Miércoles, 18 Mayo 2022 05:02

El asesinato y la ocupación de Palestina

El asesinato y la ocupación de Palestina

La muerte de la periodista palestina Shireen Abu Akleh conmocionó a la opinión pública mundial. Aunque el gobierno de Israel niega su responsabilidad sobre los hechos, no son pocos los que lo sindican como autor del crimen y piden que se lo excluya como parte de cualquier investigación, sobre todo tras la feroz represión de las fuerzas policiales durante el funeral de la reportera. Este caso ha reavivado las iniquidades de la ocupación israelí de los territorios palestinos.

En esta ocasión no hubo calma que precediera a la tormenta. Luego de un turbulento mes de Ramadán con una ola de atentados en ciudades israelíes y una conducta extremadamente violenta de sus fuerzas de seguridad contra militantes palestinos en Cisjordania y fieles musulmanes que rezaban en su mes santo, sucedió lo que nadie se había imaginado: el asesinato de la periodista Shireen Abu Akleh mientras cubría una redada del ejército israelí contra milicianos en la ciudad cisjordana de Jenin. 

El miércoles 11 de mayo por la mañana, la periodista palestina que trabajaba desde hace 25 años en la cadena qatarí Al Jazeera, había salido como de costumbre desde su casa en Jerusalén Este (la parte árabe de la ciudad) hacia el norte de la Cisjordania ocupada. Su misión era cubrir las intensas operaciones de las fuerzas israelíes contra la insurgencia palestina. Mientras trataba de acercarse a la escena de los enfrentamientos junto a su productor Ali Al-Samudi (quien también resultó herido y se encuentra estable), Abu Akleh fue asesinada de un tiro en la cabeza a pesar de estar provista de un chaleco antibalas que llevaba en letras grandes la leyenda «PRENSA» sobre el pecho.

A partir de ese momento, aparecieron diversas versiones sobre el asesinato. Sin embargo, todos los periodistas que se encontraban trabajando junto a Shireen no dudaron en colocar unánimemente la responsabilidad del crimen en manos del ejército, argumentando que ellos se encontraban mucho más cerca del lado israelí que del palestino. A solo media hora del asesinato de Abu Akleh, el aparato de relaciones públicas de Israel comenzó a desarrollar en una estrategia de desvío de información. 

El periodista israelí Barak Ravid reveló en un informe en hebreo en el sitio web Walla que «hubo una consulta urgente de la Sede Nacional de Hasbara (órgano de propaganda) junto con representantes de la oficina del primer ministro, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las Fuerzas de Defensa de Israel. Decidieron que el objetivo principal era tratar de defenderse de la narrativa que comenzaba a aparecer en los medios de comunicación internacionales, según la cual Abu Akleh había sido asesinada por fuego israelí». 

Así, horas después de su muerte, la Cancillería israelí publicó un video que mostraba a guerrilleros palestinos disparando contra blancos no definidos, al mismo tiempo que comentaban entre ellos que creían que habían herido a un soldado israelí. Para el Ministerio de Relaciones israelí esto era prueba suficiente de una supuesta responsabilidad palestina, debido a que en ese día no se habían reportado heridos en las fuerzas ocupantes. No obstante, la organización de derechos humanos israelí B'Tselem contradijo rápidamente la versión de su servicio exterior y mediante otra filmación que geolocalizaba de manera precisa la escena de los dos hechos (el asesinato y los disparos de los militantes) dejaba en claro que los protagonistas palestinos del video se encontraban demasiado lejos de la escena y no tenían ninguna trayectoria posible para realizar los disparos que  causaron el deceso de Abu Akleh. Incluso en un vergonzoso tuit, la Cancillería de Israel elucubraba que el chaleco y el casco que comúnmente utilizan los periodistas en zonas de conflicto habría confundido a los militantes palestinos. Pero la renombrada organización de investigación periodística Bellingcat –conocida por su estudio del uso de armas químicas por parte del gobierno sirio y los ataques rusos contra civiles en Ucrania– estableció las diferentes ubicaciones de los protagonistas del incidente, incluidos Shireem Abu Akleh, el ejército israelí y los militantes palestinos a través de un análisis forense de audio. 

A través de ese análisis se pudo indicar fehacientemente que los posteriores disparos contra un hombre que intentaba rescatar a la ya moribunda Shireen se realizaron desde unos 180 metros de distancia. Esto colocaba al tirador cerca de las posiciones del ejército israelí y muy lejos de las posiciones militantes palestinas. El informe agrega que las fuerzas israelíes estaban en una posición más directa para realizar el disparo, en contraste con «las posiciones más obstruidas y distantes de los grupos armados palestinos».

Rápidamente, las máximas autoridades de Israel se sumaron a la rauda negativa sobre la responsabilidad en los hechos. El primer ministro Naftali Bennett, sostuvo que existía la «posibilidad considerable» de que los culpables hayan sido «palestinos armados, que dispararon salvajemente». Con más experiencia en cuestiones de responsabilidad, el ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, dijo: «pueden ser los palestinos quienes le dispararon. Trágicamente, también podría ser alguien de nuestro lado. Lo estamos investigando». 

En lo que sí coincidieron las autoridades israelíes es en que debía existir una investigación conjunta entre israelíes y palestinos. Los líderes palestinos se negaron terminantemente a ello. La Autoridad Palestina afirmó el sábado pasado que agradecería la participación de organizaciones internacionales en la investigación sobre la muerte de la reportera, pero sostuvo que a Israel aún no se le permitiría unirse a su investigación, citando el pasado israelí de autoexculparse en casi todos los casos en los que fue acusado de atacar, deliberadamente o no, a la prensa y a civiles palestinos. Asimismo, los propios familiares de la periodista palestina asesinada, quienes creen firmemente que los soldados israelíes son los responsables de su muerte, rechazaron los pedidos israelíes para una investigación compartida. «Apoyamos la participación de cualquier parte en la investigación, excepto de los israelíes. Si te acusan de un delito, no tiene sentido que lo investigues», sentenciaron. Estados Unidos, el aliado más cercano que tiene Israel, se sumó a los pedidos de una investigación rápida y efectiva, debido a que Abu Akleh era también ciudadana estadounidense. Sin embargo, Washington no se hace ilusiones con los resultados de la investigación. Y no le faltan razones. En enero de este año el palestino Omar Andalmajeed As'ad, que había vuelto a Cisjordania después de vivir cuatro décadas en Estados Unidos, perdió la vida luego al ser detenido en el norte de Ramallah mientras se dirigía tarde en la noche de regreso a su casa. Abdalmajeed As'ad murió de un paro cardiaco, esposado en el suelo en medio del frío y dentro de una obra en construcción donde los soldados israelíes lo habían amordazado y vendado los ojos después de golpearlo. El comandante del pelotón y el de la compañía de las tropas fueron reprendidos y excluidos de cualquier puesto de mando por los próximos dos años, pero los soldados no fueron castigados. 

Los palestinos también citan los casos del periodista Yasser Murtaja, del joven de 14 años Mohamed Ayoub y de la médica Razan al Najar, todos asesinados por francotiradores israelíes durante las protestas contra el bloqueo de Gaza en 2018. El primero fue muerto por una bala en el abdomen mientras lucía un chaleco protector con la leyenda de «Prensa», el segundo recibió un tiro en la cabeza mientras estaba a una distancia considerable de la cerca que separa a la Franja de Gaza de Israel y la tercera fue abatida mientras atendía a un grupo de heridos. El caso de Al Najar mereció una exhaustiva pesquisa del respetado Equipo de Investigaciones Visuales del New York Times, que dejó en claro la responsabilidad de francotiradores israelíes en su deceso. 180 palestinos fueron asesinados por balas israelíes en el marco de las protestas de ese año en Gaza, lo que suscitó una investigación interna del propio ejército israelí encabezada por el brigadier general Moti Baruch, quien concluyó que ninguna de todas esas muertes fueron «intencionales», sino producto de «percances operativos».

Vale la pena recordar que, de acuerdo a la organización Reporteros sin Fronteras, 35 periodistas fueron asesinados trabajando en Israel y los territorios palestinos desde 2000. El año pasado, en medio de una guerra de baja intensidad entre Israel y el grupo islámico Hamas, misiles israelíes derribaron un edificio de 11 pisos donde se ubicaban las redes de medios palestinos y la agencia estadounidense Associated Press. Israel justificó la destrucción diciendo que Hamás estaba utilizando el edificio para refugiarse, pero aún no ha aportado pruebas concluyentes para sostener la acusación. «Con el debido respeto hacia nosotros, digamos que la credibilidad de Israel no es muy alta en tales eventos», afirmó Nachman Shai, actual ministro de Asuntos de la Diáspora Judía y famoso ex-portavoz del ejército durante la Guerra del Golfo de 1991. A solo dos días del asesinato de Shireen Abu Akleh, en una discusión interna del Estado Mayor de Israel se sostenía que «la posibilidad de que soldado israelí le haya disparado (de manera no intencional) a la periodista de Al Jazeera es muy razonable».

