Viernes, 06 Mayo 2022 05:47

Detrás del cartel

Detrás del cartel

Cómo las empresas estadounidenses financian la prohibición del aborto

Estados Unidos está a pocos días de perder su histórica protección federal al derecho al aborto legal. Detrás de la retórica feminista de sus megaempresas se esconde el dinero que estas compañías destinan a los políticos ultraconservadores.

Un borrador interno de la Corte Suprema de Estados Unidos, publicado por Politico el lunes 2, indica que el máximo tribunal anularía la jurisprudencia sentada por el célebre caso Roe versus Wade, lo que eliminará las protecciones constitucionales para el aborto legal, que han estado vigentes en ese país durante 48 años. «La sentencia de Roe versus Wade estaba terriblemente equivocada desde un comienzo», escribe en el borrador filtrado el juez Samuel Alito. Según los informes, la posición de Alito cuenta con el apoyo de otros cuatro jueces conservadores del tribunal. El grupo incluye a tres jueces designados recientemente por el expresidente Donald Trump: Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett.

Es técnicamente posible que uno o más de estos jueces cambien de opinión antes de que se publique oficialmente la decisión. Pero parece muy probable que las protecciones federales para el aborto legal se evaporen en unas semanas. Dieciocho estados estadounidenses ya tienen preparadas leyes que en la práctica prohibirán el aborto en todos los casos tan pronto como Roe sea revocado (aunque algunos de estos estados tienen excepciones por violación, incesto o la vida de la madre). Otros cuatro estados prohibirán el aborto después de las seis semanas: antes, incluso, de que muchas mujeres sepan que están embarazadas.

Las fuerzas contrarias al aborto legal han estado presionando para lograr este resultado desde el momento mismo en que se zanjó el caso Roe versus Wade, en 1973. Pero el esfuerzo ha cobrado un impulso significativo desde 2016, con la elección de Trump. Requirió de la acumulación y el ejercicio de poder tanto a escala federal como estatal, con tres objetivos claros.

  1. EL CONTROL REPUBLICANO DEL SENADO

Después de que el juez de la Corte Suprema Antonin Scalia muriera en febrero de 2016, el líder de la mayoría en la Cámara Alta, Mitch McConnell, republicano por Kentucky, se negó a permitir que el Senado considerara siquiera el candidato a reemplazar a Scalia, elegido por el entonces presidente, Barack Obama, a pesar de que a Obama le quedaba casi un año de mandato. Sin embargo, después de que Trump fuera elegido en 2016, McConnell modificó las reglas obstruccionistas de la cámara para aprobar la nominación de Gorsuch y Kavanaugh, y, aunque la magistrada progresista Ruth Bader Ginsburg murió pocas semanas antes de que Trump perdiera su reelección, McConnell forzó la nominación de la ultraconservadora Coney Barrett como reemplazo de Bader Ginsburg. Lo cierto es que ninguna de estas nominaciones hubiera sido posible sin el control republicano del Senado, y el grupo más importante involucrado en asesorar y financiar la elección de candidatos republicanos para ese órgano es el Comité Senatorial Republicano Nacional (NRSC, por sus siglas en inglés).

  1. EL CONTROL REPUBLICANO DE LAS LEGISLATURAS ESTATALES

Animadas por este nombramiento en la Corte Suprema de magistrados que eran abiertamente hostiles a la jurisprudencia sentada por Roe versus Wade, las legislaturas estatales controladas por políticos contrarios al aborto legal se dedicaron a aprobar prohibiciones a nivel estatal. El grupo más importante involucrado en asesorar y financiar la elección de candidatos republicanos para las legislaturas estatales es el Comité de Liderazgo Estatal Republicano (RSLC, por sus siglas en inglés).

  1. EL CONTROL REPUBLICANO DE LAS GOBERNACIONES

No es suficiente que las legislaturas estatales aprueben la prohibición del aborto. Necesitan un gobernador contrario al aborto legal que convierta esas prohibiciones en ley. El grupo más importante involucrado en asesorar y financiar la elección de candidatos republicanos para las legislaturas estatales es la Asociación de Gobernadores Republicanos (RGA, por sus siglas en inglés).

Acumular tanto poder no es fácil y, en Estados Unidos, es tremendamente caro. Pero las fuerzas contrarias al aborto legal tuvieron un aliado fundamental: las grandes empresas. Un análisis de Popular Information sobre donaciones políticas corporativas encontró que 13 empresas importantes han donado más de 15 millones de dólares al NRSC, el RSLC y la RGA desde 2016.

Esta cifra es apenas una pequeñísima muestra del papel que las grandes empresas estadounidenses han desempeñado para poner fin a las protecciones constitucionales al derecho al aborto. Primero, solo incluye a 13 grandes compañías e, incluso dentro de ese reducido grupo, no incluye las contribuciones PAC (sigla de Comité de Acción Política, en español), que se donan directamente a las campañas individuales de los políticos. No incluye tampoco dinero donado al NRSC, el RSLC y la RGA por cámaras empresariales. También excluye el apoyo empresarial a organizaciones sin fines de lucro contrarias al aborto legal, como la Heritage Foundation y la Federalist Society, porque esas contribuciones no están obligadas por la ley a ser de naturaleza pública.

Pero esta cifra limitada deja en claro el papel central del dinero de las grandes empresas en la reversión inminente de Roe versus Wade, incluido el dinero de muchas corporaciones que dicen ser campeonas de los derechos y la igualdad de las mujeres, como las que aparecen en la siguiente lista.

Amazon: El CEO de Amazon, Andy Jassy, afirma que la compañía promueve «la igualdad de género y el empoderamiento en el lugar de trabajo, el mercado y las comunidades». El lunes, Amazon anunció que «pagará anualmente [a sus empleados] hasta 4 mil dólares en gastos de viaje por tratamientos médicos que no impliquen riesgo de vida, incluidos abortos». La asignación se aplicará «si una operación no está disponible en un radio de 160 quilómetros de la casa de un empleado». Pero desde 2016, Amazon ha donado 974.718 dólares a comités políticos contrarios al aborto legal, incluidos 75 mil al NRSC, 789.718 a la RGA y 110 mil al RSLC.

AT&T: En el Informe de Diversidad, Igualdad e Inclusión 2020 de AT&T, su CEO, John Stankey, dijo que uno de los «valores centrales» de la compañía es «la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres». El 26 de agosto, AT&T celebró el Día de la Igualdad de la Mujer, diciendo que era «un día para reflexionar sobre los muchos desafíos que aún enfrentan las mujeres en nuestra sociedad para lograr la equidad». La compañía dijo públicamente que «las mujeres empoderadas son claves para el éxito de sus comunidades». Pero, desde 2016, AT&T ha donado 1.472.827 dólares a comités políticos contrarios al aborto legal, incluidos 330 mil al NRSC, 984.827 a la RGA y 158 mil al RSLC. AT&T también ha sido uno de los principales donantes PAC de políticos estatales individuales que impulsan la prohibición del aborto.

