La policía israelí se enfrenta a los palestinos dentro del complejo de la mezquita de Al-Aqsa después de que la policía israelí ingresara al complejo antes del amanecer mientras miles de musulmanes se reunían para rezar durante el mes sagrado del Ramadán, Jerusalén, 15 de abril de 2022. — JAMAL AWAD / EFE/EPA

La tensión comenzó el 22 de mazo cuando cuatro civiles israelíes murieron en un ataque con cuchillo y continúa este 15 de abril con más de 150 palestinos heridos durante enfrentamientos con la Policía israelí en Jerusalén.

Desde el 22 de marzo, 39 personas han fallecido en Israel y Cisjordania ocupada en incidentes violentos entre las autoridades israelíes y ciudadanos palestinos, que comenzaron con una ola de ataques y siguieron con una serie de redadas y enfrentamientos, antes de desembocar este viernes en graves incidentes en la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén.

El 22 de marzo, cuatro civiles israelíes murieron en un ataque con cuchillo y atropello en la ciudad de Beer Sheva, en el sur del país. El atacante era un israelí de origen beduino y fue abatido por un civil. El ataque fue luego reivindicado por el Estado Islámico.

El 27 de marzo, dos policías israelíes murieron en un ataque con armas de fuego en la ciudad de Hadera, en el norte del país. Los atacantes eran palestinos con ciudadanía israelí y fueron abatidos por las fuerzas de seguridad. El ataque fue luego reivindicado por el Estado Islámico y coincidió con el comienzo de una cumbre en el sur del país, que contó con la presencia de los jefes de la diplomacia de Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Baréin, Egipto y Estados Unidos.

El 29 de marzo, cinco personas murieron en un ataque con arma de fuego en la ciudad ultraortodoxa de Bnei Brak, en el centro de Israel. Las víctimas fueron dos trabajadores extranjeros ucranianos, dos civiles israelíes y un policía. El atacante, un palestino proveniente de una aldea del norte de Cisjordania, fue abatido por la Policía. El ataque recibió una inusual condena por parte del presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás.

El 30 de marzo, tras vivir una de las semanas más violentas desde la Segunda Intifada, las fuerzas de seguridad israelíes intensificaron sus operaciones tanto dentro de su territorio contra personas vinculadas al Estado Islámico como en Cisjordania ocupada. Se desplegaron más de mil tropas adicionales y el primer ministro, Naftali Benet, instó a la población a portar armas.

El 31 de marzo, dos palestinos murieron durante enfrentamientos armados con las tropas israelíes durante una redada del Ejército en el campo de refugiados de Jenín, en Cisjordania ocupada. Cerca de Belén, un palestino apuñaló e hirió gravemente a un israelí -que finalmente sobrevivió- antes de ser abatido.

El 1 de abril, un palestino murió por disparos de las fuerzas de seguridad israelíes durante enfrentamientos en la ciudad de Hebrón, en Cisjordania ocupada. Según el Ejército, las tropas le dispararon tras lanzarles un cóctel molotov durante una protesta.

El 2 de abril, tres milicianos palestinos pertenecientes al grupo Yihad Islámica murieron durante una operación de arresto por parte de las fuerzas de seguridad de Israel cerca de la ciudad de Jenín, en Cisjordania ocupada. Durante el incidente, cuatro policías israelíes resultaron heridos, uno de ellos grave.

El 3 de abril, al menos 10 palestinos fueron arrestados y 20 resultaron heridos durante choques con la Policía israelí en la Puerta de Damasco de la Ciudad Vieja de Jerusalén, en lo que representó la segunda noche consecutiva de incidentes en el sitio en el marco de las celebraciones del mes sagrado musulmán de Ramadán.

El 7 de abril, un ataque con arma de fuego en el centro de la ciudad de Tel Aviv se saldó con la muerte de tres civiles israelíes. El atacante se dio a la fuga, generando el pánico de los residentes de la ciudad durante horas. La policía lo encontró y abatió junto a una mezquita cerca del lugar del ataque. El atacante era un palestino de la ciudad cisjordana de Jenín.

El 9 de abril, un palestino murió por disparos del Ejército israelí en el campo de refugiados de la ciudad de Jenín, en Cisjordania ocupada, durante enfrentamientos armados en el marco de una amplia operación de las tropas siguiendo el ataque en Tel Aviv.

El 10 de abril, dos mujeres palestinas murieron por disparos del Ejército israelí en Cisjordania ocupada en dos incidentes distintos. En el primero, las tropas abrieron fuego contra una mujer que corrió hacia ellas. Más tarde se confirmó que estaba desarmada. La segunda fallecida fue abatida por la Policía antes de apuñalar y herir a un oficial en la ciudad de Hebrón.

El 11 de abril: Dos palestinos murieron por disparos del Ejército israelí en dos incidentes en Cisjordania ocupada. El primero de ellos fue abatido tras presuntamente lanzar cócteles molotov contra vehículos civiles cerca de Belén. El segundo murió por las heridas sufridas el día anterior durante una operación militar israelí en la ciudad de Jenín.

El 12 de abril, un palestino de la ciudad de Hebrón murió por los disparos de un policía israelí al que intentó apuñalar durante una operación de arresto en la ciudad de Ashkelón, en el sur de Israel.

El 13 de abril, tres palestinos murieron por disparos de las fuerzas de seguridad israelíes en distintos incidentes en Cisjordania. El primero fue un abogado en la ciudad de Nablus, durante una redada militar. El segundo fue un menor de 14 años, en el marco de enfrentamientos cerca de Belén, durante los cuales habría lanzado un cóctel molotov hacia las tropas. El tercero fue un joven en la aldea de Silwad, al norte de Ramala, también durante enfrentamientos con las tropas israelíes.

El 14 de abril, tres palestinos murieron por disparos israelíes durante una operaciones del Ejército en el norte de Cisjordania ocupada. Uno de ellos había sido herido el día anterior en la aldea de Beita y los otros dos fueron abatidos en enfrentamientos cerca de Jenín.

El 15 de abril, más de 150 palestinos resultaron heridos durante enfrentamientos con la Policía israelí en la Explanada de las Mezquitas, además de tres policías. Un menor palestino de 17 años murió producto de las heridas ocasionadas por disparos de las tropas israelíes durante enfrentamientos en Jenín.

jerusalén

16/04/2022 13:29

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El informe sobre el apartheid de la Facultad de Derecho de Harvard deja a quienes defienden a Israel sin palabras

El Laboratorio Internacional de Derechos Humanos (IHRC) de la Facultad de Derecho de Harvard publicó últimamente un informe que encuentra que el trato de Israel a las y los palestinos en Cisjordania equivale al delito del apartheid.

El estudio «Apartheid in the Occupied West Bank: A Legal Analysis of Israel’s Actions» salió a la luz el 28 de febrero a raíz de cinco informes más amplios sobre el apartheid publicados desde 2020, y justo antes de que el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en los territorios palestinos ocupados publicara otro informe sobre el apartheid el 21 de marzo.

