Corte Constitucional extiende el derecho a la eutanasia a pacientes no terminales

El alto tribunal tomó la determinación luego de estudiar una demanda que pedía condicionar el artículo 106 del Código Penal, que habla del homicidio por piedad.

 

La Corte Constitucional confirmó en la tarde de este jueves 22 de julio que por norma se extenderá el cubrimiento del derecho a fundamental a morir dignamente, también conocido como eutanasia, en el que Colombia es pionero en la región, a los pacientes no terminales. Hasta ahora el mismo estaba habilitado para personas que tuvieran enfermedades terminales en estado avanzado.

La decisión fue avalada por la sala plena del alto tribunal, en donde se registraron los votos a favor de los magistrados Diana Fajardo, quien fue la ponente del fallo; Alejandro Linares, Gloria Ortiz, Antonio José Lizarazo, José Fernando Reyes y Alberto Rojas. En contraste, Cristina Pardo, Jorge Ibáñez y Paola Meneses decidieron salvar voto. Valga señalar que, en la misma se despenalizó y se le dio más sustento jurídico al tipo penal de homicidio por piedad

Este nuevo fallo llega como respuesta a la tutela interpuesta el secretario de la Juventud de Medellín, Alejandro Matta, y un abogado de la capital antioqueña identificado como Daniel Porras, quienes le pedían a la Corte condicionar el artículo 106 del Código Penal, que habla precisamente del homicidio por piedad o eutanasia.

Para justificar dicha petición, ambos señalaron en su demanda que, “si hoy en día, una persona que no se encuentra en estado terminal, pero que se encuentra en circunstancias extremas, fruto de lesiones corporales o enfermedades incurables, decide solicitar que se le ayude a morir dignamente, encontrará una negativa del personal médico en razón”.

Gracias a ese argumento se elimina, entonces, uno de los cuatro requisitos que esa misma corporación había impuesto para acceder a este derecho hace unos 24 años. Los que quedan son los de padecer un dolor intenso que no permita tener una vida normal; la solicitud de manera voluntaria por medio de un consentimiento libre, inequívoco, informado y reiterado; y que el procedimiento sea realizado por un especialista.

Así las cosas, para la Corte “los límites que los derechos fundamentales imponen a la potestad de configuración legislativa en materia penal implican que la asistencia prestada por un profesional de la salud, en el sentido de dar soporte a quien libremente decidió poner fin a intensos sufrimientos, no puede ser sancionada penalmente, siempre que se cumplan las circunstancias previamente descritas”.

Igualmente, señaló que tomó la decisión teniendo en cuenta, entre otras cosas, la falta de desarrollo que ha tenido este derecho a nivel nacional, pues si bien el fallo a favor del derecho de morir dignamente existe desde 1997, el Congreso de la República no ha accedido a emitir una reglamentación sobre el tema, mientras que el Ministerio de Salud y Protección social lo ha hecho desde una perspectiva más bien pasiva y que todavía permite imponer restricciones por motivos de pertenencia étnica, sexo, identidad de género, orientación sexual o religiosa.

De forma adicional, el tribunal determinó que mantener las condiciones como han estado hasta este momento representa una oportunidad para que dichas barreras se perpetúen y se agraven, lo que a su vez podría perjudicar los derechos fundamentales de los colombianos.

Bien lo señalan Porras y Matta en su demanda al advertir que, “consideramos que la norma realiza una distribución inequitativa y desigual entre dos grupos de ciudadanos, al permitir que uno sea beneficiado del derecho fundamental a la muerte digna, mientras que el otro debe asumir injustamente las consecuencias incalculables de la lesión corporal sin siquiera estipularse el porqué de esta distribución”.

A pesar del fallo a favor, no faltaron quienes se manifestaron en contra del mismo, como es el caso del Ministerio de Salud, que le dijo a la Corte que abrir el derecho a la eutanasia a más grupos poblacionales “genera riesgos penales para los profesionales de la medicina ante una conducta que difícilmente puede ser justificada de manera objetiva por medio de parámetros clínicos específicos, en tanto reduce la solicitud al sufrimiento y la competencia mental”.

A esa voz se sumó la de la procuradora Margarita Cabello, quien advirtió que el tribunal se debía declarar impedido al considerar que la demanda ataca al fallo emitido por este en 1997 y que no es lo mismo tener una enfermedad terminal avanzada que una herida que causa profundo dolor, pues en el primer caso la proximidad de la muerte es una certeza, mientras que en el segundo no.

Por otra parte, está el Ministerio de Justicia, que señaló que el Congreso es la instancia que debería legislar el tema del homicidio por piedad y específicamente la procedencia de la muerte asistida en enfermos no terminales que buscan una muerte asistida. No obstante, es importante recordar que el legislativo siempre ha hundido los proyectos que quieren legislar la eutanasia. Lo hicieron, incluso, en abril de este año.

Valga señalar que, el fallo también ha recibido reacciones positivas, como las del senador Armando Benedetti, quien ha sido uno de los parlamentarios que más ha presentado el proyecto de reglamentación ante el congreso. “Es un momento agridulce. Dulce porque, por primera vez, vamos a tener una reglamentación de la eutanasia, cosa que ha debido hacer el Congreso hace más de 25 años. Agrio porque da pena que el Congreso no haya legislado sobre eso, y es otra vez la Corte quien legisla”, dijo.

22 de Julio de 2021

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Cuba: el estallido social como crimen político

La lógica excepcionalista del sistema cubano tiende a considerar cualquier protesta como una provocación al servicio de la agresión foránea. Y ese discurso se repite frente a protestas inéditas en la isla.

El pasado 12 julio, al día siguiente de la mayor protesta popular contra el gobierno cubano que se haya producido en décadas, el presidente Miguel Díaz-Canel envió un mensaje a la nación acompañado de varios miembros de su gabinete. Allí estaba el primer ministro Manuel Marrero y el ministro de energía y minas Liván Arronte Cruz. Cada uno de estos funcionarios, sin reconocer nunca el sentido ni la magnitud de la protesta, intentó explicar las razones del descontento popular: cortes de electricidad, desabastecimiento de medicinas y alimentos, rebrotes de contagios por la endemia de covid-19.

Aquella mañana habló otro funcionario cubano que, más que explicar las causas de las protestas, expuso la lógica política y jurídica con que serían enfrentadas. Rogelio Polanco, Jefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, fue presentado por el presidente Díaz-Canel como la persona indicada para conceptualizar «los sucesos» ya que había sido por muchos años embajador de La Habana en Caracas. De hecho, fue embajador cuando se desataron las más intensas protestas de amplios sectores de la sociedad venezolana entre 2017 y 2019.

Polanco señaló que lo que había sucedido en Cuba era un intento más de «golpe continuado» o «revolución de colores», organizado por los enemigos de la Revolución, como parte de la «guerra no convencional de Estados Unidos contra Cuba». En Venezuela, dijo, le tocó vivir algo similar cuando, tras el desconocimiento oficial de la legitimidad de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y la creación de una Asamblea Constituyente paralela, muchos venezolanos salieron a las calles para protestar contra el régimen de Nicolás Maduro.

Según Polanco, aquellas protestas, que se agudizaron en 2019 y desataron choques violentos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad, son antecedentes a tomar en cuenta en la situación cubana. Aunque en Cuba no se vieron fenómenos como las «guarimbas» venezolanas, hubo actos violentos como asaltos a tiendas y agresiones contra la policía. Las manifestaciones, sin embargo, fueron mayoritariamente pacíficas y no estuvieron convocadas o lideradas por la oposición, como en Venezuela.

La confirmación de que las protestas fueron asumidas por el gobierno cubano como un ataque del «enemigo» –categoría difusa donde las haya, ya que eventualmente incluye actores tan disímiles como el gobierno de Estados Unidos, toda la dirigencia política republicana o demócrata cubanoestadounidense, el exilio, la oposición interna, el activisimo cívico o artístico y buena parte de la comunidad internacional- llegó con los primeros editoriales de Granma y Juventud Rebelde, que anunciaron que el «odio no quedará impune» y que «se llegaría al fondo» en una investigación sobre la protesta, que identificaría a sus responsables.

La criminalización del estallido se completó con el posicionamiento de diversos funcionarios como el canciller Bruno Rodríguez y el presidente de Casa de las Américas, Abel Prieto, en medios oficiales y redes sociales, a propósito de que los ejecutores de las protestas eran «vándalos, delincuentes, marginales e indecentes». A la acusación de que eran actores manipulados por campañas adversas al gobierno en medios alternativos y redes sociales se sumó un perfil sociológico de los manifestantes como parte del lumpen proletariado.

Decenas, tal vez cientos de jóvenes cubanos han permanecido presos desde el 11 de julio. Funcionarios del poder judicial de la isla han explicado que se les abrirá procesos por el cargo de desorden público. Dado que el estallido no se entiende como estallido sino como intento de golpe de Estado, otra línea de la investigación buscará establecer vínculos de esos jóvenes con grupos del exterior de la isla, especialmente de Miami, a los que el gobierno responsabiliza por las manifestaciones.

La criminalización de la protesta adquiere, así, su más completo esbozo. Manifestarse es criminal porque formaría parte de un acto de agresión foránea, contra el régimen político, y porque recurriría a delitos comunes contra el orden público. Tanto en gobiernos de izquierda como de derecha, en América Latina, hemos visto este tipo de criminalización. El sistema político cubano, que constantemente se legitima a partir de un discurso excepcionalista, no se aparta un milímetro del modus operandi regional cuando se trata de judicializar una protesta.

En Cuba existe, desde los años 90, un dispositivo jurídico de criminalización de la oposición política, como contrapartida de la enmienda Helms-Burton (1996) del Congreso de Estados Unidos, que reforzó el embargo comercial. La Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, o Ley 88, de 1999, aprobada por el parlamento de la isla, establece una serie de figuras delictivas a partir del posible respaldo a las sanciones económicas de Estados Unidos contra Cuba en que puedan incurrir los ciudadanos al ejercer sus derechos de expresión, reunión o manifestación.

La ley está pensada en un rango de discrecionalidad interpretativa tan amplio que una crítica al sistema político de partido único o al desempeño de un gobernante puede ser asumida como suscripción a la Ley Helms-Burton. Comúnmente llamada «Ley Mordaza», este mecanismo jurídico fue utilizado en los procesos contra 75 opositores pacíficos en la denominada «Primavera Negra» de 2003. Aunque muchos de aquellos opositores, especialmente los afiliados al Movimiento Cristiano de Liberación y varios medios de prensa independientes, se oponían públicamente al embargo comercial de Estados Unidos, fueron juzgados y encarcelados como cómplices de esa política punitiva por ejercer la crítica al gobierno.

En los últimos meses, a raíz de las acciones del Movimiento San Isidro y el «27-N», el Estado cubano y los medios oficiales han rescatado la Ley 88 de 1999. Se ha dicho que algunos activistas de ambas organizaciones podrían ser procesados de acuerdo con esa norma jurídica. De por sí es irregular y arbitraria la existencia de una ley que está ahí, no para ser aplicada al pie de la letra, sino para ser utilizada como amenaza contra el ejercicio de las libertades públicas garantizadas y relativamente ampliadas en la última Constitución de 2019.

En los dos gobiernos latinoamericanos más unidos geopolíticamente a Cuba, el venezolano de Nicolás Maduro y el nicaragüense de Daniel Ortega, se han adoptado dispositivos jurídicos muy similares. Toda la ofensiva contra la oposición venezolana, desde 2019, ha seguido la misma premisa. Los arrestos de activistas, periodistas y líderes políticos en Nicaragua, en los últimos meses, se han basado en una ley que copia la letra y el espíritu de la cubana: Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz o Ley 1055 de 2020.

¿Estaría dispuesto el gobierno cubano a aplicar la Ley 88 de 1999 a cientos o miles de personas involucradas las manifestaciones del 11 y el 12 de julio? ¿Cómo avanzará ese gobierno en el procesamiento criminal y político de un grupo tan amplio de manifestantes? Cualquiera que sea la vía escogida, es evidente que de querer hacerlo, nada impediría a la máxima dirigencia cubana armar un caso de justicia masiva y proyectarlo, una vez más, sobre el conflicto bilateral con Estados Unidos.

Como en 2003, la justicia sería ejercida contra un grupo de cubanos que el gobierno ve como peones del imperialismo. Procesarlos como cómplices de la hostilidad de Washington permitiría focalizar el conflicto cubano, no en la acumulación de agravios internos (aumento de contagios de covid-19, desabastecimiento de medicinas y alimentos, cortes de electricidad, represión y privaciones de los jóvenes de menores recursos, como gran parte de los afrocubanos) que provocó el estallido, sino en las sanciones de Estados Unidos.

Esas sanciones, que deberían ser levantadas por su injusticia implícita, acaban siendo convertidas en la excusa perfecta para ejercer la represión en la isla. A todas las objeciones posibles al embargo comercial de Estados Unidos podría sumarse la de formar parte de la estructura jurídica del estado de excepción en Cuba. El embargo ya es un componente orgánico de la maquinaria represiva del Estado cubano y un argumento a favor de la criminalización de la protesta en la isla.

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  Imagen del logo de la empresa de ciberespionaje NSO Group. — Público / Archivo

Son malos tiempos para activistas, políticos y periodistas comprometidos con los derechos humanos y que denuncian abusos de cualquier poder. Ahora conocemos que este spyware, desarrollado teóricamente como herramienta para la seguridad pública, se ha usado para espiar y señalar a denunciantes, a opositores, a periodistas críticos y a activistas.

 

Nos espían y lo sabemos. Lo asumimos. Vemos y leemos constantemente historias sobre la permanente vigilancia online; a veces hacemos caso a quienes nos aconsejan pequeños gestos para aumentar nuestra privacidad, pero nunca es suficiente. La investigación del grupo Forbiden Stories, ayudados por Amnistía Internacional, supervisado por Citizen Lab y asociados a un consorcio internacional de medios, muestra cómo una poderosa herramienta de vigilancia, Pegasus, capaz de infectar cualquier teléfono (también los iPhones), ha pasado por las manos de Arabia Saudí, Azerbaiyán, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Hungría, India, Kazajistán, Marruecos, México, Ruanda y Togo; todos ellos países que no son precisamente abanderados de los derechos humanos.

Para Amnistía Internacional, la clave de esta investigación es que el software de la compañía israelí NSO Group "se ha utilizado para facilitar la comisión de violaciones de derechos humanos a gran escala en todo el mundo".

Esto queda explicado a raíz de una filtración de más de 50.000 números de teléfono de posibles objetivos para espiar, entre ellos jefes y jefas de Estado, activistas y periodistas, incluida la familia del periodista Jamal Khashoggi, asesinado por el régimen Saudí en Estambul.

Hasta el momento, se sabe que hay al menos 1.000 personas de más de 50 países señaladas por este malware, entre los que destacan algunos miembros de la familia real árabe, un total de 65 altos ejecutivos, 85 activistas de derechos humanos, 189 periodistas y más de 600 políticos, ministros y militares. "La cifra de periodistas identificados como objetivos ilustra con claridad que Pegasus se utiliza como herramienta para intimidar a los medios de comunicación críticos", comenta Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

Para conocer el alcance de esta importante investigación, que muestra cómo cualquiera puede ser alcanzado por un malware tan potente que es capaz de tomar el control total de los móviles (incluso se ha usado para espiar a activistas contra las bebidas azucaradas), proponemos cinco claves:

1) Un poco de historia: no es nuevo

Existen varias empresas en el mundo que desarrollan herramientas de software para el control tecnológico o para, directamente, tareas de espionaje. NSO Group es una de las más conocidas, pero no es la única. Ya en 2011 se detectó el gusano Stuxnet —desarrollado conjuntamente por los gobiernos estadounidense e israelí para atacar equipos e infraestructuras nucleares— , y poco después el muy español Careto, un ciberespía usado contra Marruecos, pasando por el francés Babar.

