Un manifestante cubierto con gafas, máscara antigás y una señal de tráfico como escudo observa a otro compañero mientras muestra a la prensa los casquillos de balas 9mm disparadas por un vehículo blanco durante una manifestación pacífica, en Cali. — Christian Escobar Mora / MIRA-V

 

Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia, es objetivo militar. Durante el día hay mucho miedo, pero, cuando el sol se oculta, el terror invade la capital del convulso Valle del Cauca. Desde el 3 de mayo, cada noche, las fuerzas de seguridad del Estado, acompañadas por hombres armados vestidos de civil y con chalecos antibala bajo sus ropas, es decir, una suerte de paramilitares o infiltrados, inician la persecución: con rifles y pistolas disparan de forma indiscriminada. No hay claridad sobre el número de muertos, heridos y desaparecidos.

 

La capital mundial de la salsa, donde, pese a la violencia acumulada desde hace décadas, los caleños no paran de bailar y de soñar con una vida en paz, se ha convertido en un infierno. Esta urbe alberga enormes barriadas donde habitan familias que tiempo atrás fueron campesinas y que se vieron obligadas, por la violencia que ejercieron sobre ellas los distintos grupos armados, a abandonar las zonas rurales donde nacieron. Ahora vuelven a ser víctimas de una oleada de angustia y terror perpetrado por el Estado, sin precedentes desde hace décadas.

La situación recuerda a los años en los que los hermanos Rodríguez Orejuela, jefes del Cartel de Cali, controlaban el narcotráfico del suroccidente del país desde esa ciudad. Estas barriadas, conocidas como comunas y siempre estigmatizadas, vuelven a ser objetivo militar en el corazón de una de las zonas más convulsas de Colombia.

La Colombia más golpeada

Amigos y familiares asisten al entierro de Nicolás Guerrero, de 22 años, en el cementerio de Yumbo, al norte de la ciudad de Cali. Fue asesinado el pasado domingo 2 de mayo. Según varios testigos, un miembro del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) le disparó con munición real durante una ceremonia en memoria de las personas muertas a causa de la represión policial contra el Paro nacional — Christian Escobar Mora / MIRA-V

Siloé es uno de esos barrios fundados por campesinos desplazados a los que la violencia les ha perseguido hasta Cali; nunca han dejado de sufrir pobreza, abandono y delincuencia. El enclave se levanta en una colina atravesada por escarpadas escalinatas con viviendas amontonadas; es la mejor fotografía de la Colombia real, donde nunca se detiene la música, pero donde se vive siempre con miedo.

Durante la noche del 3 mayo, la Fuerza Pública entró en Siloé (cuando se adentran en esta barriada no es para hacer la ronda, siempre bien armados) y disparó contra los manifestantes que protestaban contra el Gobierno, en el contexto de la huelga nacional convocada el 28 de abril. La policía disparó también contra los habitantes que simplemente tomaban el fresco, porque en la tropical Siloé se vive en la calle. El drama se expandió como la pólvora en las redes sociales.

"Estábamos en una velatón pacífica (manifestación nocturna con velas) en el sector de la Nave y de la glorieta de Siloé. A eso de las nueve de la noche, la policía hace una pequeña arremetida con gases lacrimógenos, no fueron más de tres, pero lo hicieron desde un helicóptero. La gente empieza a correr, el GOES (grupo de operaciones especiales de la policía) empieza a disparar y, como si fuera una trampa, ya tenían más integrantes dentro de la comuna esperando que la gente corriera para dispararles de una forma vil. Incluso en las redes sociales hemos visto una publicación de uno de los policías que sube una foto suya y la ubicación en Siloé; y en la descripción dice: Cali of duty, como el juego de guerra. Con sevicia y de forma premeditada tenían claro lo que iba a suceder acá, afirma a Público Steven Ospina, líder social, abogado y defensor de derechos humanos que vivió en primera persona esa horrible noche y las que vinieron después.

Una vecina, Katherine Mena, comprobó desde las ventanas de su casa que los jóvenes no portaban armas y que participaban en la protesta de forma pacífica hasta que comenzó el ataque de la policía: "Se escucharon disparos y las personas corrían por todos los lados. También se vio un vehículo particular desde el que disparaban. Esto duró hasta las dos de la madrugada. La gente de Siloé estaba muy angustiada, no se pudieron trasladar los pacientes al hospital cercano por los disparos. Es grave que los colombianos no nos podamos expresar porque nos van a matar. Yo tengo dos hijas y estoy aquí por ellas, porque fueron momentos de angustia".

Por Ana María Ramírez Gómez

10/05/2021 22:09

Publicado enColombia
Atacada Guardia Indígena por los "pájaros" del Estado

En un ataque predeterminado y llevado a cabo por personas de civil, tres chivas en las que se transportaba decenas de mujeres, hombres, niños y adultos, comuneros pertenecientes a La Minga y a la Guardia Indígena Nasa, fueron interceptadas en la zona conocida como Cañas Gordas, vía Jamundí,y atacados a tiro de pistolas por personas que se bajaron de camionetas de alta gama. El saldo: 12 heridos de distintas consideración, cuatro de ellos graves.

El saldo pudo ser aún mayor ya que cuando los atacados trataron de protegerse ocultando sus cuerpos tras de otros vehículos recibieron descargas desde la parte posterior al ataque. Es decir, estamos ante una acción claramente premeditada, lo que despeja la duda si quienes atentaron eran civiles que de manera espontánea, por racismo o por motivos similares, entraron en ira. No, la premeditación y la impunidad indica que el formato corresponde a fuerzas parapoliciales y/o paramilitares.

Los y las mingueras se dirigían hacia la Universidad del Valle, donde se realizaba una asamblea para coordinar con estudiantes y colectivos de derechos humanos medidas por implementar para neutralizar el grado de violencia que está afectando a los sectores populares caleños.

El ataque, sin duda, desnuda aún más el desespero de un régimen que se siente acorralada y sin respaldo ciudadano; un desespero que se traduce en violencia, cada vez más aguda, y la cual puede ahondarse hasta sumir el país en un mayor chaco de sangre, avanzando, en pro de impunidad, hacia un autogolpe.

James Larrea, defensor de DDHH, en entrevista con desdeabajo describe que al interior de la Universidad del Valle se vive una tensa calma y el temor de quienes allí sesionan a un posible ataque, temor no infundado ni gratuito, más aún cuando se enteraron de lo sucedido con la delegación indígena que se dirigía hacia el centro universitario. Realidad refrendada por el senador Feliciano Valencia que en horas de la tarde vía Twitter alertó sobre el cerco de la Universidad por unidades policiales y militares, incluso con sobrevuelo de un helicóptero.

Un viejo modelo

El proceder parapolicial y/o paramilitar desplegado en las horas de la tarde del domingo 9 de mayo es similar a la actuación de civiles que atacaron en el viaducto de Pereira, con total alevosía, a tres activos del paro, entre ellos Lucas Villa y Andrés Felipe Castaño, el primero de los cuales fue declarado con muerte cerebral.

Es un proceder que recuerda, a pesar del paso del tiempo, el actuar de los pájaros en la década de los años 50 del siglo XX en Colombia, los que bañaron de sangre sus zonas rurales, procediendo al asesinado y desplazamiento de decenas de miles de campesinos marcados como sus enemigos, imponiendo el silencio a sangre y fuego.

Un modelo de control y de imposición autoritaria del “orden” también experimentado con los “Escuadrones de la muerte”, como denominó a este tipo de cuerpos civiles armados, un miembro de la Guardia Indígena que habló vía telefónica  con desdeabajo.

Violencia, muerte e impunidad. ¿Hasta dónde posibilitará este gobierno un modelo genocida de control social y hasta cuándo continuara desconociendo las demandas populares? 


