Sábado, 29 Noviembre 2014 08:33

TPP: el velo rasgado

TPP: el velo rasgado

Daniel Feierstein, del Centro de Estudios sobre Genocidio en Argentina, miembro del jurado de la audiencia final de Tribunal Permanente de los Pueblos capítulo México (TPP), expresaba ante los hechos que se presentaron al Tribunal, que en otros países ya les había tocado analizar casos de torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, asesinatos políticos, violaciones, represión de movimientos, grandes dosis de impunidad... pero siempre en dictaduras. México, agregó, es el único país donde todo esto sucede en democracia.

 

La masacre de estudiantes de Ayotzinapa y la reacción de indignación y solidaridad en todo el país y en el mundo rasgó irreparablemente el velo, dejando al descubierto una dura realidad. Todo aquello que se ha documentado tan trabajosamente durante tres años de labor del Tribunal, se condensó en Iguala en unas horas de barbarie, escribe el jurado como introducción de la sentencia que emitieron el 15 de noviembre 2014. En ese reino de la impunidad que es el México de hoy, hay homicidios sin asesinos, torturas sin torturadores, violencia sexual sin abusadores, en una desviación permanente de responsabilidad en la que pareciera que los miles y miles de masacres, asesinatos y violaciones sistemáticas a los derechos de los pueblos son siempre hechos aislados o situaciones marginales y no verdaderos crímenes en los que tiene responsabilidad el Estado.


Tres años de proceso, más de mil organizaciones y movimientos sociales involucrados, decenas de foros y talleres preparatorios de las audiencias por todo el país, denunciaron, sistematizaron y presentaron ante el Tribunal Permanente de los Pueblos, más de 500 casos documentados de violaciones a los derechos de los pueblos: violencia contra migrantes, trabajadores, comunicadores, jóvenes, feminicidios y otras violencias de género, devastación ambiental, violencia contra los pueblos del maíz y la soberanía alimentaria, asalto a la educación y los educadores, guerra sucia que echa su sombra hasta el presente, despojos, masacres y guerras que no terminan y minan en represión a los movimientos sociales, represión a los que se indignan por los atropellos, represión a los que protestan por la represión. Y sobre todo ello un manto de legalidad e impunidad.

 

Todo esto fue presentado con detalles y documentos por los y las agraviadas en 39 preaudiencias y 11 audiencias temáticas, cada una con su panel dictaminador o jurado, que constituyeron la base de las acusaciones ante la audiencia final del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) en México del 12 al 15 de noviembre 2014. Desde 2011, cuando este reconocido tribunal ético internacional aceptó e inauguró el capítulo México del TPP, participaron y contribuyeron más de 200 investigadores, 140 dictaminadores y jueces en las audiencias temáticas, 70 expertos internacionales designados desde la secretaría internacional de TPP en Roma, Italia.


El jurado de la audiencia final lo integraron 12 expertos internacionales en los derechos y temas denunciados, incluidos magistrados, jueces y asesores de la Corte Penal Internacional y otras instancias de Naciones Unidas y el obispo Raúl Vera de México, que ha seguido de cerca todo el proceso desde su comienzo. Elaboraron una sentencia de 96 páginas que resume los hechos, expone las causas y finca las responsabilidades del Estado mexicano, de empresas trasnacionales, de terceros países, en particular Estados Unidos y Canadá, de instituciones internacionales. (Se puede ver toda la sentencia en tppmexico.org)


La sentencia confirma la acusación principal de desvío de poder del Estado mexicano en sus niveles municipal, estatal y federal, el uso y abuso trans-sexenal de recursos y poderes del Estado para favorecer intereses privados y trasnacionales contra el interés público, pero además, para mantener una imagen positiva a nivel internacional, que dificultara apreciar en toda su dimensión la violación sistemática de los derechos de los pueblos.


Reconocen masacres anteriores, pero acusan con detalle a los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por una serie de violaciones de derechos establecidos internacionalmente y firmados por México y en todos los casos por crímenes de lesa humanidad. La sentencia condena a los responsables del gobierno de Enrique Peña Nieto por la comisión de crímenes de lesa humanidad (por actos de asesinato, exterminio, esclavitud, violación, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, desaparición forzada de personas). Responsabilidades individuales por crímenes internacionales, por delitos contra los derechos económicos, sociales y culturales, por delitos contra el medio ambiente y por la existencia de un cuadro generalizado de impunidad.


El Tribunal se comprometió a presentar la sentencia al gobierno y a los poderes Legislativo y Judicial de México (los cuales fueron convocados formalmente a presentar su defensa pero no acudieron), así como ante varias instancias de la comunidad internacional y ante el Parlamento Europeo. El proceso de construcción del rompecabezas colectivo desde abajo, continúa.


por SILVIA RIBEIRO, Investigadora del Grupo ETC

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Domingo, 23 Noviembre 2014 05:54

El caso Ayotzinapa, una desgracia: Calle 13

El caso Ayotzinapa, una desgracia: Calle 13

Todas las causas sociales son importantes, pero el caso de Ayotzinapa me parece que va más allá de la política: trasciende al plano de los derechos humanos. Va más allá de México; es algo más grande, porque es algo muy fuerte, es una desgracia, dijo René Pérez, conocido como Residente, de la agrupación Calle 13, previo a su concierto de anoche en el Palacio de los Deportes.


Residente ofreció una conferencia junto con Eduardo Cabra, Visitante, la otra parte de la agrupación puertorriqueña. También los acompañó el guitarrista Tom Morello.

En la charla, Residente comentó que habló con uno de los padres de los desaparecidos. Es muy conmovedor lo que me contó, porque yo acabo de tener un hijo, y sé que es muy fuerte, yo apoyo estas causas porque no puedo dejar de hacerlo, es mi deber. Para mí sería imposible treparme en una tarima y que esto pase en Latinoamérica y no mencionarlo. No obstante, no entiendo porqué gente en México lo ha maliterpretado y se han ofendido.


Se le preguntó al músico qué le comentaría al presidente Enrique Peña Nieto sobre el caso. A lo que dijo: No es mi presidente. El mensaje se lo tienen que dar ustedes, manifestándose pacíficamente para que haya más unidad.
Sin oportunismo


Sobre su activismo y manifestación habitual en los lugares en los que se presenta con su grupo, aseguró que él sólo usa el micrófono para algo positivo, expresarse.


"Lo hacemos genuinamente, no ganamos nada. ¿El oportunismo? ¿De qué?, yo sólo gano la oportunidad a que me peguen un tiro. Tampoco pierdo la oportunidad de sonar menos en la radio, de no vender un disco o de no participar en los Grammys. Sólo somos artistas y hablamos, y expresamos lo que sentimos con toda honestidad. No tenemos porqué no hacerlo. No me interesa ser un líder, lo dije, tengo un micrófono y lo uso. Agregó: Podría no meterme en nada y cantar música pop y vivir tranquilo, y así olvidarme de tener seguridad y una esposa con miedo. No. Yo voy a defender lo que ocurre en otros países también.