El mismo 13 de mayo se vieron imágenes que dieron la vuelta al mundo e hicieron desconfiar aún más a la comunidad internacional de que los israelíes pudiesen realizar una investigación justa y transparente. Todo empezó la misma tarde del asesinato de Abu Akleh, cuando la policía israelí se apersonó en un velorio improvisado sin el cuerpo y le exigió a la familia de la periodista que bajasen las banderas palestinas de la puerta del recinto donde se realizaba el servicio fúnebre. Ante la negativa, se desplegó a la temida policía de frontera israelí que, junto al oficial a cargo, procedió a secuestrar las banderas. Es importante recalcar que, desde la sanción de los Acuerdos de Oslo, no está penado por la ley mostrar o flamear las banderas palestinas en Israel, por lo que la policía se atribuyó una peligrosa prerrogativa que la coloca por encima de la propia ley del estado judío. No contentos con ese vergonzoso atropello sobre los dolientes, lo peor estaba aún por llegar. 

Durante el funeral de Abu Akleh, que sin duda ha sido uno de los más concurridos de la historia palestina de los últimos 50 años (personalmente solo recuerdo el de Faisal Husseini con una cantidad de concurrentes similar), la policía israelí procedió a reprimir no solo a los asistentes, sino también a quienes llevaban en andas al féretro hacia el cementerio cristiano del Monte Zion en Jerusalén (la periodista profesaba esa confesión religiosa y vivía en la histórica ciudad). Aún para quienes desde hace décadas cubrimos desde el terreno las terribles vicisitudes del conflicto israelí-palestino, las imágenes de las fuerzas de seguridad israelíes golpeando violentamente con bastones a los portadores del féretro en un día de recogimiento fueron brutalmente singulares y serán difíciles de olvidar. En esta ocasión, la policía también intentó ensayar una justificación de lo injustificable, esgrimiendo que había intervenido a pedido de la familia (que supuestamente no quería que se llevase el féretro en andas hasta el cementerio) y solo luego de que la multitud hubiera agredido a los oficiales. Para respaldar la acusación, la policía volvió a compartir otro video, en este caso filmado por un dron, en el que se ve a un hombre arrojando una botella (sin que esté claro si es de vidrio o plástico) desde detrás de la multitud. Pero el video no explica que el acto se produjo solo luego de que la policía irrumpiese en el hospital donde estaba el cuerpo ni da razones de la violencia de los uniformados contra las personas que cargaban el ataúd, pues no hay imagen alguna donde se muestre que ellos hayan iniciado un ataque contra la policía. El mismo video muestra a un hombre utilizando una bandera palestina contra la policía, aunque esa acción se produce como acto de defensa después de que la policía comenzara con los golpes.

Anton Abu Akleh, el hermano mayor de Shireem que trabaja para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), descartó de plano las declaraciones de las fuerzas israelíes: «Les informamos [a las fuerzas de seguridad] sobre los arreglos que habíamos hecho, los caminos que planeábamos hacer, desde la Puerta de Jaffa hasta el Monte Sion. Exigieron que no levantáramos la bandera palestina ni coreáramos consignas alusivas». Anton Abu Akleh también rechazó terminantemente los pedidos israelíes para una investigación conjunta y dijo que cree que los soldados israelíes son los responsables de matar a su hermana. Observando las imágenes de la represión en el funeral donde se ve a la policía israelí arrancar la bandera palestina del coche fúnebre queda claro que no sería apropiado confiar en un actor que trata a los palestinos de esa manera (y que se encuentra comprometido en la acusación) para realizar una investigación imparcial. ¿O acaso alguien exigiría una investigación conjunta ruso-ucraniana por cada uno de los siete periodistas asesinados por las fuerzas rusas en Ucrania?

¿Cómo puede Israel animarse a reprimir en el mismo funeral de la persona de la que está acusada de asesinar (de manera intencional o involuntaria)? ¿Por qué hace esto Israel? La respuesta es simple: porque puede. La gran mayoría de los ciudadanos israelíes no le han prestado la más mínima atención al asesinato de la periodista palestina, que solo ocupa un pequeño segmento de los clásicos noticieros del país. Es evidente que Israel no sufrirá ninguna condena internacional efectiva y que la situación seguirá siendo igual. De hecho, el mismo día del asesinato de Shireem Abu Akleh, colonos judíos en la ciudad palestina de Hebrón –donde 800 israelíes viven custodiados entre 250.000 palestinos– tomaron una casa palestina sin los permisos necesarios para hacerlo. En esa misma jornada, otros colonos israelíes de un asentamiento en las colinas del sur de Hebrón golpearon a palestinos y a activistas israelíes que protestaban por una decisión de la Corte Suprema que avaló la destrucción de ocho poblados palestinos en áreas ocupadas y administradas por el poder militar israelí (Israel gobierna la Cisjordania ocupada con un órgano militar llamado, en lo que parece un verdadero chiste, «Administración Civil»). La excusa empleada por Israel para la expulsión de 1.800 personas –lo que constituye el mayor desplazamiento de palestinos desde la década de 1970– resulta difícil de comprender: arguye que los palestinos tienen sus poblados en una zona reservada por el ejército para la «práctica de tiro» en territorio ocupado. 

La ocupación militar israelí sobre los palestinos ya ha durado demasiado. De los 74 años de vida del Estado de Israel, 55 han sido de ocupación militar sobre los palestinos. Durante dicha dictadura militar sobre otro pueblo, Israel ha desarrollado uno de sus mayores proyectos nacionales: la construcción de más de 120 asentamientos (hay otros cien que aún no han recibido autorización oficial, pero todo parece indicar que solo es cuestión de tiempo) donde 700.000 israelíes gozan de derechos exclusivos entre millones de palestinos. Las colonias no son pequeños parajes, sino que algunos ya se han convertido en ciudades (Modin Illit, Maaleh Adumin, Ariel, etc.). 

Israel se considera a sí misma una democracia para todos, pero no lo es: se trata de una democracia con derechos de privilegio para los judíos (cualquier judío del mundo que quiera emigrar a  puede convertirse en ciudadano israelí al instante), pero limitada e imperfecta para los árabes que viven dentro de Israel (que estuvieron bajo dominio militar dentro de Israel desde la fundación del estado hasta 1966 y al día de hoy no pueden instalarse en cualquier zona del país). Los palestinos de Cisjordania y Gaza están en el último peldaño de la pirámide. Son ellos quienes deben lidiar día a día con el sistema que «la única democracia en  Medio Oriente» ideó para ellos: un régimen pergeñado para que este sector nunca experimente tal democracia.

La gran mayoría de los palestinos está dispuesta a aceptar un compromiso que les otorgue todos los territorios previos a la conquista israelí en la Guerra de los Seis Días de 1967, es decir solo 22% de todo lo que ellos mismos denominan como la «Palestina Histórica» (concepto de por sí controvertido, pero que comprende lo que hoy es Israel, Cisjordania y Gaza). Esta constituye una concesión enorme de su parte. Sin embargo, los israelíes sostienen que no es suficiente y continúan votando masivamente a representantes que consideran a Cisjordania (los israelíes llaman a esa zona con el nombre bíblico de Judea y Samaria) como parte de Israel. Si se  conduce por cualquier ruta israelí, en los carteles que indican cómo ir a Tel Aviv o Haifa también se señala como llegar a las colonias de Betar Illit o Alfei Menashe, entre muchas otras. Muchos israelíes argumentan que es imposible la paz con los palestinos, algo que será difícil corroborar mientras Israel mantenga su presencia militar y civil en sus territorios. Incluso si los palestinos no quisieran tener paz con los israelíes, no existe excusa alguna para desarrollar un enorme y millonario proyecto colonial en sus tierras. Líbano, por ejemplo, no desea hoy la paz con Israel y dicho país no fue perforado como un queso por colonias judías durante la pasada ocupación israelí. Israel podría incluso esgrimir que mantiene su presencia militar en Cisjordania para garantizar una supuesta seguridad, pero los asentamientos israelíes indican otra cosa. No es solo una lucha por la supervivencia, sino una guerra de dominio y control.

La periodista palestina Shireem Abu Akleh no tenía por qué estar en Jenin relatando cómo el ejército israelí daba caza a «terroristas», que es como cualquier noticiero televisivo de Israel denomina a los palestinos armados, sin importar que operen o no en ciudades israelíes o que resistan contra una potencia militar en territorio colonizado. Uno puede estar en completo desacuerdo con la estrategia armada de lucha palestina (siete décadas de ella comprueban que la misma solo consigue polarizar el sentimiento israelí de estar constantemente amenazados), pero Israel tampoco ve con buenos ojos la forma no violenta de la desobediencia civil palestina. Es más, esta estrategia pone aún más nervioso al gobierno y sus fuerzas de seguridad, pues no saben cómo contrarrestarla, lo que quedó en evidencia en la Primera Intifada o en el funeral de Shireem. 