Compañías como la italiana Hacking Team o la alemana GammaGroup se dedican abiertamente a estas tareas. Desarrollan todo tipo de malware que, insisten, sólo venden a gobiernos, nunca a particulares o grupos. Sin ir más lejos, Marruecos compró hace años un troyano a Hacking Team capaz de hackear una página web concreta, Mamfakinch ("no renunciaremos", la versión marroquí de la Primavera Árabe), de modo que a través de un formulario podía infectar un dispositivo y habilitaba un acceso remoto a todo su contenido.

Desde hace años existen informaciones sobre espionaje en los que aparece vinculada la compañía NSC Group. Ya en 2018 Citizen Lab alertó de una serie de ataques diversos en 45 países mediante Pegasus. Dos años antes salía a la luz que este software espiaba a activistas defensores de los derechos humanos.  En España, sin ir más lejos, este diario sacó a la luz que el spyware había sido comprado ilegalmente para espiar a políticos catalanes en 2015.

2) Cómo funciona: espía a fondo

Pegasus es un programa de espionaje (spyware) muy sofisticado que se puede instalar de forma remota en un teléfono inteligente directamente, es decir, no requiere ninguna acción por parte de su propietario. Es complicado explicar el funcionamiento técnico de este malware, que además es realmente esquivo: sabemos de su instalación en los móviles de algunos ciudadanos únicamente gracias a una filtración. Una vez instalado, es posible tomar el control absoluto del dispositivo, incluido el acceso a mensajes cifrados como los de WhatsApp y Signal, la geolocalización del teléfono, y el encendido de micrófono y cámara.

Actúa en silencio. El propio consorcio reconoce que no se puede saber si un número de teléfono específico que aparece en la lista está comprometido sin analizar el dispositivo asociado. Sin embargo, el Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional pudo realizar análisis forenses en los teléfonos de más de una docena de estos periodistas (67 teléfonos en total), lo que reveló que muchos de ellos, incluso iPhones, estaban infectados, en algunos casos gracias a un agujero de seguridad hallado hace apenas un mes.

¿Cómo se han podido filtrar las más de 50.000 identidades espiadas, como afirman los autores de la investigación? Marcelino Madrigal, un incansable investigador de ataques a los derechos humanos en las redes, apunta a que este tipo de datos y recursos se venden en la Dark Web —el submundo invisible y paralelo a la red de internet pública—, y eso es lo que aparentemente sucedió en este caso: un ex empleado de NSO Group descontento sacó a la venta en 2017 la poderosa herramienta, capaz de explotar vulnerabilidades aún no publicadas (zero day exploits) incluso del muy seguro iOS (el sistema operativo del iPhone).

3) Te puede afectar: nadie está a salvo

Casos como el de Pegaso o el de la compañía Candiru, también israelí, muestran dos realidades que juntas se comprenden mejor y son, de alguna manera, más terroríficas: por un lado, aunque esas compañías vendan sus productos "exclusivamente" a estados y policías para luchar contra el delito, es evidente que puede usarse (y se usa) para otros fines contra la sociedad civil.

Por ejemplo, en el caso de México, al menos 50 personas cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador aparecen como posibles objetivos de espionaje cuando aún estaba en la oposición. "El Gobierno ya no espía a nadie, los opositores no son espiados", ha indicado el presidente desde el Palacio Nacional tras publicarse la investigación.

Asimismo, el negocio para espiar a ciudadanos —especialmente periodistas— es muy lucrativo y en él participan también los carteles, según un amplio dossier de Forbidden Stories publicado hace tiempo que recuerda la ola de asesinatos de periodistas en el país.

Por tanto, esas herramientas están cayendo en manos de grupos criminales sin que las compañías que desarrollan estos productos o sus clientes (los gobiernos) hagan nada al respecto. En una conversación con Público, Madrigal señala el dinero como la motivación más poderosa. "Para hacernos una idea, el precio que se paga en la dark web por el acceso a 10 números de teléfono es de 1,5 millones de euros", comenta, y añade: "Esas cantidades de dinero indican que alguien más puede estar detrás".

Nadie está a salvo precisamente porque la naturaleza de este tipo de spyware es su sigilo. Normalmente no requiere del afectado ninguna acción, como descargarse un archivo o pinchar en alguna dirección extraña en un correo spam. Los vectores de ataque que muestra la investigación del laboratorio técnico de Amnistía Internacional señala que explotar vulnerabilidades existentes (como una que existe en iMessage) o se cuela en los móviles a través de mensajes enviados a través de SMS o WhatsApp que contienen algún enlace a un sitio web malicioso para instalar el programa.

4) Las consecuencias: persecuciones y asesinatos

"¿Pero esto a mí qué más me da?", "no soy tan importante" o "no tengo nada que ocultar" son algunas de las reacciones más comunes ante este tipo de revelaciones. Sucedió cuando Wikileaks publicó los papeles secretos de la diplomacia estadounidense en el llamado Cablegatey se mostró al mundo el comportamiento real de la primera democracia del mundo y su "cinismo", así como en revelaciones posteriores. Simplemente se mató al mensajero.

La finalidad de este tipo de malware es variada según en manos de quién esté. Porque este tipo de herramientas son parte de las principales armas de la ciberguerra: espionaje, localización de la disidencia, perfilado social y, por supuesto, represión y asesinato. En una sociedad cada vez más polarizada, esta herramienta puede servir para luchar contra el crimen o el terrorismo, pero también para cercenar los derechos humanos.

En la lista de 'infectados', por ejemplo, se encuentran periodistas de Azerbaiyán, Hungría, India y Marruecos, países donde la represión contra los medios de comunicación independientes se ha intensificado. El spyware tuvo también como objetivo el teléfono del periodista Cecilio Pineda apenas unas semanas antes de su asesinato en 2017. Hay periodistas espiados en Associated Press, CNN, The New York Times y Reuters, e incluso aparece en esta lista Roula Khalaf, directora de Financial Times.

También aparece el periodista español Ignacio Cembrero, quien ha contado a Público que quizá cambie su teléfono debido a la complejidad técnica del ataque, tras asesorarse en una firma de seguridad informática. "Es prácticamente imposible extirpar Pegasus" del dispositivo infectado, comenta. El periodista afirma no haber recibido mensaje alguno de las autoridades españolas.

El propio Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, vio hackeado su móvil de aparentemente esta manera (y aceleró su divorcio). Precisamente la parte más importante de su compañía, Amazon Web Service, justo ahora ha anunciado el borrado en su 'nube' (sus centros de datos) de cualquier rastro de este spyware. Pero él parece estar a cosas más importantes.

5) Responsabilidades: espionaje, control y transparecia

Hoy en día estamos asediados por la vigilancia, tanto en el mundo real como en el digital. Y cada vez es más difícil detectar las intrusiones en la privacidad, que sigue siendo un derecho fundamental. Investigaciones como ésta ponen de relieve el grado de sofisticación al que están llegando los sistemas de vigilancia que, en este y otros muchos casos, son desarrolladas por compañías privadas.

El insuficiente control y la falta de transparencia de estos productos hacen que puedan ser usados para fines ilegítimos —algo parecido a lo que pasa en el mercado de las armas—, tanto por parte de los estados como desde grupos criminales de todo tipo. Como siempre cuando se destapa algo así, en realidad lo preocupante es lo que no sabemos. Por tanto, es importante exigir la máxima transparencia a nuestros representantes públicos.

De momento, la Justicia francesa ha abierto una investigación a raíz de la denuncia de dos periodistas de Mediapart, cuyos teléfonos móviles podrían estar siendo espiados por Marruecos. Hay un millar de franceses o residentes en Francia que aparecen en las listas de teléfonos que pudieron ser también infiltrados por Pegasus, y varios de ellos también han anunciado que lo denunciarán a la Justicia, informa EFE.

Mientras, la reacción de NSC Group ha sido negar con rotundidad todo lo que revela este nuevo informe; En un comunicado, la empresa expresa a través de su abogado que la información publicada "no tiene base fáctica" y que los datos utilizados "se basan en una interpretación engañosa de datos de información básica accesible y abierta, como los servicios de búsqueda de HLR [Home Location Register, la base de datos principal de información de suscriptor permanente para una red móvi], que no tienen relación con la lista de objetivos de los clientes de Pegasus o cualquier otro producto".

"Estas acusaciones son tan escandalosas y están lejos de la realidad, que NSO está considerando interponer una demanda por difamación", amenaza el escrito, para puntualizar que su tecnología no está asociada al "atroz asesinato" del periodista Jamal Khashoggi y remarcar que la empresa israelí "vende sus tecnologías únicamente a agencias policiales y de inteligencia de gobiernos examinados con el único propósito de salvar vidas mediante la prevención del crimen y los actos terroristas".

20/07/2021 22:21 Actualizado: 21/07/2021 10:21

Por Pablo Romero@pabloromero

El país de América Latina donde se duplicaron los desplazamientos forzados en la primera mitad de 2021 (y las razones del fenómeno)

La Defensoría del Pueblo de Colombia informó que en el primer semestre de 2021 hubo 102 eventos de esta naturaleza, frente a los 51 que se registraron en el mismo período del año anterior.

Los desplazamientos forzados se duplicaron durante el primer semestre de 2021 en Colombia con 102 eventos de esta naturaleza, detalló en un informe la Defensoría del Pueblo.

Esos eventos, propiciados por la violencia en los territorios, significaron la movilización forzada de 44.290 personas, pertenecientes a 15.340 familias. La cifra es significativamente mayor a los 13.912 ciudadanos que tuvieron que huir de sus casas en 51 desplazamientos registrados en la primera mitad del año pasado.

De acuerdo a estos datos, el número de eventos de desplazamiento forzado habría aumentado a 256% en 2021, y afectado a más del triple de personas con respecto al año pasado.

Los departamentos más afectados son Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Chocó, Antioquia, Córdoba, Norte de Santander, Risaralda y Arauca. Y entre las comunidades más impactadas se encuentran en un 59 % de casos las indígenas y afrodescendientes y en un 41 % los campesinos. 

Confinamiento de poblaciones

Además, se registraron 68 eventos de confinamientos que obligaron a 36.101 personas, un 98,5 % indígenas y afrodescendientes, de 192 comunidades a quedarse dentro de sus territorios.

"La mayoría de estos eventos están relacionados con el interés de los grupos armados ilegales por los cultivos para uso ilícito, la disputa por el control del narcotráfico y de las rutas de contrabando y la extracción ilícita de minerales", señala la entidad en un comunicado

"El accionar de los grupos armados ilegales están generando situaciones que aterrorizan a la población y generan el desplazamiento masivo de las comunidades, por cuenta de amenazas, homicidios, reclutamiento forzado, presencia de artefactos explosivos, restricciones a la movilidad, disputas por el control territorial y social, entre otros", indicó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo. 

Camargo destacó la "urgencia" de desplegar "medidas de protección y mitigación del riesgo y la vulnerabilidad de las comunidades afectadas, por medio de acciones de prevención y protección que garanticen la atención integral y el goce efectivo de los derechos de la población". 

En Colombia existe una violencia estructural en zonas donde hay enfrentamientos entre los grupos armados ilegales y las autoridades por el control territorial.

Hace unos meses, se compartieron en las redes videos donde se observan a comunidades enteras de indígenas huyendo de sus hogares en plena pandemia ante las amenazas de los grupos armados.

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que ha hecho un registro de los homicidios de líderes sociales y excombatientes, en el país suramericano han ocurrido 43 masacres, que han causado 164 muertes, en lo que va de año. 

En las últimas décadas, desde 1985 hasta 2019, el Registro Único de Víctimas (RUV) tiene un acumulado histórico de casi 8 millones de desplazados. Según la Organización de Naciones Unidas, se trata de la mayor cifra de desplazamiento interno en el mundo.

Publicado: 13 jul 2021 21:27 GMT

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Martes, 13 Julio 2021 06:45

El hambre mata más que el covid

El hambre mata más que el covid

Informe de Oxfam sobre la crisis alimentaria mundial

 

Un informe difundido por la organización internacional Oxfam da cuenta de que transcurrido un año y medio desde que se desató la pandemia las muertes por hambre en el mundo se ubican por encima de los decesos como consecuencia de la covid 19. De acuerdo al estudio once personas mueren por minuto por motivo del hambre extrema, cifra superior a las siete muertes que genera la pandemia en el mismo tiempo. El trabajo sostiene además que “los conflictos armados, las alteraciones económicas provocadas por la pandemia y la creciente crisis climática han agravado la pobreza y la catastrófica situación de inseguridad alimentaria en las zonas con más hambre en el mundo, creando a su vez nuevos núcleos de hambre”.

El documento señala que este año se ha llegado a la cifra de 155 millones de personas en 55 países que padecen extremos de inseguridad alimentaria y 20 millones de estos habitantes del planeta se sumaron este año para alcanzar la cantidad mencionada. Según el informe la pandemia provocó que 33 millones de trabajadoras y trabajadores de todo el mundo perdieran su empleo en 2020, generando además pérdidas por valor de 3,7 billones de dólares en concepto de ingresos derivados del trabajo, una cifra equivalente al 4,4 por ciento del PIB mundial de 2019. Los precios de los alimentos en el mundo aumentaron en casi un cuarenta por ciento desde el año pasado, registrando el mayor incremento en más de una década.

En el mismo informe se señala la urgente necesidad de que los gobiernos actúen de manera inmediata para hacer frente a la inseguridad alimentaria y sus causas dado que la situación puede empeorar todavía más.

“Desde el inicio de la pandemia, el número de personas que viven en condiciones cercanas a la hambruna se han multiplicado por seis” según lo consigna el Global Report on Food Crise, organismo de Naciones Unidas.

De esta manera, lo que en principio aparecía como una crisis de salud a nivel global, se ha transformado rápidamente en un agudo problema de hambre cuya principal causa se le adjudica a los conflictos que persisten en todo el mundo, a pesar de los llamamientos formales para ponerles fin. “El gasto militar mundial se incrementó en un 2,7 por ciento el pasado año, un porcentaje equivalente a 51.000 millones de dólares” sostiene Oxfam, asegurando que con esa suma se habría podido financiar hasta seis veces y media el pedido de 7.900 millones de dólares que Naciones Unidas hizo en 2021 para hacerle frente a la lucha contra la inseguridad alimentaria. Cada día y medio se invierten 8.000 millones de dólares en gastos militares en todo el mundo.

“A menos que los Gobiernos actúen de forma urgente para abordar la inseguridad alimentaria y sus causas, lo peor está aún por llegar. Deben centrar sus recursos en financiar sus sistemas de protección social, así como programas que aborden las necesidades de las personas vulnerables y permitan salvar vidas de manera inmediata, en lugar de destinarlos a comprar armas, que perpetúan los conflictos y la violencia”, se afirma en el documento.

