Intervención de Gareth Sella en el Congreso de la República 2021 en el marco del Seminario Internacional "Paz ¿Cuál paz?" sobre la brutalidad policial y lo sucedido el pasado 24 de Febrero

El joven de 24 años que resultó herido en medio de las manifestaciones realizadas en la tarde del miércoles 24 de febrero en Bogotá, habló ante el Congreso de la República.

 

Gareth Steven Sella Forero, un joven de 24 años que resultó herido en medio de las manifestaciones realizadas en la tarde del miércoles 24 de febrero en Bogotá, participó este viernes en el “Seminario Internacional, paz, ¿cuál paz?” en el Congreso de la República, donde presentó un fuerte discurso sobre la brutalidad policial y cómo se manejó su caso.

Gareth integraba ese día el grupo Escudos Azules, colectivo de jóvenes manifestantes que aseguran no utilizar la violencia sino combatir mediante sus ideas y resistencia. Pese a eso, el general Óscar Gómez Heredia, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, indicó que Escudos Azules es un grupo radical de la capital infiltrado que genera violencia.

“Me llamaron vándalo los que en un CAI mataron a punta de golpes a Javier Ordóñez, me quisieron tildar de terrorista los que entre el 9, 10 y 11 de septiembre de 2020 voltearon sus chaquetas, apuntaron sus armas contra la gente y cometieron una masacre que cobró 13 víctimas y muchos heridos, con las balas que compraron con los impuestos de los colombianos”, aseguró el joven.

Sella recordó el día en que salió a protestar y recibió una grave herida en su ojo izquierda: “Mientras alzaba mi voz contra la brutalidad policial, el Esmad me disparó al ojo izquierdo afectando completamente mi visión. Horas después corrieron a venderle una historia falsa a la gente, a desprestigiar mi imagen, a decir que yo era un vándalo, a justificar de alguna manera que tienen el derecho de mutilar a la juventud colombiana”.

Frente a los congresistas, Sella también habló de los detenidos que murieron quemados en una CAI de Soacha, y por el caso de Dilan Cruz: “Me llamaron cobarde los que mataron a Dilan Cruz por la espalda, los que también me dispararon a mí y se refugiaron debajo de las naguas de sus propios medios de comunicación, a esconderse detrás de los ministerios que ellos mismos han comprado”.

Sobre el cubrimiento que se le dio a la noticia sobre lo que pasó ese día en la protesta, señaló que así le esculquen toda su vida lo único que encontrarán es “al pelado que se graduó con honores, al mejor Ecaes de su generación de graduandos”.

Hoy, ellos (la Policía) son cómplices de un gobierno al que le declaramos los días contados. La gente ha despertado, y aunque nos quiten los ojos, vemos sus crímenes de Estado.

Tras el impacto recibido, Sella Forero, dedicado a la realización de cine y televisión, en principio fue trasladado a la Fundación Santa Fe y posteriormente fue llevado al Hospital Universitario San Ignacio para que pudieran intervenirlo quirúrgicamente y eventualmente salvar al menos el 10 % de la visión de su ojo izquierdo.

En el momento del impacto, sus amigos en la manifestación e incluso el secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, coincidieron en que Sella estaba intentando alejar a algunas personas para que los gases lacrimógenos lanzados por el Esmad no causaran afectaciones a los protestantes.

Por su parte la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseveró horas después de lo ocurrido, que no permitiría la estigmatización por la forma de vestir del joven Gareth Steven Sella. La mandataria de la ciudad se refería a unos videos entregados por la Policía nacional a Noticias Caracol en los que se ve al realizador de cine retirándose un casco, una capucha y un overol que habría utilizado durante la movilización.

19 de Marzo de 2021

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Miércoles, 17 Marzo 2021 05:52

Coto a los gobiernos que espían

Coto a los gobiernos que espían

El CyberPeace Institute (Instituto de Paz Cibernética) ha denunciado la creciente actividad y los escasos controles de empresas que comercializan software espía, a los que llega a calificar de "mercenarios". Desde este organismo critican duramente que, pese a las excusas por parte de estas compañías de que únicamente venden estas aplicaciones a gobiernos para ayudarles a combatir el crimen y el terrorismo, el número de casos en los que se viola indiscriminadamente la privacidad y se vulneran Derechos Humanos (DDHH) se dispara.

Pegasus, uno de los software espía más extendidos que desarrolla la empresa israelí NSO Group Technologies, tiene en su haber incontables violaciones de DDHH, habiendo sido utilizado por diferentes gobiernos contra periodistas, activistas y cualquier otra persona que, sin suponer una amenaza para la ley, sí eran voces contrarias a esos Ejecutivos.

Tal y como señala el CyberPeace Institute, estas malas prácticas son las que llevaron a WhatsApp a demandar en 2019 a NSO Group, tras asegurar que al menos 1.400 de sus usuarios fueron atacados con Pegasus. Basta una llamada telefónica a través de WhatsApp, incluso sin que ésta sea atendida, para instalar el software malicioso. A partir de ahí, Pegasus se haría con el control completo del teléfono móvil, pudiendo acceder a todo su contenido, geolocalizarlo, utilizar la cámara y el micrófono, etc.

Este es el motivo por el que la presidenta del CyberPeace Institute, Marietje Schaake,  demanda una legislación más restrictiva en el uso de este software espía. Compañías como Microsoft, Google, Cisco y LinkedIn, así como organizaciones como Amnistía Internacional o Access Now se han sumado a la demanda de WhatsApp.

NSO Group es la punta del iceberg de un mercado que mueve 12.000 millones de dólares al año; a la israelí se suman otras compañías que desarrollan este tipo de software, como Gamma Group (Reino Unido-Alemania); Memento Labs, conocida previamente como Hacking Team (Italia); Dark Matter (Emiratos Árabes Unidos) o Intellexa (Chipre), entre otras.

La opacidad con operan este tipo de compañías es absoluta, con la connivencia de los diferentes Gobiernos, pues no debe perderse de vista que para que sea posible un negocio mil millonario han de existir compradores. Para ocultar su rastro, las desarrolladoras de software espía acostumbran a operar con redes de empresas ficticias.

Se cargan las tintas contra gobiernos como el de Vietnam –Amnistía Internacional acaba de iniciar una campaña-, Bahrein, Marruecos o Arabia Saudí (con el caso del periodista asesinado Jamal Khashoggi como ejemplo), pero también están en cuestión el uso del software espía que realizan gobiernos considerados más democráticos. De hecho, el Citizen Lab canadiense, elaboró una investigación en 2018, llegando a detectar el software espía hasta en 45 países:

Argelia, Bahrein, Bangladesh, Brasil, Canadá, Costa de Marfil, Egipto, Francia, Grecia, India, Irak, Israel, Jordania, Kazajstán , Kenia, Kuwait, Kirguistán, Letonia, Líbano, Libia, México, Marruecos, Países Bajos, Omán, Pakistán, Palestina, Polonia, Qatar, Ruanda, Arabia Saudí, Singapur, Sudáfrica, Suiza, Tayikistán, Tailandia, Togo, Túnez, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Uganda, Reino Unido, Estados Unidos, Uzbekistán, Yemen y Zambia.

