Miércoles, 10 Diciembre 2014 11:12

Cifras de ataques contra defensores

Cifras de ataques contra defensores

Publicado enColombia
La CIA pagó 80 millones a psicólogos privados para que torturaran a sus prisioneros

La Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA, por sus siglas en inglés) encargó a una empresa privada de psicólogos que torturara a sus prisioneros para conseguir información sobre los planes terroristas, según un informe del Senado de EEUU sobre las actividades de la agencia bajo el Gobierno del presidente George W. Bush.


La CIA pagó 80 millones de dólares por esta subcontratación de sus actos de tortura. Además, el programa de "interrogatorio intensificado" fue "mucho más brutal" de lo que la agencia informó y no logró obtener información que desbaratara amenazas, según mostró un informe del Senado estadounidense dado a conocer este martes.


El texto afirma que la CIA engañó a los políticos y al público respecto al programa, que empezó a desarrollarse a partir de los ataques terroristas de 2001. El informe se publicó tras una investigación de cinco años de la Comisión de Inteligencia del Senado sobre el programa, que buscaba lograr información sobre la red al Qaeda y otros presos que estaban encarcelados en unidades de detención alrededor del mundo.


"Este documento examina la detención secreta de la CIA fuera del país de al menos 119 individuos y el uso de técnicas de interrogatorios coercitivas, en algunos casos prácticándose la tortura", dijo la jefa de la comisión, Dianne Feinstein.


La CIA y muchos altos funcionarios gubernamentales de Estados Unidos han dicho que el programa era eficaz y que impidió varios complots terroristas. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ha admitido que las duras técnicas utilizadas no ayudaron a luchar contra el terrorismo.


"No podemos dejar nunca saber al mundo qué os hemos hecho"


El documento recoge como la Agencia Central de Inteligencia estadounidense usó amenazas sexuales para interrogar a sospechosos de terrorismo detenidos en cárceles secretas e incide en que no fue efectivo y nunca produjo información que llevara a desbaratar complots inminentes, según un informe de la Comisión de Inteligencia del Senado dado a conocer el martes.


El informe dijo que la CIA engañó a los políticos y a la opinión pública sobre el programa, buena parte del cual fue desarrollado, operado y llevado adelante con asesoramiento de dos contratistas externos. "Uno de los interrogadores le dijo a otro detenido que nunca irían a juicio porque 'no podemos dejar nunca saber al mundo qué os hemos hecho'", relata el informe, que también detalla como "agentes de la CIA amenazaron al menos a tres detenidos con hacer daño a sus familias, incluyendo a los hijos de un detenido y amenazando con abusar sexualmente de la madre de otro, y 'rajarle la garganta a su madre'".


El informe del Senado describe asimismo la asfixia simulada practicada al reconocido como cerebro del 11-S, Khalid Shaikh Mohammed, así como a otros detenidos, definidos como "series de ahogamientos" que en muchas ocasiones les producían vómitos.

 

Otros ejemplos específicos de brutalidad en los interrogatorios de la CIA citados en el informe incluyen la muerte por hipotermia en noviembre de 2002 de un hombre que fue mantenido parcialmente desnudo y encadenado al suelo de cemento de una prisión secreta de la CIA.


A algunos prisioneros se los mantuvo sin dormir durante 180 horas, a veces con las manos atadas sobre la cabeza, y se les practicó "alimentación e hidratación por vía rectal" sin ninguna documentación médica para realizar el procedimiento.


La ONU pide "llevar ante la Justicia" a los implicados en las torturas


El relator especial de Naciones Unidas contra el Terrorismo y para los Derechos Humanos, Ben Emmerson, ha instado a "llevar ante la Justicia" a los implicados en las torturas descritas en el informe que la Comisión de Inteligencia del Senado de Estados Unidos ha publicado este martes sobre el programa de interrogatorios de la CIA.


Emmerson ha considerado que "el informe difundido esta tarde confirma la sospecha de la comunidad internacional de que hubo una política orquestado a alto nivel dentro de la Administración de George W. Bush que permitió cometer sistemáticamente crímenes y violaciones del Derecho Humanitario".

 

"El Derecho Internacional prohíbe dar inmunidad a los funcionarios que han participado en torturas, lo cual no incluye solamente a los autores, sino también a los altos cargos del Gobierno estadounidense que concibieron, planearon y autorizaron estos crímenes", ha recordado.


En esa línea ha subrayado que "Estados Unidos está legalmente obligado a llevar a los responsables ante la Justicia", ya que es uno de los firmantes de la Convención contra la Tortura y contra las Desapariciones Forzosas, "que obligan a perseguir estos actos cuando haya evidencias suficientes".


Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) también han reclamado que los responsables de las "torturas" llevadas a cabo por parte de la CIA sean llevados ante la justicia. En un comunicado, Amnistía ha considerado que el informe es "un duro recordatorio de la actual impunidad por las muchas abominables violaciones de los Derechos Humanos perpetradas en nombre de la 'seguridad nacional".

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Martes, 09 Diciembre 2014 06:20

Una Tercera Guerra Mundial no declarada

Una Tercera Guerra Mundial no declarada

Quizá como adelanto de la próxima etapa de su vida, prefirió presentarse como profesor emérito. Raúl Zaffaroni, juez de la Corte Suprema a punto de dejar de serlo, dio una conferencia el viernes último con el título de "Los derechos humanos como programa y realidad". A continuación, un extracto de su clase magistral.

A quienes en razón del multiculturalismo de nuestra región niegan la existencia del concepto de América latina, reduciéndolo a una denominación despectiva atribuida a los franceses, cabe responderles que América latina es mucho más que un concepto: es una realidad unitaria y perfectamente reconocible, como producto complejo de casi todas las atrocidades cometidas por el colonialismo en el planeta.


Desde el siglo XV los europeos ocuparon policialmente nuestro continente con parte de su población marginada, que trajo las infecciones que en pocos años mataron a la mayor parte de los habitantes originarios. A los sobrevivientes los redujeron a servidumbre.

A poco de andar, para reemplazar a la población eliminada, cometieron el atroz crimen de desplazamiento masivo de africanos esclavizados. En lo sucesivo, el mestizaje de colonizadores con originarios y africanos fue objeto de desprecio. Cuando se prohibió el tráfico negrero, algunos asiáticos fueron también esclavizados por el Pacífico.

Desde las últimas décadas del siglo XIX se produjo un masivo desplazamiento de población desde los países europeos atrasados en el proceso de acumulación originaria hacia el sur de nuestra región. Los perseguidos y hambrientos de las dos guerras mundiales llegaron con posterioridad. (...). No hay un hombre cósmico en nuestra Patria Grande, pero hay un ser humano latinoamericano cuya dignidad de persona ha sido negada planetariamente por el colonialismo y que se abre paso lentamente contra éste. (...).


Desde los años setenta del siglo pasado, con la crisis del petróleo, la política colonialista cambió en los propios centros de poder, con inevitables consecuencias periféricas. Se abandonaron las ideas de sociedades incluyentes, de Estado de Bienestar y de economía keynesiana, pasando al fundamentalismo de mercado, o sea, a una ideología que otorga amplia libertad de acción al capital financiero e impone necesarios modelos de sociedades excluyentes. (...).


En esta fase superior del colonialismo no se ocupan territorios policialmente, como en el colonialismo originario, derrotado por los libertadores; tampoco se acude a oligarquías vernáculas que mantengan a la población en servidumbre, como las que los pueblos desplazaron hace un siglo; tampoco se psicotiza a las fuerzas armadas para que ocupen los territorios por cuya soberanía debían velar, porque ya no son confiables y provocan alta resistencia popular. (...).

En la periferia, en esta fase superior del colonialismo, se opera tratando de imponer gobernantes que cuiden los intereses del capital financiero transnacional o procurando destituir a quienes le opongan resistencia o descalificar a los políticos que los denuncian.


Para eso se vale de la opinión pública, convenientemente configurada por los medios masivos de comunicación monopolizados (en particular la televisión, en manos de conglomerados que forman parte del mismo capital transnacionalizado), de los políticos inescrupulosos o tontos útiles, de sus lobbistas (o corruptores especializados), como también de los técnicos políticamente asépticos, esterilizados en los autoclaves de sus think tanks centrales.


