Lunes, 28 Junio 2021 05:26

Recuperar el alimento

Recuperar el alimento

Periféricamente en un Occidente epistémico, bajo la anestesia de las promesas siempre frustradas de la urbanidad, con el ensordecedor ruido de la fe en el progreso cientificista, y el candil cegador de la falsa idea de desarrollo nos hemos olvidado de los componentes esenciales que nos tejen a la trama de la vida. Pero ni siquiera este desgarrador olvido, de por sí grave, es lo más drástico. Esa amnesia colectiva lleva como correlato intrínseco una encallada tara civilizatoria por la cual nos obstinamos día a día en dañar a las fuentes mismas de nuestros soportes elementales que nos permiten devenir organismos vivientes. Y al hacerlo, bajo una marca profunda de soberbia, celebramos desde un supuesto deber ser de la historia los éxitos en el avance de una carrera frenética, que si en algo no tiene competidores es en su capacidad (auto) destructiva.

Esta potencia erosiva opera de una vez en varios planos, profundamente entrelazados: sanitario, ambiental, social, cultural y fundamentalmente -esto es el interés de estas líneas- en el de las subjetividades políticas. Se hace hincapié aquí acerca de lo auto-destructivo a partir de observar a uno de esos nodos que hacen al entramado de eso que llamamos humanidad: pondremos en el centro de este relato al alimento. Hablaremos de esa fibra nutricia que permite que la humanidad devenga vida biológico-cultural. Recuperaremos entonces al alimento, a esa urdimbre que brota en la danza de infinitos procesos entreverados que surgen del fluir de la luz solar, del agua, de la tierra, del aire, de los minerales, y de las comunidades humanas y no humanas, para decantar en energía disponible para nuestros cuerpos, como parte de un tapiz de complejas y solidarias redes de reciprocidad.

Partamos de resituar la mirada en lo más terrenal. En esos alimentos que cada día en menor o mayor medida ingieren en la actualidad buena parte de las mujeres y hombres que conocemos. O al menos eso que creemos, entendemos, confiamos son alimentos. O tal vez eso que ya ni siquiera cuestionamos si son o no son alimentos. Pensemos en una fruta con residuos de veintitantos pesticidas; un puñado de fideos a base de una harina ultra-refinada producto de un trigo tratado con agroquímicos que acabará en nuestro intestino; una carne vacuna con origen en un feed-lot que dejó un suelo muerto cargado de desechos sin capacidad ya de ser asimilados, y hará otro tanto en nuestro metabolismo; galletas de fórmula con derivados de soja y de maíz transgénico que para llegar a ser cosechados dejaron napas, ríos y cuerpos de su entorno más próximo cargados de tóxicos y así dialogarán con nuestro sistema digestivo. ¿Por qué esto deviene norma? ¿Qué mandato justifica esta cotidianeidad? ¿Cuáles son las consecuencias de tamaña sin-razón-emoción por la vida propia?

Al menos como primera propuesta surge revisar nuestra propia humanidad, su andar en esta tierra, y entonces recordar que, salvo situación fortuita o una primera experimentación, mujeres y hombres buscaron en la larga marcha humana evitar la ingesta sistemática –más allá de bebidas o frutos que formaban parte de experiencias religiosas puntuales-  de alimentos que pusieran en riesgo su salud. Más bien, la pulsión a la vida, entendida esta no en términos individuales sino como supervivencia de la colectividad, indica todo lo opuesto. Múltiples trabajos de perfil antropológico, etnográfico, histórico y económico dan cuenta desde hace siglos de que el alimento era alimento en tanto y en cuanto tenía como fin satisfacer y cancelar la necesidad fisiológica-cultural de saciar el hambre de diversas comunidades, brindar las mejores condiciones sanitarias para adaptarse al territorio habitado, al tiempo que surgía de la labor colectiva y tenía profundo sentido de arraigo cultural. ¿Cómo alcanzamos este presente de híper-conocimiento científico-aplicado donde sobran productos derivados del agro en términos de cuotas alimentarias según los organismos internacionales, y no cesan su hambre los hambrientos, mientras que otra gran parte de la masa que sí se alimenta, según los cánones de estas entidades, asiste a marcados procesos de afección en su salud producto de esa misma supuesta alimentación?¿Cómo nos hemos vaciado de esa intensa historia que vincula el cuidado de la tierra, de nuestros cuerpos, de nuestras culturas y nuestras comunidades?

¿Cómo alcanzamos este presente de híper-conocimiento científico-aplicado donde sobran productos derivados del agro y no cesan su hambre los hambrientos, mientras que otra gran parte de la masa que sí se alimenta asiste a marcados procesos de afección en su salud? ¿Cómo nos hemos vaciado de esa intensa historia que vincula el cuidado de la tierra, de nuestros cuerpos, de nuestras culturas y nuestras comunidades?

Sin dudas que violentos procesos expropiatorios han hecho la tarea inicial, siempre re-editada en nuevas geografías, para persistir luego mediante mecanismos insensibilizadores que nos tornan autómatas sujetos indigestados de sucedáneos, insanos nutricionalmente, episitemicidas agro-culturalmente, y extremadamente nocivos ecológicamente. Y como nudo, esos objetos llevan intrínseca la fundamental huella despolitizadora de la vida, tan claramente expresa en la disputa por el alimento.

No podemos ya ignorar que la política se ha basado esencialmente en la forma en las que las comunidades humanas se han organizado para reproducir la vida en vínculo con su naturaleza exterior. Esa articulación colectiva, en búsqueda de adaptación a diversas geografías y ciclos naturales, ha tenido en la obtención del alimento y del agua sus más elementales sentidos, aunque ya casi no lo recordemos. La politicidad del alimento y la politicidad de la reproducción de la vida humana en su más literal sentido material son dos aspectos inseparables. Por tanto se tornan claves del hacer y, sobre todo, del pensar político, aunque no por casualidad hayan sido borrados de las páginas más difundidas de la teoría política.  Re-situarnos allí, tal vez, nos permita desandar caminos, para enfrentar la calamitosa crisis civilizatoria (climática, ecológica, migratoria, política, emocional) que atravesamos y encontrar entonces sí algunas posibles respuestas y propuestas.  Será entonces tarea urgente dotar de sentido político nuestra palabra-territorio en cuestión: el alimento. Ingerir un objeto cargado de veneno no es saludable. Si no es saludable entendemos que no es alimento. Un objeto que destruye la tierra sólo para generar una ganancia abstracta hiere en ese proceso nuestros propios soportes biofísicos. Por tanto, digámoslo, no es alimento. Un objeto, fruto del suelo y del trabajo humano, que puede descartarse a gran escala porque no encontró el mejor precio de mercado o sirve para especular es absolutamente lesivo en términos sociales. Entonces, claro está, no es alimento. Y así podríamos continuar.

Pero de lo que se trata no es de caer en un binarismo vano de quién está en el camino correcto de la alimentación y quién no. Por el contrario, se trata de la búsqueda sensata del cuidado siempre sentido en términos colectivos; de asumir que hemos llegado a este presente cargado de profundas heridas que se nos hacen carne, permean nuestros imaginarios, y se manifiestan en nuestras inconscientes claudicaciones cotidianas operadas a través de la alimentación. Es cuestión por tanto de caminar la senda para recuperar el sentido pleno del alimento, no como objetivo personal en pos de una dieta de mejor calidad para un cuerpo aislado sino como impostergable disputa política del retejernos como comunidades que comprenden su ser parte de esta trama de la vida.     

Es desde este punto de partida que se torna imperioso dejar explícito que eso de lo que hablamos a diario no es alimento. El alimento socialmente producido como objeto  de lucro (bien de cambio y dudoso bien de uso), atravesado por la génesis mercantil-colonial, la expansión industrial capitalista, y agravado a niveles extremos en los marcos del neoliberalismo vigente ha dejado hace tiempo de ser alimento. Y sus consecuencias eminentemente políticas son cruciales. Porque el alimento fue y será semilla indispensable del más profundo sentido de la politicidad de la vida.

El alimento socialmente producido como objeto  de lucro, atravesado por la génesis mercantil-colonial, la expansión industrial capitalista, y agravado en los marcos del neoliberalismo vigente ha dejado hace tiempo de ser alimento. Las consecuencias eminentemente políticas son cruciales, porque el alimento fue y será semilla indispensable del más profundo sentido de la politicidad de la vida.

Allí se han forjado los lazos que sostienen a esta especie humana en el planeta, como parte de una diversa gama de “apoyos mutuos”, como bien ha señalado hace más de un siglo Kropotkin. El vínculo espiritual inalienable con la tierra (que fue, es y será) habitada, el trabajo en común, el saber y el sabor colectivo, y el cuidado del ecosistema (exterior-territorio e interior-cuerpo) se encuentran –en su doble acepción- en el alimento. Todo eso han intentado, y aún insisten en, socavar desde arriba, con gran eficacia en inocular la amnesia de crecientes franjas de “los abajos”.