No obstante, aceptó que los artistas no están obligados a decir cosas si no la sienten. A mi como me criaron mis padres bajo mi instancia, desde pequeño tengo esos valores y cuando ocurre una injusticia como la de Ayotzinapa, sólo hice lo que tenía que hacer, en referencia a su discurso en la ceremonia de los Grammys pasados.

Comentó que en dicha gala la mexicana que sí habló fue Lila Downs antes de la premiación, pero no lo televisaron.
Por su parte, Tom Morello, músico reconocido de la banda Rage Against the Machine, dijo que en Estados Unidos mucha gente está a la expectativa de este caso de Guerrero y que él siempre se unirá a este tipo de causas.

Respecto al decreto de Barack Obama sobre la regularización de miles de migrantes, el músico aseveró que no es suficiente. La justicia no debe tener fronteras.


A su vez, Eduardo Cabra, comentó estar únicamente orgulloso de su hermano (René) sobre manifestarse. Hay que tener cojones para hacer lo que él hace.

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Viernes, 21 Noviembre 2014 07:11

Todo México reclama el fin de la impunidad

Todo México reclama el fin de la impunidad

Encolumnados detrás de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, miles de mexicanos marcharon por las calles del Distrito Federal reclamando justicia. El paro nacional y la jornada de protesta que ayer se extendió a todo el país fueron la respuesta que la sociedad civil mexicana dio a las salidas mediáticas que el presidente Enrique Peña Nieto ha ensayado a lo largo de la semana para encarar la crisis de derechos humanos detonada por la desaparición forzada de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, y la indignación social.


Al hastío expresado anoche en una de las manifestaciones más grandes de la historia reciente del país, que incluyó paros en al menos 150 universidades públicas y privadas, se sumaron las voces de los premios Nobel de la Paz 2014 y 2006, Amnistía Internacional y hasta el presidente del Banco Mundial en un solo reclamo: justicia para las familias de Ayotzinapa.


Sin embargo, Peña Nieto volvió a endurecer el discurso y advirtió que "atentar contra las instituciones es atentar contra los mexicanos". En un acto ante militares en el Campo Marte, Peña Nieto dijo que hará que impere el Estado de Derecho, pero el secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, puntualizó que la inseguridad y el crimen organizado "son problemas de Estado y no de gobierno".


Poco después de eso, y varias horas antes de las manifestaciones pacíficas convocadas sobre todo por las comunidades estudiantiles y académicas del país, en apoyo de los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, la policía y un par de grupos de encapuchados escenificaron choques en una zona cercana al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La policía informó de 13 detenidos, pero había versiones de que eran más de 30.


Tres grandes manifestaciones que salieron de diversos puntos estratégicos en zonas céntricas de la Ciudad de México confluyeron en el Zócalo, justo frente al Palacio Nacional. Un contingente salió del Angel de la Independencia, en el corazón financiero de la capital del país, uno más salió desde el Monumento a la Revolución y el último desde la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, donde fueron masacrados cientos de estudiantes el 2 de octubre de 1968.


Al inicio de las movilizaciones en el Distrito Federal, al menos otras 237 ciudades en México y el mundo habían anunciado acciones similares. En la Argentina, varios colectivos organizaron manifestaciones en Buenos Aires, La Plata y Salta. Lo mismo ocurriría en muchas ciudades de Brasil, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos (donde se organizaron actos en al menos 43 ciudades), Guatemala, Perú y Uruguay, en el continente americano. En Europa, los actos iniciaron aun antes de que en México, por la diferencia de horario, en media docena de ciudades de Alemania, en Austria, Bélgica, España, Francia, Finlandia, Dinamarca, Holanda, Inglaterra, Islandia, Italia, Noruega, Suecia y Suiza. También se confirmaron manifestaciones en la India, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda y Australia (ver aparte).


Si Peña Nieto insiste en que es víctima de complots conspiratorios de periodistas que escrutan su desempeño y de una sociedad civil que les exige cuentas, a los que acusa de atentar contra la estabilidad de su gobierno, tendrá que incluir entre sus enemigos a gobiernos, organismos internacionales y la prensa internacional, que también lo cuestiona y se impacienta ante la falta de respuestas puntuales y eficaces para la sociedad mexicana.


Al mandatario se le acaba el margen de maniobra dentro del país, pero la reacción global es una clara señal para México: el mundo también empieza a pedirle cuentas.


"Debe haber más vigilancia por parte de la sociedad, ya que a veces existe un problema de negación ante estos incidentes. Se debe alzar la voz y romper el silencio. La solución tiene que ser una combinación de buen ejercicio de poder, leyes y organización social", dijo el Premio Nobel de la Paz 2014 Kaylash Satyarthi, quien reclamó que el sistema de responsabilidades y de rendición de cuentas en México "tiene que funcionar, y de eso se debe encargar el gobierno".
En cualquier caso, "la prioridad es encontrar a los desaparecidos y luego arrestar y castigar a los responsables", dijo Satyarthi en una entrevista de CNN México durante una conferencia en Thomson Reuters Foundation.


Ahí mismo, Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz 2006, lamentó que en México se viva "un grave problema de ley y orden", el cual se asocia a que muchas personas viven en pobreza extrema.


La desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa "es fuente de grave preocupación para la comunidad nacional e internacional y refleja la crítica situación de derechos humanos que vive México", dijo Amnistía Internacional, al tiempo que iniciaba una petición global dirigida al presidente Peña Nieto. Para esta organización con sede en Londres, "Ayotzinapa no es un hecho aislado", sino que forma parte de un contexto que se suma a casos como las ejecuciones extrajudiciales de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, a manos del ejército, a finales de junio pasado, por los que se procesa a siete militares.

La crisis de derechos humanos pasa también por los femicidios en Chihuahua, un fenómeno incesante desde hace 20 años, y las decenas de miles de secuestros a migrantes y las más de 22.000 personas desaparecidas en diversas partes del país. Amnistía urge a Peña Nieto a enviar una iniciativa de ley al Congreso para armonizar la legislación federal con los estándares internacionales de derechos humanos en materia de desaparición. También le exige generar protocolos de búsqueda rápidos y efectivos para los casos de desaparición, y tomar las acciones necesarias para que el Estado mexicano acepte la competencia del Comité Contra la Desa-parición Forzada de la ONU para recibir y examinar las comunicaciones pertinentes de parte de individuos y otros Estados.


Tal vez lo último que esperaba Peña Nieto era que uno de los líderes del sistema financiero internacional se sumara a las voces que cada vez lo arrinconan más. En un acto celebrado el miércoles en la residencia oficial de Los Pinos, el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, se solidarizó con las familias de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, y dijo esperar que el gobierno de México haga que los culpables respondan ante la Justicia. "Sería equivocado de mi parte estar en el país y no reflexionar en la tragedia que significa la desa-parición de 43 jóvenes. Quiero sumar mi voz al respaldo a las familias de los estudiantes desaparecidos. Ellos merecen la verdad y justicia", dijo Jim Yong Kim.