Deber ser

Los derechos humanos plasmados en tratados, convenciones y constituciones son un programa, un deber ser que debe llegar a ser, pero que no es o, al menos, no es del todo. Por tal razón, no faltan quienes minimicen su importancia, incurriendo en el error de desconocer su naturaleza. Estos instrumentos normativos no hacen –ni pueden hacer– más que señalar el objetivo que debe alcanzarse en el plano del ser. Su función es claramente heurística.

Quien los desprecia cae en una trampa ideológica: la repetida frase de Marx acerca del derecho, cuando se la toma como una inevitable realidad, sólo deja a los excluidos el camino de la violencia, donde siempre pierden, aunque triunfen. Lo que es verdad es que el actual poder financiero –como todo el hegemónico en todos los tiempos– quiere reducir el derecho a una herramienta de dominación a su servicio. Sin embargo, estos instrumentos son un obstáculo, porque de ellos pueden valerse –y de hecho se valen– los pueblos y los propios disidentes de las clases incluidas para hacer del derecho un instrumento de los excluidos. La lucha en el campo jurídico actual se entabla entre el poder hegemónico, que quiere hacer realidad la frase de Marx e impedir cualquier redistribución de la renta, y quienes pretendemos usar al derecho como herramienta de redistribución de renta.

Pero estos instrumentos no fueron graciosas concesiones ni producto de una maduración reflexiva y racional de pueblos y gobiernos, sino que los impulsó el miedo. Ante las atrocidades de estados asesinos, que cometieron homicidios alevosos masivos, el espanto hizo que se sancionaran estas leyes nacionales e internacionales. La racionalidad que propugnan esos objetivos, digamos la verdad sin avergonzarnos como humanos, no fue impulsada por la razón, sino por el espanto.
Y tampoco los impulsó el miedo ante cualquier homicidio alevoso masivo: no lo produjeron las víctimas armenias, los hereros extinguidos por los alemanes, los haitianos masacrados por Trujillo en la frontera ni los congoleños esclavizados y diezmados por Leopoldo II de Bélgica, sino que fue el pánico provocado en el propio territorio hegemónico el que decidió a los poderosos a señalar el objetivo humano a alcanzar. El colonialismo entró en pánico sólo cuando vio que las víctimas de esas atrocidades eran otros humanos con pareja deficiencia de melanina.

Pero ni siquiera así los nuevos poderes hegemónicos mundiales suscribieron por completo todos esos objetivos y se resisten hasta el día de hoy a hacerlo. A regañadientes definieron mezquinamente el genocidio, cuidando de que su recortada definición no abarcase sus propios genocidios, y firmaron una Declaración Universal que en su origen sólo tuvo el valor de una manifestación de buena voluntad internacional.

Estos objetivos están lejos de alcanzarse en nuestra Patria Grande, donde sigue jugando la pugna entre el modelo de Estado que pretende configurar una sociedad que incluya, frente a otro que quiere solidificar la exclusión. La polarización que vivimos tiene lugar entre un modelo de sociedad incluyente y otro excluyente y, en otro plano, entre independencia y dependencia.


En su fase superior el colonialismo sigue del lado de la dependencia, cuya condición necesaria es la sociedad excluyente, que implica el desconocimiento de la condición de persona del ser humano latinoamericano. (...) No le importó al colonialismo la casi extinción de los originarios, la esclavización de los africanos transportados y de sus descendientes, la marginación de los criollos y mestizos, la reducción a servidumbre de pueblos enteros; no ahorró violencia, vilezas ni genocidios con tal de contener las pulsiones incorporativas; en su haber cuenta nuestra Patria Grande con muchos millones de víctimas de violencia, enfermedad, hambre, miseria y toda clase de carencias elementales. (...). Hasta hoy el ser humano latinoamericano se debate dificultosamente en pos del reconocimiento de su dignidad de persona. Buena parte de la población de nuestra Patria Grande se halla lejos de haber alcanzado ese objetivo. Favelas, pueblos jóvenes, villas miseria o como quiera llamarse a nuestros slums, alojan a millones de personas que no son jurídicamente reconocidas como tales. (...)

No es hoy la acción directa del poder represivo estatal la que comete la mayor parte de los homicidios masivos, pese a su muy considerable grado de letalidad (escuadrones de la muerte, desapariciones forzadas, ejecuciones sin proceso, gatillo fácil, colusión con grupos criminales violentos, torturas), todo lo cual hace que en ocasiones se identifique y confunda la acción estatal con la criminal.


La modalidad del control colonial actual varía en la región según las diferentes circunstancias geopolíticas, pero en toda la Patria Grande tiene como objetivo común el montaje de un violentísimo aparato estatal represivo de control punitivo masivo de la población excluida.

El poder financiero transnacional no se equivoca en sus objetivos:

a) En el centro norteamericano, desde fines de los años setenta del siglo pasado, se abandonó el New Deal y el Welfare State y se montó un aparato represivo monstruoso, que tiene por objeto controlar a su población de negros y latinos y frenar la inmigración del sur que intenta desplazarse impulsada por la necesidad. En esta línea, el Estado norteamericano se ha convertido en el campeón mundial de la prisionización, pasando a la tradicional Rusia. Desde 1989 más de la mitad de su enorme población penal está compuesta por afroamericanos.

b) En Europa, los parientes pobres incorporados a la Unión sufren medidas económicas de ajuste que produjeron el desempleo de la faja etaria menor de veinticinco años. Su aparato represivo crece lentamente, pero aún centrando su atención sobre los inmigrantes, que están sobrerrepresentados en sus poblaciones penales. El Papa ha señalado el riesgo de convertir al Mediterráneo en un cementerio. Esas palabras tienen un sentido profundo: el Mediterráneo es la cuna de la civilización europea, vergonzosamente convertido hoy en la tumba de muchos miles de prófugos del hambre y de la violencia colonialista. Quizá rememora el genocidio de Cartago. Tal vez sea el desierto de Arizona europeo, o quizás el nuevo muro. Aún el aparato represivo europeo no ha desplazado su acción contra los jóvenes desocupados, pero lo hará en cuanto su protesta deje de ser pintoresca y comience a ser disfuncional para el poder financiero.

c) En Sudamérica el poder transnacional procura contener y desbaratar cualquier tendencia hacia una mejor redistribución de la renta, para lo cual le es funcional la alta violencia homicida en nuestras zonas de vivienda precaria, como también la letalidad del accionar policial, que tiene lugar con clara tendencia selectiva clasista y racista. No son extraños a esta funcionalidad los esfuerzos por desbaratar cualquier tentativa más o menos seria de pacificación, como la que se intenta en estos días en Colombia.

d) La situación geopolítica –en particular respecto de la producción y distribución de cocaína– hace que el Cono Sur de Sudamérica (Uruguay, Argentina, Chile) de momento registre niveles relativamente bajos de violencia. No obstante, el poder financiero trata de crear mediáticamente una realidad mucho más violenta que la letalidad registrada, con el mismo objetivo que en el resto de la región: montar un aparato represivo violento y gigante para controlar a sus excluidos. Para eso se vale del monopolio televisivo, de sus comunicadores, personeros, traidores y mercenarios.

Letargo televisivo

Es cada vez más urgente despertar del letargo televisivo. El panorama de letalidad violenta de nuestra región representa un verdadero genocidio por goteo. De los 23 países que en el mundo superan el índice anual de homicidios de 20 por cada 100.000 habitantes, 18 se hallan en América latina y el Caribe y 5 en Africa.

Son varias las investigaciones locales que muestran que esas tasas se concentran en nuestros barrios y asentamientos precarios, como también que los homicidios allí cometidos son los que presentan los porcentajes más altos de no esclarecimiento e impunidad.

Esto corresponde a la modalidad de control de la exclusión propia de esta fase avanzada del colonialismo. Es el efecto que sobre nuestra región tiene la Tercera Guerra Mundial no declarada.


