▲ Con los reflectores en la nueva guerra, otros desplazados por la violencia sólo merecen titulares cuando les llega la muerte, como los que habitan en el campamento de refugiados más grande del mundo creado en 1992 en Bangladesh, donde más de 923 mil personas sobreviven en 194 mil viviendas improvisadas, levantadas con trozos de bambú y plástico, o con láminas, según datos de la ONU. El éxodo se acentuó en 2017, cuando los insurgentes rohingyas atacaron puestos policiacos y militares de Myanmar. Fotos Acnur/ Andrew McConnell y Roger Arnold / Arturo Cano

Una frase resume el "cambio de actitud" frente a las migraciones. Se ha repetido de mil formas en televisoras de todo el mundo, a propósito de la guerra de Ucrania: "Son rubios, como nosotros".

La Europa que acoge con entusiasmo a los ucranios es la misma que rechaza a los desplazados por otros conflictos bélicos (13 millones de sirios, por ejemplo).

Con los reflectores en la nueva guerra, otros desplazados por la violencia sólo merecen titulares cuando les llega la muerte.

La trágica noticia es la misma, una y otra vez, cuando se trata del campo de refugiados más grande del mundo: "Se confirma que 15 refugiados murieron en el incendio y más de 560 resultaron heridos" (marzo de 2021); "El fuego arrasó mil 200 viviendas" (enero de 2022); "Sexto incendio en el campo cobró la vida de dos niños y dejó sin vivienda a centenares de familias" (marzo de 2022).

Los titulares se refieren al campamento de refugiados Kutupalong, en Bangladesh, donde sobreviven cientos de miles de personas. En la actualidad, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) estima que en Kutupalong y otros campamentos ubicados en el distrito Cox’s Bazar, de Bangladesh, hay poco más de 923 mil refugiados.

Una buena parte de ellos, 700 mil, cruzaron la frontera en 2017, cuando arreció la "limpieza étnica" contra el pueblo rohingya, de mayoría musulmana, conducida por el gobierno de Myanmar (antes Birmania). El golpe militar de 2021 en esa nación de mayoría budista no ha mejorado la situación.

Según la ONG Acción contra el Hambre, la inestabilidad política de Myanmar ha tenido entre sus principales víctimas a las minorías étnicas. Es el caso del pueblo rohingya, "que ha tenido que huir durante décadas del hambre, la violencia y las torturas del régimen militar y sus políticas de limpieza étnica" (desde 1982, los rohingyas son tratados como inmigrantes ilegales).

Odisea, hallar un árbol

Kutupalong se encuentra a unos 400 kilómetros de la capital de Bangladesh, Dhaka, en el golfo de Bengala, y es considerado por el Acnur el campo de refugiados más grande del mundo. Para el organismo internacional, se trata de la crisis humanitaria de mayor magnitud en las recientes décadas.

Un reporte de Médicos sin Fronteras da cuenta de la situación. Hacia 2018, describe, el gigantesco campo estaba dividido en 22 pequeños que seguían creciendo. Conseguir agua o leña para cocinar resulta toda una odisea. "No quedan árboles en los alrededores; para encontrar alguno se puede tardar unas tres horas a pie"; en los campos nuevos, muchas familias no son tan afortunadas y tienen que caminar lejos hasta llegar a los escasos pozos y letrinas”.

En los 22 campos de Kutupalong-Balukhali, el organismo humanitario ha levantado cinco hospitales, 10 puestos de salud y tres centros médicos.

La tragedia es persistente. Apenas hace unos días, las redes sociales se llenaron nuevamente de las terribles imágenes de un nuevo incendio.

Kutupalong fue creado en 1992. Pero alrededor de lo que fue el campamento original fueron creciendo, con el correr de los años, asentamientos todavía más precarios (el Acnur contabiliza 194 mil viviendas en todos los campos de la zona). Hoy es un amontonamiento de viviendas improvisadas, levantadas con trozos de bambú y plástico, o con láminas. Ahí vive una población equivalente a la de Morelia, Michoacán.

El escaso interés mundial frente a la tragedia de los refugiados puede explicarse cuando la Organización de Naciones Unidas asegura que los rohingyas son un pueblo "sin Estado" y "virtualmente sin amigos".

Limpieza étnica y crisis humanitaria

Hacia agosto de 2018, el Acnur reseñaba así el drama: “En el punto más alto de la crisis, miles de personas cruzaban diariamente a Bangladesh. La mayoría caminó durante días a través de junglas y montañas, o desafió peligrosos viajes por mar… Llegaron exhaustos, hambrientos y enfermos, necesitados de protección internacional y asistencia humanitaria”.

Un año antes, los despachos de las agencias internacionales explicaban los motivos del masivo desplazamiento: “La violencia y el éxodo comenzaron después de que insurgentes rohingyas atacaron puestos policiales y paramilitares de Myanmar, en lo que describieron como un intento de proteger a su minoría étnica de la persecución de las fuerzas de seguridad, en un país de mayoría budista. En respuesta, el ejército lanzó operaciones de limpieza para expulsar a los insurgentes” (La Jornada, 4 de septiembre de 2017).

