Martes, 04 Octubre 2016 06:13

Crece la resistencia negra en Brasil

Crece la resistencia negra en Brasil

El 25 de agosto se publicó el “Mapa de la Violencia 2016” dedicado a los homicidios con armas de fuego en el año anterior, con datos que resultan nuevamente abrumadores. El estudio se elabora anualmente desde 1980 y constata que entre ese año y 2014 murieron en Brasil casi un millón de personas por disparos con armas de fuego (967.851). El primer relevamiento, tres décadas y media atrás, arrojó 8.710 personas muertas, que crecieron hasta 44.861 en 2014. Aún considerando el crecimiento de la población, les escalada es impresionante.


La evolución de los homicidios indica que entre 1980 y 2004 hubo un crecimiento sostenido que se frena ese último año –cuando se adoptan medidas de control de armas de fuego- y vuelven a crecer en 2012, cuando se dispara la crisis social y política en el país. Las diferencias raciales son tremendas: mueren 36 negros cada cien mil habitantes, mientras las muertes de no negros son menos de la mitad, 15,2.


En 2012 se registra, además, un importante crecimiento de los escuadrones de la muerte y una creciente legitimación de la represión policial a través de las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) en las favelas de Rio de Janeiro. El papel de la Policía Militar es nefasto, siendo una de las grandes responsables de los asesinatos de negros, al punto que las Naciones Unidas recomendaron la supresión de la Policía Militar, cuerpo que se considera no reformable.


Por regiones, el Nordeste pobre y negro marcha a la cabeza de muertes por homicidios, mientras el sureste blanco y de clases medias muestra índices decrecientes de violencia. En todo el país, el 94% de las víctimas son hombres negros jóvenes. En el período 1980-2014 el crecimiento de las muertes violentas de jóvenes fue de 700%. Actualmente más de la mitad de los homicidios son de menores de 30 años. Peor aún: en el mismo lapso las muertes violentas de blancos cayeron un 26% mientras las muertes violentas de negros crecieron un 47%. Mueren 2,6 veces más negros que blancos.


No todas las personas tienen acceso a armas de fuego. En Brasil la población blanca tiene ingresos 75% superiores a las no blancas. Los sectores privilegiados tienen una doble seguridad, pública y privada, mientras los habitantes de las periferias tienen apenas la “seguridad” que les ofrece la Policía Militar.


Hamilton Borges, inspirador y organizador de la campaña Reaja ou será morta, Reaje ou será morto (Reaccina o serás muerta, reacciona o serás muerto) sostiene que “nosotros mismos debemos construir las salidas para los problemas que nos consumen”. Lo dice en referencia a la infinita cantidad de ONGs que lucran con los dolores de la pobreza, la violencia racista y machista.


Se dirige a sus hermanos negros para que dejen de usar armas, ya que una parte considerable de los homicidios se producen por enfrentamientos entre pobladores negros: “Necesitamos fortalecernos entre nosotros porque el enemigo de ojos azules se fortalece cada vez que usted dispara a su hermano, cada vez que se dobla ante el patrón del partido, del barrio rico, del gobierno y la entidad que nos financia con migajas”.


La campaña Reaja sale a las calles para enfrentar el racismo y la violencia policial, a la vez que toman distancia y denuncian el circo electoral que vive el país, con motivo de las elecciones municipales y de los gobiernos estaduales de octubre. La campaña nació en el estado de Bahia, donde la policía asesina diariamente habitantes de las favelas y barrios periféricos, hace once años y se define como una organización política panafricanista, nacionalista negra, quilombola* y de acción comunitaria. Todos los años organizan una Marcha contra el Genocidio del Pueblo Negro, apoyan las organizaciones de solidaridad con los presos y se solidarizan con las luchas populares.


Uno de los aspectos más interesantes de esta nueva militancia de base negra, es el apego al trabajo comunitario de base y, como señala Borges, “nos negamos a cualquier artificio mental para ennegrecer las estructuras blancas a nuestro favor, porque tenemos nuestras propias estructuras de política, de pensamiento y de historia”.


Andreia Beatriz Silva dos Santos, médica y militante, coordinadora de la campaña Reaja, dijo en la marcha de 2014: “Lo que la gente está queriendo, mediante estas movilizaciones del pueblo negro y de la lucha por defender la vida, es fortalecer las voces que han sido brutalmente silenciadas por la violencia”.


Se trata de una nueva generación de hombres y mujeres de las periferias y las favelas, con mayor formación y acceso a la información, con conocimiento más profundo de la realidad negra, del país y del mundo. Por todo eso y por la ética que encarnan, colectivos como Reaja, están cambiando el lugar de la población negra en un país profundamente racista como Brasil. El actual avance de la derecha es, entre otras cosas, una reacción al creciente poder del pueblo negro.


*Habitantes de los quilombos o palenques.

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70 años del veredicto del juicio de Nuremberg, el inicio del derecho internacional moderno

Desde un punto de vista histórico, la sentencia es el principio de una nueva era del derecho


El 1 de octubre de 1946, la prensa española celebraba que Francisco Franco cumplía diez años como jefe del Estado, y una gran foto del dictador ocupaba las portadas. Pero ese día ocurrió un hecho trascendente, que se anunciaba en las páginas interiores: el Tribunal de Nuremberg dio a conocer la condena de los juicios que llevaron al banquillo a los principales jerarcas nazis capturados tras la II Guerra Mundial; un veredicto que sentó las bases del derecho internacional que se ha desarrollado posteriormente.


Hace setenta años, el tribunal dictó doce penas de muerte, tres cadenas perpetuas, dos de veinte años de reclusión, una de quince y otra de diez. Un acusado fue declarado incapaz de soportar el proceso y tres fueron absueltos. Pero cara a la historia lo más relevante no era el veredicto, sino que Nuremberg es el principio de una nueva era del derecho. José Ricardo de Prada lo explica así: “Hay algunos precedentes, pero es el comienzo, donde hay una toma de postura. Nuremberg lo pone en negro sobre blanco y da inicio al derecho internacional”. De Prada sabe de qué habla: es magistrado de la Audiencia Nacional; especialista en derecho internacional y de los derechos humanos; ha sido juez internacional en la Sala de Apelaciones de Crímenes de Guerra de Bosnia y ahora participa del llamado mecanismo residual para Tribunales Internacionales Ad Hoc, que se encarga, por ejemplo, de la apelación de Radovan Karadzic.


El 1 de octubre de 1946, España era un país en ruinas al sur de un continente devastado por una contienda que alcanzó unas proporciones inimaginables, no sólo por las bajas en combate, sino por las atrocidades cometidas contra la población civil. La saña alcanzó límites desconocidos hasta entonces, de los que no se tuvo conciencia hasta años después, como ocurrió con el Holocausto. Las potencias vencedoras decidieron juzgar a los responsables de la barbarie. A los que se pudo. Hitler y Himmler se habían suicidado, pero aún así quedó un ramillete de nazis a los que pedir responsabilidades, como Hermann Göring o Rudolf Hess.


En realidad, Nuremberg es un conjunto de trece procesos, pero este es el más relevante. En primer lugar, porque fue donde se encausó a los máximos dirigentes nazis en manos de los aliados. Luego, porque fue el único para el que se conformó un tribunal internacional, compuesto por jueces de las potencias vencedoras, mientras que los otros fueron nacionales.