Lejos de cierto pensamiento progresista que teme a métodos de control violento de siglos pasados, la verdad es que nuestros barrios precarios ya no son predominantemente controlados con tanques y policías y menos aún con los cosacos del Zar. Por el contrario, hoy se fomentan las contradicciones entre los propios excluidos y entre éstos y las fajas recién incorporadas. Las cifras disponibles muestran que los criminalizados, los victimizados y los policizados se seleccionan de las mismas capas sociales carenciadas o de las más bajas incorporadas.

El fomento de la conflictividad entre los más pobres potencia una violencia letal que ahorra la mayor parte de la tarea genocida a las agencias estatales, al tiempo que obstaculiza la concientización, la coalición y el protagonismo político coherente y organizado de los excluidos.

La altísima violencia que permite este genocidio por goteo, al igual que la diferencia con el Cono Sur, no podrían explicarse sin la incidencia de la economía creada por la prohibición de la cocaína. La demanda de este tóxico no sólo es rígida, sino que se fomenta mediante una publicidad paradojal, que asocia su uso a la transgresión, siempre atractiva a las capas jóvenes. Ante esta demanda incentivada, la prohibición reduce la oferta y provoca una formidable plusvalía del servicio de distribución, que se controla mediante las agencias que persiguen el tráfico y que, por ende, se convierten en entes reguladores del precio. (...)

El tóxico se produce en nuestra región y en ella queda alrededor del 40 por ciento de la renta total, en tanto que la mayor parte la produce la plusvalía del servicio de distribución interno de los Estados Unidos. La competencia por alcanzar el mercado mayor de consumo, o sea, por la exportación a los Estados Unidos, se produce en América latina, con altísimo nivel de violencia competitiva, que se incentiva con armas importadas desde el país demandante, donde además se retiene el monopolio del servicio de reciclaje del dinero de la totalidad de la renta. (...) La guerra a la droga que, como era previsible, estaba perdida desde el comienzo, se ha convertido en la mayor fuente de letalidad violenta de la región. Ha causado cientos de miles de muertes de jóvenes en pocos años, cuando se hubiesen necesitado siglos para provocar un número cercano por efecto del abuso del tóxico.

La cocaína no mata tanto por sobredosis, sino que lo hace su prohibición por concentración de plomo. Esta política suicida y absurda desde el punto de vista penal y de salud sólo es coherente como instrumento colonialista para corromper a las instituciones policiales, infiltrarse en la política y en algunos países para desprestigiar a las fuerzas armadas y debilitar la defensa nacional. (...)

Ocultar la realidad

En nuestra región, los medios de comunicación masivos, en especial la televisión, se hallan concentrados en grandes monopolios que están inextricablemente vinculados en red con los intereses del poder transnacional. Lógicamente, sus mensajes son perfectamente funcionales al modelo de sociedad excluyente que éstos fomentan. En consecuencia, juegan un papel central en el genocidio por goteo que se está cometiendo en la región.


En los países de alta violencia real, donde el aparato represivo mortífero es funcional a la letalidad entre excluidos, la televisión concentrada cumple la función de ocultarla, disimularla, minimizarla o naturalizarla. Por el contrario, en el Cono Sur, donde es mucho menor la violencia letal, la televisión concentrada crea una realidad violenta que le permita exigir –mediante reiterados mensajes vindicativos– el montaje de ese aparato mortífero. (...)

Los recursos de esta publicidad populachera son ampliamente conocidos, aunque no por ello menos eficaces: la invención de víctimas-héroes, la reiteración de la noticia roja sensacionalista, la exhibición de unas víctimas y el meticuloso ocultamiento de otras, los comunicadores indignados, el desprecio a las más elementales garantías ciudadanas, el reclamo de un retroceso a la premodernidad penal y policial, etcétera. En definitiva, se trata de mostrar a las víctimas como victimarios. (...)

Lo cierto es que la imagen de la violencia que tiene nuestra sociedad es la que proyecta la televisión concentrada, sea ocultando o disfrazando la existente o inventando la que no existe, siempre con el objetivo claro de montar un poder represivo mortífero y brutal. Pero al mismo tiempo también es cierto que es muy poco o casi nada lo que se invierte en investigación de campo acerca de la violencia. Lamentablemente, dado que no es posible prevenir eficazmente lo desconocido, cabe llegar a la penosa conclusión de que, más allá de las declamaciones, no hay poder interesado en prevenir seriamente las lesiones masivas al derecho a la vida en nuestra región.

En Latinoamérica –como en todo el mundo– los políticos quieren ganar votos y elecciones. Por ende, les resulta muy difícil enfrentarse con la televisión monopolizada. El poder financiero transnacional lo sabe y lo explota, pues se trata de una cuestión clave para sus objetivos hegemónicos. Basta verificar cómo en toda nuestra región la televisión concentrada emite una constante publicidad destituyente y descalificante de cualquier movimiento popular que pretenda redistribuir mínimamente la renta. Cualquier caso de corrupción pasa a ser vital, pero oculta cuidadosamente la administración fraudulenta de quienes contraen deudas imposibles de pagar, entregan soberanía sometiendo al país a jurisdicciones extranjeras, llevan a cabo políticas de ajuste que terminan en crisis, desbaratan el potencial industrial o malvenden la propiedad estatal.

Los políticos le temen a la televisión concentrada, y entre los asustados y los inescrupulosos sólo parecen ponerse de acuerdo para sancionar leyes penales disparatadas, que destruyen códigos y legislación razonable, para reemplazarlos por una colección de respuestas a mensajes televisivos que, en buena medida, promueven una antipolítica –por cierto que también funcional al poder transnacional–, dado que cada día es más evidente que responde a una actitud de subestimación de la inteligencia del pueblo.


Incluso los políticos que postulan modelos incluyentes de sociedad no pueden sustraerse del todo al reclamo de un aparato punitivo letal. Les embarga el miedo a la televisión, se sienten amenazados incluso en lo interno de sus propios partidos o movimientos, creen que deben dar muestras de orden y, de este modo, entran en contradicciones inexplicables. (...)


Policías

La función estructuralmente colonialista originaria de nuestras policías, es decir, la de ocupación territorial, se ha mantenido invariable a lo largo de los siglos.

La colonización originaria consistió en la ocupación policial de un territorio extranjero, creando inmensos campos de concentración. Si bien esta modalidad primitiva se dejó de lado en las fases posteriores del colonialismo, el modelo de policía de ocupación territorial se mantiene hasta el presente.


En el siglo XIX copiamos la Constitución de los Estados Unidos (único modelo republicano a la sazón disponible), pero no hicimos lo propio con la policía comunitaria norteamericana y, hasta el presente, nuestras policías conservan sus estructuras de ocupación territorial militarizada. Las oligarquías neocolonialistas les concedieron cierta autonomía y luego cundió la modalidad política de intercambiar con ellas gobernabilidad por concesión de ámbitos de recaudación autónoma.
Ese camino sucio, con un Estado rufián, que no pagaba lo justo a sus policías, pero que los habilitaba a recaudar de lo ilícito, dio algún resultado, hasta que el estallido de la prohibición de cocaína y los otros tráficos ilícitos favorecidos por la revolución comunicacional terminaron por poner en crisis a las instituciones policiales, deteriorar su función y degradar la imagen misma del Estado y el respeto a la legalidad. (...)

El deterioro que en el siglo pasado sufrieron nuestras fuerzas armadas, como consecuencia de la alucinante Doctrina de la Seguridad Nacional, se transfirió a nuestras instituciones policiales, cuando el poder transnacional decidió pasar del Estado de seguridad nacional al de seguridad urbana o ciudadana. Pero no contento con ello, el poder transnacional impulsó a algunos países de la región a que degradasen a sus fuerzas armadas a funciones policiales internas, con las consecuencias lamentables que para éstas y para la defensa nacional hoy verificamos. (...)