Más recientemente y en respuesta a un requerimiento de la ONU, el Citizen Lab revelaba como hasta 25 países serían clientes sólo de NSO Group a través de sus numerosas empresas pantalla, utilizando el software espía para vulnerar la privacidad de periodistas, rivales políticos o activistas de DDHH, dentro y fuera de sus fronteras. El organismo canadiense es claro al afirmar que "los gobiernos, incluidos los Estados que generalmente se consideran respetuosos de los derechos y con un Estado de Derecho adecuado, también pueden implementar estas tecnologías en ausencia de transparencia pública y marcos legales apropiados calibrados a la naturaleza intrusiva de estas tecnologías".

España no escapa de la mancha del uso de software espía sin transparencia ni control. En 2015 y después de que fuera hackeado el hackeador, se reveló que tanto el CNI como la Policía Nacional fueron clientes de la italiana Hacking Team, precisamente, en tiempos de las cloacas del Estado con Jorge Fernández Díaz (PP) como ministro del Interior, hechos que aún están investigándose en sede judicial.

 Por, David Bollero

17 marzo, 2021

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Jineth Bedoya, periodista y activista colombiana contra la violencia de género.CAMILO ROZ

Bedoya fue secuestrada, torturada y violada por paramilitares el 25 de mayo de 2000, cuando realizaba una investigación en la cárcel La Modelo, en Bogotá

 

El que era esperado en Colombia como un día histórico, el inicio de la audiencia pública virtual por el caso de la periodista Jineth Bedoya ante el más alto tribunal americano de derechos humanos, ha desembocado este lunes en una inédita acción del Estado colombiano. El país andino ha optado por recusar a los magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y se ha retirado del juicio en el que se determina su responsabilidad por las amenazas, agresiones y violencia sexual que ha sufrido Bedoya, en el contexto de sus obligaciones internacionales con las mujeres periodistas.

La búsqueda de justicia de Jineth Bedoya ya cumple 20 años. La periodista, hoy subeditora del periódico El Tiempo, fue secuestrada, torturada y violada por paramilitares el 25 de mayo de 2000, cuando realizaba una investigación en la cárcel La Modelo, en Bogotá. Desde entonces se ha convertido en una de las principales voces contra la violencia sexual en América Latina y lleva una década al frente de la campaña No es hora de callar, con el propósito de que las víctimas alcen la voz y denuncien las agresiones.

El inicio de la audiencia de tres días había sido recibida con expectativa en Colombia. “Por primera vez un tribunal internacional, nada menos que una instancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), escucha y seguramente se pronunciará sobre la violencia contra las mujeres periodistas en nuestro país y en el hemisferio y sobre la violencia sexual en Colombia”, señalaba el editorial de El Tiempo este lunes. “No es hora de callar ni de tolerar. Es hora de justicia plena”, apuntó. En el informe de fondo que envió a la corte en 2018, la CIDH concluyó que el Estado colombiano es responsable de múltiples violaciones a los derechos de Jineth Bedoya. Hace apenas dos años, dos paramilitares fueron condenados a 40 años de cárcel como autores materiales después de que ella se tuvo que convertir en investigadora de su propio crimen. Hasta ahora ninguno de los autores intelectuales del crimen han sido judicializados.

La comunicadora ha seguido recibiendo incesantes amenazas hasta el día de hoy. “Mi vida se destruyó, a mí me mataron la mañana del 25 de mayo”, relató en la audiencia con la voz entrecortada al señalar que el periodismo ha sido el oxígeno que le ha permitido seguir adelante. “He creído que la palabra es la mejor forma de transformar el dolor. Pero lamentablemente mi vida se acabó”, declaró. “¿Cómo se puede recuperar algo que queda quebrado en mil pedazos? Porque eso es lo que hace la violencia sexual”, apuntó en otro momento.

Bedoya relató en su declaración que agentes de la policía fueron quienes le sugirieron entrevistarse en la cárcel con jefes paramilitares, la trampa que ocasionó su secuestro, así como la revictimización que debió afrontar debido a que las autoridades la llamaron en 12 ocasiones a declarar sobre la agresión sexual. También declaró que la mayor medida de reparación que podría recibir es clausurar La Modelo, donde sistematicamente se han producido todo tipo de violaciones de derechos.

Después de varias horas de audiencia, el equipo de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado que representa a Colombia, en cabeza de Camilo Gómez, anunció que se proponía presentar a la brevedad posible un escrito para recusar a cinco de los seis jueces, con el argumento de que sus preguntas prejuzgaban. “Aquí de lo que se trata es de la falta de garantías y objetividad en este proceso (…) Se trata de no prejuzgar a un Estado que se presenta con humildad ante la corte y que pone la cara ante la víctima, pero que espera de sus jueces la imparcialidad y la objetividad que son la esencia de la justicia”, dijo Gómez en su inesperado alegato al anunciar que se retiraban. “Esperaremos que el ilustre Estado de Colombia presente sus escritos y haga sus peticiones, las cuales serán resueltas oportunamente, y mientras tanto esta audiencia no se puede interrumpir y vamos a continuar”, zanjó Elizabeth Odio Benitez, presidenta de la Corte.

“Se trata de una conducta sin precedentes e irresponsable”, reaccionó José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas, en alusión a la decisión de Colombia de recusar a casi todos los jueces porque le molestaron las preguntas a la víctima. “El Gobierno de Iván Duque debería avergonzarse de lo que hizo ante la Corte IDH en el caso de Jineth Bedoya”, escribió en sus redes sociales.

“Las organizaciones que representamos a la periodista consideramos que la actitud del Estado demuestra la desidia contra las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado y niega espacios dignos para acceder a la justicia”, señaló en un comunicado la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que acompaña el caso. El retiro del Estado es un acto sin precedentes que genera preocupación sobre su compromiso frente al juicio, así como sobre el sometimiento frente a la decisión que adopte la corte, apuntó la organización. “Además, esta actuación hace parte de una estrategia que busca deslegitimar a la Corte IDH y significa un nuevo obstáculo en el proceso, que continúa castigando a Jineth Bedoya por hacer escuchar su voz, resultando así en un nuevo intento de silenciarla”, concluyó la FLIP.

Por Santiago Torrado

Bogotá - 16 mar 2021 - 00:46 UTC

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Piñera endurece represión contra la protesta social, a fin de acabar su gestión en un año

Su gran error, abordar problemas políticos como si fueran de orden público: académico

 

Santiago. Tras retirar la semana pasada la estatua del general Manuel Baquedano en la plaza que lleva su nombre en Santiago –denominada popularmente Dignidad, por ser epicentro de las protestas sociales en Chile–, la base y el entorno del monumento amanecieron ayer cercados por columnas de hierro empotradas al piso y enrejados en planchas de metal, además de custodiados por carabineros.