El juicio arrancó el 20 de noviembre de 1945 y se prolongó durante 218 días; declararon 236 testigos, se vieron imágenes de los campos de concentración y se exhibieron pruebas espantosas, como la cabeza de un prisionero asesinado reconvertida en pisapapeles. A lo largo de las jornadas, los acusados permanecieron impasibles cuando no jocosos ante las evidencias que desfilaban por la sala. Uno de los pocos que mostraron arrepentimiento fue Baldur von Schirac, exlíder de las juventudes hitlerianas. Su nieto, Ferdinand von Schirac, es hoy un reputado abogado y escritor.


La historia es conocida. Dos de los procesados se suicidaron para esquivar el cadalso, Göring y Robert Ley (jefe de organización del partido nazi). El resto de los condenados a muerte fueron ahorcados el 16 de octubre; sus cuerpos, incinerados y sus cenizas, esparcidas en un río. Pero lo trascendente de Nuremberg no es eso, sino su herencia. Según De Prada, “son los instrumentos a los que da lugar, como los convenios internacionales sobre Genocidio de 1949 o el de Ginebra de 1959; los tribunales de las guerras de la antigua Yugoslavia o Ruanda, que son para situaciones concretas y ocurridas durante las contiendas. Y finalmente, la Corte Penal Internacional del año 2000”.


Europa no se convirtió en un parque temático de los derechos humanos tras la II Guerra Mundial. La lectura de obras como Postguerra, de Tony Judt (Santillana, 2006), o Continente salvaje, de Keith Lowe (Galaxia Gutenberg; 2012), describen perfectamente lo ocurrido, especialmente en el Este, con deportaciones masivas de población y crímenes colectivos por motivo de raza, nacionalidad o creencias políticas. O lo que hizo Stalin. Y en las guerras que se desarrollaron en los Balcanes entre 1991 y 1999 volvimos a contemplar imágenes de campos de concentración que nos devolvían al nazismo y supimos de matanzas que evocaban el pasado reciente.


Pero con Nuremberg se sentaron las bases de un derecho internacional moderno, con las cuales, por ejemplo, ha sido posible perseguir a Pinochet o a Videla. Es cierto que la Corte Penal Internacional aún es una mesa a la que le faltan patas, pero ahora por lo menos, gracias a este proceso, hay un lugar donde dejar los papeles. Tras Nuremberg se ha desarrollado una doctrina mundial y conceptos como genocidio o crímenes contra la humanidad han llegado a los códigos penales para quedarse.


Nuremberg fue el punto de partida de una nueva era del derecho, y un recurso para recordar que hasta la inhumanidad inherente a la guerra tiene una frontera que no puede cruzarse.

 

Santiago Tarín, Barcelona
01/10/2016 02:19 | Actualizado a 01/10/2016 11:24

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Viernes, 30 Septiembre 2016 06:05

Un retroceso de cien años

Un retroceso de cien años

La entonces Unión Soviética fue el primer país del mundo en legalizar la interrupción del embarazo. La práctica está naturalizada en la sociedad rusa, pero ahora el patriarca de la Iglesia Ortodoxa logró que se instalara una discusión sobre su posible prohibición o limitación.

 

Casi un siglo después de que Rusia se convirtiera en el primer país del mundo en legalizar el aborto, el debate sobre la prohibición o limitación de una práctica plenamente naturalizada en la sociedad ahora emergió con fuerza.


El patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa, Kiril, abrió la discusión al firmar el martes una petición para prohibir totalmente el aborto en el país, un texto promovido por dos organizaciones llamadas “provida” y religiosas que ya recabaron 300.000 firmas.


Aunque posteriormente su portavoz matizó que el patriarca firmó el documento –que pide defender por ley la vida del embrión– “para llamar la atención sobre la magnitud del problema” y aseguró que la posición de la Iglesia Ortodoxa es que se debe excluir el pago del aborto por la seguridad social, el debate ya estaba instalado.


“No es posible hacer frente a tal cantidad de abortos simplemente prohibiéndolo. Hay que cambiar la relación de la sociedad hacia esa practica, la idea de que es una simple operación quirúrgica”, dijo la senadora Elena Mizulina. Y recordó que ya fue remitido a la Duma, la cámara baja rusa, hace un año, un proyecto de ley para excluir el aborto del seguro médico obligatorio.


Sin una estadística clara –las cifras oficiales hablan de entre uno y dos millones de abortos al año– el hecho es que desde su despenalización en 1920 en la Rusia soviética, la interrupción voluntaria del embarazo se convirtió en una intervención médica habitual para las mujeres. La ausencia de una educación sexual y, sobre todo, de métodos anticonceptivos en la Unión Soviética, llegó a convertir el aborto en el único método de planificación familiar, y según las estadísticas oficiales las mujeres rusas se someten a una media de dos abortos a lo largo de su vida.


“El aborto en Rusia es tan fácil como comprar una botella de vodka”, llegó a decir Mizulina en 2013, en su calidad entonces de presidenta de la comisión para la Familia, la Mujer y la Infancia de la Duma. Fue entonces cuando se aprobó una ley para prohibir la publicidad del aborto, en un primer paso para incentivar la natalidad y revertir el alarmante envejecimiento de la población.


Según la legislación vigente, el aborto es libre y gratuito hasta las 12 semanas de la gestación, y sólo está sujeto “a la voluntad de la mujer”. El plazo se amplía hasta las 22 semanas “en caso de enfermedad grave, viudez, minoría de edad, pérdida de trabajo o vivienda, falta de recursos económicos para mantener al niño, violación” y otra media docena de supuestos.


La ley señala, además, que “en caso de prescripción facultativa, el aborto se realiza en cualquier momento de la gestación” y “el Estado se hace cargo de todos los gastos derivados del aborto”.


“En todo el mundo civilizado hay pronunciamientos en contra del fenómeno del aborto, y nosotros apoyamos esa posición. Pero esta cuestión exige un enfoque sistémico”, señaló, por su parte, Anna Kuznetsova, recién nombrada defensora de los derechos del menor. No es la primera vez que Kuznetsova se pronuncia respecto a esta cuestión de manera polémica: en 2009 afirmó en una entrevista que “el aborto es una fuerte conmoción para los futuros hijos, porque las células uterinas recuerdan el miedo del feto antes del aborto: recuerdan la muerte”.


También intervino esta semana en el debate la viceprimera ministra Olga Golodets, quien consideró que una disminución del número de abortos tendría un impacto positivo en la demografía, aunque igualmente abogó por una decisión “sopesada” y “equilibrada”. “Primero hay que eliminar las causas que llevan a la mujer a interrumpir el embarazo. Estamos desarrollando estos programas, trabajamos en ellos permanentemente”, afirmó.


La ley estipula un período de dos a siete días para que la mujer pueda reconsiderar su decisión de interrumpir su embarazo, durante los cuales “en la policlínica se trata de convencer y ayudar a la mujer”, recordó Golodets.