Cuando la filósofa y activista hindú Vandana Shiva lanza la idea de ‘monocultivos de la mente’ para condensar la potencia del agronegocio en términos de subjetividades invita a revisar los imaginarios que circulan a diario, sea en forma de noticias, políticas públicas, legislaciones, conversaciones en el hogar o en el espacio público. “Cosechas récord”; “Gran expectativa por la entrada de divisas del agro”; “Pujanza de la industria alimentaria: crece la venta de primeras marcas”, son frases que podemos recrear en base a la experiencia discursiva hegemónica que nos habita. Estos eufóricos mensajes celebratorios tienen su reverso en la preocupación de sectores político-partidarios, académicos y comunicacionales cuando estos indicadores decaen. Una y otra vez, desde la llamada “opinión pública” alertan por las alicaídas cifras macro-económicas, como si de forma lineal esos movimientos de mercado fueran una marca indeleble de un supuesto bienestar. En el medio de esa propaladora, vaciados se sustancia quedan la agricultura y el alimento. Cuando la marea de los grandes mercados anda en la buena, según esas concepciones, poco o nada dicen los aduladores del crecimiento per se sobre los impactos ecológicos, sanitarios, y subjetivos de esos gráficos al alza. Cuando viene la mala, claro, mucho menos. En el mejor de los casos, la calidad del alimento, quién y cómo lo produce, qué entramado social tiene en su composición es un debate siempre pospuesto, nunca tan urgente como poner un plato de comida para todes de forma inmediata. Y quién podría oponerse a eso. No es ese el punto en cuestión. Es que las discusiones no son excluyentes, más bien indefectiblemente deben darse en simultáneo si es que genuinamente deseamos que la comunidad se alimente; si anhelamos una salud próspera de los cuerpos y los territorios.

La calidad del alimento, quién y cómo lo produce, qué entramado social tiene en su composición es un debate siempre pospuesto, nunca tan urgente como poner un plato de comida para todes de forma inmediata. Pero esas discusiones no son excluyentes, más bien indefectiblemente deben darse en simultáneo si es que genuinamente deseamos que la comunidad se alimente; si anhelamos una salud próspera de los cuerpos y los territorios.

Decía Hipócrates que “el alimento sea tu medicina”, y en pleno siglo XXI pareciera que buena parte de las voces hegemónicas, a derecha y buena parte de la izquierda, no han llegado a comprender del todo la frase. “Que las dietas vuelvan a tener más fruta, que vuelva a crecer el consumo de carne y pescado, y que aumente la ingesta de leche”, enfatizan dirigentes político-partidarios, comunicadores y opinadores varios. Y otra vez, nadie puede oponerse. Frente al brutal saqueo de arriba, el tiempo alimentario apremia. Pero qué duda cabe de que ya entramos tarde a la discusión, de que es impostergable dejar de manifiesto si queremos alimentarnos para sanar o seguiremos con la ingesta de sucedáneos que multiplican las problemáticas sanitarias a escala masiva. Quién puede desconocer ya las graves patologías causadas por los alimentos ultra-procesados, por las micro dosis de pesticidas que ingerimos a diario, por el sobre consumo de carnes y leches de pésima calidad, saturadas de antibióticos; de pescados extraídos de ríos teñidos de glifosato y demás agrotóxicos. La recuperación del alimento no se trata de un tema que deba quedar reducido a círculos del activismo, que bien pueden marcar otros horizontes posibles tal como nunca han dejado de hacer comunidades campesinas e indígenas, pero de lo que se trata es  de interpelar y (con)mover estructuras socio-políticas y emotivas profundas. Claro que los “formadores de opinión”, decisores de políticas públicas y agentes del mercado, sean liberales, conservadores o progresistas ignoran esta urgencia o deliberadamente la niegan. Posponer esta discusión con la información hoy disponible a mano es temerario; es no tomar nota de la catástrofe social, ecológica, sanitaria que implica el actual patrón civilizatorio con un modelo agro-alimentario brutal como cimiento. Debemos remarcar este negacionismo, sin dudas, pero sobre todo habrá que orientar el flujo de energías políticas en una profunda pedagogía por abajo, basada en un hondo sentido del amor, que retome la politicidad de la vida en la mayor diversidad de ámbitos posibles. Será este (y ya lo es) un proceso, plagado de complejidad, como lo es la vida en su devenir. No se plantean aquí instantáneos cambios, movimiento de algunas piezas y nombres como parte de la (nunca alcanzada) transformación. Esa es la lógica que prometen siempre desde arriba.

Habrá entonces que artesanalmente cultivar el suelo para que el retorno del alimento a nuestras vidas crezca con raíces sanas y duraderas. En la diversa geografía que habitamos están dadas las condiciones para transitar hacia alimentaciones diversas, saludables, sostenidas en procesos agro-productivos agroecológicos, libres de xenobióticos, basados en su gran mayoría en circuitos cortos de comercio, justos para agricultores y consumidores, con marcado sentido de solidaridad. Ya tenemos abono para iniciar el cultivo de nuestros huertos de futuro porque existen gran cantidad de experiencias que multiplican estas semillas de esperanza: comunas por la agroecología, cooperativas de huerteras y huerteros,  y redes agrícolas en transición agro-ecológica, colectivos de consumo consciente, y una infinidad de ejemplos. Que entonces el alimento vuelva a ser esencia de nuestras humanas existencias, esas que saben del cuidado de la tierra, del agua, de la biodiversidad, del cuerpo y del espíritu, del hacer en común para dignificar nuestros sentires y prácticas, y en última instancia nuestro propio sentido de concebir la densidad política de la vida.

Leonardo Rossi. Periodista e investigador abocado a temas vinculados a la soberanía alimentaria, los impactos de proyectos extractivos y formas autónomas de organización política. Comunicador social por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y becario doctoral del Conicet. Cursa el doctorado en Ciencia Política del Centro de Estudios Avanzados de la UNC e integra el colectivo Ecología Política del Sur en el Centro de Investigaciones y Transferencia de Catamarca. Es autor del libro Córdoba respira lucha (Eduvim, 2016), escribe en medios como La Tinta y PáginaI12 y es columnista de Ecología Política en el programa radial Sintonía Fina, en la FM 102.3 de la UNC.

Por Leonardo Rossi | 28/06/2021

Publicado enSociedad
Las prácticas militares y paramilitares contra los jóvenes en Colombia en el Paro Nacional

Sicariato, desaparición forzada, tortura, entre otras prácticas militares y paramilitares para acallar la lucha de los y las jóvenes colombianos y la complicidad de la Fiscalía para ocultar la magnitud de la represión y el terrorismo de Estado del gobierno de Iván Duque.

 

La juventud colombiana ha dado muestras de rebeldía y aguante frente a la represión de la que ha sido víctima al ser declarado objetivo militar. Pero el terrorismo de Estado no tiene límite y la Policía, el Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD y el Ejercito en alianza con los paramilitares han implementado prácticas como la tortura, la desaparición, el desmembramiento, la decapitación, el abuso sexual propias del conflicto armado colombiano y que se retoman y extienden en contra de los jóvenes, pero también que evidencian la alianza entre el paramilitarismo, el narcotráfico que lo financia y la Policía junto al Ejercito.

El sicariato durante los tiempos de Pablo Escobar entreno a personas cuyo encargo era asesinar opositores en el negocio de las drogas o en la política. La elite caleña y el narcotráfico siguen haciendo uso de este modo de operar, por lo que el día 14 de junio sicarios asesinaron a líder social y músico Junior Jein oriundo de Buenaventura, a quien le dispararon en repetidas ocasiones con un fusil y una pistola.

Otro conocido caso fue el del asesinato de Lucas Villa, en el que dos sicarios dispararon contra él y otros dos manifestantes que también resultaron heridos en el viaducto de Pereira el 5 de mayo. Se supo días después del hecho que fue una operación ilegal conjunta entre la banda de microtráfico Cordillera y algunos agentes de la Policía Nacional, más precisamente de la Seccional de Investigación Criminal – SIJIN.

Asimismo, son muchos los casos en los que los paramilitares han llegado a las zonas rurales con el objetivo de desplazar a la población campesina e indígena de sus tierras, para forzarlos hacen uso de aberrantes prácticas que se retoman en el marco del Paro Nacional como decapitar, torturar y desmembrar los cuerpos de sus víctimas. Estos asesinatos atroces tienen el objetivo claro de amedrentar a los manifestantes.

El día 19 de junio fue encontrada en el corregimiento de Aguaclara, Tuluá, Valle del Cauca, la cabeza del joven Santiago Ochoa que integraba la primera línea de manifestantes en Tuluá. Se sabe que fue retenido de manera arbitraria por el ESMAD la mañana del 19 de junio cuando iba en bicicleta y luego encontrado su cuerpo por partes.

La desaparición forzada durante el conflicto armado se convirtió en una cifra cotidiana y en constante aumento. Se calcula que hay en el país alrededor de 80.000 personas desaparecidas, más los mal llamados falsos positivos que son 6.402 jóvenes que fueron engañados por el Ejército con aparentes promesas de empleo y asesinados, luego fueron disfrazados como guerrilleros y mostrados como bajas del ejército en combate.