El hecho en sí mismo podría no significar nada, excepto que es otra muestra del enfoque cada vez más policiaco que caracteriza al gobierno de Sebastián Piñera, que al faltar un año para su término acaba de renovar el estado de excepción constitucional so pretexto de la pandemia, y sigue empeñado en aplacar la rebeldía ciudadana por la vía de la represión en los sectores populares, señalan expertos.

"El gobierno ha anunciado mil carabineros en la plaza Baquedano todos los días viernes, que es el de las protestas. Cuando se requiere tal despliegue policial es porque no se trata de un problema de orden público, sino un problema político con raíces sociales. El gran error de este gobierno ha sido abordar problemas políticos y sociales como de orden público", dice el académico Ernesto Águila, de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile.

Estado de excepción

"La pregunta es cómo un gobierno y un presidente logran sostenerse con 10 por ciento de aprobación y las protestas sociales recurrentes. Parte de la explicación es que el país lleva un año en estado de excepción y toque de queda. La razón es la pandemia, pero también estas herramientas han permitido al gobierno enfrentar y sofocar la protesta social. La otra razón es una oposición inerte, muy desprestigiada, que no fiscaliza ni interpela al gobierno. La debilidad del gobierno no se traduce en un fortalecimiento opositor. En este sentido hay un empate catastrófico", agrega.

Tanto el anuncio de los mil policías como el cerco de hierro en Dignidad es sintomático de que Piñera quiere impedir que la protesta social siga machacando a su gobierno, desprestigiado incluso entre sus afines, que acusan debilidad, y evidenciando que el origen del conflicto sigue irresoluto. La posesión de la plaza y del monumento es más que simbólica: luego de que la movilización la convirtió en su punto neurálgico, el presidente llegó hasta ahí en abril de 2020 aprovechando que la ciudad estaba en cuarentena a hacerse una foto que difundió en redes sociales, en otro de sus actos impulsivos y que se leyó como provocación. Después él se disculpó con una mala y falsa excusa, pero el daño estaba hecho.

De un tiempo a esta parte se suceden por doquier las acciones represivas. Para muestra, la tarde del día 13, en la populosa y rebelde Villa Francia, al oeste de Santiago, un evento destinado a reunir dinero para fines comunitarios y que realizaban los vecinos en un recinto deportivo y recreativo, fue asaltado por decenas de carabineros que llegaron con blindados, drones, vehículos lanzagases y lanza agua, allanándolo y deteniendo al menos a 26 personas. Carabineros se justificó diciendo que se estaban transgrediendo los protocolos sanitarios contra la peste del Covid-19.

Los vecinos de Viña Francia, barriada caracterizada por su resistencia contra la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), narraron que "los niños jugaban a la pelota, realizaban talleres de autodefensa, cuando caen carabineros y revientan todos los accesos del multiuso. No hubo mediación, golpearon a algunas chicas y se llevaron a todo el mundo".

Carlos Margota, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, dijo a Radio Universidad de Chile: "este hecho refleja un aspecto detectado hace un tiempo: sobre la base de invocar el cumplimiento de normas sanitarias se está focalizando la represión sobre todo a sectores populares que, se conoce, han tenido una actitud de rechazo al actuar policial y a las políticas gubernamentales actuales. En Villa Francia, la verdad es que se ejerció una represión brutal e indiscriminada".

Margota denunció además "un comportamiento asimétrico tanto de entes persecutores como desde los tribunales de justicia, respecto de cómo enfrentan una situación que tiene que ver con violación de derechos humanos versus manifestación y protesta social".

Por Aldo Anfossi

Especial para La Jornada

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¿Por qué el Partido Comunista de Venezuela se aleja de Maduro?

Aliado histórico del proceso bolivariano, el Partido Comunista de Venezuela se viene alejando del régimen de Nicolás Maduro, al que incluso acusa hoy de autoritario. La crisis económica, la pérdida de derechos laborales y las persecuciones a dirigentes sociales, sumadas a presiones de las bases y cálculos políticos, explican las tensiones actuales.

 

El apoyo del Partido Comunista de Venezuela (PCV) a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro, como líderes histórico y actual del movimiento chavista, se enmarcó en su estrategia clásica de «revolución por etapas»: una de «liberación nacional» y otra «socialista», de la que se deriva, para la primera etapa, una alianza catalogada como «frente nacional amplio patriótico», con un sector de la «burguesía nacional no monopólica y no asociada y ni dependiente del capital imperialista», al menos en su línea política vigente hasta 2017 (XIV congreso).

Entonces, en la concepción del PCV, su apoyo a los gobiernos chavistas tendría como objetivo respaldar el proceso de liberación nacional, en en que se define como enemigos principales al imperialismo, representado por Estados Unidos, y a la «fracción tradicional» de la burguesía venezolana. En esa primera etapa, la clase trabajadora debe acumular fuerza política y conquistar una ampliación de sus derechos laborales y sociales, pero sin trascender la relación capital-trabajo; porque lo fundamental es el desarrollo de las fuerzas productivas, para crear la base material que necesita la futura transición al socialismo.

Esta ha sido la política tradicional del PCV, que antes de su alianza con el movimiento chavista, lo ha llevado a apoyar a los gobiernos del general Isaías Medina Angarita (1941-1945) y del vicealmirante Wolfgang Larrazábal (1958), e incluso su posterior candidatura presidencial. También, a la realización de una alianza con militares nacionalistas para acabar con el segundo gobierno de Rómulo Betancourt (1959-1964), un estrecho aliado de Estados Unidos en plena Guerra Fría. Y, por último, a apoyar la candidatura de Rafael Caldera en las elecciones presidenciales de 1993 y los dos primeros años de su segundo gobierno (1994-1998).

Maduro, como el liderazgo del movimiento chavista, también heredó de Chávez el apoyo del PCV, en medio de los llamados a unidad que proliferaron a partir de la última operación y muerte del líder histórico de la Revolución Bolivariana. Así, el PCV convocó de urgencia a su XII Conferencia Nacional y apoyó al «hijo de Chávez» como su candidato presidencial, asumió el programa gubernamental presentado por Chávez en 2012 (el llamado Plan de la Patria), y realizó críticas puntuales a la «corrupción» y «burocratismo» del aparato estatal. Esto, en el marco de la denominada amplia unidad patriótica antiimperialista.

Después de la victoria de Maduro en las elecciones presidenciales de abril de 2013, el PCV planteó propuestas económicas como la eliminación del impuesto al valor agregado (IVA), una central estatal de importaciones, aumento de los impuestos a la banca y suspensión de la asignación de divisas a la burguesía. Ya, en  2014, recomendó un aumento general y escalonado de salarios. Pero, a su vez, el partido realizó un giro para adaptarse al discurso oficial del gobierno acerca de la existencia de una «guerra económica» responsable de los altos índices inflacionarios y la escasez de mercancías, que provocó un deterioro sostenido del salario real. Así, empezó a exigir «cárcel para los especuladores, acaparadores y corruptos», en tanto expresiones de «una conspiración dirigida a profundizar las debilidades de la economía como instrumento que revierta el proceso político y social venezolano». 