Quien se mostró radicalmente contrario a la prohibición del aborto es el líder ultranacionalista Vladimir Zhirinovski, que consideró que “si los prohibimos, se harán de forma clandestina, y la que va a salir ganando es la mafia médica”. “Si se votara hoy para prohibir el aborto, el PLDR (Partido Liberal Democrático de Rusia) votaría en contra. Estaremos categóricamente en contra de esta ley”, aseguró el histriónico político, conocido por sus frecuentes salidas de tono y comentarios machistas.


El portavoz presidencial, Dmitri Peskov, consideró, al ser preguntado por los periodistas, que no es tarea del Kremlin inmiscuirse en este debate, y sobre la posición de la Iglesia Ortodoxa, con estrechos vínculos con el Gobierno de Vladimir Putin, solo dijo que “existen distintos puntos de vista”.

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Maribel Tellado: "La prohibición del aborto obliga a muchas mujeres a elegir entre la muerte o la cárcel"

Hay nueve países que criminalizan el aborto sin excepciones y siete de ellos están en América Latina. 47.000 mujeres embarazadas mueren cada año por tratar de abortar al margen de la ley. La experta en Género de Amnistía Internacional España insiste en que "las decisiones sobre el cuerpo de las mujeres no deben tomarlas políticos ni jueces"

 

El Parlamento polaco dio el visto bueno el pasado viernes a una iniciativa popular para castigar el aborto con penas de cárcel y permitirlo únicamente cuando la vida de la madre esté en peligro. Un día después, miles de personas se manifestaban en Dublín para reclamar al Gobierno que plantee en un referéndum la modificación de su ley que, como la polaca, sólo prohíbe la interrupción del embarazo excepto si hay riesgo para la madre.

Por noticias como éstas, cada 28 de septiembre se celebra el Día de Acción Global por la despenalización del aborto. Fue una de las conclusiones del Encuentro de Feministas Latinoamericanas celebrado en Buenos Aires en 1990 y su objetivo es lograr que el aborto sea regulado como derecho para frenar la mortalidad materna, los riesgos para la salud de las mujeres asociados a los abortos clandestinos y evitar los procesamientos de mujeres y profesionales sanitarios por esta causa. El Movimiento Feminista de Madrid ha convocado una manifestación para este miércoles a las 19.30 horas que saldrá de la Glorieta de San Bernardo y llegará al Ministerio de Justicia.
La experta en Derechos Sexuales y Reproductivos de Amnistía Internacional España, Maribel Tellado, advierte de que de las leyes más restrictivas están "obligando a dar a luz a niñas violadas y a que mujeres con enfermedades incompatibles con el embarazo deban elegir entre morir o pasar años en la cárcel".
¿En qué países está prohibido y penado el aborto? ¿Dónde hay leyes más restrictivas?
Según el informe anual 2015/2016 de Amnistía Internacional, hay nueve países en el mundo que criminalizan el aborto sin excepciones expresas. Siete de ellos, están en América Latina y Caribe: El Salvador, Nicaragua, Chile -aunque la Cámara de Diputados aprobó en marzo la despenalización del aborto en tres causales (peligro de la vida de la madre, malformación fetal y violación), la iniciativa todavía tiene que ser aprobada por el Senado-, Honduras, República Dominicana, Surinam y Haití. Los otros dos son El Vaticano y Malta.

El Salvador, por ejemplo, establece largas penas de cárcel para mujeres y niñas, que pueden llegar a ser acusadas de “homicidio agravado” por haber sufrido un aborto espontáneo. En la práctica, esto supone obligar a dar a luz a niñas violadas, y a que mujeres con enfermedades incompatibles con el embarazo deban elegir entre morir o pasar años en la cárcel.

Aunque América Latina concentra los países con las leyes más restrictivas, países como Marruecos también siguen penalizando el aborto. Sólo está permitido en aquellos casos en los que existe riesgo para la salud de la madre y, además, está sujeto al consentimiento del cónyuge, por lo que se impide que la mujer tome una decisión autónoma. Salvo la excepción del peligro para la salud materna, las mujeres y niñas que tratan de abortar se arriesgan a ser condenadas a un máximo de dos años de prisión, mientras que los profesionales médicos pueden ser encarcelados hasta un máximo de 30 años (artículos 449-452 y 454-458 del Código Penal). Hace un año, las autoridades marroquíes afirmaron que el acceso al aborto se ampliaría a los casos de lesiones graves del feto o de embarazo resultado de violación o incesto, pero el Gobierno no ha dado a conocer todavía el proyecto de modificaciones del Código Penal a este respecto.
Como dice, Chile dio un paso histórico permitiendo el aborto en tres supuestos. Sin embargo, en América Latina este asunto sigue siendo una asignatura pendiente. ¿Cuál es el panorama actual, ha habido avances o retrocesos?
El panorama actual continúa siendo desolador ya que la mayor parte de las regiones de América Latina y Caribe navegan a contracorriente en la despenalización del aborto. Además de El Salvador, en Nicaragua, por ejemplo, tampoco se reconoce el aborto en caso de violación. En este país, la mayoría de las víctimas de violencia sexual son menores de 17 años, mayoritariamente niñas de entre 10 y 14 años, que se quedan embarazadas a causa de una violación y tienen que llevar a término el embarazo o someterse a un aborto ilegal y no seguro, corriendo el riesgo de ser encarceladas si son descubiertas.

Pero incluso en los demás países de la región, que tienen leyes más o menos restrictivas, la falta de regulación del aborto no punible hace que permanentemente surjan dudas sobre la legalidad de esta práctica y un estigma contra quienes buscan y practican estos abortos permitidos por ley.

En Paraguay, por ejemplo, en agosto de 2015, una niña de 11 años que quedó embarazada tras ser violada en repetidas ocasiones -aparentemente por su padrastro- dio a luz, lo que es un trágico recordatorio de la necesidad urgente de que Paraguay revoque su estricta ley sobre el aborto. La terrible historia de esta niña ilustra lo que está mal en cuanto a los derechos humanos de mujeres y niñas pobres y marginalizadas en Paraguay.

En Argentina se produjo un paso hacia adelante el pasado mes de agosto cuando la corte Suprema de Justicia de la provincia de Tucumán ordenó la libertad de Belén, condenada a ocho años de prisión por haber sufrido un aborto espontáneo y que llevaba más de dos años en prisión preventiva.
Polonia acaba de recrudecer su ley con penas de cárcel a las mujeres que interrumpan su embarazo excepto si sus vidas corren peligro. ¿Cómo está la situación en Europa? ¿Cree que podemos darnos por 'satisfechos'?
No, todavía queda mucho por hacer. En Irlanda, por ejemplo, la nueva Ley de Protección de la Vida durante el Embarazo castiga el aborto con condenas de prisión de hasta 14 años. Esto pone de manifiesto que se están cuestionando los derechos de mujeres y niñas a expresar su sexualidad y a tomar decisiones sobre su cuerpo. Un dato: cada día, entre 10 y 12 mujeres que viven en Irlanda viajan a Inglaterra para abortar. La mayoría tiene entre 20 y 34 años. Interrumpen su embarazo por diversas razones, pero el motivo de su viaje es el mismo.