Desigualdad


Un dato altamente significativo es que nuestra región presenta simultáneamente los más altos índices de homicidios del mundo, pero también los de más alta desigualdad en la distribución de la renta, medida con el coeficiente de Gini.
Según los datos comparativos de la ONU, los índices de homicidio tienden a guardar una relación inversa con el ingreso per cápita, pero también una marcada relación directa con el coeficiente de Gini, o sea, que la experiencia mundial indica que a menor ingreso per cápita y a peor distribución, corresponden más homicidios.

De este modo resulta que el derecho al desarrollo que, como vimos, desde la perspectiva central es de tercera generación, en el plano de la realidad se conecta íntimamente con el primero de los derechos humanos, que desde la misma perspectiva sería de primera generación. El respeto a la vida depende, por ende, de la inclusión social, de la movilidad vertical, de la distribución mínimamente equitativa de la renta. Con razón los teóricos más modernos de los derechos humanos parecen haber archivado su clasificación en generaciones, para sostener hoy la conglobación de todos ellos. (...) No es la simple pobreza la que se refleja automáticamente en la violencia letal, sino la falta de proyecto, es decir, la frustración existencial que provoca la sociedad excluyente. (...)

Más allá del ocultamiento televisivo de la violencia letal o de su exageración mediática, de la confusión que esto siembra en el público y en las clases políticas, de la constante instigación a la venganza y al montaje de un aparato represivo mortífero, del oportunismo o del amedrentamiento o ignorancia de políticos y jueces, el ser humano latinoamericano sigue batiéndose y abriéndose paso por su derecho a ser considerado y tratado como persona.

El jurista latinoamericano se halla ante el ineludible deber jurídico y ético de repensar teóricamente el derecho en nuestra región, teniendo como objetivo primario una tutela real y eficaz del primero de todos los derechos: el derecho a la vida, lesionado en forma permanente por el genocidio por goteo que provoca la actual fase superior del colonialismo en nuestra Patria Grande.

Si bien abundan las Malinches de ambos géneros, nuestro ser humano latinoamericano no deja de reclamar el reconocimiento de su dignidad de persona, aunque sigue sufriendo en sus pies el dolor de Cuauhtémoc.


Por Raúl Zaffaroni, profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires

 

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Uruguay recibe a seis reos de Guantánamo como refugiados

Uruguay recibió la madrugada de este domingo en calidad de refugiados a seis prisioneros de Guantánamo –cuatro sirios, un palestino y un tunecino–, a quienes se acusaba de pertenecer a células de Al Qaeda, pero sin que nunca se les hayan presentado cargos.


La cancillería del país sudamericano confirmó el arribo de los excarcelados y señaló que mantendrá hacia ellos el más estricto apego a las normas de protección internacional humanitaria, de acuerdo con su solicitud de refugio.


Su traslado de la cárcel estadunidense en la base naval de Guantánamo, en territorio de Cuba, se hizo en un avión militar de Estados Unidos. La liberación se da después de 12 años de haber sido detenidos por sospechas de terrorismo en 2002.


El presidente José Mujica, en declaraciones a la televisión pública en las que defendió su decisión de acogerlos, afirmó esta semana que Guantánamo no es una cárcel, sino un nido de secuestro, porque una cárcel supone una sujeción a algún sistema de derecho, a la presencia de alguna fiscalía, a las decisiones de algún juez, cualquiera que sea, y un mínimo de punto de referencia jurídica.


Estamos muy agradecidos a Uruguay por esta importante acción humanitaria y al presidente Mujica por su fuerte liderazgo al ofrecer un hogar a individuos que no pueden regresar a sus propios países, declaró el enviado del Departamento de Estado, Clifford Sloan. Agregó que el apoyo de amigos y aliados es fundamental en el objetivo compartido de cerrar la prisión de Guantánamo.


Los liberados son el tunecino Abdul Bin Mohammed Abis Ourgy, de 49 años; el palestino Mohammed Tahanmatan, de 35, y los sirios Ahmed Adnan Ahjam, de 37, Alí Hussain Shaabaan, de 32, Omar Mahmoud Faraj, de 33, y Jihad Diyab, de 43, quien estuvo en huelga de hambre y acudió a la justicia estadunidense para hacer valer su derecho a no ser alimentado a la fuerza.


El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, asumió su mandato hace casi seis años con la promesa de cerrar la prisión, citando el daño que provocaba a la imagen del país en todo el mundo, dado que es condenada internacionalmente. Pero no ha podido hacerlo por obstáculos del Congreso y luego el retraso en el trámite del secretario saliente de Defensa, Chuck Hagel.


La cárcel de Guantánamo en la base militar centenaria que ocupa Estados Unidos, contra la voluntad de Cuba, fue abierta por el predecesor de Obama, George W. Bush, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 como parte de su guerra contra el terrorismo para internar allí a sospechosos capturados fuera del país, y que permitiera a Washington mantenerlos fuera de toda legislación jurídica.


Mujica, antiguo guerrillero y ex prisionero político, que desde enero había accedido a recibir a los seis de Guantánamo, reiteró su compromiso de que no serán encarcelados en Uruguay porque son refugiados, y tampoco están obligados a permanecer en el país. Aclaró que podrán irse cuando lo deseen, pues no aceptó una propuesta de Estados Unidos de una estancia de dos años. Se trata del primer traslado desde Guantánamo a un país sudamericano y el segundo a Latinoamérica, después de que El Salvador acogió como refugiados a dos presos uigures, en 2012, que luego abandonaron el país.


En tanto, varios funcionarios estadunidenses defendieron el fallido rescate de un fotógrafo de prensa y un profesor sudafricano, rehenes de Al Qaeda en Yemen, y afirmaron que no tenían otra opción que lanzar la operación. El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Mike Rogers, apoyó la decisión del operativo de Obama, en el que murieron Luke Somers y Pierre Korkie.


Una mujer, un niño de 10 años y un líder de Al Qaeda figuran entre las 11 personas que perdieron la vida junto a los dos rehenes, informaron miembros del clan donde se realizó el fracaso rescate, en el sur de Yemen.


Arabia Saudita anunció el arresto, este domingo, de 135 sospechosos de actos de terrorismo, 26 de ellos extranjeros.

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En Colombia el 16 por ciento de los niños no acceden a la educación primaria

Según estudio realizado por la Unesco, la cobertura de la educación primaria en Colombia no supera el 83,9 por ciento de los infantes. Entre ellos, más del 15 por ciento desertan por falta de recursos económicos.

 

Quince países de Latinoamérica y el Caribe participaron en el Tercer Estudio Regional Comparativo (Terce) realizado por la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la Unesco y el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (Llece). Los resultados fueron expuestos el miércoles 3 de diciembre en Brasilia, dando un diagnóstico alentador de la educación primaria en la región.

Estudio que en algunos aspectos es revelador. Por ejemplo, para el caso de Colombia muestra un panorama diverso, pues mientras el porcentaje de alumnos inscritos en educación primaria es del 83,9 por ciento –más bajo que el promedio regional obtenido de 91,2 por ciento–, el porcentaje de repetición es uno de las más bajos: solo el 2,4 por ciento de los estudiantes matriculados tuvieron que repetir el año cursado. Vale la pena anotar que en este resultado puede pesar la existencia y aplicación por los centros de estudio del decreto 230 que no permitía la perdida del año lectivo por parte de ningún estudiante, decreto que duró hasta hace cuatro años cuando fue reemplazado por el 1290 que brinda autonomía a cada una de las instituciones ante el tema de la promoción.

Las cifras del Terce demuestran que en Colombia hace falta garantizar una educación gratuita y de calidad que aseguren que el 16 por ciento de niños que hoy no llegan a la escuela en adelante sí lo hagan.

Los datos del estudio fueron recolectados en el 2013 por las organizaciones gracias a la cooperación de los países y a los resultados obtenidos luego de evaluar a más de tres mil escuelas y casi doscientos mil estudiantes de los grados tercero y séptimo de la región con pruebas de Lenguaje, Matemáticas y Ciencia. Por otro lado, el estudio tuvo en cuenta variables sociales y económicas de cada uno de los países participantes, como desigualdad social, pobreza e inversión educativa.

Estos datos destacan a Colombia como el segundo país, entre los catorce analizados, con el más alto índice de pobreza, con un 16 por ciento, apenas superado por Honduras, cuyo porcentaje fue del 30 por ciento.