PARA AMNISTIA INTERNACIONAL, EN MEXICO LA IMPUNIDAD ES UNA CONSTANTE

"Una grave crisis de DD.HH."


.El presidente de México, Enrique Peña Nieto, no reconoce la crisis humanitaria que atraviesa su país. Con estas duras palabras, Amnistía Internacional (AI) cuestionó ayer al mandatario por calificar de "intentos de desestabilización" las protestas por la de-saparición de los 43 normalistas y por ignorar la cifra de desaparecidos en los últimos años.


"La afirmación del presidente pone en evidencia que su administración continúa sin reconocer la grave crisis de derechos humanos que enfrenta México y que en los últimos años la falta de acceso a la Justicia y la impunidad ante violaciones graves a los derechos humanos ha sido una constante", indicó el organismo en un comunicado.

De acuerdo a AI, la represión policial y la violencia de los narcotraficantes sufridas por los estudiantes de Ayotzinapa –que dejaron un saldo de seis muertos, 25 heridos y 43 desaparecidos– no son hechos aislados, sino parte de un contexto de violaciones graves a los derechos humanos.

El sábado, apenas llegado de su gira por China y Australia, Peña Nieto advirtió que estaba dispuesto a usar la fuerza si era necesario. "Si lo que demandamos es justicia y que los responsables de estos hechos paguen, y que sea aplicada la ley en todos sus términos, no puede ser a través de actos de violencia y vandalismo y más cuando afectan a terceros", dijo.


El mandatario advirtió que su gobierno no dejará de agotar toda instancia de diálogo, acercamiento y apertura para evitar el uso de la fuerza para restablecer el orden. Por ello, aseguró, aspiraba a que no sea el caso de que el gobierno tenga que llegar al "extremo" de hacer uso de la fuerza pública.

El pronunciamiento de AI agregó que las afirmaciones presidenciales parecen "ignorar el elevado número de personas desaparecidas en el país, que de acuerdo a cifras oficiales son 22.000 y que la práctica de tortura se ha elevado en un 600 por ciento". A esto se suman las medidas poco efectivas para la búsqueda de personas. "(Peña Nieto) muestra una vez más la falta de compromiso de su gobierno para hacer frente a la situación que se vive en el país, marcando una tendencia a la criminalización de las demandas de justicia y la manifestación libre de ideas, derechos que, lejos de de-sestabilizar, son la piedra angular de una sociedad democrática", afirmó Perseo Quiroz, director ejecutivo de AI en México.


"Los hechos han rebasado ya los compromisos verbales. Es momento de que el presidente reconozca la grave crisis de derechos humanos que ha atravesado México en los últimos años y que su administración no ha logrado combatir la impunidad en el país", añadió.

Sin embargo, AI no es el único organismo que viene alertando sobre la situación en México. En 2013, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidos había realizado una serie de recomendaciones al país para mejorar su historial en derechos humanos. En tanto, AI había llamado en marzo al gobierno de Peña Nieto a pronunciarse claramente sobre los compromisos en materia de derechos humanos y a garantizar la búsqueda de víctimas de desaparición. Además, le había pedido que llevara a los responsables ante la Justicia, incluyendo a los funcionarios públicos que pudieran estar implicados en desapariciones forzadas.


A principios de mes, la organización humanitaria afirmó que las líneas de investigación de la desa-parición forzada y ejecuciones extrajudiciales llevadas adelante por la Procuraduría general eran limitadas e incompletas, además de estar acompañadas de funcionarios que se rehusaban a cuestionar la connivencia entre el Estado y el crimen organizado en lo que refiere a la violación de derechos fundamentales. "Trágicamente, la desaparición forzada de los estudiantes es sólo el último de una larga serie de horrores que han sucedido en el estado de Guerrero y el resto del país. La corrupción y la violencia como señales de advertencia han estado allí para que todos las vean desde hace años y los que negligentemente las han ignorado son ellos mismos cómplices de esta tragedia", dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.


El procurador general Jesús Murillo Karam evitó mencionar la negligencia y la complicidad estatal en la investigación de una serie de denuncias contra el ahora detenido alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y el hecho de no llevar a la Justicia a los integrantes de la policía federal y local involucrados en el asesinato y la tortura de otros estudiantes de Ayotzinapa en 2011.


Abarca, quien es el principal sospechoso de la desaparición forzada de los estudiantes, es también sospechoso de cometer actos de corrupción y otros delitos graves. En junio de 2013, el sobreviviente de un ataque a ocho activistas locales, en el que tres personas murieron, informó que el alcalde había participado directamente en los asesinatos. El sobreviviente proporcionó una relación detallada que se le entregó a un notario público, debido a los temores sobre la connivencia de la policía. Sin embargo, la fiscalía no llevó a cabo ninguna investigación sobre las reclamaciones, indicó AI.
"Cualquier investigación iniciada ahora por el Procurador General llegará demasiado tarde. Si se hubieran realizado investigaciones exhaustivas sobre las denuncias contra el alcalde de Iguala y la policía federal y local cuando se produjeron otras violaciones graves de los derechos humanos, tal vez estos terribles asesinatos y desapariciones forzadas no hubieran tenido lugar", sostuvo Guevara.

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Viernes, 21 Noviembre 2014 06:48

El doble discurso

En los 35 años que van desde la reinstitucionalización de República Dominicana y Ecuador en 1978 hasta la de Paraguay y Chile en 1989, América Latina ha vivido un avance democrático sin precedentes. Tanto México como Brasil, los dos Estados más grandes, han vivido auspiciosos procesos institucionales: el primero, con una alternancia en el poder que superó el histórico hegemonismo del Partido Revolucionario Institucional, en el Gobierno durante 71 años; Brasil, con dos partidos que se han alternado en cinco elecciones seguidas, superando el vacío de formaciones nacionales estables que caracterizó su vida política desde los tiempos del Imperio.


No han faltado episodios traumáticos, con la caída de presidentes, como —entre otros— el exobispo Lugo en Paraguay (2012), Mel Zelaya en Honduras (2009), Collor de Melo en Brasil (1992), Sánchez de Lozada en Bolivia (2003) o de Fernando de la Rúa en Argentina (2001). Todos ellos se resolvieron más o menos dentro de la Constitución y, en todo caso, sin irrupciones militares, que felizmente han pasado a la historia.


