Domingo, 16 Noviembre 2014 06:13

Carta a las y los jóvenes de México

Carta a las y los jóvenes de México

Me dirijo a todos mis amigos y a todas mis amigas de México. Si me permiten, me dirijo en especial a ustedes los jóvenes y las jóvenes de México.


Una conmoción atraviesa todo el mundo por el horror de la masacre de los jóvenes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, Guerrero, y en particular por el horror de los detalles con que se ha cometido esta acción. Comprendo su gran angustia, rabia y perplejidad: ¿Qué tipo de sociedad es esta que permite que gente aparentemente normal como nosotros cometa crímenes tan detestables? ¿Qué Estado es este que parece infiltrado hasta los huesos por la narcoviolencia? ¿Qué democracia es esta que invita a la resignación ante enemigos que parecen demasiado fuertes para poder ser combatidos, mientras se aprueban leyes que criminalizan la protesta pacífica (como las leyes bala y mordaza)? ¿Qué policía es esta que es cómplice con la desaparición forzada y tortura de ciudadanos inocentes? ¿Qué política educativa es esta que persigue a la educación rural y no permite que estos jóvenes sean héroes por la vida comunitaria que promueven, sino mártires por la muerte horrorosa que sufren? ¿Qué comisiones de derechos humanos son esas que existen en ese país, que están ausentes y omisas ante crímenes de lesa humanidad mientras que los verdaderos activistas de derechos humanos son asesinados? ¿Qué mundo es este que sigue elogiando el Presidente de la Republica por el simple y único relevante hecho de haber entregado al imperialismo la última riqueza del país que restaba en manos de los mexicanos?
Sé que son demasiadas preguntas, pero lo peor que podría pasar sería que Ustedes se dejasen dominar por la magnitud de ellas y se sintieran impotentes. La contingencia de nuestra vida y de nuestra sociedad está dominada por dos emociones: el miedo y la esperanza. Sepan Ustedes que esta violencia desatada se dirige a su resignación, dominados por el miedo y, sobre todo, por el miedo de la esperanza. Los poderosos criminales saben que sin esperanza no hay resistencia ni cambio social. Sabemos que es difícil escapar al miedo en condiciones tan dramáticas como las que viven. El miedo no se puede eliminar, pero lo importante es no rendirse al miedo, sino tomarlo en serio para poder enfrentarlo y superarlo eficazmente, a eso le llamamos: Esperanza. Ustedes tienen la fuerza para salir de esta pesadilla, resistir a la ilegalidad y violencia institucionalizadas y construir una alternativa de esperanza. Para eso es necesario organización, respaldo popular y una clara visión no solamente política, sino también ética de una sociedad donde sea posible vivir con dignidad y en paz.


Hay varias opciones y no me sorprende que Ustedes las contemplen todas. Sé que algunos buscan criar zonas autónomas, libres de opresión y de dominación. Tales zonas liberadas son fundamentales como espacio de educación, para que Ustedes muestren unos a los otros que es posible vivir de manera cooperativa y solidaria para que cada uno y cada una pueda decir: yo soy porque tú eres. Pero más allá de las zonas liberadas es necesario enfrentar el poder político, económico y cultural que oprime y aterroriza. Para eso hay dos opciones básicas y estoy seguro que Ustedes analizan las dos con mucho cuidado: por un lado, la lucha armada, por otro, la lucha pacífica, legal e ilegal. Si me permiten, les digo que la historia muestra que la primera es irrenunciable solamente cuando no hay otra posible alternativa. La razón es simple: la lucha armada difícilmente tiene respaldo popular si obliga a sacrificar la vida para defender la vida. La pregunta es ¿hay espacio de maniobra para una alternativa pacífica? Humildemente pienso que sí porque la democracia mexicana, a pesar de estar muy herida y violada, está en nuestro corazón, como bien demuestran sus luchas contra tantos y sucesivos fraudes electorales. Miren la experiencia del sur de Europa, donde el desespero de los jóvenes está dando lugar a innovaciones políticas interesantes, partidos-movimientos que asumen internamente los procesos de democracia participativa, donde los rostros conocidos son voceros de procesos de deliberación muy creativos en que participan miles de ciudadanos y ciudadanas. Y subrayo, ciudadanos y ciudadanas. Lamentablemente, en muchos países, y México no es excepción, las tradiciones de lucha tienen estilos bastante autoritarios, estilos machistas verticales. Hay que profundizar a ese nivel la democracia participativa, sobre todo cuando sabemos que las mujeres han sido tantas veces blancos privilegiados de los sicarios. ¿Será posible en México un nuevo partido-movimiento organizado por las jóvenes y los jóvenes? Ustedes saben la respuesta. Mejor aún, Ustedes son la respuesta. No va ser fácil porque los señores del poder van intentar criminalizar su lucha pacífica. Hay que asumir el costo de la resistencia pacífica aunque ésta sea declarada ilegal, asumir ese riesgo en nombre de la esperanza. El miedo de la ilegalidad tiene que ser enfrentado con la convicción de la ilegalidad del miedo. Ahí está la esperanza.
Un abrazo solidario.

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Jueves, 13 Noviembre 2014 05:51

Víctimas del Estado estadounidense

Víctimas del Estado estadounidense

El Comité contra la Tortura de la ONU cuestionó ayer la política migratoria de Estados Unidos, especialmente el trato a los miles de menores indocumentados que entraron en forma irregular a su territorio.


Asimismo y sobre la prisión militar de Guantánamo –en Cuba–, los expertos cuestionaron por qué sigue abierta con un centenar y medio de presos, la mayoría de los cuales no fueron sometidos a juicio y no cuentan con acceso a los derechos fundamentales de cualquier ciudadano.


Estados Unidos compareció ante el Comité contra la Tortura de la ONU, que entre ayer y hoy revisará si Washington viene cumpliendo desde 2006 con la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Uno de los dos relatores, Alessio Bruni, definió como una "situación dramática" lo que sucede con los 68.000 menores inmigrantes detenidos que provienen de El Salvador, Guatemala, Honduras y México, y que entraron en Estados Unidos.


Más del 95 por ciento de los niños no mexicanos solos detenidos en la frontera fueron liberados y entregados a familiares con una orden de presentación ante las autoridades, entre ellas las cortes de inmigración. El resto fue enviado a centros administrados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos para Niños y Familias. En 2008 el Congreso aprobó la Ley de Reautorización de Protección de las Víctimas de Trata, según la cual la patrulla fronteriza está obligada a tomar en custodia a los niños migrantes que no sean originarios de México y transferirlos a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (dependiente del Departamento de Salud y Servicios Humanos) en un plazo de 72 horas.


"No entiendo por qué hay otras 68.000 familias inmigrantes detenidas en los centros de detención, ¿no había otra manera de mantenerlas?", se cuestionó Bruni. El experto pidió a la delegación que aporte información más detallada de todas estas personas retenidas, así como el número de los que fueron expulsados inmediatamente tras ser detenidos. El segundo relator, Jens Modvig, preguntó sobre las denuncias de abusos sexuales a menores en los centros de detención y pidió datos al respecto.