Relación (parcial) de integrantes de la Guardia Indígena heridos:

Nombre                                 Resguardo

Segundo Pequi                  Toribío

Alexander Yule Ramos     Toribío

Marlen Martínez                 Pueblo Nuevo

Yerson J. Talaga                 López Adentro

Eucardo Ul                          Huellas

Daniela Soto                        Sat tama

Sandro Camayo                  Las delicias

Yeison Tenono                   Monchique    


          

Videos relacionados

https://www.facebook.com/cric.colombia/videos/d41d8cd9/4491007630913861/

 

Adjuntamos videos que llegaron a la redacción:

Ataque a la Guardia indígena, 9 de mayo 2021 (1)

https://youtu.be/OaHgFIgefoA

Ataque a la Guardia indígena, 9 de mayo 2021 (2)

https://youtu.be/duTtVX6dir4

Ataque a la Guardia indígena, 9 de mayo 2021 (3)

https://youtu.be/5CQNXmqebiA

Ataque a la Guardia indígena, 9 de mayo 2021 (4)

https://youtu.be/UTqN9QB0yNY

Ataque a la Guardia indígena, 9 de mayo 2021 (5)

https://youtu.be/mXsU7N0cShU

Ataque a la Guardia indígena, 9 de mayo 2021 (6)

https://youtu.be/BC5yrUQlJbM

Ataque a la Guardia indígena, 9 de mayo 2021 (7)

https://youtu.be/r_6Lct3H3P8

Ataque a la Guardia indígena, 9 de mayo 2021 (8)

Ataque a la Guardia indígena, 9 de mayo 2021 (9)

https://youtu.be/vCpT8XMOgm0

 

Publicado enColombia
Políticas abusivas de Israel constituyen crímenes de apartheid y persecución: HRW

En su reporte de 213 páginas “Un umbral que fue cruzado: las autoridades de Israel y sus crímenes de apartheid y persecución” (https://bit.ly/3vTbk4b), Human Rights Watch (HRW) expone la “dominante política de Israel (para) mantener el dominio de los israelíes judíos ( sic) sobre los palestinos y los graves abusos contra los palestinos que viven en los territorios ocupados ( sic), incluyendo la parte oriental de Jerusalén”.

Según HRW, en Israel y sus "territorios ocupados las autoridades israelíes han buscado maximizar el territorio asequible a las comunidades judías para concentrar la mayor parte de los palestinos en densos centros poblados", con el fin de "mitigar" lo que “han abiertamente descrito como amenaza ( sic) demográfica” de los palestinos, que ocurre en forma flagrante para "el plan del gobierno en el municipio de Jerusalén" donde, en su parte occidental como en la ocupada oriental, tiene el objetivo de “mantener una sólida ( sic) mayoría judía en la ciudad” de racistas proporciones demográficas que desea conservar. ¡Ni más ni menos que mi ponencia sobre Al Quds, sinónimo de Jerusalén, que significa "sagrado" (https://bit.ly/3xXGuJF)!

HRW y un servidor tenemos similar opinión sobre la dinámica demográfica tanto en Israel como en los territorios palestinos ocupados.

En forma atroz, Israel segrega a cuatro ( sic) subtipos del total de 6.8 millones de palestinos (https://bit.ly/3ev1uzX), de acuerdo con sus intereses supremacistas, y según su racista Constitución, únicamente puede ser presidente un "judío israelí".

HRW afirma que las "autoridades de Israel discriminan sistemáticamente a los palestinos con el fin de mantener su dominio" y desglosa la interminable lista de "abusos" en su contra, primordialmente en los "territorios ocupados".

Kenneth Roth, director ejecutivo de HRW, remarca la ocupación de “medio siglo ( sic)” de Israel y deja abierto el trilema insoluble para una "paz de israelíes y palestinos" mediante la “solución de un solo Estado, de dos estados o una Confederación (https://bit.ly/3bchNPT)”. ¿Por fin?

La “solución ( sic) de un solo Estado, dos estados o una Confederación” en el esquema pérfido de HRW la abordaré ulteriormente.

La hoy impactante postura de HRW sobre el archisabido apartheid de Israel, en sincronía con los más de cien días de Biden, es una vulgar perogrullada que he expuesto desde décadas atrás.

Tanto las posturas como los financiamientos de HRW – v.gr las fétidas lubricaciones del "filántropo" globalista George Soros– dejan mucho que desear y han sido motivo de severas críticas, debido a sus flagrantes unilateralismo, asimetría, desviaciones y sesgos (https://bit.ly/3toO78p).

Su muy atrasado reporte parece diseñado para apaciguar al ala "izquierda" del Partido Demócrata, constituido por el squad que encabeza la millennial Alexandria Ocasio-Cortez (https://bit.ly/3uws7d4), además del ala progresista de Warren y del admirable "judío antisionista" Bernie Sanders (https://bit.ly/3vOT8J6) que, por el momento, dominan la conciencia de la administración Biden que ha reanudado en forma triangulada sus negociaciones sobre el contencioso nuclear iraní en Viena –que van por buen camino.

HRW no adoptó pero tampoco criticó la postura apartheid/irredentista/paria de Israel en la fase del hoy alicaído Netanyahu y su aliado indefectible: el talmúdico Jared Kushner, yerno de Trump.

Una crítica recurrente contra HRW es que representa la "puerta giratoria" del gobierno de Estados Unidos, al que oculta sus obscenos pisoteos a los genuinos "derechos humanos".

Justamente, HRW había sido criticado por cerrar sus ojos ante las atrocidades de Israel, nación a la que cubría su espalda (https://bit.ly/3epzmhw).

The Nation calificó el reporte de "académico" (https://bit.ly/3o5tDAM) y, como era de esperarse, desató la cólera del American Jewish Committee, que calificó sus argumentos “sin base y algunas veces al borde del antisemitismo ( sic)”.

¿No son acaso verdaderos "semitas" los palestinos? Lo son mucho más que la hoy mayoría jázara no-semita de Israel (https://amzn.to/3eWr4Na).

www.alfredojalife.com

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https://www.youtube.com/channel/UClfxfOThZDPL_c0Ld7psDsw?view_as=subscriber

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Al menos 379 desaparecidos durante las protestas en Colombia

Informe de organismos de derechos humanos

En las redes sociales circulan centenares de videos que muestran cómo la policía y especialmente el Esmad (Escuadrón Antidisturbios) ataca a los manifestantes.

 

Organizaciones de defensa de los derechos humanos denunciaron que al menos 379 personas desaparecieron en Colombia durante la ola de protestas contra el Gobierno, que insistió en la necesidad de “levantar bloqueos y garantizar suministro de alimentos y vacunas”, en una jornada en la que se renovaron algunas manifestaciones callejeras unificadas ahora en el único reclamo de cesar la represión y desmilitarizar las calles.

Aunque el pliego de demandas del Comité Nacional del Paro incluye no menos de 10 puntos, la ola de represión y ataques a las marchas por parte de las fuerzas de seguridad –que además dejaron al menos 26 muertos- corrió cualquier otro eje y todo quedó concentrado en el reclamo para que se respete el derecho a la protesta, defendido además por organismos internacionales.

La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UPBD) dependiente de la Defensoría del Pueblo de Colombia, que relevó la información de unas 26 organizaciones de derechos humanos, dio a conocer ese número de 379 personas desaparecidas, aunque la actitud de las fuerzas policiales y militares justamente dificulta el relevamiento porque los ciudadanos se rehúsan a “avisar” de su paradero.

Inicialmente, el reporte registraba 471 personas presuntamente desaparecidas desde el 1 de mayo, pero ya fueron encontradas 92 personas, varias de ellas heridas y hospitalizadas.