En este cuadro tenemos ahora los desaparecidos del Paro Nacional, las cifras siguen siendo distantes entre la Fiscalía y las ONGs que están recaudando los datos desde el principio del PN. El informe entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por Temblores ONG, El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz - Indepaz y el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social - PAIIS reportaron 346 personas como desaparecidas entre el 28 de abril y el 31 de mayo.
Entre tanto la Fiscalía que nombra a las personas desaparecidas como “No ubicadas” afirma que hasta el pasado 10 de junio eran 572 registros de los cuales se encontraron 328 personas, 153 fueron inadmitidos por inconsistencias como nombres repetidos. De acuerdo con este conteo según la Fiscalía quedaron 91, de los que faltaban por localizar 84.

Pero no solo está la desaparición forzada sino el daño hecho a los manifestantes, las tortura y las amenazas a las que son sometidos, estas también son lesión considerable que se da en la retención arbitraria.

La organización Liga Contra el Silencio afirma que de acuerdo con la fiscalía en “documento constan 7.020 traslados por protección, la figura más utilizada para retener a los manifestantes, según las organizaciones de derechos humanos”, sin embargo, este procedimiento que debe ser informado se está ocultando a los abogados y familiares de los retenidos de manera arbitraria dando lugar a la desaparición forzada que no necesariamente es desaparición definitiva pero que entre medio puede exponer la integridad física y mental ante la brutalidad policial que actúa de manera impune y cuyo fin es amedrentar a los jóvenes para que abandones las calles y dejen de reclamar sus derechos.

Uno de los relatos de la organización Liga Contra el Silencio demuestra la brutalidad con la que son tratados los jóvenes cuando son retenidos y la complicidad entre el actuar de la Policía y los paramilitares: “El sábado nos tuvieron toda la noche andando. El camión iba súper rápido y de repente frenaba. ¡Pam! Eran unos frenones terribles. La idea era no dejarnos dormir. Antes nos habían echado gas pimienta y después nos golpearon con una cadena como de bicicleta o de moto. A pesar de que estábamos en manos de policías uniformados, ellos siempre nos dijeron que eran paramilitares”.

Los policías que reprimen y retienen a los manifestantes van uniformados algunas veces acompañados de paramilitares de civil o con un uniforme como lo afirma el relato anterior, pero sin número de identificación, con armas de fuego y armas blancas reprimiendo a los manifestantes con total impunidad; otro ejemplo es el del pasado 28 de mayo en el que civiles en compañía de la policía dispararon en contra de la Minga indígena en el barrio ciudad jardín de Cali. Esto en concordancia con la Fiscalía y la Defensoría que muestra cifras disminuidas de asesinatos, detenciones, desapariciones y que permite la impunidad de los agentes de Policía, ESMAD y Ejercito, pero también de paramilitares que actúan en su presencia.o que el pueblo colombiano grita en las calles es que “esto no es un gobierno son los paracos en el poder”, tal cual lo dice la consigna, cuando se escribe en las calles Colombia antiuribista, quiere decir Colombia antiparamilitar.

El terrorismo de Estado está encarnado en el actuar entre los paramilitares y los militares, que cuenta a la Policía y el ESMAD, que son los encargados de proteger y mantener a este gobierno narco paramilitar. Por eso no basta la negociación, ni los comités de paro, se debe buscar la salida del gobierno de Duque, que además de declarar objetivo militar a los manifestantes y mantener el terrorismo de Estado de la mano con los paramilitares, propondrá el próximo 20 de julio en la sesión ordinaria del Congreso la supuesta reforma a la Policía que dará continuidad a la impunidad y otra reforma tributaria consensuada con los partidos de derecha que son mayoría y con los empresarios.

Solo una huelga general y la organización de los y las trabajadoras, junto con los y las docentes, indígenas, campesinos, y la fuerza de la juventud moverán del poder a Duque y permitirá hacer justicia por los asesinatos, torturas, desapariciones y abusos y demás actos del terrorismo de Estado.

Por Begonia D.Corresponsal en Bogotá

Miércoles 23 de junio

Publicado enColombia
Bachelet condena la violencia en las manifestaciones de Colombia y pide "tolerancia cero" a los abusos policiales

La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos solicitó a la administración de Iván Duque la "plena aplicación del Acuerdo de Paz" de 2016.

La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó este lunes su preocupación por la violencia policial en el marco de la protesta social en Colombia, a la vez que instó al Estado a cumplir los compromisos adoptados en el Acuerdo de Paz de 2016, ya que, a su juicio, su correcta implementación podría ayudar a resolver el conflicto actual. 

En el marco del 47° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, Bachelet condenó "todas las formas de violencia" registradas por la entidad en el contexto de las manifestaciones, incluyendo 56 muertes —54 civiles y dos policías— y 49 casos de víctimas de violencia sexual.  

"Mi Oficina ha expresado su profunda preocupación por las denuncias de graves violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado", dijo Bachelet al presentar su reporte ante el Consejo de la ONU. 

Desde el 28 de abril que iniciaron las protestas sociales en Colombia, se han registrado denuncias de múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas por integrantes de la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), en contra de manifestantes. 

Además, la alta comisionada afirmó que se encuentran documentando los abusos cometidos por "agentes no estatales", en referencia a las agresiones y asesinatos en contra de manifestantes por parte de civiles armados que se infiltran en las protestas, con la presunta complicidad de la Policía. 

"Mi Oficina condena todas las formas de violencia, pide el pleno respeto del derecho de reunión pacífica y alienta el diálogo para resolver la crisis", aseveró Bachelet. 

En medio de las fuertes críticas por el actuar de las instituciones de seguridad, el Gobierno de Duque presentará en julio el 'Proyecto de Ley de Estatuto Disciplinario Policial', el cual contemplará un sistema de seguimiento de denuncias contra autoridades y modificaciones respecto al "uso legal y legítimo de la fuerza". 

Al respecto, Bachelet expresó su aval a la implementación de una política de tolerancia cero para los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad. En este contexto, la Alta Comisionada instó al Gobierno de Duque a garantizar investigaciones rápidas, efectivas e independientes en estos casos, para que "los responsables rindan cuentas"

Acuerdo con las FARC

Durante su discurso, Bachelet hizo referencia al Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), firmado en 2016 como una respuesta al histórico conflicto en el país suramericano. 

"La plena aplicación del Acuerdo de Paz, incluido el apoyo al histórico proceso de justicia transicional, sigue siendo fundamental en respuesta a los disturbios actuales", afirmó la alta comisionada.

Desde el 1 de enero de 2021, 77 líderes y defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia. Asimismo, en lo que va de este año, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) tiene un registro de 26 asesinatos o desapariciones de exguerrilleros que firmaron el Acuerdo de Paz. 

"El cumplimiento de estas promesas vitales al pueblo de Colombia contribuirá a abordar las causas fundamentales [de la protesta social] y a aumentar la confianza pública en las autoridades", dijo Bachelet. 

Violencia en México

Durante el 47° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, Bachelet también expresó su preocupación por el violento periodo electoral que vivió México desde septiembre de 2020 hasta los comicios intermedios del pasado 6 de junio de 2021. 

"Me alarmó el alto nivel de violencia política en el contexto electoral", dijo Bachelet, tras conocerse que al menos 91 políticos fueron asesinados, entre los cuales se encontraban 36 candidatos a algún cargo popular.

"Los partidos políticos de todo el espectro se vieron afectados y las mujeres enfrentaron violencia de género, incluida la violencia sexual y campañas de difamación", afirmó la alta comisionada.

Publicado: 21 jun 2021 19:37 GMT

Publicado enColombia
Lunes, 21 Junio 2021 05:59

Desobediencia

Desobediencia

La resistencia pacífica frente a la violencia del poder

La desobediencia civil forma parte intrínseca del ejercicio de la ciudadanía como un derecho, una manera de estar en contra de las leyes injustas; aquellas que excluyen, marginan y mantienen la desigualdad latente en la sociedad. También forma parte de la lucha contra la inacción, la omisión o la dejación de funciones para activar políticas incluyentes e igualitarias.

Las manifestaciones que se llevan dando en Colombia desde el pasado 28 de abril se pueden considerar desobediencia civil porque cumplen con las dos premisas que señalaba Fernández Buey de que se ejerza públicamente y que se haga de manera pacífica. Aunque se les acuse de vandalismo como estrategia comunicativa para poner en su contra a esa población mediáticamente analfabeta. Además, las personas y colectivos en lucha son conscientes de sus acciones y están comprometidas con la sociedad colombiana. Su comportamiento no está “movido por el egoísmo personal o corporativo, sino por el deseo de universalizar propuestas que objetivamente mejorarán la vida en sociedad”.

Aceptan la democracia, pero no esa que están poniendo en práctica sus gobernantes. Ejercen la desobediencia civil y la resistencia como parte esencial de esa supuesta democracia participativa reconocida en la Constitución Política de 1991:

“El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano (…) y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo”.

Las acciones ciudadanas en marcha son una manera de poner en la calle el artículo 95.5 de su constitución (Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país) y de profesar lo establecido en el 95.4 (Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica).

El Gobierno colombiano, por el contrario, parece desconocer su propia carta magna y se enroca en ser un poder sordo sostenido contra toda decencia democrática por un brazo armado que conculca sistemáticamente los derechos civiles. Un Gobierno que se ha encontrado con la fuerza de una movilización ciudadana que, pese a las acusaciones infundadas sobre vínculos guerrilleros, castrochavistas o revolucionarios, está cimentada en la solidaridad y el compromiso del pueblo con la lucha por una vida digna.