El 2 de junio, el presidente Obama reconoció la existencia de una crisis humanitaria tras el arresto, en lo que iba del año, de 46 mil niños migrantes solos cuando intentaban ingresar al país. Al 28 de agosto, según datos del Departamento de Seguridad Nacional, el número de niños detenidos por la patrulla fronteriza sobrepasó los 66 mil. La experta Sapana Pradhan-Malla apuntó sobre las investigaciones a funcionarios de centros de detención por supuesto abuso sexual a inmigrantes y sobre cuántos procesamientos siguieron. Pradhan-Malla también se preguntó por qué se sigue encadenando a las inmigrantes retenidas en el momento del parto, una pregunta que Modvig amplió al conjunto de las cárceles del país.
A principios de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe muy duro sobre el estado de los niños migrantes en centros de detención y dijo que la detención generalizada y prolongada se trata de una medida "indeseable". El reporte explicó que, tras una visita llevada a cabo por los miembros de la Comisión entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre, encontró inquietante información sobre graves violaciones a los derechos humanos de los niños, entre ellos a la libertad, la seguridad personal, igualdad ante la ley y al debido proceso.

George Tugushi, que ayer actuó como presidente porque quien ostenta el cargo, Claudio Grossman, se abstuvo por residir en Estados Unidos, también se refirió a los inmigrantes. Tugushi preguntó por qué se les somete a detención prolongada y a veces indefinida. "¿Por qué no se les individualiza, se trata sus casos conforme a la ley, y por qué no se buscan alternativas a la detención?", cuestionó Tugushi.


Guantánamo también fue incluido en la agenda. Mary Mcleod, asistente jurídica del gobierno estadounidense, afirmó durante su intervención inicial que el Ejecutivo tenía claro que la Convención sobre la Tortura y Tratos degradantes o inhumanos se aplicaba incluso en tiempos de guerra. Bruni solicitó datos concretos sobre el estado de todos los reos y específicamente sobre si los que son sospechosos pero no se les ha procesado tienen las mismas garantías judiciales que el resto.


Los dos relatores cuestionaron sobre la alimentación forzada a presos de Guantánamo –algo que todas las instancias de la ONU rechazan– y por qué los presos no tienen derecho a atención médica independiente. Asimismo, los expertos cuestionaron qué garantías da el gobierno sobre que los presos transferidos a terceros países no serán torturados.
Finalmente, los expertos preguntaron al gobierno por qué deniegan que el relator de la ONU sobre la Tortura visite Guantánamo y se entreviste individualmente con los presos. Otro de los temas recurrentes fue conocer si se produjeron investigaciones y procesos contra funcionarios civiles y militares responsables de malos tratos y torturas. Además, hubo preguntas sobre el uso de pistolas eléctricas y las supuestas 600 muertes que causaron y sobre los abusos del clero y sobre abusos cometidos contra la comunidad transexual, entre otros. Los expertos también cuestionaron sobre los malos tratos sufridos por los reos condenados a muerte, tanto durante los años que pasan en el corredor de la muerte como durante la ejecución, y sugirieron el establecimiento de una moratoria a la pena capital.

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Lunes, 10 Noviembre 2014 07:34

Cuando expropiación es crimen

Cuando expropiación es crimen

Una demanda recibida el 7 de agosto por la Corte Penal Internacional (CPI) detalla los cargos que se pueden imputar a la que llama la élite en el poder del país acusado. La demanda abarca a miembros del gobierno, las fuerzas armadas y grandes empresarios. Dicha élite habría incurrido en traslados forzosos, asesinatos, arrestos ilegales, persecución y otros actos inhumanos con el objetivo de enriquecerse y mantenerse en el poder a cualquier costo. Todo lo cual cabe en la definición que el Estatuto de Roma, carta fundacional de la CPI, establece para los crímenes contra la humanidad, aunque nunca se han aplicado a desplazamientos forzosos producidos, no en un contexto de guerra, sino por concesiones realizadas por el gobierno a empresas de medio mundo, dice un informe.

En un momento en el que las violaciones de los derechos humanos relacionadas con la tierra han alcanzado niveles escandalosos, esta comunicación da a la CPI la rara oportunidad de confirmar el papel de la ley internacional para proteger a las poblaciones de los desplazamientos masivos forzosos durante tiempos de paz, aseguró Richard J. Rogers, abogado del bufet londinense Global Diligence que representa a las víctimas, reporta Laura Villadiego en ¿Expropiaciones forzosas, nuevo crimen contra la humanidad? (30 de octubre, en la revista digital esglobal, editada en Madrid como heredera de la conservadora Foreign Policy en español).


Aunque podría, no se trata de México (todavía), sino de Cambodia. Mas luego de las reformas estructurales que las élites nos terminaron de asestar, y su aplicada reglamentación para las expropiaciones en favor de petroleras, mineras o constructoras (y sin derecho de consulta para los afectados, la Tremenda Corte dixit), bien podría el régimen peñista ponerse pronto el saco, no lejos de Guatemala.


El término crímenes contra la humanidad fue acuñado en 1915 cuando Francia, el Reino Unido y Rusia denunciaron el exterminio de armenios en Turquía. El nuevo concepto adquirió relevancia al ser juzgados los criminales nazis tras la infame Segunda Guerra Mundial. En las siguientes décadas, apunta la autora, las condenas por crímenes contra la humanidad se han aplicado fundamentalmente a asesinatos en masa, violaciones, tortura o esclavitud. La nueva demanda podría ampliar este concepto a un tipo de crimen que ha estado en auge durante los años recientes: la expropiación masiva de tierras.


Global Diligence insta a la fiscalía de la CPI a abrir una investigación sobre las expropiaciones en Camboya, donde 770 mil personas (6 por ciento de la población) han perdido sus tierras en lo que va del siglo por las concesiones del gobierno. La demanda, apunta Villadiego, podría sentar un precedente jurídico para otros casos de expropiaciones de tierras en el mundo, un fenómeno que la FAO describe como global.
El carácter masivo y violento que han tenido las expropiaciones en Camboya será un argumento de peso para la fiscalía. Las expropiaciones de tierra son un problema crónico y masivo en Camboya. Es una de las violaciones de los derechos humanos más graves en el país y ha empeorado durante los últimos años, según Chak Sopheap, directora del Centro Camboyano por los Derechos Humanos, quien destaca que la represión contra activistas se ha endurecido en 2014.


Cabe mencionar que la CPI sólo puede juzgar a personas, no Estados, y para ello necesita que los acusados sean detenidos y extraditados a La Haya, algo a lo que probablemente se opondrá Camboya, a pesar de ser un país firmante del Estatuto de Roma. Acá, el gobierno de Ernesto Zedillo firmó el Estatuto de último minuto, el 7 de septiembre de 2000.


Uno de los mayores obstáculos será demostrar que las expropiaciones forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, como estipula el Estatuto. Probablemente el gobierno dirá que tiene el derecho a organizar el suelo si es en el interés público y si hay compensaciones adecuadas. Pero el problema es que casi nunca es por interés público y casi nunca hay compensaciones, sostiene Scott Leckie, director de Displacement Solutions, organismo que apoya a víctimas de desplazamientos forzosos.


A pesar de las dificultades, el caso de Camboya es una esperanza para otros movimientos en Asia y otras regiones del mundo, apunta Villadiego. Camboya es uno de los países que más se ha movilizado internacionalmente y varias comunidades han presentado quejas ante la OCDE y la Unión Europea. Pero no es el único, también Laos y Myanmar han denunciado esta práctica (propia del capitalismo en su agresiva fase neoliberal, como bien sabemos en México). Bloquear una investigación de la CPI es un asunto muy serio, advierte Leckie. Implica sanciones al país que pueden llegar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y fundamentar órdenes de arresto de Interpol para los acusados.

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Elecciones en Estado Unidos: Máximo progreso para el salario mínimo

Las elecciones en Estados Unidos dependen sobre cualquier otra cosa del dinero; mucho dinero, que proviene cada vez más de fuentes "oscuras", imposibles de rastrear. Sin embargo, la historia no está hecha de dinero sino de movimientos. La holgada victoria republicana en las elecciones legislativas de esta semana ha sido ampliamente descrita como una ola, un baño de sangre, una paliza. Más allá de la hipérbole, más allá de las declaraciones de los comentaristas políticos, fuertes corrientes están en movimiento, cambiando lentamente nuestra sociedad. Uno de los movimientos que logró visibilidad en medio de la maraña electoral es el que tiene como demanda principal un aumento del salario mínimo, el cual se impuso aún en algunos de los estados más conservadores.