En este sentido, en junio de este año, se dio un gran paso: el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió una resolución en la que declaraba que las leyes irlandesas que prohíben el aborto violaron los derechos de Amanda Mellet, ciudadana con doble nacionalidad irlandesa y estadounidense, a quien en 2011 negaron el aborto a pesar de que se le había diagnosticado una anomalía mortal del feto. La denuncia ante el Comité de Derechos Humanos la había presentado en noviembre de 2013 el Centro de Derechos Reproductivos en nombre de Amanda Mellet. Es la primera vez que un órgano internacional de derechos humanos concluye que un Estado ha violado sus obligaciones en materia de derechos humanos por penalizar y prohibir el aborto. Una decisión pionera para Irlanda, que tiene consecuencias mundiales de largo alcance.
Desde el año pasado, España obliga a las menores de 18 años y a las mujeres con discapacidad intelectual a obtener el consentimiento de su padre, madre o tutor para abortar. ¿Qué le parece?
Tanto el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer como el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Cuestión de la Discriminación contra la Mujer en la Legislación y en la Práctica instaron a España a no restringir el acceso de mujeres y niñas a estos servicios. Asimismo, el Comité de Derechos Humanos recomendó a España que se asegurara de que ninguna barrera legal obligaba a las mujeres a recurrir al aborto clandestino, que ponía en peligro su vida y su salud.

Para Amnistía Internacional, se trata de una regulación que no está basada en criterios médicos y, por lo tanto, puede suponer una discriminación en el acceso de estas menores a servicios de aborto legales y seguros.
¿Qué supone para las mujeres y para la sociedad en general vivir en un país donde esté prohibido abortar?
En estos países, las mujeres y las niñas pagan un elevado precio por las restricciones impuestas al aborto legal y seguro. El precio es su salud, su bienestar e incluso su vida (por peligros asociados al embarazo o por suicidio). Además, en muchos casos se enfrentan a penas de cárcel y, en términos sociales, a un estigma que les persigue el resto de su vida.

También sus familias se ven afectadas. A menudo, hijos e hijas de mujeres encarceladas en virtud de estrictas legislaciones contra el aborto se enfrentan a dificultades económicas y se ven privados del contacto con sus madres.

De acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, todos los Estados deben garantizar la ausencia de discriminación y la igualdad en el disfrute de los derechos sexuales y reproductivos. Para ello tienen que eliminar la discriminación en las leyes, en políticas y prácticas, y no sólo por parte de los agentes del Estado, sino también por parte de organizaciones privadas y particulares tales como familiares, profesionales médicos o líderes religiosos.

Las decisiones sobre el cuerpo y la salud de las mujeres deben tomarlas las propias mujeres en consulta con sus médicos, no políticos ni jueces.
¿Qué riesgos suponen y cómo se practican los abortos clandestinos?
47.000 mujeres embarazadas mueren cada año por complicaciones derivadas de abortos en condiciones de riesgo.

Según un informe que realizamos en El Salvador, algunos de los métodos más habituales que utilizan las mujeres y las niñas para poner fin a un embarazo son: ingerir raticida u otro pesticida, introducir por el cuello del útero agujas de tejer, trozos de madera y otros objetos cortantes y tomar misoprostol, un medicamento para la úlcera que se utiliza mucho para inducir el aborto.

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Miércoles, 28 Septiembre 2016 07:03

Comunicación con perspectiva de género

Comunicación con perspectiva de género

Alba Fajardo sostiene que la perspectiva de género es una opción política y ofrece una serie de sugerencias para el tratamiento periodístico en los medios de comunicación.


Existen muchos errores en las noticias que hablan sobre violencia hacia las mujeres: imprecisión de datos revelados; falta de dimensión ética; enfoque sensacionalista, descripción excesiva del desarrollo del crimen (usados la mayoría de las veces para dar ambiente de crónica al artículo); falta de contextualización y de perspectiva de género a la hora de comunicar.


¿Qué es la comunicación con perspectiva de género? La doctora en Comunicación Social, María Florencia Cremona, que estuvo a cargo del “Seminario interdisciplinario comunicación y género” en la Universidad Nacional de La Plata señala que: “La perspectiva de género es una opción política para develar la posición de desigualdad y subordinación de las mujeres en relación a los varones. Pero también es una perspectiva que permite ver y denunciar los modos de construir y pensar las identidades sexuales desde una concepción de heterosexualidad normativa y obligatoria que excluye”.


Es decir, que al escribir se debe favorecer la igualdad entre los géneros y la eliminación de estereotipos que afecten la dignidad o que marquen la supremacía de uno sobre el otro. Ejemplos donde hace falta esta dimensión hay muchos. El diario popular de Chile, La Cuarta, tituló así el caso de asesinato de la joven colombiana Yuliana Aguirre: “El amor y los celos la mataron”. La presidenta del Colegio de Periodistas de Chile, Javiera Olivares, señaló que ese tipo de lenguaje “naturaliza el feminicidio”.


Pero ¿por qué lo naturaliza? Porque hace que parezca un fenómeno natural y espontáneo dentro de una relación amorosa. Está dejando de decir que fue Edwin Vásquez quien asesinó a su pareja, para señalar que los celos y el amor acabaron con la vida de alguien, socializando además un concepto tóxico de lo que este sentimiento.


Pero este no es el único periódico que comunicó erróneamente, veamos otros titulares: “La joven descuartizada en Chile”; “Este martes repatriarán restos de Yuliana Andrea, colombiana desmembrada en Chile”; “De historia de amor en Andalucía a película de Terror en Chile”; “El amor violento de la bella colombiana que fue descuartizada”.


Los dos primeros hacen un enfoque hacía el “cómo” de los hechos, al decir “descuartizada” o “desmembrada” tanto la figura de asesinato como la autoría del crimen pierden fuerza al no estar nombrados. Con los dos últimos titulares podríamos jugar a preguntarnos: ¿dependiendo del lugar es una historia de amor o una historia de terror?; ¿está bien nombrar la violencia dentro de una categoría de amor?


En esta oportunidad compartiremos algunos puntos señalados por la organización Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación no Sexista que en su “Decálogo para el tratamiento periodístico de la violencia de género en los medios” indican como primer punto, que estos temas son concernientes a la defensa de los derechos humanos y se deben tratar como tal. Citan textualmente: “desterramos de nuestras redacciones la figura de ‘crimen pasional’ para referirnos a al asesinato de mujeres víctimas de violencia de género. Los crímenes pasionales no existen”.


Las autoras además recomiendan utilizar nombres como: violencia de género y violencia machista (podríamos agregar a esta lista el feminicidio). También señalan la importancia de proteger la identidad de la víctima, no la del agresor y contar dentro de la noticia cuáles pueden ser las actitudes y situaciones que ponen en riesgo la vida de la mujer e incluir teléfonos de emergencia para realizar las denuncias respectivas.


No es recomendable y resulta ofensivo utilizar diminutivos, apodos, apócopes para nombrar a la víctima, y se debe revisar que las fotografías publicadas no sean obscenas o desvíen la atención del crimen perpetuado.


A este catálogo podríamos agregar el tratamiento de los testimonios de la familia. Al estar hablando de una muerte, el acercamiento para las entrevistas, debe ser pensado desde la ética del periodismo. Esta tiene en cuenta que el comunicador debe cuidar al entrevistado, ya que éste puede exponerse (emocional y psicológicamente) sin darse cuenta, dado el momento de dolor por el que transita.