En realidad, la recesión económica que comenzó en el 2014, acompañada de un incremento de la inflación y fenómenos como la escasez de mercancías, fue originada por la contracción unilateral de las divisas asignadas a las importaciones para dirigir esos recursos al pago de deuda externa del gobierno y los pasivos totales de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), ambos legados de Chávez. Una recesión económica que se agravó con el desplome del precio del petróleo en 2015 y con las primeras sanciones económicas estadounidenses en agosto de 2017. La aplicación de ese ajuste inflacionario desde 2013 inició el prolongado y profundo proceso de deterioro de la capacidad de compra de los salarios y pensiones, y afectó el acceso a bienes básicos como medicinas. No obstante, el encubrimiento o negación de esa política económica regresiva permitió al PCV mantener la alianza con el gobierno de Maduro para las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015 en las que obtuvo una importante victoria la coalición de partidos de la oposición tradicional: la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) consiguió dos tercios de la Asamblea Nacional. 

Esta victoria de la MUD, que canalizó el descontento por la depauperación de las condiciones de vida y el rechazo al gobierno de la mayoría de la población venezolana que ejerció su derecho al voto, fue explicada por el PCV como consecuencia de «no haber logrado que las masas adquirieran conciencia de la confrontación con el imperialismo y la oligarquía; es decir, existiría aún una incomprensión acerca de la agresión imperialista sostenida y multifacética». Por supuesto, en el marco de esa caracterización, el PCV defendió la declaración de desacato y revocación de las competencias a la Asamblea Nacional controlada por la oposición tradicional. Ello conllevó un cierre de facto del Parlamento y el establecimiento de un régimen político dictatorial por el gobierno de Maduro, a través del uso del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), entre 2016 y 2017.

Así, justificó la suspensión de derechos democráticos y recorte de libertades, que llevaron a la represión de las masivas protestas ocurridas en 2017, que comenzaron en defensa de la AN elegida en 2015, y después se convirtieron en una expresión de todo el descontento popular, con manifestaciones pacíficas y algunos hechos violentos. En sus palabras, «la ofensiva violenta reaccionaria podría ser neutralizada y derrotada con una acción eficaz, coherente y contundente de las instituciones y el pueblo». Claro, en la concepción del PCV, se enfrentaba simplemente a la «derecha fascista». Por eso, también, apoyó la imposición inconsulta de la Asamblea Constituyente en agosto de 2017, aunque solicitando retóricamente que fuera «revolucionaria».

Pero, más allá de ese respaldo político al gobierno, el agudo deterioro de los salarios y evidentes negocios de altos funcionarios y empresarios amigos con la asignación de dólares a un tipo de cambio oficial sobrevaluado, generó presiones en el PCV, y entonces en el mismo 2017 hubo un cambio de la línea política de ese partido, que es la base programática de la actual ruptura de la alianza con Maduro. Según el XV Congreso del PCV «se agudizan los conflictos en el bloque bolivariano, parte del cual ha cambiado su condición de clase para integrarse a los distintos sectores de la burguesía, produciendo contradicciones intercapitalistas no antagónicas». Y, también, resaltó la necesidad de organizar un «bloque popular revolucionario», que es el germen de la Alternativa Popular Revolucionaria (APR). 

Esos cambios programáticos no se tradujeron rápidamente en un ruptura con el gobierno. Por el contrario, el PCV apoyó a Maduro en las cuestionadas elecciones presidenciales de mayo 2018, porque, en su opinión, la agresividad de la escalada del imperialismo estadounidense y sus aliados europeos, pone en riesgo la perspectiva de la liberación nacional. Para intentar protegerse de las presiones de sus bases y algunos dirigentes, la dirección del PCV firmó un acuerdo programático con la presencia de Maduro, en su sede, que planteaba «jerarquizar el trabajo formal y con derechos» y «fortalecer el salario y restituirlo como componente principal y mayoritario del ingreso». Al contrario de lo suscrito con el PCV, el gobierno de Maduro comenzó entre julio y agosto de 2018 la aplicación del llamado Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica que incluyó una megadevaluación del tipo de cambio oficial, la eliminación del control de precios, exoneración de aranceles para los empresarios importadores y del impuesto sobre la renta para Pdvsa y el capital transnacional socio en las empresas mixtas, y una reforma laboral regresiva con el memorando 2792, emitido el 11 de octubre de ese año y firmado por el ministro de trabajo Eduardo Piñate. 

La ejecución del memorando 2792 ha sido central en el proceso de distanciamiento del PCV con el gobierno, ya que este promueve una destrucción de los ingresos salariales de la clase trabajadora y cambios regresivos en las relaciones laborales con la creación de una mesa técnica gubernamental encargada de evaluar la adaptación de los antiguos y nuevos contratos colectivos al salario mínimo, que ha implicado la violación del principio de progresividad, la afectación del concepto general de salario, el fin de facto de la negociación colectiva de los contratos laborales, despidos masivos e indirectos en empresas privadas mediante el uso de la figura de la suspensión de trabajadores con la continuidad del pago del salario mínimo pero sin recibir bonos compensatorios, y la eliminación del derecho a huelga al suprimir las salas de reclamos de las Inspectorías del Trabajo.

El resultado buscado, y logrado, fue la transformación en bonos a la mayoría de los ingresos salariales de la clase trabajadora, al mantener un depauperado salario mínimo en bolívares y establecer bonos en divisas. Esto, por supuesto, ha repercutido en el cálculo con base en el salario de incidencias como vacaciones, utilidades, prestaciones sociales y horas extras y nocturnas. Desde 2018, los empresarios aplicaron esa bonificación salarial, con el pago de esos bonos en divisas de entre 50 y 30 dólares mensuales, los cuales tienen como objetivo evitar la masiva deserción de la fuerza de trabajo, parte de la cual ha migrado o se dedica al comercio informal. Ahora, en 2021, el gobierno de Maduro ha formalizado esa política laboral y empezó con un inconsulto contrato colectivo petrolero que establece una retribución de 137 millones de bolívares (74,11 dólares), con un salario que es de solo 5 millones de bolívares (2,7 dólares) y el resto son bonos de alimentación y transporte.

Las respuestas sindicales al memorando 2792 comenzaron en el mismo 2018 y fueron significativas, con la constitución y protestas de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela (ITV) en noviembre de ese año. En esa confluencia sindical participaron importantes dirigentes de diferentes ramas económicas y miembros de organizaciones políticas del chavismo crítico, la oposición tradicional y la izquierda. El PCV no participó en la ITV, pero sí sectores políticos y sindicales aliados de su frente laboral. Esto aumentó la presión de las bases y algunos dirigentes a la dirección del partido para que se distanciara del gobierno, porque aunque la ITV según su concepción era conducida por «opositores» y «cierta izquierda antichavista» también había «participación de líderes obreros con militancia revolucionaria».