En contra de las tendencias partidarias, los votantes de Alaska, Arkansas, Nebraska y Dakota del Sur aprobaron iniciativas de leyes para aumentar el salario mínimo, como lo hicieron los votantes de San Francisco y Oakland, California. En Illinois y en varios condados de Wisconsin, estados que eligieron gobernadores republicanos, importantes mayorías aprobaron iniciativas no vinculantes para aumentar el salario mínimo. Dado que los republicanos (y algunos demócratas) en el Congreso han bloqueado insistentemente un incremento del salario mínimo nacional, el pueblo está tomando el control del tema en sus comunidades y consiguiendo un apoyo rotundo en todo el espectro político.


El salario mínimo federal es de 7,25 dólares la hora, que con el ajuste por inflación es menor al de 1968. Esto se traduce en un salario de poco más de 15.000 dólares al año para alguien que tenga un trabajo a tiempo completo, quedando por debajo del umbral de la pobreza para las familias de dos personas. Por último, el Presidente Barack Obama ha hecho del aumento del salario mínimo un objetivo central de su presidencia. El pasado mes de febrero emitió una orden ejecutiva que obligó a las empresas que trabajan bajo contratos federales a pagar a sus empleados un mínimo de 10,10 dólares la hora porque, según dijo en su discurso del "Estado de la Unión" dos semanas antes: "Si cocinas para nuestras tropas o lavas sus platos, no deberías tener que vivir en la pobreza. Por supuesto, para mayores logros, el Congreso debe participar. Así que les pido que se unan al resto del país. Digan que sí. Denle un aumento a Estados Unidos".


Ralph Nader, el legendario defensor de los consumidores y ex candidato presidencial del Partido Verde, ha luchado por un aumento del salario mínimo durante años. Nader acompañó a "Democracy Now!" en la cobertura especial de las elecciones legislativas de mitad de mandato de 2014 y vinculó los malos resultados de los demócratas con el hecho de no haber atendido el tema del salario mínimo: "A último momento asumieron el único tema que el sitio de noticias Politico.com afirmó que podría favorecer a los demócratas: el aumento del salario mínimo para 30 millones de estadounidenses que actualmente ganan menos que los trabajadores de 1968, si hacemos los ajustes por inflación. 30 millones de personas y sus familias, un montón de votantes, pero no le dieron la importancia que merecía el tema. Hace unas tres semanas y media le dije al Senador Harry Reid que este debate tenía que ser llevado al plano nacional por el presidente en una campaña por todo el país. Él estuvo de acuerdo y dijo que iba a llamar al presidente. Pero ¿qué logramos? Un presidente que pasó casi dos semanas en los salones de Nueva York, Maine, San Francisco y Los Ángeles recaudando fondos para los demócratas en lugar de hacer campaña en el país con un tema que tiene un 80% de apoyo. Hasta los ex candidatos a presidente republicanos Mitt Romney y Rick Santorum se manifestaron a favor de actualizar el salario mínimo".


Nader comentó particularmente una de las contiendas más seguidas de la noche, la elección del senador por Arkansas, donde el demócrata Mark Pryor perdió el escaño que ocupaba ante su rival republicano Tom Cotton: "Una vez que ingresó al Senado, el Senador Mark Pryor se aseguró de darle la espalda a los grupos de ciudadanos, a los grupos liberales, los grupos progresistas. Estuvo a cargo del Subcomité de Asuntos del Consumidor y no pudimos ni siquiera conseguir una reunión con él. Los demócratas han dejado de lado las posturas económicas que les hicieron ganar las elecciones una y otra vez a Franklin Delano Roosevelt y Harry Truman. Ya no pueden defender a nuestro país de los programas más militaristas, corporativos y crueles, de las políticas en contra de los trabajadores y los consumidores, en contra del ambiente y de las mujeres e, incluso, en contra de los niños"


Arkansas, donde se encuentra la sede del empleador privado más grande del mundo, Wal-Mart, en realidad tiene el salario mínimo más bajo del país: 6,25 dólares la hora, más bajo incluso que el mínimo federal de 7,25 dólares la hora (en estos casos, los empleadores están obligados a pagar el mínimo federal). Allí, la iniciativa para el aumento del salario mínimo se aprobó con más del 65% de los votos.


La coalición Give Arkansas a Raise Now (Por un aumento del salario mínimo en Arkansas, en español) trabajó arduamente durante meses para lograr este resultado, y es solamente una de las coaliciones regionales que se ocupan de llevar este tema al electorado porque el Congreso se niega a asumirlo como prioridad.


Los trabajadores también están haciendo demandas directas a sus empleadores, con una campaña cada vez mayor entre los trabajadores de la industria de la comida rápida, que están exigiendo 15 dólares la hora. En manifestaciones coordinadas, realizadas en 150 ciudades el pasado mes de septiembre, más de 400 personas fueron detenidas en actos de desobediencia civil no violenta.


Imara Jones, colaborador de Colorlines.com, escribió que las elecciones de medio término de 2014 estarían marcadas por la falta de justicia económica y comentó el tema en la cobertura especial de las elecciones que hizo Democracy Now!


"La justicia económica estuvo presente en las elecciones nacionales en todos los aspectos. Antes que nada, en términos de participación de votantes se está hablando de apatía, pero la apatía es una elección. La decisión de no votar es una elección, y dada la situación económica y la falta de progreso y equidad económica, no es una decisión extraña. No debería sorprendernos para nada. Este es uno de los primeros aspectos importantes; la gente no acudió a las urnas, particularmente las comunidades que sufrieron el peor golpe de la economía: afroestadounidenses, mujeres solteras y jóvenes menores de 30 años son quienes no se presentaron y quienes fueron más afectados por la economía. No tienen opción." De hecho, solo alrededor de un tercio de los ciudadanos habilitados para votar acudió a las urnas, con una participación muy baja entre los jóvenes menores de 30 años, las mujeres solteras y las personas de color.


La iniciativa popular en demanda de un salario mínimo justo es tan solo uno de los movimientos sociales que crecen día a día en Estados Unidos. El movimiento por los derechos de los inmigrantes, el movimiento por una reforma carcelaria y del sistema de justicia penal, el movimiento contra el cambio climático inducido por la humanidad, o contra la guerra sin fin son movimientos que inspiran a la acción, que conducen a las personas a las calles, a menudo arriesgándose a ser arrestadas, o incluso deportadas. A pesar de las apariencias tras las elecciones legislativas de este año, la gente es una fuerza más poderosa que el dinero.


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Publicado el 7 de noviembre de 2014
Amy Goodman, con la colaboración de Denis Moynihan
Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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Tercerizar para reducir costos, incrementar ganancias y precarizar condiciones laborales. Caso Emtelco.

El negocio de las BPO, KPO e ITO, florece y se expande en Colombia. Este tipo de empresas ofrece servicios de tercerización en actividades como Contact center y procesos administrativos (BPO), servicios de investigación y desarrollo (KPO), y procesos de negocio relacionados con las tecnologías de información (ITO).

En 2012 había en el país 2.616 empresas de este tipo, (BPO 45%), las que obtuvieron ingresos por $9.7 billones en ese año y empleaban en estas actividades a 319.038 personas, el 77.3% de ellas trabajando para otras empresas. Los principales sectores que demandan los servicios de estas empresas son los de telecomunicaciones, salud, informática, educación, comercio y financiero.