Preparado por el laboratorio de derechos humanos de la facultad de derecho, coordinado con la Asociación de Apoyo a los Presos y Derechos Humanos Addameer, con sede en Ramalá, el informe se publicó sin eco mediático y recibió una cobertura mínima de prensa. Y, hasta ahora, no ha recibido ninguna condena pública por parte del lobby israelí. El Estado de Israel reaccionó solo con una declaración superficial y no sustantiva de su embajador en la ONU, Gilad Erdan, de que «los que escribieron el informe en nombre de Harvard… decidieron deslegitimar al estado judío debido a sus puntos de vista antisemitas».

Aunque solo tiene 22 páginas, el informe incluye 130 notas a pie de página que respaldan adecuadamente el texto y permiten a las y los lectores profundizar más. El enfoque estrecho del informe arroja luz sobre los instrumentos y procesos legales personalizados implementados desde 1967 para privar a las y los palestinos de Cisjordania de sus derechos humanos, civiles y políticos.

La descripción precisa de la guerra de leyes por la que Israel, con impunidad, ha intimidado, confundido, humillado, ultrajado, encarcelado, torturado y matado a palestinos y palestinas desde 1967 genera un impacto acumulativo irresistible. Los artículos individuales de la letanía no son en sí mismos nuevos, pero verlos representados en su totalidad coordinada es ver cómo la máquina israelí de la injusticia hace su trabajo antihumano.

Dada la potencia del informe y el prestigio de la marca Harvard, no hay duda de que el lobby finalmente perseguirá al IHRC. La formulación del embajador israelí en sus comentarios insinúa la probabilidad de que se intente presionar a Harvard y a la Facultad de Derecho de Harvard para que se desvinculen de «quienes lo han escrito en nombre de Harvard», es decir, el laboratorio internacional de los derechos humanos de la facultad de derecho de Harvard, el IHRC.

Mientras tanto, las y los autores del informe han sido circunspectos, al igual que el órgano de las Naciones Unidas al que se presentó el informe. La Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre el Territorio Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel, que fue convocada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en mayo de 2021, había pedido a los grupos de la sociedad civil que documentaran posibles violaciones del apartheid. (Addameer y el grupo de asistencia jurídica e investigación Al-Haq habían enviado otro informe de este tipo en enero de este año, titulado «Afirmando y manteniendo un régimen de apartheid sobre el pueblo palestino en su conjunto»).

Después de una descripción meticulosa del crimen de apartheid en el derecho internacional, incluida una explicación clara de cómo y por qué los grupos étnicos, como el palestino (o el Rohinga de Myanmar), se consideran «grupos raciales» según la ley, el estudio de Harvard-Addameer describe el «sistema legal dual que afianza la supremacía judía israelí» en Cisjordania.

Comienza citando lo que el comandante de las fuerzas de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército israelí) en Cisjordania expresó a las y los palestinos en 1967:

«Todos los poderes del gobierno, legislación, nombramiento y administración pertenecientes a la región o a sus residentes ahora estarán exclusivamente en mis manos y serán ejercidos solo por mí o por cualquier persona designada por mí o que actúe en mi nombre».

Cincuenta y cinco años después, este poder dictatorial, que podría ser comprensible inmediatamente después de una reciente ocupación de un territorio enemigo, se ha ejercido e institucionalizado inquebrantablemente. El poder se despliega a través de órdenes militares, más de 1.800 de las cuales se han abatido sobre las y los palestinos, pero nunca sobre las y los colonos israelíes en asentamientos ilegales reservados a las y los judíos que se han extendido por todo el territorio palestino ocupado.

Las órdenes militares definen las “infracciones a la seguridad» que van desde el terrorismo hasta los delitos de tráfico. Son procesados en tribunales militares, cuyo funcionamiento está evidentemente sujeto al Tribunal Supremo de Israel, que, a lo largo de los años, ha hablado severamente de las muchas y estrictas garantías que deben controlar al poder militar. De hecho, sin embargo, el tribunal se remite a las conclusiones y determinaciones del ejército israelí. Así, por ejemplo, a partir de 2021, el informe dice que, de los cientos de revisiones del Tribunal Supremo de las órdenes de detención administrativa, solo una ha dado lugar a la revocación de una orden.

Según el informe Harvard-Addameer, las y los palestinos pueden ser procesados por cosas como:

«Entrar en una zona militar cerrada´, que puede ser una designación adjunta en el momento a una zona de protesta, o ‘pertenencia y actividad en una asociación ilegal’ (hay que tener en cuenta que el ejército israelí se ha arrogado el poder de declarar como ‘asociaciones ilegales’ grupos que abogan por «incitar al odio o al desprecio, o la excitación de la desafección contra” las autoridades de ocupación israelíes).

«Del mismo modo, hay órdenes militares que criminalizan las reuniones de más de 10 personas que ‘podrían interpretarse como políticas’ si tienen lugar sin permiso; la publicación de material que «tenga un significado político»; y la ostentación de «banderas o símbolos políticos» sin aprobación militar previa. La expresión pacífica de la oposición a la ocupación puede ir en contra de las órdenes militares que criminalicen a cualquier persona que «intente, oralmente o de otra manera, influir en la opinión pública en la región [Cisjordania] de una manera que pueda dañar la paz o el orden público»; «publique palabras de elogio, simpatía o apoyo a una organización hostil, a sus acciones o a sus objetivos”; o cometa un “acto o una omisión que provoque un perjuicio, un daño o una perturbación de la seguridad de la región o de las fuerzas de defensa israelíes”.

Si este conjunto de órdenes no cubre algún «acto u omisión», o un discurso o un silencio, que no les guste a los comandantes israelíes, los términos se modifican fácilmente o se puede emitir una nueva orden. Cualquier persona palestina que quiera discutir sobre su presunto delito es fácilmente detenida, y encarcelada, utilizando la detención administrativa, un proceso de encarcelamiento simplificado que, según el estudio:

«no está sujeto a una orden judicial y no es necesario revelar los cargos al detenido. La Orden Militar nº 1651 otorga además al ejército israelí amplios poderes para privar a un detenido del derecho a comunicarse con un abogado y a ser llevado ante un juez cuando debiera corresponder. En el curso de los procedimientos administrativos para confirmar una orden de detención administrativa, los tribunales militares pueden basarse exclusivamente en «pruebas secretas» no puestas a disposición de la persona detenida. Si se confirma la orden de detención, la ordenanza establece que el comandante militar puede prorrogar la orden de detención cada seis meses, sin límite de tiempo total».

Miles de hombres, mujeres, niñas y niños palestinos son encerrados de esta manera cada año. Durante su encarcelamiento, pueden experimentar «prácticas corrientes de tortura y malos tratos, incluidas palizas, agresión física y tortura posicional», dice el estudio, basándose en la larga historia de Addameer de defensa de los prisioneros contra los abusos.

En cuanto a la tortura, las decisiones del Tribunal Supremo de Israel son particularmente nobles en apariencia y completamente ineficaces en la práctica. Los jueces han declarado que «la tortura y los malos tratos a los detenidos son ilegales, haciendo hincapié en la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el derecho internacional», dice el estudio Harvard-Addameer. Pero el tribunal también ha «reconocido escenarios de ‘bomba de relojería’ en los que la ‘necesidad’ podría ser una posible defensa penal para usar ‘métodos de interrogatorio físico'». Los jueces han insistido en que la «defensa de necesidad» debe aplicarse solo si el trato de una persona no es tan severo como para constituir tortura, una determinación que dependería de las «circunstancias concretas» en cada caso. Por lo tanto, los interrogadores militares tienen la apertura que necesitan para justificar siempre los «interrogatorios de necesidad».