El asesinato de Abu Akleh y la extrema represión de su procesión fúnebre han generado una indignación mundial que los israelíes no deben ignorar. Sin la protesta extranjera, la muerte de la reconocida periodista hubiese sido un número más entre las víctimas palestinas. No existe algo parecido a una ocupación militar justa o a un colonialismo sano. Es un contrasentido. Es preciso terminar con la dictadura militar sobre los palestinos lo más pronto posible, primero por su derecho a la autodeterminación, pero también por el propio bienestar israelí. Lo cierto es que, al contrario de lo esperado por muchos, la ocupación no se suavizará. Pero solo hay dos alternativas: o Israel termina con la ocupación o la ocupación terminará desde adentro con el Estado de Israel y el refugio que tienen los judíos en el mundo. Ya no hay tiempo que perder.

Este artículo fue escrito desde Jerusalén

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Colombia fue el primer país de Latinoamérica en despenalizar la eutanasia. Imagen de archivo. EFE/Martin Divisek/

La decisión del alto tribunal fue tomada teniendo en cuenta que este mecanismo no califica como delito y que, por el contrario, está amparado por la Constitución Política

 

La Corte Constitucional, a través de un fallo histórico debido a la discusión suscitada en diferentes sectores sociales y políticos, legalizó el Suicidio Médicamente Asistido como procedimiento permitido en Colombia para tener una muerte digna.

La decisión fue tomada teniendo en cuenta una ponencia presentada por el magistrado Antonio José Lizarazo que registró una votación de seis votos a favor y tres en contra. Al togado lo acompañaron en su tesis, Diana Fajardo, Natalia Ángel, Gloria Ortiz y Alejandro Linares, quienes a través del fallo, sacaron del Código Penal una prohibición que pesaba sobre los médicos al momento de asistir a personas con el deseo de morir dignamente

Cabe señalar que esta determinación de la Corte se produjo tras el estudio de una demanda presentada por los ciudadanos Camila Jaramillo Salazar y Lucas Correa Montoya, ambos miembros del Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -DescLAB-, contra el inciso segundo del artículo 107 del Código Penal, el cual castiga la inducción al suicidio otorgando penas carcelarias de entre 16 y 36 meses a quienes guíen a una persona hacia el suicidio con el fin de terminar con intenso sufrimiento producto de enfermedades graves o incurables.

Ante esto, el alto tribunal ratificó que el hecho de asistir a un paciente que desea morir dignamente no se configura como un delito y que, por el contrario, es un proceso amparado por la Constitución en las condiciones ya mencionadas.

Asimismo, la demanda precisaba que penalizar el suicidio médicamente asistido vulnera el derecho a morir con dignidad, así como el libre desarrollo de la personalidad por impedir el acceso a una ayuda médica para poner fin a la vida del paciente bajo consenso.

La demanda señala que, “Algunas personas pueden preferir la eutanasia, unas veces porque no pueden causar su propia muerte y otras veces porque no quieren. En otros casos, las personas prefieren poner ellas mismas fin a sus vidas (suicidio médicamente asistido) y al hacerlo buscan tener la ayuda necesaria para lograrlo de forma segura, acompañada y protegida”, añadiendo que la legalización del SMA lo vuelve un acto transparente y seguro.

¿Qué diferencia hay entre el Suicidio Médicamente Asistido y la eutanasia?

Básicamente, mientras que en el primer mecanismo el paciente se autoadministra el medicamento para causar la muerte, en la eutanasia, el médico es quien facilita el deceso. En ese sentido, los demandantes promovieron varias iniciativas indicando que, así como la eutanasia se puede ejecutar bajo determinados parámetros, para el suicidio médicamente asistido deben cumplirse las mismas normas.

Vale resaltar, además, que durante el estudio de la demanda el ministro de Salud Fernando Ruiz, dijo que, en Colombia, “la inclusión de otra opción de muerte médicamente asistida en el país, requiere una discusión a profundidad, cuya competencia recae en el Legislador”.

El jefe de la cartera de la salud añadió en su momento que el Congreso debe abordar este tema “con un desarrollo por vía estatutaria, en especial, teniendo en cuenta la complejidad que supondría la inclusión del SMA como proceso asistencial en el Sistema General de Seguridad Social en Salud”. Misma conclusión tuvo la Procuraduría.

Para el Ministerio Público, el SMA no es una alternativa desconocida; sin embargo, es el legislativo el que debe reconocerlo como válido, pero teniendo en cuenta la decisión tomada este miércoles por la Corte, Colombia se convierte en el primer país de América Latina en despenalizar el suicidio asistido y la eutanasia.

En el mundo, los países que tienen ambos procedimientos reglamentados son Suiza, Canadá, Luxemburgo, España, los estados de Western Australia y Victoria, en Australia y Suiza, así como también Países Bajos y Luxemburgo.

11 de Mayo de 2022

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La venta de armas en EU creció durante la pandemia, de acuerdo con los Centros de Control de Enfermedades y Prevención.Foto Afp

Nueva York. Las muertes por armas de fuego alcanzaron la cifra más alta jamás registrada en Estados Unidos durante 2020, con un incremento de 35 por ciento en homicidios, cantidad no reportada desde 1994, reportaron los Centros de Control de Enfermedades y Prevención (CDC), principal autoridad federal sobre salud pública.

Más de 45 mil personas murieron en incidentes relacionados con armas de fuego durante el primer año de la pandemia. "Este es un incremento histórico", declaró Debra Houry, subdirectora de los CDC, al divulgar los datos en conferencia de prensa.

Aunque más de la mitad de las muertes por armas de fuego son suicidios, ese número se mantuvo casi igual en 2020, comparado con 2019. Pero fue el dramático incremento de homicidios con armas de fuego lo que elevó el total a niveles sin precedente.

Según los CDC, 79 por ciento de los homicidios y 53 por ciento de los suicidios estaban relacionados con armas en 2020. Excluyendo los suicidios, más de 19 mil personas murieron por balas en 2020, comparado con las más de 14 mil del año anterior.

Los CDC indicaron que las estadísticas demuestran "amplias disparidades" donde los homicidios con armas de fuego afectaron más a comunidades pobres, y sobre todo a jóvenes afroestadunidenses. A la vez, los homicidios por armas se incrementaron entre gente de todas edades, razas y género, y tanto en ciudades como zonas rurales en todas las regiones del país.

Los afroestadunidenses sufrieron más que cualquier otro segmento con un incremento de 40 por ciento en la tasa de homicidios, sobre todo los jóvenes; entre indígenas del país hubo un incremento de 27 por ciento y de casi 26 por ciento entre latinos, y 28 por ciento entre blancos. El único grupo donde hubo una reducción fue entre los asiático-estadunidenses, según las cifras de los CDC.

El incremento en muertes por armas de fuego está relacionado con la venta acelerada de armas en el país, con estadunidenses comprando armas más de lo normal al ampliarse la pandemia en 2020 y 2021, de acuerdo con los CDC (ver el informe: https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7119e1.htm?s_cid=mm7119e1_w).

Es el incremento anual en homicidios por armas más grande en la historia moderna del país, indicó el Centro para Soluciones de Violencia de Armas de la Universidad Johns Hopkins. "En 2020 se perdieron casi 5 mil vidas más en homicidios con armas que en 2019".

Las armas fueron la causa principal de muerte entre niños y adolescentes en 2020, tomando más vidas que el covid-19, accidentes automovilísticos o cáncer” para los menores de edad, afirma un informe de ese centro (https://publichealth.jhu.edu/2022/new-report-highlights-us-2020-gun-related-deaths-highest-number-ever-recorded-by-cdc-gun-homicides-increase-by-more-than-one-third).

Expertos e investigadores no han identificado las razones del incremento de la violencia, y sobre todo de los homicidios con armas de fuego en los últimos dos años, pero algunos señalan que la pandemia exacerbó muchas condiciones prexistentes, sobre todo en algunas comunidades más marginadas, que han elevado el nivel de violencia, incluyendo factores como la desigualdad económica y condiciones de pobreza, comentaron los CDC.

Otros sugieren que la polarización política en el país, ira contra la violencia oficial y el racismo sistémico, y la expresión más explícita de agrupaciones armadas, sobre todo las derechistas, han cultivado mayor violencia.

Los estadunidenses se matan entre sí con armas 25 veces más que otros países desarrollados, señala el centro Brady Campaign to Prevent Gun Violence.

La razón más citada por los que adquieren armas de fuego es la defensa individual, pero investigaciones de los últimos años confirman que en los hogares que tienen armas se incrementa de tres a cinco veces el riesgo de homicidio y suicidio.

Se calcula que hay más armas en manos privadas en Estados Unidos que población –de hecho, 120.5 armas por cada 100 residentes–, más de 390 millones, según cifras de 2018 por el Small Arms Survey. El Brady Campaign calcula que uno de cada tres adultos en Estados Unidos es dueño de un arma.

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Ecuador: tras la masacre, la ONU exigió una reforma urgente del sistema penitenciario

"Debo enfatizar que la responsabilidad del Estado en la seguridad de todas las personas que están bajo su custodia, crea una presunción de responsabilidad estatal por estas muertes", sostuvo la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reiteró su "alarma" por la situación penitenciaria de Ecuador luego de que se registraran 44 muertos en un motín que tuvo lugar el lunes, y reclamó una reforma "urgente" que involucre también al sistema judicial. El incidente, ocurrido poco más de un mes después de otra matanza que dejó 20 reclusos muertos, puso nuevamente de manifiesto la crisis de la violencia carcelaria en Ecuador, que el gobierno de Guillermo Lasso atribuye a una encarnizada lucha de bandas ligadas al narcotráfico.