Profundizar sobre estas herramientas de comunicación es una tarea que todos los comunicadores debemos hacer, y para todo aquel que quiera un lenguaje más respetuoso, constructivo y solidario que nos acerque a la equidad de género y a una sociedad más justa.

 

Por Alba Fajardo, comunicadora Social-Periodista de la Universidad Externado de Colombia. Estudiante de la Maestría Comunicación y Cultura de la Fundación Walter Benjamin.

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Lunes, 26 Septiembre 2016 06:21

Los primeros archivos abiertos

Los primeros archivos abiertos

Ricardo Lagos promulgó el secreto por 50 años para proteger la dignidad de las víctimas que no querían hacer público su martirio.

 

Al menos quince víctimas del terrorismo de Estado trasandino lograron desclasificar documentos que dan cuenta de las torturas sufridas entre 1973 y 1990, cuando fueron detenidas por agentes militares. Con esta iniciativa, los ex presos políticos logran romper, por primera vez, con un largo silencio que decretó que los archivos debían mantenerse en secreto hasta 2054. Quince carpetas forman parte de la información recabada por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech, organismo creado en 2003 con el objetivo de esclarecer la identidad de las 40.000 personas que fueron detenidas y torturadas por razones políticas.


La documentación contiene fotografías, recortes de prensa y fichas de las víctimas, además de la transcripción de los testimonios de los denunciantes, en los que aparecen nombres y descripciones de sus captores y torturadores. “Recuperar estos archivos es parte de la reparación moral que nos debe el Estado. Nosotros tenemos que ser los dueños de esa información y poco a poco debemos entregársela a la sociedad. Ahora está en nuestras manos un pedazo de la verdad”, señaló Scarlett Mathieu, una de las ex presas políticas de la dictadura que el jueves recuperaron la carpeta vinculada con su caso.


Mathieu, que tras el golpe de Estado integró la red periférica de apoyo al MIR (Movimiento de Izquierda revolucionaria), fue detenida en 1974 y torturada durante ocho meses. En 2003 nombró ante la Comisión Valech a los agentes que la torturaron durante su cautiverio. “Me gustaría que mi testimonio saliera a la luz y que los nombres de quienes me torturaron pudieran ser conocidos por la ciudadanía. Yo sólo pude reconocer a cinco agentes, pero había más. Es importante que muchas más víctimas hagan lo mismo, para que se pueda cruzar la información y armar un mapa completo de la represión”, explicó.


Los testimonios, documentos y antecedentes aportados a la Comisión Valech debían permanecer en secreto por un plazo de 50 años, según determinó la ley 19.992, conocida como Ley Valech, que establece la entrega de pensiones de reparación para las víctimas de la dictadura. Según argumentó el entonces presidente Ricardo Lagos, quien promulgó la ley, el objetivo de la medida era proteger la dignidad de las víctimas que no querían que sus familias supieran de las torturas que sufrieron durante la dictadura.


Hasta el momento, el acceso a esa información no sólo estaba vedado a la ciudadanía, sino también a los jueces, que no podían conocer los antecedentes sobre los casos de represión. La actual presidenta, Michelle Bachelet, prometió en su campaña electoral que estudiaría el tema, pero fue la iniciativa de un artista visual chileno la que permitió romper con el secreto. “Desclasificación Popular” es la campaña artístico-política de Francisco “Papas Fritas”, un transgresor artista que junto a un equipo de periodistas y abogados encontró la forma legal de forzar al Estado chileno

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Sábado, 24 Septiembre 2016 05:18

El estado de vigilancia en los países libres

El estado de vigilancia en los países libres

ALAI AMLATINA, 23/09/2016.-En los últimos tiempos, hemos aprendido mucho sobre la naturaleza del poder del Estado y las fuerzas que impulsan sus políticas, además de aprender sobre un asunto estrechamente vinculado: el sutil y diferenciado concepto de la transparencia.

La fuente de la instrucción, por supuesto, es el conjunto de documentos referidos al sistema de vigilancia de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés) dados a conocer por el valeroso luchador por la libertad, el señor Edward J. Snowden, resumidos y analizados de gran forma por su colaborador Glenn Greenwald en su nuevo libro /No Place to Hide/ (/Sin lugar donde esconderse/).

Los documentos revelan un notable proyecto destinado a exponer a la vigilancia del Estado información vital acerca de toda persona que tenga la mala suerte de caer en las garras del gigante, que viene a ser, en principio, toda persona vinculada con la moderna sociedad digital.

Nada tan ambicioso fue jamás imaginado por los profetas distópicos que describieron escalofriantes sociedades totalitarias que nos esperaban.

No es un detalle menor el hecho que el proyecto sea ejecutado en uno de los países más libres del planeta y en radical violación de la Carta de Derechos de la Constitución de Estados Unidos, que protege a los ciudadanos de persecuciones y capturas sin motivo y garantiza la privacidad de sus individuos, de sus hogares, sus documentos y pertenencias.

Por mucho que los abogados del gobierno lo intenten, no hay forma de reconciliar estos principios con el asalto a la población que revelan los documentos de Snowden.

También vale la pena recordar que la defensa de los derechos fundamentales a la privacidad contribuyó a provocar la revolución de independencia de esta nación. En el siglo XVIII el tirano era el gobierno británico, que se arrogaba el derecho de inmiscuirse en el hogar y en la vida de los colonos de estas tierras. Hoy, es el propio gobierno de los propios ciudadanos estadounidenses el que se arroga este derecho.

Todavía hoy Gran Bretaña mantiene la misma postura que provocó la rebelión de los colonos, aunque a una escala menor, pues el centro del poder se ha desplazado en los asuntos internacionales. Según /The Guardian/ y a partir de documentos suministrados por Snowden, el gobierno británico ha solicitado a la NSA analizar y retener todos los números de faxes y teléfonos celulares, mensajes de correo electrónico y direcciones IP de ciudadanos británicos que capture su red,

Sin duda los ciudadanos británicos (como otros clientes internacionales) deben estar encantados de saber que la NSA recibe o intercepta de manera rutinaria /routers/, servidores y otros dispositivos computacionales exportados desde Estados Unidos para poder implantar instrumentos de espionaje en sus máquinas, tal como lo informa Greenwald en su libro.

Al tiempo que el gigante satisface su curiosidad, cada cosa que cualquiera de nosotros escribe en un teclado de computadora podría estar siendo enviado en este mismo momento a las cada vez más enormes bases de datos del presidente Obama en Utah.

Por otra parte y valiéndose de otros recursos, el constitucionalista de la Casa Blanca parece decidido a demoler los fundamentos de nuestras libertades civiles, haciendo que el principio básico de presunción de inocencia, que se remonta a la Carta Magna de hace 800 años, ha sido echado al olvido desde hace mucho tiempo.