Recientemente, el tribunal ha aclarado que la excepción de «bomba de relojería» no significa que el peligro sea inminente, sino simplemente que hay una necesidad inmediata de obtener información. En otras palabras, no se necesita ninguna bomba. «En la práctica», dice el estudio, el tribunal «ha creado una grave laguna» que permite «el uso de la tortura y los malos tratos contra las y los detenidos palestinos con impunidad».

Según el estudio, las y los palestinos también están «privados del derecho a ser juzgados ante un tribunal independiente e imparcial». «Los fiscales, los oficiales administrativos y, lo que es más importante, los jueces de los tribunales militares son todos oficiales militares israelíes», escriben los autores, señalando que la imparcialidad de los jueces está «fundamentalmente socavada» porque están sujetos al «sistema de disciplina y promoción dentro del ejército».

Dada la sofocante opresión que este régimen impone a los palestinos de Cisjordania, se puede entender por qué a veces se dice que su suerte es peor en ciertos aspectos que la de quienes viven en la Franja de Gaza. Además, el informe señala cómo «la supresión de la libertad de asociación y reunión palestina se ha intensificado en los últimos años, y la criminalización de las asociaciones «ilegales» se ha extendido recientemente a seis destacadas organizaciones de la sociedad civil palestina», incluidas Al-Haq y la propia Addameer.

Irónicamente, se cree que la razón principal por la que los seis grupos han sido declarados ilegales es una represalia contra su colaboración con la ONU y la Corte Penal Internacional y otros organismos que buscan investigar las condiciones en Palestina-Israel.

Habiendo descrito la parodia de la justicia del apartheid, el informe concluye:

«Estos marcos e instituciones, junto con las políticas israelíes a largo plazo de confiscación y despojo de tierras, de restricción de la circulación de los palestinos y expansión de las colonias israelíes ilegales, sirven sistemáticamente al propósito de privilegiar y mantener la dominación de los israelíes judíos sobre los palestinos».

A pesar de su silencioso despliegue, la alta calidad del estudio y su asociación con Harvard probablemente signifiquen que desempeñará un papel importante en el reconocimiento de la realidad del apartheid de Israel. Michael Lynk, el Relator Especial de las Naciones Unidas, me dijo que el estudio está «excepcionalmente bien investigado y razonado» y que «se basó en él en [su] informe de la ONU porque era convincente y riguroso». En su informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo, Lynk señaló las «características despiadadas del gobierno de “apartheid” de Israel en el territorio palestino ocupado, que no se practicaban en el Sudáfrica». Escribió que particular que: «Ante los propios ojos de la comunidad internacional, Israel ha impuesto a Palestina una realidad de apartheid en un mundo post-apartheid».

Su informe no encontró escasez de comentarios, «en su mayoría positivos y algunos injuriosos y con insultos, que realmente no añaden nada al debate», dice Lynk, en otras palabras, la ausencia habitual y completa de críticas sustantivas de cualquiera de las pruebas y de los análisis legales en los que se basa el veredicto de apartheid. Lynk se negó a especular sobre la falta de respuesta al informe Harvard-Addameer.

El silencio del lobby israelí puede explicarse por el hecho de que la prensa aún no ha publicado el informe, pero parece inconcebible que el lobby deje sin oposición la idea de que Harvard, el sanctasanctórum de la academia estadounidense, respalde una condena tan implacable de Israel. El IHRC puede tener que vérselas con algunos inconvenientes. Al menos, es probable que la relación del laboratorio con Addameer sea atacada.

La propia Addameer, por supuesto, corre el riesgo de sufrir represalias directas por parte de Israel, que, como se mencionó, ya la declaró una «asociación ilegal», junto con las otras cinco distinguidas organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, en octubre de 2021. Israel no ha proporcionado pruebas concretas de los vínculos «terroristas» que afirma que justifican las prohibiciones. Solo se han invocado supuestas «pruebas secretas», lo que ha llevado a los países occidentales a retrasar la imposición de sus propias sanciones antiterroristas. Además, hasta la fecha, Israel ha retrasado en gran medida la ejecución de las órdenes.

Este enfoque in terrorem es análogo a la forma en que Israel utiliza miles de órdenes de demolición emitidas contra estructuras palestinas pero mantenidas en suspenso, a veces durante años, para mantener una amenaza continua de demolición repentina. Si Israel decide que Addameer, por ejemplo, ha ido demasiado lejos al exponer los crímenes de apartheid, podría, además de atacar físicamente las oficinas y al personal de Addameer, presionar a las personas arrestadas para que den falso testimonio contra Addameer a cambio de un indulgente acuerdo de declaración de culpabilidad. Tales pruebas podrían presentarse a otros países para que sancionaran a Addameer y a su personal (y, por supuesto, la falsa acusación contra Addameer, y tales pruebas, serían citadas por el lobby israelí en ataques contra la IHRC para que Harvard condenara el informe del apartheid).

Sin embargo, la publicación del informe es una victoria para los derechos humanos de las y los palestinos. Además, la cautela mostrada por los líderes del lobby israelí parece mostrar que están empezando a medir la creciente magnitud del movimiento contra el apartheid a medida que continúa creciendo, el potencial del concepto de apartheid para aclarar las percepciones públicas y desencadenar la indignación pública, y el riesgo de que los endebles ataques ad hominem contra quienes denuncian el apartheid solo puedan hacer crecer la atención sobre los informes y alienarse a las y los partidarios más desinformados del estado judío.

Por Steve France | 16/04/2022

Traducción: Faustino Eguberri para viento sur

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Ayer se llevó a cabo en Nueva York una de 12 movilizaciones que son el preámbulo de una magna marcha por los pobres programada para el 18 de junio. Foto La Jornada

Tienen bajos ingresos 140 millones de estadunidenses

Nueva York., "Fui hacia la casa del rico, / y le arrebaté lo que me había robado, /recuperé mi humanidad, / mi dignidad. / Fui a Wall Street y recuperé lo que me robaron. / No voy a dejar que el sistema me atropelle", cantaron cientos de manifestantes de la Campaña de los Pobres –la resucitacion de la última iniciativa del reverendo Martin Luther King hace medio siglo– al marchar ayer frente a la Bolsa de Valores de Nueva York.

Esta marcha, una de 12 movilizaciones regionales en preparación para una magna "marcha moral" nacional de y por los pobres y trabajadores de bajos ingresos, programada para el 18 de junio, para "irrumpir" y "transformar" este país desde abajo, culminó en un mitin en la histórica iglesia Trinity, que preside Wall Street, donde el codirector de la campaña, reverendo William Barber, declaró que el objetivo es "salvar a este país de sí mismo".