Paralelamente, la aplicación de una política del gobierno de desalojo y entrega de tierras a viejos y nuevos terratenientes ha afectado a sectores campesinos y también fue otro factor que incidió en la futura ruptura del PCV con Maduro. En ese marco, el PCV participó en una marcha campesina a Caracas en julio de 2018, que ante la presión de sectores militantes del movimiento chavista fue recibida por Maduro. Igual, continuó la misma política de desalojo y falta de apoyo a los proyectos productivos de esos campesinos, en el contexto de una alianza del gobierno con productores agrícolas grandes y medianos cercanos al ministro de agricultura y tierra Wilmar Castro Soteldo, que los ha catalogado como una «burguesía revolucionaria». En este clima de conflictividad en el campo venezolano, en octubre de 2018 fue asesinado Luis Fajardo, dirigente campesino y miembro del Comité Central del PCV. Un crimen sigue impune. 

Entonces, en el transcurso de 2019 y hasta la creación de la APR en agosto de 2020, el PCV desarrolló una contradictoria y oportunista política de denuncias y protestas en contra de altos funcionarios como los ministros Piñate y Castro Soteldo, pero sin cuestionar al principal responsable de esas políticas laborales y agrarias: el presidente venezolano. Al mismo tiempo, apoyaba incluso las maniobras corruptas del gobierno para desmontar el intento de gobierno paralelo de Juan Guaidó, aliado de Estados Unidos, y defensor de repudiables sanciones económicas extranjeras, que en realidad agravan la depauperación de las condiciones de vida de las clases populares y son fuente de corrupción en las filas de la oposición tradicional. En enero de 2020, el PCV regresó a la AN elegida en 2015 y respaldó a Luis Parra, al que el gobierno de Maduro intentó imponer como presidente del Parlamento en alianza con un grupo de diputados que había sobornado para que rompieran con la política de la oposición tradicional.

Las denuncias y protestas focalizadas en sedes del Ministerio del Trabajo e Instituto Nacional de Tierra y pedidos de rectificación gubernamental del PCV, no revirtieron la aplicación por el gobierno de sus políticas estatales, que por un lado benefician a sectores empresariales y acentúan la destrucción del salario real. Al contrario, entre 2018 y 2020, la respuesta de Maduro fue la criminalización de las protestas laborales ocurridas en la industria petrolera, empresas básicas de Guayana, administración pública, sector salud y educación, que incluyeron paros nacionales de enfermeras y del magisterio en 2018 y 2019, respectivamente. Por ejemplo, fueron despedidos o jubilados forzosamente varios dirigentes laborales como Jairo Colmenarez, Deillily Rodríguez, William Prieto y José Bodas: Y peor, detenidos otros como Rubén González, Tania Rodríguez, Elio Mendoza, Marcos Sabariego, Bartolo Guerra, Darío Salcedo, Gil Mujica, Eudis Girot, Guillermo Zarraga y Robert Franco. Hasta hoy, la mayoría de esos dirigentes laborales siguen presos en celdas militares o en casa por cárcel.

En ese marco, presionado por sus bases y algunos dirigentes, e intentando canalizar el descontento de sectores de base del chavismo, el PCV constituyó a la APR en agosto de 2020, junto a otros partidos y organizaciones políticas chavistas, para participar en las también cuestionadas elecciones parlamentarias de diciembre de ese mismo año. La respuesta de Maduro fue igualmente autoritaria, con la intervención de fuerzas chavistas como Patria para Todos (PPT) y Tupamaros, y su entrega a direcciones progubernamentales a través de sentencias del Tribunal Superior de Justicia. Y, además, el despido de sus trabajos y la detención de candidatas y candidatos de la APR, en medio del inicio de una campaña en contra de la «izquierda trasnochada»”.

Esos ataques de Maduro a la izquierda trasnochada, ocurren a partir de las críticas de la APR y oposición de izquierda como el Partido Socialismo y Libertad, a la llamada «ley antibloqueo», que fue legislada por la inconsulta Asamblea Constituyente, y que plantea en sus artículos 26 y 29 una profundización de la política gubernamental de privatizaciones. Así, al principio de 2021, como parte del intento de aplicación de la ley antibloqueo y apertura de una negociación pública con el gobierno de Joe Biden y la Unión Europea, la nueva y fraudulenta AN, controlada por Maduro, ha realizado reuniones con gremios empresariales tradicionales como Fedecamaras y Conindustria para negociar la repartición de empresas y activos estatales en proceso de privatización, pero exigiendo apoyo con el objeto de solicitar el levantamiento de las sanciones extranjeras económicas y personales. Mientras, siguen sus ataques al PCV, afirmando que son agentes de EEUU y prohibiendo el derecho de palabra, a su único diputado.

El 30 de enero de 2021, el PCV respondió con un comunicado que sin decirlo textualmente es una ruptura con Maduro. Allí denunció la aplicación de un «brutal ajuste neoliberal» en curso e instó «a corregir ese llamado a la intolerancia, al odio, la persecución y el irrespeto del ejercicio de los derechos políticos y democráticos». Pero, esas políticas que el PCV ahora rechaza totalmente, tienen origen en el ajuste inflacionario que comenzó en 2013, en los intentos para atraer capital transnacional con el decreto-ley de inversiones extranjeras y las zonas económicas especiales de 2014, y la ejecución del Arco Minero del Orinoco y la implantación de un régimen político dictatorial desde 2016. Ahora, el PCV reconoce las políticas autoritarias del gobierno de Maduro, y en el comunicado antes citado señala que ese camino «puede conducir al fascismo». No obstante, aunque es un avance, todavía reivindica solo las libertades y derechos democráticos de militantes y simpatizantes chavistas, como si el resto de la población venezolana de diferentes orientaciones políticas debería ser privada de derechos políticos; así también lo consideran los líderes gubernamentales del movimiento chavista.

El chavismo crítico del PCV, que reivindica a Chávez y sus aportes a la llamada liberación nacional, pero se opone a Maduro, ya ha fracasado antes, cuando fue intentado por Marea Socialista y Redes. El chavismo es un movimiento nacional-populista y de rasgos castrenses, con una lógica de mando-obediencia entre dirección y bases. El PCV lo único que puede canalizar es chavismo militante, por eso su pírrico resultado en las pasadas elecciones parlamentarias.