Apelar al deterioro de las fuerzas de producción por culpa del Paro Nacional es ignorar que esas fuerzas son (Sacristán dixit) más de destrucción (de la dignidad de la clase trabajadora, del empleo decente o de la naturaleza, entre otras) que de creación de verdaderas condiciones para el crecimiento de la población y del país.

De H.D. Thoreau, pasando por L. Tolstoi, M. Gandhi o M. Luther King, hasta llegar a A. Haidar y a la joven G. Thunberg, la ciudadanía colombiana movilizada está dando muestras de su desobediencia civil legítima y justa. La plataforma El Derecho a No Obedecer, “de iniciativas ciudadanas para explorar nuevas formas de participación desde la desobediencia”, ha creado, con motivo de estas acciones ciudadanas, la campaña Expulsar para Soñar cuyo objetivo es “conversar sobre la importancia de los símbolos y las nuevas narrativas como una acción de Expulsión No Obediente”, proponiendo dejar de lado las agresiones y los egoísmos para construir solidaridades que transformen la sociedad.

Un proyecto de “formación política no electoral” que se inspira en la obra de Fernando González, el brujo de otra parte, el caminante a pie que afirmaba que “en Colombia hay muchos doctores, muchos poetas, muchas escuelas y poca agricultura y pocos caminos”, lo que hacía que faltara pensamiento crítico “Los pueblos en los que la juventud no piensa, por miedo al error y a la duda, están destinados a ser colonias”.

El denominado paro nacional que lleva vigente en Colombia desde hace ya cuarenta y cinco días es una muestra palpable de que, por fin, el pueblo ha decidido pensar y poner en marcha lo que su pensamiento le está diciendo, que hay que luchar contra las injusticias, que ya está bien de crímenes de Estado, de desapariciones forzadas, de violación de derechos y de desigualdad social.

Camus respaldaba, con su defensa a ultranza de un periodismo libre, el derecho de la ciudadanía a construir su propia libertad. El autor argelino ponía la desobediencia como uno de los requisitos para ejercer libremente el periodismo “Frente a la creciente marea de la estupidez, es necesario también oponer alguna desobediencia”, defendiendo “servir a la verdad en la medida humana de sus fuerzas” o “al menos rechazar lo que ninguna fuerza le podría hacer aceptar: servir a la mentira”.

Por su parte, Fernández Buey, al analizar la propuesta desobediente de Gandhi, afirmaba que: “la desobediencia civil no comporta anarquía sino crecimiento social, siempre que el Estado reprime la desobediencia civil lo que en realidad está haciendo es tratar de aprisionar la conciencia”. Para el autor español, la desobediencia civil es “una forma excepcional de participación política en la construcción de la democracia”.

Un recuerdo para un desobediente colombiano que nos ha dejado: don Raúl Carvajal, un ciudadano que se pasó meses con su furgoneta aparcada en la carrera séptima con la actual avenida Misak denunciando y reclamando justicia por la muerte de su hijo soldado por no acceder a entrar en la práctica criminal de los falsos positivos.

Tal vez la pregunta que todo el mundo debería plantearse es la que el maestro Gonzalo Arango se hizo, y le hizo, a Desquite “¿No habrá manera de que Colombia, en vez de matar a sus hijos, los haga dignos de vivir?”

20 Jun 2021

Por Iñaki Chaves

(publicado en Mundo Obrero el 14 de junio de 2021)

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Un hombre cena pasta en el campamento alternativo de Las Raíces (Tenerife). Luz Sosa

El día 20 de junio se conmemora el Día del Refugiado. El 68% de las personas desplazadas proceden de solo seis países. Crece también el número de

 

La persecución, la guerra o las consecuencias de la crisis climática empujaron al desplazamiento forzoso a más de 82 millones de personas a lo largo del año 2020. Se trata de un triste récord que queda reflejado en el informe que anualmente publica la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Supone un incremento del 4% respecto a 2019 y es más del doble del número de personas desplazadas que se consignó hace una década.

Según el informe de la ONU publicado el 18 de junio y con la vista puesta en el domingo 20, cuando se conmemora el Día Mundial del Refugiado, más de dos tercios de los que huyeron al extranjero procedían de solo cinco países: Siria (6,7 millones), Venezuela (cuatro millones), Afganistán (2,6 millones), Sudán del Sur (2,2 millones) y Myanmar (1,1 millones).

“Hoy hay mucha más gente en movimiento que en cualquier otro momento durante la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, decimos que vivimos en una era sin precedentes de tiempos de paz global”, ha denunciado Jan Egeland, secretario general del Consejo Noruego de Refugiados.

La pandemia “resultó especialmente devastadora para las personas que viven en comunidades marginadas, incluidas las personas refugiadas, desplazadas internas y apátridas, que no tienen identidad nacional”, reseña la agencia de la ONU.

20,7 millones de personas son consideradas refugiadas por Acnur, 5,7 millones son personas originarias de Palestina en situación de refugio y dependen de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (Unrwa). Hay cuatro millones de solicitantes de asilo, 3,9 millones de originarias de Venezuela en situación de desplazamiento forzoso y aproximadamente 4,2 millones de apátridas.

Los desplazamientos internos constituyen casi la mitad del total. Los países con mayor número de desplazados internos son Etiopía, Sudán, Mozambique, Yemen, Afganistán y Colombia. ACNUR reseña el impacto en términos de búsqueda de refugio de la escalada de violencia en Níger, Burkina Faso y Malí.

Más cifras: a lo largo de 2020, 3,4 millones de personas desplazadas regresaron a sus lugares o países de orígenes. Solo se produjeron 34.000 reasentamientos en ese periodo, apenas un tercio de los que se habían producido el año anterior.

El 42% de esos 82,4 millones lo conforman jóvenes, adolescentes, niños y niñas menores de 18 años. Según el informe, cada año nacen entre 290.000 y 340.000 criaturas en campos de refugiados y otras situaciones de tránsito.

ACNUR llama la atención sobre la situación de Yemen, donde se elevó el número total de personas desplazadas internas a cuatro millones, debido a lo que la ONU ha llamado la “peor crisis humanitaria del mundo”. Aproximadamente 233.000 personas, reseña ACNUR, han muerto desde que comenzó el conflicto hace seis años debido a la violencia o causas relacionadas como el hambre y la falta de servicios de salud.

19 jun 2021 11:02

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Colonialismo y derechos de personas LGTBI

Es innegable que el colonialismo siempre se legitimó mediante teorías racistas, según las cuales los habitantes de las colonias eran subhumanos que necesitaban ser civilizados. Pues bien: en nuestro continente hay colonias, lo que para nosotros no es ninguna novedad, por supuesto.

A los habitantes de las colonias o de territorios de nuestro continente, por regla general, ahora se les reconocen los mismos Derechos Humanos que a los de las metrópolis. Esto es lo que hacen en la actualidad Francia (cuyas leyes rigen en Guadeloupe, Martinique, Saint Martin y Saint Barthélemy y la Guyana Francesa), Holanda (en Bonaire, Sint Eustatius and Saba) y los Estados Unidos (en Puerto Rico y las Virgin Islands).

Se supone que en todos esos territorios también gozan de la protección de los Derechos Humanos las personas LGTB y, en efecto, en todos los mencionados rigen, por ejemplo, las mismas leyes de matrimonio igualitario de las metrópolis.

Pero hay una curiosa excepción: Gran Bretaña.Allí parece que hay diferencias entre las personas LGTB blancas o residentes en las islas británicas y los de las colonias. Aunque parezca mentira, en nuestro continente hay personas mayores de edad que son condenadas por mantener relaciones sexuales absoluta y libremente consentidas con otras del mismo sexo e incluso hasta por actos de intimidad.

La legislación británica no se extiende a las colonias, porque el gobierno del Reino Unido afirma que como delegó esas facultades en autoridades locales relativamente autonomizadas, no puede hacerlo. La cuestión no se entiende, porque la lógica indica que si no puede hacerlo es porque las colonias no son colonias, pero si son colonias no se explica que no pueda hacerlo. Sería absurdo que mañana una colonia británica restableciese la esclavitud y al gobierno del Reino Unido diga que no puede hacer nada.

Más aún: la obligatoriedad de la Convención Europea fue extendida por el gobierno británico a todos sus territorios en los años sesenta, sin perjuicio de que, además y en el plano universal, la Carta de las Naciones Unidas lo haga responsable por los actos de las autoridades locales de las colonias. No obstante estas obviedades, para las personas LGTBI del Caribe no rige la Convención Europea, es decir, los habitantes LGTBI de Cayman Islands, British Virgin Islands, Turks y Caicos, Monserrat y Anguila, no gozan de los derechos a que están amparados por la Convención Europea de Derechos Humanos.

Como es natural, el Parlamento Británico tiene el poder de legislar para esas colonias, porque la autonomía legislativa de éstas es delegada como concesión del propio Parlamento, puesto que no son independientes. En ejercicio de ese poder, en 2018 el Parlamento legisló en materia de lavado de dinero. Pero además y en la propia cuestión de matrimonio igualitario, en 2019 lo legisló para Irlanda del Norte, porque el parlamento local se negaba a tratar el tema. Para los irlandeses del norte sí, pero para los caribeños no, sin dar razón de eso. ¿Será una cuestión de melanina?