La Inspección General de la Policía de Colombia informó que abrió casi medio centenar de investigaciones internas tras la ola de denuncias por la feroz represión a las protestas que, por décimo día consecutivo, se dan en las principales ciudades del país, inicialmente por una reforma tributaria y ahora por otros reclamos.

En las redes sociales circulan centenares de videos que muestran cómo la policía y especialmente el Esmad (Escuadrón Antidisturbios) ataca a los manifestantes en Cali, Medellín, Pasto, Barranquilla, Bogotá y otras, con ráfagas de aturdidoras, gases lacrimógenos y munición real.

Activistas denunciaron además que las cuentas de Twitter e Instagram de medios independientes están siendo bloqueadas para evitar la viralización de esas imágenes.
La campaña Defender la Libertad, de la que forman parte varias organizaciones de la sociedad civil, recibió 569 denuncias por agresiones y violencia a manos de los agentes.
La Fiscalía indicó, además, que se está investigando la posible relación de otras siete muertes con las manifestaciones.

En Colombia, los delitos que son cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad en el desarrollo de sus funciones son juzgados, en principio, ante la Justicia Penal Militar. Esto no impide, no obstante, que la Fiscalía adelante sus indagaciones y pueda pedir la competencia de los procesos o que se acuda a los tribunales para decidir quién asume los casos. La jurisdicción militar no incluye, no obstante, los delitos de tortura, genocidio, desaparición forzada, lesa humanidad o aquellos que atenten contra el Derecho Internacional Humanitario.

Ante el número de violaciones denunciadas por los medios, las cuestiones “técnicas” sobre el uso de la fuerza quedaron en el centro del debate e inclusive se discutió en los diarios de mayor circulación el concepto de “desaparición forzada”. El diario El Espectador publicó en su sitio digital un extenso y contundente informe con testimonios de jóvenes que estuvieron detenidos extraoficialmente algunas horas y que relataron los golpes y torturas que recibieron, mientras sus familiares los buscaban y denunciaban sus desapariciones en las redes sociales.

La represión, en la mesa de Duque con la oposición


Por supuesto que la represión estuvo también en la mesa de conversaciones que el presidente Iván Duque mantuvo con opositores nucleados en la Coalición de la Esperanza, que condenaron "de manera vigorosa" la represión. "Nuestra presencia aquí no aminora ni suaviza nuestra protesta. Hemos visto escenas de descontrol que deben ser castigadas", señaló el grupo integrado por exgobernadores, legisladores, exministros y un exvicepresidente, a la salida de la Casa de Nariño, sede de la Presidencia.

La reunión marcó el segundo día de la agenda de conversación con diferentes sectores del país prometida por Duque en medio de la crisis política que no solo lo obligó a retirar la reforma tributaria y a cambiar un ministro, sino que lo fuerza ahora a atender otros reclamos. Duque empezó ayer con los titulares de los órganos del Poder Judicial la ronda de diálogo, que él busca poner en el centro de la escena.

“Enfatizamos en la importancia de respaldar la institucionalidad, levantar bloqueos y garantizar suministro de alimentos y vacunas”, escribió el mandatario en su cuenta de la red Twitter, en la que insistió en el “respeto a la protesta pacífica, como expresión democrática y el rechazo a la violencia y vandalismo”, sin una mención siquiera al accionar de las fuerzas de seguridad.

Para los opositores, en cambio, la cuestión fue central. “El Presidente debe asumir el liderazgo directo de las Fuerzas Armadas para que cesen los ataques a la población que se ha manifestado de manera pacífica", señaló un dirigente de la Coalición por la Esperanza.

En las protestas, además de bloqueos de calles y rutas, indígenas misak voltearon la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada, el conquistador español fundador de la ciudad, que estaba en una plazoleta a pocas cuadras del Palacio de Nariño, la sede presidencial. Otro grupo de la comunidad había hecho lo mismo la semana pasada con la figura del también conquistador Sebastián de Belalcázar en Cali.

08 de mayo de 2021

Publicado enColombia
"No lo hemos visto nunca en América Latina": HRW responde al ministro de Defensa colombiano sobre el uso de lanzadores Venom contra manifestantes

Previamente, la organización denunció que los policías usaron "tanquetas con lanzadores de proyectiles múltiples dirigidos a manifestantes", advirtiendo que se trata de un "arma peligrosa e indiscriminada". 

El director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, declaró que la organización nunca ha visto "en América Latina y ni siquiera en Estados Unidos" que los policías usaran "lanzadores de proyectiles múltiples de alta velocidad horizontales" como, según había denunciado previamente, ocurre en Colombia.

De esta manera, Vivanco respondió a las declaraciones del ministro de Defensa, Diego Molano, quien destacó que las armas en cuestión se usan en caso de disturbios que "afectan la tranquilidad y la seguridad" o cuando puede generarse violencia. Declaró durante una entrevista con Deutsche Welle que se usan "frente a terceros, frente a otros ciudadanos con destrucción de entidades públicas con el fin de que se disuelvan". "De ninguna manera desde esas tanquetas puede haber disparos contra ningún funcionario o contra ningún ciudadano", dijo.

Arma indiscriminada

"La explicación es muy pobre", afirmó en respuesta Vivanco, también durante una conversación con DW. En ese contexto, sugirió que "el ministro de Defensa no esté al tanto de los detalles", agregando que "acaba de llegar y no tiene mayor experiencia en temas de seguridad". Cabe señalar que Molano se desempeña como ministro de Defensa desde el 1 de febrero de 2021 y asumió el cargo después de que su predecesor, Carlos Holmes Trujillo, falleciera a finales de enero a causa del covid-19.

Vivanco detalló que las tanquetas están equipadas con un tipo de "lanzadores de proyectiles múltiples de alta velocidad horizontales, no hacia arriba, horizontales, que pueden lanzar aparentemente bombas lacrimógenas o bombas aturdidoras de una manera que puede ser indiscriminada".

"Esto parece un procedimiento altamente peligroso, de alto riesgo, y creo que este tipo de prácticas son las que causan las denuncias sobre extrema brutalidad policial", reiteró.

La polémica comenzó después de que Vivanco publicara este miércoles un video en el cual se puede ver cómo policías disparan desde una tanqueta proyectiles múltiples hacia manifestantes en Colombia. "Con testigos presenciales y verificación digital de videos hemos corroborado el uso de tanquetas con lanzadores de proyectiles múltiples dirigidos a manifestantes", escribió en su cuenta de Twitter, advirtiendo que se trata de un "arma peligrosa e indiscriminada".

El ministro de Defensa, a quien Vivanco había pedido dar explicaciones, señaló que la grabación está bajo investigación.

El lanzador múltiple de proyectiles Venom

Mientras tanto, El Espectador informa que el arma en cuestión no es nueva, es un lanzador múltiple de proyectiles electrónicos, denominado 'Venom'. De acuerdo con el periódico, es "una de las armas 'no letales' más sofisticadas y costosas que tiene el Esmad [Escuadrón Móvil Antidisturbios] para dispersar manifestaciones", que, según un derecho de petición que respondió el Ministerio de Defensa a la Comisión Sexta del Senado, cuesta aproximadamente 400 millones de pesos (118.794,11 dólares).

El arma tiene 3 compartimientos de carga, cada de los cuales puede alojar 10 cartuchos electrónicos. Realiza disparos a una distancia de hasta 150 metros.

Venom usa dos tipos de munición: cartuchos eléctricos de aturdimiento que generan un destello de luz y sonido y cartuchos que generan una dispersión de humo y gas, señala El Espectador.

Mientras, el político Sergio Marín, representante a la Cámara por Bogotá y la región de la Orinoquia (partido Comunes), señaló en su cuenta de Twitter que un proyectil de Venom cuesta 71,17 dólares.