Mientras tanto, en materia de inversión educativa, el país aporta un 4,4 por ciento del PIB y un 15,8 por ciento del presupuesto público, lo que lo posiciona por debajo de países como México, Guatemala y Chile, cuyos porcentajes van del 19,4 al 21 por ciento del presupuesto público. Sin embargo, es necesario destacar que en lo que ha corrido del 2006 al 2013 este porcentaje creció en el país.

Una de las cifras más preocupantes evidenciadas en el estudio es el alto índice de deserción de la escuela primaria que caracteriza a Colombia, donde el 15,3 por ciento de los estudiantes matriculados abandonan la institución, "ya sea por la ineficiencia de las instituciones para mantener a los estudiantes o por variables externas como la condición económica, que obliga al estudiante a trabajar para aportar al ingreso familiar", concluyen las organizaciones que realizaron el estudio.

Lo más alarmante es que esta tasa de abandono tuvo un aumento del 0,5 por ciento entre el 2006-2013, una de las más altas de la región.

Una de las posibles causas de este indicador podría explicarse por el alto índice de desigualdad social vigente en Colombia que para el 2012, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), correspondía al 0,54, el más alto de los 15 países analizados, lo que imposibilita la existencia de condiciones dignas para que un niño pueda desempeñarse plenamente en el ámbito educativo.

 

Desempeño de los estudiantes de educación primaria

Mientras tanto, los resultados obtenidos por los estudiantes de grado primero y sexto de las escuelas primarias colombianas fueron alentadores y mostraron un avance significativo en comparación con lo obtenido en las pruebas del 2006.

En el área de matemáticas los resultados tuvieron un aumento de 19,53 puntos para los grados terceros, mientras que los grados sextos obtuvieron un aumento de 21,98 puntos.

Una mejoría semejante presentó Ciencias Naturales, prueba que fue aplicada a los estudiantes de grado sexto, que obtuvo un resultado favorable en relación con el promedio regional, y un aumento del 22,18 en comparación con los resultados del 2006.

 

 

Lenguaje y matemáticas

Un dato curioso: la diferencia relevante presentada en las puntuaciones de lectura de tercer grado, significativamente más alta en niñas que en niños.

A nivel regional los resultados fueron similares pues en Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, México, Paraguay, República Dominicana y el estado mexicano de Nuevo León, las niñas también mostraron resultados superiores a los de los niños en esta área. Por otro lado, y para el caso colombiano, los niños, demostraron un mayor desempeño que las niñas en el área de matemáticas, tanto en el grado tercero como en el sexto.

En general el estudio Terce evidenció un mejoramiento en los resultados obtenidos en la región en todos los grados y áreas evaluadas. Sin embargo, los países que obtuvieron mayores puntajes son los mismos que han mejorado el presupuesto en educación, y cuya brecha de desigualdad y pobreza son menores. Es en esa medida que la dirigencia colombiana debe hacer esfuerzos significativos para que realmente exista una educación primaria gratuita, obligatoria y de calidad; correspondiéndole a las organizaciones sociales demandan la efectiva aplicación del derecho humano fundamental a una educación pública, gratuita y universal.

 

 

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Viernes, 05 Diciembre 2014 06:51

Militares con prontuario

Militares con prontuario

El Senado colombiano ratificó en un acalorado debate el ascenso de al menos 39 oficiales del ejército entre los que figuran cinco militares sobre los cuales existen sospechas de que cometieron graves violaciones a los derechos humanos, informó ayer el Ministerio de Defensa. Una amplia mayoría votó en el pleno de la Cámara alta a favor de esta promoción propuesta por el gobierno de Juan Manuel Santos, que ya había sido aprobada el 20 de noviembre por la Comisión Segunda del Senado. Los casos que generan polémica son los que involucran a los brigadieres generales Nicacio de Jesús Martínez Espinel, Jorge Alberto Eduardo Segura Manonegra, Emilio Enrique Torres Ariza y Gabriel Hernando Pinilla Franco, además de los sucesos que supuestamente tienen como protagonista al coronel Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, todos ellos promovidos a generales. Se los acusa de haber realizado ejecuciones extrajudiciales y homicidio agravado, ocurridos en las zonas en los que operaron batallones a su mando, pero también existe malestar porque, denunciaron los legisladores, sus historiales militares no se entregaron siguiendo los tiempos que establece el Senado.


Pese a las numerosas críticas del partido de izquierda Polo Democrático Alternativo (PDA), que se opuso a las cinco promociones impulsadas por el Ejecutivo colombiano, el pleno del Senado dio luz verde definitiva al ascenso general en un debate al que asistió el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. El funcionario desmintió que los oficiales hayan violado derechos humanos porque, aseguró, los organismos competentes han señalado que no hay ninguna investigación contra estos militares. "Debe respetarse la honra de estos uniformados y la de sus familias porque los entes de control han señalado que no hay investigaciones en su contra", indicó Carlos Pinzón. Sin embargo, desde el Polo sostuvieron que, al no recibir toda la información sobre sus historiales castrenses, realizaron investigaciones por su cuenta con las que pudieron determinar la existencia de sospechas de graves crímenes cometidos por estos oficiales.


Por su parte, la ONG Human Rights Watch (HRW) alertó ayer que el gobierno colombiano impulsa varias reformas legislativas que tienen como finalidad blindar los crímenes contra civiles cometidos por militares en el marco del conflicto armado. En una rueda de prensa en Bogotá, el director de este organismo para las Américas, José Miguel Vivanco, denunció que el Ministerio de Defensa inició una "emboscada legislativa" para proteger a los militares que han cometido graves violaciones a los derechos humanos.
"

Esa estrategia consiste nada menos que en una reforma constitucional y dos proyectos de ley", expuso Vivanco.
La reforma se refiere a la ampliación del fuero penal militar, una polémica medida que actualmente se debate en el Congreso y que, de aprobarse, implicaría que graves violaciones a los derechos humanos cometidos por militares sean juzgados por un tribunal castrense, advirtió la ONG. El responsable regional de HRW aseguró que en el proyecto se dice en términos directos y categóricos que a la Justicia penal militar le corresponderá el conocimiento de delitos tales como homicidios. Esta definición puede comprometer que se juzguen casos como el asesinato masivo de civiles presentados como guerrilleros para así conseguir resultados de guerra, hechos conocidos en el país como "falsos positivos", indicó Vivanco.

"Lo que persigue la reforma es que cualquier hecho que se produzca en el campo de batalla, y todo se produce en el contexto de hostilidades, esté amparado por unas órdenes que le dan un barniz de legalidad para proteger a todos los asesinos que participan en estas ejecuciones", apuntó Vivanco.

"Estamos hablando de retrocesos históricos de conquistas judiciales del Estado de derecho colombiano en los últimos 20 años", destacó el funcionario.

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Lunes, 01 Diciembre 2014 08:15

Las salidas

Las salidas


Doctora en justicia transicional, Natalia Springer es una de las personas más conocedoras del conflicto armado colombiano. Su informe "Como corderos entre lobos" reveló que no menos de 18 mil niños, niñas y adolescentes forman parte de grupos armados ilegales y organizaciones criminales.

 

En esta entrevista detalla las causas del conflicto, los daños que ha provocado y cuáles podrían ser las vías para alcanzar la paz.


—Comencemos por el trasfondo del conflicto colombiano. ¿Cuáles son sus principales causas?


—Prefiero hablar de múltiples conflictos, de dinámicas violentas de carácter crónico y persistente. Para dar dos ejemplos: en el sur del país, las comunidades y la movilidad social están fuertemente reguladas por la producción de coca y la necesidad de mantener los corredores para sacarla; en la zona del Catatumbo (nordeste), los conflictos por las regalías petroleras se suman al comercio y tráfico de grandes volúmenes de droga en el marco de una frontera –con Venezuela– muy porosa y problemática.
Respecto de las grandes causas, podemos distinguir, entre otras, la excesiva concentración de la tierra cultivable en pocas manos (0,03 por ciento de los propietarios concentran más del 95 por ciento de la tierra), concentración que consolidaron los paramilitares y las farc por la vía de una contrarreforma agraria que emprendieron a sangre y fuego para apoderarse de millones de hectáreas de las mejores tierras del país; el narcotráfico y la pobreza extrema, que afecta a más del 46 por ciento de la población, son una condición que ha pasado de ser consecuencia a convertirse en uno de los móviles. Son entonces muchas violencias, en las que el objetivo es la población más pobre y vulnerable.