No obstante, se viven situaciones intolerables que no deberían ser aceptadas en silencio por la comunidad latinoamericana, como desgraciadamente ocurre. Es el caso arquetípico de Venezuela, designada incluso para integrar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a propuesta unánime de la región. Como era de esperar, el presidente Nicolás Maduro ha festejado el éxito diplomático invocando el prestigio de su régimen. Sus colegas le han hecho ese obsequio pese a que Leopoldo López, uno de los principales líderes opositores, está preso y maltratado, junto a dos alcaldes, como Daniel Ceballos y Enzo Scarano, acusados todos ellos de los peores delitos contra el Estado. Luego del cierre de los únicos canales de televisión independientes, la prensa vive cercada por la falta de divisas para comprar papel e insumos, 12 diarios ya cerraron y otros 30 apenas sobreviven, por la colaboración de los diarios colombianos. Bajo ningún criterio es hoy Venezuela una democracia, aunque haya elecciones, que transcurren en medio de la falta de libertades y la presión envolvente del Gobierno sobre los medios y los espacios normales de libertad para movilizarse. Solo el verdadero heroísmo de jóvenes dirigentes y militantes ha mantenido viva la llama de la democracia, a pesar de las amenazas y difamaciones que se lanzan sobre ellos como rayos.


No puede ignorarse que en Ecuador tampoco la prensa actúa con libertad y que el presidente viene avanzando hacia la aprobación de la reelección indefinida, sin un plebiscito que en algo lo legitime.

En la Argentina, solo la justicia ha hecho posible que su prensa tradicional sobreviva hasta hoy. El ataque sistemático que se hace desde el Gobierno a La Nación y Clarín no tiene precedentes conocidos. Que la propia señora presidenta apostrofe constantemente, con nombres y apellidos, a dos periódicos de larga tradición y prestigio, sólo se ha visto en algunos regímenes totalitarios. La Nación sufre la amenaza de un juicio fiscal que puede llevarle al cierre y únicamente los amparos judiciales han permitido su sobrevivencia. Clarín ha sufrido el empleo de todos los recursos posibles de un Estado para destruirlo. Desde inspecciones fiscales llevadas a cabo por cientos de funcionarios que, llegados en omnibuses, invadieron sus oficinas, hasta una ley que específicamente procuró la dispersión del grupo editorial. No obstante propuso, y se le aceptó, un proyecto de desmembramiento, sorpresivamente anuncian ahora que por decreto procederán a modificar la estructura societaria.


Sobre estas situaciones parecería que ningún Gobierno latinoamericano se siente obligado, por lo menos, a preguntar. En medio de himnos sobre la vigencia universal de los derechos humanos, se les agrede aviesamente y nada sacude las aguas de las instituciones hemisféricas.

En México, días pasados, en ocasión de la reunión del prestigioso Foro Iberoamérica que fundó hace 15 años Carlos Fuentes, Fernando Henrique Cardoso, refiriéndose a Venezuela, dijo que los demócratas "tenemos que gritar, hacernos oír", porque esta hipocresía reinante, ese doble discurso, condena a la soledad a un pueblo venezolano que, por su historia y su cultura, no merece lo que hoy sufre.


Si observamos la calidad institucional desde afuera del sistema formal de funcionamiento, nos encontramos con poderes fácticos que sacuden el edificio. Es el caso de México, con estructuras de corrupción vinculadas al narcotráfico, que ejercen la violencia casi como Estados paralelos, desafiando la vigencia del ordenamiento legal. La matanza del Estado de Guerrero le ha dado a ese cáncer endémico difusión internacional y quizás esto abra un espacio para que la autoridad constituida pueda iniciar un proceso de reconquista real de su competencia. Colombia, que lleva adelante —trabajosamente— un esperanzado proceso de paz, convive todavía con una narcoguerrilla que, aun acotada y en medio de un diálogo con el Gobierno, no termina de asumir que, para que se le crea, debe abandonar las armas para siempre.

Estas situaciones revelan las carencias de un Estado, que es excesivo en ciertos sectores de la vida económica y falta en sus roles esenciales: el juez y el gendarme. Los poderes judiciales, en ocasiones amenazados e infiltrados, no siempre son la barrera que el Estado de derecho necesita. Las policías, lo mismo. Si en esos países no se logra el monopolio de la fuerza de que hablaba Max Weber como esencia del Estado, todo lo demás se hace ilusorio.

Por Julio María Sanguinetti, abogado y periodista y fue presidente de Uruguay (1985-1990 y 1994-2000).

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Ni estudian ni trabajan 60% de mil 800 millones de jóvenes en el mundo: ONU

Sesenta por ciento de los mil 800 millones de jóvenes de entre 10 y 24 años en el mundo ni estudia ni trabaja, lo que supone que sus perspectivas de vida son sombrías y sus aportaciones al desarrollo serán limitadas, apuntó hoy la Organización de Naciones Unidas (ONU).


En un informe titulado Estado de la población mundial 2014, destaca que la cifra de jóvenes es la más alta en la historia, lo que supone enormes retos y oportunidades, en especial para las naciones en desarrollo.


Indica que los países pobres, con una numerosa población en ese rango de edad, pueden dar gran ímpetu a sus economías si realizan serias inversiones en la educación y salud de ese sector y si protegen sus derechos.
Sin embargo, apunta que más de 500 millones de jóvenes tratan de sobrevivir con menos de dos dólares al día, y que los derechos de las niñas y mujeres son constantemente vulnerados. Por ejemplo, cada día contraen matrimonio 39 mil menores de 18 años.


Asimismo, el informe lamenta que a pesar de que su riesgo de pobreza es elevado, dos de cada tres países ignoran por completo a los jóvenes al diseñar las estrategias y los planes de desarrollo nacionales dirigidos a reducir la pobreza.
El pleno ejercicio de los derechos humanos sigue siendo un sueño lejano para millones de jóvenes; las violaciones atroces son lo habitual para muchos de ellos, enfatiza el Fondo de Naciones Unidas para la Población (Unfpa).


Advierte que los países que no presten atención a ese sector poblacional pueden experimentar un incremento progresivo en la tasa de fecundidad y verse obligados a mantener a un elevado porcentaje de personas dependientes.


Los jóvenes son los innovadores, creadores, constructores y líderes del futuro, pero pueden transformarlo sólo si cuentan con las aptitudes, la salud, la capacidad de adoptar decisiones y verdaderas opciones en la vida, expresó Babatunde Osotimehim, director ejecutivo del Unfpa.


Explicó que nueve de cada 10 de los jóvenes del mundo actual viven en naciones menos adelantadas, lo que supone enormes retos para estas economías.


Una fuerza de trabajo poco calificada atrapará a las economías en actividades de escaso valor e índices de crecimiento anémicos. La discriminación por razón de género provocará que estos problemas resulten aún más insolubles para las mujeres jóvenes y las adolescentes, alerta el organismo.


Explica que la manera de emplear ese potencial es explotando el llamado dividendo demográfico, que puede lograrse cuando la población de un país en edad de trabajar es mayor a la que es más joven y dependiente.


Sin embargo, esto sólo puede lograrse si se invierte en proteger derechos, incluidos los reproductivos, así como en mejorar la salud y los niveles educativos de la juventud, asienta el Unfpa.

