Sábado, 07 Agosto 2021 05:15

La muerte de la Convención de Ginebra

La muerte de la Convención de Ginebra

 Asistimos hoy al progresivo y obvio (por obvio no menos grave) desmantelamiento del derecho internacional humanitario. Tratamos como criminales a quienes brindan ayuda humanitaria. Parecen ellos los verdaderos “criminales”. Tal es el nivel de nuestro retroceso. Del procesamiento de Scott Warren en Arizona (su delito fue dejar agua y frazadas a migrantes desesperados en el desierto), o de Carola Rackete en Italia, cuyo único “crimen” fue evitar que decenas de chicos se ahogaran en el mar mediterráneo, hasta la acusación y criminalización de una fiscal internacional (Fatou Bensouda), vemos cómo lo que entendíamos como “ayuda humanitaria”, como “derecho básico”, como “humanidad”, va perdiendo cada día su lugar. Su espacio. Incluso, empieza a ser visto como un crimen. Como una “amenaza”. Como una “excusa”. Un profesor de geografía que reparte frazadas es un “criminal”.

Los cuatro convenios de Ginebra, base moderna de tal derecho, tienen por misión prioritaria, aunque no única, la de proteger a las víctimas de los conflictos armados. Estos convenios (cuya última modificación, producto de la posguerra, entró en vigencia en 1950), intentaron o intentan ponerle un límite a la barbarie armada. Intentaban que los combatientes enemigos (amén del resguardo de la población civil y de la Cruz Roja) también tuvieran derechos. Hoy vemos cómo esos derechos se recortan y desmantelan tanto en el plano interno como internacional. Se matan civiles. Se dejan morir ahogados miles de víctimas que escapan de conflictos armados. Se atacan hospitales. Se matan combatientes que huyen. Todo sin consecuencias reales. El derecho internacional público parece no tener nada concreto para decir. Se bombardean países, se violentan fronteras, se cometen “errores” llamados “colaterales”, se arrasan países sin consecuencias. Esos delitos no parecen “graves”. Eso nadie lo juzga.

El derecho internacional se encuentra en un laberinto. La célebre “intervención humanitaria” fue tan mal usada, para justificar tanta barbarie y tantas guerras “preventivas” de algunos Estados (poderosos, cuyos crímenes nunca son, por supuesto, juzgados), que debió cambiarse su nombre: hoy se habla de responsabilidad de “proteger” (R2P) de parte de los Estados. Se cambió el nombre porque ya nadie creía en la intervención “humanitaria”. Ya daba vergüenza presentar invasiones con intereses inconfesables (encontrar armas de destrucción masiva...) como intervenciones “humanitarias”. Pero no parece que estemos tampoco “protegiendo” mucho a los miles de migrantes desesperados que escapan con lo puesto de los conflictos que se viven en sus propios países (muchos a instancias de guerras comerciales encubiertas donde las potencias juegan un rol cierto, aunque no claro); huyen desesperados con lo puesto, como la familia de Aylan Kurdi (rechazada por Canadá, donde paradójicamente nace la R2P) y los estados “civilizados” no hacen nada por ellos. Al contrario. Los quieren "frenar". Les dan la espalda. Los dejan morir ahogados. (“Llame a Malta” fue la recomendación que la guardia italiana dio a un bote precario que pedía auxilio antes de naufragar, tras lo cual murieron ahogados sus 500 ocupantes. Esto sucede en el mundo “civilizado” de hoy). 

El derecho penal internacional calla. Sostenemos tantas burocracias elegantes y caras, tantos foros de “cooperación”, tantas Cortes de Justicia. Nada de eso sirve. Se habla de un supuesto (hipócrita) derecho de “salida” para tolerar el respeto multicultural. Pero lo cierto es que cuando esas personas “salen” de sus culturas (países), huyendo de la violencia (sobre todo las mujeres, como advierte Susan Moller Okin, cuando se pregunta “Is Multiculturalism Bad for Women?), las democracias “civilizadas” de Europa, que predican el “respeto” cultural, no les abren las puertas. No tienen respuesta para ellas. Las deportan. Cuando no las dejan morir en el océano junto a sus hijos. Es menester terminar ya con esta hipocresía. ¡Cuesta vidas! ¿Quién no vio el cadáver del chico flotando que llevaba las notas de la escuela cosidas a su ropa para que Europa pudiera ver que él era un buen estudiante y merecía una oportunidad? ¿Quién no vio en el fondo del océano a la madre abrazada a su hijo? ¿Qué tiene para decir el derecho internacional de eso? ¿Dónde está el crimen? ¿Quién lo comete? ¿No nos da vergüenza? ¿Cuándo serán juzgados esos delitos? Es tal la inversión y el miedo de las burocracias “jurídicas” a dar un paso (como el de Fatou Bensouda), que terminamos en el absurdo de acusar, por miedo, como “criminal” al único que ayuda a salvar vidas: Scott Warren. El derecho internacional nunca estuvo tan agachado como lo está hoy. Tenía algo de razón Julio Maier cuando pensaba en tirar su título de abogado a la basura. A veces, todos sentimos ganas de hacer eso.

Por Guido Leonardo Croxatto

06/08/2021

Guido Leonardo Croxatto es director nacional de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado (ECAE/PTN).

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Nicaragua: detuvieron a Berenice Quezada, candidata a vicepresidenta de la oposición

Fue inhabilitada para competir en los comicios del próximo siete de noviembre

El Ministerio Público presentó cargos contra la exMiss Nicaragua "por realizar actos que fomentan e incitan al odio y la violencia". La CIDH repudió la retención de Quezada y urgió "al Estado a liberar de inmediato a las personas detenidas arbitrariamente".

 

La opositora Alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL) denunció que su candidata a la vicepresidencia de Nicaragua, Berenice Quezada, fue retenida ilegalmente en su domicilio por la policía. El Ministerio Público informó este miércoles que la exMiss Nicaragua de 27 años fue inhabilitada para competir en los comicios del próximo siete de noviembre acusada de "incitar al odio y la violencia" en medio de una ola de arrestos de opositores por parte del gobierno de Daniel Ortega, quien aspira a la reelección.

En la noche del martes Quezada "fue notificada por las autoridades judiciales y el Ministerio Público que quedaba a partir de ese momento en retención domiciliaria sin acceso a comunicación telefónica y con restricción migratoria", protestó la derechista CxL en su cuenta de Twitter. La agrupación dijo que su candidata también fue informada que estaba "inhibida de postularse a cargos públicos de elección popular" y que debería permanecer en su casa, en la capital Managua, con custodia policial.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) repudió la retención de Quezada y exigió "al Estado de Nicaragua liberar de inmediato a las personas detenidas arbitrariamente y reestablecer las garantías para el pleno goce de los derechos civiles y políticos de las y los nicaragüenses".

En cambio, el Ministerio Público de Nicaragua dijo en un comunicado: "Se presentó acusación en contra de Berenice Xuyamy Quezada Herrera por realizar actos que fomentan e incitan al odio y la violencia, acciones que encuadran en el tipo penal de provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas". 