—¿Cuáles serían los mecanismos más viables para que la desconcentración de la tierra se concrete?

—En la mesa de negociaciones de paz en La Habana se trabajó por meses una fórmula que aún no ha sido completamente finalizada sobre este tema. Como el gobierno colombiano conformó un equipo técnico encabezado por el entonces ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, se trabajó un esquema que el presidente Juan Manuel Santos dijo que pondrá en marcha independientemente del resultado del proceso. La fórmula está basada en la expropiación de los predios obtenidos ilegalmente, usando mecanismos que ya existen en la ley en casos de despojo y en los que se respetan todas las garantías del proceso para las partes. Este mecanismo ya viene siendo implementado por jueces especializados en el marco de la ley de restitución de tierras y a ella se le sumarán nuevos aspectos una vez que la fórmula sea perfeccionada y validada en un referendo.


—En su informe "Como corderos entre lobos" usted denuncia que no menos de 18 mil niños, niñas y adolescentes forman parte de grupos armados ilegales y organizaciones criminales. ¿Cómo reacciona la sociedad civil frente a esto? ¿Qué hace el gobierno?

—Hace unos años este tema ni siquiera formaba parte de la agenda y así lo demuestra la desmovilización paramilitar, que desapareció a los niños en sus filas. Según el testimonio que recogí de los jefes paramilitares, a algunos niños los mandaron a casa con algo de dinero y a otros los asesinaron porque sabían demasiado. Semejante aberración fue avalada por las organizaciones internacionales­ que hicieron la veeduría del proceso y que tienen presencia en Colombia con el mandato de vigilar esos temas. Pero sólo años más tarde han empezado a documentar lo que sucedió con esos niños a raíz de las denuncias que hicimos en el primer y el segundo informe, al que usted hace referencia. Ahora hemos logrado que el tema de los niños combatientes, pero también el de los niños usados por los grupos armados ilegales como parte de su logística de guerra, sean discutidos casi a diario. Fue un punto central en la campaña presidencial para todos los candidatos, y ahora mismo los partidos de la coalición de gobierno, pero también los de la oposición, están exigiendo de manera permanente la renuncia al uso y reclutamiento de niños en todo el territorio. El informe tuvo un alcance extraordinario.

—¿Es optimista en cuanto a las conversaciones de paz entre el gobierno, las Farc y ahora el Eln?


—Siempre he creído que la paz no es cuestión de optimismos, sino de trabajo duro y mucha resistencia a los embates, que son cada vez más frecuentes y difíciles de sortear. El actual es un proceso muy bien estructurado, que se ha amarrado a partir de una voluntad política incuestionable de reconocer y reparar a las víctimas del conflicto, no importa el origen del daño causado e independientemente de si el proceso de paz marcha o no. Esta transición es también un escenario de transformación social en el que han empezado a surgir cuestiones de gran trascendencia: ¿quién es víctima?, ¿a quién debe repararse?, ¿cómo establecer la verdad y hasta dónde debe llegar este esfuerzo por develar los móviles del conflicto?, ¿cuál es el mecanismo correcto para refrendar los acuerdos de paz? Estamos lejos de la firma de los acuerdos, pero muchísimo más de encontrar la paz y que ésta llegue y se consolide en las regiones que más han sufrido.


—Usted ha señalado que el perdón y el olvido siempre llevan a brotes de violencia más graves. Hace hincapié en la búsqueda de alternativas audaces para consolidar la paz.

—Colombia ha producido, en el último siglo, más de 90 actos de amnistía (de facto y de jure) y perdones generales e individuales que, evidentemente, no han contribuido a la paz. La clave está en la desmovilización de los combatientes, la atención de todas las víctimas y el desarrollo de una política de Estado en materia de justicia que nos obligue a hacer un diagnóstico realista de lo que pasó, por qué, quiénes son los responsables y los beneficiarios de esa violencia y cómo garantizar que no se repita. Yo empezaría por la instauración de una comisión de la verdad y de un tribunal especial. En manos de la justicia está la respuesta.

—¿Cuáles podrían ser algunas de esas alternativas específicas?

—En 2003 presenté una alternativa que desde entonces he defendido e implementado, y que por eso mismo puedo revisar incluso a la distancia. Mediante el uso del principio consuetudinario del resarcimiento del daño causado, los combatientes pueden cumplir su pena en libertad y con trabajo, en las mismas comunidades que han destruido, a unos costos y tiempos que son verdaderamente extraordinarios. Por ejemplo, el desminado de los territorios que ellos mismos han sembrado y la reconstrucción de infraestructura de acceso a regiones que han vivido, literalmente, en una situación permanente de confinamiento. Funciona y ya podemos probarlo.

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Sábado, 29 Noviembre 2014 08:33

TPP: el velo rasgado

TPP: el velo rasgado

Daniel Feierstein, del Centro de Estudios sobre Genocidio en Argentina, miembro del jurado de la audiencia final de Tribunal Permanente de los Pueblos capítulo México (TPP), expresaba ante los hechos que se presentaron al Tribunal, que en otros países ya les había tocado analizar casos de torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, asesinatos políticos, violaciones, represión de movimientos, grandes dosis de impunidad... pero siempre en dictaduras. México, agregó, es el único país donde todo esto sucede en democracia.

 

La masacre de estudiantes de Ayotzinapa y la reacción de indignación y solidaridad en todo el país y en el mundo rasgó irreparablemente el velo, dejando al descubierto una dura realidad. Todo aquello que se ha documentado tan trabajosamente durante tres años de labor del Tribunal, se condensó en Iguala en unas horas de barbarie, escribe el jurado como introducción de la sentencia que emitieron el 15 de noviembre 2014. En ese reino de la impunidad que es el México de hoy, hay homicidios sin asesinos, torturas sin torturadores, violencia sexual sin abusadores, en una desviación permanente de responsabilidad en la que pareciera que los miles y miles de masacres, asesinatos y violaciones sistemáticas a los derechos de los pueblos son siempre hechos aislados o situaciones marginales y no verdaderos crímenes en los que tiene responsabilidad el Estado.


Tres años de proceso, más de mil organizaciones y movimientos sociales involucrados, decenas de foros y talleres preparatorios de las audiencias por todo el país, denunciaron, sistematizaron y presentaron ante el Tribunal Permanente de los Pueblos, más de 500 casos documentados de violaciones a los derechos de los pueblos: violencia contra migrantes, trabajadores, comunicadores, jóvenes, feminicidios y otras violencias de género, devastación ambiental, violencia contra los pueblos del maíz y la soberanía alimentaria, asalto a la educación y los educadores, guerra sucia que echa su sombra hasta el presente, despojos, masacres y guerras que no terminan y minan en represión a los movimientos sociales, represión a los que se indignan por los atropellos, represión a los que protestan por la represión. Y sobre todo ello un manto de legalidad e impunidad.

 

Todo esto fue presentado con detalles y documentos por los y las agraviadas en 39 preaudiencias y 11 audiencias temáticas, cada una con su panel dictaminador o jurado, que constituyeron la base de las acusaciones ante la audiencia final del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) en México del 12 al 15 de noviembre 2014. Desde 2011, cuando este reconocido tribunal ético internacional aceptó e inauguró el capítulo México del TPP, participaron y contribuyeron más de 200 investigadores, 140 dictaminadores y jueces en las audiencias temáticas, 70 expertos internacionales designados desde la secretaría internacional de TPP en Roma, Italia.


