bajo la noción de un «Estado social y democrático» que se reconoce plurinacional, intercultural y ecológico. 

Pablo Abufom, de Jacobin América Latina, conversó con Karina Nohales —feminista, abogada y militante de la Coordinadora Feminista 8M—, quien es parte del equipo de la vocería constituyente de Alondra Carrillo. Analizaron la relevancia de las normas aprobadas, especialmente aquellas vinculadas a trabajo y los derechos laborales, y profundizaron en los desafíos que este nuevo periodo constitucional abre para la clase trabajadora plurinacional de Chile. 

PA

Uno de los hitos más importantes de la Convención Constitucional fue la aprobación de una serie de derechos sociales que venían siendo peleados por las organizaciones populares durante décadas. Esto incluye la aprobación de un conjunto de derechos laborales que estaban pendientes desde el fin de la dictadura. A tu juicio, ¿cuáles son los más significativos?

KN

En primer lugar, hay que destacar una dimensión tiene que ver con las lecturas feministas sobre el trabajo. El feminismo entra a la Convención con la fuerza de gigantescas movilizaciones y de importantes procesos de reflexión programática, logrando plasmar en términos constitucionales una innovación en lo que refiere al reconocimiento de los trabajos domésticos y de cuidados, consagrando una comprensión de estos trabajos que ha sido elaborada y sostenida principalmente por lo que podríamos denominar un feminismo socialista, estableciendo que los trabajos domésticos y de cuidados son trabajos socialmente necesarios, que son indispensables para la sostenibilidad completa de la sociedad y que, por tanto, tienen que ser socialmente sostenidos mediante un sistema integral de cuidados de carácter estatal.

Se trata de una perspectiva que los desprivatiza, desplazando las coordenadas de un feminismo más liberal que se detiene en las políticas de corresponsabilidad entre sexos, que por cierto son necesarias, pero que se mantiene dentro de esta concepción del hogar como un espacio privado. Hoy hemos avanzado en instalar, junto a su reconocimiento, una perspectiva de socialización de estos trabajos.

Luego están las normas que competen a la esfera del derecho individual del trabajo asalariado. En esta materia quedan consagradas cuestiones relevantes que recogen los principios y parámetros del derecho internacional, especialmente de la OIT, y que en la realidad local constituyen un avance respecto de lo hasta ahora existente, toda vez que en la Constitución de Pinochet el trabajo aparece desanclado de la esfera de los derechos, limitándose a consagrar la libertad de trabajo, es decir, la supuesta libertad del trabajador o la trabajadora de elegir dónde trabajar y la libertad de las empresas de elegir libremente a quiénes contratar.

Finalmente, una de las cuestiones más relevantes tiene que ver con los derechos colectivos del trabajo. La nueva Constitución reconoce el derecho a la libertad sindical en sus tres dimensiones: sindicalización, negociación colectiva y huelga, desmontando con ello algunos enclaves constitucionales y legales estratégicos impuestos por la dictadura y por la transición democrática. En primer lugar, consagra el derecho de los y las trabajadoras del sector público y privado a constituir sindicatos en cualquier nivel y el derecho de estas organizaciones a trazar sus propios fines. En segundo lugar, establece la titularidad sindical exclusiva en la negociación colectiva, el desarrollo de la negociación en cualquiera de los niveles que las y los trabajadores del sector público y privado decidan, y fija como único límite a la negociación los derechos laborales irrenunciables. En tercer lugar, garantiza el derecho a huelga a las y los trabajadores del sector público y privado, tengan o no sindicato, quienes podrán decidir el ámbito de los intereses que pretenden defender a través de ella y el nivel en que esta se desarrolla. Se establece además que la ley no podrá prohibir la huelga. 

Estos tres elementos, así consagrados, suponen un giro copernicano respecto de la Constitución de 1980 —que nombra solo una vez la palabra «huelga»: para prohibirla a los y las trabajadoras del sector público— y también respecto de la legislación vigente, que permite la negociación colectiva solo a nivel de empresa, de manera que no puede ser ejercida de manera conjunta por trabajadores o trabajadoras de dos o más empresas diferentes y que reconoce el ejercicio de la huelga únicamente dentro del marco del proceso de negociación colectiva «legal».

En un país donde más del 40% de la fuerza laboral formalmente asalariada trabaja en pequeñas y medianas empresas, en un país donde ha tenido lugar un proceso de descentralización productiva brutal, este marco legal ha reducido a la impotencia la herramienta de la negociación y de la huelga, llegando a configurarse una realidad más cercana a las negociaciones pluripersonales que colectivas. Esto último se refuerza por la existencia de los denominados «grupos negociadores» que pueden configurarse de manera transitoria dentro de las empresas con el único fin de negociar condiciones comunes de trabajo, práctica de carácter antisindical que es legal en Chile y que tiene un impacto fragmentador muy nocivo.

Hoy, con la titularidad sindical de la negociación colectiva, la nueva Constitución permitirá desterrar esta práctica que ha permitido a las empresas mantener dentro de una misma unidad laboral un sinnúmero de grupos de trabajadoras y trabajadores sujetos a condiciones diferenciadas de trabajo. Bueno, y obviamente otra de las grandes noticias es que las y los trabajadores del Estado ya no solo no tendrán prohibida la huelga, sino que tendrán derechos colectivos plenos.

Lo sorprendente es que estos avances han sido plasmados jurídicamente por un órgano que no cuenta con autorrepresentación directa del mundo sindical. Esto debe llevarnos a preguntarnos por qué fue posible algo así.

PA

Me interesa que conversemos sobre ese punto. ¿Qué otras normas se aprobaron que estén asociadas a las luchas sindicales o de trabajadoras no sindicalizadas?

KN

Hay dos normas más a destacar. Por una parte, se aprobó el derecho de los y las trabajadoras a participar, a través de sus organizaciones sindicales, de las decisiones de la empresa. La manera en que se va a llevar a cabo esa participación queda entregada a la ley. Sin duda, esto abrirá debates interesantes en el futuro próximo.

Por otra parte, inseparable del tema del trabajo, es el derecho a la seguridad social que se consagra. Tiene varias características destacables. Primero, se establece que le corresponde al Estado definir la política de Seguridad Social sobre principios como la solidaridad, el reparto y la universalidad. Segundo, se mandata la creación de un Sistema Público de Seguridad Social destinado a cubrir contingencias diversas e integrales. Tercero, establece que el financiamiento del Sistema se hará a través de aportes obligatorios de los y las trabajadoras y de los empleadores y por las rentas generales de la nación, no pudiendo destinarse este dinero a fines distintos que el pago de los beneficios del sistema. Finalmente, las organizaciones sindicales tendrán derecho a participar en la dirección del Sistema Público de Seguridad Social.

Todas estas características suponen un cambio absoluto respecto del sistema de capitalización individual que hoy existe, sistema que es administrado exclusivamente por empresas privadas (las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP), que es financiado exclusivamente por el aporte de las y los trabajadores (el empleador no aporta), que invierte estos dineros en acciones en la bolsa de valores generando pérdidas irrecuperables (en 2008, producto de la crisis subprime, se perdió cerca del 40% del ahorro previsional de las y los trabajadores de Chile) y que al no estar destinado a pagar pensiones ofrece al final de vida laboral ingresos de miseria.