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Domingo, 16 Noviembre 2014 06:13

Carta a las y los jóvenes de México

Carta a las y los jóvenes de México

Me dirijo a todos mis amigos y a todas mis amigas de México. Si me permiten, me dirijo en especial a ustedes los jóvenes y las jóvenes de México.


Una conmoción atraviesa todo el mundo por el horror de la masacre de los jóvenes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, Guerrero, y en particular por el horror de los detalles con que se ha cometido esta acción. Comprendo su gran angustia, rabia y perplejidad: ¿Qué tipo de sociedad es esta que permite que gente aparentemente normal como nosotros cometa crímenes tan detestables? ¿Qué Estado es este que parece infiltrado hasta los huesos por la narcoviolencia? ¿Qué democracia es esta que invita a la resignación ante enemigos que parecen demasiado fuertes para poder ser combatidos, mientras se aprueban leyes que criminalizan la protesta pacífica (como las leyes bala y mordaza)? ¿Qué policía es esta que es cómplice con la desaparición forzada y tortura de ciudadanos inocentes? ¿Qué política educativa es esta que persigue a la educación rural y no permite que estos jóvenes sean héroes por la vida comunitaria que promueven, sino mártires por la muerte horrorosa que sufren? ¿Qué comisiones de derechos humanos son esas que existen en ese país, que están ausentes y omisas ante crímenes de lesa humanidad mientras que los verdaderos activistas de derechos humanos son asesinados? ¿Qué mundo es este que sigue elogiando el Presidente de la Republica por el simple y único relevante hecho de haber entregado al imperialismo la última riqueza del país que restaba en manos de los mexicanos?
Sé que son demasiadas preguntas, pero lo peor que podría pasar sería que Ustedes se dejasen dominar por la magnitud de ellas y se sintieran impotentes. La contingencia de nuestra vida y de nuestra sociedad está dominada por dos emociones: el miedo y la esperanza. Sepan Ustedes que esta violencia desatada se dirige a su resignación, dominados por el miedo y, sobre todo, por el miedo de la esperanza. Los poderosos criminales saben que sin esperanza no hay resistencia ni cambio social. Sabemos que es difícil escapar al miedo en condiciones tan dramáticas como las que viven. El miedo no se puede eliminar, pero lo importante es no rendirse al miedo, sino tomarlo en serio para poder enfrentarlo y superarlo eficazmente, a eso le llamamos: Esperanza. Ustedes tienen la fuerza para salir de esta pesadilla, resistir a la ilegalidad y violencia institucionalizadas y construir una alternativa de esperanza. Para eso es necesario organización, respaldo popular y una clara visión no solamente política, sino también ética de una sociedad donde sea posible vivir con dignidad y en paz.


Hay varias opciones y no me sorprende que Ustedes las contemplen todas. Sé que algunos buscan criar zonas autónomas, libres de opresión y de dominación. Tales zonas liberadas son fundamentales como espacio de educación, para que Ustedes muestren unos a los otros que es posible vivir de manera cooperativa y solidaria para que cada uno y cada una pueda decir: yo soy porque tú eres. Pero más allá de las zonas liberadas es necesario enfrentar el poder político, económico y cultural que oprime y aterroriza. Para eso hay dos opciones básicas y estoy seguro que Ustedes analizan las dos con mucho cuidado: por un lado, la lucha armada, por otro, la lucha pacífica, legal e ilegal. Si me permiten, les digo que la historia muestra que la primera es irrenunciable solamente cuando no hay otra posible alternativa. La razón es simple: la lucha armada difícilmente tiene respaldo popular si obliga a sacrificar la vida para defender la vida. La pregunta es ¿hay espacio de maniobra para una alternativa pacífica? Humildemente pienso que sí porque la democracia mexicana, a pesar de estar muy herida y violada, está en nuestro corazón, como bien demuestran sus luchas contra tantos y sucesivos fraudes electorales. Miren la experiencia del sur de Europa, donde el desespero de los jóvenes está dando lugar a innovaciones políticas interesantes, partidos-movimientos que asumen internamente los procesos de democracia participativa, donde los rostros conocidos son voceros de procesos de deliberación muy creativos en que participan miles de ciudadanos y ciudadanas. Y subrayo, ciudadanos y ciudadanas. Lamentablemente, en muchos países, y México no es excepción, las tradiciones de lucha tienen estilos bastante autoritarios, estilos machistas verticales. Hay que profundizar a ese nivel la democracia participativa, sobre todo cuando sabemos que las mujeres han sido tantas veces blancos privilegiados de los sicarios. ¿Será posible en México un nuevo partido-movimiento organizado por las jóvenes y los jóvenes? Ustedes saben la respuesta. Mejor aún, Ustedes son la respuesta. No va ser fácil porque los señores del poder van intentar criminalizar su lucha pacífica. Hay que asumir el costo de la resistencia pacífica aunque ésta sea declarada ilegal, asumir ese riesgo en nombre de la esperanza. El miedo de la ilegalidad tiene que ser enfrentado con la convicción de la ilegalidad del miedo. Ahí está la esperanza.
Un abrazo solidario.

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Jueves, 13 Noviembre 2014 05:51

Víctimas del Estado estadounidense

Víctimas del Estado estadounidense

El Comité contra la Tortura de la ONU cuestionó ayer la política migratoria de Estados Unidos, especialmente el trato a los miles de menores indocumentados que entraron en forma irregular a su territorio.


Asimismo y sobre la prisión militar de Guantánamo –en Cuba–, los expertos cuestionaron por qué sigue abierta con un centenar y medio de presos, la mayoría de los cuales no fueron sometidos a juicio y no cuentan con acceso a los derechos fundamentales de cualquier ciudadano.


Estados Unidos compareció ante el Comité contra la Tortura de la ONU, que entre ayer y hoy revisará si Washington viene cumpliendo desde 2006 con la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Uno de los dos relatores, Alessio Bruni, definió como una "situación dramática" lo que sucede con los 68.000 menores inmigrantes detenidos que provienen de El Salvador, Guatemala, Honduras y México, y que entraron en Estados Unidos.


Más del 95 por ciento de los niños no mexicanos solos detenidos en la frontera fueron liberados y entregados a familiares con una orden de presentación ante las autoridades, entre ellas las cortes de inmigración. El resto fue enviado a centros administrados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos para Niños y Familias. En 2008 el Congreso aprobó la Ley de Reautorización de Protección de las Víctimas de Trata, según la cual la patrulla fronteriza está obligada a tomar en custodia a los niños migrantes que no sean originarios de México y transferirlos a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (dependiente del Departamento de Salud y Servicios Humanos) en un plazo de 72 horas.


"No entiendo por qué hay otras 68.000 familias inmigrantes detenidas en los centros de detención, ¿no había otra manera de mantenerlas?", se cuestionó Bruni. El experto pidió a la delegación que aporte información más detallada de todas estas personas retenidas, así como el número de los que fueron expulsados inmediatamente tras ser detenidos. El segundo relator, Jens Modvig, preguntó sobre las denuncias de abusos sexuales a menores en los centros de detención y pidió datos al respecto.