¿Qué es lo que hace tan atractivo subcontratar con estas empresas? El ejemplo de Emtelco y su relación con EPM/UNE nos permite entender dónde está el negocio. Emtelco la creó EPM en 1992 para prestar servicios de conectividad y equipos de comunicaciones. Más tarde incursionó en la prestación de servicios de Contact Center y en los procesos de relacionamiento de las empresas con sus clientes: ventas, cobranzas, servicio al cliente, etc.

Estas actividades antes las hacían EPM y UNE con trabajadores propios, que contaban con condiciones dignas de trabajo y de remuneración, estabilidad laboral, y que estaban organizados en sindicatos. Es decir, tenían la autonomía necesaria para reivindicar condiciones de trabajo decente, e incidir en la política laboral de la empresa.

Hoy, los más de 10 mil trabajadores que realizan estas actividades a través de Emtelco, tienen condiciones de trabajo completamente precarias, o al menos muy diferentes a las que tenían los trabajadores que antes realizaban las mismas tareas que hacían los vinculados a EPM y UNE, pues la estrategia que se impuso, en estas empresas y en todas partes, fue la de tercerizar para rebajar costos laborales e incrementar utilidades.

Los datos sobre el trabajo precario que implican estas tercerizaciones los suministra la propia Emtelco :

 

  • • En el 2013 Emtelco requirió 13.297 trabajadores para atender la prestación de todos sus servicios; de estos trabajaron en promedio durante todo el año 10.876 personas, y se retiraron 6.808, lo que representa una tasa de rotación del 62%. Esta alta rotación es consecuencia de las pésimas condiciones de trabajo, el acoso, los malos tratos, las excesivas cargas laborales, la falta de oportunidades y los bajos salarios.
  • • De los 10.876 trabajadores, 3.903, o sea el 35.8%, estaban vinculados a través de una empresa de servicios temporales, quienes, según la ley, solo pueden ser vinculados como trabajadores en misión para atender necesidades coyunturales de las empresas, lo que en este caso supone un uso ilegal de este tipo de contratos.
  • • Trabajadores estratégicos para la empresa, como los asesores que se encarga de la promoción y venta de servicios, representan el 70.5% del total del personal, y apenas se ganan un salario mínimo. Y en la práctica subsidian a la empresa, pues todas sus visitas y recorridos los deben hacer con plata de su propio bolsillo, pues la empresa no les reconoce ningún subsidio de transporte para el desarrollo de esta actividad.
  • • El salario promedio en la empresa es el equivalente a un salario mínimo legal, que supuestamente debería incrementarse con comisiones por resultados, las que son definidas de manera unilateral por la empresa, pero que en la práctica no se las pagan a la mayoría de los trabajadores.

 

La propia Emtelco en su página Web expone con descaro por qué es buen negocio terecerizar: "Cada vez son más las compañías que están buscando destinos de tercerización de servicios con bajos costos y riesgos y mayor valor agregado (¿?). Colombia es un país que lidera los rankings internacionales de tercerización de servicios, por su posición geográfica privilegiada, sus ventajas para hacer negocios".

Este "liderazgo" se debe, según Emtelco, al gran número de "graduados de carreras administrativas y de ingenierías en tecnologías de la información, economía y otras carreras afines al sector de BPO", y a los bajos costos laborales y de operación que hace que la tercerización sea un negocio rentable para las empresas. Según Emtelco, "Colombia cuenta con uno de los costos de operación más bajos de América Latina. Parte de la competitividad del país en la compensación salarial, radica en el esquema de salario base más la carga laboral asociada. Los costos salariales asumidos por el empleador y los costos de compra y alquiler de inmuebles son unos de los menores de la región, debido a la oferta que existe. Adicionalmente, Colombia no solo cuenta con bajos costos de la mano de obra por hora trabajada, sino que tiene la jornada diurna más larga de Latinoamérica". (Negrillas y subrayados nuestros).

Según Emtelco, en el 2013 el costo laboral total de sus trabajadores fue de $202.617 millones, el 80% de los ingresos operacionales, lo que equivale a 18 millones por trabajador. En cambio, en EPM, aunque la nómina total representa el 9.5% de los ingresos operacionales, un trabajador le costó en promedio 88 millones de pesos al año, es decir 4.8 veces más que uno de Emtelco.

Este ahorro por parte de EPM (y también de UNE), se hizo, primero a costa de precarizar las condiciones laborales de los trabajadores tercerizados, que tienen menos estabilidad y seguridad en su trabajo, condiciones de trabajo más precarias e inseguras, y menores ingresos salariales, es decir menor calidad de vida. Y segundo, debilitando los ingresos del Estado, que por estos trabajadores recibe menos recursos para financiar la seguridad social.

 

Publicado 6 de noviembre de 2014.

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Miércoles, 05 Noviembre 2014 07:15

Revolución urbana y derechos ciudadanos

Revolución urbana y derechos ciudadanos

En la actualidad, los ciudadanos plantean tres problemas de enorme calado para los que demandan solución o, al menos, alternativas: la quiebra de la democracia, la crisis económico-financiera y la falta de participación en las esferas de decisión en asuntos que les competen directamente.


Jordi Borja, profesor y urbanista de larga trayectoria, autor del libro cuyo título encabeza este artículo, plantea una serie de interesantes reflexiones sobre dichos problemas, que conviene tener en cuenta en estos momentos de incertidumbre y búsqueda de vías de salida por parte de una sociedad ávida de una vida mejor y del respeto de sus derechos de ciudadanía.


El autor plantea con lucidez que las instituciones de proximidad (ayuntamientos y comunidades autónomas) son vías de democratización (proximidad, representatividad inmediata) de la vida política, pero claramente insuficientes (por decisiones externas a las propias comunidades locales, opacidad de los poderes económico-financieros que actúan sobre el territorio local, falta de competencias, etc.).
La atribución de competencias de programación de grandes equipamientos y servicios a consorcios intermunicipales, la realización de planeamientos estratégicos metropolitanos, la coordinación de inversiones y la gestión eficiente de servicios podrían ser vías de renovación democrática e innovación política. Sin olvidar que dicha concertación debe combinarse con la descentralización por barrios, porque toda competencia que pueda ejercerse eficazmente a este nivel no hay razón para traspasarla a otro ámbito superior de gobierno y gestión.


Ni tampoco olvidarse que las administraciones a nivel autonómico y estatal deberían estar al servicio de los intereses de los ciudadanos y no de los correspondientes a grandes corporaciones nacionales y multinacionales. Pero para eso deben apoyarse en los movimientos ciudadanos y en sus electores, y no plegarse a intereses espurios. Y también en municipios de tamaño suficiente, que requieren con urgencia su fusión en unidades mayores para prestar eficazmente los servicios a los que por ley están obligados.


Si bien la realidad es tozuda, y se sobrepone a nuestros deseos y voluntades. La manifestación más evidente de la quiebra de la democracia en la ciudad es la falta de derechos de los ciudadanos. El ejercicio pleno del derecho a la vivienda, el propio derecho a la ciudad (a los espacios públicos), al transporte y a la movilidad, al medio ambiente de calidad, a la Justicia y a la seguridad, a los servicios públicos, a las tecnologías de la información y comunicación especialmente en las relaciones con las administraciones públicas... son fundamentales para que podamos hablar con propiedad de democracia urbana.