El lunes Quezada había exigido la liberación de los "presos políticos" llamando al pueblo a votar "como lo ha hecho en las calles" en las protestas antigubernamentales de 2018, cuya represión dejó al menos 328 muertos y dos mil heridos según organizaciones de derechos humanos. "Tenemos que demostrar en las elecciones del siete de noviembre que Nicaragua no los quiere en el país", dijo la joven modelo en alusión al gobierno que preside Ortega desde 2007.

Quezada fue inscripta ese mismo día ante el tribunal electoral como compañera de fórmula del candidato a la presidencia Oscar Sobalvarro, un exguerrillero de la extinta contrarrevolución que Estados Unidos financió en los años 80 contra la revolución sandinista del actual presidente Ortega. Otros 31 opositores, incluyendo siete aspirantes presidenciales, están presos desde junio bajo cargos de "traición a la patria".

04/08/2021

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Protestas no autorizadas contra las restricciones para contener la pandemia en Berlín el 1 de agosto de 2021. — CLEMENS BILAN / EFE

La Justicia alemana había prohibido las manifestaciones convocadas por negacionistas al considerar que no estaba garantizado el distanciamiento social.

 

Varios miles de personas participaron este domingo en Berlín en diversas protestas no autorizadas contra las restricciones para contener la pandemia del coronavirus con un balance provisional de alrededor de quinientas detenciones, informan los medios.

Según indicó la Policía de Berlín en su cuenta de Twitter, centenares de manifestantes, que pretendían participar a pie en una caravana de coches en protesta por las medidas anticovid que sí contaba con el visto bueno de las autoridades, se congregaron esta mañana en una acción espontánea no autorizada. En declaraciones a la cadena regional rbb, el portavoz de la Policía, Thilo Cablitz, habló de hasta dos mil manifestantes.

La Policía indicó que los manifestantes trataron de romper los cordones policiales y aislar a los agentes, por lo que las fuerzas de seguridad hicieron uso de gases lacrimógenos y porras.

"En varios puntos del oeste de la ciudad hay todavía grupos grandes de personas que tratan de concentrarse y de ponerse en marcha. Nuestras barreras están siendo ignoradas y los agentes están siendo agredidos. Se han producido detenciones", tuiteaba la policía poco antes de las 14.00 horas.

Por la tarde, otras dos mil personas se congregaron en torno a la Columna de la Victoria, en la céntrica calle del 17 de junio, avenida que parte de la Puerta de Brandeburgo y atraviesa el parque Tiergarten, a pesar de que las autoridades habían prohibido previamente la concentración convocada por la iniciativa "Querdenken 711", a la que pretendían asistir hasta 22.500 participantes.

El Tribunal Superior Administrativo de Berlín-Brandeburgo confirmó el sábado la prohibición de 17 manifestaciones convocadas para este domingo por movimientos anticovid, integrados mayoritariamente por negacionistas y conspiranoicos, al considerar que no estaba garantizado el respeto a las medidas de higiene y distanciamiento.

La Policía ha desplegado en la capital alemana hasta 2.250 agentes para garantizar el cumplimiento de las prohibiciones y disolver posibles concentraciones no autorizadas. Cablitz había indicado ya por la mañana que la Policía monitorea toda la ciudad, consciente de que habrá "acciones descentralizadas".

berlín

01/08/2021 21:21

EFE

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Fuentes: Rebelión [Foto: Darío Augusto Cardona / El sacerdote jesuita Javier Giraldo Moreno ha dedicado su vida a acompañar y a dignificar a las víctimas de la violencia estatal y paraestatal en Colombia, como la Comunidad de Paz de San José de Apartadó]

Entrevista a Javier Giraldo, Vicepresidente del Tribunal Permanente de los Pueblos

 “Los movimientos contestatarios, de rebeldía, son calificados ordinariamente por el Estado como otro negativo, un otro demoníaco, que hay que exterminar. Ahí está la motivación para responder con una violencia que busca el exterminio de esa otredad”

El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) ha condenado al Estado colombiano por su acción u omisión en el genocidio continuado y los crímenes de guerra y de lesa humanidad contra población civil por razones políticas. Mundo Obrero entrevista a su Vicepresidente, Javier Giraldo, quien nos hace un hueco en medio de las reuniones con la Misión de Observación Internacional por las Garantías de la Protesta Social y Contra la Impunidad en Colombia, que ha verificado sobre el terreno este mes de julio las violaciones de derechos humanos contra quienes ejercen su derecho a la protesta.

El sacerdote jesuita Javier Giraldo Moreno es un referente de la defensa de los derechos humanos en Colombia. Su hablar sereno se combina con una precisión y una firmeza en la denuncia que le ha valido poderosos enemigos en su trayectoria de defensa de las víctimas de crímenes de lesa humanidad. En él han tenido un acérrimo defensor las comunidades campesinas y líderes sociales de las regiones más castigadas por el terror estatal y paraestatal. Autor de varios libros en los que documenta la impunidad en el exterminio de estas comunidades victimizadas en las zonas rurales de Colombia, Javier Giraldo trabaja desde 1972 con el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP/PPP), y es fundador de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Ha recibido el Premio Internacional, Asociación de Derechos Humanos de España, el Premio John Humphrey a la Libertad y el Premio Juan María Bandrés a la Defensa del Derecho de Asilo otorgado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Fue miembro de la Comisión Histórica sobre el origen del Conflicto y sus Víctimas (CHCV), en la Mesa de Conversaciones de Paz de La Habana entre el gobierno colombiano y las FARC-EP. 

GUADALUPE BARAHONA: Es la tercera sesión en la que el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) se ocupa de Colombia: en 1991 juzgó la impunidad en los crímenes de lesa humanidad, y en 2008 juzgó el accionar de las empresas transnacionales en relación con la violación de derechos humanos. ¿Qué aporta el TPP, teniendo en cuenta que es un tribunal simbólico?

JAVIER GIRALDO: En primer lugar, el TPP es un tribunal de opinión. Se apoya en la sentencia del tribunal Russell que surgió con la guerra de Vietnam. El senador italiano Lello Basso fue relator del segundo Tribunal Russell sobre las dictaduras de América Latina y fue a la vez el fundador del Tribunal Permanente de los Pueblos en 1979, para continuar esa misma experiencia. Él enfatizó la convicción de que un tribunal no es necesariamente la emanación de un poder estatal o interestatal, sino que precisamente las razones de Estado son una limitación a una sentencia judicial que tenga una profunda dimensión ética y, por lo tanto, mayor independencia. El tribunal ya lleva 48 sentencias, y en todas ellas hay una sabiduría muy profunda y un análisis de lo que han padecido los pueblos que han sido más oprimidos en la historia de la humanidad. El esfuerzo que hace el tribunal es precisamente confrontar los hechos con los ideales jurídicos que la humanidad ha expresado en el Derecho Internacional, y que muchas veces se quedan en el papel. Se les entrega a las víctimas colectivas un arma ética y política de mucha trascendencia en estas sentencias.