El 2 de junio, el presidente Obama reconoció la existencia de una crisis humanitaria tras el arresto, en lo que iba del año, de 46 mil niños migrantes solos cuando intentaban ingresar al país. Al 28 de agosto, según datos del Departamento de Seguridad Nacional, el número de niños detenidos por la patrulla fronteriza sobrepasó los 66 mil. La experta Sapana Pradhan-Malla apuntó sobre las investigaciones a funcionarios de centros de detención por supuesto abuso sexual a inmigrantes y sobre cuántos procesamientos siguieron. Pradhan-Malla también se preguntó por qué se sigue encadenando a las inmigrantes retenidas en el momento del parto, una pregunta que Modvig amplió al conjunto de las cárceles del país.
A principios de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe muy duro sobre el estado de los niños migrantes en centros de detención y dijo que la detención generalizada y prolongada se trata de una medida "indeseable". El reporte explicó que, tras una visita llevada a cabo por los miembros de la Comisión entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre, encontró inquietante información sobre graves violaciones a los derechos humanos de los niños, entre ellos a la libertad, la seguridad personal, igualdad ante la ley y al debido proceso.

George Tugushi, que ayer actuó como presidente porque quien ostenta el cargo, Claudio Grossman, se abstuvo por residir en Estados Unidos, también se refirió a los inmigrantes. Tugushi preguntó por qué se les somete a detención prolongada y a veces indefinida. "¿Por qué no se les individualiza, se trata sus casos conforme a la ley, y por qué no se buscan alternativas a la detención?", cuestionó Tugushi.


Guantánamo también fue incluido en la agenda. Mary Mcleod, asistente jurídica del gobierno estadounidense, afirmó durante su intervención inicial que el Ejecutivo tenía claro que la Convención sobre la Tortura y Tratos degradantes o inhumanos se aplicaba incluso en tiempos de guerra. Bruni solicitó datos concretos sobre el estado de todos los reos y específicamente sobre si los que son sospechosos pero no se les ha procesado tienen las mismas garantías judiciales que el resto.


Los dos relatores cuestionaron sobre la alimentación forzada a presos de Guantánamo –algo que todas las instancias de la ONU rechazan– y por qué los presos no tienen derecho a atención médica independiente. Asimismo, los expertos cuestionaron qué garantías da el gobierno sobre que los presos transferidos a terceros países no serán torturados.
Finalmente, los expertos preguntaron al gobierno por qué deniegan que el relator de la ONU sobre la Tortura visite Guantánamo y se entreviste individualmente con los presos. Otro de los temas recurrentes fue conocer si se produjeron investigaciones y procesos contra funcionarios civiles y militares responsables de malos tratos y torturas. Además, hubo preguntas sobre el uso de pistolas eléctricas y las supuestas 600 muertes que causaron y sobre los abusos del clero y sobre abusos cometidos contra la comunidad transexual, entre otros. Los expertos también cuestionaron sobre los malos tratos sufridos por los reos condenados a muerte, tanto durante los años que pasan en el corredor de la muerte como durante la ejecución, y sugirieron el establecimiento de una moratoria a la pena capital.

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Lunes, 10 Noviembre 2014 07:34

Cuando expropiación es crimen

Cuando expropiación es crimen

Una demanda recibida el 7 de agosto por la Corte Penal Internacional (CPI) detalla los cargos que se pueden imputar a la que llama la élite en el poder del país acusado. La demanda abarca a miembros del gobierno, las fuerzas armadas y grandes empresarios. Dicha élite habría incurrido en traslados forzosos, asesinatos, arrestos ilegales, persecución y otros actos inhumanos con el objetivo de enriquecerse y mantenerse en el poder a cualquier costo. Todo lo cual cabe en la definición que el Estatuto de Roma, carta fundacional de la CPI, establece para los crímenes contra la humanidad, aunque nunca se han aplicado a desplazamientos forzosos producidos, no en un contexto de guerra, sino por concesiones realizadas por el gobierno a empresas de medio mundo, dice un informe.

En un momento en el que las violaciones de los derechos humanos relacionadas con la tierra han alcanzado niveles escandalosos, esta comunicación da a la CPI la rara oportunidad de confirmar el papel de la ley internacional para proteger a las poblaciones de los desplazamientos masivos forzosos durante tiempos de paz, aseguró Richard J. Rogers, abogado del bufet londinense Global Diligence que representa a las víctimas, reporta Laura Villadiego en ¿Expropiaciones forzosas, nuevo crimen contra la humanidad? (30 de octubre, en la revista digital esglobal, editada en Madrid como heredera de la conservadora Foreign Policy en español).


Aunque podría, no se trata de México (todavía), sino de Cambodia. Mas luego de las reformas estructurales que las élites nos terminaron de asestar, y su aplicada reglamentación para las expropiaciones en favor de petroleras, mineras o constructoras (y sin derecho de consulta para los afectados, la Tremenda Corte dixit), bien podría el régimen peñista ponerse pronto el saco, no lejos de Guatemala.


El término crímenes contra la humanidad fue acuñado en 1915 cuando Francia, el Reino Unido y Rusia denunciaron el exterminio de armenios en Turquía. El nuevo concepto adquirió relevancia al ser juzgados los criminales nazis tras la infame Segunda Guerra Mundial. En las siguientes décadas, apunta la autora, las condenas por crímenes contra la humanidad se han aplicado fundamentalmente a asesinatos en masa, violaciones, tortura o esclavitud. La nueva demanda podría ampliar este concepto a un tipo de crimen que ha estado en auge durante los años recientes: la expropiación masiva de tierras.


Global Diligence insta a la fiscalía de la CPI a abrir una investigación sobre las expropiaciones en Camboya, donde 770 mil personas (6 por ciento de la población) han perdido sus tierras en lo que va del siglo por las concesiones del gobierno. La demanda, apunta Villadiego, podría sentar un precedente jurídico para otros casos de expropiaciones de tierras en el mundo, un fenómeno que la FAO describe como global.
El carácter masivo y violento que han tenido las expropiaciones en Camboya será un argumento de peso para la fiscalía. Las expropiaciones de tierra son un problema crónico y masivo en Camboya. Es una de las violaciones de los derechos humanos más graves en el país y ha empeorado durante los últimos años, según Chak Sopheap, directora del Centro Camboyano por los Derechos Humanos, quien destaca que la represión contra activistas se ha endurecido en 2014.


Cabe mencionar que la CPI sólo puede juzgar a personas, no Estados, y para ello necesita que los acusados sean detenidos y extraditados a La Haya, algo a lo que probablemente se opondrá Camboya, a pesar de ser un país firmante del Estatuto de Roma. Acá, el gobierno de Ernesto Zedillo firmó el Estatuto de último minuto, el 7 de septiembre de 2000.