En homenaje a la verdad, como no deja de haber gente racional en todos lados, cabe reconocer que la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes remitió una nota en 2019 al primer ministro, instándolo a que emplace a los gobiernos de las colonias del Caribe para que cumplan con la Convención Europea y para que legislen sobre matrimonio igualitario, bajo pena de hacerlo por decreto real o por ley del parlamento de Londres. Pero el poder ejecutivo se negó a hacerlo, argumentando que se trata de temas que son materia delegada a los gobiernos de las colonias. Es decir, el mismo argumento: con los irlandeses del norte sí, con los caribeños no.

Pero la situación de las personas LGTBI del Caribe es todavía más complicada, porque incluso en los países independientes hay problemas. Esto merece una explicación que no es fácil de comprender.

Cuando los países del Caribe anglófono se independizaron conservaron como tribunal supremo –de última instancia- el llamado Consejo Privado de la Corona Británica, que con algunas excepciones se compone con los mismos jueces de la Corte Suprema del Reino Unido.

Para escapar de esta competencia suprema, los Estados caribeños independientes se pusieron de acuerdo y establecieron su propia Corte de Justicia del Caribe, pero hay países que no han adherido a ese tribunal (como Trinidad y Tobago) y siguen dependiendo en cuanto a tribunal supremo del Consejo Privado británico.

Bien: este Consejo sostiene la extraña tesis de que los jueces locales de los países caribeños no pueden revisar la constitucionalidad de las leyes de tiempos de la colonia, razón por la cual, las leyes que en Gran Bretaña se derogaron hace sesenta años y que hoy serían absolutamente inadmisibles en razón de la Convención Europea, siguen rigiendo en algunos países del Caribe, pese a ser independientes. Imaginemos que después de nuestras independencias, un tribunal español o portugués nos prohibiese derogar las Leyes de Indias o las Ondenaciones Filipinas.

En síntesis: las personas LGTBI pueden tener relaciones y casarse y gozar de todos los derechos que garantiza la Convención Europea en el territorio británico europeo; en sus colonias del Caribe sus habitantes gozan de todos los derechos que la Convención, menos de practicar su sexualidad y casarse, porque para eso es lo único en que parece que no las consideran colonias sino independientes; pero los habitantes de sus ex-colonias ahora independientes que no se han sacado de encima la tutela del Consejo de la Reina como tribunal supremo, no sólo no pueden casarse sino que son penados.

En conclusión, a diferencia de los otros países de fuera de la región que mantienen colonias o territorios en el Caribe, sólo los británicos permiten la violación de los Derechos Humanos de las personas LGTBI en sus cinco territorios caribeños -Cayman Islands, Turks y Caicos, BVI, Monserrat y Anguilla– y en Bermuda, pese a que el Parlamento Británico por leyes y la Corona a través de decretos reales (llamados Orders in Council) tienen el poder constitucional para legislar en cualquier materia y terminar con dicha violación. Y como frutita del postre, a través del Consejo Privado prohíbe a los estados independientes que no se lo sacaron de encima (por adhesión a la Corte de Justicia del Caribe), que declare inconstitucional la ley que pena las relaciones con personas del mismo sexo.

Más claro imposible: los derechos son para nosotros y nuestras personas LGTBI, pero para los caribeños no, porque son ricos en melanina y todavía debemos civilizarlos, como diría la Reina Victoria. Y esto sucede en nuestro continente.

18 de junio de 2021

Eugenio Raúl Zaffaroni es Profesor Emérito de la UBA

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Julian Assange y el colapso del Estado de derecho

 Este artículo reproduce la intervención de Chris Hedges en un acto celebrado el pasado jueves en Nueva York en apoyo de Julian Assange. Dicho acto forma parte de una gira por Estados Unidos que durará un mes y en la que intervienen entre otros el padre y el hermano de Julian y Roger Waters (Pink Floyd).

Una sociedad que prohíbe la posibilidad de decir la verdad anula la posibilidad de vivir en la justicia.

Esa es la razón por la que esta noche estamos aquí. Todos los que conocemos y admiramos a Julian condenamos su prolongado sufrimiento y el de su familia. Exigimos que se ponga fin a los muchos errores e injusticias que se han cometido con su persona. Le respetamos por su valor y su integridad. Pero la batalla por la libertad de Julian nunca ha sido solo por la persecución a la que se sometía a un editor. Es la batalla por la libertad de prensa más importante de nuestra era. Y si perdemos esa batalla las consecuencias serán devastadoras, no solo para Julian y su familia sino para todos nosotros.

Las tiranías invierten el Estado de derecho. Convierten la ley en un instrumento de injusticia. Esconden sus crímenes mediante una falsa legalidad. Utilizan la dignidad de tribunales y juicios para ocultar su criminalidad. Aquellos que, como Julian, exponen ante el público esa criminalidad son personas peligrosas, porque sin el pretexto de la legitimidad la tiranía pierde credibilidad y lo único que le queda es el miedo, la coacción y la violencia.

La prolongada campaña contra Julian y Wikileaks es una ventana hacia la demolición del Estado de derecho, un paso más hacia lo que el filósofo político Sheldon Wolin llama nuestro sistema de totalitarismo invertido, una forma de totalitarismo que mantiene la ficción de la antigua democracia capitalista, incluyendo sus instituciones, iconografía, símbolos patrióticos y retórica, pero que internamente ha entregado todo el control a los dictados de las corporaciones globales.

Yo estaba en la sala del tribunal cuando Julian Assange fue juzgado por la juez Vanessa Baraitser, una versión moderna de la Reina de Corazones de Alicia en el País de las Maravillas, que exigía la sentencia antes de declarar el veredicto. Fue una farsa judicial. No existía base legal alguna para mantenerle en prisión. No había base legal alguna para juzgarle, siendo un ciudadano australiano, según la Ley de Espionaje de EE.UU. La CIA le estuvo espiando en la embajada ecuatoriana a través de una compañía española, UC Global, contratada para proporcionar la seguridad a la embajada. Este espionaje incluyó las conversaciones confidenciales entre Assange y sus abogados cuando discutían los términos de su defensa. Este mero hecho debería haber invalidado el juicio. Julian está prisionero en una cárcel de alta seguridad para que el Estado pueda continuar los abusos degradantes y la tortura que espera provoquen su desintegración psicológica o incluso física, tal y como ha testificado el relator Especial de la ONU para la Tortura, Nils Melzer.

El gobierno de Estados Unidos ha dado instrucciones al fiscal londinense James Lewis, tal y como ha documentado con elocuencia [el exdiplomático, periodista y defensor de derechos humanos británico] Craig Murray. Lewis presentó dichas directrices a la juez Baraitser, que las adoptó como su decisión legal. Todo el show fue una pantomima judicial. Lewis y la juez insistieron en que no estaban intentando criminalizar a los periodistas y amordazar a la prensa, al mismo tiempo que se afanaban en establecer un marco legal para criminalizar a los periodistas y amordazar a la prensa. Y esa es la razón por la que el tribunal se esforzó tanto por ocultar el proceso judicial a la opinión pública, limitando el acceso a la sala del tribunal a un puñado de observadores y poniendo todas las dificultades posibles para imposibilitar su visionado en línea. Fue un oscuro juicio amañado, más típico de la Lubianka que de la jurisprudencia británica.

Yo sé que muchos de los que estamos hoy aquí nos consideramos radicales, puede que hasta revolucionarios. Pero lo que estamos exigiendo tiene de hecho un tinte conservador, dentro del espectro político. Exigimos la restauración del Estado de derecho. Algo tan sencillo y básico que no debería resultar incendiario en una democracia en funcionamiento. Pero vivir en la verdad en un sistema despótico es un acto supremo de desafío. Esa verdad aterroriza a quienes detentan el poder.

Los arquitectos del imperialismo, los señores de la guerra, las ramas legislativa, judicial y ejecutiva del gobierno, controladas por las grandes empresas, y sus serviles cortesanos de los medios de comunicación son ilegítimos. Si pronuncias esta sencilla verdad quedas desterrado, como hemos estado muchos de nosotros, a los márgenes del panorama mediático. Si demuestras esa verdad, como han hecho Julian Assange, Chelsea Manning, Jeremy Hammond y Edward Snowden al permitirnos fisgar en las interioridades del poder, serás perseguido y procesado.

Poco después de que Wikileaks publicara los archivos de la Guerra de Irak en octubre de 2010, que documentaban numerosos crímenes de guerra de Estados Unidos –incluyendo imágenes del ametrallamiento de dos periodistas de Reuters y otros 10 civiles desarmados en el video Asesinato Colateral, la tortura sistemática de prisioneros iraquíes, el ocultamiento de miles de muertes de civiles y el asesinato de cerca de 700 civiles que se habían acercado demasiado a los puestos de control estadounidenses–, los destacados abogados de derechos civiles Len Weinglass y mi buen amigo Michael Ratner (a quien acompañaría posteriormente para reunirse con Julian en la embajada ecuatoriana) se reunieron con Julian en un apartamento de Londres Central. Las tarjetas bancarias personales de Assange habían sido bloqueadas. Tres ordenadores encriptados habían desaparecido de su equipaje durante su viaje a Londres. La policía sueca estaba fabricando un caso en su contra con la intención, le advirtió Ratner, de extraditarle a Estados Unidos.