Citi: La compañía financiera dice que «está tomando medidas para promover la equidad de género dentro de sus oficinas y en las comunidades de todo el mundo». En un informe de 2017, Citi dijo que uno de los obstáculos que frenan a las mujeres en la economía son las «restricciones a sus derechos reproductivos». La compañía dice querer crear un mundo donde «los derechos de las mujeres sean reconocidos y las mujeres estén empoderadas para ser participantes libres e iguales en una economía global robusta, sostenible e inclusiva». En marzo, Citi anunció que «cubriría los costos de viaje de los miembros del personal radicado en Estados Unidos que tienen que viajar fuera de su estado de origen para practicarse un aborto». Pero, desde 2016, Citi ha donado 685 mil dólares a comités políticos contrarios al aborto legal, incluidos 90 mil al NRSC y 595 mil al RSLC.

Coca-Cola: La empresa dice que «existe evidencia abrumadora de que lograr la igualdad y el empoderamiento de las mujeres tiene amplios efectos buenos para la sociedad». Pero, desde 2016, Coca-Cola ha donado 2.624.000 dólares a comités políticos contrarios al aborto legal, incluidos 105 mil al NRSC, 2.325.000 a la RGA y 194 mil al RSLC.

Google: «Luchamos por un futuro donde haya equidad en todo el mundo, igualdad de oportunidades para el éxito en todos los campos y donde las mujeres estén seguras tanto online como en el mundo físico», ha dicho la compañía. El 8 de marzo, Google tuiteó que está «trabajando para ayudar a las mujeres a priorizar sus necesidades, poniendo énfasis en su seguridad y salud, creando oportunidades equitativas y celebrando sus logros». Pero, desde 2016, Google ha donado 525.702 dólares a comités políticos contrarios al aborto legal, incluidos 195 mil al RSLC, 225.702 a la RGA y 105 mil al NRSC.

Walmart: La cadena de retail dice estar comprometida «a celebrar, desarrollar y animar a las mujeres de todo el mundo, tanto dentro de la empresa como en las comunidades a las que esta sirve». En 2019, la compañía tuiteó que «empoderar a las mujeres crea valor compartido: es bueno para la sociedad y es bueno para los negocios». Pero, desde 2016, Walmart ha donado 1.140.000 dólares a comités políticos contrarios al aborto legal, incluidos 755 mil a la RGA, 195 mil al NRSC y 190 mil al RSLC.

Otros grandes contribuyentes a comités partidarios contrarios al aborto legal incluyen a General Motors (2.405.900), Comcast (1.869.604), CVS (1.380.000), Verizon (901.150), Walgreens (496.700), Wells Fargo (471.800) y T-Mobile (343.400).

Por Judd LegumRebecca Crosby
6 mayo, 2022

(Publicado originalmente en Popular Information. Traducción de Brecha.)

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En riesgo, el aborto legal en Estados Unidos

Washington. Un borrador de opinión que circuló entre los jueces de la Suprema Corte de Estados Unidos sugiere que en febrero la mayoría de ellos apoyó la anulación del histórico caso de 1973 Roe v. Wade que legalizó el aborto en todo el país, según un informe publicado anocheen el portal Politico.

No está claro si el borrador representa la última palabra de la Suprema Corte sobre el asunto.

Ningún proyecto de decisión en la historia moderna del máximo tribunal se había hecho público mientras un caso estaba pendiente, por lo que significa una revelación sin precedente, señaló el New York Times.

Politico publicó lo que se denominó un "primer borrador" de la "opinión de la Corte" en un caso que impugnaba la prohibición del aborto en Misisipi después de 15 semanas, caso conocido como Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization.

Según el borrador, la corte anularía la decisión del caso Roe v. Wade para un derecho constitucional federal al aborto. La opinión sería la decisión de este tema más importante en décadas y transformaría el panorama de la salud reproductiva de las mujeres en Estados Unidos, indicó CNN.

El impacto inmediato del fallo, tal como está redactado, permitiría que cada estado decidiera si restringe o prohíbe los abortos, reportó el portal.

La Suprema Corte aún tiene que emitir un fallo en el caso, y se sabe que las opiniones, e incluso los votos, cambian durante el proceso de redacción. Se espera que el tribunal se pronuncie antes de que concluya su mandato, a finales de junio o principios de julio.

El borrador está firmado por el juez Samuel Alito, miembro de la mayoría conservadora de 6-3 de la Suprema Corte.

"Sostenemos que Roe y Casey deben ser anulados", señala el borrador. "Es hora de hacer caso a la Constitución y devolver el tema del aborto a los representantes electos del pueblo".

Politico dice que autentificó el borrador, pero la agencia Ap no pudo confirmar su veracidad.

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Jenny al lado del recuerdo vivo de su hijo. Foto por Angélica Bohórquez.

“Tribunal popular busca justicia para las doce víctimas de la represión en Siloé, dice Isabela Albán

 

El martes 3 de mayo se instala en Cali el Tribunal Popular de Siloé ‘Operación Zapateiro’, que escuchará los testimonios de familiares de las doce personas de este sector de la capital del Valle asesinadas en la represión desatada por el gobierno de Iván Duque contra el pueblo caleño.

En el Tribunal Popular, que contará con jueces internacionales, también serán escuchados testimonios de familiares de muchas otras de las 48 personas asesinadas por la Fuerza Pública en Cali y de los afectados por las violaciones masivas de derechos humanos en las que incurrieron agentes del régimen de Duque en la represión contra los participantes en el Paro Nacional, iniciado el 28 de abril de 2021.

La instalación del Tribunal se efectuará a las 5:00 p.m. del martes 3 de mayo, en el Parque de la Horqueta de Siloé, sur occidente de Cali.

Entre el 4 de mayo y el 8 de septiembre se hará el acopio de pruebas y la contrastación de evidencias, en tanto que el 9 de septiembre se llevará a cabo la audiencia de juicio, acusación e impugnación.

El 10 de diciembre se conocerá la sentencia de este juicio social, orientado a evitar que haya impunidad por los crímenes de lesa humanidad cometidos por las Fuerzas Armadas a órdenes del gobierno de Duque.

Impulsan este ejercicio de control y justicia social los familiares de las víctimas, el Museo Popular de Siloé, la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia, la Unicatólica, el colectivo Nomadesc, el movimiento N21 Incluyente y Diverso y la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de los Pueblos.

El Tribunal cuenta también con el apoyo de la Arquidiócesis de Cali, la Corporación Colectivo de Abogados Suyana, la Corporación Jurídica Yira Castro, la Asociación Americana de Juristas (Capítulo Colombia), el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y el Colectivo 28A, entre muchas otras organizaciones, además de varias instituciones internacionales.

PERIODISMO LIBRE dialogó sobre el Tribunal con la socióloga Isabella Albán H., integrante del Museo Popular de Siloé y una de las organizadoras del certamen, quien sostuvo que el evento procura, entre otros objetivos, que haya justicia para la memoria de las doce personas asesinadas en la represión llevada a cabo por los órganos armados del Estado contra la comunidad de Siloé entre abril y junio de 2021.

El Tribunal Popular de Siloé ‘Operación Zapateiro’ se cumple al conmemorarse un año de iniciado el Paro Nacional y el levantamiento social contra las políticas neoliberales y violatorias de los derechos humanos del gobierno de Duque.

La Operación Zapateiro hace referencia al plan que anunció el régimen a través del comandante del Ejército, general Enrique Zapateiro, quien sostuvo ante Duque que en una semana “recuperaría el orden en Cali”, anunció que tuvo terribles consecuencias que serán objeto de documentación en el Tribunal Popular de Siloé.