Asimismo, difundió una imagen con características del arma, tomada del catálogo de la compañía CSI Combined System. El lanzador de 37mm "puede ser instalado en vehículos, trípodes e instalaciones estáticas", indica la foto. Las municiones de destello-estruendo ofrecen "capacidades de distracción y advertencia por lapsos prolongados durante operaciones diurnas y nocturnas", mientras que otras tienen "capacidad de lanzar densos volúmenes de irritantes o de humo para cubrir un área amplia en pocos segundos".

Las manifestaciones en Colombia comenzaron el pasado 28 de abril en respuesta a la polémica reforma tributaria presentada por el Gobierno de Iván Duque. Aunque el mandatario retiró la iniciativa ante la presión social, la brutal represión de la Policía y el Ejército contra inconformes reavivó el reclamo en las calles.

Publicado: 9 may 2021 01:46 GMT

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Bety Ruth Lozano

Entrevista con la docente universitaria y líder afrofeminista

esde Cali, el epicentro de la revuelta y del ensañamiento represivo, Lozano describe lo que está pasando y reclama la atención de la comunidad internacional.

Desde el 28 de abril, Colombia está en paro y el paro no para, como dice el hashtag que se viralizó para dar cuenta de un proceso que desbordó incluso a las organizaciones convocantes que lo imaginaban de un día. Empezó como medida de fuerza contra la reforma tributaria y una reforma de salud impulsadas por el mandatario ultra neoliberal Iván Duque, justo en un momento devastador de la crisis pandémica, pero se desparramó como convocatoria masiva en ciudades grandes y pequeñas, funcionando como catalizador de un descontento más profundo.

Aquí se publica parte de la conversación urgente convocada desde el colectivo NiUnaMenos con la docente universitaria y militante afrofeminista Bety Ruth Lozano quien, junto con dos compañeras, Gloria y Cristina, del sindicato de maestrxs, reportan desde la ciudad de Cali, el epicentro de la revuelta y también del ensañamiento represivo que incluye muertxs, desaparecidxs, violaciones y cientos de heridxs. De hecho, mientras esta entrevista sucedía, una cumbre en Miami reunía al propio Duque con el ex presidente Macri y con el chileno Sebastián Piñera, entre otros, para hablar de una democracia en peligro mientras se gobierna a fuerza de bala. Es urgente parar la masacre en Colombia dicen las organizaciones sindicales, feministas, indígenas, campesinas, lgbtqi, afro y de las barriadas populares que, en estado de alerta y sin abandonar las calles, reclaman su condena internacional. Las imágenes que circulan desde hace días son de una guerra literal: helicópteros disparando desde el cielo, calles iluminadas por las ráfagas de metrallas, gases lacrimógenos y tanques ocupando las rutas. Aún así, la indignación no se detiene.

-¿Cómo escaló la protesta que empezó el 28 de abril?

-El paro empezó por un día pero se continuó y la represión fue muy fuerte el 29 y el 30 de abril y ya el primero de mayo, en el día del trabajo, hubo una marcha histórica, que se calcula más de un millón de personas solo en Cali. De hecho, los organizadores del paro llaman a una movilización virtual y la gente no hace caso y sale a la calle y se moviliza, y hay múltiples puntos de bloqueo por toda la ciudad y también en Bogotá y Medellín, escalando muy rápido a nivel nacional. La convocatoria no es solo contra la reforma tributaria que pone más impuestos sobre la gente más humilde y la clase media, es también contra la reforma la salud en marcha en el Congreso, junto a un conjunto de políticas públicas precarizadoras de la vida. Hay dos ejes articuladores del movimiento de estos días. El primero es la intercomunicación instantánea que tienen lxs jóvenes. Lxs de otra generación estamos en la tercera línea y somos sobre todo mujeres llevando el agua y los medicamentos. El otro elemento es que lxs jóvenes son quienes han vivido de manera directa las consecuencias económicas y emocionales de la pandemia: el encierro, el desempleo de sus padres, el desempleo de ellxs, hacer protestas para poder ir a la universidad, situaciones de salud mental por el stress, el encierro y la pobreza. Esto retoma lo que se vivió en 2019 cuando, al igual que en Chile, en Perú y en Ecuador, la población y los movimientos sociales venían despertando de las consecuencias del modelo neoliberal de pauperización y de exterminio pero que se ahonda ahora con el virus. Como decía una de las consignas: no nos importa hasta perder la vida porque ya nos han quitado tanto que nos quitaron el miedo.

-Una de las denuncias que se repite es que se corta internet en las zonas de protesta para evitar la transmisión que documenta en tiempo real la represión estatal.

-Sí, las movilizaciones lograron tener una resonancia mundial instantánea, gracias a todos estos medios de comunicación alternativos y a las redes. Los medios privados son pro gobierno y para ellos no está pasando nada, o hablan de vandalismo, de actos terroristas, pero no mencionan la represión y la vulneración de derechos humanos que se ha hecho incluso contra defensorxs de derechos humanos y contra funcionarios públicos de la defensoría del pueblo. Se habla de 31 personas asesinadas pero hay muchos muertos que no aparecen. Hay más de noventa personas desaparecidas, se sabe que fueron asesinadas y sus cuerpos no aparecen. Son varias las mujeres que han denunciado violencia sexual por parte de la policía y cientos de heridos. Esas cifras tienen un subregistro porque sabemos pues que son muchos más y la fiscalía se niega también a recoger todas las denuncias.

-¿Cómo se explica la fuerza de la protesta, casi un levantamiento ya?

-La coyuntura de la pandemia hizo visible toda la precarización. Todo el trabajo informal viene siendo como un colchón de la crisis pero se ha hecho muy difícil de sostener. Las trabajadoras del hogar, por ejemplo, no pueden salir a trabajar y se ha reducido demasiado el empleo. Hay una precarización de la vida muy tremenda a lo que se suma toda la corrupción del gobierno.

-Por eso a pesar del anuncio que se frenaba la reforma tributaria, la gente sigue movilizada. Además de que las denuncias de asesinatos a líderes y lideresas sociales se han incrementado brutalmente este año.

-A eso me iba a referir. Son demasiadas cosas. Se dice que el paro se plantea para parar la reforma tributaria, y así lo plantea la Mesa Nacional de Paro. Pero la gente que sale a las calles sabe que no es suficiente con parar la reforma tributaria, que hay una cantidad enorme de asesinatos de líderes y lideresas sociales, a pesar de que se firmara un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, que ahora es un movimiento político. La guerra continúa especialmente en las zonas rurales, donde el asesinato de lideresas indígenas y afrodescendientes es enorme. Además hay una cantidad de feminicidios en el país que ha aumentado brutalmente durante el año pasado y este año. A esto se suman los 6402, que es como se conoce el número de los “falsos positivos” durante los ocho años del gobierno de Álvaro Uribe: los jóvenes que fueron secuestrados de sus casas o llevados con engaños, asesinados y luego vestidos de guerrilleros para la foto. Es decir, Uribe le mintió al país diciendo que estaba ganando la guerra con las FARC mostrando un número de guerrilleros asesinados, cuando en realidad eran jóvenes de sectores populares que habían sido engañados bajo el pretexto de un trabajo, de que les iban a pagar por un partido de fútbol, o que los iban a llevar a recoger café a las zonas rurales, y nunca más volvieron a aparecer. Toda esta falsedad ha salido a la luz y la gente la conoce. Además, este gobierno es de los que peor ha manejado esta situación de pandemia en el continente. Todo ese descontento está aflorando en estos días de paro y se está pidiendo realmente cambios fundamentales.

-Se dice que ya está listo un decreto para declarar el estado de “conmoción interior”. ¿Qué significaría esto?