La crisis económico-financiera se manifiesta en la ciudad con toda su crudeza. Las promociones urbanísticas abandonadas como catedrales en el desierto, la inaccesibilidad a la vivienda y el recurso a los desahucios, el boom inmobiliario y el uso abusivo de la propiedad privada del suelo, la permisividad urbanística y la desposesión de derechos, la "explosión de la ciudad" en fragmentadas y difusas urbanizaciones económica y ambientalmente ruinosas o el despilfarro de recursos básicos (agua, hidrocarburos, electricidad y otras formas de energía) están haciendo de nuestras ciudades espacios económicos ineficientes, especulativos y crecientemente invivibles y desiguales.


Es lo que Borja denomina "revolución urbana" o "proceso de urbanización que no genera necesariamente ciudad", característico de los dos o tres últimos decenios, por el que aumenta la segregación y la exclusión social, se refuerza la dispersión contra la ciudad compacta, se crean mecanismos disgregadores de la ciudad, que dan origen a territorios suburbanos de lo podríamos llamar la anticiudad.


Anticiudad, quizá no se pueda decir mejor, por la inexistencia de espacios y equipamientos públicos, sin comercio y servicios de proximidad, pero con grandes superficies a las que únicamente cabe desplazarse costosamente en coche los fines de semana, y sin lugares de encuentro de los vecinos y ciudadanos en plazas, jardines y centros públicos de carácter social y cultural a los que pueda uno desplazarse a pie.
Los habitantes de la anticiudad son ciudadanos aislados en sus habitáculos residenciales, despersonalizados y desconocidos por los que conviven físicamente al lado, sin posibilidad de hacer comunidades de vecindad basadas en la comunicación, el conocimiento mutuo y la creación de valores compartidos. Esto es lo que ya está pasando en las grandes ciudades españolas en la actualidad, siguiendo los patrones de urbanización norteamericanos; aun cuando sea menos manifiesto, aunque ya apreciables, en ciudades de menor tamaño.


Las autoridades locales han sido "cómplices del proceso" de crisis descrito, pero deberían (tendrían) que dejarlo de serlo. ¿Cómo? El autor nos responde: "Moralizando la economía" (contra la corrupción y la especulación, sanciones ejemplares), priorizando el acceso a la vivienda y la oferta de alquiler, optando por un urbanismo compacto y poli-céntrico, considerando bienes y servicios públicos al agua, la energía, la tierra, el aire, desarrollando los tejidos productivos locales de pequeñas y medianas empresas...


Por último, las ciudades permiten —debieran permitir como práctica social habitual— "construir escenarios entre las instituciones y los colectivos ciudadanos para deliberar, negociar, confrontarse, llegar a acuerdos o no". Es fundamental que los cauces de participación de la acción colectiva de los ciudadanos partan de la aceptación de que los conflictos sociales son expresión de la realidad cotidiana de las ciudades, porque en ella coexisten intereses contrapuestos que generan movimientos sociales que tratan —si son genuinos— de influir en las políticas públicas en beneficio de los ciudadanos. Sólo así éstos pueden sentirse dueños de su ciudad, escuchados y tenidos en cuenta, artífices de su futuro. Y a los responsables políticos no les vendría nada mal para captar necesidades vecinales, establecer criterios de decisión y elaborar presupuestos.


En conclusión, estas tres reflexiones deberían ser tenidas muy en cuenta por parte de nuestras autoridades territoriales, sobre todo ahora que están preparando sus programas y estrategias de acción de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas.



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Sábado, 01 Noviembre 2014 17:53

La violencia en Jerusalén oriental

La violencia en Jerusalén oriental


El historiador judío-uruguayo Gerardo Leibner, residente en Tel Aviv, habla de los ataques constantes de los israelíes a los palestinos. Brecha reproduce a continuación ese mensaje, así como otras dos notas, ambas escritas por israelíes que resisten a la política de su gobierno.


La semana pasada reapareció la violencia en las calles de Jerusalén oriental, luego de que una beba israelí muriera atropellada por un palestino. El joven palestino, que según su familia estaba agotado y se durmió al volante del auto, fue baleado y muerto por la policía israelí. El gobierno uruguayo condenó el supuesto ataque y lo atribuyó a Hamas. El historiador judío-uruguayo Gerardo Leibner, residente en Tel Aviv, le respondió en una carta en la que pone en duda la versión oficial y habla de los ataques constantes de los israelíes a los palestinos. Brecha reproduce a continuación ese mensaje, así como otra nota, también escrita por un israelí que resiste a la política de su gobierno.


La vara con que se mide


Por Gerardo Leibner


Al gobierno uruguayo, algunas aclaraciones.


1) Muy bien por condenar atentados contra la vida de civiles, sin importar su identidad.


2) No hay tal convivencia de judíos y palestinos en la ciudad de Jerusalén. La población palestina en los barrios este de Jerusalén no son ciudadanos de Israel, no tienen garantías ciudadanas, sufren no sólo de discriminación y represión sino que están sometidos a un régimen legal incierto con su derecho de residencia en constante peligro de revocación. Un estudiante palestino nacido y criado en Jerusalén puede perder su derecho a residir en la ciudad sólo por salir durante más de tres años a estudiar en Belén, Ramalah o en el exterior.


3) Ciudadanos israelíes de todo el país son estimulados, con beneficios económicos, a residir en barrios palestinos en Jerusalén oriental. Palestinos de los territorios ocupados de Cisjordania no pueden ingresar a Jerusalén sin permisos especiales y siempre temporarios.
4) Los barrios palestinos de Jerusalén oriental no son todos pobres pero sufren todos de un maltrato y deterioro intencional por parte de la municipalidad de Jerusalén.


5) La actividad política de partidos palestinos (sean éstos de centro, derecha, religiosos o de izquierda) está prohibida en Jerusalén y es considerada "terrorismo". Hay presos políticos por distribuir volantes, por colgar banderas, hacer pintadas o por "asociación ilícita".


6) Durante los recientes y trágicos meses cientos de trabajadores y transeúntes palestinos fueron agredidos en el centro de la ciudad (por donde deben pasar para trasladarse a sus lugares de trabajo) por grupos de jóvenes nacionalistas judíos que suelen reunirse para linchar árabes al grito de "muerte a los árabes". En la ciudad se van acumulando mucho resentimiento y odio, que no datan de ayer pero que están llegando a niveles desconocidos en las últimas décadas.


La violencia contra civiles es siempre repudiable, pero por condenarla no hay que legitimar la ocupación colonialista de una ciudad. Si todo esto es convivencia entre comunidades, yo estoy en contra de ese tipo de "convivencia".


Vale mencionar, de paso, que en menos de ocho días fueron asesinados dos niños y una niña palestinos en Jerusalén este y Cisjordania. Ninguno cometió ningún atentado terrorista ni participó en ninguna acción armada o violenta, excepto –en algún caso– protestar por la creciente escalada represiva en Jerusalén este y en Cisjordania.


Como testigo cercano de los crímenes que se cometen diariamente y de la actual escalada represiva, afirmo:


• No hay absolutamente ninguna evidencia de que ese hecho haya sido un atentado terrorista ideado o ejecutado por Hamas. Todos los medios que he consultado afirman que fue una acción individual de un joven de 21 que recién había salido de la cárcel y padecía estrés postraumático. Además, el joven fue ejecutado en forma sumaria por las fuerzas israelíes cuando estaba reducido y desarmado, lo cual constituye un crimen condenable.


• A quienes conocemos de cerca y en directo lo que está ocurriendo, nos resulta sorprendente que, ante la magnitud de la violencia institucional creciente que Israel está llevando a cabo en Jerusalén contra la población palestina (centrada en la mezquita de Al Aqsa pero también en los barrios periféricos), hasta ahora no haya habido mayores respuestas violentas palestinas.