Otras proyecciones indican que 745 millones de personas en todo el mundo vivirán en condiciones de “pobreza extrema” al finalizar 2021, lo cual implica un aumento de 100 millones de personas desde que se declaró la pandemia 18 meses atrás. A ello se suma que 2.700 millones de personas no recibieron ningún tipo de ayuda pública para enfrentar las consecuencias económicas derivadas de la covid-19. Entre los grupos más directamente afectados se encuentran las mujeres, las poblaciones desplazadas y las personas que trabajan en el sector informal.

Como contraposición también durante la pandemia la riqueza se concentra. “La riqueza de las diez personas más ricas del mundo (de las cuales nueve son hombres) se incrementó en 413.000 millones de dólares el pasado año”, dice el informe de Oxfam, agregando que “esta cantidad bastaría para financiar hasta más de once veces la totalidad de las emergencias humanitarias de las Naciones Unidas para 2021”.

El documento señala además que para poner fin a la crisis del hambre los gobiernos “deben reconstruir la economía global de manera más justa y sostenible en el marco de la recuperación tras la pandemia” y “acabar con las desigualdades de fondo que amplían la brecha entre ricos y pobres”.

Entre las iniciativas propuestas para salir al cruce de la hambruna mundial se plantea la urgencia de dar financiamiento al llamamiento humanitario de Naciones Unidas contra el hambre y la creación de un fondo global de protección social. Además –dice Oxfam- se debería “garantizar el acceso humanitario a las zonas de conflicto, dejar de utilizar el hambre como arma de guerra y promover la paz a través de la participación y el liderazgo de las mujeres en la construcción de la paz”. A ello se agrega la necesidad de “construir sistemas alimentarios más justos, resilientes y sostenibles” y de “garantizar el liderazgo de las mujeres en la respuesta a la pandemia y la posterior recuperación”.

Todo ello – se sostiene en el documento- sin perder de vista la urgencia de apoyar “una vacuna universal” contra la covid-19, mientras se adoptan medidas urgentes para hacer frente a la crisis climática.

13 de julio de 2021

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Xi Jinping, el autócrata providencial en el centenario del PCCh

El escritor británico Anthony Burgess dio su definición sobre las conmemoraciones: algo así como una celebración de la memoria, ya que recordar de dónde se viene forma parte de diseñar hacia dónde se va. Para el Partido Comunista Chino, que celebra el centenario de su fundación, cumplida en julio de 1921, la celebración también sigue este principio. El pasado milenario de China, que la proyecta como el centro más próspero de las rutas comerciales asiáticas (el "Reino del Medio"), debe estar ligado al futuro en el que China recupere esa posición central; del mismo modo, el Partido Comunista muestra su futuro con los fuertes tintes de las gloriosas acciones de obreros y campesinos que, a mediados del siglo XX, superaron con heroicos esfuerzos la abominable opresión imperialista y la burguesía nacional para dar origen a la República Popular en 1949. Por lo demás, poco importa a la burocracia con sede en Pekín que el PCCh preserve la defensa de los trabajadores solo en una vaga retórica, habiéndose distanciado de hecho de la clase obrera hace mucho tiempo, recortando todas sus libertades de acción y pensamiento y convirtiéndola en un sujeto de explotación infernal por parte de los capitalistas nativos y occidentales para dar lugar al "milagro chino". La ironía es que mientras se celebran los 100 años del partido fundado para emancipar a la clase trabajadora, lo que se alaba hoy es un aparato burocrático que usurpó las conquistas revolucionarias de 1949 para restaurar el capitalismo en el coloso asiático.

Para Xi Jinping, la celebración oficia como un recordatorio de la grandeza personal que quiere transmitir a China y al mundo. Más cerca del romano Quintus Enius, Xi sabe que estará vivo mientras su legado pase por la boca de la humanidad, y es en ese legado en el que se centra. Casi una década en el poder, se enfrenta a enormes desafíos para China. Convertido en la segunda economía del mundo, y entrado en la carrera por la primacía industrial-tecnológica con Estados Unidos, el capitalismo chino (que se distingue del modelo habitual por el dirigismo estatal comandado por el PCCh) se ha convertido oficialmente en un "rival estratégico" de las potencias capitalistas occidentales. Dejando subrepticiamente de lado la "estrategia de los 24 caracteres" de Deng Xiaoping, que predicaba la circunspección y el bajo perfil de China en los asuntos exteriores, ocultando siempre su verdadera fuerza, Xi Jinping quiere mostrarse afirmativo. El Partido Comunista Chino proyecta su poder a nivel internacional, especialmente en el ámbito asiático, preparando la reincorporación de Taiwán y la integración territorial del Mar de la China Meridional, buscando desafiar la hegemonía de Washington existente en la región de Asia-Pacífico desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Los rápidos avances tecnológicos y la modernización de las Fuerzas Armadas –China tiene ahora la mayor flota de guerra del mundo– sirven al propósito del "sueño chino".

En una de las primeras ceremonias de apertura de las celebraciones del centenario, Xi Jinping, ensalzó la "lealtad al partido" y entregó una nueva medalla de honor ("Medalla del 1 de julio") a 29 miembros del PCCh, que ha gobernado China durante 72 años. "Dedica todo, incluso tu vida, al partido y al pueblo", dijo el gobernante a los 92 millones de afiliados. El país de los multimillonarios también tiene el partido de los multimillonarios. Cientos de miles de "capitalistas rojos", incluidos algunos de los empresarios más ricos de China, se encuentran entre los afiliados. Y no solo en sentido figurado, sino en posiciones de liderazgo en el Comité Central y el Politburó. Como revela la investigación de Bruce Dickson en Riqueza y Poder, la cantidad de empresarios capitalistas que son miembros del Partido Comunista Chino ha pasado del 13 % en 1993 al 35 % en 2008, y forma parte de una estrategia de cooptación del partido, en la que los gobiernos locales se fortalecen regionalmente incorporando al PCCh a los industriales más ricos (que se benefician de los resultados proyectados por estos gobiernos), y en la que los empresarios se benefician al tener facilidades para acceder a créditos bancarios y licitaciones, además de obtener la prerrogativa de injerencia política en las decisiones del partido. El mensaje de Xi Jinping a los empresarios chinos en octubre de 2020 seguía exactamente la misma lógica: todos los empresarios y multimillonarios se beneficiarán en China, siempre que colaboren con el mantenimiento del dominio del PCCh. No por casualidad, multimillonarios como Jack Ma, dueño del gigante Alibaba, y Pony Ma, de Tencent, son miembros del Comité Central, que dicta las coordenadas de la Asamblea Popular Nacional, en la que solo 209 diputados tienen una riqueza de 500.000 millones de dólares, equivalente al PBI de Bélgica.

De hecho, la lista de invitados distinguidos del Partido Comunista Chino para la celebración en la Plaza de la Paz Celestial es una radiografía sociológica del partido. Robin Li, multimillonario propietario de la empresa de Internet Baidu, es un querido amigo de Xi Jinping, invitado a las celebraciones junto con el empresario Dong Mingzhu, de Gee Electric Appliances. También está en la lista el multimillonario Lei Jun, dueño de la multimillonaria empresa de telefonía móvil Xiaomi y que fue invitado de gala a la celebración del 70 aniversario de la fundación de la República Popular en 2019. Jack Ma y Wang Xing, fundador del gigante tecnológico Meituan, han sido disciplinados por Xi Jinping para que vuelvan humildemente al reducto del PCCh. Los estalinistas brasileños, como Jones Manoel, celebran esta configuración del PCCh, diciendo (sin sonrojarse) que "no está en el horizonte del partido acabar con los multimillonarios." Por supuesto que no, ya que ninguna formación política prescinde voluntariamente de sus elementos vitales. En el siglo XX, los PC estalinistas defendían la asimilación de los terratenientes al socialismo; hoy, defienden la asimilación de los multimillonarios. Ayer y hoy, siempre con sus "terratenientes progresistas" en aras del orden del sistema estatal internacional.

Desde el punto de vista de las celebraciones, se hizo todo lo posible para entronizar a la burocracia del Partido Comunista como el principal desafío del imperialismo estadounidense y europeo en el nuevo siglo. Pero, ¿por qué Xi Jinping? ¿Qué razones lo convierten en el autócrata providencial en la obtención del "sueño chino"?

La encrucijada de la crisis mundial y el estancamiento chino

Según el filósofo de la escuela legalista china Han Feizi, que escribió en el siglo III antes de nuestra era sobre la necesidad de centralizar la autoridad total en manos de los gobernantes mediante leyes y métodos de administración (no por la virtud o la moral), los valores políticos cohabitaban, en una relación de subordinación, con las posibilidades materiales. Los tiempos materialmente difíciles exigían valores opuestos a la generosidad de la abundancia, así como los tiempos económicamente favorables explicaban la exuberancia y la magnanimidad. Curiosamente en sintonía con este tipo de materialismo individualista, la China del siglo XXI derrocha solidaridad retórica, contrarrestando la decadencia hegemónica del imperialismo estadounidense con los supuestos beneficios globales de su ascenso, adornado con favores para los aliados (y desgracias para los adversarios). Han Feizi probablemente explicaría la capacidad de proyección internacional de China de Xi Jinping con un examen minucioso de sus enormes éxitos económicos, que la han colocado como la segunda potencia mundial y la primera economía del mundo en términos de paridad de poder adquisitivo. El filósofo legalista clásico -si se sigue el ejercicio mental- estaría a favor de la política de premiar a los aliados y castigar a los enemigos como forma de condicionar el comportamiento de la comunidad internacional, cada vez más dependiente de China para sus propios éxitos económicos.

Es innegable que los tiempos son materialmente favorables para China a la luz de su historia reciente en el siglo XX, o el gran dolor de las humillaciones nacionales entre 1840 y 1949. Hay una contradicción de origen en el problema chino actual. La preparación de su crecimiento económico a ritmos monumentales se viene produciendo desde hace décadas, a partir de la apropiación por parte de la restauración capitalista -impulsada por Deng Xiaoping- de aquellos logros de la revolución de 1949. Pero, en realidad, la entrada de China en el escenario de las principales disputas mundiales es excesivamente reciente. Los contornos claros de su entrada en el proscenio de las disputas globales entre las grandes potencias son identificables con certeza desde 2013, cinco años después del estallido de la crisis económica mundial de 2008-2009. Hace menos de una década, la relación de China con las grandes potencias se basaba fundamentalmente en la integración de las cadenas globales de valor y en la estructura de la división internacional del trabajo heredada del neoliberalismo, en el marco de un sentimiento de desconfianza cordial que aún priorizaba la cooperación sobre la ya evidente competencia. Después de 2013, China pasó a ser considerada como una potencia a la que había que frenar en sus saltos económico-tecnológicos, y quedó oficialmente marcada como competidora estratégica de Estados Unidos y la Unión Europea con la iniciativa de la administración estadounidense de Donald Trump (2017-2020) de abrir una agresiva guerra comercial-tecnológica con China.

Para comprender mejor la actualidad concentrada de la posición cambiante de China en el mundo, es necesario arrojar brevemente luz sobre tres momentos. El primero de ellos es la apertura de la Gran Recesión en 2008. La crisis económica y financiera mundial no solo derribó a Lehman Brothers y la noción de infalibilidad capitalista que se propagó durante la era del triunfalismo neoliberal: también derribó la noción, alimentada por la burocracia del Partido Comunista Chino, de que su crecimiento podría seguir sosteniéndose de forma estable dentro del viejo sistema industrial orientado a la exportación. Victor Shih señala que al inicio de la crisis económica mundial de 2008 las exportaciones chinas se desplomaron drásticamente: mientras que en los años de bonanza china el crecimiento de las exportaciones era de una media del 20% anual, en 2009 las exportaciones chinas cayeron a menos de un 18 %. La contracción del comercio mundial, la fragilidad de la economía estadounidense, pero sobre todo la falta de nuevos nichos de acumulación de capital por parte de las grandes potencias que dieran solución a la crisis de 2008, obligaron al Politburó de Pekín a iniciar un tortuoso cambio en su patrón de crecimiento. El objetivo era dejar de depender de la exportación de productos con escaso valor añadido basados en la mano de obra intensiva, e introducir elementos de una economía avanzada que produjera alta tecnología. Para el mantenimiento de las tasas de crecimiento chinas, la dependencia del mercado exterior debe suavizarse a partir del impulso de un aumento masivo de la capacidad de consumo del mercado interno chino. También vinculado a esta transformación, China pasó de ser un bolsillo para la acumulación capitalista occidental a convertirse gradualmente en un competidor por el espacio de inversión mundial y el liderazgo en tecnología de punta. La crisis de 2008, por tanto, abrió el camino a un complejo cambio en las bases estructurales que sustentaban la economía china en los últimos 40 años.

El segundo momento fue el año decisivo de 2013. China, que seguía actuando como contratendencia mundial de los factores que impulsaban la crisis, anclando el desarrollo industrial y comercial mundial, se convirtió en parte del problema. Entre 2013 y 2014 comenzó a sentir los efectos de la crisis dentro de su propio territorio. El aumento de las exportaciones volvió a los niveles anteriores a la crisis durante los breves años de recuperación entre 2010-12, con un crecimiento medio del 25 % anual. Pero la recuperación fue efímera: en el bienio 2013-14, este crecimiento cayó al 7 % anual, y al -2 % entre 2015-16, y el superávit por cuenta corriente de China, que osciló entre el 8-10 % entre 2008 y 2010, cayó al 2 % después de 2013 (SHIH, 2019). Las dificultades materiales más graves fueron contenidas por el colchón de reservas internacionales de China, utilizado por Hu Jintao y Wen Jiabao para aplicar un plan de estímulo fiscal (o "flexibilización cuantitativa", cómo se conocieron las medidas similares) de 4 billones de yuanes entre 2009 y 2010. Pero la línea de fragilidad china se había hecho evidente, más aún con la crisis de las bolsas chinas en 2015, que le hizo perder billones de dólares en pocos días. Los esfuerzos por modificar el patrón de crecimiento de China y disminuir su dependencia de las exportaciones tuvieron que chocar con los intereses cristalizados de segmentos de la propia burocracia del PCCh que se beneficiaban demasiado del curso de la industrialización exportadora en las provincias. La necesidad de autopreservación de la burocracia china ante la posibilidad de un malestar social en la lucha de clases con los efectos de la crisis económica –en los años 2013-14 se registraron huelgas obreras récord– fortaleció al sector más decisivo de la burocracia para operar agresivamente este cambio: Xi Jinping llegó al poder en China precisamente en 2013.

El tercer momento de estos cambios en la posición de China en el sistema internacional de Estados se refleja en la reacción de las potencias occidentales, en primer lugar Estados Unidos, ante el nuevo rumbo del bonapartismo de Xi Jinping. El hito estratégico de esta etapa es la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Entre todas las tendencias nacionalistas y proteccionistas de sus políticas, sin duda fundadas en la propia crisis económica mundial y en las dificultades que atravesaba la economía estadounidense, se destaca una de ellas: la agresividad contra el avance de China. La carrera de China por cambiar el contenido de su producción, aumentando las inversiones en investigación y desarrollo de alta tecnología en ramas económicas de primera importancia –semiconductores, vehículos eléctricos, comunicación espacial, robótica, entre otras– ha hecho que China entre en la disputa por nichos de acumulación de capital. Esta entrada de China en la competencia por los espacios de inversión de capital ha puesto a China en curso de colisión con los intereses de Estados Unidos para preservar su primacía en la tecnología mundial. Todas las medidas de Trump relacionadas con China se basaron en el consenso bipartidista del imperialismo estadounidense para frenar el desarrollo chino. La disputa que marca nuestro siglo entre la superpotencia imperialista central (Estados Unidos) y la potencia emergente (China) –incluso teniendo en cuenta que China no está en condiciones de disputar la primacía imperialista en el mundo a Estados Unidos, muy por delante tecnológica y militarmente– entra en funcionamiento sin ningún disimulo.