GB: ¿Qué es lo más trascendente de este fallo histórico del TPP sobre Colombia?

JG: La sentencia que se acaba de emitir sobre el genocidio en Colombia es ejemplar. Abarca la dimensión de un libro, y profundiza en dos siglos de la existencia y del sufrimiento del pueblo colombiano. Esto se ha motivado precisamente en que después de varias sesiones del TPP, los gobiernos nunca aceptaban poner en práctica las recomendaciones del tribunal, y los mismos movimientos sociales de Colombia empezaron a hacer una evaluación de fondo y vieron que las grandes masacres y las manifestaciones de opresión respondían a un mismo libreto, que tenía elementos que fueron constantes en todas las formas de represión estatal durante este último siglo y mucho más atrás. De ahí surgió la idea de pedirle al Tribunal Permanente de los Pueblos que hiciera una lectura de las estructuras genocidas del Estado colombiano, casi desde su fundación. Esa lectura la pudo hacer de manera muy ilustrada esta sesión del tribunal porque la causa fue promovida por los movimientos sociales y políticos, a través de sobrevivientes o de historiadores que los han estudiado. Se hizo un trabajo histórico magistral, de mostrar cómo durante este último siglo la mayoría de los movimientos sociales y políticos fueron exterminados. Esto quedó palpablemente demostrado en las audiencias que organizó el tribunal en el mes de marzo, resumidas en la sentencia. Allí se muestra esa larga trayectoria de exterminio violento y cruel de los movimientos que no comparten la ideología de la élite gobernante. En la sentencia se hizo un recuento histórico de las formas de represión y brutalidad del Estado, y se profundizó en el sentido y la tipificación del genocidio en el derecho internacional. Esos fueron tres elementos muy fundamentales en la sentencia.

GB: El fallo del tribunal habla de genocidio continuado. ¿Es novedoso que se hable de genocidio dentro del mismo país y del mismo grupo?

JG: Es la primera vez que se habla de genocidio continuado. Pero la misma caracterización o tipificación del genocidio en el derecho internacional está aludiendo a la destrucción total o parcial de un grupo humano con una identidad común. El hecho mismo de que se haya profundizado en la trayectoria histórica del genocidio en Colombia hace que el término de genocidio continuado sea justificado.

GB: ¿Cuáles son las causas profundas de estas prácticas sostenidas de exterminio, de desplazamiento, de desaparición forzada, que van más allá de gobiernos, de distinto signo político?

JG: El genocidio es estructural, el término también aparece en la sentencia. La conclusión a la cual se llega después de todos estos análisis es precisamente que esto no corresponde a gobiernos particulares, limitados, sino que en la misma estructura del Estado colombiano se ha ido arraigando una práctica que es estructural.

GB: Desde el 28 de abril de este año asistimos a un estallido social y una brutal represión. ¿Qué elementos de continuidad hay con respecto a las prácticas que identifica el tribunal?

JG: Las audiencias tuvieron lugar en el mes de marzo, y el tribunal pidió un plazo de dos meses para elaborar la sentencia, porque la denuncia abarcaba un período muy extenso. Mientras se elaboraba la sentencia se empezó a dar la movilización del Paro Nacional y la respuesta brutal del Estado. La sentencia alcanza a mencionar eso, porque esa respuesta del Estado se acopla perfectamente a la denuncia de lo que es el genocidio. Es tratar de exterminar, de eliminar a los que tienen una identidad alternativa, lo que llamamos una otredad negativa. Los movimientos contestatarios, de rebeldía, son calificados ordinariamente por el Estado como otro negativo, un otro demoníaco, que hay que exterminar. Ahí está la motivación para responder con una violencia que busca el exterminio de esa otredad. Esa es la característica central del genocidio y se aplica perfectamente en la respuesta a esta movilización de los últimos meses.

GB: ¿Qué peso ha tenido el incumplimiento de los acuerdos de paz de 2016, por ejemplo en lo sucedido en Cali, que casi se ha convertido en la capital de la resistencia durante gran parte del Paro Nacional?

JG: El incumplimiento de los acuerdos de paz es un elemento motivacional de la protesta a nivel nacional, cubre todo el país. Pero la situación de Cali, que es el epicentro de esta protesta, tiene características particulares también. Cali es una de las ciudades donde el neoliberalismo se ha desarrollado más intensamente, donde las multinacionales han tenido un desarrollo muy intenso, con una presencia étnica, sobre todo afrocolombiana, de un alto porcentaje de la población; donde también la población indígena está muy cerca. Y donde ese desprecio por lo étnico en los sectores medios y altos de la sociedad, así como la diferencia de clases se siente más fuertemente. La miseria, las sinsalidas de los sectores más empobrecidos se sienten más fuerte, sobre todo para los jóvenes, que han sido protagonistas de esta movilización. Ellos se definen a sí mismos como “los jóvenes sin futuro”: no han podido tener una educación, un trabajo, un acceso a servicios fundamentales, a alimentación. Ellos mismos dicen que si no estuvieran en las barricadas, no tendrían qué comer. Están gozando de la solidaridad de otros sectores de la sociedad que han alimentado las ollas comunitarias. Esas son características no son ajenas a otras regiones, pero en Cali se concentran.

GB: Hemos visto a al pueblo indígena misak derribando estatuas de colonizadores, a los jóvenes portando en sus pancartas la reivindicación de los falsos positivos… ¿Cuál es la importancia de la memoria y de lo simbólico en todo esto que está sucediendo?

Por una parte, los indígenas y los afrodescendientes, que desde que se conmemoró los 500 años del “encuentro” con los europeos, han venido desarrollando una conciencia progresiva, han ido recuperando en cierta medida su autonomía, y, por lo tanto, una posición crítica frente a la historia. Eso ha desembocado en esa destrucción de estatuas de conquistadores, de opresores de todos estos siglos. Pero también todas estas movilizaciones han ido acompañadas de expresiones culturales, musicales, poéticas, simbólicas, de grafitis y de expresiones muy originales, donde se expresa el rechazo a las instituciones, que es un denominador común en todo este movimiento, que afirma: “ya no creemos en las instituciones porque están completamente corrompidas, hay que cambiarlas”. Eso se ha expresado en las canciones, en las consignas, en las poesías y en los símbolos gráficos que acompañan estas movilizaciones. El aspecto cultural ha sido muy importante. Y esta toma de conciencia histórica viene de atrás, pero se ha intensificado mucho.

¿Considera usted que estamos asistiendo al final del uribismo, de veinte años de embrujo autoritario bajo la sombra de lo que supone Álvaro Uribe Vélez en Colombia?

Lo político tiene a veces desarrollos imprevisibles, pero es un hecho que las encuestas que se han hecho desde hace unos meses muestran un descenso enorme de la popularidad, tanto de Uribe como de Duque. La popularidad del gobierno está por el suelo, en un 20%. Yo creo que eso se va a expresar en las próximas elecciones de mayo de 2022.