PA

Respecto a los efectos que van a tener estas nuevas normas constitucionales me gustaría preguntarte, en primer lugar, qué implicancias van a tener las normas sobre reconocimiento del trabajo doméstico y del cuidado.

KN

Bueno, en todos los temas en que se consagran derechos sociales como este hay una dimensión que es legislativa, que es darle una bajada legal a lo que ha quedado consagrado en la Constitución. Una de las cuestiones que se aprobó en esta Constitución también es la posibilidad de presentar Iniciativas Populares de Ley.

Pienso que una de las primeras tareas va a ser elaborar una Iniciativa Popular de Ley que diga en qué consiste este sistema integral de cuidados: ¿Cómo funciona? ¿Cómo se financia? ¿Cuáles son sus dimensiones comunitarias? Y eso va a poner a sectores muy diversos dentro del movimiento feminista ante la necesidad de construir una posición, un debate y una propuesta transversal y echar a correr la imaginación política, porque este tipo de sistema, que existe en otros países, nunca ha tenido lugar en Chile.

Esa es una dimensión con respecto a la cual me siento optimista porque el movimiento feminista (así nombrado, en singular, en toda su diversidad) fue el único sector capaz de construir y presentar ante la Convención Constitucional iniciativas populares de normas unificadas, a diferencia de lo que ocurrió en salud, en educación, en trabajo o en seguridad social, donde hubo más de una iniciativa popular de norma para cada materia. En el caso de los derechos sexuales y reproductivos, del derecho a una vida libre de violencia y a una educación no sexista, tuvimos propuestas de normas unificadas. En ese sentido la experiencia de la Convención ha sido  muy importante para prefigurar esa dimensión de la tarea política que se viene.

Y por otro lado, creo que se viene el trabajo de difundir lo que significa una perspectiva de socialización de estos trabajos, porque realmente son términos todavía ajenos para la población, para muchas mujeres de sectores no necesariamente marginales, sino también de sectores medios donde toda la noción del problema, de la doble jornada de trabajo y de todo esto que nos dicen que es amor en vez de trabajo no pago, sigue en los márgenes de la corresponsabilidad entre géneros. Por ejemplo, sigue enmarcado en demandas como la exigencia de salas cuna financiadas por los empleadores, lo que implica también la monetarización como forma de sostener este tipo de trabajos.

Entonces creo que aquí se abre un desafío mayor y de más largo aliento que compromete horizontes políticos más profundos. No sé hasta qué punto se podrá sostener esa unidad transversal de los feminismos con respecto a esto, ya que históricamente tenemos concepciones muy diferentes sobre este problema. No necesariamente tendrá que resolverse de manera definitiva: puede que haya disputas también en los debates feministas, una disputa por qué lecturas feministas sobre estos trabajos se tornan más hegemónicas.

PA

En esa misma línea, hay algo inédito en este momento que es un gobierno que se autodenomina feminista: hay cuadros políticos del feminismo organizado que entraron al gobierno y tienen puestos importantes, desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en adelante.

¿Cómo proyectas esa disputa de la que hablas, si tomamos en cuenta que una de las contrapartes de ese debate es un sector que está en el gobierno? ¿Va a significar un debate más difícil, una polarización más fuerte con respecto a las tendencias más institucionalizadas? ¿O quizá la posibilidad de realizar estas transformaciones de manera más rápida?

KN

Si lo ponemos en términos de más fácil o difícil yo diría que ambos, definitivamente. Más fácil porque, efectivamente, la existencia de un sistema integral de cuidados forma parte del programa del actual gobierno. Entonces van a posibilitarse, o por lo menos no obstaculizarse, estas perspectivas en lo que refiere a la institucionalidad y las políticas públicas. Pero, al mismo tiempo, se ve que no es fácil ser gobierno, manejar un presupuesto fiscal y tener recursos limitados. No es lo mismo que estar por fuera, y que la cuestión pase solo por demandarle cosas al Estado. Entonces va a ser más fácil y difícil a la vez. Pero si sumamos y restamos, por supuesto que las condiciones de viabilidad están habilitadas, cosa que no tendríamos con un gobierno de otro tipo.

PA

Uno de los problemas que señalaste tiene que ver con la fragmentación de la organización de trabajadores y trabajadoras, a partir de la fragmentación misma de la producción en Chile: una multiplicidad de pequeñas y medianas empresas comerciales o que prestan servicios a los principales sectores productivos, sobre todo agrícolas, forestales y mineros. Esto es reforzado por una legislación que fragmenta en grupos negociadores, en múltiples sindicatos en una misma empresa, etc. 

Dado este escenario, ¿qué implicancias crees que van a tener las normas sobre negociación colectiva en la nueva Constitución? ¿Qué desafíos va a suponer para el movimiento sindical hacerse cargo de ese cambio?

KN

Bueno, en Chile nunca hubo un sindicalismo fuerte, aunque existe ese mito de que antes del golpe de Estado de 1973 había un sindicalismo muy glorioso. Por supuesto, es real que los 17 años de dictadura aplastaron brutalmente al movimiento obrero, y eso conllevó un retroceso histórico irreversible en muchísimas dimensiones, pero eso no hace que ese pasado adopte las magnitudes que a veces se le atribuyen. Por eso es tan importante pensar estos procesos no como un retorno al pasado —que a veces es un anhelo en cierta izquierda: el retorno a un pasado que era virtuoso y que nos fue violentamente arrebatado— sino desde esa memoria que reivindicamos… construir siempre una alternativa de futuro que sea mucho más potente que lo que estaba planteado ahí.

Yo creo que los feminismos han sido particularmente enfáticos en decir «no se trata de volver a lo que teníamos». Y es esperable, porque también nos preguntamos dónde estábamos nosotras en esos procesos pasados. En particular, el mundo sindical siempre ha tenido una estructura  débil porque ha ido muy aparejada al sistema productivo en Chile, y nunca existió aquí —a pesar de que no estaba prohibida por ley— la negociación o la sindicalización por rama productiva, como hizo después la dictadura. Hubo ejemplos, pero fueron claramente la excepción a lo que era la estructura que subsiste hasta hoy, que ha sido la de sindicato base, federación, confederación, central. Una cadena orgánica absolutamente piramidal y que reproduce fuertemente las pulsiones  burocráticas, que siempre están presentes y que tienden a reproducirse. Y eso fue así desde siempre.

Los niveles de sindicalización nunca fueron muy altos en Chile. Hay un momento bastante excepcional cuando se dicta la Ley de Sindicalización Campesina en 1967. Ahí hay un salto porque el campesinado se puede sindicalizar, y después tiene su clímax en 1972 durante la Unidad Popular, cuando de hecho estábamos frente a una coyuntura absolutamente extraordinaria.

Entonces lo que se está habilitando con la nueva Constitución son formas y niveles de negociación inéditos, no un volver atrás. Y esto viene a caer al presente en una tierra  bastante yerma, estéril, que es la del sindicalismo de la transición democrática, que se ha caracterizado por dos grandes corrientes: una, que es predominante, han sido los instrumentos sindicales ad-hoc de los partidos de la transición, de ese sindicalismo es expresivo la principal central sindical, la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras, que ha sido un sindicalismo de mucho entreguismo a las políticas de administración del neoliberalismo y que ha estado conducida siempre por los partidos de los treinta años. Del otro lado podríamos decir que están los reductos de la insistencia de un sindicalismo de combate, de la tradición obrera, de la lucha de clases. Estos sectores no se han propuesto (o aun habiéndoselo propuesto no lo ha conseguido) constituirse como una corriente de trabajadores y de trabajadoras en el sentido de no ser una corriente «autoafirmativa» de una tendencia política o ideológica en particular. Junto a eso han convivido sectores que sí han tenido una política de combate, en el sentido que han librado grandes huelgas y rebasando la ilegalidad dictatorial, poniendo en jaque a sectores importantes del empresariado en el país pero que no necesariamente tienen una formación política, una política sindical, que los unifique en un proyecto general. Estoy pensando, por ejemplo, en la Unión Portuaria.