Pero esa no es la única violación a los principios éticos y legales básicos. Recientemente, el /New York Times/ informó sobre la angustia de un juez federal que tenía que decidir si permitía o no que alimentaran por la fuerza a un prisionero español en huelga de hambre, el que protestaba de esa forma contra su encarcelamiento. No se expresó angustia alguna sobre el hecho de que ese hombre lleva 12 años preso en Guantánamo sin haber sido juzgado jamás, otra de las muchas víctimas del líder del mundo libre, quien reivindica el derecho de mantener prisioneros sin cargos y someterlos a torturas.

Estas revelaciones nos inducen a indagar más a fondo en la política del Estado y en los factores que lo impulsan. La versión habitual que recibimos es que el objetivo primario de dichas políticas es la seguridad y la defensa contra nuestros enemigos.

Esa doctrina nos obliga a formularnos algunas preguntas: ¿la seguridad de quién y la defensa contra qué enemigos? Las respuestas ya han sido remarcadas, de forma dramática, por las revelaciones de Snowden.

Las actuales políticas están pensadas para proteger la autoridad estatal y los poderes nacionales concentrados en unos pocos grupos, defendiéndolos contra un enemigo muy temido: su propia población, que, claro, puede convertirse en un gran peligro si no se controla debidamente.

Desde hace tiempo se sabe que poseer información sobre un enemigo es esencial para controlarlo. Obama tiene una serie de distinguidos predecesores en esta práctica, aunque sus propias contribuciones han llegado a niveles sin precedentes, como hoy sabemos gracias al trabajo de Snowden, Greenwald y algunos otros.

Para defenderse del enemigo interno, el poder del Estado y el poder concentrado de los grandes negocios privados, esas dos entidades deben mantenerse ocultas. Por el contrario, el enemigo debe estar completamente expuesto a la vigilancia de la autoridad del Estado.

Este principio fue lúcidamente explicado años atrás por el intelectual y especialista en políticas, el profesor Samuel P. Huntington, quien nos enseñó que el poder se mantiene fuerte cuando permanece en la sombra; expuesto a la luz, comienza a evaporarse.

El mismo Huntington lo ilustró de una forma explícita. Según él, “es posible que tengamos que vender [intervención directa o alguna otra forma de acción militar] de tal forma que se cree la impresión errónea de que estamos combatiendo a la Unión Soviética. Eso es lo que Estados Unidos ha venido haciendo desde la doctrina Truman, ya desde el principio de la Guerra Fría”.

La percepción de Huntington acerca del poder y de la política de Estado era a la vez precisa y visionaria. Cuando escribió esas palabras, en 1981, el gobierno de Ronald Reagan emprendía su guerra contra el terror, que pronto se convirtió en una guerra terrorista, asesina y brutal, primero en América Central, la que se extendió luego mucho más allá del sur de África, Asia y Medio Oriente.

Desde ese día en adelante, para exportar la violencia y la subversión al extranjero, o aplicar la represión y la violación de garantías individuales dentro de su propio país, el poder del Estado ha buscado crear la impresión errónea de que lo que estamos en realidad combatiendo es el terrorismo, aunque hay otras opciones: capos de la droga, ulemas locos empeñados en tener armas nucleares y otros ogros que, se nos dice una y otra vez, quieren atacarnos y destruirnos.

A lo largo de todo el proceso, el principio básico es el mismo. El poder no se debe exponer a la luz del día. Edward Snowden se ha convertido en el criminal más buscado por no entender esta máxima inviolable.

En pocas palabras, debe haber completa transparencia para la población pero ninguna para los poderes que deben defenderse de ese terrible enemigo interno.

*/Traducción de Jorge Majfud/**//*

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Jomary Ortegón –presidenta del Colectivo– y Marisol Garzón Forero –hermana del asesinado Jaime Garzón

Un reciente fallo del Consejo de Estado atribuyó la responsabilidad por la muerte de Jaime Garzón al Estado colombiano. Agentes de organismos de inteligencia (DAS) e integrantes del ejército conspiraron para determinar la muerte hace 17 años del reconocido humorista y desviar así la investigación relacionada con su homicidio. Comienza a esclarecerse uno de los asesinatos que más impacto tuvo en el país, con el cual el Estado pretendió silenciar toda crítica inteligente, o toda mordaz oposición. Hermana de Garzón y la presidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo confieren una rueda de prensa para hablar del fallo.

 

Hacía el mediodía del jueves 14 de septiembre tuvo lugar, en las instalaciones del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), una rueda de prensa a cargo de Jomary Ortegón –presidenta del Colectivo– y Marisol Garzón Forero –hermana del asesinado Jaime Garzón–. Agencias de prensa y medios de comunicación concurrieron a la cita para conocer las primeras reacciones frente al reciente fallo del Consejo de Estado que atribuyó al Estado colombiano la responsabilidad por el asesinato del humorista.

Son al menos tres las claridades que derivan del juicio emitido por el alto tribunal, en palabras de Jomary Ortegón: “En primer lugar, se establece que en este caso la responsabilidad del Estado es agravada por tratarse de una grave violación a los derechos humanos. En segundo lugar, el Consejo de Estado señala claramente que este caso es un crimen de lesa humanidad, para nosotros es un mensaje a toda la judicatura para que actúe en consecuencia y la Fiscalía General de la Nación tome una decisión en el mismo sentido. En tercer lugar, se establece que existió una actuación coordinada por parte del Ejército Nacional y grupos paramilitares en la definición del asesinato, su ejecución y, por lo tanto, existe una responsabilidad agravada del Estado colombiano”.

 

Voces que claman por justicia y verdad.

 

La presidenta del Colectivo de Abogados también se refirió a la responsabilidad propia de los organismos de inteligencia del Estado: “Finalmente, quisiéramos señalar que constituye un importante avance para la verdad, para el esclarecimiento de los hechos, que se establezca quiénes participaron en la toma de decisiones, en la ejecución del asesinato, pero también en el encubrimiento del crimen, y aquí el Concejo de Estado señala la responsabilidad del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en el desvío de la investigación y encubrimiento de los verdaderos autores”.

Marisol Garzón, quien asumió desde la ocurrencia de los hechos la vocería de la familia, pronunció en la rueda de prensa: “Queremos la verdad, eso es lo que buscamos, más que una reparación económica que todo el tiempo hemos dicho ‘a nosotros no nos pagan los muertos, a los que nos han asesinado un familiar, no nos lo pagan, no tienen precio, menos Jaime, no tiene precio’. Hay una reparación económica que seguramente tendremos que asumir, pero que lo más importante es esa verdad, como ya lo decía la doctora Jomary, para nosotros es muy importante que la Fiscalía oiga este llamado que se hace de declararlo un crimen de lesa humanidad cuando por todas partes lo vemos así, porque realmente fue un crimen de lesa humanidad, que no nos está garantizando el que se llegue a la verdad aunque la buscamos”.

La verdad no solo adquiere un papel relevante para la familia Garzón en el esclarecimiento de los hechos, es imprescindible, fundamental: “[...] el Estado es el que tiene que cuidar a los ciudadanos y no lo cuidaron, al contrario fueron ellos quienes señalaron que dizque Jaime era guerrillero. Eso también es muy importante, más importante que si nos van a reparar económicamente es que se pueda declarar, y eso lo pedimos como familia, que públicamente se diga como se lo dije al general Mora allá en La Habana. Para eso fue que fui yo, no a abrazarme con nadie, no para ser amiga de nadie, y en esto debo decir que yo no estoy de acuerdo con asesinatos de ningún lado, pero sí para decirle que Jaime no era guerrillero y esto lo está demostrando, porque eso es lo que están haciendo, enlodar a lo largo del tiempo, es decir revictimizarnos, enlodar el nombre de Jaime, como lo quiere hacer RCN con una novela [...]”.