Cali, domingo 1 de Mayo de 2022.

Periodismo libre

 

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Lunes, 02 Mayo 2022 05:49

1º de mayo

Trabajadores de Amazon se manifiestan ayer en Manhattan, Nueva York. Los emplea-dos de una planta de la megaempresa se sindicalizaron hace un mes, lo que retumbó en Estados Unidos, ya que desafiaba los pro-nósticos de políticos y líderes sindicales de que era casi imposible, y ahora hay esfuerzos para replicar eso por todo el pais. Foto Afp

La primera victoria laboral contra la empresa del segundo hombre más rico del país y la ola de triunfos en decenas de tiendas Starbucks a favor de la sindicalización de trabajadores –todo a pesar de esfuerzos antisindicales multimillonarios– en las últimas semanas nutre la esperanza de que los mártires de Chicago están resucitando, una vez más.

El Día de los Trabajadores, que nació con el movimiento por la jornada de ocho horas encabezado por anarcosindicalistas y otros trabajadores rebeldes –muchos de ellos inmigrantes– hace 136 años en Chicago y que se festeja por todas partes del planeta no se celebra oficialmente en Estados Unidos. Pero fueron justo los trabajadores inmigrantes que rescataron la memoria de los mártires de Chicago para los estadunidenses, empezando en el movimiento de millones en la primavera de 2006 –incluyendo el primero de mayo– con marchas y eventos que continúan hasta hoy día en esa fecha.

El extraordinario triunfo de trabajadores en la ciudad de Nueva York que votaron a favor de sindicalizar por primera vez una planta de la megaempresa Amazon en un sindicato independiente llamado Amazon Labor Union hace un mes retumbó alrede-dor del país ya que desafiaba los pronósticos de políticos y líderes sindicales de que tal logro era casi imposible, y ahora hay esfuerzos para replicar eso por todo el pais. Por otro lado, el primer triunfo de trabajadores de Starbucks para sindicalizar una de las miles de tiendas de esa empresa en diciembre, en Búfalo, Nueva York, se está multiplicando (trabajadores en más de 170 tiendas han solicitado una elec-ción sindical) y a la fecha ya son 44 las tiendas que han votado por agremiarse en el nuevo sindicato de Starbucks Workers United. Muchos de estos esfuerzos están encabezados por jóvenes.

A la vez hay triunfos en varios otros sectores en los últimos meses, por ejemplo los casi 500 trabajadores de tecnología del New York Times votaron por agremiarse, al igual que los trabajadores del Instituto de Arte de Chicago.

Sólo en los últimos seis meses se ha registrado un incremento de 57 por ciento en el número de trabajadores y agrupaciones laborales que formalmente exigen ser representados por un sindicato, reporta Reuters.

También hay acciones sin precedente, como el piquete flotante de huelguistas ante una refinería de Chevron en Richmond, California, donde se busca que los buques no crucen esa línea, es resultado de una nueva alianza entre el sindicato siderúrgico United Steelworkers y la organización ambientalista Greenpeace.

Todo esto en el momento mas débil del movimiento sindical en casi un siglo resultado de una ofensiva neoliberal durante los últimos 40 años que ha logrado reducir la tasa de sindicalización del sector privado a sólo un 6 por ciento, y con un incremento dramático de la concentración de riqueza sin precedente entre el uno por ciento más rico.

Pero lo de Amazon y Starbucks no salió de un vacío, ya que a lo largo de la última década hubo estallidos y rebeliones laborales, incluyendo la ola de huelgas de maestros en 2018 y 2019 en varios estados, acciones de trabajadores del sector de comida rápida en todo el país por un salario mínimo digno de 15 dólares la hora (el salario mínimo oficial de 7.25 dólares no ha sido modificado en décadas), nuevos sindicatos universitarios y hasta huelgas dentro de prisiones en 17 estados por reos obligados a trabajar por un dólar la hora, y acciones mas tradicionales, como la huelga de más de un año de los mineros en Alabama.

"Desde baristas hasta trabajadores de almacenes y maestros hay algo común, una clase trabajadora machacada década tras década. A través del país, gente trabajadora rehúsa ser pieza en el engranaje de la máquina de la clase multimillonaria. Este primero de mayo recordemos el poder de nuestra solidaridad y concluyo que cuando los trabajadores en nuestro país y alrededor del mundo se juntan, no hay nada que nos puede detener en la lucha por la justicia".

Almanac Singers. Talking Union. https://open.spotify.com/track/0yuKuvDJlOf4GjUtf3OPjf?si=3a90eecd2e824c35

Bruce Springsteen, Tom Morello. Ghost of Tom Joad. https://www.youtube.com/watch?v=B-c6GphpAeY

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Estados Unidos: medidas draconianas para la crisis migratoria que se aproxima

El presidente Biden se juega en la frontera con México las chances del Partido Demócrata en las elecciones de medio término que se harán el 8 de noviembre.

Estados Unidos no puede superar el viejo problema de su frontera sur. Sigue limitado al uso de dos herramientas punitivas ante cada crisis migratoria que se le viene encima. Son la deportación inmediata de indocumentados o su detención durante varios meses en una cárcel ordinaria. No incluye este racconto la ampliación del muro que lo separa de México. La primera medida llamada Título 42 es hija de las políticas xenófobas de Donald Trump que se exacerbaron con la pandemia. Es muy posible que pierda vigencia el 23 de mayo si el gobierno de Joe Biden no la mantiene. Con lo que podrían suceder dos cosas: un aumento en el flujo de personas desde Centroamérica y el endurecimiento todavía mayor de otros dispositivos para frenarlas. Si la situación se volviera explosiva en el hemisferio norte camino al verano, el Partido Demócrata estaría en aprietos para mantener la módica ventaja que conserva en las dos cámaras del Congreso. 

El 8 de noviembre son las elecciones de medio término. El debate sobre la inmigración es un tema no saldado y hay republicanos que siguen aplicando mano dura como el gobernador de Texas, Greg Abbott. Su operación Estrella Solitaria (Lone Star) le permite realizar arrestos indiscriminados bajo cualquier cargo. Medios estadounidenses denunciaron que aun pagando fianza, hubo detenidos que no fueron liberados. Un grupo de ellos demandó al gobernante porque consideró que su estrategia para la frontera es inconstitucional.

Si se trazara una línea de tiempo en políticas migratorias, ni todos los demócratas han sido condescendientes con el fenómeno, ni la intolerancia es una condición exclusiva del Partido Republicano. El ejemplo clásico que suele citarse es el de Barack Obama. Cuando llegó a la Casa Blanca en 2009 deportó más latinoamericanos que Trump en su primer año de gobierno. Incluso en sus dos mandatos superó la cantidad de expulsados que George W. Bush provocó en sus ocho años de gobierno. 

Título 42

Ahora el dilema de qué hacer ante un problema que puede incidir en las legislativas de noviembre, lo tiene Biden. El llamado Título 42 aprobado en 2020 durante la presidencia del magnate republicano es un instrumento legal que a EE.UU le permite deportar antes de que un migrante presente el pedido de asilo. El trámite es expeditivo y así, en lo que va del año fiscal 2022 – se lo considera a partir del 1° de octubre de 2021 – el 51 % de los migrantes detenidos por cruzar la frontera fue deportado bajo la normativa del Título 42.