PA

En el contexto que propone la nueva Constitución, ¿cuál sería el desafío para el sindicalismo?

KN

Yo no sé si este es un desafío para el sindicalismo, esa es mi duda. Yo creo que este es un desafío para la clase trabajadora. Uno, porque estamos ante un sindicalismo que no sabe cómo hacer esto que tenemos que hacer, en el sentido de que nunca lo ha hecho: nunca ha existido como parte de la estructura sindical en Chile, ni ahora ni hace 80 años. Y al mismo tiempo estamos frente a una clase trabajadora que tiene una experiencia muy ajena al sindicalismo. A mí me parece que uno de los desafíos va a ser poder generar una política de unidad de los y las trabajadoras para hacerse cargo de esta tarea política que nadie puede hacer en su nombre, que es generar su unidad para constituir organizaciones fuertes dispuestas a luchar y enfrentarse al empresariado.

No está claro si eso se conseguirá desde una posición de independencia de clase o no, y no me refiero a una ideología del tipo sindicalismo rojo, sino de una independencia de clase, sin compromisos con el gran empresariado. Eso va a tener que ver con qué sector toma la iniciativa, pero sin dudas me parece que en este momento quienes están en mejores condiciones para tomar esa iniciativa son aquellos sectores políticos que tienen una inserción importante en el mundo sindical. Lamentablemente, esa mayor inserción la ostentan en no pocas áreas clave sectores partidarios no independientes. Yo no sé si van a ser esas dirigencias o no las que en primera persona se hagan cargo de esa tarea, pero sí tienen ventaja quienes se han construido orgánicamente en las filas sindicales. Creo que si prospera esta tarea política de construcción de grandes organizaciones sindicales, grandes negociaciones colectivas y huelgas potentes, vamos a ver también la extinción fratricida entre muchas dirigencias sindicales. Hay muchísimos feudos en ese mundo… pequeños, pero feudos al fin y al cabo.

PA

Una de las sorpresas del resultado de la elección de constituyentes [el 15 y 16 de mayo de 2021] fue que a la Convención Constitucional ingresó solamente una dirigenta sindical, Aurora Delgado, trabajadora de la salud y vocera de la Coordinadora de Trabajadores y Trabajadores NO+AFP en la ciudad de Valdivia.

Ningún otro dirigente sindical, pese a que hubo candidaturas de larga trayectoria y con posiciones de primera fila (como es el caso de Bárbara Figueroa, que en ese momento recién había dejado de ser presidenta de la CUT, y Luis Mesina, que fue el referente de la coordinadora NO+AFP durante muchos años). Se trataba de una coyuntura muy aguda, que podría haber catapultado a esas dirigencias a un lugar significativo políticamente. ¿Por qué crees que no hizo sentido que esas dirigencias asumieran tareas políticas en la Convención?

KN

Esa es una pregunta ineludible, muy necesaria. ¿Por qué en una elección en la que son amplísimos los sectores populares que van a votar por la «revuelta», cuando se elige el órgano constituyente, el sindicalismo en todas sus versiones, sea el sindicalismo de la transición, el sindicalismo combativo, todos los sectores del sindicalismo aparecen como algo ajeno y nadie resulta elegido, salvo la compañera Aurora Delgado, dirigenta de la salud pública?

¿Qué nos dice eso? Muchas cosas. Hemos afirmado que la revuelta también fue un balance de lo que han sido estos 30 años y creo que el sindicalismo —o un sector muy importante y hegemónico del sindicalismo— no escapa al cedazo de ese balance. Las conducciones tradicionales, en manos de la Democracia Cristiana, del Partido Socialista y del Partido Comunista, también aparecen a ojos de la población identificados con los partidos del orden, esos que han sido impugnados a través de la revuelta. Ese es un momento de este balance.

Otro momento de este balance tiene que ver con que este sindicalismo aparece como una experiencia ajena para sectores muy numerosos de la clase trabajadora. Eso por todo lo ya dicho sobre la estructura del trabajo en el país, por los niveles de informalidad laboral, por la estructura legal que habilita o no a unos y otros para sindicalizarse, pero también por lo que ha sido una política gremial muy impotente del mismo sindicalismo, incluso de esos sectores que están más dispuestos a la lucha.

Hoy día no existen herramientas sindicales que permitan agrupar en conjunto a trabajadores y trabajadoras informales, a trabajadores y trabajadoras inmigrantes, a trabajadores y trabajadoras no remuneradas, incluso a los sectores desempleados. En pocas palabras, no tenemos una corriente sindical que se haya propuesto deliberadamente generar una política de unidad de la clase trabajadora en torno al problema del trabajo, que no es un problema en singular, es un problema que tiene que ser comprensivo de todas estas realidades.

A pesar de esta terrible ausencia de una política sindical para la realidad efectiva de esta clase trabajadora, son muchos los sectores sindicales que pueden ser militantes o empujar posiciones de izquierda dentro del sindicalismo que conciben que en el sindicato está la titularidad general de la lucha de la clase trabajadora, y que afirman por lo tanto esa titularidad en las características con que se presenta formalmente: masculina, formalmente asalariada, y organizada en sindicatos. Pero podríamos preguntarnos ¿cuál es hoy el porcentaje de esa clase trabajadora masculinizada, formalmente asalariada y sindicalizada? Es la minoría.

Sin embargo, hay quienes afirman que esa titularidad orgánica de la clase trabajadora la tienen esos sectores, a pesar de un contexto político en que han emergido movimientos sociales con una potencia mucho mayor que la sindical, que han protagonizado movilizaciones masivas, que han sido además la antesala de la revuelta y del estallido social, en la que evidentemente estamos viendo demandas que hace 100 años podría haber portado el sindicalismo y que ya no aparecen portadas desde allí, y tampoco pareciera interesarle al mundo sindical disputar el podio para conducir en una perspectiva unitaria esas demandas.

De hecho, es tal la dislocación entre lo que clásicamente aparecía como portado por el sindicalismo dentro de un programa general de la clase trabajadora, que una de las demandas más relevantes del mundo sindical en estas décadas, el fin del Plan Laboral de José Piñera (hermano del ex Presidente) y de Pinochet, se ha logrado sin presencia sindical en la Convención, lo ha logrado un órgano en el que está autorrepresentado el pueblo trabajador, que ha hecho suya esa demanda central sin ser representante directo del mundo sindical. Ahí está la clase trabajadora actuando, aunque no lo haga bajo sus formas sindicales. Es la clase trabajadora la que ha logrado concretar esa demanda. Esa es una buena noticia.

 

PA

Para cerrar, creo que es relevante señalar que en el nuevo catálogo de derechos de la Constitución encontramos derechos sociales por los que se viene luchando hace muchísimo, con grandes organizaciones, movilizaciones, y una historia que se remonta décadas. 