Además de la verdad piden que la Fiscalía se pronuncia acatando en fallo del Consejo de Estado, y declare el crimen como de lesa humanidad: “No solamente es decirlo, es también que la Fiscalía se pronuncie y diga sí es un caso de lesa humanidad, hay que declararlo así, hay que buscar la verdad. Las víctimas lo único que queremos es buscar la verdad, con eso ya nos están reparando. La reparación no es que nos den un ladrillo o nos den plata, no hay reparación, no nos devuelven a nuestros muertos, y menos a Jaime, de esta manera. ¡Cuánta falta le hace Jaime a este país en este momento histórico!, ¡cuánto estaría haciendo y diciendo!, pero tuvieron que matarlo para que reinaran otros y para que le metieran a la gente en la cabeza muchísimas otras cosas”.

 

La Justicia Especial para la Paz, ¿podrá juzgar este tipo de asesinatos?

 

El asesinato de Jaime Garzón pone sobre la mesa la discusión respecto a si la denominada Justicia Especial para la Paz tiene competencias para procesar a los autores de este tipo de homicidios. A muchos preocupa esta posibilidad, pues los beneficios sobre los victimarios podrían dejar en la impunidad muchos delitos que no encuadran dentro de la dinámica del conflicto armado en Colombia. Jomary Ortegón, habló al respecto: “Ahora, sobre la pregunta de si este es un crimen que se cometió en el marco del conflicto armado, nosotros esperaríamos que justamente podamos dar esa discusión en el sentido de diferenciar entre crímenes cometidos en el conflicto armado, es decir en el desarrollo de hostilidades y graves violaciones a derechos humanos. Cuando aquí se dice que Jaime Garzón Forero no era un guerrillero, sino que era un civil que desarrollaba acciones de paz, que era un gestor humanitario, eso ya nos dice que el crimen no fue como consecuencia del conflicto armado, que fue una decisión planificada desde las altas esferas del ejército en la que además, posteriormente participaron órganos de inteligencia”.

Todo parece indicar que el de Garzón, no fue un crimen cometido en el contexto del conflicto: Jaime fue asesinado porque fue catalogado por agentes de inteligencia del Estado como otro de los enemigos internos que había que eliminar. Prosigue Ortegón: “Igualmente aquí se señala que es el Estado el responsable, no se habla de un enfrentamiento entre dos bandos, se habla de decisiones del Estado para eliminar a alguien a quien consideraban incomodo, a quien consideraban parte de ese enemigo interno a destruir, eso es lo que tiene que cambiar en este país y cuando se habla de garantía de no repetición, ese es el tipo de doctrina que persiste al interior del ejército que facilita que se sigan cometiendo violaciones de los derechos humanos. La contribución del fallo es justamente identificar cuáles son esos elementos que nos permiten hablar de prácticas generalizadas y sistemáticas al interior del ejército, que utilizó la alianza paramilitar para cometer este tipo de crímenes”.

Sin embargo la familia de Garzón no centra sus energías en ser vengada por la justicia, así lo expresó Marisol Garzón: “[...] tampoco vamos a decir mire, “¡hasta que no pague no se quien!” porque este país también necesita que nos sentemos y charlemos y cada uno, de acuerdo a la justicia, responda por sus actos, porque aquí no se trata que el señor Narvaez se la pasa diciendo que es inocente, que pobrecito él, hasta un día dijo que sus hijitas, que pobrecitas, casi no podían ir al colegio porque yo había dicho que era responsable, yo no lo digo, lo dice la justicia, y cómo así que ahora el lobo feroz es el bondadoso y caperucita está llevada, no sumercé, hay que ser coherente y hay que ser sensatos y para eso está la Ley”.

 

El fallo del Consejo de Estado pone tilde sobre las íes

 

Como trascendental ha sido catalogado este fallo del Concejo de Estado. Algunas de sus palabras resuenan demasiado fuertes teniendo en cuenta que hasta hace pocos años era negada de manera tajante cualquier vínculo entre el Estado y grupos armados al margen de la Ley, vínculos que reafirma el fallo de la siguiente manera: “Para la Sala es inadmisible y censurable la existencia de este tipo de relaciones entre la Fuerza Pública y grupos al margen de la Ley que nacieron con un fin vengativo para con la guerrilla y extendieron esa pasión y odio a todos los que consideraban sospechosos de participar en actividades subversivas, sospechas que marcaron la comisión de violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos y derecho internacional humanitario, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, masacres en las que en muchas ocasiones resultaron víctimas personas ajenas al Conflicto. Por tal motivo, concluye la Sala, que la ejecución extra judicial del periodista Jaime Hernando Garzón Forero, ocurrida en este contexto de violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos, es constitutiva de un crimen de lesa humanidad”.

Avanzan los años y la luz de la verdad parece alumbrar a victimarios y deslumbrar a víctimas que como la familia de Jaime Garzón, ven que comienzan a esclarecerse los sucesos que causaron en ellas luto y dolor. Sin embargo, todas las víctimas no tienen la misma suerte, y siguen aguardando en el umbral de la justicia por la verdad y cualquier artificio que pueda constituir la reparación por parte de un Estado que asesinó, en persecución de un enemigo interno, a cientos de colombianos a los que debía proteger.

Publicado enColombia
Colombia: “La realidad en los territorios no tiene nada que ver con un escenario de paz”: Gladys Rojas

Gladys Rojas es parte del equipo de trabajo de la Corporación Sembrar, una agrupación de Derechos Humanos con un cuarto de siglo de trayectoria y que se desempeña prioritariamente en el sur del departamento de Bolívar, desde los tiempos más duros de la incursión paramilitar en esa región. Gladys es una luchadora social que inició su compromiso popular hace 30 años, trabajando en la alfabetización campesina. Hasta hoy acompaña a las comunidades agro-mineras en la zona y colabora con las víctimas de violaciones de los DDHH en materia psicosocial.


La Corporación Sembrar se articula nacionalmente con el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, con la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia y con el Congreso de los Pueblos.


-Hoy Colombia está en el centro de la mirada latinoamericana e internacional debido al denominado Proceso de Paz. ¿Cuáles son para ti y para las organizaciones a las que perteneces, las condiciones de una paz genuina para los pueblos de Colombia?


“Puede sonar muy pesimista, pero cuando las y los líderes sociales estamos en terreno, viviendo el día a día junto a las comunidades campesinas, afro, indígenas, esa paz genuina no la percibimos. La realidad en los territorios no tiene nada que ver con un escenario de paz. En las regiones, las causas estructurales que originaron el conflicto social y armado en el país permanecen intactas. No existe ningún interés por parte del Estado colombiano de enfrentar esas causas sistémicas. Por el contrario, el Estado sólo tiene el interés de ‘adornar’ el país para venderlo a los intereses transnacionales. Y ante ese objetivo, el movimiento social e insurgente representa un estorbo. Por eso necesita neutralizarlo a como dé lugar.”