El jurado de la audiencia final lo integraron 12 expertos internacionales en los derechos y temas denunciados, incluidos magistrados, jueces y asesores de la Corte Penal Internacional y otras instancias de Naciones Unidas y el obispo Raúl Vera de México, que ha seguido de cerca todo el proceso desde su comienzo. Elaboraron una sentencia de 96 páginas que resume los hechos, expone las causas y finca las responsabilidades del Estado mexicano, de empresas trasnacionales, de terceros países, en particular Estados Unidos y Canadá, de instituciones internacionales. (Se puede ver toda la sentencia en tppmexico.org)


La sentencia confirma la acusación principal de desvío de poder del Estado mexicano en sus niveles municipal, estatal y federal, el uso y abuso trans-sexenal de recursos y poderes del Estado para favorecer intereses privados y trasnacionales contra el interés público, pero además, para mantener una imagen positiva a nivel internacional, que dificultara apreciar en toda su dimensión la violación sistemática de los derechos de los pueblos.


Reconocen masacres anteriores, pero acusan con detalle a los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por una serie de violaciones de derechos establecidos internacionalmente y firmados por México y en todos los casos por crímenes de lesa humanidad. La sentencia condena a los responsables del gobierno de Enrique Peña Nieto por la comisión de crímenes de lesa humanidad (por actos de asesinato, exterminio, esclavitud, violación, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, desaparición forzada de personas). Responsabilidades individuales por crímenes internacionales, por delitos contra los derechos económicos, sociales y culturales, por delitos contra el medio ambiente y por la existencia de un cuadro generalizado de impunidad.


El Tribunal se comprometió a presentar la sentencia al gobierno y a los poderes Legislativo y Judicial de México (los cuales fueron convocados formalmente a presentar su defensa pero no acudieron), así como ante varias instancias de la comunidad internacional y ante el Parlamento Europeo. El proceso de construcción del rompecabezas colectivo desde abajo, continúa.


por SILVIA RIBEIRO, Investigadora del Grupo ETC

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Domingo, 23 Noviembre 2014 05:54

El caso Ayotzinapa, una desgracia: Calle 13

El caso Ayotzinapa, una desgracia: Calle 13

Todas las causas sociales son importantes, pero el caso de Ayotzinapa me parece que va más allá de la política: trasciende al plano de los derechos humanos. Va más allá de México; es algo más grande, porque es algo muy fuerte, es una desgracia, dijo René Pérez, conocido como Residente, de la agrupación Calle 13, previo a su concierto de anoche en el Palacio de los Deportes.


Residente ofreció una conferencia junto con Eduardo Cabra, Visitante, la otra parte de la agrupación puertorriqueña. También los acompañó el guitarrista Tom Morello.

En la charla, Residente comentó que habló con uno de los padres de los desaparecidos. Es muy conmovedor lo que me contó, porque yo acabo de tener un hijo, y sé que es muy fuerte, yo apoyo estas causas porque no puedo dejar de hacerlo, es mi deber. Para mí sería imposible treparme en una tarima y que esto pase en Latinoamérica y no mencionarlo. No obstante, no entiendo porqué gente en México lo ha maliterpretado y se han ofendido.


Se le preguntó al músico qué le comentaría al presidente Enrique Peña Nieto sobre el caso. A lo que dijo: No es mi presidente. El mensaje se lo tienen que dar ustedes, manifestándose pacíficamente para que haya más unidad.
Sin oportunismo


Sobre su activismo y manifestación habitual en los lugares en los que se presenta con su grupo, aseguró que él sólo usa el micrófono para algo positivo, expresarse.


"Lo hacemos genuinamente, no ganamos nada. ¿El oportunismo? ¿De qué?, yo sólo gano la oportunidad a que me peguen un tiro. Tampoco pierdo la oportunidad de sonar menos en la radio, de no vender un disco o de no participar en los Grammys. Sólo somos artistas y hablamos, y expresamos lo que sentimos con toda honestidad. No tenemos porqué no hacerlo. No me interesa ser un líder, lo dije, tengo un micrófono y lo uso. Agregó: Podría no meterme en nada y cantar música pop y vivir tranquilo, y así olvidarme de tener seguridad y una esposa con miedo. No. Yo voy a defender lo que ocurre en otros países también.

No obstante, aceptó que los artistas no están obligados a decir cosas si no la sienten. A mi como me criaron mis padres bajo mi instancia, desde pequeño tengo esos valores y cuando ocurre una injusticia como la de Ayotzinapa, sólo hice lo que tenía que hacer, en referencia a su discurso en la ceremonia de los Grammys pasados.

Comentó que en dicha gala la mexicana que sí habló fue Lila Downs antes de la premiación, pero no lo televisaron.
Por su parte, Tom Morello, músico reconocido de la banda Rage Against the Machine, dijo que en Estados Unidos mucha gente está a la expectativa de este caso de Guerrero y que él siempre se unirá a este tipo de causas.

Respecto al decreto de Barack Obama sobre la regularización de miles de migrantes, el músico aseveró que no es suficiente. La justicia no debe tener fronteras.


A su vez, Eduardo Cabra, comentó estar únicamente orgulloso de su hermano (René) sobre manifestarse. Hay que tener cojones para hacer lo que él hace.

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Viernes, 21 Noviembre 2014 07:11

Todo México reclama el fin de la impunidad

Todo México reclama el fin de la impunidad

Encolumnados detrás de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, miles de mexicanos marcharon por las calles del Distrito Federal reclamando justicia. El paro nacional y la jornada de protesta que ayer se extendió a todo el país fueron la respuesta que la sociedad civil mexicana dio a las salidas mediáticas que el presidente Enrique Peña Nieto ha ensayado a lo largo de la semana para encarar la crisis de derechos humanos detonada por la desaparición forzada de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, y la indignación social.


Al hastío expresado anoche en una de las manifestaciones más grandes de la historia reciente del país, que incluyó paros en al menos 150 universidades públicas y privadas, se sumaron las voces de los premios Nobel de la Paz 2014 y 2006, Amnistía Internacional y hasta el presidente del Banco Mundial en un solo reclamo: justicia para las familias de Ayotzinapa.


Sin embargo, Peña Nieto volvió a endurecer el discurso y advirtió que "atentar contra las instituciones es atentar contra los mexicanos". En un acto ante militares en el Campo Marte, Peña Nieto dijo que hará que impere el Estado de Derecho, pero el secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, puntualizó que la inseguridad y el crimen organizado "son problemas de Estado y no de gobierno".


Poco después de eso, y varias horas antes de las manifestaciones pacíficas convocadas sobre todo por las comunidades estudiantiles y académicas del país, en apoyo de los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, la policía y un par de grupos de encapuchados escenificaron choques en una zona cercana al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La policía informó de 13 detenidos, pero había versiones de que eran más de 30.


Tres grandes manifestaciones que salieron de diversos puntos estratégicos en zonas céntricas de la Ciudad de México confluyeron en el Zócalo, justo frente al Palacio Nacional. Un contingente salió del Angel de la Independencia, en el corazón financiero de la capital del país, uno más salió desde el Monumento a la Revolución y el último desde la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, donde fueron masacrados cientos de estudiantes el 2 de octubre de 1968.


Al inicio de las movilizaciones en el Distrito Federal, al menos otras 237 ciudades en México y el mundo habían anunciado acciones similares. En la Argentina, varios colectivos organizaron manifestaciones en Buenos Aires, La Plata y Salta. Lo mismo ocurriría en muchas ciudades de Brasil, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos (donde se organizaron actos en al menos 43 ciudades), Guatemala, Perú y Uruguay, en el continente americano. En Europa, los actos iniciaron aun antes de que en México, por la diferencia de horario, en media docena de ciudades de Alemania, en Austria, Bélgica, España, Francia, Finlandia, Dinamarca, Holanda, Inglaterra, Islandia, Italia, Noruega, Suecia y Suiza. También se confirmaron manifestaciones en la India, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda y Australia (ver aparte).


Si Peña Nieto insiste en que es víctima de complots conspiratorios de periodistas que escrutan su desempeño y de una sociedad civil que les exige cuentas, a los que acusa de atentar contra la estabilidad de su gobierno, tendrá que incluir entre sus enemigos a gobiernos, organismos internacionales y la prensa internacional, que también lo cuestiona y se impacienta ante la falta de respuestas puntuales y eficaces para la sociedad mexicana.