“Wikileaks y tú personalmente os enfrentáis a una batalla que es tanto legal como política”, le dijo Weinglass a Assange. “Como aprendimos en el caso de los Papeles del Pentágono, al gobierno de Estados Unidos no le gusta que se haga pública la verdad. Y no le gusta que le humillen. No importa que sea Nixon, Bush u Obama, un Republicano o un Demócrata, quien ocupe la Casa Blanca. El gobierno de EE.UU. intentará evitar que publiques sus repugnantes secretos. Y si tienen que destruirte a ti, y destruir al mismo tiempo la Primera Enmienda y los derechos de los editores, están dispuestos a hacerlo. Creemos que van a perseguir a Wikileaks y a ti, Julian, por publicarlos”.

“Que van a perseguirme, ¿por qué razón?”, preguntó Julian.

“Por espionaje”, continuó Weinglass. “Van a acusar a Bradley Manning por traición, acogiéndose a la Ley de Espionaje de 1917. No creemos que se le pueda aplicar porque es un denunciante de conciencia, no un espía. Pero van a intentar obligar a Manning a que te implique a ti como colaborador”.

“Que van a perseguirme, ¿por qué razón?”

Esa es la cuestión.

Han perseguido a Julian por sus virtudes, no por sus defectos.

Han perseguido a Julian porque sacó a la luz más de 15.000 muertes no denunciadas de civiles iraquíes; porque hizo públicas la tortura y los malos tratos a unos 800 hombres y muchachos de entre 14 y 89 años en Guantánamo; porque publicó que Hillary Clinton ordenó en 2009 a los diplomáticos estadounidenses que espiaran al Secretario General de la ONU Ban Ki Moon y a otros representantes de China, Francia, Rusia y Reino Unido, un espionaje que incluía obtener su ADN, el escaneo de su iris, sus huellas dactilares y sus contraseñas personales, continuando métodos habituales de vigilancia ilegal como las escuchas ilegales al Secretario General de la ONU Kofi Annan las semanas previas a la invasión de Irak de 2003 dirigida por Estados Unidos; le han perseguido porque divulgó que Barack Obama, Hillary Clinton y la CIA orquestaron el golpe militar de 2009 en Honduras que derrocó al presidente elegido democráticamente, Manuel Zelaya, y lo reemplazó con un régimen militar corrupto y asesino; porque reveló que George Bush hijo, Barack Obama y el general Davis Petrous llevaron a cabo una guerra en Iraq que, según las leyes posteriores al proceso de Núremberg, se considera una guerra criminal de agresión, un crimen de guerra y porque autorizaron cientos de asesinatos selectivos, incluyendo los de ciudadanos estadounidenses en Yemen, donde también lanzaron secretamente misiles, bombas y ataques con drones que acabaron con la vida de decenas de civiles; porque reveló que Goldman Sachs pagó a Hillary Clinton 657.000 dólares por dar conferencias, una suma tan enorme que solo puede considerarse un soborno, y que Clinton aseguró en privado a los líderes empresariales que cumpliría sus ordenes, mientras prometía a la opinión pública una regulación y una reforma financiera; porque sacó a la luz la campaña interna para desacreditar y destruir a Jeremy Corbyn por parte de miembros de su propio Partido Laborista; porque mostró cómo la CIA y la Agencia Nacional de Seguridad utilizan herramientas de hackeo que permiten al gobierno la vigilancia al por mayor a través de nuestros televisores, ordenadores, smartphones y programas antivirus, lo que permite al gobierno registrar y almacenar nuestras conversaciones, imágenes y mensajes de texto privados, incluso si están encriptados.

Julian sacó a la luz la verdad. La desveló una y otra y otra vez, hasta que no quedó la menor duda de la ilegalidad, corrupción y mendacidad endémicas que definen a la élite gobernante global. Y por descubrir esas verdades es por lo que han perseguido a Assange, como han perseguido a todos aquellos que se atrevieron a rasgar el velo que cubre al poder. “La Rosa Roja ahora también ha desaparecido…”, escribió Bertolt Bretch cuando la socialista alemana Rosa Luxemburgo fue asesinada. “Porque ella a los pobres la verdad ha dicho, los ricos del mundo la han extinguido”.

Hemos experimentado un golpe de Estado empresarial, mediante el cual los pobres y los hombres y mujeres trabajadores se ven reducidos al desempleo y el hambre; la guerra, la especulación financiera y la vigilancia interna son las únicas ocupaciones del Estado; por el cual ya ni siquiera existe el habeas corpus; por el que los ciudadanos no somos más que mercancías que se usan, se despluman y se descartan para los sistemas corporativos del poder. Negarse a contraatacar, a tender lazos y ayudar al débil, al oprimido y al que sufre, a salvar el planeta del ecocidio, a denunciar los crímenes internos e internacionales de la clase dominante, ea xigir justicia, a vivir en la verdad es llevar la marca de Caín. Quienes detentan el poder deben sentir nuestra ira, y eso significa realizar actos constantes de desobediencia civil, significa acciones constantes de protesta social y política, porque este poder organizado desde abajo es el único que nos salvará y el único poder que liberará a Julian. La política es un juego de temor. Es nuestro deber moral y cívico hacer sentir miedo a los que están en el poder, mucho miedo.

La clase dominante criminal nos tiene a todos sujetos por el miedo. No puede reformarse. Ha abolido el Estado de derecho. Oscurece y falsea la verdad. Busca la consolidación de su obsceno poder y su obscena riqueza. Por tanto, citando a la Reina de Corazones, metafóricamente, claro, yo digo: “¡Que les corten la cabeza!”.

Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo

Por Chris Hedges | 16/06/2021

Chris Hedges es un periodista ganador del Premio Pulitzer. Fue durante 15 años corresponsal en el extranjero para The New York Times, ejerciendo como jefe para la oficina de Oriente Próximo y la  de los Balcanes. Anteriormente trabajó para los diarios The Dallas Morning News, The Christian Science Monitor y NPR. Presenta el programa “On Contact”, nominado para un Premio Emmy, de la cadena internacional de televisión rusa RT.

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El trabajo en la Cuarta Revolución Industrial

El trabajo más allá de la pandemia

Las economías se podrían clasificar en un segmento integrado globalmente que emplea a una minoría de la fuerza laboral formada y bien remunerada, y un segmento de escasa productividad, con bajos salarios y condiciones precarias.

En el mundo que estamos viviendo a veces resulta complejo encontrar respuestas concretas e incluso plantearse preguntas sobre las causas de lo que nos rodea.  En esta nota intentaremos esbozar algunos de los cambios que se observan en el mundo del trabajo, sus causas y sus posibles consecuencias.  ¿Cambió la pandemia la forma de trabajar?  ¿O profundizó tendencias que venían desde hace años?

En el 2016 y en ocasión del Foro Económico Mundial de Davos, Klaus Schwab, fundador del Foro, acuñó el término “Cuarta Revolución Industrial” para referirse a los avances tecnológicos emergentes en una serie de campos, incluyendo la robótica, la inteligencia artificial, la nanotecnología, el internet de las cosas, la impresión 3D, los vehículos autónomos, etc.

Todos estos cambios traen profundas modificaciones en las condiciones y modos de trabajo.  Mientras que algunos desaparecerán, otros se crearán y algunos tendrán que adaptarse.  Pero esta revolución tecnológica no surgió de la nada, sino que tiene una relación intrínseca con el desarrollo del sistema capitalista y su tendencia ineludible a invertir en medios de producción que acorten los tiempos sociales del proceso productivo.

Es necesario recordar que en la crisis del 2008 –que tuvo características de crisis orgánica– la especulación del sector financiero e inmobiliario generó una burbuja de dinero ficticio sin asiento productivo, que terminó por hacer estallar el sistema financiero dominante hasta aquel entonces.

El sector tecnológico se convirtió en una enorme salida para el capital acumulado, no invertido frente al estancamiento.  Esto implicó la transformación de toda la estructura de procedimientos de la producción manufacturera y de comercialización.  Además, la creación de plataformas digitales y la expansión de la conectividad en el mundo ha permitido la aceleración de este proceso.

La pandemia de coronavirus, que comenzó según la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020, vino a acelerar estos procesos de digitalización de la economía a una velocidad pocas veces vista.  Pero esta crisis sanitaria, que se suma a la crisis financiera y económica mundial, no afecta a todos por igual. Vemos hoy como la mayoría de las y los trabajadores pierden, mientras que los que ganan son un muy reducido grupo de empresarios.

Por todo lo dicho afirmamos que la pandemia vino a acelerar procesos y tendencias que ya venían sucediendo hace años.