La aplicaba y continúa haciéndolo, la Policía de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por su sigla en inglés) que desde el 20 de marzo de 2020 y por una cuestión de Salud Pública, impide la entrada de extranjeros que “potencialmente representan un riesgo para la salud”. Esa medida es la que hoy se está discutiendo, ya superada la peor etapa de la pandemia.

El gobierno de Biden todavía no definió qué hará porque el draconiano Título 42 es un disuasivo que no frena el incontenible flujo migratorio, pero le sirve para demorar el eventual desborde que se avecina. Especialistas en el tema ya lo vaticinan. El actual presidente había anticipado el final de la norma que permitió deportar poco más de un millón de personas en los últimos seis meses. Se basó en el criterio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) que aconsejaron terminar con ella.

Pero entre quienes se oponen a la derogación del Título 42 se encuentra el gobernador texano. Abbott es un halcón republicano que el 3 de junio de 2021 ya había declarado en la cadena ultraconservadora Fox News: “Sigo la ley, y la que voy a usar será la forma legal en la que Texas comenzará a arrestar a todos los que crucen la frontera. No solo arrestarlos, sino que debido a que esto ahora será un allanamiento de morada con agravantes, pasarán medio año en la cárcel, o un año”.

La amenaza la puso en práctica bajo lo que se conoce como la operación Estrella Solitaria (Lone Star). Una investigación de los medios ProPublica, The Texas Tribune y The Marshall Project aporta evidencias sobre presuntas irregularidades cometidas por Abbott con dinero público para mantener blindada la frontera de su estado, Texas.

Quienes padecen todavía el Título 42 o la incipiente política contenida en Lone Star, son los inmigrantes mexicanos o que provienen del denominado Triángulo Norte de Centroamérica: Guatemala, Honduras y Salvador. Para justificar las medidas contra ellos, Abbott se basa en que “Biden no está asegurando la frontera, el estado de Texas tiene que intensificar y gastar el dinero de los contribuyentes para hacer el trabajo del gobierno federal”.

Los medios que investigaron a Abbott publicaron que la operación Estrella Solitaria “ha contado arrestos por delitos sin conexión con la frontera e incluido recuentos de drogas capturadas en todo el estado en comunidades que no recibieron recursos adicionales de la iniciativa”. Los movimientos del gobernador que va por su reelección – y es muy crítico de Biden – continuarán hasta el 31 de mayo.

El republicano se opone a que el Título 42 desaparezca porque sería una decisión “sin precedentes y peligrosa”. También declaró: “Texas tomará sus propias medidas sin precedentes este mes para hacer lo que ningún estado de EE.UU ha hecho jamás en la historia de este país y asegurar mejor nuestro estado y nuestra nación”.

El gobernador es un dinosaurio cuyos planes contra la inmigración incluyen una batería de medidas adicionales: bloqueos de botes en el Río Grande, la colocación de alambres de púas en cruces de aguas bajas y autobuses financiados por el Estado para que trasladen a los solicitantes de asilo hasta el Capitolio en Washington. Aclara, “de forma voluntaria”, una manera de trasladarle el problema al gobierno federal que ejerce Biden.

Hoy los detenidos se cuentan por miles y las denuncias por violaciones a los Derechos Humanos son reflejadas en medios de los estados fronterizos. El viernes, el presidente de EE.UU llamó a su par mexicano Andrés Manuel López Obrador. La conversación duró 45 minutos e incluyó los problemas migratorios irresueltos. La portavoz de la Casa Blanca Jen Psaki declaró: “Fue planeada en parte por la Cumbre de las Américas y también por el próximo levantamiento del Título 42 y la anticipación y expectativa del Departamento de Seguridad Nacional sobre el aumento de la afluencia de migrantes que intentan cruzar la frontera”. Las oleadas de desesperados no se detendrán. Los esperan para esta primavera en Estados Unidos. Biden se juega en su frontera sur el futuro de su gobierno en los próximos dos años.

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Los falsos positivos, problema de fe y problema de todos

Durante los días 26 y 27 de abril, en Ocaña, tuvo lugar una audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz y lo que allí se dijo dejó estremecida a la Colombia sensible.  9 militares y un civil que colaboraba con ellos confesaron crímenes de lesa humanidad y dejaron patente lo que tanto se ha tratado de negar, y es que una estructura criminal se incrustó en nuestro ejército colombiano, y fue esa la que dio lugar a 6.402 ejecuciones extrajudiciales, aquí conocidas como “falsos positivos”,  y esto atendiendo sólo a los casos que han llegado al registro del mencionado tribunal, y es que, según los familiares de los desaparecidos, son todavía muchísimos más.  Después de lo que oímos no hay más lugar a negacionismo y los familiares saben que apenas empieza a destaparse lo que todos tenemos que saber y echarnos a la conciencia para poder construir un nuevo país.

Los militares confesaron que para tener contento a un gobierno que pedía resultados, esto es bajas, y presionaba para poder demostrar que ganaba la guerra, recurrieron a reclutar muchachos inocentes, a llevárselos con promesas de trabajo, y mientras todo esto lo hacían unos, los otros preparaban la escena de un supuesto combate, conseguían los uniformes de guerrilleros que les pondrían después de asesinarlos, se proveían de las armas que habría que dejar en los puños de los muertos y hacían los documentos para certificar su “triunfo”, los tenían unos días en casas que se prestaban para ello, y el día acordado los asesinaban borrando todo rastro de su identidad para que sus seres queridos no los encontraran.  Y la cosa no terminaba ahí, después de presentar los resultados, los asesinos recibían dinero, vacaciones, ascensos, condecoraciones, “la gloria militar”.

Víctima es la palabra que usamos para designar lo que se sacrifica en un altar, lo que se le ofrece a un ídolo.  Sólo los ídolos piden víctimas, Dios que es padre, no las quiere y no quiere la sangre de nadie;  si hay víctimas en Colombia es que hay ídolos puestos sobre nuestros altares y están diciéndonos, con sus gritos y su muerte, que, incluso cuando vamos a los templos y hacemos caridad, estamos no delante de Dios sino de muchos ídolos.  Dios es uno, los ídolos son muchos, son legión. Sangre derramada es siempre señal de ídolos apaciguados. Entonces, ¿cuáles son esos ídolos que nos han pedido sobre sus altares 6.402 “falsos positivos” y que se siguen tragando la sangre de 9.263.826 víctimas contadas en el Registro Único de Víctimas (RUV)? ¿Mientras las rodillas de las mayorías cristianas y católicas se doblan en los templos, delante de quien se arrodillan los corazones?

Hay una palabra que puede señalarnos la identidad de uno de estos ídolos, y es “seguridad”.  La invocamos a menudo y nuestros gobiernos se glorían de ella; a nombre de la seguridad se impusieron las dictaduras en nuestra América Latina y se persiguió, se torturó, se desapareció, se asesinó; la seguridad como un dios al que había que apaciguar y tener tranquilo.  Y esa misma palabra, que nombra un ídolo, tiene mucha historia en Colombia, y sigue siendo clave para atraer adoradores en la campaña electoral de estos días. 