De cuando en cuando, una celebridad visita los campos a invitación de la ONU y atrae los reflectores. En marzo de 2018 fue la ganadora del Óscar Cate Blanchet quien alertó sobre una "catástrofe programada" con la llegada de las lluvias monzónicas, otro de los riesgos que deben afrontar los refugiados.

Cuando no es el agua, es el fuego, pues son frecuentes los incendios que dejan muertos y heridos, además de acabar con las precarias viviendas. Apenas el pasado 8 de marzo, un incendio en Kutupalong 05 (los asentamientos han sido numerados para efectos del reparto de la ayuda) dejó dos menores muertos, decenas de heridos y unas 250 viviendas destruidas.

Los llamados de organismos internacionales son siempre insuficientes para atender las necesidades básicas de los refugiados.

Diferente trato para morenos y negros

Un reporte del Acnur aborda una crisis derivada, la de refugiados que han buscado dejar Bangladesh por vía marítima y que se han quedado en el océano durante meses: “En Bangladesh encontraron refugio, pero apenas tenían capacidad para decidir su propio futuro… cavaron zanjas y fortificaron albergues en preparación para los monzones y visitaron a sus vecinos para compartir información sobre el covid-19. Y aun así vivían en condiciones muy duras, en campamentos masificados en Kutupalong, sin posibilidad de conseguir educación formal o permisos de trabajo ni de moverse libremente”.

El Acnur ha señalado que la crisis de refugiados de Ucrania debe abrir la discusión sobre el crecimiento de la xenofobia, la discriminación y la exclusión, así como sobre las políticas "tóxicas" hacia los desplazados.

Lo puso de otro modo Judith Sunderland, directora de Human Rights Watch para Europa y Asia Central: "La maravillosa muestra de solidaridad con los refugiados ucranios contrasta fuertemente con el trato que reciben los migrantes y refugiados de otras partes del mundo, la mayoría de ellos morenos y negros".

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Misión imposible: servir a dos señores en Chile

El gobierno de Boric no puede escapar a una definición. Tendrá que tomar partido: o con el gran empresariado o con el pueblo.

No cabe duda que la “Historia Universal de la Desfachatez” consignará con letras mayúsculas la reciente amenaza de Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC). El jefe del estado mayor de la burguesía declaró insuficientes las garantías que el gobierno ofrece al empresariado.

“Tenemos que hablar -dijo- de un acuerdo de gobernabilidad que dé certezas jurídicas” (1). Se trata, por supuesto, de exigir privilegios para las inversiones privadas y los mecanismos que permiten operar sin límite a la codicia del gran empresariado. Sutil no se anda con sutilezas en sus demandas. El gobierno, sostiene, debe ir “más allá de una reforma tributaria” y abandonar proyectos tales como empresas estatales de ferretería, farmacia, construcción e inmobiliarias.

¡Qué patudez la de este tipo! Plantea -ni más ni menos- que rehacer a la medida del gran empresariado el programa de gobierno. Hace solo tres meses más de 4 millones y medio de chilenos votaron por ese programa y la oligarquía ya quiere echarlo abajo. ¿Cómo se atreve la CPC y su jerarca a desafiar la voluntad democrática del 56% del electorado? Esa mayoría votó un programa de por sí moderado a fin de asegurar la derrota del fascismo e instalar un gobierno que garantice el tránsito a la nueva institucionalidad que propondrá la Convención Constitucional.

La piedra en el zapato del gran empresariado es precisamente la Convención. Teme que de allí salga una Constitución “demasiado” democrática en lo político y “muy” avanzada en lo social. O sea que la Convención dé a luz instituciones y leyes como nunca antes tuvo la República. Pero en vez de compartir las expectativas del pueblo, Sutil afirma que la Convención “genera inestabilidad”. Esa es la maniobra fundamental que impulsa la derecha: crear condiciones que hagan fracasar la Convención. Su arsenal mediático dispara en esa dirección y utiliza todo tipo de sofismas, incluso ridiculizar las polémicas de los convencionales.

La televisión es el ariete más eficaz de esta guerra sicológica. El propio Sutil negocia la compra de CNN Chile a la empresa norteamericana WarnerMedia. Quien domina la imagen domina las conciencias. Mientras los medios de comunicación, incluyendo el espectro radioeléctrico, sean propiedad privada de unos pocos, ignorando su función social, la estabilidad de ningún gobierno democrático estará asegurada. Lo demuestra nuestra propia historia.

El gobierno del presidente Boric tendrá que tomar partido. Ceder al “acuerdo de gobernabilidad” con el gran empresariado o cumplir su compromiso con el pobrerío y la clase media empobrecida que lo llevaron a La Moneda.

Chile, según la CEPAL, es el país de América Latina en que el patrimonio de los ricos representa la mayor tajada del Producto Interno Bruto (PIB): 16,1%. En países enormes y de grandes fortunas como Brasil y México el porcentaje es inferior: 14,2% y 12,2%, respectivamente.