Decenas de personas, en su mayoría mujeres, esperaban este martes noticias de sus familiares presos en la cárcel Bellavista de Santo Domingo, a unos 80 kilómetros de Quito, donde un choque entre pandillas dejó 44 muertos y decenas de heridos, mientras que las autoridades empezaban a recapturar a parte de los 220 detenidos que escaparon durante los desmanes.

Responsabilidad estatal y reforma urgente

"Debo enfatizar que la responsabilidad del Estado en la seguridad de todas las personas que están bajo su custodia, crea una presunción de responsabilidad estatal por estas muertes", sostuvo Bachelet en un comunicado leído por su vocera en una rueda de prensa en Ginebra. El gobierno ecuatoriano debe considerar una hoja de ruta que le propusieron "para garantizar la seguridad en las prisiones, mejorar las condiciones de los reclusos y garantizar una mejor gestión carcelaria, lo que incluye combatir la corrupción", precisó la expresidenta chilena.

En el caso de lo ocurrido el lunes, la violencia habría estallado en la cárcel de Santo Domingo por el traslado de un preso, pero Bachelet destacó que no se trata de un caso aislado. "Estos preocupantes incidentes subrayan una vez más la urgente necesidad de una completa reforma del sistema de justicia penal, también del sistema penitenciario", manifestó la funcionaria de la ONU, quien recordó que todo Estado tiene como "responsabilidad" la seguridad de las personas bajo custodia, por lo que es también culpable indirecto de lo que ocurre en las cárceles y debe emprender una "plena investigación".

La espera de los familiares

Decenas de familiares de los reclusos se desesperaban por segundo día frente a las puertas del penal sin tener noticias de sus seres queridos, mientras militares armados con escopetas custodiaban las inmediaciones. "No nos dan ninguna información. Dicen que los jóvenes que se escaparon por salvar sus vidas van a ser trasladados y entre esos está un hermano mío", afirmó Leisi Zambrano. "Hay muchas madres que hasta la actualidad no les han dado noticias de sus hijos, de si están vivos", agregó la mujer ama de casa, de 48 años.

Ni bien supo de los enfrentamientos, Zambrano dijo haber acudido con otros familiares al penal en la madrugada y escuchaba que desde el interior "los presos pedían auxilio, que no los dejaran morir", y definió la escena como una "carnicería".

En el motín en Santo Domingo en un principio se había confirmado la muerte de 41 reclusos. Minutos después la Fiscalía volvió a actualizar la cifra a 43, y al cierre de la jornada se confirmó otra muerte. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, informó temprano el mismo lunes que la mayoría de los cuerpos "fueron expuestos y agredidos en los pabellones y en las celdas".

La mayoría de las víctimas murió por armas blancas en sus celdas, y luego algunos presos usaron armas de fuego en su intento de fuga. Las autoridades hallaron fusiles, pistolas, cuatro granadas y municiones en el penal. En este nuevo motín, que se inició en torno a la 1.30 hora local, se fugaron de los pabellones al menos 220 presos ya sea para salvar su vida o recuperar su libertad, y hasta el momento solo han logrado ser recapturados por las fuerzas de seguridad 112.

El ministro Carrillo señaló que los responsables de este motín pertenecen a la misma organización delictiva que llevó a cabo otra masacre en la cárcel de El Turi, un mes atrás. Según las autoridades, los enfrentamientos del lunes fueron provocados por el traslado a Bellavista de unos de los líderes del denominado grupo "R7", gracias a una medida judicial. "Este tipo de traslados son los que perjudican la gobernanza de los centros carcelarios", dijo el jefe de los servicios penitenciarios, Pablo Ramírez.

El gobierno ecuatoriano decretó un estado de excepción hasta finales de junio en tres provincias del oeste (Guayas, Manabí y Esmeraldas), las más golpeadas por el tráfico de drogas, ante la violencia en las calles del país atribuida al narcotráfico.

Una crisis sistémica

Esta nueva masacre es más la más grande de este año 2022, por encima de la anterior, ocurrida un mes atrás en la cárcel de la sureña ciudad andina de Cuenca, donde murieron 20 reclusos y al menos otros 10 resultaron heridos. Ambos episodios tienen detrás a las mismas bandas rivales, según afirmó el ministro Carrillo en una rueda de prensa, con una organización llamada "Los Lobos" como la supuesta causante de estas masacres al atacar al grupo disidente que se hace llamar R7.

Antes de estos episodios el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, presumía de que en los tres primeros meses de 2022 apenas habían fallecido ocho presos en las cárceles ecuatorianas, y que las muertes intracarcelarias se habían reducido más del 90 por ciento sobre el año anterior, cifras que saltaron por los aires con las dos últimas matanzas.

Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe sobre la crisis carcelaria de Ecuador en el que instaba al gobierno a recuperar el control interno de las cárceles, dar condiciones dignas a los presos y elaborar una políticas de prevención del delito donde no prime el encarcelamiento.

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Varios periodistas junto al cuerpo de la reportera de Al Yazira Shireen Abu Akleh, asesinada por disparos del ejército israelí durante una redada, a 11 de mayo de 2022. — Mohamad Torokman / Reuters

Con esta son tres las mujeres periodistas asesinadas en lo que va de semana. Este lunes, en el estado mexicano de Veracruz, morían acribilladas la directora del periódico 'El Veraz', Yesenia Mollinedo, y la reportera Sheila Johana Garcí.

 

Un "asesinato a sangre fría". Así califica la cadena de noticias catarí Al Yazira lo ocurrido con su corresponsal en Israel, la palestina Shireen Abu Akleh. Los responsables del medio acusan directamente al Ejército israelí de la muerte de su reportera durante una redada este miércoles del Ejército israelí en la ciudad de Yenín, al norte de Cisjordania ocupada.

Con esta son tres las mujeres periodistas asesinadas en lo que va de semana. Este mismo lunes, en el estado mexicano de Veracruz, morían acribilladas la directora del periódico El Veraz, Yesenia Mollinedo, y la reportera Sheila Johana Garcí, según apuntaban fuentes de la Fiscalía General del Estado. 

Una semana trágica para el periodismo. Por su parte, desde la Red Internacional de Al Yazira, con sede en Doha, han querido denunciar lo sucedido Shireen: "En un trágico asesinato premeditado que viola las leyes y normas internacionales, las fuerzas de ocupación israelíes, a sangre fría, mataron a nuestra reportera, Shireen Abu Akleh".

Según el Ministerio de Salud palestino, una bala disparada a la cabeza de Shireen fue lo que le causó la muerte. Su compañero Ali al Samudi ha corrido mejor suerte y se encuentra hospitalizado pero estable tras ser herido con una bala en la espalda.

"Condenamos este crimen atroz, a través del cual se pretende impedir que los medios de comunicación lleven a cabo su mensaje, y responsabilizamos al Gobierno israelí y a las fuerzas de ocupación por el asesinato de la difunta colega Shireen", denuncia la cadena catarí a través de un comunicado.

Al Yazira ha querido también hacer un llamamiento a la comunidad internacional para que "condene y responsabilice a las fuerzas de ocupación israelíes por atacar y matar deliberadamente a nuestra colega Shireen Abu Akleh".

La muerte de Shireen se produce en el marco de las "operaciones de contraterrorismo" que el Ejército israelí ha intensificado a lo largo de los últimos meses en Cisjordania. Unas operaciones que se han saldado con una treintena de palestinos muertos, algunos de ellos civiles desarmados y sin vínculos con las milicias palestinas, y decenas han sido detenidos.

11/05/2022 09:43

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Inseguridad alimentaria aguda: 40 millones de personas más en un año

Alarmante informe de la FAO

Desde Roma. La llamada “inseguridad alimentaria aguda”, es decir cuando una persona no puede consumir alimentos suficientes y eso pone su vida en peligro inmediato, afectó a 40 millones de personas más en el mundo entre 2020 y 2021, llegando a afectar a un total de 193 millones de personas de 53 países, según el Informe Global sobre Crisis Alimentaria 2022 recientemente publicado por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), ambos con base mundial en Roma.

Los países más afectados están en África (Yemen, Eritrea, Burundi, Kenia, Mozambique, Congo, Etiopía, Nigeria, entre otros), en América Central y Caribe (Haití, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua) y en Asia (Pakistán, Bangladesh, Siria, Afganistán, entre otros). América Central y Caribe no sólo tuvieron que luchar contra los problemas económicos y sociales creados por la pandemia, sino que en noviembre del 2020 pasaron por dos huracanes, Eta y Iota que produjeron muchos daños a la población y a la agricultura.