Todo lo que promete un ídolo es mentira y aquí en esta palabra si que hay mentiras; por lo que hemos oído en la audiencia de esta semana llegamos a saber que la tal seguridad era sólo una falacia para cuidar capitales, pero no para cuidar a la gente.  Los dueños de fincas y de las empresas se arrodillaban ante la seguridad que les ofrecían los militares que cuidaban las carreteras para que pudieran salir a visitar sus predios, a hacer sus negocios y a divertirse, y desconocían, o ni les interesaba, que  muchachos desempleados y en la miseria no pudieran salir  a buscar trabajo porque los reclutaban miembros de las mismas fuerzas armadas para asesinarlos, vestirlos de guerrilleros, perder sus documentos, incluidas sus libretas militares, y lograr presentarlos como NN. muertos en combate, y como suceso de estrategia militar. La seguridad, ese dios al que los gobernantes y militares, ofrecían su culto, y al seguir negándololo siguen haciendo, puso la muerte en una institución que está para cuidar la vida de todos los colombianos.

Todo esto de los “falsos positivos” es para los creyentes, para los que seguimos a Jesús, no sólo un problema de política, sino sobre todo un problema de fe; no es un problema de los militares, sobre los que cae una tremenda responsabilidad, es un problema de todos los que hemos adorado este ídolo con la indiferencia, mirando desde lejos, alegando que los sacrificados “no estarían cogiendo café” y que “quién sabe en qué cosas andarían para que les haya pasado lo que los pasó”, gozando del privilegio de comer tres veces al día y sin interesarnos por los 21 millones de personas que en este país se ubican en la pobreza.  Sí, esto de los falsos positivos es problema de todos y es problema de fe.

Seguir adorando la seguridad pedirá siempre más víctimas, acaba de pasar la masacre del Putumayo, que nos da indicios de que todavía estamos arrodillados ante este altar de muerte.  El culto que Dios pide, si queremos ser coherentes con la fe que decimos profesar las mayorías colombianas, es el cuidado, cuidar de los más vulnerables, de los más pobres; por algo la palabra culto es pariente de la palabra cuidado.  Dar culto a Dios es cuidar lo que Dios cuida y Dios cuida a los pobres; hay pues que pasar de la seguridad al cuidado; del cuidado vendrá entre otras cosas seguridad, pero no como un ídolo para adorar, sino como un fruto para gozar esta vida y vivirla como hijos e hijas de Dios. La gloria de la patria no es inmarcesible, como cantamos orgullosos en el himno nacional, y aquí, asesinando así a estos muchachos, oficiando al dios seguridad, sí que se ha marchitado.  Mientras busquemos la seguridad de los capitales y no cuidemos de la vida de los más pobres seguiremos en estos altares de muerte y terminaremos todos sacrificados. La gloria que no se marchita es la de Dios, y esta no es otra que la vida de los pobres.

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Viernes, 29 Abril 2022 05:42

Escazú alza la voz

Capuchino de cara blanca en la isla de Gorgona, parque nacional de Colombia AFP, LUIS ROBAYO

Latinoamérica frente a su primer acuerdo ambiental

La cumbre que analizó el alcance del primer tratado ambiental de la región no estuvo exenta de debates. La participación de la sociedad civil y quiénes deberían conformarla fue uno de ellos.

«O nos salvamos juntos o nos hundimos por separado», dijo Gabriel Boric al inaugurar la primera Conferencia de las Partes (COP) del Acuerdo de Escazú, celebrada entre el 20 y el 22 de abril en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ubicada en Santiago de Chile. Con esa frase, el presidente chileno sintetizó la expectativa que hay sobre el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, aprobado en 2018. Si bien a un año de su entrada en vigor solo lo ratificaron 12 países –entre ellos, Uruguay–, se espera que pronto lo hagan los 21 restantes.

El acuerdo lleva el nombre de Escazú porque en esa ciudad costarricense fue aprobado el texto definitivo, el 4 de marzo de 2018. Uruguay ha sido uno de los países más activos en el largo proceso de negociaciones del tratado. Como reconocimiento a esta labor diplomática y de promoción de derechos regionales, el gerente del Área Jurídica del Ministerio de Ambiente de Uruguay, el abogado ambientalista Marcelo Cousillas, presidió la COP 1. En diálogo con Brecha, destacó que «Escazú aborda temas trascendentes, de forma innovadora», que le permitirán al país «corregir y adecuar varias disposiciones para que seamos más activos en los tres ámbitos de aplicación: acceso a la información, acceso a la Justicia y participación pública en asuntos ambientales», para que, por ejemplo, «la información ambiental esté disponible y no sea accesible solo bajo un pedido de acceso particular».

LA VOZ DEL PÚBLICO

Los objetivos principales de esta COP eran definir las reglas de procedimiento de la cumbre –incluyendo las modalidades «para la participación significativa del público»–, el financiamiento para la implementación del tratado y las reglas de composición y funcionamiento del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento. Al ser un texto que llevó varios años de negociaciones, no se esperaban mayores sobresaltos en los tres días de conferencia. Pero, luego de los saludos y los mensajes de rigor de la primera jornada, el jueves 21 fue bastante agitado, después de que el gobierno boliviano propusiera quitarle participación al público en la Mesa Directiva. Esto va directamente en contra de uno de los principales propósitos del acuerdo, que es contar con las ideas, las demandas y las opiniones de la sociedad civil, casi al mismo nivel que con las de los Estados parte.

La de Bolivia era una propuesta desconocida hasta el momento de su presentación y, viniendo de un país que ratificó el tratado, causó malestar entre los presentes. «El espacio para proponer algún cambio era la pre-COP que tuvimos el 4 de marzo, no ahora», dijo a Brecha Carmen Capriles, de Reacción Climática. Para esta y otras organizaciones ambientalistas bolivianas, el gobierno no hizo una consulta transparente antes de elaborar su propuesta de quitar la participación del público en la Mesa Directiva. Finalmente, la postura regresiva del gobierno de Luis Arce no avanzó. En cambio, fue aprobado al final del día, por aclamación, que el público cuente con voz (aunque no voto) en esa instancia, como estaba previsto. De esta manera, «las futuras COP tendrán ese piso de garantía para seguir fortaleciendo la participación directa del público», dijo la colombiana Natalia Gómez, de Earth Rights International, representante elegida por el público, en una conferencia de prensa realizada el viernes pasado con la finalidad de evaluar el encuentro.

¿TODAS LAS VOCES?

Garantizada la participación del público en la COP, el paso siguiente es definir quiénes formarán parte de esa representación. En la última jornada Cousillas remarcó que el público debe tener «el mayor alcance imaginado». El comentario responde, en parte, al reclamo, que se hizo sentir estos días, de organizaciones indígenas como la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), ante la falta de representación de los pueblos originarios en el evento. Para el representante kichwa Nadino Calapucha, «no hay nada que celebrar este 22 de abril, a 50 años de la declaración del Día Internacional de la Madre Tierra en Estocolmo». El integrante de la COICA denunció en la sesión de Santiago que en la cuenca amazónica ecuatoriana matan a un defensor del ambiente cada dos días. Esto continuará, afirmó, mientras los gobiernos basen sus economías «en un modelo de desarrollo extractivista, que sigue asesinando» a defensores de la tierra.