• Es lamentable y peligroso hacer declaraciones oficiales sobre un conflicto prolongado y complejo sin conocer su historia y sobre todo su coyuntura y realidad actuales. Ese desconocimiento convierte al gobierno en objetivo fácil de la propaganda y las presiones sionistas que llevan a hacer declaraciones como la mencionada, desinformada y totalmente fuera de lugar y de contexto.


• Espero leer alguna condena del gobierno uruguayo a los reiterados crímenes cometidos recientemente por las fuerzas israelíes que se han cobrado las vidas de niños y jóvenes palestinos inocentes en estos días. De lo contrario tendremos que concluir que para el gobierno uruguayo, al igual que para el de Israel y sus aliados, la vida de las niñas y niños palestinos no tiene el mismo valor que la de sus pares israelíes.


Arde Jerusalén


Por Michel Warschawski*


Hubo un tiempo en que el Estado de Israel tenía verdaderos líderes políticos. Su capacidad para mentir y ocultar sus verdaderos (y odiosos) objetivos bajo una fachada de moderación y disposición para el compromiso los hizo populares en todo el mundo (occidental). Ellos argumentaban que el verdadero problema era la falta de una contraparte que estuviera dispuesta –como los líderes israelíes supuestamente estaban– a hacer "concesiones dolorosas".


David Ben-Gurion fue ese tipo de gran líder mentiroso, y debido a su capacidad para ocultar los hechos detrás de una cortina de humo de mentiras pudo obtener el apoyo de la comunidad internacional para el establecimiento del Estado de Israel. Teddy Kollek, alcalde de Jerusalén en 1967, fue capaz de anexionar Jerusalén este y aun así conservar la imagen de político moderado y motivado por la voluntad de trabajar por la plena igualdad entre judíos y árabes en la "ciudad unida".


Los actuales dirigentes de Israel han olvidado casi todo lo que deberían haber aprendido de los padres fundadores, incluyendo la capacidad de mentir. Dicen abiertamente que no están interesados en ningún tipo de compromiso, que desprecian la idea misma de igualdad entre judíos y árabes, y que la judaización de Cisjordania, incluida Jerusalén, es su objetivo estratégico.


Semejante discurso directo hace de la moderación extrema de Majmud Abbas un chiste triste: es él quien no tiene contraparte israelí para algún tipo de compromiso, y sus llamadas a una "vuelta a las negociaciones de paz" son percibidas correctamente como patéticas. Después de años de "esperen y vean", el pueblo palestino ha perdido totalmente la confianza en un acuerdo político entre la Olp e Israel. Los palestinos sólo creen en los actos del gobierno de Israel, y no en las promesas vacías de su presidente.
El gobierno de extrema derecha israelí ha decidido enterrar a Majmud Abbas bajo una serie de provocaciones, principalmente mediante la construcción de nuevas colonias, y no de forma discreta, como el gobierno de Estados Unidos está sugiriendo, sino con anuncios abiertos. Más aun, ha decidido aumentar la provocación apoyando a los activistas de derecha israelíes que invaden la mezquita de Al Aqsa, el sitio más simbólico no sólo para el pueblo palestino sino para cientos de millones de musulmanes en todo el mundo.


Las últimas provocaciones en Al Aqsa bien pueden haber ido demasiado lejos: en las últimas semanas la población palestina de Jerusalén se encuentra en estado de rebelión, y Jerusalén es una ciudad en guerra; una guerra de baja intensidad pero guerra al fin. Los palestinos manifiestan para defender su lugar sagrado, y están listos para hacer frente a la brutalidad de la policía israelí y detener una nueva agresión. Diariamente cientos de policías armados atacan brutalmente a los jóvenes manifestantes, y el gas lacrimógeno y los helicópteros sobrevuelan permanentemente la ciudad; pero cada día la movilización palestina está ganando más impulso.
Hace unos meses sugerí que la próxima Intifada será en Jerusalén. Netaniahu, Bennett y el alcalde de Jerusalén, Barkat, están haciendo sus mayores esfuerzos para que esta predicción se cumpla. 


* Activista antisionista israelí. Lideró la Liga Comunista Revolucionaria Marxista hasta su desaparición en la década de 1990, y cofundó el Centro de Información Alternativa (Aic). Publicado el sábado 25 por el Aic.

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Viernes, 31 Octubre 2014 06:28

La masacre como forma de dominación

La masacre como forma de dominación

Mientras sostenía el Premio Tata Vasco 2014, entregado por la Universidad Iberoamericana en Puebla a Fudem (Fuer¬zas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México), uno de los pocos varones del grupo de 25 familiares que acudieron al acto gritó: Esto es una guerra. El dolor inimaginable de los familiares los fuerza a mirar de frente y sin vueltas la realidad que sufren.


En efecto, hay una guerra contra los pueblos. Una guerra colonial para apropiarse de los bienes comunes, lo que supone la aniquilación de aquellas porciones de la humanidad que obstaculizan el robo de esos bienes, ya sea porque viven encima de ellos, porque se resisten al despojo o, simplemente, porque sobran, en el más crudo sentido de que son innecesarios para la acumulación de riqueza.

Una guerra colonial, además, por el tipo de violencia que utiliza. No sólo se asesina. Se decapita y se desmiembra para regar las partes a la vista de la población, como escarmiento y advertencia. Para infundir miedo. Para paralizar, impedir cualquier reacción, en particular las acciones colectivas.

No se trata de una tecnología novedosa. Fue utilizada por la Corona española para aniquilar las luchas indígenas. Allí la aprendieron los nuevos colonizadores. Túpac Amaru fue descuartizado vivo delante de la multitud reunida en la plaza de armas de Cusco.

Amaru fue obligado a presenciar la tortura y asesinato de sus dos hijos mayores y de su esposa, además de otros familiares y amigos. Antes de morir fueron torturados, les cortaron la lengua, todo un símbolo de lo que realmente molestaba a los conquistadores. El hijo menor, de sólo 10 años, fue obligado a presenciar la tortura y muerte de toda la familia, para ser luego desterrado a África.


La cabeza de Amaru fue colocada en una lanza exhibida en Cusco y después en Tinta, sus brazos y piernas fueron enviados a ciudades y pueblos para escarmiento de sus seguidores. Túpac Katari y sus seguidores sufrieron más o menos los mismos tormentos y sus restos fueron también esparcidos por los territorios de lo que hoy es Bolivia. No es nueva la crueldad de los nuevos conquistadores. Antes se trataba de apoderarse del oro y la plata; ahora es la minería a cielo abierto, los monocultivos y las hidroeléctricas. Pero en el fondo, se trata de mantener a los de abajo en silencio, sometidos y quietos.

La masacre es la genealogía que diferencia nuestra historia de la europea. Aquí las formas de disciplinamiento no fueron ni el panóptico ni el satanic mill, la fábrica del diablo de la Revolución Industrial y la explotación capitalista, retratada por el poeta William Blake y analizada con rigor por Karl Polanyi. El cercamiento de campos a partir del siglo XVI en Inglaterra, una revolución de los ricos contra los pobres, es analizada como el quebrantamiento de los viejos derechos y costumbres por los señores y nobles, "utilizando en ocasiones la violencia y casi siempre las presiones y la intimidación" (La gran transformación, La Piqueta, p. 71, subrayado mío).

Aquí la violencia fue, y es, la norma, el modo de eliminar a los rebeldes (como en Santa María de Iquique, Chile, en 1907, cuando fueron masacrados 3 mil 600 mineros en huelga). Es el modo de advertir a los de debajo de que no deben moverse del lugar asignado. Aquí hemos tenido, y tenemos, esclavitud; nada que se parezca al trabajador libre que promovió el desarrollo del capitalismo europeo al robarles las tierras a los campesinos.