Anna Ricoy, coordinadora de la Gestión de Riesgo de Desastres de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y Caribe con base en Chile, explicó a Página 12 las consecuencias de todos estos fenómenos para la seguridad alimentaria de las personas y lo que se puede hacer para mitigar sus efectos. Agrónoma originaria de España, Ricoy obtuvo un Master en Economía y Ciencias Sociales en el AgroParisTech, el instituto de tecnología para Ciencias de la Vida, Alimentación y Medioambiente de París. Trabaja para la FAO desde 2009.

-El Informe Global sobre Crisis Alimentaria 2022 dice que en América Latina unos 12,7 millones de personas padecen este flagelo, un millón de personas más en poco más de un año. Y los países más afectados son Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua además del caribeño Haití que alberga un tercio del total (4,4 millones) de las personas que sufren hambre en la región. ¿Según usted es debido sólo a la crisis de la pandemia o también a eventos naturales y conflictos internos?

-Estas cifras están relacionadas con tres principales impulsores, que están interrelacionados y se refuerzan mutuamente: la crisis socioeconómica, los eventos extremos como huracanes y terremotos y la inestabilidad. La enorme preocupación ha sido el impacto que ha tenido la ralentización económica sobre la pérdida de empleos y la caída de los ingresos, especialmente considerando que gran parte de los trabajadores de la región son informales. En cuanto a los eventos extremos en América Central, los huracanes Eta/Iota de 2020 destruyeron cultivos y reservas de alimentos. Las lluvias irregulares en Haití, el terremoto de magnitud 7.2 y la depresión tropical Grace en agosto de 2021 afectaron la producción y disponibilidad de alimentos. Los altos niveles de inseguridad en Centroamérica impactaron las actividades económicas y agrícolas. La situación de inseguridad en Haití se deterioró aún más en 2021.

-¿Por qué el informe no habla de los demás países de América Latina ni de Venezuela que otros años era considerada a riesgo?

-El informe no habla de los demás países de América Latina y el Caribe porque en los demás países no se cuenta con evidencia sólida en cuanto a la magnitud y/o severidad de una crisis alimentaria. En cuanto a Venezuela no se ha incluido en el informe por falta de datos. A pesar de los indicios de estabilización en la disponibilidad de alimentos y combustible desde finales de 2021, la inseguridad alimentaria sigue siendo una preocupación en Venezuela, especialmente para familias de ingresos limitados debido a los efectos combinados de la contracción económica prolongada, inflación, sanciones internacionales y restricciones de Covid 19.

-¿La guerra en Ucrania ha influido también?

-El conflicto en Ucrania es fuente de gran inquietud en nuestra región como en el resto del mundo y en particular en los países en crisis alimentarias. La incertidumbre respecto a las próximas campañas agrícolas podría impactar la disponibilidad de las reservas globales de alimentos, e influir en una ulterior alza de los precios de aceites vegetales, cereales y carne, del azúcar y productos lácteos, entre otros. Ya en el último mes el índice de precios de los alimentos de la FAO aumentó un 12.6 %. Es el aumento más alto desde que tenemos registros. Por otra parte, las eventuales disrupciones de gas natural y energía van a impactar la producción global de fertilizantes, reduciendo su disponibilidad y llevando los precios al alza. Cabe destacar que América Central es importadora neta de fertilizantes. Todos estos factores van a tener un impacto en la producción, en los rendimientos, y por supuesto se reflejará en un alza de los precios al consumidor. En América Central no hay hambre por falta de alimentos, hay hambre por falta de dinero en los bolsillos de las personas. Por lo tanto se podría dificultar ulteriormente el acceso a los alimentos y provocar un aumento de todas las formas de malnutrición.

-Según prevé el informe, la inseguridad alimentaria podría mejorar levemente en 2022.

Este informe fue desarrollado con datos anteriores al conflicto de Ucrania. Este pronóstico de leve mejora tiene en cuenta la recuperación económica parcial tanto del impacto económico del Covid19 como de los daños causados por las tormentas tropicales en Centroamérica. Sin embargo, esto probablemente se verá atenuado por los altos precios de los insumos agrícolas que limitan la producción y reducen la demanda de mano de obra agrícola. Además, ahora debemos tomar en cuenta la situación actual de crisis global por el conflicto en Ucrania y las consecuencias en cadena que está teniendo en el sistema agroalimentario. Los pronósticos más recientes para la región no son alentadores. En las últimas dos semanas, el Fondo Monetario Internacional rebajó las proyecciones de crecimiento respecto a las de Enero 2022. De acuerdo con esta información, para América Latina y el Caribe se estima una inflación promedio de 6,6% para 2022 y de 5,4% para 2023. El crecimiento se estima en torno al 2.5% en 2022 y 2.5% en 2023. Estamos frente a una crisis de nivel global que podría tener repercusiones graves a nivel regional, y debemos prevenir que se desencadene una crisis alimentaria mayor en la región.

-¿El aumento de las migraciones será otro efecto colateral de esta crisis?

-Las migraciones son un efecto colateral de la inseguridad alimentaria: la pérdida del poder adquisitivo de los hogares por la pandemia y por la inflación en los precios de los alimentos, los eventos climáticos extremos, los niveles de inseguridad en ciertos territorios, entre otros. Todos estos factores están interrelacionados, se refuerzan mutuamente, e influyen en las decisiones que toman los hogares de abandonar sus casas y tierras en busca de trabajo o ayuda.

-¿Qué debería hacer cada país para mejorar esta situación? ¿Qué Podría hacer FAO?

-Tenemos que repensar la manera como respondemos a las crisis alimentarias, poniendo las necesidades de los productores agropecuarios al centro de la respuesta. En 2020, la financiación para intervenciones humanitarias en agricultura, representaron solo el 8 por ciento de los fondos humanitarios destinados a la seguridad alimentaria. Tenemos que cambiar esta tendencia. Invertir en la agricultura y en los recursos que la sustentan es estratégico y rentable. Según la FAO, los beneficios en estos casos pueden ser 10 veces mayor que si se dedican los fondos a la ayuda alimentaria. Y el efecto de estas intervenciones se prolonga en el tiempo. En lo inmediato debemos brindar apoyo a los gobiernos para que los productores cuenten con los medios necesarios para seguir produciendo alimentos localmente y, en condiciones adversas, obtener ingresos, acceder a financiación. Paralelamente a los apoyos productivos es fundamental garantizar el acceso económico a alimentos para la población más vulnerable.

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Tras retomar el control de la cárcel de Bellavista, los vigilantes arrodillaron a decenas de reos en el patio del penal. Foto Afp/Ministerio del Interior de Ecuador

Se fugan 220 en el motín; recapturan a 112

Quito. Al menos 44 presos murieron y 10 resultaron heridos, la mayoría de de gravedad, tras un enfrentamiento ayer entre bandas rivales vinculadas con el narcotráfico en una cárcel de Ecuador, donde en medio de la situación 220 presos aprovecharon para fugarse.

En una actualización al final de la tarde, el ministerio del Interior detalló esas cifras en su cuenta de Twitter, mientras decenas de agentes fueron desplegados en las carreteras de acceso y salida de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, en cuya cárcel estatal se produjo el motín que comenzó en horas de la madrugada.

Un policía resultó herido, confirmaron las autoridades.

El presidente Guillermo Lasso, quien está de gira en Israel, envió su el pésame a los familiares de los fallecidos. "Este es un lamentable resultado de la violencia entre bandas", añadió en Twitter.

La refriega se desató por la madrugada en la cárcel Bellavista, en Santo Domingo, unos 80 kilómetros al suroeste de Quito, cuando la banda de Los Lobos "agrede y elimina" a unos 40 integrantes de una facción denominada R7, indicó el ministro de Interior, Patricio Carrillo, en rueda de prensa.

Las autoridades sospechan que los choques se originaron por el traslado a Bellavista de un cabecilla del grupo R7, gracias a una medida cautelar.

El líder estaba en una prisión de máxima seguridad en la costera provincia de Guayas (suroeste) tras haber protagonizado otro enfrentamiento entre Los Lobos y R7 en la cárcel de El Turi, en la andina ciudad de Cuenca, que dejó 20 muertos hace un mes, explicó Carrillo.

"No quieren rehabilitarse y lo han demostrado, son los hechos los que los definen. Lo que se vivió en el centro carcelario de la ciudad de Santo Domingo fue una crueldad", sostuvo el funcionario.

Destacó que a simple vista "se puede evidenciar que los que perdieron la vida fueron ajusticiados con arma blanca" y ofreció la ayuda del gobierno a los familiares para trasladar los cuerpos a sus sitios de origen.

En los videos que circularon en las redes sociales se veía la cárcel, aún a oscuras, y se escuchaban gritos y disparos que provenían de su interior.

Carrillo añadió que se encontraron armas de fuego, granadas y otros materiales en poder de los presos de la cárcel Bellavista.

La policía confirmó que tras la intervención de grupos tácticos y de asalto el centro de reclusión quedó nuevamente bajo el control de las autoridades, en especial el pabellón de máxima seguridad, donde ocurrieron los hechos.

En un patio decenas de reclusos eran obligados a arrodillarse con las manos en la cabeza bajo la mirada de los uniformados, durante una operación para retomar el control del penal, se vio en imágenes difundidas por las autoridades.