Aumento mundial de la desocupación y la explotación

Según el informe de la Organización Internacional del Trabajo “La COVID-19 y el mundo del trabajo. 7ª edición”, en 2020 se perdió el 8,8% de las horas de trabajo a nivel mundial con respecto al cuarto trimestre de 2019, equivalentes a 255 millones de empleos a tiempo completo.  La pérdida de horas de trabajo en 2020 fue aproximadamente cuatro veces mayor que la registrada durante la crisis financiera mundial de 2009.

La cantidad de personas desocupadas a escala mundial aumentó en 33 millones en 2020, y la tasa de desocupación aumentó hasta el 6,5%.  Además, se estima que los ingresos provenientes del trabajo a escala mundial en 2020 disminuyeron un 8,3%, a saber, 3,7 billones de dólares, o sea el 4,4% del PIB mundial.

Así, la automatización, la robotización y la inteligencia artificial abren una nueva etapa en la configuración mundial del trabajo, orientada al “conocimiento”, conformando nuevas fracciones dentro de la clase trabajadora que agudizan las diferencias salariales al interior de la clase.

Por un lado, comienza a emerger una fracción de la clase trabajadora vinculada a los trabajos del sector de la información, un grupo muy diverso unido por el uso de la más moderna tecnología de la información para el tratamiento, manipulación, identificación y procesamiento de datos.  Son creadores, manipuladores y procesadores de los flujos de información, que hacen posible esta Nueva Fase Digital del Capitalismo.  Esta fracción está formada por científicos/as, investigadores/as, ingenieros/as de diseño, analistas de “software”, investigadores/as en biotecnología, banqueros/as, inversionistas, diseñadores/as urbanísticos, consultores financieros, arquitectos/as, planificadores/as estratégicos, etc.

Y por otro lado, se observa como tendencia general un aumento en la informalidad y la subocupación.  Además de un crecimiento de la explotación laboral y la expulsión de grandes masas de trabajadores del proceso productivo.  De este modo, las economías globales se podrían clasificar en: un segmento avanzado, integrado globalmente, que emplea a una minoría de la fuerza laboral con altos grados de formación y remuneración, y un amplio segmento de baja productividad que absorbe la mayor parte de la fuerza laboral, con bajos salarios y condiciones muy precarias.

Pocos ganadores: Las grandes empresas tecnológicas ante la pandemia

La transformación de la economía en servicios de plataformas digitales cambia la forma de trabajar y de acumular riqueza. Esta transformación se presenta bajo la apariencia de “mayor libertad” para la clase trabajadora, ya que ahora puede “decidir cuándo, dónde, cuánto y cómo trabajar”, pero lo que realmente se oculta es su mayor grado de dependencia.  En esta forma de mediación virtual, no existen responsables por las condiciones de las y los trabajadores, pero sí existen personas que acumulan ganancias a una gran velocidad.

Según la revista Forbes, que actualizó su lista de los empresarios más ricos del mundo este 6 de abril, 7 de los primeros 10 multimillonarios más acaudalados provienen de la industria tecnológica.  Según la revista; “en total, los 2.755 multimillonarios que forman la lista suman 13,1 billones de dólares, frente a los 8 billones de 2020. Estados Unidos sigue siendo el país que cuenta con más ricos, con 724, seguido de China (incluyendo Hong Kong y Macao) con 698”.

Ahora bien, ¿cómo es que han podido acumular tanta riqueza estos 2.755 multimillonarios en un mundo atravesado por una profunda crisis?

En primer lugar, por la restricción en la circulación de las y los trabajadores, como plantea Giménez[1]: «así como bajo el capitalismo industrial el trabajador fue conducido hacia la fábrica, donde fue disciplinado a través del miedo a la muerte por hambre y también organizado bajo la lógica del trabajo común, hoy los cambios estructurales en su fase digital empujan a las clases subalternas hacia las ‘nuevas fábricas’ del territorio virtual, con sus plataformas y redes sociales; construyendo nuevos valores organizativos».  Según el informe digital-2020 (de wearsocial.com), la mitad de la población mundial (3.800 millones de personas) utiliza actualmente las redes sociales. 4.540 millones de personas están ahora en línea, con un aumento interanual de 298 millones, o sea el 7%, por lo que nos acercamos a una penetración de Internet del 60%.  El usuario medio de Internet pasó 6 horas y 43 minutos por día en línea en 2020, más de 100 días en total.

Esto genera una dependencia por parte de todas las empresas, instituciones y personas, del servicio que puedan brindar estas Big Tech. Grandes flujos de información que, a través de un complejo sistema de algoritmos, estas empresas convierten en la fuente de su riqueza.  Controlan de esta forma los tiempos sociales de producción de todas las demás ramas de la industria y del comercio.

Esto no es nuevo, como afirmamos anteriormente. Ya en 2018, más de la mitad de los habitantes del planeta utilizaba internet. El porcentaje de usuarios se situó en el 51,2%, lo que supone un aumento de 2,6 puntos respecto a 2017.

Otra parte de estas ganancias proviene de la baja de salarios a nivel mundial y del aumento de la jornada laboral.  Según un estudio realizado por Adecco Argentina al comenzar la cuarentena, el 42% de las y los trabajadores dedican más horas al trabajo desde su casa que en la oficina, mientras que un 40% cumple exactamente las mismas horas como si estuviera en su lugar de trabajo.  Esto es posibilitado por el gran ejército de desocupados/as que presionan sobre las condiciones salariales de los ocupados/as y aumenta la lucha entre trabajadores por salarios y puestos laborales.

Finalmente, una última parte deriva de la restricción de la circulación de las y los trabajadores.  Según datos de la OIT del informe antes citado: “Durante todo el año el 77 por ciento de los trabajadores se vieron afectados por esas medidas, lo que implica un porcentaje muy cercano del valor máximo del 85 por ciento alcanzado a finales de julio de 2020”.

Esto les permitió a las empresas ahorrar en infraestructura, eventos corporativos, energía y suministros, dietas, viajes, vehículos de empresa, suministros electrónicos, entre otros gastos fijos anuales.  Según un estudio llevado a cabo por Global Workplace Analytics, la compañía internacional de investigación y consultoría sobre las y los empleados, el ahorro promedio en inmuebles con teletrabajo a tiempo completo es de 10.000 dólares al año por empleado/a.

Las y los trabajadores frente a la crisis

Las y los trabajadores combinan nuevas y viejas formas de lucha en defensa de sus derechos y condiciones laborales, utilizan las calles y también el territorio virtual para reclamar, organizarse y luchar por sus derechos.  Hemos visto en Francia como el movimiento de “Chalecos Amarillos” se organizó a través de las redes sociales y salieron en conjunto a las calles presionando al gobierno nacional.  Lo que comenzó como un reclamo por un aumento de gasolina escaló rápidamente a un rechazo de las políticas neoliberales.

En la India estalló la “Manifestación más grande del mundo” de la que se tenga registro.  El 26 de noviembre, 250 millones de agricultores marcharon en todo el país, lo que significa el 3,3% de la población mundial y que dejó más de 64 muertos y cientos de heridos.  Detectando la importancia de la virtualidad para construir organización, el Gobierno produjo 134 cortes de internet, el 68% de todos los que suceden en el mundo.

En Chile las manifestaciones que comenzaron por un aumento de 30 pesos en el transporte público, también escalaron a un proceso donde la mayoría del pueblo salió a las calles a pedir un cambio de la constitución neoliberal y contra el gobierno de Sebastián Piñera. Y la lucha continúa.

Otro ejemplo de lucha lo vienen dando las mujeres trabajadoras que este 8M también inundaron las redes y las calles de todo el mundo. Y así podríamos seguir citando ejemplos de manifestaciones a lo largo y ancho del planeta.

En las empresas tecnológicas el panorama de lucha no es diferente.  En el Reino Unido, el Tribunal Supremo sentenció que las y los trabajadores de Uber tienen derecho a acogerse a la legislación laboral vigente, lo que abre las puertas para obtener un salario mínimo o vacaciones pagas.

En enero de este año, unos 200 trabajadores de Alphabet Inc, la empresa matriz de Google, han formado un sindicato para velar por los principios de igualdad en el trabajo y por la observancia de principios éticos en el modelo de negocio.  La formación de este sindicato, el primero que se crea entre las grandes tecnológicas, es la consecuencia directa de protestas sin precedentes en el seno de la compañía, y de un año de organización en secreto.

O las nuevas tecnologías están al servicio de las y los trabajadores, generando mejores condiciones de vida, eliminando el trabajo forzoso, repetitivo, dando más tiempo para disfrutar de una vida digna, o estarán en manos de un minúsculo grupo de especuladores financieros, generando mayor acumulación, explotación y exclusión.

El curso que puedan tomar los acontecimientos dependerá de la participación activa de los trabajadores y trabajadoras, y de que estos logren construir un programa estratégico que ponga por encima el bienestar general de la clase trabajadora.

Diego Lorca y Diego Pierdominici son miembros del Observatorio Internacional del Trabajo y el Futuro -OITraF-, un equipo de jóvenes profesionales dedicados a la Investigación y Análisis en el convulsionado mundo del Trabajo. OITraF: https://oitrafuturo.wixsite.com/oitrafuturo  Twitter: @OITraF1 https://instagram.com/observatorio_de_trabajo

Por Diego Lorca, Diego Pierdominici | 16/06/2021 |

Artículo publicado en la Revista América Latina en Movimiento No. 552: ¿Quién decide nuestro futuro digital?