¿Una salida electoral es suficiente o abre el camino de solucionar las causas profundas de la violencia estructural del Estado colombiano?

Precisamente ese es un punto central. En este mes va a haber después del 20 de julio una asamblea popular en Cali, con participación de todas las regiones del país. Y uno de los puntos de discusión es precisamente si el camino electoral es viable para los cambios que se están exigiendo. Yo he sostenido que las dos vías que la legalidad actual nos da para un cambio de estructuras que necesita Colombia, que son el aparato electoral y el parlamento, son vías que están completamente putrefactas. No las deberíamos utilizar en este momento, porque allí se concentra la corrupción: tanto en el sistema electoral como en el sistema parlamentario. En las asambleas que se están multiplicando se está debatiendo eso, y vamos a ver qué logra construir la imaginación para una abrir una vía alternativa.

Por Guadalupe Barahona | 02/08/2021

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El general en retiro Mario Montoya (en imagen de archivo) enfrentará cargos por eldelito de los "falsos positivos", uno de los casos de violación a los derechos humanos más graves en Colombia cometido durante la presidencia de Álvaro Uribe. Foto Ap

La Interpol busca a líder de la disidencia de las FARC que ordenó el atentado contra Iván Duque

 

Bogotá. La Fiscalía General de Colombia informó ayer que formulará cargos contra el general en retiro Mario Montoya por las ejecuciones de 104 civiles, entre ellos cinco menores de edad, todas presentadas como falsos positivos durante su tiempo al mando del ejército de Colombia (2006-2008), uno de los casos más notorios de violaciones a los derechos humanos en el país.

La acusación contra Montoya se relaciona con casos que habrían ejecutado tropas del ejército entre noviembre de 2007 y el mismo mes de 2008, cuando estaba vigente una directiva del Ministerio de Defensa y del comando de las fuerzas militares que dejó de priorizar las bajas en combate durante la presidencia de Álvaro Uribe, para privilegiar la desmovilización y las capturas.

Sin embargo, la fiscalía evidenció que las ejecuciones extrajudiciales continuaron y Montoya, de 72 años, incentivó una política de premios como condecoraciones y permisos por resultados operacionales a oficiales, suboficiales y soldados, por lo que le imputará cargos por homicidio agravado.

"El material de prueba indica que el general Montoya comunicó las directrices del Ministerio de Defensa y del comando general de las fuerzas militares a las unidades del ejército, pero no las aplicó, es decir, siguió evaluando a los comandantes por la cantidad de muertes en combate reportadas", indica un documento de la fiscalía al que tuvo acceso la agencia de noticias Reuters.

El texto citado agrega que "Montoya continúo ejerciendo presión a todos los comandantes del país para que cumplieran su política de resultados operacionales, en la que las muertes en combate eran el único criterio para evaluar la campaña".

El fiscal general Francisco Barbosa señaló en entrevista con la revista Semana: "lo vamos a imputar como el determinador por homicidio agravado en concurso homogéneo simultáneo de 104 de los llamados falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales en Colombia, dentro de las cuales hay cinco menores de edad".

La fiscalía denuncia que Montoya desconoció o ignoró la llamada Directiva 300-28, que recomendaba políticas de desmovilización de combatientes, por delante de cualquier otra consideración, incluyendo su muerte en combate, y favoreció operaciones que desembocaron en el asesinato de estos civiles.

"La investigación lo que nos da es que en 2006 se empezaron a presentar denuncias de la sociedad civil de unas personas que habían sido asesinadas en condiciones atroces", apuntó Barbosa, e indicó que "Montoya, como está comprobado en el expediente, desconoció la directiva 300-28. Fue a las brigadas, a los batallones, a las divisiones, siguiendo con la política de premios por esas ejecuciones".

Si bien el ex titular del ejército se acogió en 2018 a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la fiscalía mantiene la competencia de casos relacionados con el conflicto armado ocurridos hasta el 1° de diciembre de 2016, siempre que no se tomen decisiones de fondo.

El oficial en retiro, quien está en libertad y renunció en 2008 tras casi 40 años de servicio, negó en el pasado los delitos por los que es acusado, mientras su abogado, Andrés Garzón, dijo ayer a periodistas que el caso es investigado por la JEP, por lo que la fiscalía no tiene competencia para incriminar a su cliente.

Este tribunal especializado es parte del acuerdo de paz firmado en 2016 con la desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para poner fin a un largo conflicto armado interno que ha dejado más de 260 mil muertos y permitió la desmovilización de unos 13 mil miembros del grupo rebelde, pero algunos rechazaron el pacto y continúan con la lucha armada.

La JEP reveló hace poco que al menos 6 mil 402 personas fueron asesinadas por efectivos militares y presentadas falsamente como rebeldes entre 2002 y 2008, durante los dos mandatos de Álvaro Uribe. Grupos de derechos humanos aseguran que la cifra de víctimas podría ser mayor.

Decenas de oficiales del ejército detenidos y condenados por su participación en los asesinatos han comparecido ante la JEP, entre ellos varios subordinados de Montoya, en busca de penas más leves que las que les corresponderían en el sistema de justicia ordinario a cambio de verdad, justicia, reparación y no reparación.

En un procedimiento judicial ordinario el oficial en retiro podría ser condenado hasta a 50 años de prisión, pero bajo la JEP recibiría una sanción de cinco a ocho años de restricción efectiva de la libertad en establecimientos no carcelarios.

En tanto, seis militares colombianos fueron condenados a 16 años de prisión por abusar sexualmente de una niña de 12 años perteneciente a la etnia embera katío, y otro soldado fue condenado a ocho años de cárcel por ser cómplice, informó la fiscalía.

En tanto, la Interpol de Colombia expidió una circular de búsqueda contra Javier Veloza, líder de la disidencia de las FARC, acusado de ordenar el atentado contra el presidente Iván Duque, reportó Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional.

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Una serie de asesinatos en dos meses contra exmiembros de las FARC sacude el Cauca: ¿qué está pasando en esa región de Colombia?

La Misión de Apoyo de la OEA ha solicitado al Estado colombiano reforzar las medidas de protección para las personas en proceso de reincorporación.

Sumarse y apostar a la paz en Colombia no se traduce en inmunidad, ni mucho menos en una garantía absoluta para evitar ser víctima de la violencia enquistada en el país. La complejidad del conflicto armado interno, instalado desde hace más de medio siglo, deja víctimas casi a diario en todo su territorio.

Las masacres y asesinatos sistemáticos contra líderes sociales, campesinos, indígenas y exguerrilleros, estos últimos involucrados en el tratado de paz del 2016, forman parte de una cotidianidad lamentable, enfocada en la persecución y desaparición de quienes piensan distinto.