-¿Cuáles son esas causas estructurales?


“Consideramos que existen tres elementos estructurales que nos llevaron al conflicto social y armado. El despojo, la desigualdad económica y la exclusión política. Para nosotros una paz estable y duradera debe superar y resolver estos tres componentes.”


“Todas las reivindicaciones que hemos conquistado han sido mediante la movilización y la lucha. Y eso continuará siendo así.”


-Para reproducirse, el capitalismo requiere de la destrucción incesante de capital. Si, precisamente, el Estado capitalista colombiano subordinado a los intereses pentagonistas, tal como en muchas partes del planeta, busca superar su feroz depresión y crisis mediante el extractivismo destructivo de humanidad y naturaleza, la deuda y la súper explotación del trabajo asalariado, ¿qué confianza tienen de que el gobierno de Santos acabe con las causas sistémicas que iniciaron y mantienen el conflicto en el país?


“Confianza, ninguna. Nosotros reconocemos que los acuerdos de La Habana son un paso importante en la construcción de la paz. Sabemos que significará salvar muchas vidas en Colombia. Sin embargo, la realidad nos indica que al movimiento social nada se nos regala. Históricamente, todas las reivindicaciones que hemos conquistado han sido mediante la movilización y la lucha. Y eso continuará siendo así, si es que deseamos una paz al servicio de los intereses del pueblo colombiano.”


“Falta la participación de las comunidades y de la población”


-En Chile, a inicio de los 90 del siglo pasado, el primer presidente civil post-dictadura, el demócrata cristiano Patricio Aylwin, a propósito de la lucha por la verdad y la justicia por los crímenes de la tiranía cívico y militar, acuñó la infeliz expresión de “justicia...en la medida de lo posible”. La frase de Aylwin, uno de los golpistas más destacados durante el gobierno de Salvador Allende, sigue vigente en Chile a causa de los pactos entre las facciones del poder para tornar intocables a Augusto Pinochet y a los principales artífices y hechores de la más sangrienta dictadura que registra la historia de mi país. ¿Qué ocurre sobre la paz en Colombia en este sentido?


“El Estado colombiano está por la paz, más que ‘en la medida de lo posible’, derechamente ‘a su medida’. Y en el área de los DDHH, según el proceso de los acuerdos de La Habana en lo que compete a la demanda de verdad y justicia, hay un enorme escepticismo y decepción entre las víctimas, debido a que el acuerdo pondrá en total impunidad a muchos responsables de los crímenes cometidos por la fuerza pública. De hecho, este proceso los colocará a salvo. En tal sentido, sentimos que los años de trabajo, lucha y sacrificio en vidas humanas por la búsqueda de la verdad y la justicia, han sido en vano. Muchos militares que logramos llevar a la cárcel a un altísimo precio en vidas, quedarán libres.”


–Entonces, ¿qué clase de paz es la de los acuerdos de La Habana?


“Una paz incompleta. Faltan otros grupos insurgentes que deben ser tenidos en cuenta. Pero, ante todo, falta la participación de las comunidades y de la población colombiana que han vivido los impactos de la guerra y que no han sido consideradas hasta ahora. Si a ello le agregas la no solución de las causas estructurales del conflicto, entonces el camino está por hacerse todavía. Vale señalar que nosotros en relación al próximo plebiscito, estamos por el ‘Sí Y Vamos Por Más’, entendiendo siempre los aspectos antes señalados.”


Se agudiza la represión


-Desde el denominado cese de las hostilidades acordado entre el gobierno y las FARC, entre el 26 de agosto y el 14 de septiembre de 2016, ya han sido asesinados más de una docena de líderes sociales y defensores de los DDHH, y amenazados de muerte muchos más. ¿Qué significan estos hechos cuando se habla de paz?


“Significa que cuando todos están distraídos con el discurso de la paz, las y los líderes sociales y luchadores de los DDHH que continúan su labor en los territorios son presa del paramilitarismo y la fuerza pública sin control que siguen operando en las regiones. En Colombia cada vez que se habla de paz, siempre hay guerra.Pensamos que esperarían los resultados del plebiscito antes de continuar aplicando la represión. Sin embargo, ya prevemos que la represión se agudizará a través de los grupos paramilitares y de la fuerza pública con la excusa de perseguir al Ejército de Liberación Nacional (ELN), que ahorita será un objetivo importante desde lo militar. En ese marco, el movimiento social y las y los líderes de las comunidades llevamos la peor parte.”


El amor eficaz


-¿Qué madera insobornable forjó al movimiento social en Colombia?


“La construcción cotidiana con las comunidades. Vivir sus alegrías y sus dolores, sus triunfos y derrotas. Nuestra convicción de que otro mundo es posible; un amor infinito por la libertad y la justicia, un amor eficaz.


Ahora bien, naturalmente el mérito no ha sido sólo nuestro. Hemos recibido el ejemplo de los movimientos populares chileno, ecuatoriano, argentino, cubano, venezolano, etc. Aquí existe una retroalimentación permanente que ha fortalecido todo el sentimiento de resistencia en América Latina.”


-Si la solidaridad es la ternura de los pueblos, ¿qué precisan de las y los luchadores sociales del Continente y del mundo en esta hora incierta?


“Que nos sigan acompañando en la creación de esa paz verdadera y necesaria para Colombia, y que perseveremos en el trabajo conjunto de construir una América Latina tal como la soñamos”.

 

Por Andrés Figueroa Cornejo de Resumen Latinoamericano

17 septiembre 2016

Publicado enColombia
Democracia y educación en derechos humanos en América Latina

 

Edición: 2012.Formato: 17 x 24 cm., 228 páginas.

P.V.P: $33.000 USD: 12  ISBN: 978-958-8554-44-3

 

 

Reseña:

 Susana Sacavino analiza en el presente libro, la educación en y para los derechos humanos. Muestra que para promover una cultura y una práctica en derechos humanos, no basta con información, sino que es necesario, también, formación –en el sentido pleno de la palabra– de los individuos, de la sociedad y de la cultura, para que los procesos de sociabilización y reproducción social puedan construir y fortalecer los valores, las normas y las creencias, necesarios todos, para motivar a los individuos a que promuevan y defiendan los derechos humanos.

 

 

Susana Beatriz Sacavino. 

 

Licenciada en ciencia política de la Universidad Católica de Córdoba (Argentina) , master en Ciencias Jurídicas del Instituto de Relaciones Internacionales y Doctora en educación del Departamento de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Rio de Janerio (PUC-Rio). Actualmente es directora de la revista latinoamericana “Novamérica” y de la ONG Novamerica, con sede en Rio de Janeiro. Coordinadora del observatorio de educación en derechos humanos y miembro del grupo de investigación sobre cotidianidad educación y cultura del departamento de educación de la PUC-Rio. Tiene experiencia en ciencia política, con énfasis en la cuestiones sobre ciudadanía , educación y derechos humano. Los temas a los que se ha dedicado son principalmente los siguientes: educación en derechos humanos, educación y ciudadanía, derechos humanos e interculturalidad, formación de educadores, prevención de la violencia escolar, y gestión institucional.

 

 

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