Este período entre 2008 y 2017 es, por tanto, fundamental para entender la entrada de China en la contienda de los grandes asuntos capitalistas mundiales. Como no podía ser de otra manera, la línea política del Partido Comunista Chino, con Xi Jinping a la cabeza, tomó un rumbo aún más autoritario. Steve Tsang y Honghua Men afirman que el retroceso de la economía mundial provocado por la crisis financiera de 2008 representó la oportunidad para que un político como Xi Jinping se hiciera notar:

Los avances en materia de desarrollo que China había logrado hasta 2012 la colocaron en un lugar que obligó a los dirigentes a tomar decisiones estratégicas sobre la dirección que tomaría el país a partir de entonces. El enfoque desarrollista seguido por los dirigentes del Partido Comunista después de que Deng Xiaoping inaugurara las reformas en 1978 ya estaba agotado para entonces. La "década dorada" de la asociación entre Hu Jintao y Wen Jiabao marcó el punto álgido de lo que el viejo enfoque podía ofrecer. La perspectiva de prolongar ese enfoque durante otra década no es prometedora. La atmósfera internacional cambiaba, el panorama económico se modificaba, las ventajas demográficas se erosionaban rápidamente, las presiones medioambientales aumentaban, las expectativas de los ciudadanos crecían, las relaciones entre grupos étnicos presentaban desafíos. El gobierno chino tenía que adoptar una vía más dinámica, o arriesgarse a que estos retos se le escaparan de las manos [1].

¿El momento Xi Jinping?

Esta es una forma de presentar las importantes modificaciones estructurales en el modus operandi del Partido Comunista para adaptarse a las necesidades impuestas por la crisis de 2008 y sus claros efectos en China a partir de 2013. Desde que Xi llegó al poder en noviembre de 2012, durante el 18º Congreso del Partido Comunista Chino, su conducta ha sido combinar las políticas de aumento de las capacidades tecnológicas de producción (cambiando el contenido de la producción), con la regulación de las tasas de crecimiento medio del PBI de China. En contra de lo que se suele pensar, la reducción de la tasa media de crecimiento anual del PBI no implica necesariamente un debilitamiento económico. El punto de inflexión de 2013 se impuso a China para deshacerse del patrón de crecimiento a tasas superiores al 10 %. El enfoque estratégico del PCCh para equilibrar la economía implica objetivos de crecimiento anualizados del 7 %, y Xi quiere dejar claro que esta disminución de ritmos forma parte de la planificación económica en esta etapa. El énfasis está en la calidad del crecimiento, o en qué sectores de la economía se convierten en los nuevos centros de gravedad del capitalismo chino.

Xi Jinping añadió su marca a las supuestas premisas que entronizaron los derechos vitalicios de poder de la burocracia del PCCh: la búsqueda de China del estatus de gran potencia mundial. El actual nacionalismo chino se difunde ideológicamente en estrecha relación con la responsabilidad del pueblo de cooperar con los esfuerzos del "gran rejuvenecimiento" de la nación china, también estipulado en el XVIII Congreso del Partido Comunista. Los principales líderes gubernamentales que encabezan estos esfuerzos son todos aliados cercanos de Xi. Li Keqiang y Liu He (economía), Chen Xi y Wang Huning (ideología), Wang Qishan (seguridad), Zhang Dejiang (asuntos exteriores), Liu Yunshan (organización del partido) y Meng Jianzhu (asuntos políticos internos) son algunos de los principales hombres fuertes de Xi Jinping, que dirigen comités de administración que van desde la economía hasta la jurisdicción política estatal.

Pero esto se refiere a las necesidades de China en el centenario del Partido Comunista Chino. Otra cosa es saber por qué Xi Jinping fue consagrado como agente político todopoderoso, el segundo después de Mao Zedong, para llevar a cabo esas necesidades. Nada indicaba previamente que Xi Jinping sería el líder ungido del Partido Comunista. Hijo de un veterano del Partido, Xi Zhongxun –que fue uno de los favoritos de Mao para hacer carrera militar en el Norte durante la Guerra Civil, y que luego fue clave en la aplicación de las reformas procapitalistas de Deng Xiaoping–, Xi Jinping conoció desde muy joven el ambiente olímpico de la casta burocrática china. Tras ser enviado al campo en la provincia de Shaanxi durante la Revolución Cultural (1966-69), conoció los efectos directos de la entrada de capital extranjero en China cuando estuvo destinado en Xiamen, en la provincia de Fujian, una ciudad industrial que en la década de 1980 se convirtió en una de las primeras Zonas Económicas Especiales (ZEE). Xi se benefició políticamente de la represión de la Plaza de Tiananmen en 1989, ascendiendo en la jerarquía del partido con los triunfos de Deng, cuyo famoso "Viaje al Sur" de 1992 Xi pudo observar de primera mano. Secretario del Partido en el distrito de Ningde en la década de 1990 e incorporado al Comité Central del PCCh en medio de la crisis financiera asiática de 1997 (ayudado por las maniobras burocráticas del entonces presidente Jiang Zemin), Xi Jinping se trasladó posteriormente a la provincia agraria de Zhejiang a principios de la década de 2000, donde adquirió cierta notoriedad ya que la proximidad de la provincia a Shanghái hizo que se desarrollara rápidamente: bajo el liderazgo de Xi, las exportaciones de Zhejiang aumentaron un 33 % en cuatro años.

En cuanto a la orientación política, Xi Jinping era un partidario declarado de Deng Xiaoping y su política de reformas procapitalistas. La apariencia conduce al engaño y la exageración si se separa de la esencia de las cosas: a pesar del fortalecimiento de algunos gigantes nacionales (requisito para la proyección internacional, por cierto), Xi Jinping es un rígido defensor del capitalismo chino. Siguiendo los pasos de su padre, el actual presidente de China dio rienda suelta, allí donde trabajó, a las reformas liberalizadoras que devoraron los logros de la revolución de 1949 para catapultar el capitalismo chino a nuevas alturas. Patrocino el fortalecimiento de los principales propietarios privados del PCC, como Jack Ma, dueño de Alibaba, y Li Shufu, propietario de la automotriz Geely (ambos son de la provincia de Zhejiang). Animó a 2.000 empresarios de la provincia costera a invertir en el exterior en 116 países. Observando los tiempos actuales, se descubre fácilmente el origen de los enormes beneficios entregados por Xi Jinping al capital privado, a pesar de las eventuales medidas contra la cartelización de sectores de la economía.

Combinación de Mao y Deng

Sin embargo, la agresividad liberalizadora de Xi nunca implicó una clara separación individual de la figura de Mao. Curiosamente, en realidad ha ocurrido lo contrario. En ocasiones emblemáticas, Xi ha hecho públicos sus homenajes al "Gran Timonel". A finales de 2012, en uno de sus primeros viajes por China como secretario general del PCCh, Xi Jinping visitó la industrializada ciudad sureña de Shenzhen, rindiendo homenaje a la estatua de Mao. En las extensas celebraciones militares del 70 aniversario de la República Popular, Xi apareció en la plaza de Tiananmen con el mismo atuendo maoísta. Esto no es una casualidad. Revestir la línea de profundización de la liberalización a la Deng con la armadura de Mao sirve para señalar, interna y externamente, que China no seguirá el camino de la URSS, sacrificada por la odiada política de Gorvachov, según la ideología del PCCh. En enero de 2013, Xi se dirigió al Comité Central Chino sobre las razones de la caída de la Unión Soviética y la desaparición del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS), señalando la "confusión ideológica" como factor central, e identificando la máxima traición que habría llevado al abismo la propia renuncia al legado de Stalin, con las acusaciones de Khrushchev en el famoso XX Congreso del PCUS de 1956.

De hecho, el nuevo gobierno posterior a 2013 no escatimó esfuerzos para hacer entender que China preservaría el legado de Mao, evitando el proceso de "desestalinización" que, a ojos de la burocracia autoritaria de Pekín, fue la decisión que hizo sonar la campana de muerte del PCUS. En ese mismo inicio de su gobierno, en enero de 2013, Xi Jinping fue más allá e incluyó su visión sobre cómo deben verse los periodos históricos en China. Como recuerda François Bougon en "Inside the Mind of Xi Jinping", en su discurso en la Escuela del Partido de Pekín dirigido a los miembros permanentes del Comité Central del PCCh, Xi argumentó que la historia del Partido debía considerarse como un todo, sin la fragmentación de sus partes. Haciendo hincapié en las épocas de la "implantación del socialismo" de Mao Zedong en China, y la era de la reforma y la apertura de Deng Xiaoping, que dio paso al "socialismo con características chinas", el nuevo presidente concluyó que los treinta años de maoísmo (entre 1949 y 1979), y los posteriores treinta años de reformas procapitalistas son complementarios; no deben separarse el uno del otro, y mucho menos oponerse. En parte, Xi bebía en la fuente de las resoluciones de 1981 sobre "Algunas cuestiones sobre la historia de nuestro partido desde la fundación de la República Popular China", adoptadas en el sexto pleno del undécimo Comité Central del Partido, según las cuales era necesario distinguir el pensamiento de Mao, de los errores que había cometido su figura política. Pero Xi elevó esta decisión a la categoría de una concepción integral que respalda el derecho histórico del PCCh al poder. En ese discurso dejó claro que evocaba la síntesis entre las dos épocas, la de Mao y la de Deng, la de la fundación de la República Popular con la de las reformas procapitalistas, como pilar del nuevo régimen: al igual que sería incorrecto invocar a Mao para criticar las reformas de apertura, sería inaceptable señalar las reformas como punto de apoyo crítico a Mao. En palabras de Xi:

Nuestro Partido ha dirigido al pueblo en la construcción del socialismo durante dos épocas, antes y después del período de reforma y apertura. Estas dos épocas están mutuamente conectadas, aunque difieran entre sí en muchas cosas, pero ambas son períodos en los que la construcción del socialismo fue implementada y explotada por nuestro Partido a la cabeza del pueblo. El "socialismo con características chinas" se inició con el nuevo período histórico de la reforma y la apertura, pero también se inició sobre los cimientos del sistema socialista ya establecido en la Nueva China [...] Aunque haya grandes diferencias entre los dos períodos en cuanto a la ideología, la política gubernamental y el trabajo práctico, no pueden separarse, y menos aún ponerse en oposición. El período histórico que precedió a la apertura y a la reforma no puede ser negado por el que le sucedió; tampoco puede utilizarse el período histórico que precedió a la apertura y a la reforma para negar el período posterior.

La conducta gubernamental de Xi Jinping es ilustrativa de la puesta en común de los rasgos distintivos de las épocas Mao-Deng, cristalizados entonces en el concepto "los dos que no se pueden negar" (liangge buneng fouding). En otras palabras, ni la era de la reforma ni la era de la apertura podían utilizarse para negarse mutuamente. En diciembre de 2013, en el 120º aniversario del nacimiento de Mao, Xi Jinping rindió homenaje al Gran Timonel en términos benévolos: se trataba de indicar la línea maestra del gobierno, que busca perpetuar el dominio del capitalismo chino bajo la égida del Partido Comunista, como soñó Deng Xiaoping. La ironía es que la complementariedad entre las dos épocas, si no fue virtuosa, sin duda operó en común en un aspecto primordial, que a la burocracia le interesa menos destacar: la preservación de la concepción estalinista del socialismo en un solo país para China, como bloqueo a la expansión internacional de la revolución y que resultó en la restauración capitalista por las propias fuerzas del PCCh.

Ascendiendo la montaña burocrática

Pero esto, aunque arroja luz sobre la concepción impulsora del nuevo gobierno, sigue sin explicar la elección de Xi Jinping. Frente a una nómina de burócratas empeñados en la restauración acelerada del capitalismo, tras el triunfo del ala de Deng contra el ala de los restauracionistas "moderados" (Chen Yun, Deng Liqun) a mediados de los años noventa, Xi Jinping no se erigió con ninguna capacidad extraordinaria a pesar de figurar entre los funcionarios bien situados en el Comité Central.

El sinólogo británico Kerry Brown, en su libro "CEO, China: the Rise of Xi Jinping", explica que en 2007, poco antes de la remodelación del liderazgo del partido en 2012 (el último año del gobierno de Hu Jintao-Wen Jiabao), tres nombres figuraban entre los más mencionados en la línea de sucesión: Li Keqiang, Li Yuanchao y Xi Jinping. Otro político de prestigio, Bo Xilai, hijo de un veterano del PCCh (Bo Yibo), surgió entre los aspirantes. Aunque menos cercano que los demás a Hu Jintao, Xi Jinping alcanzó el puesto de vicepresidente de la Comisión Militar Central, una institución clave en la política china cuya dirección aseguró el dominio indiscutible de Mao y Deng. Este paso supuso una ventaja considerable para Xi, complementada por un juego de fortuna: ante las acusaciones de corrupción de Chen Liangyu, jefe del Partido en Pekín, la burocracia del partido elige a Xi Jinping como su sustituto. El control de las provincias, o de ciudades estratégicas como Pekín, ha sido la plataforma más importante para ascender en la jerarquía interna del Partido Comunista desde su creación. Jiang Zemin, Hu Jintao y Xi Jinping fueron líderes provinciales que llegaron a la cima de la burocracia de Pekín. Las provincias chinas tienen economías y densidades de población que a veces superan las de muchos estados nacionales. Henan y Sichuan tienen más de 100 millones de habitantes cada una, Shangái tiene el PBI de Finlandia y Guangzhou el de Indonesia. Esto confiere un inmenso poder a los líderes de estos colosos provinciales, que constituyen el grupo más influyente dentro de un Comité Central poblado por ministros, presidentes de empresas estatales y propietarios privados.

Con estas credenciales necesarias, Xi Jinping asumió la presidencia de la República Popular China en noviembre de 2012, ascendiendo también al cargo de presidente de la Comisión Militar Central y al de secretario general del PCCh. Pero estas credenciales necesarias no eran suficientes por sí mismas. Xi demostró ser el más capaz de encarnar las tendencias bonapartistas y nacionalistas que exigía la crisis económica mundial de 2008 y sus efectos en China en 2013. El bonapartismo, según la tradición marxista, distingue a una figura política autoritaria que, ante el enfrentamiento de las clases sociales en momentos de crisis y para evitar procesos abiertos de revolución y contrarrevolución, se eleva aparentemente por encima del eje de las clases y de su representación parlamentaria, convirtiéndose en un "juez árbitro" de la nación; este dominio del sable no está suspendido en el aire: sociológicamente, sirve a los intereses del sector y empresa más fuerte de la clase explotadora (el capital financiero), y políticamente sitúa el eje de su poder en la policía, la burocracia estatal y la camarilla militar” [2]. En el caso de la China capitalista, cuyo sistema presenta muchas diferencias con respecto a las formaciones occidentales, esta característica bonapartista afecta también, como un factor tan importante como los mencionados anteriormente, a la preservación del poder del Partido Comunista como fuerza política de dominio indiscutible. Xi Jinping reunió en sí mismo las mejores características disponibles para mantener el poder del PCCh en tiempos de crisis mundial. Como tal, se alzó como la fuerza más bonapartista para la defensa de los intereses de la casta burocrática de Pekín.