-Estamos pendientes de que se haga público y saber de qué fuente sale. Es una amenaza decir que el decreto está en la mesa del presidente y falta su firma. Lo que nos dicen es: se repliegan, levantan el paro o le sacamos el decreto y lo que pienso es que los jóvenes no creen ya en esas amenazas. La gente sigue firme en las calles y si hay un decreto de conmoción interior pues la violencia va a ser mucho más grave y generalizada. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que ponga sus ojos sobre Colombia, para que exija al gobierno que saque el ejército de las calles y resuelva de forma pacífica el descontento de las mayorías. Además está operando el ESMAD, que es una policía antidisturbios, que ya les ha sacado los ojos a varias personas, que dispara a los generadores eléctricos para cortar la luz, porque es una policía entrenada para frenar la protesta. Lo que se solicita también es que el ESMAD sea disuelto. Además, hay una cantidad enorme de policías infiltrados.

-Es impresionante cómo se repiten los métodos de criminalización y de masacre de la protesta: tal como ha sucedido en Chile esto que cuentan de apuntar directamente a los ojos. Recientemente se ha visto la incorporación fuerte del movimiento indíegena...

-Pareciera que ya no está en manos de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores), de FECODE (Federación Colombiana de Educadores) y de la Mesa de Paro Nacional la decisión de levantar el paro. Ha cobrado vida propia en todas las movilizaciones de lxs jóvenes por todo el país. Y además la Minga Indígena, que es la forma de movilización que tienen las organizaciones indígenas, especialmente del departamento del Cauca, se ha estado moviendo alrededor de los sitios de bloqueo. Son una fuerza simbólica de respaldo muy importante, muy respetada, reconocida y querida. Ellos solo están armados con sus bastones de mando y, sin embargo, son autoridades que hacen sentir a todo el mundo muy respaldado. Se han quedado en Cali por la situación especial que se vive y que se ha vivido en Siloé, que es este sitio de la vera que fue conformado al final de los años 50 por población desplazada por lo que se conoce en Colombia como la violencia con mayúscula que es esa guerra civil que generaron los partidos políticos liberal y conservador y que pusieron a matar al pueblo colombiano. Eso generó toda una reforma agraria que despojó a un gran campesinado de sus parcelas y lo llevó a esta ladera que es Siloé, donde hay muchas dinámicas juveniles, que es donde más duro ha golpeado la violencia militar.

-¿Por qué hubo un ensañamiento especial con Cali, al punto de que enviaron al coronel del ejército a controlar la situación?

-Cali es reconocida como la capital mundial de la salsa, pero hemos demostrado que también bailamos al ritmo de la protesta, ¿cierto? Al ritmo de la rebeldía, de la insurrección, de la dignidad también podemos bailar. Cali es una ciudad que tiene cerca de tres millones de habitantes, con la mayor población negra de todo el país. Se habla de que Cali es alrededor de un 40 % de población negra, que en los últimos años ha llegado desplazada por el conflicto a todos estos barrios marginales y que vive del trabajo informal en donde los jóvenes negros son objetivo de la policía, asesinados con cifras que no entran dentro de las estadísticas oficiales. Es una ciudad que recibe población desplazada de todos lados: indígena, del pacífico colombiano, del sur, del Putumayo, del Cauca. La concentración no fue en un solo sitio, sino que la gente decidió bloquear las entradas y salidas de la ciudad en puntos estratégicos. Y hay que recordar que Cali es la entrada al mar Pacífico, donde está el puerto más importante que tiene Colombia que es Buenaventura, por donde entra más del 60 por ciento de las mercancías. Estos bloqueos colocados de forma estratégica –pues causan un daño muy enorme en la economía no sólo local sino en la nacional–, hizo que lleguen los militares enviados no solo por el gobierno sino también, lo sabemos, por los empresarios y los agroindustriales. Porque tenemos que saber que Cali es el epicentro de la agroindustria del monocultivo de la caña de azúcar. Ellos, los cañeros, que son quienes manejan el poder en la ciudad, han pedido también al gobierno que vengan a desbloquear. Tenemos que seguir alertas porque lo que se viene puede ser peor de lo que ha pasado en estos días.

Por Verónica Gago

08 de mayo de 2021

Publicado enColombia
Datos biométricos y capitalismo de vigilancia

La reciente creación de un Padrón Nacional de Usuariosde Telefonía Móvil, que obliga al registro de los datos biométricos de todos los usuarios, ha abierto un debate necesario sobre sus impactos potenciales. No obstante, faltan elementos de contexto fundamentales.

La conversión de nuestras características personales y de identificación a datos digitales, son un componente clave del capitalismo actual, llamado atinadamente "capitalismo de vigilancia" por Shoshana Zuboff. Los datos biométricos, especialmente rasgos faciales e iris, no sólo identifican a una persona, también son de enorme relevancia para interpretar emociones, lo cual es esencial para la lucrativa industria de venta de "futuros conductuales", o sea, la apuesta y manipulación de nuestras conductas para empujarnos a hacer lo que deseen las empresas / gobiernos que lo paguen. Además, son fundamentales para el reconocimiento facial desde cámaras de vigilancia, incluso en aglomeraciones, sea con fines de control, represión o comerciales.

Todo se hace más grave porque el volumen de datos que implica este tipo de registro en poblaciones enteras sólo se puede almacenar y manejar en enormes nubes de computación, un sector brutalmente concentrado en pocas empresas. Más de la mitad del mercado global lo tienen las estadunidenses Amazon AWS, Google Cloud, Microsoft Azure e IBM, seguidas de la china Alibaba. También Oracle y Dell tienen porcentajes significativos. Las tres primeras, junto a Apple y Facebook, controlan, además, más de la mitad del mercado global de plataformas electrónicas, y junto a las chinas Alibaba y Tencent, más de dos tercios. Aunque las grandes empresas telefónicas colecten los datos –y los puedan usar para sus negocios– la mayoría, como Telcel y Telmex, contratan servicios de las anteriores.

Peor aún, varios niveles de gobierno, desde el federal a estados y municipios, albergan los datos electrónicos de parte o todas sus actividades –incluso registros de población o sectores de ésta (como estudiantes, pacientes, derechohabientes de diversos sistemas)– en esas mismas nubes, conectadas a sus plataformas. Dirán que hay regulaciones sobre acceso de éstas a los datos que almacenan, gestionan y/o dan servicio, pero además de muy insuficientes, no pueden controlar realmente lo que hacen estas gigantes. Hay ejemplos de abuso con impactos tremendos, como el de Cambridge Analytica que resultó en la elección de Trump, Macri, Bolsonaro y otros.

Esta nueva forma de organización capitalista se basa en la digitalización en todos los rubros industriales, junto a la plataformización electrónica de relaciones sociales, transacciones de comercio, financieras, compras domésticas y otras. También la instalación de mecanismos cada vez más avanzados de vigilancia dentro y fuera de los hogares, para avanzar en la conexión de todos los aparatos, para conocer –y sugerir, persuadir, empujar– nuestras conductas.

Todo ello ha causado múltiples impactos sociales, económicos, políticos, ambientales, laborales, en la salud; la mayoría negativos. Con la pandemia, la invasión electrónica de nuestra vida y trabajo se expandió enormemente e incorporó masivamente aspectos esenciales como educación, atención de la salud y reuniones de todo tipo.

Aunque la vigilancia con fines de control y represión por parte de gobiernos y autoridades es un efecto extraordinariamente magnificado y facilitado en esta nueva era capitalista, el interés principal de las empresas es la vigilancia de nuestra vida cotidiana para poder influir y manipular nuestras elecciones de consumo, políticas, sociales y educativas.