Bibliografía

https://www.adecco.com.ar/noticias/teletrabajo-y-productividad-durante-la-pandemia-a-causa-del-coronavirus/

https://www.lavanguardia.com/vida/formacion/20201209/6108068/teletrabajo-cuanto-ahorra-empresa.html

https://forbes.es/listas/93410/lista-forbes-2021-estas-son-las-personas-mas-ricas-del-mundo/

https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-responses/WCMS_767045/lang–es/index.htm

https://elpais.com/economia/2021-01-05/trabajadores-de-google-se-organizan-en-el-primer-sindicato-creado-en-una-gran-tecnologica.html

https://www.france24.com/es/ee-uu-y-canad%C3%A1/20210329-amazon-derecho-laboral-sindicatos-alabama

-Giménez, P. (2020). Un 1º de mayo (muy) diferente, un mundo en guerra mediado por la virtualidad. Disponible en: https://www.nodal.am/2020/05/un-1o-de-mayo-muy-diferente-un-mundo-en-guerra-mediado-por-la-virtualidad-por-paula-gimenez/

Notas

1/ Giménez, P. (2020). Un 1º de mayo (muy) diferente, un mundo en guerra mediado por la virtualidad. Disponible en: https://www.nodal.am/2020/05/un-1o-de-mayo-muy-diferente-un-mundo-en-guerra-mediado-por-la-virtualidad-por-paula-gimenez/

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Concluye visita de la CIDH a Colombia; recibe testimonios de víctimas y ONG

Bogotá. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cumplió ayer su último día de visita oficial en Colombia, donde verificó las denuncias de abuso policial, violencia de género y desapariciones en el contexto de las protestas que iniciaron el 28 de abril contra las reformas del presidente Iván Duque, la desigualdad y el desempleo, y se convirtieron en un estallido social que ha dejado decenas de muertos y miles de heridos.

La comisionada Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH, visitó en Bogotá la exposición fotográfica Vidas Robadas, que rinde homenaje a las víctimas de las protestas de 2019, 2020 y 2021, en su mayoría por la represión policial, y escuchó los relatos de algunos familiares.

La CIDH recibió durante su visita más de un centenar de testimonios de víctimas de violencia y varios informes gubernamentales y de distintas ONG. Con la información recaudada emitirá una declaración con observaciones y recomendaciones.

El Comité Nacional del Paro, que analiza cambios en su estrategia de protestas, pidió a la CIDH que solicite al Ejecutivo la adopción del preacuerdo de garantías al cual llegaron el 24 de mayo con los delegados de Duque e intervenga para que cese de manera inmediata la brutalidad policial.

Desde el 28 abril decenas de miles de personas han salido a las calles, primero, en rechazo a un alza de impuestos propuesta por Duque con la intención de paliar la crisis derivada de la eliminación de gravámenes a las élites y que se agudizó por la pandemia del Covid-19.

El mandatario retiró el proyecto del Congreso, pero la represión en las protestas incrementó el descontento, situación que a la fecha el gobierno no ha podido controlar.

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Imagen de archivo de un menor trabajando. EFE

Los incrementos se concentran en África, que tiene más niños y niñas trabajando que todo el resto del munso, así como los Estados Árabes y la zona de Europa y Asia Central, según el informe de las agencias de Naciones Unidas. 79 millones de niños "realizan trabajos peligrosos" que ponen directamente en riesgo su salud

 

Hoy hay más niños y niñas trabajando en el mundo que hace cuatro años. Uno de cada diez menores, en total 160 millones de niños y niñas a nivel mundial, según el primer estudio conjunto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Unicef, con datos de 2020. Además, este último año de pandemia de coronavirus incluso agudizará el problema, alertan los organismos, vista la situación en muchos países. Las agencias de Naciones Unidas han dado todas las alarmas ante lo que supone el primer retroceso en la reducción del trabajo infantil en el mundo en las dos últimas décadas, momento en el que la OIT comenzó a medir periódicamente su incidencia.

El trabajo infantil no es una cuestión menor. Los niños afrontan riesgos físicos y mentales a corta edad, que condicionan su desarrollo. Está más extendido entre los niños que entre las niñas y tiene una mayor incidencia en las regiones rurales frente a las urbanas. "El trabajo infantil merma la educación de los niños, restringe sus derechos y limita sus oportunidades en el futuro, y da lugar a círculos viciosos intergeneracionales de pobreza y trabajo infantil", subraya el informe publicado este jueves, poco antes del Día Mundial contra el trabajo infantil, este 12 de junio.

“Las nuevas estimaciones constituyen una llamada de atención. No podemos quedarnos impasibles mientras se pone en riesgo una nueva generación de niños”, señala Guy Ryder, director general de la OIT. "Instamos a los gobiernos y a los bancos internacionales de desarrollo a que den prioridad a las inversiones en programas que permitan a los niños salir de la fuerza de trabajo y regresar a la escuela, así como en programas de protección social que faciliten esa labor a las familias", reclama Henrietta Fore, directora ejecutiva de Unicef.

Los niños trabajan sobre todo en el ámbito familiar, ya sea en el campo o en pequeñas empresas familiares, una situación muy unida a la pobreza y a la falta de oportunidades educativas. No es una imagen que quede tan lejos en España. Las últimas generaciones de ancianos y ancianas, tan resentidas durante la pandemia, recuerdan a las siguientes, a muchos nietos y nietas, cómo era trabajar en el campo para llevar comida a la mesa. Cómo dejaron la escuela en muchos casos sin saber leer y escribir bien, como prueban sus firmas de caligrafía lenta y temblorosa.

Trabajo infantil que no es tan ajeno

La imagen global de aumento del trabajo infantil esconde diferencias territoriales. Los aumentos se concentran en África, que ha pasado de tener 72 millones de menores trabajando en 2016 a 92 millones, así como los Estados Árabes, que han duplicado su número (de 1,2 millones a 2,4 millones de menores), y por último la zona de Europa y Asia Central, que alcanzó los 8,3 millones el año pasado respecto a los 5,5 millones de niños y niñas afectados por el trabajo infantil en 2016.

Otras zonas en cambio han logrado disminuir esta lacra que condiciona las oportunidades de los menores presentes y futuras. Es el caso de Asia y el Pacífico, con 48,7 millones de niños y niñas trabajando respecto a los 62,1 millones de hace cuatro años y América Latina y el Caribe, que han restado algo más de dos millones de menores trabajando, hasta los 8,2 millones en 2020.

Como se desprende de las cifras, los niños de África son los más afectados. "En la actualidad, existen más niños en situación de trabajo infantil en África Subsahariana que en el resto del mundo", destaca el informe. Allí, casi uno de cada cuatro menores está afectado por esta situación. Un problema que puede parecer lejano, aquí en España, pero que no lo es tanto.

El estudio de la OIT y Unicef advierte de que "más del 70% de los niños en situación de trabajo infantil (112 millones) se dedican a la agricultura". En un mundo globalizado, donde por ejemplo el chocolate, el café y la fruta que consumimos muchas veces proceden de la otra punta del globo, el trabajo infantil de un menor en una plantación de cacao en Costa de Marfil puede no quedar tan lejos de nuestra cesta de la compra.

"Gran parte de los productos que consumimos habitualmente esconden explotación laboral infantil", recuerdan a elDiario.es desde la Coordinadora de Comercio Justo, que promociona en estos días productos libres de trabajo infantil, un compromiso de todas las organizaciones productoras de comercio justo. "Las organizaciones de Comercio Justo estamos trabajando en distintas iniciativas de incidencia política para conseguir leyes que obliguen a las empresas multinacionales a garantizar los derechos humanos, entre ellos la ausencia de explotación laboral infantil y la protección del medio ambiente a lo largo de toda la cadena de producción en cualquier parte del mundo", explican desde la coordinadora española.

79 millones de menores en trabajos peligrosos

El estudio de la OIT y Unicef subraya además que un total de 79 millones de niños, casi la mitad de todos los niños en situación de trabajo infantil, "realizaban trabajos peligrosos que ponían directamente en peligro su salud, seguridad y desarrollo moral". Las agencias de Naciones Unidas destacan que el trabajo infantil en las familias "es a menudo peligroso, a pesar de la percepción generalizada de que la familia ofrece un entorno de trabajo más seguro".

Esta es la imagen actual del trabajo infantil, pero no es una imagen inevitable, como se observa en los países que han avanzando y siguen haciéndolo. Hay recetas que funcionan, como la inversión en educación, en trabajo decente de los adultos y en una mayor seguridad de las cadenas de producción internacionales.

"La eliminación del trabajo infantil es una empresa demasiado grande para que la resuelva una parte por sí sola", advierte el informe de la OIT y Unicef, que piden que "los países deben aunar esfuerzos en el espíritu del artículo 8 del Convenio 182 de la OIT", sobre sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil, "ratificado universalmente". Los países, como España, se han comprometido además a ello en numerosos acuerdos internacionales, como la Agenda 2030, que pretende acabar con el trabajo infantil en 2025.

Por Laura Olías

10 de junio de 2021 02:01h

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