Nótese que en las guerras de independencia entre criollos y españoles, los insurgentes apresados por los realistas no fueron torturados. Miguel Hidalgo y José María Morelos, por mencionar destacados rebeldes criollos, fueron juzgados y luego fusilados como se hacía en la época con los prisioneros de guerra. Sólo el color de piel explica el diferente trato que tuvieron Túpac Katari y Túpac Amaru, como todos los indios, negros y mestizos de nuestra América.


No es historia. En el Brasil democrático, la organización Madres de Mayo contabiliza, entre 1990 y 2012, 25 masacres, todas de negros y pardos, como la que dio origen a su militancia: en mayo de 2006, en el contexto de la represión al Primer Comando de la Capital de Sao Paulo (narcos organizados desde las cárceles), fueron asesinados 498 jóvenes pobres, varones de 15 a 25 años, entre las 10 de la noche y las 3 de la madrugada por la policía.

El narco es la excusa. Pero el narco no existe. Son los negocios que forman parte de los modos de acumular/robar de la clase dominante. No estamos ante excesos policiales esporádicos, sino ante un modelo de dominación que hace de la masacre el modo de atemorizar a las clases populares para que no se salgan del libreto escrito por los de arriba, y que le llaman democracia: votar un día cada cinco o seis años y dejarse robar/asesinar el resto del tiempo.

Lo peor que podemos hacer es no mirar la realidad de frente, hacer como si la guerra no existiera porque todavía no te han golpeado, porque todavía sobrevivimos. Esto es contra todos y todas. Es cierto que hay una porción que aún pueden expresarse libremente, manifestarse incluso, sin ser aniquilados. Siempre que no se salgan del libreto, que no pongamos en cuestión el modelo. Bien mirado, los que podemos manifestarnos a cara descubierta somos algo así como los criollos de las guerras de independencia, los que pueden esperar una muerte digna, como Hidalgo y Morelos.

Pero el tema es otro. Si queremos de verdad que el mundo cambie, y no usar la resistencia de los de abajo para treparnos arriba, como hicieron los criollos en las repúblicas, no podemos conformarnos con maquillar lo que hay. Se trata de tomar otros rumbos.

Tal vez un buen comienzo sea continuar los pasos de los seguidores de Amaru y Katari. Reconstruir los cuerpos despedazados para reiniciar el camino, allí donde el combate fue interrumpido. Es un momento místico: mirar el horror de frente, trabajar el dolor y el miedo, avanzar tomados de las manos, para que los llantos no nos nublen el camino.

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Viernes, 31 Octubre 2014 05:56

"El sufrimiento no se negocia"

"El sufrimiento no se negocia"

"La confianza no se pide, la confianza se gana", le espetaron los padres de los 43 estudiantes desaparecidos al presidente Enrique Peña Nieto durante una reunión de más de cinco horas en la residencia oficial de Los Pinos. "El gobierno no se da cuenta de que el sufrimiento no se negocia y que las vidas humanas no tienen precio", dijo Emiliano Navarrete, padre de uno de los normalistas desaparecidos.


Luego de más de cinco horas de reunión entre Peña Nieto y los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos, el gobierno mexicano avivó la frustración de buena parte de la sociedad al poner el manejo de la crisis de derechos humanos que ha despertado la preocupación internacional por encima de la investigación que esclarezca uno de los mayores casos de desaparición forzada en México en tiempos recientes.


"Le dijimos: 'No confiamos en su gobierno, y si usted no se cree competente para dar resultados, que vengan de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos'", dijo Felipe de la Cruz, otro de los padres. La dignidad de estos campesinos, víctimas también ellos de la desaparición de sus hijos, acorraló al presidente Peña Nieto, al que obligaron a volver dos horas después al salón donde se había reunido con ellos, junto con el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, y el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, para poner por escrito y firmar la minuta con los diez compromisos verbales que les habían hecho a lo largo del encuentro realizado en la residencia oficial de Los Pinos.
Ya avanzada la noche del miércoles, en una conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, representantes de los familiares y los estudiantes normalistas reclamaron que "sigue sin llegar la respuesta que se espera por parte del Estado mexicano". También fueron claros al condicionar un nuevo encuentro con el gobierno de Peña Nieto para que haya resultados reales en la búsqueda de los estudiantes víctimas de desaparición forzada a manos de la policía municipal de Iguala, en el estado de Guerrero, desde el 26 de septiembre.


Antes, desde la residencia oficial de Los Pinos, el presidente Peña Nieto apareció en una cadena nacional con un discurso que apeló a las emociones, no a exponer acciones concretas de su administración ni a demostrar verdadera voluntad política. La intención de la reunión con los familiares de los desaparecidos, dijo ante las cámaras de televisión, "busca generar confianza".


Con un discurso que nuevamente se quedó lejos de las expectativas, Peña Nieto resumió las nuevas promesas hechas durante el encuentro: accedió a buscar a los 43 estudiantes desaparecidos, asumiendo que siguen vivos, y ya no sólo en fosas clandestinas, como han hecho hasta ahora; incorporar a la investigación de la PGR al equipo de forenses argentinos, que lleva ya varias semanas en México, y aceptar a personas de reconocida calidad moral como coadyuvantes; no dar espacio a la impunidad; respetar los derechos humanos de todos los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y frenar su criminalización, así como reconocer la importancia de las normales rurales y dignificar sus instalaciones; y crear una comisión de seguimiento con los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, los propios normalistas de Ayotzinapa y representantes de la sociedad civil, junto con representantes de la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación. Eso sí: para ello ofreció controlar la información de las investigaciones con el fin de evitar filtraciones a los medios.


Los llamados "compromisos" que asumió públicamente Peña Nieto el miércoles es lo mínimo que los familiares de los desaparecidos y amplias capas de la sociedad han reclamado desde hace ya 35 días en decenas de movilizaciones por todo el país y en cerca de medio centenar de ciudades por todo el mundo. Por eso era importante para los familiares que el presidente y sus funcionarios los pusieran por escrito y los firmaran. "Las palabras se las lleva el viento", dijeron.
A tono con esa premisa, Peña Nieto apareció ante las cámaras hablando de sí mismo en tercera persona. Dijo que "el presidente de la República por igual está indignado por estos hechos", y aseguró que su administración "asume por igual la indignación y consternación que estos hechos no sólo han causado en ellos como familias sino (también) a la sociedad mexicana". El presidente fue ridiculizado de inmediato en las redes sociales, donde varios preguntaron si también participará en las siguientes marchas de protesta contra la ineficacia de su propio gobierno.

En realidad, la tónica de la reunión fue el dolor, la angustia, la consternación e indignación de los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos, pero sobre todo flotó la impaciencia porque aún no los han encontrado.


"Yo me voy igual que como llegué. La reunión se da 33 días después, y no porque (Peña Nieto) quisiera recibirnos, esto se logró por la presión de la sociedad, no salió por él mismo. Me decepciona como gobierno que son, les falta mucho para representar a una sociedad. Como le dije a él, yo no le vengo a pedir un favor sino justicia como ciudadano mexicano que soy. Fueron personas de gobierno quienes cometieron el atropello contra nuestros hijos", explica Emiliano Navarrete, padre de uno de los 43 estudiantes desaparecidos, y aplasta toda demagogia con una lógica irrebatible: "Para mí no están desaparecidos, porque no se perdieron solos. Se los llevaron contra su voluntad, hay gente que sabe dónde están".
Para Melitón Ortega, padre de otro estudiante desaparecido, Peña Nieto "sale contento porque ya hay un acercamiento. No se da cuenta, él o algunas personalidades políticas, de que el sufrimiento no se negocia, que las vidas humanas no tienen precio".