Con canciones viejas y nuevas de lucha social, la marcha sorprendió el corazón del sector financiero así como a turistas de todo el mundo al proceder por esta capital del capital, con el mosaico multiracial y transgeneracional de manifestantes repitiendo versos sobre solidaridad y dignidad social, y pancartas en las que se leía la proclama: "todos tienen el derecho de vivir" y "todos nos elevamos cuando nos levantamos desde abajo".

La voz retumbante, con acento sureño, del reverendo Barber, uno de los herederos de King, sonó dentro de la iglesia que "este país necesita un transplante de corazón", ya que algo está muy mal en una nación que pasó por una pandemia y sigue sin un seguro de salud universal.

Deploró el que “nuestra política esté atrapada en la mentira de la escasez, de la mentira neoliberal… donde culpan a los pobres de la pobreza”, un país en donde casi la mitad de la población –140 millones– vive en pobreza o con ingresos bajos, donde unos 250 mil mueren al año por pobreza y donde lo único que sí falta en éste, el país más rico del mundo, es "conciencia moral".

Denunció el racismo sistémico, la devastación ecológica, la economía de guerra y el militarismo, la "falsa narrativa de los cristianos nacionalistas", y reiteró que "necesitamos una resucitación moral".

La reverenda Liz Theoharis, codirectora de la Campaña de los Pobres, declaró que este movimiento de "fusión" de varios sectores y luchas sociales busca ser "perturbador" y tiene como demanda central "una redistribución radical del poder político y económico" en este país.

Durante la marcha que culminó en la iglesia, Barber y Theoharis invitaron a otros líderes religiosos –cristianos, judíos y musulmanes– a ofrecer breves mensajes del porqué están en este movimiento. A la vez, hubo "testimonios" de aquellos que han luchado contra sus condiciones de pobreza y marginalización, y que ahora son protagonistas en esta campaña, entre ellos una mujer indígena de Long Island, quien señaló que políticos ricos, como el ex alcalde de esta ciudad, el multimillonario Mike Bloomberg, siempre hablan de cómo "nos va ayudar, pero tienen sus mansiones sobre las tierras que nos robaron".

Una joven barista que trabaja en un Starbucks de Ithaca, Nueva York, anunció que hace tres días ella y sus compañeros se acababan de sindicalizar, a pesar de la ofensiva antisindical de esa empresa, afirmando que "nuestra solidaridad resulta ser más fuerte que la riqueza de los ejecutivos". Otros hablaron de sus luchas por justicia racial, por vivienda, por acceso a la salud, por los derechos gay.

"No nos moveremos", entonaron en español los versos de esa vieja canción de lucha social, la cual ahora tiene voces jóvenes, y con ello, el movimiento de justicia social y económica y antimperial de King permite soñar otra vez en este país.

Más información en https://www.poorpeoplescampaign.org/

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Lunes, 11 Abril 2022 05:22

Estos también huyen

Estos también huyen

En este tramo de la carretera que cruza el desierto de Coahuila hay un reguero de mochilas de todos los colores, cobijas y piezas de ropa, al pie de las puertas abiertas de un furgón de carga. Allí iban encerrados, a una temperatura infernal, 64 migrantes con destino a Estados Unidos. El sábado 5 de marzo, cerca del poblado de Monclova, y cuando faltaban 300 kilómetros de recorrido, fueron abandonados por los coyotes con los que habían contratado el viaje en la Ciudad de México.

Clorinda Alarcón, nicaragüense, tenía 20 años y ocho meses de embarazo. La madrugada del 12 de febrero había salido de su lejana comunidad del Hormiguero, en el mineral de Siuna, junto con su esposo Pedro Manzanares, una niña de tres años, y su hermano Saturnino. Vendieron la casa y sus enseres, y todo quedaba atrás en sus vidas. La noche del viernes 4 de marzo ella llamó desde algún lugar de Coahuila a Cenia, su hermana mayor, para decirle que se iban acercando a la frontera.

Se dieron cuenta de que los coyotes los habían abandonado porque el furgón no se movía. "Estábamos casi todos desmayados por la asfixia, y entonces decidimos abrir un hoyo en la parte trasera del tráiler y sacamos a un chavalo delgado para que pudiera abrir por fuera porque si no nos hubiéramos ahogado toditos", cuenta Pedro. En la angustia por salir, pisotearon el vientre de Clorinda, quien se había caído. Murió en el hospital al segundo día, víctima de "síndrome de disfunción multiorgánica". El niño también. "Muerte fetal", declararon los médicos.

El 4 de marzo, la noche en que Clorinda habló con su hermana Cenia por última vez, otro grupo de migrantes buscaba atravesar las aguas del río Bravo cerca de Piedras Negras, también en el estado de Coahuila. En la oscuridad, metidos en la corriente hasta la cintura, hacían una cadena con las manos para evitar ser arrastrados.

Angélica Silva, también nicaragüense, formaba parte de la cadena, y uno de los hombres que cruzaba con ella le había hecho el favor de cargar a su niña de cuatro años, Angélica Mariel. Casi al alcanzar la orilla del otro lado, la madre fue arrebatada por la corriente, pero logró alcanzar la otra orilla. El hombre fue arrastrado también, y no pudo retener a la niña.

Es lo que ella cuenta a la emisora La Rancherita del Aire, desde Eagle Pass, en Texas. Escuchó a la niña gritar pidiendo auxilio, y por alguna razón creyó que la habían rescatado del lado mexicano.

Al fin la encontró, aguas abajo, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. Fue identificada por la vestimenta que llevaba, una licra de color negro y una blusa de botones rosados y medias del mismo color.

A la madre le fue concedido asilo político. Su intención era llegar a Miami, donde tiene familiares. Ahora debió seguir el viaje sola.

Gabriela Espinoza, de 32 años, de Managua, también pereció en el río Bravo el 21 de marzo. Según La Voz, de Coahuila, un pescador intentó inútilmente rescatarla mientras era arrastrada por la corriente.

Había iniciado su viaje el 15 de febrero. Quería reunir dinero para mejorar la vida de su madre, María Mercedes Espinoza, dueña de una pulpería. "¿Para qué te vas a ir, mi hijita? Me estás dejando ya vieja, de 71 años, mejor quédate conmigo, sos mi única hija mujer", le suplicó, pero no pudo hacerla desistir. "Ella quería que yo viviera como una reina", dice.

El cuerpo se encuentra ahora en una morgue en México y la repatriación cuesta 7 mil dólares, que la familia no tiene.

Es un drama que se multiplica en miles de vidas. Sólo en diciembre de 2021 la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos reportó más de 15 mil detenciones de nicaragüenses que intentaban cruzar desde México, y en todo ese año la cifra llegó a 87 mil personas.

En El Paso, Texas, los nicaragüenses se entregan por centenares cada día a las autoridades con la esperanza de recibir asilo, pero no todos tienen suerte, y muchos son obligados a regresar a México. Y para llegar hasta los pasos fronterizos hay que exponerse a los engaños de los coyotes, a extorsiones de la policía, a los secuestros. Y al riesgo constante de la muerte.