El municipio de Buenos Aires, uno de los 42 que integran el departamento del Cauca, se ha convertido en foco de este tipo de crímenes selectivos, perpetrados contra un grupo de personas que creyeron en el camino del trabajo productivo como una mejor alternativa para su futuro y el de su país.

En los últimos dos meses, Buenos Aires, lugar donde se asentó la Cooperativa Ecomún La Esperanza (Cecoespe), creada en octubre del 2017 por 71 excombatientes que integraban el Espacio Territorial de Reincorporación de La Elvira y que ha tenido gran éxito con la producción de la marca Café Sabor La Esperanza —participantes de la Feria Mundial del Café—, ha sido escenario de varios ataques de sicarios contra sus miembros.

El más reciente de los asesinatos se produjo contra Yorbis Valencia, un exguerrillero que era conocido en las FARC como 'Anderson Guerrero' o 'Macancán' y que se integró formalmente a la comunidad en el 2017, tras la firma del Acuerdo de Paz. Yorbis sabía que dejar las armas no era garantía de nada, sin embargo, asumió el riesgo de vivir para apoyar el fin de la guerra interna.

"Es de hace mucho tiempo que todo aquel que piense distinto, pues es masacrado. Entonces, uno se pone a pensar: nosotros pensamos distinto a ellos, si no nos brindan garantías pues quién sabe qué pase de ahí en adelante. Si no nos brindan las garantías uno sabe que lo van es a matar. Pero vamos a correr ese riesgo", expresó Valencia en el 2017, durante una entrevista con la periodista independiente Mercy Insuasti y que recoge el diario El Espectador.

Los asesinatos

El primero de los asesinatos en los últimos 60 días contra los integrantes de la exitosa Cooperativa Cecoespe, fue perpetrado el pasado 21 de mayo contra José Ignacio Loaiza, asesinado durante un ataque en el que también tenían como objetivo a la exguerrillera Camila Cienfuegos.

A José Ignacio lo asesinó un grupo de hombres armados que le disparó cuando se encontraba en Popayán, lugar en el que permaneció hospitalizado durante varios días hasta que murió una semana después, el 28 de mayo, producto de las graves heridas.

La siguiente víctima se produjo al mes siguiente y fue Norelia Trompeta Hachaue, una joven mujer de 25 años de edad, también asesinada en Buenos Aires. Su homicidio se ejecutó durante la noche del 25 de junio, cuando fue tiroteada por sicarios.

El siguiente en caer fue Yorbis Valencia, el pasado 25 de julio, cuando varios hombres lo asesinaron a tiros mientras iba camino a su casa en la vereda San Francisco, lugar donde vivía desde que los excombatientes que habitaban el espacio de reincorporación de La Elvira empezaron a dispersarse por las amenazas de muerte.

El homicidio de Valencia se tradujo en el número 279 ejecutado contra los exguerrilleros que firmaron los Acuerdos de Paz del 2016.

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA pidió esclarecer su asesinato, instó al Estado a investigar y a reforzar las medidas de protección para las personas en proceso de reincorporación.

La historia de la Cooperativa Cecoespe

De acuerdo con El Espectador, la Cooperativa Cecoespe se inició con la inversión que hicieron 94 excombatientes con fondos recibidos durante el proceso de paz. Tras su fundación, la agrupación de trabajadores del campo llegó a tener 134 exguerrilleros asociados e involucrados en el proyecto de café, calificado como uno de los productos más emblemáticos de la reincorporación.

Pero detrás del proyecto productivo hay una amarga historia de persecución, amenazas y destierro que ha obligado a que la dirigencia de la cooperativa a desplazarse de su asentamiento original, dejándolos vulnerables a la violencia y en búsqueda de tierras para continuar su aspiración a una vida de paz.

Antes de los más recientes asesinatos ya se habían perpetrado varios hechos violentos contra los dirigentes de la cooperativa. Uno de los hechos más violentos se produjo el 2 de diciembre de 2019, cuando varios sicarios mataron a Manuel Santos Yatacué. Tras asesinarlo, tomaron el vehículo de la víctima, lo estacionaron frente a la casa de Mario Rodríguez, presidente de la Cecoespe, y le prendieron fuego.

La ola de amenazas contra los cooperativistas se extendió a todos sus miembros y así comenzaron a darse los desplazamientos forzados de la zona de creciente conflicto, con mayor incidencia entre diciembre del 2019 y enero del 2020. Una situación que se repite en el resto del país, como el asesinato contra Yeison Sarmiento, en San José del Guaviare el mismo 25 de julio, hecho que elevó la cifra de excombatientes asesinados a 280 desde el 2016, 31 de ellos este año.

Así, muchos de los exguerrilleros han terminado en las regiones de Santander de Quilichao y Popayán. Otro grupo se encuentra en Timbío, lugar donde mantienen el proyecto del café, en la finca Las Veraneras; y aún permanecen en las veredas y la cabecera de Buenos Aires otros 24 excombatientes.

Según el medio colombiano, las amenazas comenzaron tras la entrada en Buenos Aires de una estructura disidente de las FARC que controlaría Leider Johani Noscue, alias 'Mayimbú'.

Mientras tanto, los excombatientes han solicitado al Gobierno que los trasladen a un nuevo espacio territorial, pero la Agencia para la Reincorporación y la Normalización no lo ha conseguido. Por su parte, la Jurisdicción Especial para la Paz adelanta el proceso para dar medidas cautelares de protección y ha pedido al Ejecutivo que garantice la seguridad de esa población vulnerable.

Publicado: 30 jul 2021 05:14 GMT

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Viernes, 30 Julio 2021 05:56

Biles ha ganado

Biles ha ganado

Quién no se ha roto alguna vez. Máxime si soportas una presión y cargas profesionales no aptas para seres humanos. La historia de Simone Biles no es solo la historia de una de las mejores deportistas de la historia, sometida a una disciplina y perfección propias de otro mundo. La historia de Biles es la historia del abuso sexual, de la ausencia de sus padres, de la pobreza. No hablar de todas las complicaciones vitales que ha tenido, es negar gran parte de las razones  de su retirada en estos Juegos Olímpicos.

Simone Biles ha dado un golpe en la mesa, ha bajado de las alturas y nos ha puesto en nuestro sitio. Mientras nosotros observábamos sus múltiples e imposibles piruetas, y mirábamos hacia donde no es, ella bajaba para regalarnos su salto mortal más difícil. Hay que ser muy valiente para ser Biles. Rozar la medalla de oro, una vez más, y dejarla a un lado para centrarse en lo importante, en ella misma, en el autocuidado. ¿Hay algo más feminista que esa decisión?

Nadia Comanetchi también lo hizo cuando en la noche del 27 de noviembre de 1989 acabó escapando de Rumanía, justo después de cumplir 28 años, cruzando a pie, guiada por un pastor de ovejas, la frontera con Hungría, desde donde viajó a Austria y de ahí a EE.UU. Nadia había aguantado años de opresión en los que se le obligaba a entrenar lesionada, se le prohibía comer por períodos de hasta tres días para que pudiera competir con el peso que se esperaba de ella. La primera 10 de la historia fue sometida a todo tipo de vejaciones, controles y vigilancia, hasta que decidió escapar y apostar por sí misma.