La excepción a esto es el reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado y de cuidado, una demanda que ha tomado muchas formas en nuestra historia, pero que es relativamente nueva en la forma en que fue aprobada [existe la propuesta de un Sistema Público de Cuidados]. Este es un derecho que logra dar un gran salto y entrar directamente al borrador de nueva Constitución. ¿Qué opinas de esa circunstancia? ¿Podría pensarse la nueva Constitución como una «puesta al día» respecto a esa composición de la clase trabajadora chilena a la que hacías referencia?

KN

Sí, en parte. O sea, es imposible que un órgano conformado por 154 personas pueda ser expresivo en su totalidad de eso. Pero hay dos sectores que ingresan masivamente a la Convención a través del voto popular, que son los sectores que se han organizado en torno a las luchas feministas, y los sectores que se han organizado en torno a la lucha socioambiental. En particular, los sectores que han sostenido las demandas y las movilizaciones feministas en estas décadas entran premunidos de un programa y de instancias previas muy transversales y nacionales de discusión y deliberación política, además del haber coordinado jornadas gigantescas de movilización. El «Encuentro Plurinacional de Las y Les que Luchan» hizo posible ese programa, y es una ventaja infinita que fue muy palpable dentro de la Convención.

Pero además el feminismo hoy en Chile se ha ido convirtiendo en sentido común y, sobre todo, tiene una especie de lugar de autoridad, incluso a ojos de quienes no se oponen radicalmente al feminismo, pero que tampoco les simpatiza o les parece que una serie de cuestiones que plantea el feminismo son «excesivas». Son sectores que no se atreven a quedar expuestos, a ojos del conjunto de la población, como opositores a las demandas feministas. Que el feminismo tenga una autoridad en el sentido común de masas ha sido muy relevante para que avancen cuestiones que son inéditas en el orden institucional a nivel local e internacional. Sabemos que este es el primer proceso constituyente paritario en el mundo, pero también ha logrado consagrar una democracia paritaria sin techo: todos los órganos del Estado, sean o no de elección popular, tienen que estar integrados al menos por un 50% de mujeres. No 50% y 50%: puede ser 80% o 100% mujeres.

Otra cuestión ha sido el derecho al aborto, algo que no podíamos alcanzar desde el poder constituido. Hace muy poco, en septiembre del año pasado, el Congreso Nacional rechazó la despenalización del delito de aborto y hoy día la interrupción voluntaria del embarazo se ha logrado consagrar como un derecho fundamental en todas las causales a través de la Convención. Ahí hemos contado con el voto de gente que jamás lo hubiese aprobado en el marco del debate parlamentario, sectores políticos que no aprobaron ni siquiera la despenalización.

Entonces la fuerza con la que ingresa el feminismo a la Convención es bastante impresionante, y se hace cargo de una serie de demandas históricas del feminismo, incluyendo la del trabajo doméstico y de cuidado. Concuerdo contigo que en Chile no hubo algo así como una ola de movilización feminista que pusiera esta demanda de la socialización de los trabajos como el más  central de los elementos, pero también vamos a estar de acuerdo en que no es una demanda nueva en el mundo. Ya en la Revolución Rusa se ensayó un programa de socialización de los trabajos; era parte de esa perspectiva programática, tuvo una centralidad muy importante en la denominada segunda ola feminista, y también en el momento de irrupción feminista internacional en el que estamos. En Chile ha llegado también en parte como contagio y afortunadamente ha podido caer en manos de sectores feministas organizados que han tomado la decisión deliberada de hacer suyas estas perspectivas que podemos considerar las más desarrolladas programáticamente que ha habido en la experiencia internacional e impulsarlas acá también.

Pero sí, la posibilidad de consagrar algo que tal vez no estaba en el corazón de las demandas de las movilizaciones feministas, y que constituye una perspectiva muy avanzada en la lucha feminista internacional de más de un siglo, es algo que da cuenta no solo de que el feminismo es capaz de hacerse cargo de su agenda histórica sino que además ha logrado empujar sin contrapesos serios dentro de la Convención Constitucional el carro de una serie de demandas que tradicionalmente nos dirían que no son «propiamente feministas» y que son demandas de la clase trabajadora «en general».

Siempre están los sectores que insisten de situar al feminismo en una lugar de particularidad, pero la apuesta feminista de los sectores organizados que han podido impulsar y de alguna manera conducir el proceso feminista de los últimos años en nuestro país se han planteado también deliberadamente esto, eso que denominamos una orientación de «transversalización del feminismo en el movimiento social», y que concibe su propia actividad como una forma de acción política de la clase trabajadora. Entonces, por ejemplo, el derecho a la vivienda queda consagrado en la nueva Constitución como una demanda histórica del movimiento de pobladores y pobladoras sin casa, pero al mismo tiempo dentro del mismo derecho a la vivienda está contemplada la existencia de casas de acogida para las personas que viven violencia de género.

Quiero decir que esta transversalización no implica solo hacernos cargo de demandas que largamente han existido en el mundo popular, sino también de imprimirles y de repensar cada una de estas demandas en su dimensión, en su impacto y en su alcance en términos de sexo y de género, porque para todas estas políticas —y así va a estar consagrado en el lenguaje de la nueva Constitución— vamos a hablar de mujeres, de disidencias y diversidades sexogenéricas, inscribiendo este proceso, uno de los procesos de mayor avance feminista de las últimas décadas, dentro de una perspectiva feminista deliberadamente transincluyente. Esto es parte ineludible de su potencia.

Este texto forma parte de la serie «Convención Constitucional 2022», una colaboración entre Jacobin América Latina y la Fundación Rosa Luxemburgo.

Publicado enInternacional
Un viaje a través de la libertad: Nydia Tobón

Para Nydia, Mi madre (1929-2022-¿?)

A las aladas almas de las rosas/ del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas,/compañera del alma, compañera. M. Hernández

Et par le pouvoir d'un mot/Je recommence ma vie/ Je suis né pour te connaître/Pour te nommer/Liberté. Paul Eluard.

 

Ahora que llega ese momento que no quisiéramos que pasara, ese golpe que nos dice que la vida siempre tiene un límite, me habita ese mar profundo y áspero de la tristeza y el vacío. Con ese sentido de lo trágico, vuelvo a entender que “el sol no mostrará su rostro a causa de su duelo” en este instante que el tiempo se desvanece en dolores de segundos, en que pasan los minutos y se acumulan tristezas, y en que las hojas no caerán entonces de los árboles. Pero es precisamente a través de esa ausencia tan grande, de esa cortina de lágrimas, en la que se filtran los recuerdos de una vida que fue un elogio a la libertad, desde sus primeros pasos en Viotá, ese pueblo en el extremo sur occidental de Cundinamarca en el que se enorgullecía de haber nacido, pasando por Bogotá, Londres, París, su retorno y todos sus viajes.   Alguna vez le dije que era lo más cercano al embajador del Gran Khan trayéndonos noticias de la redondez del mundo y presentes de otras tierras; no era solo el viaje y las fotos sino el sentido de lo humano y lo universal que comprendía, el contexto y su momento.   De allí emergían relatos fascinantes y curiosas anécdotas de personajes y ciudades que nos embelesaban cada año.