Muchos huyen de la represión, de la venganza gubernamental que se ceba en los que disienten y son vigilados en sus barrios, o en sus trabajos en el gobierno. Haber estado presente en una marcha de protesta es ya un delito, opinar en las redes sociales también. Decir algo contra el régimen en un chat es suficiente para ser encarcelado.

Ahora que la atención mundial se concentra en los miles que huyen de sus hogares en Ucrania, para librarse de las bombas ultrasónicas de Putin, no olvidemos a estos otros refugiados que huyen de una dictadura de la que sólo se sabe muy de vez en cuando.

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Vivienda destruida en Pereira. Falso positivo

Aureliano Buendía era un artesano de pescaditos de oro. García Márquez escribió que "desde que decidió no venderlos, seguía fabricando los pescaditos al día, y cuando completaba 25 volvía a fundirlos en el crisol para empezar a hacerlos de nuevo". Pareciera que la guerra en Colombia es una distorsión distópica del relato: el oro que se forja en la crueldad y la rudeza del calor moldea las manos de campesinos, las piernas de los indígenas y negros, las espaldas de los jóvenes y las cabezas de los ancianos, para en la noche fundirlos otra vez. Esa es la guerra en Colombia.

A nuestros ministros de Defensa les gusta esta alquimia, son ministros alquimistas. En las últimas semanas, el ministro de Defensa colombiano entró diariamente a su taller de fundición. En Pereira le destruyó la casa a una anciana de 93 años que padecía demencia senil y que acababa de ser trasladada a una casa hogar. La policía engañó a la familia y grabó un video con habitantes de la calle en la casa consumiendo drogas, al otro día llegaron con una máquina para demoler la vivienda. El ministro, al frente de los medios, dio una especie de rueda de prensa en la que adujo que su casa se había convertido en "una guarida de atracadores, en un sitio de consumo". El show terminó en la demolición, en aplausos gracias a los "logros de la lucha contra el microtráfico". Contradictoriamente, después la anciana y su familia recibieron amenazas de los microtraficantes de drogas por hacerles competencia.

Diez días después, en el Putumayo, frontera con Ecuador, un comando del ejército disfrazado de uniforme negro atacó una fiesta de la vereda en la que estaban recogiendo fondos los pobladores para mejorar su región. Tres días de celebración prometían los volantes de invitación que habían circulado en redes sociales invitando a la gente al bazar. En ésta participaban personas de los resguardos indígenas y de las juntas campesinas; había niños, jóvenes, mujeres y ancianos. Después del comando armado que asesinó, hirió y retuvo a la población, llegó el ejército maltratando y acusando a la gente de ser actores armados; recogió en sus helicópteros los cuerpos de los asesinados, a los heridos y, paradójicamente, al frente de todos, también al comando armado. Fueron asesinadas 11 personas entre ellas el presidente de la junta campesina, el gobernador del resguardo y un niño de 16 años, y fue herida entre otros una adolescente embarazada que fue acusada de pertenecer a grupos armados. Además, el ejército se robó el dinero recaudado por la gente.

El ministro volvió a aparecer en medios para imponer la "verdad oficial". Eran unos narcococaleros, "criminales", era una "fiesta de actores armados borrachos" que le dispararon al ejército. Desde el primer momento se lograron conocer los relatos de la población que valientemente informó al país lo que había ocurrido; la organización indígena OPIAC y AlaOrillaDelRío mostraron las pruebas de que era un bazar y días después las misiones humanitarias mostraron que había sido un crimen por parte del ejército. El ministro respondió en Twitter con unos videos de hombres armados sin ubicar ni lugar ni momento de la grabación.

Una semana después en el Caquetá, los campesinos habían citado al gobierno para dialogar y tratar de detener la destrucción de casas y hostilidad del ejército en el contexto de la Operación Artemisa, la nueva campaña del gobierno de "lucha contra la deforestación". Habían acordado con la Defensoría del Pueblo encontrarse con el viceministro de manera formal y ese día, la reunión se convirtió en una operación militar. En un show desproporcionado, un helicóptero de-sembarcó y capturó al gobernador del resguardo, Reinaldo Quebrada Quilcué, reconocido como víctima del conflicto armado y poblador de territorios indígenas. Según el ministro, era conocido con el alias de El Indio o Rei, en un acto abierto de racismo, y acusó al gobernador de ser el mayor deforestador de la región. La jueza tampoco reconoció su condición de líder indígena y en este momento está en la cárcel.

Los ministros alquimistas los funde en la noche, en el día los moldea; entra al taller, toma las figuritas del indígena, del campesino, de los ancianos, de los jóvenes, de los niños y moldea al calor con un poco de ejército allá, un comando acá, lleva a la policía a un lado, mueve una brigada al otro, unos polvos de criminalización. En las noches aplica todo al tiempo y deja el oro derretido en el recipiente. El pueblo quiere parar la violencia en Colombia, pero los ministros alquimistas quieren hacer de la guerra en Colombia el eterno retorno.

Por Estefanía Ciro, doctora en sociología, investigadora del Centro de Pensamiento de la Amazonia Colombiana, AlaOrillaDelRío. Su libro más reciente es Levantados de la selva

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Militares ucranianos trasladan a una víctima tras el bombardeo en la estación de tren de Kramatorsk.

Hay también un centenar de heridos. El ataque se produjo cuando miles de personas se agolpaban en la estación intentando salir de la ciudad. Un alto mando ucraniano dice que hay "decenas de muertos".

 

Al menos 30 personas han muerto y otro centenar han resultado heridas tras un ataque ruso contra la estación de tren de Kramatorsk, localidad situada al norte de la región separatista de Donetsk, en el este de Ucrania, informa la agencia EFE. Un misil impactó en la estación este viernes por la mañana en el marco de una ofensiva de las tropas rusas sobre la ciudad.

El ataque se produjo cuando miles de personas se agolpaban en la estación de Kramatorsk intentando huir de la ciudad a zonas más seguras del país, según ha publicado en su cuenta de Telegram el jefe de la administración militar regional de Donetsk, Pavlo Kirilenko. "Miles de personas se encontraban en la estación en el momento del ataque con misiles, mientras los residentes de Donetsk eran evacuados a las regiones más seguras de Ucrania", ha explicado el mando ucraniano. 

Kirilenko ha asegurado que el número de víctimas irá en aumento  y habla de "decenas de muertos". "Los fascistas rusos atacaron la estación de tren de Kramatorsk con un Iskander. Policías y guardias sobre el terreno informan de decenas de muertos y heridos", escribe en Telegram sobre el ataque contra la estación.

"Los racistas sabían bien a dónde apuntaban y lo que querían", ha añadido Kirilenko en su mensaje.  "Rusia es un país de villanos y criminales, quiere destruir todo lo ucraniano. El mal debe ser detenido y castigado", ha remachado.

El ataque también ha sido condenado por el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, que ha acusado a "los ocupantes" de disparar un misil contra la estación, donde "miles de ucranianos pacíficos esperaban a ser evacuados".

"Cerca de 30 personas han muerto y alrededor de cien han resultado heridas de diversa consideración", ha informado Zelenski en su cuenta en Telegram, al tiempo que ha denunciado que "los inhumanos rusos no abandonan sus métodos". "Al no tener la fuerza y el valor para hacernos frente en el campo de batalla, están destruyendo de forma cínica a la población civil. Es una maldad que no tiene límites y que, si no es castigada, nunca se detendrá", ha asegurado el presidente ucraniano.