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Lunes, 15 Marzo 2021 06:05

Palestina: con el permiso de Dios

Palestina: con el permiso de Dios

La historia palestina es hoy la más triste del mundo. No que le falten competidores, las atrocidades marcan la historia humana reciente. Pero aquí convergen elementos particularmente dolorosos. No sólo el sufrimiento constante de niños que siguen vivos como pueden, mujeres de todas edades viudas o vejadas, poblados enteros que huyen despavoridos, olivares milenarios derribados por tractores. No sólo de heridos y muertos, gaseados, bombardeados, apaleados, torturados. No sólo porque metralla de última generación destruye escuelas, clínicas y vecindades. No sólo porque viven prisioneros en su propia tierra. Una de las cosas que más duelen es que el pueblo de Israel sea el verdugo.

Que le pregunten si no al poeta Eduardo Mosches, editor de Blanco Móvil. Es mexicano. Es argentino. Es judío. Luego de haber participado entre los constructores de la Nueva Israel, lleva años denunciando las atrocidades de su gente y defendiendo los derechos del pueblo palestino. Esta condición paradójica se expresa bien cuando da voz al "enemigo". Así puede leerse la entrega más reciente de Blanco Móvil (otoño-invierno de 2020-2021), "Palestina: palabras en tiempos oscuros", que reúne poesía, confesiones, relatos, cartas y publicaciones en redes sociales de autores palestinos.

No encontramos aquí la ira del miliciano ni la ceguera fundamentalista de esos "violentos" palestinos que son un arma inestimable para los invasores como justificación final de toda violencia ejercida. No, aquí se respira un humanismo triste y conmovedor. De manera inevitable, algunos autores son exiliados o nacieron en otro continente. Justo al revés de lo que ocurre con los colonos invasores, que de andar repartidos por Europa se dejaron venir a mediados del siglo XX y ocuparon por la fuerza los territorios de los palestinos, un pueblo y una nación negados entonces, y más atrás aún durante el colonialismo británico.

Los orígenes de la aberración moral que se comete hoy en Palestina, con la complicidad activa o muda de Occidente, hay que buscarlos en lo que Enzo Traverso describe en El final de la modernidad judía: historia de un giro conservador (FCE, 2015). El progresismo judío había alcanzado a finales del siglo XIX una compenetración profunda con las mejores causas y creaciones de Occidente. Las filosofías de avanzada, una gran literatura en la lengua alemana, el sicoanálisis, la música moderna, las ciencias, la idea de revolución. Venciendo la centenaria condición marginal del desprecio no judío, llegaron a ser la mejor versión intelectual de Europa.

Tuvo que llegar Hitler para regresarlos al pozo profundo de las víctimas. Antes de eso, la segregación y los pogromos no eran peores que los generalizados en las colonias europeas de América indiana y el África subsahariana. El Holocausto define su horror máximo en la frialdad racional con que fue planeado y ejecutado por los nazis, con cómplices en prácticamente en toda Europa, de Francia a Polonia y Hungría, de Italia a Suecia. Como resultado, el núcleo judío se desplazó a Estados Unidos e Israel. Si bien el pensamiento liberal y generoso de matriz judía se refugió en Nueva York y Buenos Aires, y siguió floreciendo a contracorriente en Moscú y Kiev, el "Pueblo de Dios" decidió que nunca más el gueto de Varsovia, y decidió invertir el método contra los palestinos que habitaban tierras que la mitología bíblica les tenía prometidas. A los israelíes no les gusta la comparación, pero mucho del impulso y las tácticas de sus exterminadores, incluyendo la propaganda, es herencia de sus verdugos. Intentemos llevar a Gaza La insurrección del gueto de Varsovia, de Michel Borwicz, o El pianista, de Roman Polanski.

Ante la dolorosa literatura que contiene Blanco Móvil, podemos ver a contraluz la traición judía a sus mejores prendas. El número, presentado por Sandra Lorenzano, ofrece un registro de lo que Mosches postula: "Palestina es y será un Estado, la literatura lo comprueba". Con un dossier central del poeta mayor Mahmoud Darwish, leemos a Hussein Barghuthi, Liana Badr, Najwan Darwish (conocido en México por las ediciones de Valparaíso: Durmiendo en Gaza y Nada que perder) y otros. Tawfik Zayyad escribe: "Defenderé cada palmo de tierra de mi patria. Con los dientes. Y no aceptaré otro en su lugar. Aunque me dejen colgando de las venas de mis venas".

Mahmud Yawda desde Gaza publica en Facebook: "Les voy a contar lo más difícil de todo esto, más difícil que la muerte por esos cohetes profesionales de última tecnología. Es cuando recibes una llamada por teléfono del enemigo israelí y te dice que usted tiene 10 minutos para desocupar la casa. Imagínense, 10 minutos. Son 10 minutos para borrar tu pequeña historia del mapa".

Así transcurre la vida cotidiana de una región que los europeos de religión judía, venidos también de Rusia y Norteamérica, han decidido despoblar, arrasar y apropiarse, al modo de Estados Unidos con los nativos americanos. Donde Dios da permiso, la crueldad, la avaricia y la traición están autorizadas.

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Foto de archivo (09/01/2018) de civiles y voluntarios de la Defensa Civil Siria mientras buscan supervivientes después de que varios ataques aéreos en Hamoria, al-Ghouta (Siria). — MOHAMMED BADRA / EFE

Se cumplen diez años del inicio de las primeras protestas que pronto dieron lugar a una terrible guerra civil. Una década después, el país está hundido y no parece posible la reconstrucción debido a las sanciones internacionales. Ni en el gobierno de Damasco ni en Occidente hay señales de que vayan a dar su brazo a torcer, lo que prolongará la miseria de millones de sirios.

 

Las protestas y revueltas que señalaron el inicio del conflicto sirio se iniciaron hace exactamente diez años en la ciudad sureña de Deraa, al calor de los sarpullidos primaverales que azotaron a varios países árabes. Las protestas enseguida dieron paso a la guerra más terrible que el mundo ha visto en muchos años, donde todos los agentes jugaron sucio.

Aunque la literatura publicada suele indicar que las protestas de Deraa fueron espontáneas, nada hay más lejos de la realidad. El último embajador de Estados Unidos en Damasco, Robert Ford, tenía la debilidad de recorrer el país incitando abiertamente a la rebelión, y las actividades encubiertas de distintos servicios secretos occidentales, con el británico a la cabeza, se empeñaron en desestabilizar el país, lo que sucedió de manera despiadada.

Fue necesario esperar varios años para tener la certeza de las injerencias occidentales, publicadas en medios del Reino Unido, Estados Unidos y otros países europeos, aunque estaba al alcance de cualquier observador comprender que los occidentales, sin olvidar a Israel, desde el principio se metieron en el conflicto hasta los corvejones.

Es difícil creer que todos los agentes occidentales implicados creyeran, como dijeron ampulosamente sus líderes, que lo que buscaban era la democracia. Así que cuando, poco después, como era previsible, los yihadistas asumieron el descontrol de la situación, ya todo era irreversible. Para más inri, los occidentales alimentaron generosamente los arsenales yihadistas de manera directa e indirecta.