Al mandatario se le acaba el margen de maniobra dentro del país, pero la reacción global es una clara señal para México: el mundo también empieza a pedirle cuentas.


"Debe haber más vigilancia por parte de la sociedad, ya que a veces existe un problema de negación ante estos incidentes. Se debe alzar la voz y romper el silencio. La solución tiene que ser una combinación de buen ejercicio de poder, leyes y organización social", dijo el Premio Nobel de la Paz 2014 Kaylash Satyarthi, quien reclamó que el sistema de responsabilidades y de rendición de cuentas en México "tiene que funcionar, y de eso se debe encargar el gobierno".
En cualquier caso, "la prioridad es encontrar a los desaparecidos y luego arrestar y castigar a los responsables", dijo Satyarthi en una entrevista de CNN México durante una conferencia en Thomson Reuters Foundation.


Ahí mismo, Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz 2006, lamentó que en México se viva "un grave problema de ley y orden", el cual se asocia a que muchas personas viven en pobreza extrema.


La desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa "es fuente de grave preocupación para la comunidad nacional e internacional y refleja la crítica situación de derechos humanos que vive México", dijo Amnistía Internacional, al tiempo que iniciaba una petición global dirigida al presidente Peña Nieto. Para esta organización con sede en Londres, "Ayotzinapa no es un hecho aislado", sino que forma parte de un contexto que se suma a casos como las ejecuciones extrajudiciales de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, a manos del ejército, a finales de junio pasado, por los que se procesa a siete militares.

La crisis de derechos humanos pasa también por los femicidios en Chihuahua, un fenómeno incesante desde hace 20 años, y las decenas de miles de secuestros a migrantes y las más de 22.000 personas desaparecidas en diversas partes del país. Amnistía urge a Peña Nieto a enviar una iniciativa de ley al Congreso para armonizar la legislación federal con los estándares internacionales de derechos humanos en materia de desaparición. También le exige generar protocolos de búsqueda rápidos y efectivos para los casos de desaparición, y tomar las acciones necesarias para que el Estado mexicano acepte la competencia del Comité Contra la Desa-parición Forzada de la ONU para recibir y examinar las comunicaciones pertinentes de parte de individuos y otros Estados.


Tal vez lo último que esperaba Peña Nieto era que uno de los líderes del sistema financiero internacional se sumara a las voces que cada vez lo arrinconan más. En un acto celebrado el miércoles en la residencia oficial de Los Pinos, el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, se solidarizó con las familias de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, y dijo esperar que el gobierno de México haga que los culpables respondan ante la Justicia. "Sería equivocado de mi parte estar en el país y no reflexionar en la tragedia que significa la desa-parición de 43 jóvenes. Quiero sumar mi voz al respaldo a las familias de los estudiantes desaparecidos. Ellos merecen la verdad y justicia", dijo Jim Yong Kim.


PARA AMNISTIA INTERNACIONAL, EN MEXICO LA IMPUNIDAD ES UNA CONSTANTE

"Una grave crisis de DD.HH."


.El presidente de México, Enrique Peña Nieto, no reconoce la crisis humanitaria que atraviesa su país. Con estas duras palabras, Amnistía Internacional (AI) cuestionó ayer al mandatario por calificar de "intentos de desestabilización" las protestas por la de-saparición de los 43 normalistas y por ignorar la cifra de desaparecidos en los últimos años.


"La afirmación del presidente pone en evidencia que su administración continúa sin reconocer la grave crisis de derechos humanos que enfrenta México y que en los últimos años la falta de acceso a la Justicia y la impunidad ante violaciones graves a los derechos humanos ha sido una constante", indicó el organismo en un comunicado.

De acuerdo a AI, la represión policial y la violencia de los narcotraficantes sufridas por los estudiantes de Ayotzinapa –que dejaron un saldo de seis muertos, 25 heridos y 43 desaparecidos– no son hechos aislados, sino parte de un contexto de violaciones graves a los derechos humanos.

El sábado, apenas llegado de su gira por China y Australia, Peña Nieto advirtió que estaba dispuesto a usar la fuerza si era necesario. "Si lo que demandamos es justicia y que los responsables de estos hechos paguen, y que sea aplicada la ley en todos sus términos, no puede ser a través de actos de violencia y vandalismo y más cuando afectan a terceros", dijo.


El mandatario advirtió que su gobierno no dejará de agotar toda instancia de diálogo, acercamiento y apertura para evitar el uso de la fuerza para restablecer el orden. Por ello, aseguró, aspiraba a que no sea el caso de que el gobierno tenga que llegar al "extremo" de hacer uso de la fuerza pública.

El pronunciamiento de AI agregó que las afirmaciones presidenciales parecen "ignorar el elevado número de personas desaparecidas en el país, que de acuerdo a cifras oficiales son 22.000 y que la práctica de tortura se ha elevado en un 600 por ciento". A esto se suman las medidas poco efectivas para la búsqueda de personas. "(Peña Nieto) muestra una vez más la falta de compromiso de su gobierno para hacer frente a la situación que se vive en el país, marcando una tendencia a la criminalización de las demandas de justicia y la manifestación libre de ideas, derechos que, lejos de de-sestabilizar, son la piedra angular de una sociedad democrática", afirmó Perseo Quiroz, director ejecutivo de AI en México.


"Los hechos han rebasado ya los compromisos verbales. Es momento de que el presidente reconozca la grave crisis de derechos humanos que ha atravesado México en los últimos años y que su administración no ha logrado combatir la impunidad en el país", añadió.

Sin embargo, AI no es el único organismo que viene alertando sobre la situación en México. En 2013, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidos había realizado una serie de recomendaciones al país para mejorar su historial en derechos humanos. En tanto, AI había llamado en marzo al gobierno de Peña Nieto a pronunciarse claramente sobre los compromisos en materia de derechos humanos y a garantizar la búsqueda de víctimas de desaparición. Además, le había pedido que llevara a los responsables ante la Justicia, incluyendo a los funcionarios públicos que pudieran estar implicados en desapariciones forzadas.


A principios de mes, la organización humanitaria afirmó que las líneas de investigación de la desa-parición forzada y ejecuciones extrajudiciales llevadas adelante por la Procuraduría general eran limitadas e incompletas, además de estar acompañadas de funcionarios que se rehusaban a cuestionar la connivencia entre el Estado y el crimen organizado en lo que refiere a la violación de derechos fundamentales. "Trágicamente, la desaparición forzada de los estudiantes es sólo el último de una larga serie de horrores que han sucedido en el estado de Guerrero y el resto del país. La corrupción y la violencia como señales de advertencia han estado allí para que todos las vean desde hace años y los que negligentemente las han ignorado son ellos mismos cómplices de esta tragedia", dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.


El procurador general Jesús Murillo Karam evitó mencionar la negligencia y la complicidad estatal en la investigación de una serie de denuncias contra el ahora detenido alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y el hecho de no llevar a la Justicia a los integrantes de la policía federal y local involucrados en el asesinato y la tortura de otros estudiantes de Ayotzinapa en 2011.


Abarca, quien es el principal sospechoso de la desaparición forzada de los estudiantes, es también sospechoso de cometer actos de corrupción y otros delitos graves. En junio de 2013, el sobreviviente de un ataque a ocho activistas locales, en el que tres personas murieron, informó que el alcalde había participado directamente en los asesinatos. El sobreviviente proporcionó una relación detallada que se le entregó a un notario público, debido a los temores sobre la connivencia de la policía. Sin embargo, la fiscalía no llevó a cabo ninguna investigación sobre las reclamaciones, indicó AI.
"Cualquier investigación iniciada ahora por el Procurador General llegará demasiado tarde. Si se hubieran realizado investigaciones exhaustivas sobre las denuncias contra el alcalde de Iguala y la policía federal y local cuando se produjeron otras violaciones graves de los derechos humanos, tal vez estos terribles asesinatos y desapariciones forzadas no hubieran tenido lugar", sostuvo Guevara.

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