La extracción y almacenamiento de datos de las personas (además de ciudades, ecosistemas, territorios) que son cruzados con otros registros, manejados e interpretados con algoritmos de inteligencia artificial son una de las principales fuentes de ganancia de las gigantes tecnológicas. Es tan cuantiosa que nueve de las 10 mayores empresas con más alto valor bursátil son tecnológicas, varias con valor de mercado mayor que todo el PIB de México.

Ese lucro se basó en la primera generación de extracción y explotación de nuestros datos.

El siguiente paso fue no sólo vender datos agrupados por segmentos de interés para los anuncios de las empresas, sino vender la predicción y la modificación de las conductas de esos grupos. Para ello, la cantidad y calidad de datos que se puedan agregar y cruzar entre sí –como ubicación geográfica, educación, nivel de ingresos, preferencias de consumo, estado de salud, etcétera, son fundamentales. Por ello han crecido vertiginosamente las industrias de biometría y reconocimiento facial, porque permiten vigilar, interpretar y manipular mejor las emociones, un producto de alto valor para las empresas.

Pese a la alta penetración de esta realidad, la discusión social de los impactos del capitalismo de vigilancia es muy limitada, pero hay un debate importante desde organizaciones y activistas de base (https://tinyurl.com/vwmf4wzb).

Las regulaciones nacionales e internacionales necesarias para controlar y/o prohibir estas actividades, cuestionar los monopolios, etcétera, son ridículamente insuficientes o no existen. Refieren, además, a opciones y derechos individuales, cuando se trata de una explotación global y poblacional a la que necesitamos responder con debates y derechos colectivos. En este difícil contexto, hacer obligatoria la entrega de nuestros datos biométricos –sueño de las gigantes tecnológicas– es una pésima idea.

Por Silvia Ribeiro, Investigadora del Grupo ETC

Organizaciones defensoras reportan 376 desaparecidos durante el paro nacional en Colombia

Las 26 organizaciones pertenecientes a la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada en Colombia exigieron que se active el mecanismo de búsqueda urgente de estos ciudadanos.

 

La Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de Colombia solicitó a la Defensoría del Pueblo activar el ‘Mecanismo de Búsqueda Urgente’ de 379 ciudadanos reportados como desaparecidos durante las manifestaciones del paro nacional en el país.

La Mesa de la Coordinación Colombia Europa-Estados Unidos, integrada por 26 organizaciones sociales, entregó este jueves la base de datos de las personas que aún siguen desaparecidas a la Fiscalía y a la Defensoría para que se activen los protocolos de búsqueda de manera urgente.

“Estamos exigiendo que se active para cada una de ellas el mecanismo de búsqueda urgente de la manera más pronta posible, ojalá antes del próximo lunes, cuando el Comité Nacional de Paro se reunirá con el Gobierno nacional, y en donde el primer punto es la aparición de todas y cada una de las personas que han sido desaparecidas en el marco de las protestas”, indicó el miembro de la Coordinadora Alberto Yepes.

Esta información es obtenida por las Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada por medio de los familiares, amigos, redes y organizaciones asociadas que han registrado estos casos que desde el pasado 28 de abril. A la fecha suman 471 registros que dan cuenta de 379 desaparecidos en el país.

Asimismo, Yepes indicó que muchos de los casos reportados corresponden a personas que son detenidas arbitrariamente por miembros de la fuerza pública, “seguida de una negativa entrega de información por parte de las autoridades”.

“La Unidad de Búsqueda en el marco de sus competencias debe procurar la no repetición de hechos que sucedieron durante el conflicto armado, como la desaparición de las personas. Durante el paro nacional y las movilizaciones sociales la Unidad ha tenido conocimiento de la desaparición de más de un centenar de personas durante esas protestas”, aseguró la directora de la UBPD, Luz Marina Monzón.

En ese sentido, la directora indicó que este mecanismo del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, promueve el diálogo entre las organizaciones defensoras de derechos humanos y las instituciones del Estado, para que se actúe de manera veloz y efectiva ante las desapariciones presentadas en las nueve jornadas de manifestaciones en el país.

De igual manera, la unidad indicó que no entregó ninguna información sobre los desaparecidos a la ‘Mesa de Información de Desaparición Forzada y Homicidios” de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, sino que apoyó a las organizaciones sociales durante el evento, con el que se espera la aparición de estos ciudadanos.

ONU condena el uso “excesivo de la fuerza” en el marco de las protestas en Colombia

Tras varios días de protestas sociales en Colombia, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), rechazó el “uso excesivo de la fuerza” contra los manifestantes en Colombia, quienes salieron a las calles de varias ciudades del país para protestar contra la reforma tributaria y el gobierno de Iván Duque.

Hasta el momento, en el marco del Paro Nacional, se han registrado, al menos 19 muertos, por lo que la portavoz del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Marta Hurtado, envió un llamado de alerta desde Ginebra, Suiza, en el que exhortó a la calma para las próximas manifestaciones.

“Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali en Colombia la pasada noche, cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria, matando e hiriendo a varias personas, según la información recibida”, expresó Hurtado.

7 de Mayo de 2021

Publicado enColombia
. Imagen: EFE

Alarma por la detención de Iván Pavlov, defensor de Navalny

 

En una campaña coordinada en las dos principales ciudades de Rusia, las autoridades allanaron el viernes varias direcciones relacionadas con un abogado de la oposición conocido por su trabajo contra la FSB, la cada vez más asertiva agencia de seguridad del país. Ivan Pavlov, en Moscú para representar al ex periodista Ivan Safronov en un controvertido juicio por espionaje, fue detenido en su hotel a las seis de la mañana. Mientras tanto, a setecientos kilómetros al noroeste en San Petersburgo, comenzaron las redadas en la oficina de su organización legal, el departamento de su familia y un departamento que pertenece a su gerente de TI.

Un colega dijo que Pavlov estaba detenido bajo sospecha de revelar pruebas judiciales secretas. Pero el crimen del abogado parece ser más amplio: irritar al FSB con lo que sus amigos describen como un enfoque "pedante" de la ley. Su detención envía una advertencia clara a otros abogados con la intención de causar dificultades al estado.

Especializado en casos relacionados con inteligencia o espionaje, Pavlov se hizo cargo de los casos más sensibles producidos por el sistema legal de Rusia. Entres sus casos actuales está la representación de las estructuras legales del líder opositor encarcelado Alexei Navalny, que enfrenta cargos de extremismo.

Su defensa del periodista Safronov en particular parece haber llevado a una disputa pública con el FSB. El caso se mantuvo en secreto desde el principio y Safronov aún no recibió una explicación clara sobre los cargos que enfrenta. Pavlov se negó a firmar documentos que clasificaban formalmente los procedimientos, diciendo que los secretos de estado ya estaban cubiertos por las leyes existentes. Dijo que la solicitud equivalía a un intento de amordazar al equipo legal de Safronov.

“Nos están negando la posibilidad de una defensa decente al revelar los aspectos escandalosos del caso”, dijo en ese momento. En comentarios hechos en su página de Facebook, Yevgeny Smirnov, un colega del equipo 29, una asociación de abogados y periodistas rusos que defienden los derechos de los ciudadanos del país a acceder a la información, alegó que Pavlov había recibido varias amenazas directas de los investigadores del FSB que trabajaban en el Caso Safronov advirtiéndole sobre el arresto.

"Le dijeron directamente: te tenemos atragantado y vamos a arrestarte", escribió Smirnov. Quienes conocen a Pavlov lo describen como un “profesional meticuloso”, analítico y con un conocimiento incomparable de la ley.