No solo ocurrió desde las bases occidentales en Turquía, aunque fue desde ese país desde donde más se contribuyó a la desestabilización, sino también desde el sur, desde Jordania y sobre todo desde Israel. La filtración no deseada de un informe interno de los cascos azules desplegados en la línea que separa Israel de Siria, proporcionó abundantes datos sobre los continuos contactos y el apoyo directo, en armas y suministros, de Israel a los yihadistas.

Como donde las dan las toman, el caos sembrado pronto se volvió contra los occidentales con una interminable serie de atentados cometidos por parientes directos de los yihadistas que los occidentales habían engordado y armado hasta los dientes en Siria. Numerosas ciudades europeas vieron cómo corría a borbotones la sangre de sus ciudadanos, que era del mismo color que la que sus delicados mandatarios vertían en Siria.

Los resultados de esta intensa actividad fueron escandalosos. El número de muertos ha sido de 387.000, según el cómputo del opaco Observatorio Sirio de Derechos Humanos de Londres, aunque hay estimaciones superiores. Nadie se ha preocupado de establecer el número de heridos. El número de desplazados, incluidos los que abandonaron el país, es superior a la mitad de la población.

La economía ha naufragado. La libra se ha hundido exponencialmente. Las colas en las panaderías son multitudinarias. Los salarios no sirven para nada. Las infraestructuras están destrozadas y la reconstrucción no está a la vista por la sencilla razón de que los mandatarios occidentales prefieren continuar con las duras sanciones hasta que el país entre en una vía de "democratización".

Los tribunales internacionales tienen trabajo. Se acusa al presidente Bashar al Asad de haber usado armas químicas y de una serie de "crímenes de guerra". Estas acusaciones parecen calmar a los mismos mandatarios occidentales que incitaron y financiaron a los grupos opositores, es decir a yihadistas que rebanaban el cuello a quien se ponía por medio delante de cámaras de vídeo.

El cinismo imperante llega al punto de que los mismos mandatarios que entre lamentos se rasgan las vestiduras una y otra vez atribuyendo ataques químicos del régimen de Damasco, se olvidan de que son responsables de la muerte de un ingente número de sirios, por haber armado y financiado a los grupos opositores después de impulsar la guerra civil.

Está claro que esto no va a cambiar, que las sanciones continuarán vigentes, lo que impedirá la reconstrucción y permitirá que el hambre y la pobreza sigan castigando a toda la población. A los mandatarios occidentales no les importa un comino, porque lo que quieren es implantar una democracia liberal modélica sin contar con la realidad social y religiosa de Siria.

Los occidentales saben que Rusia e Irán, aliados del gobierno de Damasco, no pueden emprender la gigantesca tarea de reconstrucción necesaria por sí solos. Esto significa que los sirios van a continuar hundiéndose hasta convertirse en un país de pobreza extrema y con una sanidad insuficiente, un estadio en el que ya se encuentra pero que siempre podrá agravarse otro poquito más.

El relevo de administración en Washington debería significar un cambio también para Siria, pero el presidente Joe Biden no ha dado ninguna indicación en esa dirección. Washington mantiene unos cientos de tropas en el nordeste del país, justamente donde están los principales yacimientos de petróleo, lo que impide a Damasco acceder a esa riqueza.

Después de diez años de conflicto, el panorama no puede ser más dramático. Con pocas diferencias, los occidentales van a seguir metiendo presión al régimen, lo que va a pagar muy caro el conjunto de la población, mientras que el presidente Asad, salvo imprevistos que no parecen probables, va continuar al mando del país, ostentado el poder pero sin que eso repercuta en el bienestar de la población, algo que ya les va bien a los occidentales.

14/03/2021 08:32

Por Eugenio García Gascón

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Empeora represión en Myanmar; fuerzas de seguridad matan a 38 manifestantes

Rangún. Las fuerzas de seguridad de Myanmar mataron ayer a unas 38 personas en el peor día de represión desde que la líder Aung Sang Suu Kyi fue víctima de un golpe de Estado, el 1º de febrero, lo que llevó a la emisaria de la Organización de Naciones Unidas para esta nación asiática, Christine Schraner Burgener, a condenar el "continuo baño de sangre".

La diplomática suiza Christine Schraner Burgener aseveró que "la comunidad internacional, y aun actores regionales, debe unirse en solidaridad con el pueblo de Myanmar y sus aspiraciones democráticas".

En un comunicado señaló que el Ejército de Myanmar desafía los llamados internacionales a la moderación, y agregó que sus contactos dentro del país le dieron "relatos desgarradores de asesinatos y maltratos contra manifestantes, así como tortura de prisioneros".

Al menos 22 manifestantes fueron abatidos por la policía en un suburbio pobre e industrial de Rangún, la principal ciudad de Myanmar, después de que se incendiaron fábricas financiadas por China, dijo un grupo de defensa.

Otros 16 manifestantes murieron en otros lugares, señaló la Asociación de Asistencia a Prisioneros Políticos (AAPP), así como un policía.

La embajada china refirió que muchos empleados chinos resultaron heridos y quedaron atrapados en ataques incendiarios por asaltantes no identificados en fábricas de ropa en Hlaingthaya y señaló que pidió a Myanmar que proteja las propiedades y los ciudadanos chinos. Se considera que China apoya a la junta militar. El régimen golpista impuso la ley marcial en Hlaingthaya y otro distrito de Rangún, polo comercial de Myanmar y la antigua capital, anunciaron los medios estatales.

Myawadday, la cadena de televisión dirigida por el Ejército, dijo que las fuerzas de seguridad actuaron después de que se incendiaran cuatro fábricas de ropa y una planta de fertilizantes, y unas 2 mil personas impidieron que los camiones de bomberos los alcanzaran. Un portavoz de la junta no respondió a las llamadas solicitando comentarios.

El doctor Sasa, representante de los legisladores electos de la asamblea que fue derrocada por el Ejército, expresó solidaridad con el pueblo de Hlaingthaya. "Los atacantes, enemigos del pueblo de Myanmar, el malvado SAC (Consejo Administrativo del Estado), serán responsables de cada gota de sangre que se derrame", dijo en un mensaje.

Las últimas muertes elevarían el número de víctimas de las protestas a 126, estableció la AAPP. Precisó que más de 2 mil 150 personas habían sido detenidas hasta el sábado.

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Jueves, 11 Marzo 2021 06:09

Las luchas por la dignidad humana

Las luchas por la dignidad humana

Lo conseguido por las clases explotadas está precedido del sacrificio consciente de miles de vidas. No importa si ha sido bajo las balas, en campos de concentración, cárceles o la tortura. La dignidad ha sido el referente. Valentía, integridad, defensa del bien común y esfuerzo. Peter Bieri, en su ensayo La dignidad humana, subraya: "No carece de dignidad aquel que fracasa en la autonomía porque le falta la visión de conjunto del pensamiento y tropieza. Uno puede equivocar el camino y perderse; puede estar demasiado exigido. Esto no entierra la dignidad. Se pierde solo cuando se pierde de vista la autonomía como criterio, o falta desde el principio. No es indigno el esfuerzo fracasado, sino el esfuerzo ausente".