Fue una libertad que, desde muy joven, en esa Viotá del alma, entendió asociada a la justicia social y de allí su militancia de lo que se entendía como revolucionario. El coronel Rico, su abuelo, había luchado en los ejércitos liberales en la Guerra de los Mil Días, mi abuela, María, había sido flor del trabajo en ese beligerante municipio. Después se encendió ese fervor comunista que vivió intensamente en los tiempos agrestes de dictaduras y frentes, junto a mi padre Alfonso Romero Buj, quien sería asesinado en 1976, tiempos de persecuciones, de estado de sitio y capturas presidenciales a discreción, lo que fui conociendo a pedazos, cuando me contó que me había llevado a visitarlo en la Cárcel Modelo y que había interpuesto habeas corpus para que lo liberaran. Pero no podía quedarse quieta y su libertad se extendió contra el opresivo patriarcalismo, contra esa negación de los derechos de las mujeres. La vi cómo lloraba en la casa de mi abuela cuando se marchaba para Londres huyendo de todo lo que implicaba su unión; sintió que tenía que irse y dejar la jaula, volar. Después fueron los sucesos de Carlos Ilich Ramírez y su prisión por más de ocho meses bajo el cargo de complicidad con el buscado “terrorista”, hoy en día preso de los franceses.

Regresaría a Colombia con ese INRI, que nunca negó, y entre sus bellas quimeras libertarias fue directora de la primera revista Fotografía en el país, Fotografía Contemporánea, una utopía en la que participaron Jorge Mario Múnera y Hernán Díaz. En esa fascinante versatilidad de vida, desempolvó su tarjeta de abogada, modelo 64, para asesorar a poseedores que eran tildados como invasores en los predios en lo que ahora es la avenida circunvalar. Allí desplegó lo mejor de sus conocimientos como abogada litigante.  

Los días pasaron velozmente en esas décadas de violencia voraz, asesinatos diarios como el de mi tío Henry, y tuvo que buscar un nuevo exilio, en su París del corazón. Y no fue fácil. Debía luchar entonces contra su historia y lo logró empecinadamente, después de muchos años, hasta conseguir la ciudadanía. Allá presenció el derrumbe de esa visión del mundo que se desvaneció como un castillo de naipes; aún así, se mantuvo fiel a esos principios, desde su propia orilla, en los márgenes de esos partidos y agrupaciones y con su libertad querida. Allá desembarcamos un tiempo con la pequeña Nydia, aún de brazos, y empezamos a conocer ese mundo de ella de las rue, el metro, la torre y el París para los no turistas del barrio 20 y sus contornos, de los célebres comunards de 1871. Pude comprender, como dijera Baudelaire que uno ama a esa ciudad por lo infame: porque sentí con ella toda la nostalgia de ese espejismo diario que amanece en la Rue Malar y estalla afuera. Conocí de su mano ese París hasta el desgaste con sus bonjours, ça va, merci et excuse moi de vous dérenger.

Así empezamos a reconstruir los lazos. Yo afincado en poemas y dibujos y ella iniciando su fase de pintura y máscaras sin dejar esas otras actividades en Droit Solidarité, una organización en defensa de los excluidos. En las tardes hacía escritos y estaba en reuniones con su admirado Rolland Weyl, muy cerca de Bastilla, y en las mañanas recibía clases de pintura …No paraba entonces pues me hablaba de un grupo del té, de la asociación de los sonidos de la ballena, del tai chi. Era una sinfonía diaria que nos dejaba exhaustos. La fui entendiendo más y recuperando ese amor que me transmitía con su dimensión protectora que sabía y presentía todo. Así descubrí que podíamos contemplar los atardeceres y muchas puestas de sol sin musitar palabra, como en ese refugio de olas de Palomino en que estuvimos con Sofía, mi segunda hija.   Entendí que no se es, sino que va siendo y que, como lo dijera Machado, se hace camino al andar.

La pude entender cuando se desgranó con la muerte de mi hermano mayor, Alfonso, y se recompuso de ese golpe, llevando ese dolor sin límites por esa desaparición temprana. Hay golpes en la vida, tan fuertes… Ella pudo seguir con ese ángel guardián en que se convirtió su hijo, apoyada por mi primo Elías y soportada por Francia, su hermana, y saber que la vida sigue a pesar de ese absurdo.   No dejó de lado sus entrañables manifestaciones del simbólico 1° de Mayo y, hace tres años, viviría esa tragedia de un trombo que la dejó pérdida todo un día en las calles de París entre las refriegas de los Chalecos Amarillos y ocho horas en un metro, como me alcanzó a escribir. Regresó a nosotros como otra oportunidad para tejer lazos más fuertes. Lo hicimos hasta ese último minuto en que dos neumonías la socavaron para escoger su viaje y abrir la puerta a la eternidad este 1° de Mayo.

Por eso puede decir que fue, sin ostentación, diploma o reconocimiento, una de las grandes luchadoras de este país que fueron rompiendo las oprobiosas cadenas de la sumisión. Por eso es posible decir de ella, parodiando a Berthold Brecht, que “Hay mujeres que luchan un día y son buenas. Hay otras que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años, y son muy buenas. Pero los hay que luchan toda la vida: esas son las imprescindibles”.

Les hablo, entonces, lacerado con la desolación, reconociendo que quedará mucho por decir de ella que era un continente. Una persona de estas proporciones nunca muere, no pasa por la tumba –como lo dijera Artaud–, porque no fue solo ese bello cuerpo que habitó y que ahora sembramos en la tierra. Estará en esa otra dimensión en sus luchas cotidianas, sabiendo que nos dio eso que el zorro, el curioso personaje de El Principito, confiesa que recibió de su compañero: el color del trigo.   Mi epitafio es el siguiente:

Nada detendrá tu viaje por las ensenadas,

Penínsulas y archipiélagos de la libertad:

Viotá, Bogotá, Londres, París.

Ni este momento

Navegarás en esa travesía eterna

En el barco azul de nuestros recuerdos.

 

Por Juan Fernando Romero Tobón, 3 de mayo de 2022

Publicado enColombia
Foto:  Enrique García Medina

El ministro de Educación boliviano trabaja sobre una "reestructuración curricular que responda a la pospandemia"

El profesor oriundo de Potosí asegura que el gobierno de facto de Jeanine Áñez fue "nefasto". Define a Luis Arce como un presidente que "responde a las necesidades del pueblo con obras, no con discursos"

Para Edgar Pary, ministro de Educación de Bolivia desde el 19 de noviembre de 2021, el gran desafío del presente pasa por emprender una "reestructuración curricular que responda a la pospandemia". De visita en Buenos Aires para participar de la 3º Reunión Regional de Ministras y Ministros de Educación de América Latina y el Caribe, Pary habló con Página/12 y destacó que su cartera está luchando contra la pesada herencia del gobierno de facto de Jeanine Áñez, un periodo "nefasto" en el que "han sido cerradas las unidades educativas, clausurada la gestión escolar, quitado el derecho a la educación a nuestras niñas, niños, jóvenes y señoritas".

Este profesor y político nacido en el departamento de Potosí rechaza sin dudarlo la implementación de las pruebas PISA, "una institución transnacional que nos puede venir a decir que nuestra educación está mal", teniendo disponible al Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa, "una instancia descentralizada e independiente" contemplada en la Constitución. Pary recuerda que, hasta la asunción de Evo Morales en 2006, la educación se encontraba muy deteriorada: "Teníamos 36 pueblos indígenas en donde la enseñanza era homogénea para todos, no respondía a ese contexto diverso que tenemos en Bolivia". Por eso el ministro celebra la continuidad del proyecto transformador de Morales, ahora bajo el mando de Luis Arce, un presidente que "responde a las necesidades del pueblo con obras, no con discursos".