Hace unos meses, la tenista japonesa Naomi Osaka, ganadora de cuatro torneos de Grand Slam y número dos del mundo, tomó la decisión de retirarse del Abierto de Francia por la misma razón que Simone Biles. Osaka sintió por un momento el peso del mundo sobre sus espaldas y la pérdida más dura, pero al mismo tiempo empoderante. Ahora, tras la derrota en la tercera ronda de los Juegos Olímpicos, las críticas de sus compatriotas sobre la salud mental han sido durísimas y nada comprensivas. "Se ‘deprimió’  convenientemente, se curó convenientemente y se le dio el honor de ser la última portadora de la antorcha", escribió un comentarista en Twitter.

Ahora, Simone Biles ha vuelto a poner sobre la mesa los problemas de salud mental y la necesidad de tratarlos y de acabar con un estigma aún férreo. De haberse tratado de una lesión física, el mundo lo habría comprendido y a otra cosa. Al ser un tema que aún no se quiere comprender ni interiorizar ni hacerse cargo es mucho más fácil tacharla de débil, como ha insinuado el jefe de opinión de uno de los medios de comunicación de este país, a quien no citaré por no dar publicidad gratuita.

Ese tipo de comentarios ante la retirada de la gimnasta no hablan de lo difícil y valiente de su decisión, sino de las carencias emocionales y empáticas de quienes los profieren. Señoros que se dedican a opinar sobre el parón de una super heroína cuando no son capaces ni de correr 100 metros a la redonda. Estos mensajes de señores acomplejados dedicados únicamente a hablar sobre las mujeres y sus cuerpos no son más que mensajes caducos machistas de otro tiempo. Biles, y otras como ella, marcan el nuevo mundo. Allá cada uno en la decisión de a cuál de los dos mundos quiere pertenecer.

Simone Biles ha ganado y ha hecho historia. Nos ha regalado un mensaje claro y ha tocado la fibra sensible de muchos. Se espera de nosotros que seamos máquinas irrompibles en un sistema competitivo y perfeccionista, y la realidad es que no somos más que personas que tratamos de salir adelante en un mundo que espera demasiado de nosotros. Muchas de estas gimnastas sufrieron abusos, ¿quién no se rompe después de algo así? Biles nos ha puesto en nuestro sitio y nos ha dicho, eh, que soy humana y tengo derecho a descansar. Gracias, Simone, por tanto.

 

30/07/2021

Publicado enSociedad
El pase sanitario en Francia genera resistencia en medio de la cuarta ola

La variante Delta avanza al mismo tiempo que la oposición a las medidas se torna más dura

Existe una heterogeneidad de manifestantes: los chalecos amarillos, hostiles a todo lo que provenga del Estado, los antimáscaras, los antivacunas, los antipase sanitario y los anticuarentena. El gobierno apuesta a la dinámica ascendente de la vacunación.  

 

Un narrador perverso parece estar escribiendo sobre la piel de la realidad la novela del virus covid-19. Estimuladas por la pandemia, las situaciones son un brasero de contradicciones. Al cabo de cuatro días y cuatro noches de debates a menudo encarnizados, el Parlamento adoptó esta madrugada la extensión del pase sanitario (vacunación completa -las dos dosis-, prueba PCR negativa, o certificado de restablecimiento) necesario para ingresar en los lugares públicos con capacidad para más de 50 personas y que impone, además, la vacunación obligatoria para el personal de los hospitales y el aislamiento de las personas positivas. 

Tensiones por el pase sanitario

El pase debería entrar en vigor a principios de agosto, pero el trabajoso camino que tuvo que atravesar para ser aprobado traduce perfectamente las tensiones que genera tanto en la sociedad como en la clase política. El fin de semana pasado decenas de miles de personas volvieron a manifestar en toda Francia contra el pase sanitario y lo que muchos consideran como la “dictadura perfecta” porque, como lo expresa Anne, una mujer de 40 años empleada de banco, ”con eso del pase y la excusa de que nos van a curar o proteger, lo que va a ocurrir es que terminaremos todos en un fichero, vigilados, retratados, radiografiados y controlados”. Sin embargo, pese a la oposición y a la repetida destrucción de los centros de vacunación, Francia sobrepasó este martes el umbral del 50% de la población con un “esquema de vacuna completo”, es decir, las dos dosis de las vacunas disponibles (Moderna, AstraZeneca o Pfizer) o una de Janssen. Según la Dirección General de la Salud, 40.719.515 personas recibieron una dosis (60,4 % de la población) y 34.026.476 las dos (50,5 % de la población).

Los Jóvenes no vacunados

Aun se está lejos del porcentaje requerido para llegar a la inmunidad colectiva (90%) y el gobierno apuesta a que se mantenga la dinámica ascendente para completar el esquema lo más pronto posible en un momento crucial: con cada semana que transcurre la variante Delta del virus multiplica por dos los contagios. Aunque tiene perfiles distintos a las precedentes, hoy se admite que la “cuarta ola” ya se está desplegando en el país. En las ultimas 24 horas se registraron casi 23.000 nuevos casos contra poco más de 10 mil hace una semana. Esas infecciones recientes afectan, sobre todo, a los jóvenes que no se han vacunado. Todo parece ir en ascenso, de forma contradictoria: en la semana del 19 de julio se vacunaron 4,7 millones de personas en lo que fue, según el Ministerio de Salud, ”la mejor semana desde el principio de la campaña de vacunación en diciembre de 2020”. Sin embargo, la ola del virus crece al mismo tiempo que la oposición a las medidas se torna más dura. 

Movilizados 

La contestación federa a decenas de miles de personas movidas por razones distintas: los chalecos amarillos, hostiles a todo lo que provenga del Estado, los antimáscaras, los antivacunas, los antipase sanitario y los anticonfinamiento, cuyas reivindicaciones suelen ser un extraño cóctel de ideas proteiformes (complotistas, sospechas sobre la existencia de “un ente superior que controla a los gobierno”, certezas extraídas de los libros que difunden la idea de un colapso generalizado (el mundo se acaba). A sus 47 años y con un pasar confortable como agente inmobiliario, Etienne está muy convencido de que “las personas que se han vacunado morirán dentro de dos años. Es la lógica imparable de la humanidad. Los recursos se acaban, no alcanzan para todos. Hay que renovar la humanidad, una guerra a escala global no es posible y el virus y la vacuna han sido la coartada perfecta. Primero mataron a los viejos y ahora a los jóvenes rebeldes que no aceptan la vacunación”. 

Las expresiones que más se escuchan en las manifestaciones son “Libertad”, ”abajo la tiranía”. Dominique, un panadero de París, denuncia ante PáginaI12 “la transferencia de las lógicas de dominación: se recurrió a la lógica sanitaria para frenar el virus y, desde hace un par de semanas, con el anuncio de los rigores del pase sanitario, pasamos a la lógica de la seguridad”. 