En aparente consonancia con estos reclamos, la exsecretaria ejecutiva de la CEPAL Alicia Bárcena, presente en la apertura de la última jornada, dijo que esta COP debía dedicarse a los pueblos indígenas, por ser «los silenciosos guardianes de la tierra y de la biodiversidad». Sin embargo, también afirmó que para promover un desarrollo distinto, que garantice la participación plena de las comunidades, se debe invitar a más actores, como el sector privado. Si bien ya estaba previsto que los representantes empresariales formaran parte del público, en países como República Dominicana estos han manifestado sus resquemores con Escazú, pues temen que el tratado recorte los superpoderes que suelen tener en la instalación de megaproyectos. «Las grandes empresas deben entender que este acuerdo es el primero que promueve la protección de defensores. Y no queremos cualquier desarrollo ni inversión, como las zonas de sacrificio que están naturalizadas y son inaceptables», dijo Bárcena en su intervención. Y remarcó: «Tenemos un compromiso mundial enorme de proteger la integridad ecológica para las próximas generaciones».

La participación de empresarios o empresas como parte del público no tiene un apoyo claro entre las organizaciones que actualmente promueven la implementación de Escazú: «No podemos tener representantes del público que vayan en contra del bien común o de la representación de grupos afectados por empresas; tampoco de grupos que atentan contra los ecosistemas y los medios de vida de ciertas comunidades. El acuerdo es en favor de una agenda ambiental. Lo que tiene que primar es eso», opinó Capriles. Para participar, cualquier persona u organización puede registrarse en el Mecanismo Público Regional del Acuerdo de Escazú, que figura en el sitio web de la CEPAL. Para agosto de este año se prevé una nueva elección de representantes. Será una elección «abierta» y se espera que haya «diversidad de candidaturas (indígenas, jóvenes, feministas)», dijo Gómez.

Como el tratado es el primero en el mundo que tiene disposiciones específicas sobre defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, las organizaciones sociales propusieron profundizar en el análisis y la denuncia sobre la situación de estas personas. Para eso, en esta COP lograron establecer un grupo de trabajo sobre defensores que cuenta especialmente con pueblos indígenas y comunidades locales, así como con grupos o personas en situación de vulnerabilidad. Este grupo hará un foro anual sobre defensores ambientales con especialistas en el tema, del que saldrán insumos para el plan de acción que se presentará en la COP 2, que se realizará en abril de 2024 en la sede de la CEPAL en Santiago de Chile.

MUJERES DEFENSORAS

En tanto, para que el acuerdo tenga una perspectiva de género, la iniciativa mexicana Ecofeminaria hizo llegar a la cancillería de su país –que encabezó la delegación que fue a Chile– su posicionamiento como defensoras, con un análisis del texto del tratado, que destaca: «Las mujeres somos el primer espacio donde los megaproyectos impactan». «Ya no tenemos donde estar, donde vivir con dignidad», dijo al portal mexicano Pie de Página Bettina Cruz Velázquez, de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio. Como defensora binnizá o zapoteca, Cruz cuestionó la manera intensiva en la que las autoridades de su país permiten la apertura de nuevos parques eólicos, prometiendo «progreso y desarrollo». Y se pregunta: «¿Progreso para quién? ¿Desarrollo para quién?». Según ella, estos proyectos se llevan adelante «con contratos leoninos, corrompiendo, deforestando, con consultas amañadas».

«En la región del istmo [en el sur de México] hay más de 500 mil hectáreas de la Selva de los Chimalapas. También tenemos la Selva Lacandona. Hay una gran riqueza ambiental. Tenemos fauna, flora, agua. Y todo lo quieren. Hay varias concesiones mineras en esta región, donde pretenden abrir proyectos de oro, plata y cobre. También están las autopistas y el tren. Quieren cambiar lo que somos. Lo que están haciendo es romper nuestros lazos y nuestras costumbres, donde las mujeres somos protagonistas. Somos muy importantes en la reproducción de nuestra identidad indígena, pero, cuando llegan los empresarios, para tomar decisiones hablan solamente con hombres», dijo Cruz.

México es uno de los diez países donde se cometen más asesinatos contra personas defensoras, según el último informe de Global Witness, organización que en 2020 registró 227 crímenes de este tipo en todo el mundo. Aunque ratificar el acuerdo no garantiza detener las amenazas ni los asesinatos, brinda un marco específico al que los defensores pueden apelar. Otros países que también tienen altos índices de estos crímenes aún no se adhirieron, como Brasil, Colombia y Honduras. Chile tuvo sus vaivenes, pero está próximo a ratificar el acuerdo. De esto no quedaron dudas después de que Boric sumara la firma del país días antes del comienzo de la COP y afirmara, en el discurso inaugural de la conferencia, que cree que el Acuerdo de Escazú «apunta a la idea de salvarnos juntos, de trabajar juntos». «Hoy día Chile participa de esta conferencia como observador y anfitrión. Y espero que pronto nos convirtamos en un Estado parte. Hoy, con este acuerdo, la región avanza en su tarea de asegurar un crecimiento y un desarrollo en condiciones de estabilidad sustentables. […] Con nuestros hermanos y hermanas latinoamericanos vamos a trabajar en conjunto para enfrentar la crisis climática provocada por la acción del hombre, con criterios también de justicia climática», dijo.

Próximas COP

Las distintas ediciones de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú se celebrarán cada dos años, pero, para seguir motorizando la implementación del tratado, se hará una COP extraordinaria en abril de 2023 en Buenos Aires. Se espera que allí siga tomando forma la conformación del Comité de Apoyo y Cumplimiento, «para asegurar el funcionamiento y apoyar la aplicación del tratado, señalar incumplimientos y garantizar la rendición de cuentas», detalló la representante Natalia Gómez. Será un comité autónomo, con miembros independientes e imparciales, a los que los representantes del público podrían hacer llegar denuncias y demandas de protección para defensores ambientales.

Publicado enMedio Ambiente
Fuentes: CTXT [Imagen: Acumulación de barcos frente al puerto de Shanghai el 25 de abril de 2022. MARINETRAFFIC]

El confinamiento de la macrourbe china paraliza su puerto, el mayor del mundo. Gigantes como Apple, Xiaomi y Tesla se han visto obligados a paros parciales

Todos los días nos acercamos a nuestros comercios y al consumir, sin darnos cuenta, consumamos auténticas proezas. Raramente pensamos en la tecnología y en la planificación que implica que nuestras estanterías estén llenas de uvas de Chile, carne irlandesa, trigo ruso, lino africano o teléfonos made in China. Raramente nos detenemos a pensar que nuestro móvil utiliza metales procedentes de Zaire, Ruanda, Bolivia, Rusia…, que todos estos componentes han sido enviados en trenes y barcos a China, donde han sido ensamblados en macrofactorías y posteriormente embarcados a su vez y distribuidos por todo el planeta. Hemos normalizado vivir en ciudades que importan más del 94% de sus insumos desde más de 100 kilómetros de distancia y en las que la más mínima falla, unas estanterías vacías durante unos pocos días, se convierte en una ofensa a nuestro modo de vida, un síntoma de desorden y caos social. Exigimos (coléricamente) el abastecimiento continuo.