En una nota publicada en su cuenta de Facebook, la compañía de ferrocariles también ha afirmado: "Este es un golpe deliberado a la infraestructura de pasajeros del ferrocarril y los residentes de Kramatorsk". La empresa ferroviaria publica, además, una fotografía en la que se puede ver un cuerpo tendido en el suelo cerca de varios automóviles destrozados en el aparcamiento de la estación, con bolsas y equipaje esparcidos por la calzada.

Por su parte, las autoridades de la autoproclamada República Popular de Donetsk, cuya independencia fue reconocida por Moscú días antes del inicio de la invasión, han acusado a las Fuerzas Armadas ucranianas de estar detrás del lanzamiento del misil

 

08/04/2022 11:28

 

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Tanques rusos destruidos por las Fuerzas Armadas de Ucrania a principios de marzo en Bucha. Foto By Mvs.gov.ua, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org

Occidente condena sin paliativos las imágenes de la retirada del ejército ruso en Bucha, donde testigos independientes refieren asesinatos indiscriminados de civiles. Human Rights Watch emite un informe en el que recoge otros posibles crímenes de guerra.

 

Las evidencias de la masacre en Bucha, una localidad a menos de 30 kilómetros de la capital, Kyiv, tienen consecuencias en el curso de la guerra en toda Europa. El sábado 2 de abril, la agencia AFP verificó que sus corresponsales habían encontrado “al menos 20 muertos” en las calles de esta localidad, uno de ellos con las manos atadas. 

El alcalde de la ciudad ha declarado que hay 300 cuerpos, de civiles, en su mayoría, en fosas comunes improvisadas excavadas en la ciudad. Algunos de los cuerpos están “a medio quemar” y también se han encontrado cadáveres con signos de tortura, según testimonios directos. Según declaró a Reuters el alcalde, Anatoliy Fedoruk, los muertos fueron ejecutados con disparos en la cabeza y no es seguro levantarlos por la sospecha de que los soldados rusos, en su retirada de la ciudad, hayan escondido minas en los cuerpos de los cadáveres. Ucrania refiere haber encontrado 410 cadáveres en las ciudades alrededor del perímetro de Kyiv, incluida Bucha, tras la retirada de las fuerzas armadas rusas.

Igor Konashenkov portavoz ruso del Ministerio de Defensa ha confirmado que las tropas han evacuado la ciudad pero el Kremlin niega los asesinatos indiscriminados de civiles y se limita a decir que se trata de “noticias falsas”, un montaje y una provocación.

Rusia ha mantenido su propia versión a lo largo de la mañana de hoy, 4 de abril, y otro de sus portavoces ha calificado como una “atroz provocación de los radicales ucranianos” lo sucedido en Bucha antes de anunciar que Rusia ha solicitado “una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU el lunes 4 de abril“.

El Gobierno ucraniano ha reaccionado acusando al ejército ruso de crímenes de guerra. Volodimir Zelensky se ha dirigido a la población con un mensaje en el que asegura que el Consejo de Seguridad de la ONU examinará el martes “los crímenes de guerra cometidos en Bucha y otras ciudades durante la ocupación rusa”.

Los líderes de Occidente han mostrado su consternación con las imágenes que han llegado de Bucha. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha emitido un mensaje en el que dice que los responsables del “indecible horror” deben pagar por ello. Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, ha calificado las imágenes como un “puñetazo en el intestino” y ha declarado que su administración “investigará” si Rusia ha cometido genocidio durante el mes largo de guerra. Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, calificó las imágenes como “una brutalidad contra los civiles que no hemos visto en Europa desde hace décadas”.

En España, Pedro Sánchez ha abundado en la posibilidad de que los crímenes de Bucha sean considerados crímenes de guerra y “por qué no decirlo, genocidio”. Se trata de uno de los primeros líderes que menciona la palabra genocidio en el contexto de la guerra de Ucrania.

Al margen de las condenas, la consecuencia de las imágenes publicadas esta semana parece orientarse a una nueva batería de sanciones. Emmanuel Macron, presidente francés, ha sido uno de los que han propuesto nuevas sanciones y ha dicho que se deben orientar a las importaciones de carbón y petróleo. La ministra alemana de Defensa, Christine Lambrecht, ha ido un paso más allá y ha pedido que la UE se plantee renunciar a las importaciones de gas ruso como represalia, algo que hasta ahora no se ha barajado por la dependencia que tienen Alemania, Polonia y otros países del Este del combustible ruso.

Entre las personas que han dado testimonio de la masacre en Bucha está el periodista independiente Santi Palacios, quien ha publicado en la revista 5W algunas de las fotografías que han dado la vuelta al mundo en las últimas 48 horas. En ellas se puede observar el horror perpetrado en la localidad, que se corresponde con la descripción dada por el alcalde de Bucha: cadáveres desperdigados por la calle, algunos de ellos maniatados, muertos enterrados en los patios traseros de algunas casas: “Vimos 22 muertos en esta misma calle. Son los que vimos. Pero eran más”, termina el relato de Palacios.

Informe humanitario

Antes de que se conocieran los hechos de Bucha, una serie de ONG encabezadas por Human Rights Watch publicaron un informe sobre posibles crímenes de guerra cometidos en Chernihiv, Kharkiv y Kyiv y confirmaron la veracidad de testimonios en “un caso de violación reiterada; dos casos de ejecución sumaria, uno de seis hombres y el otro de un hombre; y otros casos de violencia ilegal y amenazas contra civiles entre el 27 de febrero y el 14 de marzo de 2022”.

Uno de los casos documentados por HRW sí tuvo lugar en Bucha. El 4 de marzo, las fuerzas rusas en esa localidad “acorralaron a cinco hombres y ejecutaron sumariamente a uno de ellos. Un testigo dijo a Human Rights Watch que los soldados obligaron a los cinco hombres a arrodillarse a un lado de la carretera, les taparon la cabeza con sus camisetas y dispararon a uno de ellos en la nuca”.

Otro de los casos documentados por HRW se refiere a una mujer que denunció que un soldado ruso la violó repetidamente en una escuela de la región de Járkiv donde ella y su familia se habían refugiado el 13 de marzo. Dijo que la golpeó y le cortó la cara, el cuello y el pelo con un cuchillo. Human Rights Watch revisó dos fotografías, que la mujer compartió, en las que se muestran sus lesiones faciales.

“Las leyes de la guerra prohíben el asesinato intencionado, la violación y otros actos de violencia sexual, la tortura y el trato inhumano de los combatientes capturados y de los civiles detenidos”, recuerda Human Rights Watch. “También están prohibidos el pillaje y el saqueo. Cualquiera que ordene o cometa deliberadamente estos actos, o que los ayude o instigue, es responsable de crímenes de guerra”.

“Rusia tiene la obligación jurídica internacional de investigar imparcialmente los presuntos crímenes de guerra cometidos por sus soldados”, declaró Hugh Williamson, director de la organización en Europa y Asia Central.