Hay grupúsculos dentro de los anti vacunas que pusieron el pie más allá de la retórica y pasaron a la acción violenta: golpean y persiguen a los periodistas o destruyen o incendian los centros de vacunación (más de 15). Al frente de los anti se coló un oportunista oriundo del partido de extrema derecha dirigido por Marine Le Pen. Se trata de Florian Philippot, ex número dos de la ultraderecha y fundador del movimiento Patriotas. Philippot se autodefine como el “impulsor”, el “creador” del movimiento de los antivacunas. Es el quien grita en los megáfonos o los micrófonos “abajo la dictadura sanitaria, viva la libertad”, ”abajo el apartheid" (entre vacunados y no vacunados). Y en esa masa de ideas dispares y causas comunes están los resistentes, los tiernos, los que aceptan “el destino que se les impone, el destino de ser parias de la vacuna, excluidos de la sociedad”. 

Monique recopila con una inaudita paciencia creativa todo lo que va a hacer para que no la obliguen a vacunarse. La mujer de 57 años, con una carrera sólida en un centro comercial y dos hijos, dice: "a mi no me pondrán de rodillas. Ya pedí la jubilación. ¡ No pasarán !. Por las dudas, también compré un aparato para hacer el pan en mi casa, al cine no me hace falta ir porque para eso está Netflix, la comida se la pido a Uber Eats o la encargo por internet al supermercado y nadie me va a prohibir pasear por la calle. Jamás seré una cobaya de esta gente. Elijo con plena lucidez vivir de otra manera para que mi sistema inmunitario permanezca intacto”.

Los anti se han organizado con astucia. Ya existe un anuario de Francia con la lista de comercios, restaurantes, empresas y servicios que no exigen el pase sanitario y todo un dispositivo de ayuda mutua destinado a las personas que no “seguirán al rebaño de los vacunados”. Hay dos luchas instaladas: la del gobierno ante la urgencia de evitar que la extensión del virus vuelva a contaminar a los más frágiles, y la de los antivax, empeñados en que sus cuerpos “sociales y genéticos” (Monique) no sean contaminados por la vacuna.

27/07/2021

Desde París

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Lunes, 26 Julio 2021 06:23

Una apuesta por la libertad

Una apuesta por la libertad

Los sistemas de protección social, como casi todo, pueden estar mejor o peor diseñados. Un ejemplo de una medida de protección social mal diseñada es, indudablemente, el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Un derecho vacío desde su nacimiento que aprobó el examen gracias al marketing político. Un fracaso que no es plato de buen gusto para ninguna persona que defienda mínimamente la necesidad de erradicar la pobreza y de ofrecer una vida digna a todas las personas.

Frente a una política mal diseñada como el IMV, en Euskadi contamos con un programa de rentas mínimas más o menos competentemente diseñado -aunque con su progresiva degradación-. En sus más de 30 años de trayectoria, y según los datos del propio Gobierno vasco, la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) no ha conseguido evitar que en Euskadi durante la última década hayan aumentado un 64,9% los casos de personas en situación de pobreza grave o un 20,2% el número de personas en situación de pobreza relativa. En el mismo período de tiempo, el número de personas con privación material ha incrementado un 105%, un 83,7% las familias que no pueden cubrir los gastos básicos y un 122,5% los impagados o atrasos en los pagos de alquileres o hipotecas. Tampoco podemos olvidar que solo una de cada dos personas que acceden al sistema de RGI consiguen superar la pobreza y que un tercio de las personas que están en riesgo de pobreza y exclusión social ni siquiera acceden al sistema. Competentemente diseñado, repito.

Esto no es algo que ocurra solamente en los 'países del sur'. En Europa, entre el 20% y el 60% de las personas en situación de pobreza, por distintos motivos -laberinto burocrático, estigmatización o rechazo de lo que puedan considerar caridad-, no acceden a la última red del estado de bienestar. Pero, por lo que sea, ésta no es una de las grandes preocupaciones de la ciudadanía. Al fin y al cabo, 'solo' el 20,25% de los hogares de Euskadi se encuentran en riesgo de pobreza y, tú y yo, con suerte, nos salvamos -de momento-. El propio sistema se ha encargado de dibujar esa línea imaginaria entre la primera y la tercera persona. “Yo”, “nosotros” y “ellos”.

Entonces, ¿debemos tener alguna aspiración como sociedad? Si es así, ¿nos conformamos con tener un 30% de las personas en riesgo de pobreza y exclusión social fuera del sistema de protección? ¿Y con tener una tasa de pobreza entre el 15% y el 18%? Sería un error por nuestra parte resignarnos y es por ello que debemos apostar por una clara mejora en las condiciones materiales de la mayoría social que, además, actúe como un seguro vital ante las inseguridades y las inestabilidades económicas. Sin este seguro, sin esta garantía, la libertad está claramente amenazada.

Diariamente encontramos numerosos artículos sobre la transición económica o la modernización de nuestro sistema productivo. Sin embargo, uno de los retos que no copa tantos titulares pero que también tenemos que abordar en este siglo XXI es la modernización de nuestro sistema de protección social. Es inútil tratar de afrontar las realidades actuales con políticas del siglo pasado que ya han mostrado sus limitaciones. La alternativa que más interés ha suscitado durante los últimos años, en parte por su eficacia tanto económica como técnica, ha sido la renta básica. Una asignación monetaria pública incondicional, individual y universal. Pero no nos engañemos: aunque la reciban todas las personas, no todas las personas salen beneficiadas en términos monetarios porque su financiación se realiza mediante una reforma fiscal donde el 20% más rico tendría que aportar más a las arcas públicas.

Países como Finlandia, Escocia, Países Bajos, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Kenia, Namibia, India o, incluso, la ciudad de Barcelona, ya están explorando mediante proyectos piloto sistemas que garanticen el derecho universal a la protección frente a políticas inspiradas en el asistencialismo. Sí, asistencialismo. Porque si algo diferencia a los sistemas actuales y a la renta básica es la diferente concepción expresada en términos de libertad. El IMV o la RGI ayudan a las personas una vez estas han caído. Ofrecen una prestación a cambio de una contraprestación -habitualmente mediante un proceso de intervención laboral-, lo que conduce irremediablemente a la pérdida de libertad efectiva. La renta básica, por su parte, supone garantizar la existencia material de la ciudadanía de partida, otorgando un aumento de libertad efectiva para la inmensa mayoría de la población no estrictamente rica. Además, los resultados obtenidos en los proyectos piloto nos permiten observar que la renta básica ha conseguido aumentar el bienestar y la seguridad económica de las personas, mejorar su salud mental, comportar una mayor confianza en sí mismas, en las demás personas y en las propias instituciones y mejorar también la oferta laboral.