- ¿Cómo se hizo visible el impacto del gobierno de Jeanine Áñez en la educación?

- Cuando tomó el poder el gobierno golpista, la inversión pública definitivamente se quitó y ahí se produjo el desastre económico, particularmente para nuestra gente que trabajaba, que vendía, que tenía pocos recursos económicos en el bolsillo. En educación nosotros desarrollamos un modelo sociocomunitario productivo. Esa educación productiva está basada en el modelo de la escuela Ayllu de Warisata, que se estableció durante los años 50. Era un modelo educativo que respondía a los pueblos indígenas originarios campesinos. Y eso se establece en la Ley 070 de Educación, pero lamentablemente en 2020 han sido cerradas las unidades educativas, clausurada la gestión escolar, quitado el derecho a la educación a nuestras niñas, niños, jóvenes y señoritas, y lamentablemente todo el avance que tuvimos durante la gestión iniciada en 2006 se cortó. Nuestras hermanas y hermanos comprendieron que el modelo que intentó implementar el gobierno golpista de la derecha no resulta, no va a resultar nunca porque Bolivia necesita trabajar para su pueblo, para la gente pobre que realmente necesita. Por eso recuperamos la democracia con el hermano Luis Arce Catacora y el hermano David Choquehuanca.

- ¿Y cómo están revirtiendo ese retroceso educativo que menciona?

- Ni bien ingresamos al gobierno devolvimos el derecho a la educación. Abrimos nuevamente las unidades educativas en plena pandemia, teníamos que buscar alternativas para poder responder a la educación y eso es lo que hicimos. Implementamos las modalidades de atención, coordinamos con nuestros gobiernos subnacionales, con los gobiernos municipales, con quienes trabajamos para poder poner en condiciones las unidades educativas, implementamos modalidades de atención. Implementamos la educación a distancia en contextos urbanos, donde había mayor contagio del covid-19, y también la educación semipresencial y la presencial en contextos en donde no había contagios. Tenemos que hacer una reestructuración curricular para que responda justamente a una educación pospandemia, identificando nuevas formas de atender a la educación. Y ese trabajo es justamente el que está haciendo en este momento el ministerio de Educación con cursos de actualización para las maestras y los maestros de manera permanente.

- Imagino que una de las mayores dificultades en materia educativa debe ser llegar en igualdad de condiciones a las áreas rurales o a aquellas que están más alejadas de las grandes ciudades.

- Desde el gobierno central se está implementando la dotación de textos educativos de manera universal. Tenemos cerca de tres millones de estudiantes y tenemos que llegar desde el nivel inicial, primario y secundario, educación alternativa y especial a todos. Desarrollamos bibliografía de manera gratuita para los estudiantes y para los maestros, que no tiene ningún costo al ingresar a la plataforma educativa. De la misma forma estamos trabajando con tele-educación para contextos urbanos donde hay señales de televisión, pero para los lugares donde no llegan las señales de televisión estamos implementando la radio-educación a través de radios comunitarias que tenemos en contextos rurales. Estos son complementos al desarrollo de la educación presencial, no podemos nosotros quitar ni mucho menos dejar de seguir desarrollando esto porque sabemos muy bien que se viene la quinta ola y pueden venir más olas.

- Bolivia no realiza las pruebas PISA desarrolladas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). ¿Cómo evalúan entonces la calidad educativa?

- Nuestra Ley 070, dentro de su estructura organizativa, tiene lo que es el Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa, una instancia descentralizada e independiente que debe trabajar en ese tema, pero hoy en día no podemos desarrollarlo. ¿Por qué? Porque en 2021 recién estamos empezando casi de cero. Mas bien hay que prepararse para el futuro. Cuando hablamos de PISA, es una instancia privada que desarrolla una evaluación estandarizada que no se puede desarrollar en Bolivia porque Bolivia es diversa. Nosotros desarrollamos una educación diversa para 36 pueblos indígenas originarios, y PISA desarrolla la evaluación de la calidad educativa de manera estandarizada para todos desde la lógica de unidades educativas privadas. En Bolivia desde la Constitución Política del Estado y la Ley 070 se establece que la educación es completamente gratuita desde el nivel inicial hasta el nivel superior. Nosotros tenemos la suficiente capacidad para poder desarrollar nuestra evaluación, no queremos que pueda ingresar una institución transnacional para que nos venga a decir que nuestra educación está mal y nos pueda condicionar financiamiento.

- Algunos sectores del MAS-IPSP piden una mayor intensidad de gobierno en algunas áreas. ¿Cómo ve usted al gobierno desde adentro?

- Nuestro gobierno está trabajando más que nada en seguir avanzando en el desarrollo socioeconómico. Es fuerte el desafío que tiene nuestro hermano presidente Luis Arce en los diferentes ministerios, y tenemos que trabajar de acuerdo a la propuesta de gobierno que se ha establecido en un principio y hay que responder, porque esa es la confianza y el desafío que nos ha depositado nuestro pueblo. El presidente está trabajando día y noche sin descanso. Obviamente existieron algunos temas de división y demás cosas, pero para nosotros el instrumento político está prácticamente unido en todas sus instancias. Es importante destacar este trabajo mancomunado en equipo desde la mirada del pueblo, juntamente con nuestras organizaciones sociales. Vemos, y ustedes seguramente también en medios de prensa y demás, cómo es recibido nuestro hermano presidente cuando visita cada departamento de Bolivia. Arce responde a las necesidades del pueblo con obras, no con discursos, y eso es lo que caracteriza a nuestro gobierno.

- ¿No le da miedo que haya otro intento golpista como el de 2019?

- El pueblo no lo va a permitir tomando en cuenta la experiencia de la gestión 2020, de ninguna manera. Obviamente hay sectores de la derecha que han intentado rearticularse y demás pero el pueblo es el pueblo, es el soberano, el que define y el que puede aplacar si es que hubiera algunas amenazas de la derecha. Algunos medios de prensa han estado trabajando para intentar rearticular desde diferentes instancias, pero eso no ha resultado. Estamos fortalecidos pero obviamente no nos podemos descuidar. El pueblo necesita trabajo, obras, desarrollo y estabilidad, y para nosotros la garantía es el hermano Luis Arce. 

Publicado enInternacional
Muertes por desnutrición no cesan en el norte de Colombia

Uribia. Bajo el inclemente sol de La Guajira, al norte de Colombia, mueren cada año decenas de niños por desnutrición, a pesar de que una sentencia de la Corte colombiana obligó a las instituciones a garantizar el agua, la alimentación y la salud al pueblo indígena wayú, que sufre las peores consecuencias de la pobreza.

Numerosos políticos han hecho campaña en La Guajira durante el actual periodo electoral, pero los pobladores denuncian que cuando sean elegidos se olvidarán de ellos.

"Una tiene que seguir adelante, por sus otros niños. Hay que ser fuerte. Yo soy fuerte", dice la wayú Sonia Epieyú, mientras vela a su hijo de apenas nueve meses de edad sobre las vías del tren que conduce a la mina de carbón El Cerrejón.