Redacción El Salto

4 abr 2022

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Viernes, 01 Abril 2022 05:59

El interruptor principal

El interruptor principal

Fred Friendly, ex presidente de CBS News, dejó en claro que, antes de pontificar sobre la libertad de expresión, habría que responder una pregunta simple: "¿Quién controla el interruptor principal?"

En la guerra entre Rusia y Ucrania la respuesta es bastante obvia y ha dejado la sensación terrible de lo que pueden lograr los poderes de la manipulación política, la estupidez humana y la venganza cuando se disfrazan de causa mayor. De cómo pueden, incluso, condicionar la justicia y, más aún, la verdad.

Cuando hablo de interruptor principal no aludo a una metáfora. En la era de Internet, con megacorporaciones dueñas de las rutas y de los datos, existe literalmente un dispositivo que deja pasar o no la información, y que se usa a discreción contra millones de personas.

Pocos han reparado en que las prohibiciones y bloqueos que las grandes tecnológicas han aplicado a Rusia ya tuvieron un polígono de pruebas: Cuba. Aquí no funcionan Twitter, ni Facebook (ahora Meta), ni Google como en el resto del planeta, y ni por casualidad las publicaciones más populares de la isla aparecen en las primeras páginas referenciadas por los buscadores. Algoritmos diseñados para reducir u omitir los alcances de medios, palabras e informaciones, mientras Apple, Spotify, Amazon y la mayoría de las más de 450 compañías estadunidenses que han sancionado a Rusia, no pueden comerciar con Cuba por las leyes del bloqueo estadunidense. Las fake news, los ciberataques y la guerra por el conocimiento y la información, tan cara en estos días a la OTAN, han sido moneda corriente de Estados Unidos para triturar a la isla del Caribe y esto ha ocurrido sin causar demasiada alarma.

El telón de acero digital e informativo no es un invento nuevo. Sin embargo, no tiene precedentes que proveedores de la llamada espina dorsal de Internet desconecten a sus clientes en un país de 144 millones de habitantes como Rusia. Lo hicieron Lumen y Cogent, dos gigantes de la red troncal ( backbone) más grande del mundo. Estas empresas integran la exclusiva Zona de Tránsito Libre (TFZ, por sus siglas en inglés), un pequeño grupo de compañías de telecomunicaciones globales tan grandes que no pagan a nadie más por el tránsito (ancho de banda internacional).

Que el interruptor haya entrado en escena demuestra que Internet no es el fantasma infinitamente elástico y virtual que la gente imagina, sino una entidad física que puede deformarse o romperse a conveniencia de los intereses de un grupo, un gobierno o un conglomerado militar como la OTAN. De hecho, la intervención de Occidente en el conflicto ha acelerado la remodelación de Internet, de un sistema global al que se ha conectado todo el mundo, a un universo fracturado.

Los expertos tiemblan porque la guerra en Ucrania parece instaurar definitivamente la splinternet, como se conoce la fragmentación del ciberespacio en reinos dispares intervenidos por bloques políticos autónomos. O configurados por cualquier otro poder, como los oligopolios de la tecnología y el comercio electrónico, o por países que intentan mantener distancia del control estadunidense.

El ostracismo que castiga a Rusia en realidad amenaza seriamente la arquitectura de Internet, red de redes mundial con poder distribuido que no hay manera de romper en una esquina sin destruir rutas de información y sin congestionar las autopistas que quedan en pie.

La gran paradoja de todo esto es que, tras haber dedicado tanto tiempo y esfuerzo supuestamente a intentar romper el telón de acero de los rusos y los chinos en nombre de la libertad, los diseñadores de políticas occidentales y los halcones militares se están aislando del mundo a marcha forzada, mientras desmantelan la red que ellos mismos crearon. Es más barato destruir que construir muros. La metáfora del cibermuro para Rusia sugiere falsamente que, una vez eliminadas las barreras digitales, se erigirán en su lugar otras nuevas más convenientes a la alianza atlántica y que la reacción de Vladimir Putin de blindar RusNet, la red nacional, es alocada y torpe. Nada más lejos de la realidad.

Independientemente de lo que surja después de este conflicto, ya murió el Internet que conocimos. Los que tienen en sus manos el interruptor principal deberían admitir que están jugando con fuego y que, mientras enseñan su verdadero talante autoritario, revelan quizás la forma más costosa e ineficaz de ejercer el poder.

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Pandilleros esperan fuera de sus celdas durante un registro en la cárcel de Ciudad Barrios, en El Salvador. — Secretaria de Prensa de la Presidencia / REUTERS

 

El estado de excepción decretado por el gobernante tras la ofensiva criminal de las pandillas traspasa todos los límites democráticos al cercenar los derechos fundamentales de los salvadoreños.

 

El Salvador vive desde el domingo en estado de excepción. La medida fue decretada por el Congreso a petición del presidente, Nayib Bukele, tras la terrible ola de asesinatos del fin de semana. Los salvadoreños pagan así los errores del mandatario en su intento de someter a unas pandillas criminales con las que había llegado a una suerte de tregua no declarada oficialmente. El asesinato indiscriminado de decenas de ciudadanos en los últimos días sugiere algún tipo de incumplimiento en ese pacto secreto entre Bukele y los jefes de las pandillas.

El estado de excepción planteado por Bukele fue aprobado por un Congreso dominado por el oficialismo. Desde la madrugada del domingo han quedado suspendidas garantías constitucionales como la libertad de asociación y reunión, la libertad de expresión o la confidencialidad de las telecomunicaciones y la correspondencia. El plazo de detención sin acusaciones se amplía de tres a 15 días y se restringen los derechos de defensa de los arrestados. El estado de excepción se prolongará durante 30 días y contempla también restricciones a la entrada y salida del país. Las pandillas hicieron estragos durante el fin de semana. El viernes mataron a 14 personas y el sábado, a 62, el récord de homicidios en un solo día. Más de mil presuntos pandilleros han sido detenidos desde el fin de semana, según el gobierno.

Bukele, un amante de las redes sociales como herramienta política, ha amenazado a los pandilleros por Twitter: "Tenemos 16.000 homeboys (pandilleros) en nuestro poder. Aparte de los 1.000 arrestados en estos días. Les decomisamos todo, hasta las colchonetas para dormir, les racionamos la comida y ahora ya no verán el sol. Paren de matar ya o ellos la van a pagar también". El ejército pandillero, sin embargo, abarca un contingente mucho mayor de los 17.000 miembros encerrados en las cárceles. Se calcula que las tres principales organizaciones criminales del país (MS-13, Barrio 18 Sureños y Barrio 18 Revolucionarios) cuentan con unos 70.000 efectivos, una tropa en la que se alistan jóvenes arrastrados por la miseria y la falta de oportunidades en uno de los países más pobres de América Latina.

La ofensiva criminal constata una gran laguna en la política de seguridad de Bukele, bajo cuyo mandato había descendido drásticamente la tasa de homicidios. Hace un año y medio, el periódico El Faro sacaba a la luz los entresijos de un supuesto pacto entre el gobierno y las principales pandillas. Bukele negó que hubiera una tregua y que se hubieran otorgado concesiones a los delincuentes. La tasa de homicidios se desplomaba así, según el relato gubernamental, por arte de birlibirloque.