De los 220 fugados, 112 fueron recapturados por los uniformados en las afueras de la prisión.

Con este último episodio sangriento, las prisiones ecuatorianas suman casi 400 reclusos muertos brutalmente en seis matanzas desde febrero de 2021, en medio de una ola violenta que el gobierno atribuye al enfrentamiento de grupos vinculados al narcotráfico.

En los últimos años las cárceles de Ecuador se han convertido en escenario de violentos ataques entre reclusos, principalmente debido a disputas entre bandas relacionadas con el narcotráfico y rutas de exportación de droga presuntamente vinculadas con cárteles mexicanos. El último de estos motines, que dejó 20 fallecidos, se registró a inicios de abril.

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Norma McCorvey (izq.), quien fue Jane Roe en el caso Roe v. Wade de 1973, con su abogada, Gloria Allred, en 1989.

El equilibrio de poderes entre Washington y los Estados se ve amenazado en EE.UU., donde la ultraderecha religiosa se ha unido a la élite conservadora para poner límites a unas libertades civiles que tachan de libertinaje

 

De los tres poderes –Ejecutivo, la espada; Legislativo; la cartera; y Judicial, los jueces–, el encargado de administrar justicia nació como el hijo tonto de la joven democracia estadounidense. Alexander Hamilton ya lo advirtió a primera hora: “el [poder] judicial carece de influencia sobre la espada o la cartera. No tiene capacidad de acción sobre la fuerza o sobre la riqueza de la sociedad, por lo que no puede actuar decididamente sobre ningún asunto de importancia”. Es decir: no puede imponer sus decisiones. Corría el año de 1789.

La vista del número uno de la First St NE de Washington D.C. es imponente: primero la escalinata flanqueada por dos estatuas: a la izquierda una mujer, Contemplation of Justice; a la derecha, una figura masculina, The Guardian or the Authority of Law, también llamado The Executor of Law, ambas obras de James Earle Fraser. Después, las dieciséis columnas corintias que sostienen el frontón; y finalmente impresas sobre el arquitrabe, cinco palabras: Equal Justice Under the Law. El Tribunal Supremo de Estados Unidos (SCOTUS en sus siglas en inglés) ocupa este impresionante edificio desde 1935, 146 años después de que fuera establecido como máxima autoridad judicial de la nación mediante la ratificación de la Constitución de los Estados Unidos en 1789. 

Hasta 1935, la historia de SCOTUS es singular y accidentada: desde constituirse en una especie de consejo de sabios nómada, atendiendo casos de ciudad en ciudad en los primeros años de la nueva nación, hasta la oscuridad de los sótanos del Capitolio, pasando por breves periodos en Nueva York o Filadelfia. Su originario papel secundario y sus más de doscientos años de historia son la lucha continuada por consolidar su poder sobre la tierra; esto es: constituirse en the law of the land, el último órgano de decisión, no solo capaz de decir qué es constitucional sino de imponerse sobre sus hermanos. 

Primer acto: SCOTUS 1-mujeres 0. La sede de SCOTUS, también llamada El palacio de mármol, se levanta sobre el solar que ocupaba el Old Brick Capitol, histórico cuartel hasta 1929 del National Woman’s Party –la compró el Gobierno federal a insistencia del expresidente William Howard Taft, en ese momento primer magistrado del Alto Tribunal–, el partido que abogó incansablemente por el sufragio femenino en EE.UU. hasta su consecución en 1920 (Enmienda 19 de la Constitución) y que, desde entonces, se entregó a las luchas por los derechos civiles desde su feminismo militante. Fue una compra, sí. Pero digamos que aquellas primeras feministas fueron invitadas a abandonar su casa. Las ironías de la historia.

Segundo acto: SCOTUS 0-mujeres 1. 1973, Roe v. Wade. La archiconocida sentencia por la que el máximo órgano judicial estadounidense declaraba inconstitucional cualquier restricción al acceso de la mujer a la posibilidad de abortar en condiciones sanitarias adecuadas y de forma legal. La argumentación sobre la que se basaba Roe contra Wade poco tenía que ver con la moral y mucho menos con la biología (ambos pilares que sostienen las posiciones de los autodenominados pro-vida): se trataba única y exclusivamente de salvaguardar el “derecho a la intimidad” de cada persona en relación a una de las cláusulas de la 14º Enmienda de la Constitución. Es decir: el gobierno (ninguno) no es quien para decidir qué puede hacer cada uno con su cuerpo. Ese uno era una mujer, Norma McCorvey, la camarera de Texas que se escondía bajo el pseudónimo de Jane Roe, quien tras quedarse embarazada de su tercer hijo en 1969 quiso abortar. El problema era que en Texas, donde residía, el aborto era ilegal salvo riesgo para la vida de la madre. No era la primera vez, pero sí una de las más importantes en las que SCOTUS volvía a poner de manifiesto la fuente de su poder: la confirmación del concepto de judicial review del que emana su supremacía judicial. En resumen: la decisión sobre un caso específico se aplica y afecta a todos los demás casos semejantes en cualquier lugar del país. Una vez más, SCOTUS marcaba la única distancia posible entre el suelo y el techo de la casa común estadounidense. 

En realidad, Roe contra Wade fue el canto del cisne de una época que en 1969 estaba a punto de cerrarse con la llegada de Nixon a la presidencia: la gran expansión de los Derechos Civiles iniciada una década antes y que había sido consecuencia de la madre de todas las batallas en EE.UU.: el enfrentamiento entre la Casa Blanca (con o sin el Capitolio) y SCOTUS, es decir, la espada contra la toga. Una batalla ganada por los liberales, cuyo punto culminante habían sido las grandes sentencias en favor de los Derechos Civiles auspiciadas bajo un Tribunal (la llamada Warren Court Era) que había empezado a perfilarse bajo la presidencia de Franklin Delano Roosevelt. En la mente del Partido Republicano solo era cuestión de tiempo, de paciencia. Y de colocar en la Casa Blanca al hombre adecuado. La derecha y la ultraderecha estadounidense habían entendido por fin que la política de un país no se cambia tanto en el Capitolio como desde la sala noble del Palacio de Mármol.

Por eso no es casualidad que este tercer acto empiece precisamente por Roe contra Wade. La filtración del borrador publicado en la noche del pasado lunes por el diario Politicoy firmada por el juez Samuel Alito (conservador) reflejaba una opinión predominante de cinco de los nueve magistrados que integran la Corte a favor de la revocación del derecho a la interrupción del embarazo. Hacía meses que había sospechas de que esto ocurriría, no es ningún secreto que el propio tribunal vive tiempos convulsos con acusaciones de corrupción sobre algunos de sus miembros y enemistades personales entre otros. Incluso la pandemia y su politización ha sido motivo de discordia entre el grupo patricios togados: algunos de los jueces más jóvenes y conservadores se han mostrado reticentes a ponerse mascarillas en las reuniones con sus compañeros más veteranos.

La única sorpresa aquí ha sido que la bomba explotara vía filtración, acto sin precedentes en la historia de la institución y que ha desatado una caza de brujas con los ojos puestos en los magistrados liberales y, especialmente, su staff. El martes, el presidente de la Corte Suprema, el conservador –fue nombrado por George W. Bush, y últimamente se posiciona con sus compañeros más progresistas, lo que indica hacia dónde se ha movido el tribunal en los últimos cuatro años– John Roberts confirmó el contenido del documento de 98 páginas conocido el lunes, aunque señaló que se trataba de un “primer borrador”. Hay que indicar que la filtración en sí no es delito, pero si se descubre a su autor supondría el final de su carrera, amén de otro tipo de actos disciplinarios. 

El texto no deja lugar a dudas: según el voto privado emitido el pasado febrero, la mayoría conservadora cree necesario derogar el precedente sentado por la sentencia de 1973 (y confirmado en el caso Planned Parenthood contra Casey, de 1992): “[La sentencia de] Roe estaba terriblemente equivocada desde el principio”, escribe Alito, para el que “su motivación fue excepcionalmente endeble y aquella decisión ha tenido consecuencias perjudiciales. Lejos de lograr un consenso nacional en torno al tema del aborto, Roe y Casey atizaron el debate y profundizaron en la división”. Decenas de personas se han concentrado a las puertas del edificio del Alto Tribunal desde la publicación del borrador para protestar. Según un estudio reciente del Pew Research Center, seis de cada diez estadounidenses creen que el aborto debería ser legal en todas o casi todas las circunstancias, mientras que un 54% se manifiesta contrario a la derogación de Roe contra Wade.

“La Constitución no hace ninguna referencia al aborto, y ningún derecho de este tipo está protegido implícitamente por ninguna disposición constitucional”, argumenta Alito en una posición que secundan los magistrados Clarence Thomas, Brett Kavanaugh, Amy Coney Barrett y Neil Gorsuch, estos tres últimos nombrados durante la presidencia de Donald Trump. El fallo definitivo no se espera hasta finales de junio o principios de julio. La mayoría conservadora, seis contra tres, hace poco probable un cambio en la argumentación de la misma.