Los cuatro pilares de Xi

Podemos señalar cuatro ejes de intervención de esta fuerza social representada por Xi Jinping, y que le dieron amplios poderes. En primer lugar, desde el punto de vista económico, Xi representó la creciente necesidad de desarrollo tecnológico de China. A diferencia de Li Keqiang (que estudió Derecho) y Li Yuanchao (que estudió Historia), Xi tenía formación en ingeniería y ocupó comités responsables del desarrollo de la investigación y la innovación en los departamentos estatales. El actual presidente chino se opuso a lo que llamó "estructura industrial irracional" combinada con una "capacidad de innovación inadecuada". La carga presupuestaria dedicada a la investigación y el desarrollo (I+D) se ha disparado desde 2013. El gasto en I+D de China, en relación con el PBI, creció del 0,7 % (2.800 millones de dólares) en 1991 al 2,2 % del PBI (263.000 millones de dólares) en 2017. Según el Centro Común de Investigación de la Unión Europea, China fue el mayor usuario del sistema internacional de patentes por primera vez en 2019, seguido de Estados Unidos, Japón, Alemania y Corea del Sur. En el ranking publicado en 2019 por la Comisión Europea de las 2.500 empresas del mundo que más invierten en investigación y desarrollo, China es el segundo país con más empresas, por detrás de Estados Unidos, seguido de Japón y Alemania. El gasto total en I+D de China alcanzó los 2,214 billones de yuanes (unos 321.300 millones de dólares) en 2019, un 12,5 % más, o 246.570 millones de yuanes, en comparación con 2018, según un informe del Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Finanzas. El resultado de este movimiento ha sido una competencia por la primacía tecnológica con Estados Unidos. Este énfasis de la tecnología en el régimen de Xi ilustra la respuesta que China se vio obligada a dar ante la crisis del comercio mundial con la Gran Recesión de 2008. Más que eso, Xi fue proactivo y se encargó de llevar a cabo, de forma gradual pero segura, el cambio necesario en el patrón chino de acumulación capitalista, reduciendo la dependencia de la economía china de las exportaciones de bajo valor añadido, y desarrollando las bases de una economía de producción de alto valor añadido basada en el fortalecimiento del mercado interno. Con Xi, la fábrica del mundo debería convertirse en la inteligencia artificial de circuitos integrados del mundo. Tanto es así que el XIV Plan Quinquenal, por primera vez en la historia de la República Popular China, tiene un capítulo especial dedicado a la tecnología. Como informa Jaime Santirso, de El País:

En términos prácticos, el impulso estatal a la innovación, un concepto abstracto, se traduce en más recursos. El Gobierno prevé que en los próximos cinco años la inversión en investigación y desarrollo crezca a un ritmo anual superior al 7 %, una cifra viable, ya que en el último cuarto de siglo nunca ha bajado del 8 %. En términos absolutos, China dedica el 2,4 % de su PBI a esta partida, tres puntos porcentuales menos que Estados Unidos. Los recursos se destinarán a sectores considerados estratégicos. El plan menciona siete: la inteligencia artificial, la información cuántica, los semiconductores, la neurociencia, la ingeniería genética, la medicina clínica y la exploración del espacio, las profundidades oceánicas y los polos. El tema central es la autosuficiencia: un concepto transversal en la planificación, ya que China pretende reducir sus vulnerabilidades y blindarse frente al exterior.

Desde el punto de vista de la seguridad interna, China se enfrentó en 2009 a una insurgencia amenazante en la región separatista del Tíbet y a movilizaciones de la población musulmana en la región de Xinjiang, en el noroeste del país. Estos fenómenos de resistencia al autoritarismo estatal y en defensa de la autodeterminación nacional de los pueblos oprimidos por China hicieron tambalear la confianza del gobierno de Hu Jintao. A mediados de la década de 2000, las llamadas "revoluciones de colores" en varios países que formaban parte de la antigua Unión Soviética, como Ucrania, Georgia y Kirguistán, ya habían hecho saltar las alarmas en la burocracia china. No menos llamativos fueron los procesos de la Primavera Árabe de 2011, con movilizaciones de masas que derrocaron a dictadores en Túnez, Egipto y Libia (procesos que, en ausencia de una fuerza independiente de la clase trabajadora, fueron derrotados). La cuestión de la unidad nacional china, siempre una delicada llaga para el gobierno, se convirtió en una preocupación aún mayor con estos hechos políticos que aumentaron la desconfianza en Pekín sobre las intenciones de las potencias occidentales. Del Tíbet a Xinjiang, de Hong Kong a Taiwán, creció el sentido de autopreservación de la burocracia del PCCh, que depende de los logros de la unificación nacional heredados (e incompletos) de 1949. Xi Jinping, como presidente de la Comisión Militar Central y jefe supremo del Ejército Popular de Liberación, representó a la perfección el sentimiento agresivo del segmento mayoritario del gobierno sobre la defensa de su territorio, pero también de la necesaria realización de las tareas de unificación nacional. Ha impulsado la virtual incorporación de Hong Kong al territorio chino, con la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional en la ciudad financiera, e invoca un discurso cada vez más amenazante en favor de la reincorporación de Taiwán –que es muy importante para los planes de desarrollo tecnológico chino al tener en su territorio al principal productor mundial de semiconductores (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)–. La retórica de Xi contra el imperialismo estadounidense ha adquirido un tono mucho más asertivo contra cualquier amenaza de injerencia extranjera en los asuntos chinos.

Socialmente, Xi Jinping ha encarnado la represión virulenta de cualquier manifestación de los trabajadores chinos en el terreno de la lucha de clases. En la nueva fase de la historia nacional china, tras la crisis mundial de 2013, no se toleran las manifestaciones de los trabajadores, además de la habitual asfixia de las iniciativas para organizarse independientemente del aparato sindical oficial. Los años de crisis económica fueron tiempos de aumento exponencial de las huelgas de trabajadores en China. Los disturbios en huelga –que en la terminología gubernamental aparecen como "incidentes masivos"– aumentaron de 87.000 en 2005 a 127.000 en 2008, en plena Gran Recesión. Los datos de los tribunales de arbitraje en materia laboral confirmaron este monumental crecimiento de las huelgas en 2008, que casi se duplicaron respecto a las cifras del año anterior. El China Labour Bulletin (CLB), por su parte, identifica la tendencia de crecimiento de las huelgas laborales entre 2013-2014, un periodo de caída de las exportaciones y del superávit comercial chino, lo que se traduce en la menor tasa de crecimiento del PBI en décadas.

El récord se estableció en 2015, cuando se registraron más de 2.700 huelgas en China (en 2018 hubo 1.700 huelgas, frente a las 1.200 registradas en 2017).

Militarmente, el programa central de Xi Jinping es la modernización acelerada de las Fuerzas Armadas chinas. China ya no puede contenerse dentro de sus propias fronteras nacionales, ya que su influencia económica y, en consecuencia, política tiene alcance internacional. Por tanto, la tradicional cautela geopolítica china debe combinarse con elementos de mayor asertividad en el ámbito regional. La remodelación de las bases de crecimiento de China la sitúa directamente en una trayectoria de colisión con el status quo de la estructura de seguridad asiática, que desde la Segunda Guerra Mundial ha estado bajo la responsabilidad de Estados Unidos. Como presidente de la Comisión Militar Central y comandante supremo del Ejército Popular de Liberación, Xi Jinping ha encarnado el programa de modernización acelerada del arsenal bélico chino para romper con el status quo de la estructura de seguridad asiática. De forma subrepticia, Pekín desea comunicar que Asia ya no pertenece a los estadounidenses, y que son las naciones asiáticas las que ejercerán el control de la seguridad de las rutas comerciales y marítimas estratégicas del Océano Pacífico. Esto es así porque el control de Asia sirve de plataforma para la proyección del poder de China sobre todo el mundo.

Hay otra forma de ver el ascenso de Xi Jinping, combinable con la primera apreciación: simplemente heredó del pasado las tareas inconclusas de los últimos líderes. Este elemento subraya la continuidad, más que la discontinuidad, con el legado político de las generaciones anteriores. La coherencia con la historia pasada del gobierno del Partido Comunista no es un factor secundario en la elevación de un líder en la China post-Mao. En su década en el poder, Hu Jintao insistió en la necesidad de perseguir el desarrollo científico y lograr una sociedad moderadamente próspera para 2035, puntos programáticos marcados con énfasis en las banderas de Xi Jinping. Las críticas del actual presidente chino al crecimiento insostenible y desequilibrado de China ya estaban en boca del anterior primer ministro, Wen Jiabao. Estos y otros componentes fueron objetivos heredados por la nueva administración. La capacidad de cumplir estos objetivos influyó sin duda en la unción de Xi, más allá de los nuevos retos que planteó la crisis económica de 2008. Estas capacidades se refieren, nada menos, que a la preservación de las fortalezas morales de los dirigentes del PCCh ante el pueblo.

¿Burocracia posmaoista o clase obrera en acción?

En definitiva, Xi se inscribe en la tradición de las proyecciones políticas a largo plazo características de la administración china posterior a 1949. Para Mao Zedong, el futuro debería corresponder a una especie de paridad de condiciones materiales para todo el pueblo chino, una igualdad que tendría que encajar dentro de un régimen político completamente burocratizado, sin ningún rastro de democracia obrera urbana y rural, y encerrado dentro de los estrechos confines de las fronteras nacionales (la noción reformista-nacional de Stalin-Bujarin de "socialismo en un solo país"). Después de 1978, para Deng Xiaoping, el futuro consistía en el crecimiento económico a cualquier precio, y debía pasar por encima de la preocupación por una cierta paridad de condiciones materiales entre las personas, un pensamiento que se inscribía en el marco de una política restauradora del capitalismo a las puertas de la ofensiva neoliberal a nivel mundial. Para Xi Jinping, que les sigue en importancia, el futuro implica el "sueño chino" (zhongguo meng), una especie de rescate de la milenaria grandeza imperial para proyectar a China al estatus de superpotencia mundial. A partir de 1980, dentro de los parámetros establecidos por Deng tras la muerte de Mao, China debería pasar por tres fases. En la primera fase, la tarea consistiría en proporcionar alimentos y ropa a la población china, aún sumida en la pobreza resultante de las catástrofes del Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural. En la segunda fase, China se esforzaría por lograr una sociedad moderadamente próspera (xiaokang sheshui, un concepto extraído del confucianismo) para 2035; esta fase está en curso. En la tercera fase, China debería completar la modernización de sus zonas urbanas y rurales en su conjunto para el centenario de la Revolución China en 2049, convirtiendo al país en una gran potencia mundial. Bougon lo atestigua:

“La fórmula del "Pensamiento de Xi Jinping" anunció una nueva era de treinta años, que se extendería hasta 2050, siguiendo las eras de Mao y Deng, con sus herederos Jiang Zemin y Hu Jintao. Xi se consolidó como maestro y guía todopoderoso de China. Para él estaría reservado conducir a China por un camino que atraviesa dos etapas distintas para convertirse en una "gran nación socialista moderna": entre 2020 y 2035, el objetivo es lograr una "sociedad moderadamente próspera", la expresión confuciana utilizada por Deng; entre 2035 y 2050, la nación china volverá a ser un líder económico mundial. China será "próspera, fuerte, democrática, culturalmente avanzada, armoniosa y hermosa", como dijo Xi a 2200 delegados [...] Para Xi, esta nueva era –su era– será de pleno rejuvenecimiento”.

Estos dos últimos objetivos coinciden con fechas conmemorativas estratégicas: respectivamente, el centenario de la fundación del PCCh y el centenario de la fundación de la República Popular. Como vínculo moderno que conecta el pasado con el futuro, Xi Jinping quiere dejar su huella en esta transición de la sociedad moderadamente próspera al "gran rejuvenecimiento" (fuxing-zhilu) de la nación china como gran potencia. De todo lo anterior se desprende una importante conclusión: no estamos tratando una cuestión individual de la figura de Xi Jinping, extrayéndola de la historia concreta. Aunque las personalidades son muy importantes en la historia política, lo esencial es qué fuerzas de clase y qué programa representan. Su ascenso responde a ciertas tendencias internas de China, y sobre todo externas. La autoridad de Xi está revestida de las necesidades sociales de la burguesía china y de la burocracia estatal ante la crisis económica mundial de 2008 (agravada por la pandemia de 2020), que amenazaba dramáticamente el rumbo previsto, y cuyos efectos solo podían prolongarse con fuertes inyecciones de estímulo fiscal y control social. Es una figura providencial para las necesidades de una burguesía que necesita operar un complejo giro interno que altere el patrón de crecimiento adoptado por China en las últimas décadas.

El único baluarte contra la disputa intercapitalista entre China y Estados Unidos solo lo puede proporcionar la clase obrera china y su acción en la lucha de clases. El nacionalismo reaccionario de la burocracia post-maoísta de Xi no es una alternativa al imperialismo occidental. La fuerza de los trabajadores chinos, como en todo el mundo, está en su unidad, no solo en su propio territorio sino a nivel internacional, a la solidaridad con los musulmanes de Xinjiang reprimidos por Pekín, en la oposición a la explotación de los trabajadores migrantes en Taiwán y en la coalición del PCCh con la junta militar asesina de Myanmar. Este es el verdadero poder del siglo, y es en la lucha de clases donde los trabajadores chinos necesitan construir su propia herramienta política, independiente del aparato burocrático reaccionario del PCCh.

Traducción: Javier Occhiuzzi

Fuentes bibliográficas (no citadas directamente en el texto):

Fulda, Andreas, The Struggle for Democracy in China, Taiwan and Hong Kong, E. Tylor & Francis Ltd, 2019.

Elfstrom, Manfred, Workers and Change in China: Resistance, Repression, Responsiveness, Ed. Cambrigde University Press, 2014.

Elfstrom, Manfred & Kuruvilla, Saros, The Changing Nature of Labor Unrest in Chine, Ed Cornell University ILR School, 2014.

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Cumbre de los dueños de la alimentación

No podemos vivir sin comer. Los alimentos y todo lo que les rodea están en la base de la vida de todas las personas. Por ello controlar ese mercado es un objetivo fundamental de las empresas trasnacionales. Al día de hoy, cuatro o cinco grandes empresas de agronegocios controlan más de la mitad del mercado global en cada eslabón de esa cadena industrial. Con la pandemia aumentó explosivamente la entrada de las gigantes tecnológicas y de comercio en línea, lo cual ha cambiado las estructuras de producción y quiénes controlan a productores y consumidores. Para legitimar este asalto digital y biotecnológico a nuestra comida y sentar nuevas normativas internacionales (leáse evitar regulaciones y control públicos), se concibió la llamada Cumbre de Sistemas Alimentarios, a realizarse en septiembre de 2021.

Aunque se presenta como una cumbre de Naciones Unidas, fue una iniciativa del Foro Económico Mundial (Foro de Davos en lenguaje popular, donde convergen las mayores empresas trasnacionales). António Guterres, secretario general de la ONU, anunció en 2019 su realización antes de que los propios órganos de Naciones Unidas relacionados a agricultura y alimentación –como FAO y el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial– supieran de ésta. Pese a ser “oficial”, esta cumbre será un evento “público-privado”, donde el sector privado tiene más participación e influencia que los coorganizadores de Naciones Unidas (https://tinyurl.com/cd7rhptb).