El Salvador llegó a contabilizar en 2015 la tasa de homicidios más alta del hemisferio occidental (103 muertes violentas por cada 100.000 habitantes) tras el fin de la tregua firmada entre las pandillas y el gobierno de Mauricio Funes (2009-2014). Los asesinatos, que habían caído de 14 a cinco al día, volvieron a repuntar en 2015 hasta la veintena diaria. Bukele ha logrado reducir esa cifra a unos cuatro homicidios al día y una tasa de 17 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2021, la más baja de los últimos 25 años. Esa paz en las calles le ha supuesto una gran popularidad entre una población exhausta ante las acciones violentas de las pandillas. El gobierno asegura que la reducción de la criminalidad se debe a la aprobación hace tres años del Plan Control Territorial (PCT), un programa de seguridad que, en teoría, reforzaba los medios policiales y militares para el control de los barrios más conflictivos del país.

La negociación fallida

Para El Faro, sin embargo, el PCT no ha sido más que la coartada de Bukele para ocultar un pacto secreto con las pandillas. En un editorial publicado el lunes, el periódico independiente da por finiquitado ese plan: "El engaño del llamado Plan Control Territorial ha terminado con un baño de sangre inédito en lo que va del siglo XXI y el grupo que gobierna detrás de Bukele ha recurrido a los trucos de siempre para hacer frente a la crisis: el histrionismo mediático y la mentira para ocultar la negligencia y la improvisación. Los salvadoreños amanecimos este lunes con nuestras garantías cercenadas y con un gobierno autoritario que ya no necesita órdenes judiciales para abrir nuestra correspondencia o escuchar nuestras conversaciones o detenernos hasta por quince días sin acusación. ¿Por qué? Porque a Bukele le falló su negociación secreta con las pandillas".

Según el diario salvadoreño -una de las escasas voces independientes que quedan en El Salvador-, la ola salvaje de homicidios del fin de semana responde a la manera en que las pandillas expresan su fuerza en una negociación que parece haberse roto con el gobierno. Una válvula que los criminales abren cada vez que ven incumplidas determinadas promesas inconfesables.

Desde que ganó las elecciones hace tres años con el 53% de los votos, la popularidad de Bukele no paró de crecer hasta finales del año pasado, cuando cayó levemente. Su forma de gobernar a golpe de tuit y su discurso populista calaron en un amplio sector de la población muy decepcionado con las prácticas corruptas de los partidos tradicionales. Bukele apuntaló su poder hace un año tras arrasar en las elecciones legislativas, en las que su partido, Nuevas Ideas, cosechó el 66% de los votos. La vieja política quedaba marginada. El derechista ARENA (Alianza Republicana Nacionalista) obtuvo el 12% y el progresista FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional), apenas el 7%. Tras el control del Parlamento, el autócrata centroamericano estrechó el cerco a la justicia al destituir a cinco magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general del Estado.

Como ocurriera cuando El Faro publicó el pacto secreto con las pandillas, Bukele, poco amigo de las críticas, carga contra sus detractores. Si entonces amenazó al periódico con una investigación por un supuesto caso de blanqueo de capitales, ahora acusa sin pruebas a la oposición de ser responsable de la oleada criminal de las pandillas, y arremete contra la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), verificadores del acuerdo de Funes con la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 en 2012. "Ustedes en la OEA y la CIDH fueron los que patrocinaron la 'Tregua' que solo fortaleció a las pandillas y les permitió acumular recursos, dinero, armamento, y les permitió entrenarse en los polígonos de tiro del ejército para matar salvadoreños. Llévense su peste de nuestro país", ha escrito Bukele en su cuenta de Twitter. Previamente, Paulo Abrao, exsecretario ejecutivo de la CIDH, había tildado de "populismo penal" las medidas aprobadas por el presidente salvadoreño".

El paso dado por Bukele es de una extrema gravedad al cercenar derechos constitucionales de los seis millones y medio de salvadoreños. Su autoritarismo ya había quedado acreditado desde el inicio de su mandato, pero el estado de excepción decretado ahora traspasa todos los límites democráticos. Es hora de que los organismos regionales e internacionales pongan freno al autócrata centroamericano.

madrid

29/03/2022 21:46

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Los prisioneros "no verán el sol", ordenó el gobernante, mientras arrestan a los responsables de una ola de homicidios. Foto grama del video del Twitter del jefe del Ejecutivo

 

Muestra video de decenas de pandilleros encarcelados sometidos a castigos

 

San Salvador., El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dio ayer un ultimátum a las pandillas consideradas responsables de 87 homicidios en tres días, bajo la amenaza de aumentar aún más los castigos a sus más de 16 mil miembros encarcelados.

"Paren de matar ya, o ellos (los presos) la van a pagar también", tuiteó Bukele, y acompañó su publicación con el video de la redada en una cárcel donde los custodios sacan de sus celdas a los presos semidesnudos, los fuerzan a correr y los revisan en los patios.

En las imágenes, los uniformados llevan con prisa a los reos, esposados, descalzos, con el torso desnudo y sólo vistiendo una trusa blanca. Algunos de ellos se caen en el camino. La grabación muestra a cientos sentados en el piso, uno pegado al otro.

La reacción del mandatario llega un día después de la declaratoria nacional de estado de excepción, tras una ola de homicidios presuntamente ordenados por las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.

El régimen de excepción restringe las libertades civiles y amplía los poderes de la policía y el ejército en el control del orden público.

“Tenemos 16 mil homeboys (pandilleros) en nuestro poder, aparte de los mil arrestados en estos días”, recordó Bukele.

Los reos están sometidos desde el domingo a un estricto estado de emergencia en las cárceles, por lo que soportan, entre otras medidas, el encierro permanente en sus celdas. "Les decomisamos todo, hasta las colchonetas para dormir; además, les racionamos la comida y ahora ya no verán el sol", enfatizó.

La disposición fue criticada por el ex secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão. "Populismo penal: ilegalidades para enfrentar ilegalidades. Barbaries para enfrentar barbaries", tuiteó.

De inmediato, Bukele le respondió a Abrão: "ustedes en la OEA y la CIDH fueron los que patrocinaron la tregua (entre pandillas) que sólo fortaleció a las bandas y les permitió acumular recursos, dinero (y) armamento (...)".

"Llévense su peste (las pandillas) de nuestro país", enfatizó. En 2012, el entonces presidente salvadoreño Mauricio Funes (2009-2014) facilitó una tregua entre pandillas, la cual fue apoyada por la OEA con el fin de reducir los homicidios.

Las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, entre otras, tienen unos 70 mil miembros en El Salvador. De acuerdo con las autoridades, operan en la comisión de homicidios, extorsiones, narcotráfico y otras actividades ilegales. El Salvador cerró 2021 con la tasa más baja de homicidios desde el fin de la guerra civil en 1992, con 18 muertes por cada 100 mil habitantes, según datos oficiales. El total de homicidios, mil 147, también presentó una reducción frente a 2020, cuando hubo mil 341

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