Lo ocurrido con los estudiantes normalistas de Ayotzinapa "es un crimen de lesa humanidad", dijo Felipe de la Cruz Sandoval, otro padre que tampoco sabe qué fue de su hijo. Junto con los demás familiares hizo un llamado a la sociedad "a mantener el dolor, la indignación, el coraje y la ira para exigir que aparezcan nuestros hijos".

Mientras tanto, el Estado mexicano sigue sin responder la pregunta que el país –y el mundo– le plantea desde hace más de un mes: ¿dónde están los 43?

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Paralizados 23 centros de reclusión en doce departamentos

El "Plan reglamento" aplicado desde el pasado 4 de agosto por el sindicato del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –Inpec–, y las huelgas de hambre declaradas por más de 5 mil reclusos concentrados en las carcelarias de doce departamentos, colocan de nuevo el dedo en la llaga de la crisis carcelaria que desde hace más de 16 años padece el país, y sufren de manera directa quienes terminan encerrados en los llamados "centros de resocialización".


Quemando colchonetas, las docenas de detenidos en la Unidad de Reacción Inmediata –URI– de Los Mártires de la ciudad de Bogotá, protestaron este lunes 27 de octubre por el hacinamiento que padecen en el centro de reclusión, debido al congelamiento de traslados y remisiones ocasionado por el "Plan Reglamento" ordenado por sindicato del Inpec.

Un barrido realizado por la Defensoría del Pueblo, a través de sus 36 regionales en el país, logró establecer que la tercera parte de la población reclusa, es decir alrededor de 52 mil internos, han sufrido alguna afectación por la parálisis. Lo que también ha provocado una ola de inconformismo por parte de éstos, desencadenando jornadas de desobediencia civil y huelgas de hambre, como ocurre en los centros de reclusión de Cómbita y La Dorada. Acciones que buscan denunciar públicamente el pésimo tratamiento al régimen de visitas, las condiciones de hacinamiento, la falta de atención en salud y los problemas de alimentación que padecen, todo lo cual han sido valorado una y otra vez por la Defensoría del Pueblo y por los mismos jueces como una violación sistemática a los derechos humanos.

El caso más reciente que evidencia la constante violación de sus derechos –en verdad el conjunto de la Carta de Derechos Humanos–, puede constatarse con la muerte del recluso José Luis Polo, ocurrida el sábado 25 de octubre como resultado de un tratamiento médico inadecuado. Según los familiares del detenido, Polo ya había ganado varias acciones de tutela que ordenaban su atención médica, ya que padecía una afección pulmonar. Sin embargo, a pesar de los fallos a su favor, no hubo una atención y tratamiento oportuno, por lo que su estado de salud se deterioró y fue solo a través de la intervención de la Defensoría del Pueblo que fue valorado y diagnosticado con tuberculosis avanzada.

Debido a la crisis por la que pasa el sistema carcelario, los presos crearon el Movimiento Nacional Carcelario, que también cuenta con un pliego de exigencias dirigidas al Gobierno Nacional, dentro de las cuales se cuenta la instalación de una mesa de concertación como espacio de diálogo en donde garanticen la solución al problema carcelario como conjunto, pero además, donde también existen demandas puntuales como la aprobación del proyecto de ley de rebaja de penas, beneficios administrativos para cada preso, visita semanal de ocho horas y dignificación de las mismas, y solución definitiva e inmediata a las condiciones de salud.

Entre las cárceles más grandes sumadas a esta protesta están La Ternera de Cartagena, La Modelo de Bogotá y Tramacúa, en Valledupar.

Ya desde el 24 de agosto, el defensor del pueblo, Armando Otálora, había efectuado un llamado a las instancias gubernamentales "esta es una ausencia de políticas de Estado, no de este Gobierno, de todos los gobiernos, por eso le hemos planteado al Gobierno Nacional que tiene que acudir a la figura de emergencia social. No podemos hablar de respeto, de reconciliación, de procesos de paz, cuando por el otro lado les estamos maltratando y desconociendo sus derechos".

Escuche la carta de un preso de la cárcel La Picota, miembro del Movimiento Nacional Carcelario:
https://soundcloud.com/zonapublicatv/carta-de-un-preso-de-la-picota-perteneciente-al-movimiento-nacional-carcelario



¿Por qué se reanudó el "Plan Reglamento" del sindicato del Inpec?

El reclamo inició el 17 de mayo de este año, mes en que La Unión de Trabajadores Penitenciarios UTP declaró el "Plan reglamento" de manera 'indefinida', hasta que se cumplieran los cuatro puntos exigidos en su pliego: garantías laborales –como reclasificación–, nivelación salarial y derecho a pensión para determinados funcionarios y el fortalecimiento institucional en temas de vehículos, cursos para los guardias, armas y transporte.

El "Plan reglamento" aplicado por el sindicato del Inpec causó en pocos días el congelamiento del sector judicial; el 28 de mayo el Gobierno firmó el pliego de peticiones, comprometiéndose a cumplir las demandas elevadas por la organización sindical. Sin embargo, luego de meses de incumplimiento, la UTP decidió retomar el "Plan reglamento" en búsqueda de soluciones concretas.


Los cuatro problemas que hoy enfrentan los presos

 

Un acumulado de años. En 1997 un ciudadano alemán recluido en la cárcel de Barranquilla sufrió un grave deterioro en su salud debido a que el centro penitenciario no contaba con baños para personas en sillas de ruedas, como él. La solución del Inpec fue trasladar al recluso a La Picota, donde tampoco existían las condiciones para una persona en silla de ruedas. El agravamiento de su situación obligó a un acuerdo con la Embajada Alemana y trasladarlo a su país natal.


Fue este hecho el que produjo que en 1998, la Corte Constitucional declarara un fallo de tutela sobre las violaciones a los derechos fundamentales que padecían los internos en todos los centros penitenciarios del país. La sentencia T-153 ordenó remediar la situación de forma urgente, debido a que según sus declaraciones "en las cárceles colombianas se vivía un estado de cosas inconstitucionales", sin embargo, luego de 16 años de este fallo, la crisis en los centros de reclusión sigue y se agrava.


Las principales problemáticas que enfrentan los presos, pueden resumirse, según la Defensoría del Pueblo, en cuatro aspectos: la atención en salud, que es precaria, entre otros centros de reclusión en el de Anayanci –Quibdó–, donde desde mayo de 2014 no hay personal médico, no tienen farmacia ni medicamentos para reclusos con tuberculosis, VIH, hipertensión o diabetes; la infraestructura carcelaria, retomada en un fallo de la Corte donde señala, como ejemplo, que 158 reclusos de La Picota de Bogotá tenían que realizar su visita conyugal, en un mismo día, turnándose en una sola celda; el hacinamiento, en muchas ocasiones superior al 150 y más por ciento; la falta de proyectos de reintegración social, y la ausencia de programas de resocialización y reinserción adecuados para que los reclusos puedan volver a integrarse a sus comunidades al finalizar su condena.


Por su parte, el último pronunciamiento del director del Inpec ante la situación que padece el sistema carcelario, fue realzar ante la W Radio la disminución, en lo que va de este año, de un 9 por ciento del hacinamiento en cuestión, agregando que "los sindicados son quienes crean el hacinamiento".


Las peticiones de la UTP y del Movimiento Nacional Carcelario aún están a la espera de ser atendidas. Mientras tanto, y como se ha dicho tantas veces y durante tantos años, el sistema carcelario enfrenta "la mayor crisis carcelaria de la historia", según la afirmación del Defensor del Pueblo.

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