El pequeño murió en un hospital de la capital regional, Riohacha, después de haber sido trasladado desde su comunidad rural de origen, conocida como Toolomana, tras sufrir numerosos vómitos. Sus familiares aseguran que estaba desnutrido.

"Cuando los funcionarios llegaban a la comunidad me lo pesaban y me daban la tallita. Nada más. Me ofrecieron una receta de una fórmula (de vitaminas, alimenticia) pero no me la quisieron dar en la tienda porque me dijeron que quien tiene que hacer el documento es la nutricionista", denuncia Sonia.

El pequeño ataúd blanco al que todos miran da cuenta de la tragedia que se vive en La Guajira. No es un caso aislado. En lo que va del año han fallecido 21 niños menores de cinco años por desnutrición o causas asociadas a ésta, según el Instituto Nacional de Salud (INS).

El flagelo tampoco es nuevo. Al menos 118 niños murieron por las mismas dolencias en 2018, 84 en 2019, 65 en 2020 y una veintena el año pasado, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Son las consecuencias de la miseria en una región donde 63 por ciento de los habitantes sufren pobreza monetaria y 52 por ciento multidimensional.

La mayoría del departamento, situado en el extremo norte colombiano –y sudamericano– tiene un clima semidesértico, con muy escasas precipitaciones que impiden el acceso al agua potable, garantizado para apenas 20 por ciento de la población, una posibilidad casi nula en las zonas alejadas de centros urbanos de la media y la alta Guajira

Publicado enColombia
Un perro callejero camina en una escuela destruida en la aldea de Vilkhivka, cerca de Kharkiv, el 25 de mayo de 2022, en medio de la invasión rusa de Ucrania. SERGEY BOBOK / AFP

Durante la llamada por Putin "Operación militar especial", las fuerzas rusas manifiestan haber descubierto pruebas que demostrarían que el Ministerio de Salud de Ucrania estaría empeñado en una limpieza de emergencia con la tarea de llevar a cabo una destrucción completa de bioagentes; también manifiestan haber descubierto documentos semidestruidos relacionados con una operación secreta de Estados Unidos en laboratorios en Kharkiv y Poltava, insistiendo en el carácter altamente militarizado de los biolaboratorios ucranianos y en un exceso de patógenos.

A este respecto, China ha solicitado una investigación internacional sobre las actividades biológicas militares en Ucrania. Ucrania, por su parte, insiste en que las instalaciones  eran civiles y se dedicaban a la salud pública, y que por las indicaciones de la OMS destruyeron cualquier agente altamente peligroso para evitar el riesgo de brotes en caso de que algún laboratorio sea golpeado por las fuerzas rusas.

Mientras, las respuestas de Washington solo aumentan la preocupación y sospechas. La subsecretaria de Estado, Victoria Nuland, reconoce la existencia de biolaboratorios secretos estadounidenses en Ucrania, así como haber recomendado destruir las pruebas antes de que cayeran en manos rusas ("Estamos trabajando con los ucranianos sobre cómo pueden evitar que cualquiera de esos materiales de investigación caiga en manos de las fuerzas rusas", ha declarado). Por supuesto, no falta la acusación a la otra parte; así, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, acusa a Rusia de buscar un pretexto para lanzar su propio ataque con armas biológicas contra Ucrania.

La guerra biológica, o guerra de gérmenes, es el uso de toxinas biológicas o agentes infecciosos como bacterias, virus, insectos y hongos con la intención de matar, dañar o incapacitar a humanos, animales o plantas como un acto de guerra.

Pasaron muchos siglos hasta que a algún mando militar se le ocurrió utilizar dardos envenenados para matar con sufrimiento a las tropas enemigas; más tarde, se perfeccionaron las armas enviando a los enfermos de tularemia a tierras enemigas, se envenenaron los pozos enemigos con el hongo cornezuelo de centeno o a los caballos del adversario. Ya más cerca de nuestros tiempos, se le ocurrió al comandante en jefe de las fuerzas británicas en América del Norte, Sir Jeffrey Amherst, enviar viruela a las "tribus de indios descontentas", aunque ha sido el ántrax el bioarma más utilizado desde el inicio del siglo XX.

Durante la Primera Guerra Mundial, Alemania usó ántrax y muermo para enfermar a los caballos de las tropas de Estados Unidos y Francia, y los franceses infectaron a los pobres animales de la caballería alemana con burkholderia. El Protocolo de Ginebra de 1925 prohíbe el uso, pero no la posesión, el desarrollo y almacenamiento de armas biológicas y químicas. Además, los estados podrían recurrir a estas armas como represalia a un bioataque.

El ejército imperial japonés produjo armas biológicas y las usó contra soldados y civiles chinos  durante las Segunda Guerra: bombardeó Ning-Bó con bombas llenas de pulgas que transportaron la peste bubónica. Reino Unido hizo lo mismo probando tularemia, ántrax, brucelosis y botulismo en la isla Gruinard de Escocia.

Las bioguerras de Estados Unidos

A pesar de que Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética firmaron la Convención sobre Armas Biológicas en 1972, que prohíbe el desarrollo, la producción, la adquisición, la transferencia, el almacenamiento y el uso de armas biológicas, continuaron con sus proyectos, aunque el país norteamericano es el único en utilizarlas de forma masiva, tanto contra su propia población como contra otras naciones.

Entre el 20 y el 27 de septiembre de 1950, en la llamada Operación Sea-Spray, la Marina estadounidense lanzó, desde mangueras gigantes a bordo de un dragaminas, una fuerte dosis de bacterias Serratia Marcescens  y Bacillus Globigii en forma de nube, sobre 800.000 habitantes de la bahía de San Francisco, con el objetivo de monitorear la vulnerabilidad de una gran urbe a un ataque biológico, su huella sobre el medio ambiente y la forma adecuada de detenerlo. Se trata de uno de los mayores experimentos con armas bacteriológicas de la historia, y se supo en 1976 por una investigación del diario Longday Newsday. En otra Operación, la Big Buzz (1955), el Pentágono produjo un millón de mosquitos A. Aegupti y colocó 300 mil de ellos en municiones para lanzarlos desde aviones al estado de Georgia, en busca de la sangre humana.

Y las "operaciones" continuaron: Bajo la clave de la operación Ranch Hand (1962-1971), lanzada contra Vietnam, Estados Unidos utilizó bioherbicidas y micoherbicidas (agente naranja) para destruir bosques y cultivos del país asiático, dejando a su paso tres millones de muertos y medio millón de niños nacidos con malformaciones congénitas. Bajo la presión de la opinión pública, Nixon prohibió en 1969 las investigaciones de dichas armas para su uso ofensivo, aunque no defensivo.

Pero quizás ninguna de estas armas pueden ser tan baratas como lo que ha ido viniendo después. Tras décadas de investigación, han llegado a la conclusión de que se podrá matar a 600.000 personas por solo 0.29 dólares de coste por cabeza, aunque el afán de las compañías de armas no es matar a más gente, sino ganar más dinero: mejor una mini bomba nuclear de 16 kilos que cuesta 10 millones de dólares. Según Newsweek, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA) de Estados Unidos está creando una nueva clase de armas biológicas que se enviarían a través de insectos infectados con virus: la guerra entomológica (de insectos).

Según China, Estados Unidos, que insiste en la destrucción de estas armas químicas y biológicas de otros países, es el único país que las posee y se niega a destruir las propias.