Grigory Pasko, un periodista militar a quien Pavlov representó en dos juicios de espionaje de alto perfil a fines de la década de 1990 y principios de la de 2000, dijo a The Independent que los investigadores estatales se habían "enojado" con él porque era "muy inteligente". Fue casi "sorprendente" que el FSB hubiera "tardado tanto" en arrestarlo, agregó. "Iván es un matemático capacitado, lo que se puede ver en todos los aspectos de su trabajo", dijo. "No le gusta cometer errores y generalmente no los comete".

Habrían decidido hacerlo ahora por tres razones, sugirió Pasko. En primer lugar, para disuadir al equipo profesional de Pavlov de asumir casos que involucren a las agencias de seguridad. En segundo lugar, para que sirva de pretexto para devolverles el privilegio de nombrar abogados internos en los juicios secretos, esencialmente eliminando la defensa de las salas de audiencias. En tercer lugar, asustar a los abogados independientes en general.

Las agencias de seguridad de Rusia parecen estar operando con mayor libertad tras la victoria declarada del Kremlin en la votación constitucional de julio pasado. Esa votación le dio a Putin las llaves para permanecer en el poder hasta 2036. Desde entonces, y con el envenenamiento, la evacuación, el regreso y el encarcelamiento de Navalny como fondo, el aparato represivo del estado se aceleró. Con una intensidad nunca vista desde los días de la Unión Soviética, las autoridades cayeron con órdenes de allanamiento a las casas de decenas de figuras de la oposición, activistas y periodistas.

La mayoría de los abogados se libraron de intimidaciones directas. Pero en un adelanto  kafkiano de lo que le terminó pasando, Pavlov alertó sobre el inicio de detenciones en la región. Incluso fundó una organización llamada El Club de Praga para defender a los abogados que enfrentaran tales problemas. Pavel Chikov, quien dirige una ONG de defensa legal llamada Agora, dijo que parecía que el estado había decidido ahora "usar el código penal" contra toda la profesión legal.

Más tarde, el viernes, un tribunal se reunió sin Pavlov para decidir los términos de detención de Ivan Safronov, que ya lleva casi diez meses en la cárcel. La ausencia de un abogado defensor no afectó el resultado en particular y un juez aceptó rápidamente la solicitud de la fiscalía de prorrogar la prisión preventiva por dos meses más hasta julio.

Por Oliver Carroll

04 de mayo de 2021

De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Páginal12

Traducción: Celita Doyhambéhère

Publicado enInternacional
Sábado, 01 Mayo 2021 17:41

Colombia: Garantía de muerte

@CristinaRevolt  - vía twitter

Ni el llamado confinamiento declarado para gran parte del país, ni las campañas de pánico por posible infección y muerte por covid-19, como tampoco la efectiva militarización de ciudades como Cali, han sido suficientes para contener el copamiento de calles y avenidas por parte de miles de manifestantes. Una nueva ola de inconformismo toma cuerpo en Colombia, aunque aún no es claro si será desinflada por la decisión presidencial de desmontar parte del articulado impositivo de la pretendida reforma tributaria y llamar a la negociación –renuncia real pero sin reconocerlo de la totalidad del paquete impositivo– de un nuevo texto tributario. Los numerosos asesinados y lesionados, con pérdida de ojos, y golpizas a granel, demandan justicia y evidencian, un vez más, el necesario desmonte del Esmad.

 

¡Represión extrema!, esto es lo que han padecido cientos de manifestantes a lo largo de los días 28-29-30 de abril en las distintas ciudades de Colombia, con la ejecución, incluso, de una masacre en la ciudad de Cali con la afectación directa de sus sectores populares y de clase media.

En la capital del Valle del Cauca, un alzamiento liderado por cientos de jóvenes sorprendió al poder nacional y local, quien lo único que logró hacer fue atacarlos con total violencia. Entre los días 28-29 perdieron la vida 3 personas, entre ellas Marcelo Agredo[1], joven de 17 años, en el punto conocido como Puerto Resistencia (Cali), Juan Diego Perdomo 20 años (Neiva) al parecer por paro cardiaco.

El día 30 otras siete perdieron la vida y 7 denuncias más por asesinato están en verificación. Entre los verificados figuran: Einer Alexander Lazo –pensionado de la policía–, Jovita Osorio, docente infantil (muerta por asfixia, al caer al interior de su casa gases lacrimógenos), Daniel Felipe Azcárate, Julia Navarrete, Rosemberg Duglas, habitantes de los barrios Calipso, El Diamante, Sindical y el Paso del Comercio.

Por su parte el Personero de la ciudad, Harold Andrés Cortés, certificó el asesinato de 3 personas y el uso desmesurado de la fuerza por parte de la Policía.

Al tiempo que así actuaban, se intenta infiltrar la protesta y hacerla pasar como “vándalos” y “saqueadores”, pero hasta ahora no logran su propósito, a pesar de sí confundir sobre el verdadero motivo y carácter de la protesta con imágenes de medios de comunicación donde dan más realce a los saqueos que a la amplia protesta ciudadana. Pero, como quedó registrado por decenas de personas, los propios activos de la protesta lograron recuperar parte de lo hurtado y regresarlo a sus propietarios.

Bogotá 28 de abril de 2021.

También quedó evidente para decenas de personas, como algunos saqueadores que habían sido aprendidos in fraganti por manifestantes y entregados a la policía, fueron minutos después dejados en libertad. ¿En realidad eran infiltrados? Lo actuado por las “autoridades” así lo confirma. Una actitud de pretender deslegitimar la protesta que también queda evidente en los varios uniformados que han quedado en registro visual cambiando sus trajes de batalla por ropa de particulares, para así vincularse a las filas de los inconformes. Personajes que también actúan como civiles desde motos y automotores.

Veedores de derechos humanos, como James Larrea, integrante de redes de Derechos Humanos del suroccidente del país y en diálogo con desdeabajo, acusan la existencia de una maquinación macabra detrás de estos sucesos.

No es raro que así fuera, ya que el control de las unidades policiales de la ciudad, junto a otras 4 mil trasladadas desde distintos sitios del país, entre ellos 300 soldados, quedaron bajo el mando del Ministro de Defensa y altos oficiales de la Policía que instalaron un Puesto de Mando en Cali, ejecutando un efectivo “golpe de Estado” al alcalde de la ciudad quien en efecto quedó relegado y sometido a la visión de fuerza impuesta por el establecimiento.

Una visión de mando represiva que concreta lo indicado por el adalid del autoritarismo en el país, el innombrable, quien reclamó el derecho de los uniformados de utilizar sus armas de fuego para defenderse. Desnuda así, una vez más, esa concepción arrasadora de los derechos humanos y del derecho internacional, lo que permite apreciar, sin tapujo alguno, como entiende, no solo él sino un importante segmento del establecimiento, “la democracia”. Mano armada, con “derecho a utilizar las armas de fuego” que ya tiene regado su testimonio por varios barrios de la ciudad, al igual que lo sucedido en Bogotá entre el 9 y 11 de septiembre de 2020.

Entre la dignidad y la indignidad

Miles de voces se alzaron en Cali y lograron ser escuchadas. Protestan contra la pretensión de reforma tributaria, pero también por vida digna. Al mirar de cerca lo allí ocurrido desde el 28A y hasta el día 30, es claro que hay dos sectores en confrontación: por un lado, la mal llamada ‘fuerza pública” (fp) y por otro centenares de jóvenes. Una disputa desigual, ya que unos van blindados con armas de fuego, bombas aturdidoras y cientos de bombas de gases lacrimógenos, concreción de una guerra química que dicen está prohibida por los convenios internacionales; mientras los otros van desarmados, aunque profundamente indignados con un gobierno que si bien cedió migajas de una reforma tributaria que extrema la pobreza de millones, aún se mantiene en una postura que miles de manifestantes desaprueban.