En un momento de desigualdad creciente, de pobreza creciente, de desempleo creciente, de degradación de las condiciones materiales de la mayoría de la población, en definitiva, de amenaza a la libertad, cabría ser valientes y no seguir parcheando una herida que está desangrando a una grandísima parte de nuestra sociedad. ¿Aspiramos a garantizar unos mínimos vitales a todas las personas? Para ello es necesario pasar del miedo y de la contención a la libertad y la prevención.

24/07/2021

Por Julen Bollain

es economista, investigador en Renta Básica y miembro de la Red Renta Básica.

Publicado enSociedad
Fuentes: Público

«Cualquier móvil se puede convertir en un dispositivo de escucha, incluso apagado, por eso yo no tengo. No acepto la tecnología digital injusta», dispara Richard Stallman (Nueva York, 1953) a modo de presentación cuando el periodista saca el aparato para usarlo de grabadora. Stallman, un mito viviente del movimiento en defensa de una informática ética tiene tics de gurú. Habla con seguridad y de forma tajante. Hay cosas que son cómo son y no necesita desarrollarlas, aunque la afabilidad en el trato o detalles como que pare la conversación para escuchar el canto de un pájaro, revelan una gran humanidad.

Ante la pregunta de si se puede vivir sin utilizar ningún servicio digital programado con software privativo [aquel que es propiedad de una empresa y queda fuera del control del usuario, que no lo puede estudiar ni modificar] responde con un simple «yo lo hago». El precio a pagar podría parecer alto a muchas personas, Stallman no solo no tiene móvil, tampoco usa tarjeta de crédito: «Siempre pago en metálico. Si algún lugar no acepta el dinero en metálico, no quiero su producto». Aunque reconoce la dificultad creciente para realizar trámites oficiales sin pasar por el aro del software privativo. «Cada vez más webs de entes públicos cuentan con [el lenguaje de programación] JavaScript, que funciona enviando un programa a tu máquina para que se ejecute allí. Esta es una mala manera de hacer informática y los estados no tendrían que utilizarla», explica Stallman, quienes también reconoce que «por ahora evito los seguimientos, pero quizás en un futuro ya no podré».»Siempre pago en metálico. Si algún lugar no acepta el dinero en metálico, no quiero su producto»

Pero, ¿por qué es tan importante evitar ser seguidos? «Es una cuestión ética, lo que se encuentra en juego es nuestra libertad», continúa Stallman, quien alerta del peligro de «vender esta libertad a cambio de comodidades, de unas comodidades, además, que podrían existir igualmente, pero que alguien gana más dinero a base de controlarnos. Si no somos tontos, tenemos que reconocer donde nos lleva este camino y decidir no ir». Además, denuncia que el nivel de control cada vez va a más: «Por ejemplo, los últimos años han impuesto tener una cuenta de Microsoft, y es muy injusto vincular el uso de un programa a tener una cuenta con la empresa, es un motivo suficiente para rechazar el uso». «Cualquier programa que se ejecute a la máquina del usuario, si no es libre, es un instrumento de poder del amo del programa y somete el usuario, es el que queremos evitar desde el movimiento del software libre», continúa.

Stallman va más allá del simple resistencialismo individual. Cree más necesario que nunca un gran movimiento ciudadano que obligue a los gobiernos a legislar para impedir a las grandes empresas a recopilar datos del usuario, a menos que sea estrictamente necesario. «Y por necesario, me refiero a imprescindible, no tendría que servir como excusa incluir una pequeña funcionalidad para justificarlo. Por ejemplo, me he encontrado en ciudades europeas un sistema de pago de los aparcamientos municipales donde hay que incluir el número de matrícula. Es un abuso y una fórmula de controlar los movimientos de la ciudadanía. Tendría que estar prohibido por ley, puesto que hay muchos sistemas para hacerlo sin obligar a identificarse. La eficiencia no lo justifica, ni tampoco la comodidad. Incluso se pueden hacer pagos por teléfono de forma anonimizada, como por ejemplo con el sistema GNU Taler que estamos desarrollando».

«Tampoco me fío de los reglamentos de protección de datos, puesto que dan por supuesto que los datos se recogen, y después ya sabemos que en casos de emergencia todas estas normas acaban siendo papel mojado», continúa Stallman, por quien la única solución pasaría por «prohibir a las empresas la recogida. Este es el punto de resistencia y es donde podemos triunfar».

¿Serían suficientes estas leyes? ¿Se cumplirían? «Pienso que sí. Si fuera explícitamente ilegal y con penas duras, las empresas no se arriesgarían. Incluso se podría hacer en un solo país. Las empresas que quisieran operar allí tendrían que cumplir la ley y no recoger datos de los clientes que viven en el país». Ante las dificultades políticas y las presiones para impedir leyes en esta línea, asume que existen, pero pide no «convertir las dificultades en obstáculos que pueden hacer que el objetivo parezca inasumible».

En este punto de la conversación parece obligatorio sacar el ejemplo de las leyes antimonopolio aprobadas en los EEUU a finales del siglo XIX para impedir el control de todo el mercado de productos petroleros por parte de la Standard Oil. ¿Sería necesario romper Google? ¿La situación es similar? «Sí y no. Por un lado, Google no es un monopolio, hay alternativas a sus productos. Además, lo que hace es mucho peor. En el siglo XIX nadie te espiaba para comprar petróleo, pero Google sí que lo hace con sus usuarios. Si hubiera diez empresas cómo Google, las seguiría rechazando todas. Pero por otro lado, si el Gobierno americano de entonces prohibió los monopolios, es porque había una demanda popular en este sentido, un movimiento organizado. Este movimiento existió más o menos hasta 1980, cuando [Ronald] Reagan llega al poder. Reagan representaba a los ricos y aceptó darles ventajas y mucho más poder. A partir del 2000 se han ido creando trusts de empresas casi sin límites, corporaciones muy grandes que provocan que en muchos sectores industriales de los EEUU no haya prácticamente competencia».»Google no es un monopolio, hay alternativas a sus productos»

Otra consecuencia de los gobiernos republicanos ha sido la firma de tratados que imponen el «supremacismo empresarial, aunque normalmente se denominan tratados de libre comercio». Estos acuerdos, defiende Stallman, «tienen el propósito de transferir el poder de los estados a las grandes empresas. Por ejemplo, la empresa que quería construir el Keystone XL [un oleoducto entre Canadá y los EE. UU., suspendido por Barack Obama tras fuertes protestas de indígenas y ecologistas] acaba de exigir 16.000 millones de dólares al gobierno en indemnizaciones».

Por eso, Stallman reclama una gran movilización para obligar en los gobiernos a implementar leyes que acaben con las prácticas tecnológicas injustas. «La democracia se inventó en Atenas para que los pobres, si se unían, fueran más fuertes que los ricos. Ahora, la cuestión es saber si tenemos suficiente democracia para que los gobiernos que nos pertenecen nos defiendan, o se revela que en realidad son gobiernos de la plutocracia».

Por Joan Canela | 26/07/2021