La comida no es sólo nutrición, es además un pilar esencial de la organización de las sociedades y las culturas. Durante más de 99.9 por ciento de la historia de la humanidad los alimentos, la forma de obtenerlos, producirlos y procesarlos ha sido diversa y descentralizada según geografías y culturas, basada en sistemas locales y, en su vasta mayoría, sustentable social y ecológicamente. El capitalismo y su Revolución Verde (paquete tecnológico de semillas híbridas y transgénicas, maquinaria pesada, agrotóxicos y fertilizantes sintéticos) junto a la globalización impuesta, logró dañar en algunas décadas parte de esa realidad milenaria, con una industria alimentaria basada en el lucro, en la uniformidad genética de plantas y animales, groseramente quimicalizada –agrotóxicos, conservantes, saborizantes, espesantes, colorantes, etcétera–, con cada vez más elementos sintéticos y artificiales. Industria que es también uno de los mayores factores de contaminación de suelos, agua y tierra y causante del cambio climático. Adicionalmente, también es el mayor factor de producción de epidemias y pandemias (https://tinyurl.com/1lydnlmh).

Es uno de los 10 mayores mercados industriales globales, lista en la que ha ocupado entre el primero y séptimo lugar en la década pasada. Esto pese a que esa contabilidad sólo toma en cuenta la industria y apenas parcialmente los alimentos que provienen de redes campesinas, pesca artesanal, huertas urbanas y recolección tradicional, que son quienes proveen alimento a 70 por ciento de la población mundial. (https://tinyurl.com/fjx7hm)

Desde hace pocos años, las gigantes de tecnología digital y de plataformas de venta en línea (como Google, Facebook, Amazon, Microsoft, etcétera) han entrado en la agroalimentación. Han introducido programas de control digital del agro (ofertados por las empresas de agronegocios y maquinarias en sociedad con las tecnológicas) y diversos instrumentos para ello, como drones y sensores, a la vez que expanden y controlan las ventas en línea, tanto entre empresas como a consumidores (https://tinyurl.com/zw2xksxz).

Por todo ello, más allá de la retórica, los principales objetivos de esta Cumbre de Sistemas Alimentarios son: a) La promoción y avance a gran escala de la industria agroalimentaria digital o “Agricultura 4.0”, con nuevas biotecnologías, sistemas informáticos, extracción y acumulación masiva de datos del campo, de ecosistemas y de nuestras conductas alimentarias; b) establecer sistemas de gobierno alternativos sobre agroalimentación, donde las empresas tengan el papel principal junto a algunos gobiernos: “sistemas público-privados”, marginando incluso a Naciones Unidas y buscando eliminar a las organizaciones campesinas, indígenas, de mujeres, trabajadores, que no puedan cooptar; c) establecer nuevos conceptos como “producción positiva a la naturaleza”, para conseguir subsidios y cooptar producción orgánica si les sirve para el lucro, y otros como “soluciones basadas en la naturaleza” que es una cobertura para abrir nuevos mercados de carbono en agricultura y mercados de “compensaciones” por destrucción de biodiversidad.

La Vía Campesina y la vasta mayoría de movimientos campesinos, ambientalistas, de agroecología, de mujeres y pueblos indígenas de todo el mundo rechazan esta cumbre y se han propuesto desmantelar las mentiras y maniobras que entraña (https://tinyurl.com/4atvcnf4).

Más graves aun cuando el mundo sigue en pandemia y el sistema agroalimentario industrial que pretende avanzar la cumbre es uno de los factores clave en la generación de epidemias. Por ello, realizarán una contracumbre a finales de julio, donde una gran diversidad de organizaciones y comunidades presentarán las realidades y propuestas que necesitamos para alimentar a todo el mundo, con justicia y cuidado del medio ambiente.

  • Investigadora del Grupo ETC
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Oportunidades, espejismos y bloqueos de la renta básica universal

América Latina no aparece como un escenario propicio para avanzar en una renta básica universal. En parte, esto ocurre por las herencias institucionales de sistemas de protección social fragmentados, por el corporativismo sindical y por los consensos en torno de transferencias monetarias focalizadas y condicionadas. Si bien la pandemia de covid-19 ha impulsado ayudas estatales, estas pueden terminar potenciando las vulnerabilidades de la estructura social y los déficits de los sistemas de protección social.

 

Introducción

La pandemia de covid-19 está generando en América Latina una triple crisis combinada y asimétrica: sanitaria, económica y social1. La crisis sanitaria deriva en crecimiento (muchas veces exponencial) tanto de casos de covid-19 como de situaciones críticas y muertes en exceso derivadas de la pandemia. Aquí, la asimetría se manifiesta en las diferentes tasas de contagio y letalidad para grupos de población con distinto acceso a cuidados preventivos y terapéuticos.

La crisis económica surge de un doble shock de oferta y demanda que golpeó sobre economías que ya venían de procesos de estancamiento y desbalances macroeconómicos y financieros. Sobre este escenario se aplicaron las políticas de cierre de la actividad económica y movilidad para combatir la pandemia, las cuales tuvieron un impacto asimétrico sobre la heterogénea estructura productiva de la región. A las medidas internas, se sumó la caída del comercio internacional para países fuertemente dependientes de la exportación de materias primas2

La crisis social se desató sobre una de las regiones más desiguales del mundo y los problemas son acumulativos: reducción de la circulación de personas y mercaderías, caída del empleo y los ingresos, cierre de servicios públicos claves como las escuelas y otros centros educativos, etc.3. Los efectos negativos en las condiciones de vida de la población son más intensos en los grupos informales de bajos ingresos, junto con aquellos que sufren déficits habitacionales y de acceso a servicios públicos básicos. Además, la población más vulnerable no dispone de estabilizadores automáticos (por ejemplo, seguro de desempleo), ni de acceso a la seguridad social, ni de ahorros previos, por lo que tendrá mayores dificultades para recuperarse y regresar a sus ya precarias actividades previas al shock.

En este contexto, tres elementos definen la posibilidad de avanzar en un modelo de protección social universalista e incondicional, que incluya una política de renta básica universal: (a) la naturaleza del vector de riesgo; (b) la estrategia epidemiológica para enfrentarlo; y (c) la profunda vulnerabilidad de la estructura social en la región. 

El vector de riesgo se deriva de un virus de alta capacidad de contagio y moderada pero rápida letalidad, sin tratamientos claros. Estas características potencian la importancia del acceso a bienes públicos y de la regulación de externalidades, al tiempo que limitan (aunque no suprimen) la posibilidad de las elites de aislarse. La falta de adecuado acceso a la salud, saneamiento, viviendas básicas y sistemas de aseguramiento colectivo define una fuerte externalidad negativa, que incrementa el riesgo agregado para toda la población de las medidas adoptadas (necesidad de movilidad, imposibilidad de sostener formas mínimas de distanciamiento y confinamiento parcial o total). 

En segundo lugar, la estrategia de lockdown y cuarentena hace que de las cuatro esferas que producen y asignan bienes y servicios (mercado, Estado, familia y comunidad)4, una desnude sus fuertes limitaciones y las otras se vean jerarquizadas; esto contrasta con lo sucedido en los últimos 40 años en la región. Así, el papel del mercado y su capacidad de resolver eficientemente la asignación de recursos y la coordinación de agentes se ven cuestionados tanto por la naturaleza del vector de riesgo como porque la estrategia epidemiológica limita su funcionamiento. En contraste, frente a la estrategia epidemiológica adoptada, se revalorizan: (a) el Estado como mecanismo vinculante en la extracción y asignación de recursos y la coordinación de agentes; (b) las familias como forma básica de producción de aseguramientos y pooling de recursos; y (c) la comunidad como espacio potencial de solidaridad y formas no mercantilizadas de intercambio.

La pandemia, con variaciones por país, afectó no solo a la amplia población que ya carecía de acceso a condiciones básicas de vida, sino también a grupos muy «vulnerables» a cambios mínimos en su forma de vida; otros, aun cuando tienen capacidad de respuesta en el corto plazo, no podrán sostenerla si la situación se extiende en el tiempo. Es que las vulnerabilidades ante shocks externos no son un rasgo coyuntural sino estructural de América Latina. La magnitud y profundidad del shock pueden ser coyunturales, pero la precariedad de aseguramientos y de acceso a bienes colectivos es estructural. América Latina ya mostró y muestra una estructura social altamente vulnerable a los shocks idiosincráticos o vitales propios del ciclo de vida de las personas (enfermedad, vejez, desempleo, etc.).

El desafío que enfrenta la región en materia de ingresos y bienestar es por tanto triple: elevar a aquellos sectores con déficits extremos antes de la pandemia, evitar la caída de sectores afectados por sus efectos y garantizar tasas razonables de reemplazo de ingresos a sectores medios-bajos que sufran pérdidas de empleo y salarios. Atender este desafío es imprescindible para otorgar certidumbre intertemporal y evitar un sobreajuste negativo del consumo y de la demanda agregada. A nuestro modo de ver, la solución más directa a este triple desafío es una política de renta básica universal financiada con una reforma fiscal progresiva, junto con el fortalecimiento y la ampliación del acceso a bienes y servicios públicos de toda la población5.

Así como, a finales del siglo xix e inicios del siglo xx, el descubrimiento de vectores epidemiológicos derivó en una gran inversión en materia de salud pública, sería deseable que la pandemia actual promoviera modelos de universalismo incondicional, tanto en la transferencia de ingresos como en el acceso a bienes y servicios públicos colectivos. Los efectos de la pandemia demuestran que esto es necesario no solo por razones de derechos o equidad social, sino también por razones de eficiencia y eficacia.

En contraste, lo que hasta aquí predomina en la región son estrategias que repiten la naturaleza estratificada, segmentada y excluyente de los sistemas de protección social y que abordan en forma precaria el fortalecimiento de servicios públicos y colectivos claves. Pese al fracaso de estas estrategias tanto en la «normalidad» previa como frente a las necesidades derivadas de la crisis de covid-19, en la región persiste un abordaje fragmentado, temporal, paliativo y de baja inversión en bienes públicos y de mérito. 

Esto se observa junto con una retórica oficial y oficialista que pretende que los programas implementados abrevan en el espíritu de la renta básica universal. Pero hasta aquí se trata solo de una retórica reiterada y exacerbada por el drama desatado por la pandemia. Un modelo de universalismo ciudadano incondicional se sustenta en tres pilares que la región nunca ha construido y que siguen sin plantearse con claridad conceptual y temporal en la crítica coyuntura actual: una fiscalidad progresiva estable, una garantía de renta universal, incondicional y permanente, y una matriz robusta de bienes públicos y de mérito de larga duración.

 

Rasgos estructurales de los sistemas de protección social en América Latina

 

Los sistemas de protección social en América Latina se desarrollaron de manera fragmentada, con instituciones que establecen límites a la expansión de la cobertura y un desigual acceso a los beneficios para los distintos grupos de población. La incorporación a las instituciones de protección social no siempre es por derecho de las personas, sino más bien por selección de grupos de población por parte de las autoridades políticas. Se observa así una evidente tensión entre un discurso universalista de reconocimiento de derechos sociales igualitarios y una práctica particularista que segmenta a la población en grupos gestionados de manera desigual6.

En parte, esta tensión se debe a que la región nunca logró replicar las formas de organización económica y social de los Estados de Bienestar maduros, ya sea en sus niveles de industrialización y formalidad salarial o en los modelos familiares nucleares «tradicionales». Pese a que América Latina no completó nunca la industrialización ni la primera transición demográfica, el nuevo milenio encuentra a buena parte de la región embarcada en procesos propios de la sociedad postindustrial y de la segunda transición demográfica. Estos procesos, combinados con regímenes segmentados y particularistas de protección social, amplían la vulnerabilidad social de gran parte de la población tanto en la «normalidad» de la reproducción social como frente a shocks externos inesperados.

La elevada presencia de la economía informal es uno de los rasgos sobresalientes. No se trata de un problema aislado que merece un trato especial, sino de un particular modo de regulación de la economía y de gestión política de la población subordinada que no se ha podido superar en las fases cíclicas de crecimiento económico. En América Latina, el mercado laboral es un espacio de desigualdad social que se proyecta a otros espacios sociales y al sistema de políticas públicas. Las evidencias históricas permiten afirmar que en la región no es posible: (a) obtener el ideal de pleno empleo para toda la fuerza laboral; (b) cumplir con los imperativos que el sistema capitalista impone al contrato laboral como mecanismo de asignación de empleos disponibles y distribución equitativa del ingreso; (c) alcanzar una cobertura universal e igualitaria con las políticas actuales de protección social.

Pese a ello, las instituciones sociales continúan organizándose con reglas que buscan preservar la primacía distributiva del mercado laboral y que tratan la pobreza y la exclusión social como cuestiones residuales. Por el contrario, la pobreza y la marginalidad no son derivados de pérdidas circunstanciales de ingresos por crisis cíclicas o reconversiones productivas, sino problemas estructurales resultantes del modo de funcionamiento tanto del mercado laboral como de las instituciones de protección social.

 

Los sistemas de seguridad social contributiva: exclusión, estratificación y sostenibilidad

 

Los mercados laborales segmentados por productividad, tamaño y capacidad regulatoria del Estado limitan los niveles de cobertura de los seguros sociales y excluyen a los grupos más vulnerables de la población. Así, los sistemas de seguro social contributivos registran en la región tres rasgos característicos: déficit de cobertura, marcada estratificación y déficits de sostenibilidad demográfica y fiscal. 

En la práctica, los seguros sociales se encuentran estratificados por niveles de ingresos y estabilidad laboral; así, quienes más requieren de aseguramiento social son quienes menos acceden, y cuando acceden, lo hacen en condiciones más precarias. Por ejemplo, las tasas de reemplazo de jubilaciones y pensiones contributivas suelen favorecer a los grupos de altos ingresos y a los empleados públicos, mientras que son muy bajas para trabajadores independientes, rurales o domésticos. Además, amplios grupos de población no tienen cobertura de pensiones ni de desempleo, licencias o enfermedades. 

Pese a que cubren solo a una parte de la población, los seguros sociales contributivos requieren de subsidios desde rentas generales por sus bajas tasas de sostenimiento y crecientes déficits financieros. En este contexto, los subsidios profundizan la desigualdad regresiva. Por ejemplo, es común observar que gran parte de los ingresos por rentas generales que financian los seguros sociales proviene de impuestos regresivos como el iva, cuando gran parte de la población más pobre no tiene cobertura. Además, los propios aportes a la seguridad social son raramente progresivos.

Lo anterior favorece la defensa de una renta básica universal financiada a partir de rentas generales, que opere como crédito fiscal en un impuesto progresivo a los ingresos (rentas) personales y al capital. Esto no solo garantizaría una cobertura universal de transferencias de ingresos, sino que otorgaría a tales transferencias un sesgo progresivo, frente a la regresividad de los sistemas actualmente vigentes.

Los programas de transferencias de ingresos no contributivos en América Latina: insuficiencia, focalización restringida y transitoriedad

Para la población excluida de los seguros sociales, en la región se han diseminado múltiples programas de transferencias condicionadas de ingresos. Estos programas se piensan como compensatorios de la situación de pobreza y suelen tener en cuenta al grupo familiar en su conjunto7

La focalización y las condicionalidades pretenden «no dar dinero a quien no lo necesita», porque se supone que de otro modo se afectarían los incentivos para la oferta laboral en el mercado de empleo. Si bien estos programas ayudan a los sectores más desaventajados, son débiles para promover la salida de la pobreza y para construir canales de movilidad social8

La concepción vigente relega dos funciones centrales de los sistemas de protección social: (a) su rol preventivo y asegurador frente a contingencias que afectan al conjunto de la población y (b) su rol integrador de partes desiguales en instituciones igualitarias. Así, los programas de transferencias condicionadas de ingresos no resuelven problemas de cobertura, no promueven movilidad social ni remueven la segmentación desigual de la política pública. 