Una aclaración: si finalmente Roe contra Wade es revocada, eso no significa que el aborto se vuelva ilegal en EE.UU.. Solo que el poder de decisión tornará a los Estados y, por tanto, los más conservadores ya no tendrán obstáculo federal para prohibirlo en su territorio. La distancia entre las dos Américas, una liberal y otra conservadora, se agrandará todavía más.

El GOP y Trump, historia de un amor de conveniencia

Para entender un poco el origen de lo que está ocurriendo hay que irse al último año de legislatura de Obama. A un año de las elecciones, Obama pretendió llenar la vacante dejada por el fallecimiento del juez Anthony Scalia con el moderado Merrick Garland (hoy Fiscal General de Joe Biden). El entonces líder del GOP en el Senado, Mitch McConnell se negó incluso a reunirse con Garland y bloqueó cualquier intento de nominación durante 293 días. El tiempo justo para que Donald Trump se hiciera con la presidencia de EE.UU..

Con Trump en la Casa Blanca, fue el ultraconservador Neil Gorsuch quien ocuparía la vacante de Scalia en el Alto Tribunal. No sería el único. En solo cuatro años, Trump colocaría dos jueces conservadores más: Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett. Los tres en la cincuentena, para una posición que, recordemos, es vitalicia salvo renuncia voluntaria –es el caso de Stephen Breyer cuyo asiento será ocupado por la jueza Ketanji Brown Jackson (51 años) en algún momento de este verano y confirmada por el Senado a propuesta del presidente Biden el pasado 7 de abril. 

Aquel fue el verdadero legado de Trump, un presidente que para hacerse con el poder en el GOP se alió con el ala más conservadora del movimiento republicano estadounidense, la misma que llevaba décadas esperando la oportunidad para asaltar SCOTUS. Un quid pro quo necesario para iniciar la estrategia de demolición de lo conseguido desde la década de los Derechos Civiles. En definitiva, una partida de póker en la que en Estados Unidos siempre se apuesta en una doble vertiente. Por un lado, a medida que crece el poder de SCOTUS decrece el de la Casa Blanca, y viceversa. Por el otro, a medida que decrece el poder del Gobierno federal, crece el de los Estados; también y viceversa. 

Y aquí estamos otra vez: “Es hora de hacer caso a la norma fundamental y devolver el tema a los representantes elegidos por el pueblo”, sentencia el borrador de Alito, en una clara referencia a los gobiernos estatales. En la práctica, la derogación de Roe contra Wade supondría la libertad de los Estados para decidir sobre los derechos reproductivos de 166 millones de mujeres. Insisto, el GOP lleva décadas fraguando esto, y la derrota de Trump hace dos años simplemente potenció el cambio de paradigma en los estados controlados por los republicanos donde sus gobernadores han preparado leyes restrictivas que entrarán en vigor inmediatamente.

Dos países y una puerta hacia el abismo

Hay un país azul demócrata a punto de convertirse en santuario de los derechos de las mujeres y preparándose para acoger una ola de turismo reproductivo. Hay otro rojo republicano, en el que más de una veintena de estados aguardan la confirmación de lo filtrado esta semana. Estados como Oklahoma, cuya Cámara de Representantes aprobó la semana pasada una estricta norma que prohíbe las intervenciones después de la sexta semana de gestación, antes incluso de que la mayoría de las mujeres sepan de su embarazo. O Texas, siempre a la vanguardia de la reacción y no solo en el ámbito sanitario, cuya nueva legislación, promulgada en septiembre y conocida como la “Ley del latido”, propone la persecución de los ciudadanos particulares que ayuden a una persona a poner fin a un embarazo no deseado. Se trataría de una puerta hacia un abismo: según sea interpretada la norma, un taxista que lleve a una mujer a una clínica abortiva, aunque sea en otro Estado, podría ser perseguido judicialmente con penas de hasta 10 años de prisión. Tras Texas y Oklahoma, Florida, Ohio y otros Estados del sur anuncian su intención de convertirse en “santuarios de la vida”. 

Este abismo no tendría por qué circunscribirse a las cuestiones reproductivas. Por ejemplo: en Lawrence contra Texas (2003), SCOTUS usó el mismo argumento de Roe contra Wade (derecho a la privacidad) para determinar que era inconstitucional castigar a las personas por cometer sodomía. Obergefell contra Hodges (2015), que legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo y utilizó el derecho a la privacidad y la cláusula de igual protección para hacerlo. Esto podría abrir la puerta para que un Estado trate de desafiar las leyes de matrimonio entre personas del mismo sexo y las distintas legislaciones en relación a la comunidad LGTBQ, que ya están en el punto de mira de los legisladores republicanos. De nuevo Texas, donde se ha llegado a plantear la posibilidad de poner a cargo de las autoridades a los niños trans si estos son apoyados por sus padres en su proceso de transición. Pero hay más: Griswold contra Connecticut (1965), que protege la capacidad de los matrimonios para comprar anticonceptivos sin restricciones gubernamentales. No se trata solo del aborto. O Meyer contra Nebraska (1923), que permite que las familias decidan si quieren que sus hijos aprendan un idioma que no sea inglés. Esto podría abrir la puerta para que Estados antinmigración intenten prohibir el aprendizaje de otros idiomas que no sean el inglés en las escuelas públicas. Incluso, la obligación estatal de ofrecer un sistema público de enseñanza (Plyler contra Doe, 1982), como ha anunciado que va a estudiar el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott. La educación pública nunca ha dejado de estar en el punto de mira republicano. 

También Skinner contra Oklahoma (1942), el fallo que declaró inconstitucional la esterilización forzosa de personas (se hizo con miles de mujeres afroamericanas). Hay quien ha señalado estos días que la caída de Roe contra Wade podría abrir la puerta para que algunos Estados determinaran la esterilización de delincuentes, personas discapacitadas o minorías de todo tipo. Sin duda, también el derecho al voto en un momento en el que en muchos Estados republicanos están aprobándose legislaciones encaminadas a restringir o dificultar el sufragio y que tienen a minorías raciales como principal objetivo.

En el origen de todo está la condición del juez Alito como ‘originalista’ constitucional. Con ese término se conoce a los magistrados que defienden que la Constitución debe interpretarse tal y como fue pensada por sus creadores hace más de dos siglos. Originalistas son también los jueces Thomas, Barrett, Gorsuch e, incluso, Kavanaugh también son originalistas. Los tres nominados por Trump.

Biden contra la Corte Suprema 

Muchos dicen que los senadores son los patricios del imperio americano. No es del todo cierto. Son los miembros de la Corte Suprema, depositarios de un poder casi omnipotente y sin aparente fecha de caducidad. Una situación sin paralelismo en ninguna otra democracia occidental.

El número de asientos en el Alto Tribunal permanece inalterado desde la presidencia de Ulysses S. Grant (1864-1865), y ante la herencia de Trump, no pocas voces llevan defendiendo la idea de que ha llegado el momento de ir a una nueva guerra contra la máxima institución judicial del país. En política estadounidense esto se conoce como Court Packing: que un presidente trate de incrementar –a veces reducir– el número de jueces del Supremo para lograr un tribunal con cierto equilibrio ideológico. En la práctica lo que se busca es una Corte más alineada con la Casa Blanca o el mismo Capitolio. En 1801, John Adams redujo el número de miembros de seis a cinco para evitar que su sucesor, Thomas Jefferson, pudiera nombrar a su propio magistrado. Poco después, el Congreso incrementó de cinco a siete el número de asientos. Andrew Jackson sumó dos más hasta conformar un Tribunal con nueve sillas. Más tarde, Lincoln añadiría una más; mientras que su sucesor, Andrew Johnson, volvería a reducir la alineación a siete, hasta que el mencionado Grant conformara los nueve actuales. 

La posibilidad de sumar nuevos jueces al actual SCOTUS, es algo que cuenta con la oposición frontal del GOP, muy cómodo con la situación actual, mientras que tampoco se ve claro en los círculos de poder más cercanos al presidente. No tanto por su problemática, es completamente legal y hay precedentes, sino porque supondría que la Administración Biden abriera un nuevo frente de batalla –sin cuartel y a todos los niveles, Partido Demócrata incluido–, y con la cita electoral de las elecciones de medio mandato –legislativas– el próximo noviembre. 

El enfrentamiento más sonado entre SCOTUS y la Casa Blanca data de 1933. EE.UU. vivía inmerso en la Gran Depresión y el entonces presidente, Franklin Delano Roosevelt, puso encima de la mesa su primer New Deal, la mayor expansión del Gobierno Federal de la historia de EE.UU. hasta la fecha. Su agenda populista(como fue calificada entonces, algunos dirían hoy socialista) chocó con la oposición frontal de un Tribunal muy conservador y receloso de un poder de Washington en expansión a costa del de los Estados. Todas las iniciativas contenidas en aquel primer New Deal fueron tumbadas por los togados, una tras otra. SCOTUS acababa de mudarse a su nueva y flamante sede y, en 1935, en un editorial publicado por The New Yorker se podía leer: “el nuevo edificio [de SCOTUS] dispone de unas grandes y maravillosas ventanas desde las que arrojar el New Deal”. 