 

Loma de la Cruz, Cali, 1 mayo de 2021

 

En esa desigual disputa los muertos, violentados, reprimidos y negados en sus derechos fundamentales son los sectores populares. Así lo atestigua James Larrea, quien denuncia la muerte comprobada de varios ciudadanos, con temor que la cifra ascienda a 7 e incluso hasta 14 víctimas, o mucho más, 120 heridos, 3 desaparecidos, 84 detenidos, algunos de los cuales ya recobraron su libertad, y las golpizas y manoseo a que fue sometida Diana Fernanda Díaz por parte de efectivos del Esmad.

En el caso de los desaparecidos, que están en comprobación, hay sospecha de tal proceder con la ilegal retención de una joven por “entes de la fuerza pública” que la subieron a una camioneta roja de platón, para luego, ante la presión ciudadana que con registros telefónicos daba cuenta del hecho, dejarla libre. Una vez en libertad, sin ocultar el pánico vivido, comentó que fue amenazada. Como puede deducirse, se trata de un terrible síntoma que deja entrever las oprobiosas irregularidades en las que opera la Policía Nacional para reprimir e infundir miedo.

Arrestos, así como golpizas y otros vejámenes en la humanidad de los manifestantes, denunciados tanto por defensores de derechos humanos, pero también por el senador por el Polo Democrático Wilson Arias, quien increpa a oficiales de policía para que suelten a las víctimas de estos atropellos en la ciudad de Cali, como quedó registrado en video.

(https://www.facebook.com/watch/?v=1167471867015797)

 Asumiendo la resistencia

Son jóvenes de todas las comunas, movilizados en operación avispa y convicción y disposición para defenderse ante el Esmad, cuya sola aparición les enerva y les hace brotar el odio acumulado en los sectores populares contra la policía en general –“la cara amable del poder”– que los persigue, amenaza, chantajea, les cobra vacuna, los apresa y violenta.

Su convicción de protesta procede de un acumulado de negaciones de derechos, (educación, recreación, salud, alimentación, vivienda, trabajo) así como por la persecución por parte de los uniformados que pretenden disciplinarnos a golpe de bolillo, cuando no de manera más ruda.

Una juventud que toma la batuta de la resistencia social y asume su rol en el tablero de acciones, con las movilizaciones como principal medio de acción, con manifiesta desconfianza ante todas las instituciones y con decisión de confrontación, si así lo deciden desde el el puesto de control y mando liderado por el jefe de la cartera de Defensa y la alta oficialidad uniformada.

Del puente para allá…

Más allá de la capital vallecaucana, en la región del Valle del Cauca se vivieron el día 29 y 30 de abril bloqueos en Yumbo, Jamundí, Villa Rica y La Delfina (vía a Buenaventura), donde los pobladores tomaron la decisión de no ocultar más su descontento con el actual gobierno y recibieron, como respuesta los ataques violentos del Esmad.

Con la ciudad y la región prácticamente militarizada, y con la decisión oficial de llenar los calabozos de presos, la policía dispuso como sitio inicial de reclusión el coliseo Las Américas. Al tiempo que esto sucede, los equipos humanos defensores de derechos humanos han quedado enfrentados a obstáculos de todo tipo para poder ejercer su función.

¿Qué ocultan quienes persiguen, golpean, gasean, disparan…? Es el cuestionamiento que realizan estas organizaciones veedoras de los derechos humanos pues se han visto imposibilitadas en el ejercicio de su labor con efectividad, ya que la Personería de la ciudad pretende ejercer un rol “garante” de los derechos humanos, aunque es parte de la misma alcaldía, lo que la ubica en una posición manifiesta de conflicto de intereses, que de entrada ya la inhabilita para cumplir con las funciones de organizaciones externas e imparciales.

Por otras geografías

Tres días durante los cuales la inconformidad social ha dejado huella por diversas ciudades del país, y de lo cual hay testimonio en infinidad de videos que circulan por las redes sociales, pero también, en las voces de sus protagonistas, los cuales han tenido que enfrentar la acción violenta de la llamada ‘fuerza pública’.

En Bello (Antioquia), por ejemplo, sector Niquia, decenas de manifestantes bloquearon el paso de la autopista Norte y dieron cuenta de un peaje allí instalado y que la ciudadanía llevaba meses pidiendo que lo retiraran. Rechazar el peaje, es rechazar la real privatización de las vías públicas, como sucede en ciudades como Cartagena y como también lo pretenden en otras ciudades del país.

En Pasto, por su parte, las manifestaciones de inconformidad también han dejado testimonio. Su magnitud se refleja en la disposición del disponer el coliseo del Barrio Obrero para llevar allí a los apresados.

En el departamento del Cauca, distintos municipios vivieron jornadas de resistencia, entre ellos Popayán, Santander de Quilichao y Puerto Tejada.

En Bogotá, bloqueos se vivieron a lo largo y ancho de la ciudad, con puntos como Suba, la avenida ciudad de Cali con Américas, la autopista norte a la altura de la 170, Yomasa, y otros muchos.

En la parte central de la ciudad también se han realizado mítines, en uno de los cuales perdió una de sus ojos Leidy Natalia Reyes al ser impactada por un disparo proveniente de una de las armas usadas por el Esmad.

Un resumen de la violencia desplegada por los “defensores del orden”, indica que:

El 28 A: 286 personas fueron detenidas en Cali, Bogotá, Yopal, Neiva, Ibagué, Pasto, Villavicencio y Barranquilla. 6 perdieron la vista por dispararon del Esmad; 105 resultaron heridas, etnre ellas 4 por tiros de arma de fuego.

En Medellín: sufrieron detención arbitraria 159 personas, al tiempo que se denuncian 226 agresiones a manifestantes, defensores de dd.hh y colectivos de prensa.

Por su parte la Fiscalía General de la Nación realizó el día 28 nueve allanamientos y capturó 14 jóvenes en Bogotá, Cali e Ibagué.

El día fueron 30 detenidos 4 defensores de DD.HH en Pasto, ciudad donde fueron capturas y llevadas al Coliseo del Barrio Obrero, 150 personas entre ellas varios menores de edad.

En camino

El gobierno Duque está al desnudo. Su carácter violento y represivo no aguanta más ocultamiento. Tampoco su decisión de gobernar a favor de los ricos. Un gobierno que no escucha ni concreta, que no quiso escuchar la infinidad de voces que le demandaron no presentar la reforma tributaria, las mismas voces que han demandado la implementación de una política económica y social de emergencia para que el pueblo colombiano tenga como afrontar la crisis económica que lo golpea, la que sume a miles de hogares en pobreza, así como otros muchos en miseria.

Pero la soberbia del poder pueda más que la realidad, de la cual los recientes informes de instancias oficiales como el Dane han dado cuenta al confirmar la realidad de un 30 por ciento de la población colombiana que ahora no tiene el dinero indispensable para surtir sus hogares con los alimentos necesarios para procurarse las tres comidas del día. Informes que también confirman que 3,6 millones de connacionales ingresaron en estos meses en pobreza monetaria.

Para unos y para otros son insuficientes los pírricos subsidios condicionados destinados por el gobierno; para ellos, como para un total de 30 millones de colombianos la situación económica es tal que es obligatorio aprobar una renta básica extraordinaria, no condicionada, equivalente a un salario mínimo mensual.

¿Tendrá ahora oídos abiertos este gobierno para dar el giro necesario a su política económica, social, de derechos humanos, guerrerista, negacionista del conflicto y del acuerdo de paz firmado con la insurgencia?

 

[1] Joven que fue impactado con varios disparos por haberle propinado un puntapié a una moto policial, como lo registran videos que muestran al efectivo accionando su arma.

Los datos referenciados son de: https://twitter.com/Coljuristas/status/1388577837276348418?s=20

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