Desde hace poco más de un cuarto de siglo nos sostiene una compleja cadena de extracción, producción, logística y distribución. Una cadena que en realidad es una red, en la que se extraen materias primas de países africanos o latinoamericanos, se transforman en productos en las fábricas del mundo (China, India, Bangladesh, Corea…) y se distribuyen mayormente en el occidente europeo y norteamericano. Todo este entramado se sostiene por una hiperproducción en lugares claves como China, por mano de obra barata en países como Bangladesh, Vietnam, China, y por un tráfico marítimo que incrementa sus volúmenes exponencialmente cada año. El “milagro” económico se basa en el aprovechamiento de los costes más baratos en cualquier espacio del mundo y en una circulación continua de los recursos. Es por eso que en Europa hemos asistido al cierre progresivo de nuestras fábricas y a su traslado a países más económicos para las grandes corporaciones: la externalización. Somos rentistas financieros, países de servicios o productores sobrecualificados, pero ya no somos la Europa industrial del siglo XX. Ya tuve ocasión de reflexionar con ustedes sobre la llamada crisis de suministros, en realidad, los síntomas de que toda esta red comienza a llegar a sus límites y no puede prometer un crecimiento perpetuo. Es en este contexto en el que asistimos a los cuellos de botella o al fallo de los eslabones débiles del sistema, como el provocado por el cierre de Shanghai.

Lo habrán oído, el Gobierno chino ha cerrado la mayor parte de Shanghai por la expansión de la covid en la macrourbe. Hablamos de más de 26 millones de personas confinadas en lo que es uno de los núcleos centrales de la producción y logística de la cadena de suministros mundial. El cierre, lógicamente, ha afectado al puerto de Shanghai-Yangshan, el mayor del mundo: más de 24 kilómetros de instalaciones y muelles que dan entrada y salida a más de 52 millones de contenedores TEU cada año. Shanghai procesaba en febrero el 20% del tráfico mundial de contenedores cada día.

El 19 de abril, cerca de 506 barcos portacontenedores gigantes, decenas de petroleros y un gran número de graneleros y barcos mineraleros esperaban su oportunidad de cargar o descargar en las aguas cercanas al puerto. Un mero síntoma de lo que estaba ocurriendo. Tras decretar el cierre parcial de la ciudad a finales de marzo y el cierre total el 15 de abril, los trabajadores de las principales macrofactorías y los trabajadores portuarios fueron confinados en sus centros de producción. Es decir, para varios millones de trabajadores la burbuja de confinamiento no es su hogar, sino su empresa, en la cual quedan anclados para que continúe la cadena de producción y exportación, muchas veces en condiciones de salubridad y vida cercanas a la esclavitud. Tesla corp. anunció que procedía a poner duchas y a garantizar tres comidas al día a sus trabajadores, lo que nos da un indicio de que no todas las factorías o instalaciones están cumpliendo con este “estándar” de humanidad. Aun así, el transporte terrestre no circula normalmente, por lo que las factorías de producción de gigantes como Apple, Xiaomi, Tesla y otros se han visto abocadas a paros parciales. Los barcos asumen incrementos de demoras de un 75%, días de retraso, lo que a su vez supone un aumento de los fletes, los seguros marítimos, los pagos por estadía en los muelles, las operaciones de estiba y el propio sostenimiento de las tripulaciones. Miles de contenedores refrigerados con productos perecederos o con químicos peligrosos se acumulan, constituyendo una amenaza creciente. Pese a todos los esfuerzos, el número de contenedores en espera es un 195% mayor que en el mes de febrero y la desviación a otros puertos no es solución, porque las fábricas están ahí, deseando verter en las bodegas sus excedentes. Ninguna flota de transporte terrestre puede compensar ese desplazamiento de volúmenes y ningún puerto cercano puede procesar la avalancha de demanda procedente de Shanghai.

Ninguna flota terrestre puede compensar ese desplazamiento de volúmenes y ningún puerto cercano puede procesar la demanda procedente de Shanghai

Algún día nos llegarán los relatos de qué ha supuesto para los trabajadores de Shanghai este confinamiento. Qué precio humano ha tenido que sigamos recibiendo nuestros teléfonos y televisores. Pero, de momento, en los núcleos financieros de Occidente se hacen cuentas sobre lo que nos va a costar el cierre de Shanghai. Las agencias internacionales más prestigiosas ya nos explican que sólo la gran ciudad china podría aportar de un 1 a un 2% de inflación anual a la economía global. Lo que es más difícil saber es si alguien está haciendo cuentas sobre si el sistema de externalización es sostenible. Sobre si es razonable continuar concentrando la producción lejos de su destino, alargando las líneas de transporte, incrementando el volumen de los puertos hasta el infinito y dependiendo de unas líneas de suministro que, al final, son frágiles y pueden verse afectadas por circunstancias imprevisibles: un barco atascado en el canal de Suez, una epidemia en una ciudad, una guerra o una catástrofe natural, quizás. Nuestro ingenio para resolver de manera eficiente el problema de poner una manzana en su supermercado quizás debería comenzar a considerar con más humildad nuestros límites y pensar que la naturaleza está ahí para recordárnoslos. Mientras tanto, asistimos al espectáculo de un atasco en el mar de China.

27/04/2022

Marina Echebarría Sáenz es catedrática de Derecho Mercantil.

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Nicaragua se retiró anticipadamente de la OEA y cerró su oficina en Managua

"No tendremos presencia en ninguna de las instancias de ese diabólico instrumento del mal", señaló el gobierno de Ortega a través del canciller Denis Moncada.

El gobierno de Daniel Ortega cerró la oficina de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Managua y adelantó la salida de los representantes de Nicaragua ante ese organismo, del cual ya había anunciado su retiro en noviembre de 2021. "Retiramos las credenciales de nuestros representantes, los compañeros Orlando Tardencilla, Iván Lara y Michael Campbell. No tendremos presencia en ninguna de las instancias de ese diabólico instrumento del mal llamado OEA", señaló el gobierno de Nicaragua en una declaración pública.

"Nicaragua no es colonia de nadie"

En una carta leída a través de una transmisión oficial, el canciller nicaragüense Denis Moncada anunció que "a partir de esta fecha" Nicaragua deja de formar parte "de todos los engañosos mecanismos de este engendro, llámense Consejo Permanente, llámense comisiones, llámense reuniones, llámense Cumbre de las Américas". Moncada agregó que "tampoco tendrá, este infame organismo, en consecuencia, oficinas en nuestro país: su sede local ha sido cerrada".

"Nicaragua no es colonia de nadie, por lo tanto no es parte de un ministerio de colonias. Al denunciar y renunciar a ese mecanismo infernal del cual nos retiramos inmediatamente en absoluta dignidad, ratificamos, eso sí, nuestro respeto, cariño y reconocimiento, a Cuba y Venezuela, heroicos, y a los pueblos que valientemente libran sus luchas, y que nos han acompañado y acompañan en las batallas", expresó el canciller nicaragüense.

Minutos después del anuncio, la policía nacional rodeó las oficinas de la OEA en Nicaragua, ubicadas a las afueras de Managua, mientras sus símbolos eran desmontados. La secretaría de la OEA, por su parte, denunció la "ocupación ilegítima" de sus oficinas, que calificó como una violación de las normas internacionales, según un comunicado.