Franklin Delano Roosevelt decidió cambiar de estrategia y reescribir las reglas del juego: amenazó con nominar un nuevo juez por cada miembro mayor de 70 años que se negara a retirarse. Esto suponía añadir seis nuevos magistrados hasta un total de quince. Todos ellos, claro, receptivos, cuando no directamente favorables, a las políticas del presidente. No fue necesario. El Alto Tribunal aflojó, y para 1937 un segundo paquete del New Deal pasó el dictamen de SCOTUS. Fruto de aquella victoria, los ciudadanos de EE.UU. contaron por vez primera con salario mínimo federal, seguridad social (nada que ver con la española) o el derecho de los trabajadores a formar sindicatos. En los siguientes dos años, la mayor parte de los jueces más conservadores optó por retirarse y Roosevelt fue sustituyéndolos. Un nuevo SCOTUS se centraría desde entonces en el ámbito de los llamados “derechos individuales”, un rincón al que nadie había hecho demasiado caso desde el punto de vista constitucional. Este sería el germen de lo que se consumaría en los años sesenta, y cuyas bases comenzaron a asentarse en 1952 con la sentencia de Brown contra Board of Education, que supuso el inicio del fin de la segregación racial en el sistema educativo y, por extensión, en todo el país. 

El problema hoy es que Biden no es Roosevelt, y sí un presidente mucho más débil, con un partido más dividido y una oposición mucho más escorada hacia la derecha. 

No se trata del aborto, insisto. Se trata, una vez más, de derechos civiles y en último término del equilibrio de poderes entre Washington y los Estados. Un sector de la sociedad estadounidense, la ultraderecha religiosa, ha unido sus fuerzas a la élite más conservadora y libertaria a nivel económico, y ha decidido que ya basta. Que hay que poner orden en unas libertades civiles que tachan de libertinaje, contrarias incluso al modo de vida americano. El derecho al aborto es el primer asalto. 

McCorvey, la Jane Roe original, no pudo beneficiarse de su lucha: fue madre de una niña en junio de 1970 que acabaría dando en adopción. Se convirtió, sin quererlo, en un símbolo de la lucha por los derechos reproductivos de las mujeres en Estados Unidos. Con posterioridad cambió de idea, y se convirtió en una convencida antiabortista. Ello no impidió que su caso garantizase constitucionalmente el derecho a interrumpir un embarazo hasta la semana número 23, en la que se fija la viabilidad del feto, y el derecho de millones de mujeres a decidir sobre su propio cuerpo en condiciones de legalidad y salubridad. 

“En muchas otras ocasiones, este Tribunal ha anulado importantes decisiones constitucionales…”, dice el texto de Alito. “Sin esas decisiones, la ley constitucional estadounidense tal y como la conocemos sería irreconocible, y este sería un país diferente”. Lo que nadie podría sospechar es que el país podría regresar en 2022 a un tiempo en el que una mujer debía cambiar de Estado o jugarse la vida y la libertad en la clandestinidad si decidía no ser madre.

Por Diego E. Barros 8/05/2022

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El documento de Amnistía Internacional describe ejecuciones de civiles.

Amnistía Internacional denunció presuntos crímenes de guerra perpetrados por el gobierno de Vladimir Putin en la periferia de la capital ucraniana. La secretaria general de la organización Agnès Callamard presentó en Kiev el informe de una investigación que detalla los hallazgos realizados en esa zona, en el cual se condena el "uso ilegítimo de la fuerza" por los ataques contra civiles y se exige que los agresores rindan cuentas ante la Justicia.

El documento He's Not Coming Back: War Crimes in Northwest Areas of Kyiv Oblast ("Él no volverá: Crímenes de guerra en las áreas del noroeste de la provincia de Kiev") se compone de entrevistas a ucranianos y un análisis de las pruebas recabadas sobre el terreno durante un trabajo de campo de doce días. Además, documenta ataques aéreos considerados ilegítimos, cometidos en Borodyanka, así como ejecuciones extrajudiciales en varias localidades, como Adriivka, Vorzel o Bucha.

"Seamos claros, las ejecuciones extrajudiciales cometidas en un conflicto armado internacional son un crimen de guerra; los ataques aéreos indiscriminados llevados a cabo con intenciones dolosas son también crímenes de guerra", dijo Callamard durante una rueda de prensa. La secretaria general también ha recordado que la invasión del Kremlin también ha supuesto ataques desproporcionados y abusos contra civiles, algunos alojados en refugios.

El informe de Amnistía Internacional hace especial hincapie en la rendición de cuentas, recalcando que "todos los responsables, incluyendo la cadena de mando, deben ser llevados ante la Justicia".

Pruebas 

Según registra el informe, al menos cuarenta personas murieron tras la devastación de todo un barrio en Borodyanka, dejando a miles de personas sin hogar. En la ahora tristemente famosa ciudad de Bucha y en otros pueblos al noroeste de Kiev se registraron 22 homicidios, los cuales podrían ser mayoritariamente ejecuciones extrajudiciales. Amnistía Internacional entrevistó a civiles de estas localidades y visitó los lugares donde se llevaron a cabo los supuestos crímenes.

La investigación relata que a finales de febrero las tropas del ejército ruso ocuparon Bucha, a unos treinta kilómetros de Kiev, y entre el 4 y el 19 de marzo, se pudieron haber realizado cinco ejecuciones extrajudiciales. Además, entre el 1 y el 2 de marzo se llevaron a cabo varios ataques aéreos sobre Borodyanka, a sesenta kilómetros de la capital, alcanzando ocho edificios de apartamentos en los que vivían más de seiscientas familias.

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Colombia: fueron asesinados 53 defensores de DD.HH. entre enero y marzo

Los departamentos del Cauca y Putumayo, los más violentos

Al desglosar las cifras del trimestre, Somos Defensores indicó que 15 homicidios ocurrieron en enero, 20 en febrero y 18 en marzo, y que cuatro víctimas fueron mujeres y 49 hombres.

Colombia sigue inmersa en un huracán de violencia contra los defensores de derechos humanos y líderes sociales. Un total de 53 defensores de derechos humanos fueron asesinados entre enero y marzo de este año, según un informe del Programa Somos Defensores divulgado este jueves que además documenta 254 agresiones, entre homicidios, atentados y amenazas. El año 2021 no se quedó atrás: 139 líderes sociales asesinatos y 996 agredidos, lo que supone una media de 2,7 ataques diarios en el año más violento de los últimos 12.

El Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (Siaddhh), en el cual se basó Somos Defensores para su análisis, calificó esta cifra como "alarmante, pues supera los 28 casos confirmados durante el mismo período de 2021, con un incremento del 89 % (25 casos más)".

El programa también divulgó los datos de violencia contra los defensores en 2021, el "más violento de los últimos 12 años en contra de este sector" en el que documentó 996 agresiones, entre ellas 139 asesinatos.

Al desglosar las cifras del trimestre, Somos Defensores indicó que 15 asesinatos ocurrieron en enero, 20 en febrero y 18 en marzo, y que cuatro víctimas fueron mujeres -dos lideresas comunitarias, una de víctimas y una del sector LGBTI- y 49 hombres.

Cauca y Putumayo

En los departamentos del Cauca (suroeste) y Putumayo (sur) se registró el mayor número de asesinatos de defensores, con siete en cada uno de ellos.

"Durante este período, el Cauca volvió a ocupar el primer lugar en número de asesinatos, lugar en el que las personas defensoras se desenvuelven entre hostilidades por la presencia de los grupos armados, principalmente las disidencias de las FARC", puntualiza el Programa.

En Nariño hubo 6 asesinatos, seguido de Arauca (5), Norte de Santander (4), Cesar y Chocó (3) y Antioquia, Bolívar, Caquetá, San Andrés, Santander y Valle del Cauca (2).

Mientras tanto en Boyacá, Casanare, Córdoba, La Guajira, Meta y Tolima hubo un homicidio en cada uno de ellos.

Al analizar los liderazgos que esas personas ejercían se tiene que el mayor número de víctimas corresponde a los comunales, con 16 casos; seguido de indígenas, 12; comunitarios, 11, y campesinos, 4, entre otros.

En cuanto a los presuntos responsables de los 53 asesinatos, 40 se atribuyen a autores desconocidos, 7 a las disidencias de las FARC, 2 a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), 2 al Ejército y 2 a paramilitares.

"Estos datos hacen que se mantenga la tendencia de períodos anteriores donde en la mayoría de los casos no es posible determinar la autoría de los asesinatos, lo que dificulta las labores de investigación y judicialización y contribuye a la persistencia de la impunidad", señala el informe.

Al referirse a las 254 agresiones, Somos Defensores puntualiza que en Colombia ocurrió una media de 2,8 diarias entre enero y marzo.

"Con esta cifra se tiene un incremento del 41 % en comparación con el mismo período de 2021 cuando se registraron 180 hechos", dice el documento que agrega que las cifras hacen que el 2022 se "proyecte como un año altamente peligroso, donde las amenazas se han hecho efectivas y han cobrado la vida de quienes ejercen el liderazgo social en las regiones", concluye. 

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