En la práctica, demuestran que el objetivo de garantizar una renta básica permanente y que actúe como política preventiva de situaciones de carencia no puede lograrse con tecnologías focalizadas. Con la concepción y los programas actuales tampoco puede garantizarse la efectiva realización de los derechos sociales consagrados formalmente en las constituciones y leyes de los países de la región. 

La universalidad incondicional es lo que garantiza que los más vulnerables estén colectivamente representados e integrados a otros grupos de la población. Los derechos sociales son derechos colectivos que, en gran medida, se hacen efectivos al permitir el acceso a bienes y servicios (medicamentos, servicios, transferencias de dinero, etc.). Por ser derechos colectivos, no pueden operarse conforme a las características y condiciones individuales: pobre, viejo, madre, trabajador formal, etc. No es posible hacer efectivos derechos colectivos con programas segmentados según características particulares de cada persona o grupos.

Los derechos sociales se conforman sobre la base de certezas sobre riesgos sociales que involucran a toda la población. Lo contingente es la oportunidad y el lugar donde se manifiestan esos riesgos sociales, pero no el derecho de todas las personas a la cobertura; y la responsabilidad de la cobertura es de toda la sociedad. Cuando los riesgos se individualizan, se abre la puerta para que esta se desligue de esa responsabilidad transfiriendo el problema al mercado, grupo familiar, comunidad, etc. Los derechos sociales son derechos colectivos sobre los recursos comunes de la sociedad. 

Los actuales programas no otorgan derechos sobre los recursos colectivos, sino que confrontan situaciones personales para que el poder político decida qué hacer. No son las personas quienes tienen autonomía y poder para reclamar derechos; son los Estados los que tienen poder para actuar sobre las personas. Los programas de transferencias condicionadas y las pensiones no contributivas son una referencia ineludible al momento de pensar la renta básica universal en la región. Algunas cuestiones parecen claras: (a) en la región están legitimadas transferencias no contributivas dirigidas a la niñez o a los adultos mayores sin acceso a pensiones contributivas; (b) esas transferencias son condicionadas a distintos modos de evaluar niveles de ingresos familiares y personales; (c) los beneficios pagados son menores y las condiciones de acceso más exigentes que las que pesan sobre grupos de personas en mejores condiciones de ingreso y bienestar. 

Estas reglas operativas no son consistentes con las de la renta básica, por lo que no puede pensarse que la propuesta tenga hoy una base sólida en la región pese al creciente debate. La renta básica no es cualquier política de transferencias de ingreso y las actuales políticas en cierto modo distorsionan y desplazan el debate porque se argumenta que «ya existe algo similar». 

Así, se encierra el debate de la renta básica en el estrecho campo de la gestión administrativa de una política asistencial, y no se comprende su alcance transformador del funcionamiento del sistema económico y social en su conjunto. Y los programas aplicados para responder a la pandemia han seguido esta matriz.

 

Vulnerabilidad social y respuestas sociales ante la pandemia: luces y sombras

 

En los primeros 14 años del inicio de siglo, con variantes por país, América Latina registró un proceso de reducción de la pobreza y de la pobreza extrema; sin embargo, a partir de 2015, ese proceso se estanca y empieza a revertirse en 2018 y 2019. Además, al inicio de la pandemia de covid-19, 25% de la población se encontraba en situación de muy alta vulnerabilidad, con ingresos de entre 1 y 1,8 líneas de pobreza. Cuando se considera a las tres categorías en su conjunto –extrema pobreza, pobreza y estratos bajos no pobres–, un solo país de la región registra un valor por debajo de 20% de la población y la mayor parte presenta valores por encima de 50% de las personas en las tres categorías mencionadas (v. gráfico). 

Lo anterior es suficiente para advertir sobre los impactos de un shock como el derivado de la estrategia epidemiológica frente al covid-19 en los niveles de pobreza de la región. La evidencia advierte que, de prolongarse los confinamientos y lockdowns, la pobreza podría aumentar mucho más. La permanencia en el tiempo de estas estrategias sugiere que, para la población en situación de pobreza –y más aún en extrema pobreza–, puede implicar una crisis humanitaria de proporciones impensadas hace tan solo unos meses. 

Si bien las estrategias de los gobiernos para enfrentar los efectos económicos y sociales de las medidas de contención epidemiológicas han sido muy variadas, pueden identificarse ciertas acciones comunes dirigidas a las familias y empresas, que agrupamos en cinco formas diferentes. Entre las dirigidas a las familias, tres son acciones directas de transferencias monetarias o distribución directa de alimentos u otros bienes a los hogares, incluyendo aquellas tendientes a evitar situaciones de extrema vulnerabilidad (población en situación de calle) o de necesidad de movilidad para quienes son parte de la población con alto riesgo clínico (adultos mayores). Otras dos se ubican en el plano de las exoneraciones, condonaciones o suspensiones de eventuales cortes de servicios públicos por falta de pago, así como de garantías de acceso a vivienda o habitación cuando no se tiene su propiedad. En forma más indirecta, pueden identificarse un conjunto de exoneraciones, subsidios y créditos orientados a empresas y que procuran sostener la actividad y el empleo. La tabla de la página siguiente ilustra estos diversos tipos de acciones.

Más allá de estas acciones, que representan magnitudes de gasto y esfuerzos importantes, se observan elementos comunes que reflejan los problemas estructurales de los sistemas de protección social de la región. Las acciones de los gobiernos frente a la emergencia registran déficits en cuatro parámetros básicos: timing (son lentas respecto al confinamiento), cobertura (son fragmentadas e incompletas), suficiencia (los valores de las transferencias son marginales) y lapso (están acotadas a la emergencia aguda, sin considerar una duración más larga y efectos intertemporales). 

Estos déficits reflejan las señaladas características de los modelos de protección social de la región: paliativos ante el daño antes que preventivos, con déficits severos de cobertura, con esfuerzos fiscales insuficientes y acotados en el tiempo. A lo anterior se suman los déficits estructurales en la provisión de bienes públicos y bienes colectivos (infraestructura urbana, acceso a servicios públicos básicos, saneamiento, acceso a la salud, seguridad), que obviamente no pueden resolverse en el corto plazo y muestran de forma cruda sus debilidades ante la emergencia sanitaria y las estrategias de confinamiento.

En síntesis, la respuesta regional frente a la pandemia fue importante, pero reprodujo el adn de sistemas de protección social fallidos y bienes y servicios públicos frágiles. En general, se considera el covid-19 como un shock exógeno agudo que desaparecerá y al que se culpará por los problemas remanentes y de larga data; lo cierto es que la pandemia y las acciones aplicadas para combatirla ponen en evidencia los profundos déficits estructurales de los sistemas de protección social en la región. El shock es muy agudo, pero no es autocontenido en lapsos temporales cortos; tampoco creó la vulnerabilidad social generalizada, sino que desnudó los déficits estructurales y sus consecuencias más agudas.

 

Posibilidad o espejismo para la renta básica universal y los bienes públicos en la agenda regional

 

Del análisis previo, surge que no es claro que el actual escenario en América Latina sea favorable a la implementación de una renta básica, como así también que serían deseables reformas orientadas por sus principios de organización. Existen bloqueos estructurales que el escenario de pandemia ha expuesto crudamente. Las posibilidades de la renta básica en la región dependen de la superación tanto del déficit de bienes y servicios públicos y de mérito como de la transformación de las concepciones que sostienen las actuales políticas de transferencias monetarias focalizadas y condicionadas. En otras palabras, de la revisión del conjunto de la arquitectura de los regímenes de protección social, tanto de su base fiscal como de las instituciones que proveen bienes y servicios colectivos y transferencias monetarias contributivas y no contributivas. 

Parte de la explicación de los bloqueos está en las herencias institucionales de los sistemas de protección social de la región, como así también en las percepciones morales de la ciudadanía, en general, y de las elites con peso político en particular. Son fuertes las preferencias por estructuras institucionales basadas en las posiciones desiguales en el mercado laboral, las condicionalidades punitivas que exigen contrapartidas a las personas, la separación institucional entre políticas contributivas y no contributivas, etc. El eventual apoyo de los partidos políticos a propuestas como la renta básica también está permeado por estas preferencias. En general, se observa que aquellas políticas con mayor espacio para el ejercicio del control político sobre las acciones de las personas son las que logran mayor consenso.

En el caso de los sindicatos, la propuesta no termina de ser digerida por una tradición corporativa y proclive a sostener la fragmentación institucional que emerge del mercado laboral. La idea es que el derecho a una renta universal e incondicional puede erosionar la estructura construida sobre los derechos laborales, que el carácter individual del beneficio, que prescinde de la intermediación sindical, puede debilitar la acción colectiva, así como que no es conveniente la igualación de derechos entre trabajadores formales e informales. 

En el movimiento de mujeres también se observan apoyos y reparos a la propuesta de la renta básica9. Por una parte, se reconoce que esta política debería mejorar el bienestar y fortalecer la autonomía de las mujeres, sobre todo en comparación con los actuales programas que las tienen como operadoras intermediarias en un contexto paternalista. Pero sus impactos sobre el desempeño laboral de las mujeres son observados con cautela. Por un lado, se entiende que debería ser una mejor plataforma para la inserción laboral femenina, al facilitar una distribución más equitativa y racional de los tiempos de trabajo entre hombres y mujeres. Sin embargo, para que esto suceda son necesarias acciones complementarias, especialmente en un contexto signado por la persistencia de la precariedad laboral. 

Aquí se observa la necesidad de complementar políticas como la renta básica con otras políticas consistentes. En particular, con la promoción de sistemas nacionales de cuidado que garanticen la descarga de tareas no remuneradas que hoy recaen principalmente en las mujeres, y que sirvan para prevenir problemas como los que hoy sufre la región por la pandemia. Esto, además, ayudaría a generar empleos en áreas que hoy no están desarrolladas. Lo mismo puede decirse de la inversión y mejora de calidad en bienes y servicios colectivos y de mérito, que hoy registran serios déficits. Todo lo anterior debería complementarse con una reforma tributaria que revierta el sesgo regresivo de los actuales sistemas.

El debate sobre estos temas tiene un impacto positivo sobre las alicaídas democracias de la región. La posibilidad de ejercer autónomamente los derechos políticos y sociales depende del acceso a recursos de manera igualitaria, y esto solo lo puede garantizar un sistema institucional que garantice esa igualdad. Hoy lo que prima es el paternalismo estatal, el corporativismo fragmentado y el clientelismo político en el sistema de políticas sociales. Para ello son funcionales los actuales programas de transferencias condicionadas de ingresos que seleccionan personas entre los grupos necesitados, a los que pagan peores beneficios, exigen mayores condiciones, son temporales y tienen menor legitimidad que otros programas que atienden a los más pudientes. 

Así no se facilita la integración social y mucho menos la movilidad social. La integración social se facilita cuando el acceso a los recursos es universal, estable, igualitario y articulado con la misma lógica en todo el sistema institucional. 

La necesidad de integrar instituciones igualitarias también abarca a las propias instituciones políticas, en tanto no privilegian la participación de la ciudadanía y la necesaria autonomía personal que aquella requiere. En la organización política de los países de la región no está incorporada la idea de que la independencia política de las personas requiere independencia económica. Por el contrario, el sistema funciona con fuerte concentración de poder, escasa auditoría ciudadana y fuerte dependencia de la vida de las personas de los vaivenes del sistema político.

Las democracias latinoamericanas, incluso allí donde se observan mejoras en indicadores de bienestar de los grupos más postergados de la población, siguen funcionando bajo concepciones y con políticas públicas que concentran el poder y el control social. Una política como la renta básica obliga a cambios en muchos elementos político-institucionales, especialmente aquellos que revaloricen la importancia de la promoción de un proyecto emancipador de las personas.

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Nota: este artículo se publicó originalmente como Análisis de Coyuntura No 27 del CIEPP, agosto de 2020, y se reprodujo en Eric Alberto Orgulloso Martínez, Jaime Alberto Rendón Acevedo y Jorge Iván González Borrero (eds.): Renta básica ya. Diálogos, saberes y propuestas (Escuela Nacional Sindical, Medellín, 2020).

  • 1.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal): «Dimensionar los efectos del covid-19 para pensar en la reactivación», Informe Especial Covid-19 No 2, 4/2020; Cepal: «El desafío social en tiempos del covid-19», Informe Especial Covid-19 No 3, 5/2020.

  • 2.

Cepal: «Dimensionar los efectos para pensar en la reactivación», cit; Cepal: «El desafío social en tiempos del covid-19», cit.; Banco Mundial: «Global Economic Prospects», 1/2021; Alejandro Werner: «Perspectivas para América Latina y el Caribe: la pandemia se intensifica» en IMF Blog, 26/6/2020.

  • 3.

Merike Blofield y F. Filgueira: «Covid-19 and Latin America: Social Impacts, Policies and a Fiscal Case for an Emergency Social Protection Floor», CIPPEC, Buenos Aires, 2020.

  • 4.

Estas cuatro esferas producen y asignan recursos y coordinan la acción de agentes individuales y colectivos. El imperialismo neoclásico relegó las dos últimas a la irrelevancia y condenó a la segunda a una eterna desconfianza, dejando el mercado como mecanismo natural y preferente para estas funciones.

  • 5.
  1. Filgueira y R.M. Lo Vuolo: «La reducción del espacio público en América Latina. Elementos para la construcción de una contra-hegemonía en la producción de bienes y servicios sociales», Documentos de Trabajo CIEPPNo 105, CIEPP, Buenos Aires, 2020.
  • 6.

R.M. Lo Vuolo: «Introduction» en R.M. Lo Vuolo (ed.): Citizen’s Income and Welfare Regimes in Latin America: From Cash Transfers to Rights, Palgrave-McMillan, Nueva York, 2013.

  • 7.

Simone Cecchini y Bernardo Atuesta: Programas de transferencias condicionadas en América Latina y el Caribe. Tendencias de cobertura e inversión, LC/TS.2017/40, Cepal, Santiago de Chile, 2017.

  • 8.

Un caso particular y diferente es la expansión de programas de pensiones no contributivas o semicontributivas, que ha generado una mejora sustantiva de la cobertura, aunque con diferencias entre países según las diversas trayectorias institucionales, tradiciones políticas y concepciones de los derechos.

  • 9.

Corina Rodríguez Enríquez: «Should Citizen’s Income Become a Goal for Feminism in Latin America?» en R.M. Lo Vuolo (ed.): Citizen’s Income and Welfare Regimes in Latin America, cit.

Publicado enSociedad
Condiciones al financiamiento de la Policía por parte de EE.UU ya tiene la primera aprobación en el Congreso

El Subcomité de Apropiaciones para las Operaciones Extranjeras de la Cámara de ese país aprobó cuatro requerimientos que Colombia debe cumplir si quiere que la fuerza pública acceda a la totalidad de los fondos que se le destinan.