Una decisión anticipada

El gobierno de Ortega, un exguerrillero de 76 años en el poder desde 2007, había anunciado a finales del año pasado el retiro de Nicaragua de la OEA, que desconoció su elección para un cuarto mandato consecutivo en noviembre de 2021, con sus rivales y opositores presos. Sin embargo, de acuerdo a los protocolos, la salida debía ocurrir en un lapso de dos años para que Nicaragua culminara con los compromisos pendientes que pudiera tener con el organismo.

"Hasta tanto, Nicaragua es miembro pleno y debe cumplir con todos sus compromisos", recordó el organismo y exigió a Managua "respeto a las obligaciones que hoy rigen su relación con la OEA", precisó el comunicado del foro regional, que también destacó que "sus oficinas, archivos y documentos gozan de la más absoluta inviolabilidad", por lo que "su violación por las autoridades nicaragüenses les hace internacionalmente responsables por sus consecuencias".

La medida fue respaldada por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que la describió como "la digna, soberana y coherente" decisión de Nicaragua de expulsar a la OEA. También Venezuela saludó como "valiente" la renuncia de Nicaragua al foro hemisférico, al que calificó como "instrumento del imperialismo estadounidense".

"Cerrar la puerta a la paz"

El 23 de marzo, el entonces representante permanente de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields, durante su intervención en una sesión del Consejo Permanente calificó de "dictadura" a la gestión de Ortega y denunció las precarias condiciones en las que sus opositores estaban detenidos.

"No puedo entender los motivos del gobierno, pero este retiro se realiza al cumplirse un mes de mi discurso ante la OEA", manifestó McFields el domingo, quien también sostuvo que la decisión de Ortega de retirarse anticipadamente "es una gran victoria moral para el pueblo de Nicaragua y para los presos políticos que están en la cárcel de El Chipote". 

La OEA pidió en reiteradas ocasiones la libertad de los opositores. Las oficinas del foro regional "han estado históricamente en nuestro país y fueron parte de un proceso histórico de pacificación en Nicaragua. El gobierno está cerrando una puerta a la paz", agregó el diplomático nicaragüense.

La permanencia de Nicaragua en la OEA estaba en duda desde que el organismo aprobó el proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana por los señalamientos contra Ortega sobre violaciones a los derechos humanos en 2018, en el marco de las manifestaciones contra el gobierno que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dejaron 355 muertos. 

Hasta el momento la OEA no ha aplicado la Carta Democrática Interamericana. El retiro de Nicaragua se hará oficial en noviembre de 2023, una vez que se cumplan dos años desde el anuncio de su decisión.

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Castillo pide la castración química como pena para los acusados de violación sexual.

Una medida cuestionada por los organismos de derechos humanos

"La castración química es una opción, no podemos esperar más", apuntó Castillo, tras el caso del secuestro y violación sexual de una niña de tres años ocurrido en Chiclayo. El rechazo de organizaciones sociales y los proyectos similares en Argentina.

El presidente peruano, Pedro Castillo, anunció que evalúa la aplicación de la castración química obligatoria como pena para los acusados de abuso sexual. "Basta ya de tanta violencia, los crímenes de violencia sexual contra los niños no serán tolerados por este gobierno, ni quedarán impunes. El dolor de esta familia también es el nuestro, me siento indignado ante tanta crueldad", expresó el primer mandatario tras conocerse el caso de secuestro y violación sexual de una niña de tres años ocurrido en la ciudad norteña de Chiclayo, en la región Lambayeque, que generó la conmoción del país y motivó diferentes movilizaciones.

"Este hecho atroz e inhumano nos lleva a una enorme reflexión como país para adoptar políticas públicas de Estado más severas que salvaguarden los derechos humanos de los más indefensos que son nuestros niños, y la castración química es una opción, no podemos esperar más", disparó Castillo, que vive inmerso en una crisis política interminable y acosado por las protestas sociales tras la subida del precio de los combustibles y de los alimentos.

Además, Castillo recordó que la propuesta debe ser aprobada por el Congreso nacional y luego incluida en el Código Penal. "Exhortamos al Congreso a respaldar medidas concretas en favor de los más vulnerables, porque no podemos seguir tolerando estos violentos hechos que dañan nuestra integridad como sociedad y destruyen la vida de indefensos", remarcó.

El debate se abrió en el país andino en el peor momento posible, con una sociedad en agitación permanente y con el cuarto Gobierno de Castillo con casi nula aceptación. Tal es así que, a poco de conocerse las declaraciones del Presidente, varias organizaciones sociales y derechos humanos se expresaron en contra de la medida punitivista.

"La castración química es una medida ineficiente para los delitos contra la libertad sexual. Ya tenemos las máximas penas y ¿ha disuadido esto a los agresores?", se cuestionó Matilde Cobeña, abogada adjunta para la niñez y la adolescencia de la Defensoría del Pueblo peruana.

"Entendemos la indignación, pero ni la castración química ni la pena de muerte son soluciones. Los sectores que proponen la castración son los mismos que bloquean los derechos de las mujeres", criticó Nuevo Perú, formación de izquierda moderada.

Qué es la castración química

Con un origen que se remonta a las campos de concentración nazi, la castración química es un método que se utiliza desde 1946 para impedir la reproducción del cáncer de próstata mediante la supresión de la testosterona.

Mediante el suministro de medicamentos se reduce la libido e inhibe el deseo sexual en las personas. De momento, se aplica en países como Rusia, Polonia, Corea del Sur, Indonesia y Moldavia, así como en los estados de Texas, California y Montana, en Estados Unidos.

Proyectos similares en Argentina

A partir del anuncio de Castillo, es conveniente recordar que en Argentina se han presentado dos proyectos similares que fueron descartados por ir en contra de los tratados de derechos humanos incorporados a la Constitución nacional.

El más cercano en el tiempo había sido presentado por el diputado del PRO Alfredo Olmedo, quien en 2012 propuso incorporar al Código Penal la castración química y física para las personas condenadas por delitos de pedofilia, violación y violación seguida de muerte.

La iniciativa no prosperó por ser violatoria de los tratados de derechos humanos incorporados a la Constitución nacional. “La castración, sea física o química, es una mutilación, una medida que atenta contra la integridad y la dignidad humana", coincidían en aquel momento Mario Juliano, juez del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Necochea y presidente de la Asociación Pensamiento Penal, y la abogada, experta en Justicia internacional, Mariana Rodríguez-Pareja, directora del Área de Derechos Humanos de la organización Asuntos del Sur, quienes salieron a contrarrestar los dichos del diputado salteño.

“Además, este tipo de sanciones podrían ser consideradas como una forma de tortura, tratos degradantes o inhumanos”, apuntaron. “No tardaría un segundo en que nuestro país fuese condenado ante Tribunales internacionales”, habían advertido.

Una situación similar se dio en 2009, cuando el entonces gobernador de Mendoza, Celso Jaque, anunció que analizaba la posibilidad de aplicar en la provincia una solución penal farmacológica para los violadores reincidentes, y convocó a un “comité de expertos” (científicos y abogados) para que se analice la posible implementación.

Después del polémico anuncio, especialistas expresaron sus críticas al proyecto: no solo al considerar que va en contra de las libertades y los derechos humanos sino que, además, conllevaría una solución errónea para una problemática social profunda.

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