Uno de los mayores obstáculos será demostrar que las expropiaciones forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, como estipula el Estatuto. Probablemente el gobierno dirá que tiene el derecho a organizar el suelo si es en el interés público y si hay compensaciones adecuadas. Pero el problema es que casi nunca es por interés público y casi nunca hay compensaciones, sostiene Scott Leckie, director de Displacement Solutions, organismo que apoya a víctimas de desplazamientos forzosos.


A pesar de las dificultades, el caso de Camboya es una esperanza para otros movimientos en Asia y otras regiones del mundo, apunta Villadiego. Camboya es uno de los países que más se ha movilizado internacionalmente y varias comunidades han presentado quejas ante la OCDE y la Unión Europea. Pero no es el único, también Laos y Myanmar han denunciado esta práctica (propia del capitalismo en su agresiva fase neoliberal, como bien sabemos en México). Bloquear una investigación de la CPI es un asunto muy serio, advierte Leckie. Implica sanciones al país que pueden llegar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y fundamentar órdenes de arresto de Interpol para los acusados.

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Elecciones en Estado Unidos: Máximo progreso para el salario mínimo

Las elecciones en Estados Unidos dependen sobre cualquier otra cosa del dinero; mucho dinero, que proviene cada vez más de fuentes "oscuras", imposibles de rastrear. Sin embargo, la historia no está hecha de dinero sino de movimientos. La holgada victoria republicana en las elecciones legislativas de esta semana ha sido ampliamente descrita como una ola, un baño de sangre, una paliza. Más allá de la hipérbole, más allá de las declaraciones de los comentaristas políticos, fuertes corrientes están en movimiento, cambiando lentamente nuestra sociedad. Uno de los movimientos que logró visibilidad en medio de la maraña electoral es el que tiene como demanda principal un aumento del salario mínimo, el cual se impuso aún en algunos de los estados más conservadores.


En contra de las tendencias partidarias, los votantes de Alaska, Arkansas, Nebraska y Dakota del Sur aprobaron iniciativas de leyes para aumentar el salario mínimo, como lo hicieron los votantes de San Francisco y Oakland, California. En Illinois y en varios condados de Wisconsin, estados que eligieron gobernadores republicanos, importantes mayorías aprobaron iniciativas no vinculantes para aumentar el salario mínimo. Dado que los republicanos (y algunos demócratas) en el Congreso han bloqueado insistentemente un incremento del salario mínimo nacional, el pueblo está tomando el control del tema en sus comunidades y consiguiendo un apoyo rotundo en todo el espectro político.


El salario mínimo federal es de 7,25 dólares la hora, que con el ajuste por inflación es menor al de 1968. Esto se traduce en un salario de poco más de 15.000 dólares al año para alguien que tenga un trabajo a tiempo completo, quedando por debajo del umbral de la pobreza para las familias de dos personas. Por último, el Presidente Barack Obama ha hecho del aumento del salario mínimo un objetivo central de su presidencia. El pasado mes de febrero emitió una orden ejecutiva que obligó a las empresas que trabajan bajo contratos federales a pagar a sus empleados un mínimo de 10,10 dólares la hora porque, según dijo en su discurso del "Estado de la Unión" dos semanas antes: "Si cocinas para nuestras tropas o lavas sus platos, no deberías tener que vivir en la pobreza. Por supuesto, para mayores logros, el Congreso debe participar. Así que les pido que se unan al resto del país. Digan que sí. Denle un aumento a Estados Unidos".


Ralph Nader, el legendario defensor de los consumidores y ex candidato presidencial del Partido Verde, ha luchado por un aumento del salario mínimo durante años. Nader acompañó a "Democracy Now!" en la cobertura especial de las elecciones legislativas de mitad de mandato de 2014 y vinculó los malos resultados de los demócratas con el hecho de no haber atendido el tema del salario mínimo: "A último momento asumieron el único tema que el sitio de noticias Politico.com afirmó que podría favorecer a los demócratas: el aumento del salario mínimo para 30 millones de estadounidenses que actualmente ganan menos que los trabajadores de 1968, si hacemos los ajustes por inflación. 30 millones de personas y sus familias, un montón de votantes, pero no le dieron la importancia que merecía el tema. Hace unas tres semanas y media le dije al Senador Harry Reid que este debate tenía que ser llevado al plano nacional por el presidente en una campaña por todo el país. Él estuvo de acuerdo y dijo que iba a llamar al presidente. Pero ¿qué logramos? Un presidente que pasó casi dos semanas en los salones de Nueva York, Maine, San Francisco y Los Ángeles recaudando fondos para los demócratas en lugar de hacer campaña en el país con un tema que tiene un 80% de apoyo. Hasta los ex candidatos a presidente republicanos Mitt Romney y Rick Santorum se manifestaron a favor de actualizar el salario mínimo".


Nader comentó particularmente una de las contiendas más seguidas de la noche, la elección del senador por Arkansas, donde el demócrata Mark Pryor perdió el escaño que ocupaba ante su rival republicano Tom Cotton: "Una vez que ingresó al Senado, el Senador Mark Pryor se aseguró de darle la espalda a los grupos de ciudadanos, a los grupos liberales, los grupos progresistas. Estuvo a cargo del Subcomité de Asuntos del Consumidor y no pudimos ni siquiera conseguir una reunión con él. Los demócratas han dejado de lado las posturas económicas que les hicieron ganar las elecciones una y otra vez a Franklin Delano Roosevelt y Harry Truman. Ya no pueden defender a nuestro país de los programas más militaristas, corporativos y crueles, de las políticas en contra de los trabajadores y los consumidores, en contra del ambiente y de las mujeres e, incluso, en contra de los niños"


Arkansas, donde se encuentra la sede del empleador privado más grande del mundo, Wal-Mart, en realidad tiene el salario mínimo más bajo del país: 6,25 dólares la hora, más bajo incluso que el mínimo federal de 7,25 dólares la hora (en estos casos, los empleadores están obligados a pagar el mínimo federal). Allí, la iniciativa para el aumento del salario mínimo se aprobó con más del 65% de los votos.


La coalición Give Arkansas a Raise Now (Por un aumento del salario mínimo en Arkansas, en español) trabajó arduamente durante meses para lograr este resultado, y es solamente una de las coaliciones regionales que se ocupan de llevar este tema al electorado porque el Congreso se niega a asumirlo como prioridad.


Los trabajadores también están haciendo demandas directas a sus empleadores, con una campaña cada vez mayor entre los trabajadores de la industria de la comida rápida, que están exigiendo 15 dólares la hora. En manifestaciones coordinadas, realizadas en 150 ciudades el pasado mes de septiembre, más de 400 personas fueron detenidas en actos de desobediencia civil no violenta.


Imara Jones, colaborador de Colorlines.com, escribió que las elecciones de medio término de 2014 estarían marcadas por la falta de justicia económica y comentó el tema en la cobertura especial de las elecciones que hizo Democracy Now!