 

Todo parece indicar que la Policía Nacional de Colombia si tendrá que cumplir con estándares más exigentes antes de poder acceder al dinero que gira anualmente Estados Unidos como parte de la colaboración bilateral en contra del crimen organizado y el narcotráfico. La idea, que se venía barajando desde que el paro nacional evidenció abusos de autoridad por parte de miembros de la fuerza pública quedó, este 1 de julio, un paso más cerca de ser aprobada.

Eso, luego de que el Subcomité de Apropiaciones para las Operaciones Extranjeras de la Cámara de Representantes de Estados Unidos le diera luz verde al Presupuesto de Operaciones Internacionales y Programas Relacionados del Departamento de Estado del país norteamericano, que entre otras cosas le asigna a Colombia un total de 461 millones de dólares para el periodo de 2022, con algunas condiciones conocidas, pero que ahora se extienden a la Policía.

Textualmente, el documento señala que, “de los fondos apropiados por este acto bajo el titular Colombia y que ahora también aplican para el 30 por ciento del presupuesto antinarcóticos. Es decir que el financiamiento que recibe la Policía, que se traduce en al menos unos 52 millones de dólares, queda atado al respeto de, los derechos humanos.

Textualmente, el documento señala que “de los fondos apropiados por este acto bajo el titular ‘Control Internacional de Narcóticos’ (fondos para la Policía) y Financiamiento Militar Extranjero (Ejército) y que son para Colombia, el 30 por ciento solo podrá ser utilizado cuando el secretario de Secretario de Estado certifique y le reporte a este Comité”

Después de todo, las condiciones indican que se debe demostrar que:

- Las autoridades judiciales, incluida la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), debe estar tomando acciones para procesar y castigar a los uniformados que cometan violaciones serias a los derechos humanos.

- El Gobierno nacional cuente con mecanismos y tome acciones para proteger de ataques a defensores de derechos humanos, periodistas y activistas de la sociedad civil.

- Que existan medidas para proteger a las comunidades afrodescendientes e indígenas.

- Que los policías y militares que tengan investigaciones por violaciones a los derechos humanos sean retirados de la fuerza pública.

Estos puntos deberán ser comprobados por medio de una evaluación a cargo del Departamento de Estado de ese país, que a su vez deberá emitir una certificación y reportarla al mencionado Subcomité de Apropiaciones para que este abra la puerta al acceso de esos fondos por parte de las autoridades colombianas.

De esta manera, comienza a tomar forma la reiterada solicitud de limitar el acceso de la Policía colombiana a financiamiento y armas estadounidenses. La misma la habían hecho diferentes ONG como Amnistía Internacional y Human Rights Watch —de hecho el director de esta última para las Américas, José Miguel Vivanco, sirvió de testigo en la audiencia en la que la subcomisión aprobó el presupuesto— y hasta congresistas de Colombia y Estados Unidos, incluido el representante demócrata Jim McGovern.

Valga recordar que, este último le dijo a la Agencia Anadolu el pasado 29 de junio que, “Hemos alentado a la administración de Biden a enviar una señal contundente al Gobierno colombiano de que estamos muy preocupados por lo que está sucediendo. Sugerí que suspendamos la asistencia de seguridad a Colombia, y ahora quiero asegurarme de que nada de nuestro dinero se vaya a la Policía Nacional, ya que se ha utilizado de la manera que hemos visto en los videos cuando la Policía está provocando a manifestantes inocentes y pacíficos”.

Con todo, no sobra señalar que esta primera aprobación no implica la luz verde para la idea. La misma depende en este momento de la aprobación por parte de la Comisión de Apropiaciones de la Cámara de Estados Unidos y posteriormente de la plenaria de esa corporación. El último filtro sería la homologación del proyecto frente al que apruebe el Senado norteamericano.

1 de Julio de 2021

Publicado enColombia
Martes, 29 Junio 2021 08:57

Un régimen sediento de venganza

Un régimen sediento de venganza

El operativo de guerra contra Puerto Resistencia en Cali

 

A través de sus agentes locales, el régimen de Iván Duque dio inicio a una feroz venganza contra la juventud y las comunidades de Cali que han resistido en calles y barrios durante los dos meses del Paro Nacional, que se cumplieron este lunes 28 de junio de 2021.

La más alevosa de esas operaciones comenzó a las cuatro de la madrugada del sábado 26 de junio, cuando un impresionante contingente calculado en mil hombres de fuerzas combinadas de Ejército y Policía incursionó sobre Puerto Resistencia, en el suroriente de la ciudad, para tratar de destruir este punto de lucha juvenil y popular, convertido en ejemplo de combatividad y persistencia en el Paro.

El comandante de la Policía Metropolitana, brigadier general Juan Carlos León, lanzó toda clase de señalamientos y sindicaciones contra este epicentro de lucha popular en Cali, hasta las más inverosímiles, y el secretario de “Seguridad y Justicia” de la Alcaldía, Carlos Javier Soler, un coronel retirado recientemente nombrado en el cargo, apareció insólitamente con pistola al cinto, como si hiciera parte del operativo armado, en actitud de provocación que originó el repudio de miles de caleños.

Recién iniciado el operativo, y luego de no encontrar nada de lo que al parecer buscaban para saciar su venganza judicial contra la comunidad en el punto, el general León, sin tener autoridad para ello, anunció que el Monumento a la Resistencia, erigido en homenaje a las decenas de víctimas de la represión del régimen contra la juventud, sería demolido.

El monumento, inaugurado el domingo 13 de junio de 2021, es una obra colectiva en la que participaron decenas de artistas y personas de la comunidad caleña, es también un legado que trasciende las fronteras de Cali y se ha convertido en símbolo del Paro Nacional y de la solidaridad a lo largo de toda Colombia y Latinoamérica.

El anuncio del comandante de la Policía reveló las intenciones de la clase dirigente de la capital del Valle del Cauca, que desprecia el sentimiento popular, ha generado un ambiente de estigmatización contra la protesta juvenil y promueve ahora, a través de nuevos funcionarios de corte uribista nombrados por el alcalde Jorge Iván Ospina para congraciarse con la ultraderecha, la criminalización de la protesta.

Sin duda, el despliegue de guerra contra Puerto Resistencia, con hombres de camuflado portando fusiles y ametralladoras, acompañados de tanquetas, drones y sobrevuelos de helicópteros en la oscuridad de la madrugada sabatina, tenía todas las intenciones de generar terror entre la población y de dar la sensación de sometimiento de una comunidad para beneplácito de la galería más reaccionaria de la ciudad, que todos los días, usando sus medios masivos tradicionales de comunicación, reclamaba el levantamiento de los puntos de resistencia juvenil a como diera lugar, a sangre y fuego si fuera preciso.

“FUERA, FUERA”

Pero el operativo constituyó una derrota para esa rancia oligarquía caleña, cuyo desproporcionado aparataje armado policial y militar no encontró ni los “arsenales” que esperaban para desacreditar la resistencia, ni los “nidos” de delincuencia con los que todo el tiempo han desinformado y tratado de desprestigiar la lucha popular.

Por el contrario, los organizadores del operativo recibieron el repudio masivo de los pobladores de los barrios que circundan este amplio sector popular del sur oriente caleño, que no dudaron en ir ante los ocupantes de su territorio a increparles por su montaje.

“Con nuestro monumento no se metan, lo defenderemos de principio a fin, es una construcción de toda la comunidad y ustedes no tienen ninguna autoridad para derrumbarlo”, opinaba la gente que fue despertada por los tambores de guerra de los centenares de hombres invadiendo un territorio de lucha y de resistencia.

“¡Fuera, fuera, fuera!”, gritaba a los contingentes de las Fuerzas Armadas y a la burocracia de la Alcaldía de Cali la comunidad que madrugó a defender no solo el Monumento a la Resistencia sino también el espacio de solidaridad mantenido a lo largo de dos meses de Paro.

Fue de tal magnitud el rechazo de la población, que el alcalde Ospina no tuvo más remedio que pronunciarse desmintiendo que se hubiera dado la orden de destruir el monumento, aunque quedó en evidencia que fue la respuesta popular la que derrotó la provocación y la venganza oligárquica en Puerto Resistencia, a pesar de la planificada agresión.

EL SECRETARIO DE LA PISTOLA

Ante la aparición en Puerto Resistencia del secretario de “Seguridad y Justicia” con pistola al cinto, cual sheriff gringo, se produjeron numerosos pronunciamientos de rechazo. “Un funcionario público no debe intimidar a los ciudadanos ostentando un arma, menos en un lugar de protesta social que era víctima de un ataque policial y del ejército donde debe guardarse la prudencia que no tuvo al exhibirse en forma agresiva”, declaró Alberto Jairo Palomino, dirigentes político y social en Cali.

Al rechazar el acto de provocación del funcionario, el jurista Armando Palau Aldana recordó, además, que “el permiso de porte de armas está suspendido desde el 1o. de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre del 2021 por el Decreto 1808 de 2020”, y reiteró que, en consecuencia, Soler violó la prohibición expedida por el mismo gobierno del cual es emisario en Cali.

Por su parte, James Larrea, defensor de derechos humanos, sostuvo que no es dable que “un secretario u otro funcionario en ejercicio de sus labores, preste sus servicios con pistola al cinto y con la intención de desenfundar al menor indicio que a él se le ocurra”.

“El mensaje inequívoco es que el gobierno de Ospina apoya la colaboración de civiles armados en acciones represivas de la policía”, manifestó el exfiscal José Élmer Montaña, quien subrayó que “en momentos en que tenemos brotes de paramilitarismo en el sur de la ciudad, esto alienta la conformación de este tipo de organizaciones”.

La Unión de Resistencia de Cali, URC, se pronunció exigiendo la renuncia de Carlos Javier Soler al cargo de secretario de “Seguridad y Justicia”, y explicó que la posición del funcionario “no permitirá encontrar una salida dialogada y pacífica a la realidad de la ciudad. El paro continúa, nuestras asambleas permanentes continuarán, nuestra lucha es en las calles y exigimos garantías para el ejercicio de nuestro derecho constitucional”.

SED DE SANGRE

Ya el lunes 21 de junio la Policía, utilizando al Esmad y a otro de sus escuadrones preferidos en la represión 2021, el Goes (Grupos de Operaciones Especiales), había arremetido en la tarde y la noche contra los jóvenes de Puerto Resistencia, especialmente en inmediaciones del barrio Villa del Sur.

En la represión, decenas de habitantes de los barrios circunvecinos resultaron afectados por los gases lacrimógenos, las granadas aturdidoras y el estruendo de las armas de fuego disparadas por la policía.

La jornada dejó otro joven asesinado, identificado como Juan Carlos Arce, un hecho trágico que aumentó la cifra de homicidios contra participantes en el Paro a 46 en Cali y a 60 en todo el Valle del Cauca.

Y mientras en Cali ocurría esto, en otros puntos del país se registraban más homicidios perpetrados por la Fuerza Pública en la represión de la protesta, como sucedió en Bogotá, donde perdieron la vida por balas oficiales Jaime Alfonso Fandiño, en Usme, y Edward Castillo.

DETENCIONES A GRANEL

La venganza contra la resistencia juvenil emprendida por el aparato represivo del Estado, a través de la Fiscalía y de las Fuerzas Armadas, incluye detenciones de jóvenes a los que sindican de toda clase de delitos, en una aplicación clasista y selectiva de supuesta “justicia”, en Cali y Yumbo.

Uno de los detenidos es Yeison Fabián Muñoz Narváez, cuya familia informa que es un joven que está siendo procesado judicialmente por un delito que no cometió en los hechos acaecidos el 28 de mayo en el sector de La Luna, donde pereció un agente de la Fiscalía luego de que el funcionario asesinara a dos manifestantes. Los familiares del joven Muñoz solicitan solidaridad de la comunidad caleña y asistencia jurídica.

La Red de Derechos Humanos Francisco Javier Ocampo Cepeda, entre tanto, denunció la detención sin orden judicial de tres jóvenes de Paso del Aguante: Carolina Montaño Cuero, Cristián Andrés Cortes Ortiz y Jhon Michel Cardona Jaramillo. “Alertamos sobre la detención arbitraria, la seguridad personal y los posibles falsos positivos judiciales en contra de los manifestantes”, dice el pronunciamiento de la Red.

Por otro lado, desde Yumbo el Comité Municipal del Paro Nacional denunció la captura de tres activistas de la protesta en el barrio Juan Pablo II, identificados como José James Cabezas Quiñones, Sebastián Neuta y Diego Luis Tascón, y sostuvo que la Sijin de la Policía construyó un montaje judicial a través de un supuesto testigo anónimo para inculpar a los detenidos de lesiones contra un agente que el 29 de abril disparó públicamente contra los participantes en el Paro, a la altura del barrio La Estancia.

“Tal como sucedió con los compañeros manifestantes del corregimiento de Dapa, se trata de un nuevo montaje de la Policía Nacional para judicializar la protesta social en Colombia”, aseveró el Comité.

En el cúmulo de detenciones también se encuentran privados de la libertad en la cárcel de Palmira los jóvenes Kevin David Cerón Díaz, Jeison Andrés Caicedo Ortiz y Jeison Andrés Ospina Monsalve, manifestantes de Paso del Aguante (Paso del Comercio).

TUTELAS AVANTES

Las resistencias han estado acompañadas no solo de la perseverancia de los jóvenes en las calles, sino también del esfuerzo de destacados líderes sociales y de juristas, que ha transmitido a las nuevas generaciones de luchadores sus conocimientos y experiencia.

Dos ejemplos ilustran lo anterior: el primero es el de Rodrigo Vargas Becerra, presidente del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos en Yumbo, veterano líder social que se formó en las luchas obreras de los años ochenta y noventa y quien ha estado a lo largo de los dos meses del Paro de 2021 al lado de los muchachos expresando su solidaridad y aportando luces para el devenir de la brega social.

Vargas Becerra logró que una tutela impetrada por él exigiendo el respeto al derecho a la protesta fuera aprobada mediante sentencia judicial, y acaba de obtener también que la autoridad judicial exija al alcalde de Yumbo y a la gobernadora del Valle que la tutela se cumpla, pues de lo contrario operará la sanción correspondiente al desacato.

El otro ejemplo es el del abogado Armando Palau Aldana, experto en derecho del medio ambiente y en derecho administrativo e integrante de la Asociación Americana de Juristas, quien ha venido asesorando a la Unión de Resistencias de Cali de manera altruista e igualmente solidaria.

Palau Aldana logró que este lunes 28 de junio el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profiriera una sentencia mediante la cual “se amparan los derechos fundamentales a la protesta pública y pacífica así como el debido proceso de los accionantes, la Unión de Resistencias Cali”, y, en consecuencia, se dejara “sin efectos la orden de la Jueza 16 Administrativo de Cali de suspensión del Decreto Distrital 304 de 2021 que adoptó garantías para la construcción de acuerdos” e institucionalizó la mesa de diálogo.

“El Tribunal consideró que la suspensión ordenada por la Jueza 16 no cuenta con soporte constitucional suficiente en una etapa temprana del proceso de nulidad y la limitación de derechos e intereses que conlleva resulta más gravosa para los derechos fundamentales de todas las personas que quieran sumarse al diálogo en el marco del conflicto”, explicó Palau Aldana.

De esta forma, en el Valle del Cauca la resistencia también se expresa en la lucha jurídica, que respalda la protesta pacífica de la juventud y el pueblo que continúan en el Paro Nacional.

Cali, lunes 28 de junio de 2021.

PERIODISMO LIBRE

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