Muchas han sido las batallas por la dig­ni­dad. Pocos recuerdan que el derecho de huelga y mejora en las condiciones de trabajo viene precedido de represión, matanzas, despidos y muertes. Su práctica, no ha sido concesión de los empresarios, quienes ejercen la violencia para criminalizar su ejercicio. Sirva de ejemplo la huelga en el Egipto faraónico mientras gobernaba Ramsés III; corría el año 1152 antes de nuestra era. Los artesanos empleados en el Valle de los Reyes denunciaron corrupción, castigos e impago de salarios. Eran escultores, pintores, escribas y albañiles. Así se manifestaron: "tenemos hambre, han pasado 18 días de este mes, hemos venido aquí empujados por el hambre y la sed; no tenemos vestidos, ni grasas, ni pescado, ni legumbres". Ocuparon templos, hicieron sentadas, construyeron una plataforma reivindicativa y triunfaron. Igualmente, la lucha de los esclavos por su libertad, está llena de heroísmo y dignidad. Una en particular ha pasado a la historia, la de Espartaco, quien juró nunca volver a servir a Roma. Huyó con menos de 200 compañeros y forjó un ejército de 60 mil combatientes. Ganó batallas como Vesubio; luego vino la derrota. Sin embargo, el miedo de la plutocracia obligó a mejorar las condiciones de vida de los esclavos. Su cadáver nunca fue hallado. La historia fue relatada por Howard Fast, quien en 1951 editó su novela con fondos propios. En Haití, la rebelión de los esclavos fue el inicio del movimiento emancipador en América Latina (AL). Toussaint Louverture o Jean Jaques Dessalines fueron sus líderes. Las luchas por los derechos civiles de la población afroestadunidense o contra el apartheid en Sudáfrica están asociadas a Martin Luther King y Mandela. En Nicaragua, el "general de hombres libres" Augusto César Sandino se enfrentó a la invasión estadunidense. Sin olvidar las luchas feministas en AL que recuerdan a Micaela Bastidas, en Perú, estratega de la rebelión de Túpac Amaru; Juana Azurduy, hoy reconocida como generala de los ejércitos libertadores; la mexicana Elena Arizmendi, presidenta de la primera Liga Internacional de Mujeres latinoamericanas en 1920, y qué decir de la ecuatoriana Matilde Hidalgo, quien luchó por el derecho al voto de las mujeres. En el siglo XX, la chilena Gabriela Mistral, la cubana Haydée Santamaría, las madres de la Plaza de Mayo, la comandanta Ramona del EZLN y la literata chilena Mónica Echeverría, cuya lucha contra la dictadura es digna de ser reseñada.

En este siglo las luchas por la dignidad persisten. Las justas, aquellas inevitables que tienen en el horizonte los derechos humanos, la justicia social, la igualdad, denunciar el machismo y el patriarcado. Todas, sin excepción, beben de quienes han regado el camino de la dignidad, parafraseando el poema de Violeta Parra dedicado al militante comunista español Julián Grimau, fusilado por el franquismo en 1963.

La dignidad entendida como decisión de actuar. La dignidad como manera de entender la vida. ¿Acaso no es este el mensaje del EZLN? “Hablamos con nosotros mismos, miramos hacia dentro y miramos nuestra historia […] vimos que no todo nos había sido quitado, que teníamos lo más valioso, lo que nos hace vivir, lo que hacía que nuestro paso se levantara sobre plantas y animales…, y vimos hermanos, que era dignidad todo lo que teníamos y vimos que era grande la vergüenza de haberla olvidado, y vimos que era buena la dignidad, para que los hombres fueran otra vez hombres.” Lo poco y nada que se ha ganado, que en perspectiva es mucho, está sembrado de dignidad, de la cual carecen las plutocracias, indignas y cobardes. Matan y asesinan.

Asistimos a las batallas contra los megaproyectos, contra el neoliberalismo. Son luchas por la dignidad. Hoy se cobra la vida de dirigentes sindicales, como Berta Cáceres, en Honduras, el militante zapatista José Luis Solís López, Galeano, en Chiapas, Camilo Catrilanca o Matías Catrileo Quezada, miembros del pueblo mapuche. Periodistas que destapan la corrupción son acribillados a balazos, maestros, campesinos, estudiantes, jóvenes de nuestra América, riegan con su esfuerzo, valentía y sangre, el camino de la dignidad. Mientras, las trasnacionales y los gobiernos cipayos crean y financian la acción de grupos paramilitares, militarizan y mandan a las fuerzas armadas que disciplinadas asesinan en nombre del poder y del dinero. Sin embargo, no han logrado su objetivo: humillar, denigrar y destruir la lucha por la dignidad y una vida plena

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Una misión de la ONU alerta sobre ejecuciones extrajudiciales, torturas y abusos sexuales en Venezuela

10-03-21.-Una misión de la ONU, que denunció el año pasado crímenes de lesa humanidad en Venezuela, alertó este miércoles (10.03.2021) sobre nuevas "detenciones arbitrarias", ejecuciones extrajudiciales y casos de abuso sexual a personas en custodia.


La "represión continúa (...) contra las personas percibidas como 'enemigos internos' u opositores al gobierno" de Nicolás Maduro, advirtió Marta Valiñas, presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela, quien presentó ante el consejo de Derechos Humanos una actualización de su trabajo en el país sudamericano.

Asesinatos perpetrados por la policía y violencia sexual y de género


Asimismo, señaló "36 nuevos casos (8 mujeres y 28 hombres) de presuntas detenciones arbitrarias".

Valiñas dijo además que su equipo investigará "denuncias de tortura y tratos y penas crueles, incluidas las nuevas denuncias que hemos recibido sobre actos de violencia sexual y de género contra las personas detenidas".

También señaló que han "identificado más de 200 asesinatos cometidos por las fuerzas policiales desde el comienzo del año", la mayoría por la fuerza élite de la Policía Nacional Bolivariana, las FAES, que ya fue calificada como escuadrón de exterminio y se pidió su disolución. "También investigaremos la participación de otras fuerzas policiales", agregó.

Periodistas "acosados"

Por otro lado, Valias denunció el duro trabajo de los periodistas en Venezuela, quienes "han sido acosados", suspendidos de sus trabajos y "sus oficinas allanadas y equipos confiscados".

"Silenciar a quienes informan sobre la realidad política y social impide la transparencia necesaria para garantizar la rendición de cuentas", sentenció.

Esta misión de la ONU, constituida en 2019, determinó en septiembre pasado que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas incurrieron desde 2014 en graves violaciones a los derechos humanos e incluso en crímenes de lesa humanidad.

Por: Agencias | Miércoles, 10/03/2021 03:01 PM

*Con información de Afp y Efe

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