"La justicia económica estuvo presente en las elecciones nacionales en todos los aspectos. Antes que nada, en términos de participación de votantes se está hablando de apatía, pero la apatía es una elección. La decisión de no votar es una elección, y dada la situación económica y la falta de progreso y equidad económica, no es una decisión extraña. No debería sorprendernos para nada. Este es uno de los primeros aspectos importantes; la gente no acudió a las urnas, particularmente las comunidades que sufrieron el peor golpe de la economía: afroestadounidenses, mujeres solteras y jóvenes menores de 30 años son quienes no se presentaron y quienes fueron más afectados por la economía. No tienen opción." De hecho, solo alrededor de un tercio de los ciudadanos habilitados para votar acudió a las urnas, con una participación muy baja entre los jóvenes menores de 30 años, las mujeres solteras y las personas de color.


La iniciativa popular en demanda de un salario mínimo justo es tan solo uno de los movimientos sociales que crecen día a día en Estados Unidos. El movimiento por los derechos de los inmigrantes, el movimiento por una reforma carcelaria y del sistema de justicia penal, el movimiento contra el cambio climático inducido por la humanidad, o contra la guerra sin fin son movimientos que inspiran a la acción, que conducen a las personas a las calles, a menudo arriesgándose a ser arrestadas, o incluso deportadas. A pesar de las apariencias tras las elecciones legislativas de este año, la gente es una fuerza más poderosa que el dinero.


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Publicado el 7 de noviembre de 2014
Amy Goodman, con la colaboración de Denis Moynihan
Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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Tercerizar para reducir costos, incrementar ganancias y precarizar condiciones laborales. Caso Emtelco.

El negocio de las BPO, KPO e ITO, florece y se expande en Colombia. Este tipo de empresas ofrece servicios de tercerización en actividades como Contact center y procesos administrativos (BPO), servicios de investigación y desarrollo (KPO), y procesos de negocio relacionados con las tecnologías de información (ITO).

En 2012 había en el país 2.616 empresas de este tipo, (BPO 45%), las que obtuvieron ingresos por $9.7 billones en ese año y empleaban en estas actividades a 319.038 personas, el 77.3% de ellas trabajando para otras empresas. Los principales sectores que demandan los servicios de estas empresas son los de telecomunicaciones, salud, informática, educación, comercio y financiero.

¿Qué es lo que hace tan atractivo subcontratar con estas empresas? El ejemplo de Emtelco y su relación con EPM/UNE nos permite entender dónde está el negocio. Emtelco la creó EPM en 1992 para prestar servicios de conectividad y equipos de comunicaciones. Más tarde incursionó en la prestación de servicios de Contact Center y en los procesos de relacionamiento de las empresas con sus clientes: ventas, cobranzas, servicio al cliente, etc.

Estas actividades antes las hacían EPM y UNE con trabajadores propios, que contaban con condiciones dignas de trabajo y de remuneración, estabilidad laboral, y que estaban organizados en sindicatos. Es decir, tenían la autonomía necesaria para reivindicar condiciones de trabajo decente, e incidir en la política laboral de la empresa.

Hoy, los más de 10 mil trabajadores que realizan estas actividades a través de Emtelco, tienen condiciones de trabajo completamente precarias, o al menos muy diferentes a las que tenían los trabajadores que antes realizaban las mismas tareas que hacían los vinculados a EPM y UNE, pues la estrategia que se impuso, en estas empresas y en todas partes, fue la de tercerizar para rebajar costos laborales e incrementar utilidades.

Los datos sobre el trabajo precario que implican estas tercerizaciones los suministra la propia Emtelco :

 

  • • En el 2013 Emtelco requirió 13.297 trabajadores para atender la prestación de todos sus servicios; de estos trabajaron en promedio durante todo el año 10.876 personas, y se retiraron 6.808, lo que representa una tasa de rotación del 62%. Esta alta rotación es consecuencia de las pésimas condiciones de trabajo, el acoso, los malos tratos, las excesivas cargas laborales, la falta de oportunidades y los bajos salarios.
  • • De los 10.876 trabajadores, 3.903, o sea el 35.8%, estaban vinculados a través de una empresa de servicios temporales, quienes, según la ley, solo pueden ser vinculados como trabajadores en misión para atender necesidades coyunturales de las empresas, lo que en este caso supone un uso ilegal de este tipo de contratos.
  • • Trabajadores estratégicos para la empresa, como los asesores que se encarga de la promoción y venta de servicios, representan el 70.5% del total del personal, y apenas se ganan un salario mínimo. Y en la práctica subsidian a la empresa, pues todas sus visitas y recorridos los deben hacer con plata de su propio bolsillo, pues la empresa no les reconoce ningún subsidio de transporte para el desarrollo de esta actividad.
  • • El salario promedio en la empresa es el equivalente a un salario mínimo legal, que supuestamente debería incrementarse con comisiones por resultados, las que son definidas de manera unilateral por la empresa, pero que en la práctica no se las pagan a la mayoría de los trabajadores.

 

La propia Emtelco en su página Web expone con descaro por qué es buen negocio terecerizar: "Cada vez son más las compañías que están buscando destinos de tercerización de servicios con bajos costos y riesgos y mayor valor agregado (¿?). Colombia es un país que lidera los rankings internacionales de tercerización de servicios, por su posición geográfica privilegiada, sus ventajas para hacer negocios".

Este "liderazgo" se debe, según Emtelco, al gran número de "graduados de carreras administrativas y de ingenierías en tecnologías de la información, economía y otras carreras afines al sector de BPO", y a los bajos costos laborales y de operación que hace que la tercerización sea un negocio rentable para las empresas. Según Emtelco, "Colombia cuenta con uno de los costos de operación más bajos de América Latina. Parte de la competitividad del país en la compensación salarial, radica en el esquema de salario base más la carga laboral asociada. Los costos salariales asumidos por el empleador y los costos de compra y alquiler de inmuebles son unos de los menores de la región, debido a la oferta que existe. Adicionalmente, Colombia no solo cuenta con bajos costos de la mano de obra por hora trabajada, sino que tiene la jornada diurna más larga de Latinoamérica". (Negrillas y subrayados nuestros).

Según Emtelco, en el 2013 el costo laboral total de sus trabajadores fue de $202.617 millones, el 80% de los ingresos operacionales, lo que equivale a 18 millones por trabajador. En cambio, en EPM, aunque la nómina total representa el 9.5% de los ingresos operacionales, un trabajador le costó en promedio 88 millones de pesos al año, es decir 4.8 veces más que uno de Emtelco.

Este ahorro por parte de EPM (y también de UNE), se hizo, primero a costa de precarizar las condiciones laborales de los trabajadores tercerizados, que tienen menos estabilidad y seguridad en su trabajo, condiciones de trabajo más precarias e inseguras, y menores ingresos salariales, es decir menor calidad de vida. Y segundo, debilitando los ingresos del Estado, que por estos trabajadores recibe menos recursos para financiar la seguridad social.

 

Publicado 6 de noviembre de 2014.

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