En 1982, el ejército de estadounidense realizó un experimento con las moscas de la arena para que portasen el virus del dengue, el zika, el chikungunya y la encefalitis equina oriental; obviamente, no se trata precisamente de un arma "defensiva".

Y mientras en 2002 acusaba a Irak de la tenencia de armas químicas y bacteriológicas como ántrax, ocultaba al mundo que los sobres con esporas de esta bacteria y destinatarios civiles estadounidenses se echaban en el buzón desde el propio suelo de Estados Unidos (laboratorio bioterrorista de la base militar de Fort Detrick) por un militar compatriota llamado Bruce Ivins. Años después, en 2015, un laboratorio estadounidense en Utah había enviado "por error" muestras de ántrax vivo a una de sus bases militares en Corea del Sur.

Después de la muerte masiva de ganado por una enfermedad extraña cerca del laboratorio del Pentágono en Alma-Ata, Kazajistán, en julio de 2021, los partidos socialistas y comunistas de Kazajstán, Georgia, Letonia y Pakistán exigieron el cierre de los laboratorios biológicos militares de Estados Unidos en Asia Central, certificando las actividades criminales de los biolaboratorios militares.

La peligrosidad del ántrax  es tal que durante  un incidente en Sverdlovsk, Unión Soviética, al liberarse  accidentalmente esporas de ántrax de una instalación militar el 2 de abril de 1979, murieron un centenar de personas. Este accidente se denominó "el Chernóbil biológico"

¿Cómo protegernos de este tipo de armas y de investigación destinada no a objetivos militares legítimos, sino a población civil y a causar daños innecesarios desde el punto de vista militar? El sistema de protección de los derechos humanos, una arquitectura construida a lo largo de muchos decenios, prevé instrumentos que en caso de funcionar con efectividad evitarían la mayoría de los conflictos internacionales, y en particular los conflictos bélicos, verdadera finalidad de la creación de las Naciones Unidas ("Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra…", dice la primera frase de la Carta de las Naciones Unidas). Los tres pilares de la protección de los derechos humanos -El Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Penal Internacional y el Derecho Internacional Humanitario- han surgido tras un largo proceso en el que han intervenido juristas de extraordinario prestigio y méritos: Desde Lemkin y Lauterpacht para idear los crímenes de genocidio y contra la humanidad, hasta Louis Joinet con su informe contra la impunidad, pasando por el jurista ruso F.F. Martens (autor de la famosa "cláusula Martens" todavía citada en autos). El enorme y talentoso trabajo de juristas de esta categoría es pisoteado por la realpolitik. Una reciente conferencia del diplomático José Antonio Zorrilla recordaba el principio por el que se rige la política internacional, que no es otro que la lucha descarnada por el poder en función de los intereses nacionales, sin consideraciones morales ni jurídicas.

Desgraciadamente, en materia de derechos humanos el derecho internacional no dispone de medios de coerción ni de sanción para castigar los crímenes internacionales (genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, crimen de agresión) más que en los casos de criminales pertenecientes a países débiles. Es así como la Corte Penal Internacional en más de dos décadas solo ha resuelto nueve casos; es así como el delito de genocidio, aprobado en 1948 no se ha aplicado hasta 1998 (caso Ruanda). Las guerras y los numerosos atropellos instigados por la OTAN, los crímenes cometidos por sus tropas han quedado fuera del radar de la Corte Penal Internacional.

Si algún día se consiguiera que el aparato sancionador funcionara y los crímenes fuesen castigados fueran quienes fueran sus autores, sin dobles raseros, quizás estaríamos a un paso de evitar las guerras. Esta evolución permitiría, además de que la Corte Penal Internacional fuera respetada por los países poderosos -en el sentido de que gobernantes y altos militares de estos países pudieran ser encausados-, contemplar actuaciones que deberían ser delictivas y que no son contempladas hoy por hoy en la descripción de las conductas que conforman los crímenes de genocidio o contra la humanidad, o bien que aunque sean contemplados no son objeto de vigilancia. Es el caso de lo que pueden ser considerados crímenes económicos contra la humanidad (decisiones que se toman a sabiendas de que van a costar miles o millones de vidas, como en el caso de especulación con alimentos o con fármacos), o bien la negligencia en controlar el tráfico de armas hacia países que no respetan los derechos humanos (empresas españolas exportando armas a Arabia Saudí, por ejemplo), o las actividades de investigación sobre armas prohibidas, como las químicas y bacteriológicas, por ejemplo.

Como hemos visto más arriba, se van acumulando datos y pruebas de la existencia de laboratorios biológicos secretos que investigan este tipo de armamento, prohibido por la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (1972), cuyo control dista de ser satisfactorio. Seguramente esto parte de que investigar sobre el desarrollo de este tipo de armas altamente letales y lógicamente prohibidas puede ser complicado y requiere una voluntad política que a día de hoy no existe. No obstante, el derecho penal internacional considera que "la realización de experimentos médicos y científicos es penalizada cuando no obedece a fines terapéuticos, sino solo a la obtención de conocimientos científicos" (Gerhard Werle, Tratado de Derecho Penal Internacional, § 904). Por otro lado, una enmienda de 2017 al artículo 8 del Estatuto (crímenes de guerra, armas biológicas) "insertó un artículo que define como crimen de guerra el uso de armas que utilizan agentes microbianos u otros agentes biológicos, o toxinas, cualquiera sea su origen o método de producción".

Cuando se hallan casos de lo que Occidente considera enemigos (p. ej., Saddam Hussein, Bashar al Assad o en estos días Putin), recibimos informaciones detalladas (a veces falsas) de cómo han utilizado armamento prohibido, pero cuando el uso ha estado a cargo de "los nuestros", las informaciones no se encuentran en los medios hegemónicos. Son casos como Iraq (el documental Faluya, la masacre escondida, en la que se muestran los devastadores efectos de armas químicas utilizadas por Estados Unidos, curiosamente, es difícil de encontrar) o Afganistán, donde fueron empleadas armas químicas prohibidas por la Convención sobre las Armas Químicas (1993).

Sin embargo, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg,  se permite declarar recientemente con total indignación que en estos días en Ucrania "cualquier uso de armas químicas cambiaría enormemente la naturaleza del conflicto, sería una flagrante violación de la ley internacional y tendría consecuencias generalizadas y severas". Hay que resaltar que Estados Unidos es parte tanto de la Convención sobre Armas Bacteriológicas como de la Convención sobre Armas Químicas.

Es particularmente preocupante la existencia de laboratorios biológicos secretos tanto en Ucrania como en otros lugares. Que la actividad sea secreta no augura nada bueno, evidentemente no es necesaria la clandestinidad para realizar actividades legales y legítimas. De manera que el desarrollo de una investigación destinada a fabricar armamento biológico, considerado criminal por el Estatuto de Roma y otras normas, debe ser calificado como una actividad criminal, y por tanto, lo lógico es que sea una actividad punible dada su gravedad.

¿Para cuándo la comunidad internacional estará dispuesta a perseguir eficazmente actividades clandestinas de investigación de armamento prohibido por su alta criminalidad? Para ello, es necesaria voluntad política y acuerdos tanto en el castigo como en el control. Quizás contribuiríamos con ello a forjar una sociedad algo más decente que la que tenemos.

Publicado enInternacional