Los super ricos chilenos se las han arreglado -incluyendo golpe de estado y terrorismo de estado- para aumentar sus fortunas mediante una codicia insaciable, extorsionando gobiernos, parlamentos e instituciones del Estado. La conducta mezquina y mafiosa del gran empresariado ha convertido a Chile en uno de los países con mayor desigualdad del mundo. El año pasado, mientras la mayoría se debatía en el desempleo y el endeudamiento, los más ricos duplicaban sus fortunas. El grupo Luksic se encaramó a los 23.300 millones de dólares, Ponce Lerou a los 4.100 millones, Paulmann a los 3.300, Piñera a los 2.900, y así también los Angelini, Saieh y Yarur. El mismo salto tuvieron las ganancias de los bancos y grandes empresas.

¡Chile es Jauja para el empresariado pero no le basta! Intenta además someter al nuevo gobierno a un “acuerdo de gobernabilidad” que convertirá en liliputienses las ya modestas reformas planteadas en su programa.

El gobierno, si se empeña, podría resistir el asedio oligárquico defendiendo sus compromisos electorales, asegurando a la vez respeto a las resoluciones de la Convención Constitucional.

Sin embargo, también es tarea de las organizaciones sociales oponerse al “acuerdo de gobernabilidad” que plantea el gran empresariado. El próximo Primero de Mayo puede ser la oportunidad de una gran movilización de trabajadores, pobladores, mujeres, desempleados, estudiantes, jubilados, pequeños y medianos empresarios, etc., para rechazar la imposición oligárquica.

El gobierno del presidente Boric no puede escapar a una definición. Tendrá que tomar partido: o con el gran empresariado o con el pueblo.

Ningún gobierno puede servir a la vez a la oligarquía y a quienes necesitan desesperadamente igualdad de derechos. Es una realidad confirmada por la historia. Hace ya dos mil años un rico recaudador de impuestos, algo así como un director de Impuestos Internos de la época, escribió en su evangelio: “Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá menos a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a la riqueza” (2). No lo habría dicho mejor Carlos Marx.

26 marzo 2022

Notas

(1) EMOL, 20 de marzo 2022.

(2) Mateo 6:24-34.

*Periodista y escritor, director de Punto Final. Colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE

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Sábado, 26 Marzo 2022 06:09

Guerra y alimentos

Guerra y alimentos

Los precios de los alimentos van en rápido aumento, aparentemente como consecuencia de la guerra de Rusia y Ucrania. Grave impacto para muchas poblaciones, que expone la vulnerabilidad global en que nos coloca el sistema agroalimentario industrial dominado por corporaciones trasnacionales.

Según fuentes de Naciones Unidas estamos al borde una nueva crisis global por altos precios de los alimentos y hambrunas, como efecto dominó del encarecimiento de los combustibles, las restricciones de exportaciones de fertilizantes sintéticos de los que Rusia es un productor principal, así como de trigo, maíz y aceite de girasol desde Rusia y Ucrania. Entre ambos países representan 28 por ciento de las exportaciones mundiales de trigo.

Paradójicamente, el principal importador de trigo del mundo es Egipto, que es parte del centro de origen del cultivo, al igual que Turquía, otro de los mayores importadores. Egipto importa más de 60 por ciento del trigo que consume, 80 por ciento desde Rusia y Ucrania ahora suspendidas por la guerra. México, centro de origen del maíz, es el principal importador global de maíz, fundamentalmente por una demanda de grandes industrias pecuarias, en su mayoría trasnacionales.

No se trata de falta de condiciones para la producción de estos dos cultivos para abastecer el consumo humano, sino de estrategias corporativas cuya meta es la ganancia, no la seguridad alimentaria, en el marco de políticas nacionales e internacionales que facilitan y permiten tales tropelías (https://bit.ly/3uqPN3X).

Aunque los porcentajes de importación en algunos países son altos –como los nombrados y otros en Medio Oriente y África (norte, países subsaharianos y cuerno de África) y algunos asiáticos, haciendo a esos países muy vulnerables–, en realidad las exportaciones son un porcentaje menor de la producción global de trigo y maíz. El trigo, el maíz y el arroz, principales cereales base de la alimentación en el mundo, se producen a nivel nacional entre 75 y 90 por ciento. En el volumen de producción mundial, lo que Ucrania exporta de trigo es cerca de 3 por ciento y menos de maíz. En el caso de las exportaciones rusas, se trata de 4.5 por ciento para el trigo y de 0.5 por ciento para el maíz (https://www.csm4cfs.org/).

No obstante y pese a que no escasea, porque aún se están comercializando las cosechas de la estación pasada, en el último mes el trigo aumentó 35 por ciento ante la especulación por supuestas incertidumbres. Por tanto, el volumen de las exportaciones no explica por sí mismo el vertiginoso aumento del precio de los alimentos. Sí lo hace la convergencia de factores, fundamentalmente la especulación –escudada en las guerras– de las trasnacionales de agronegocios, desde las de insumos en campo (semillas, agrotóxicos y fertilizantes), a las de distribución, comercio de cereales, procesamiento y ventas al consumidor.

Estas empresas aprovechan la coyuntura para subir precios arbitrariamente y avanzar con medidas que agregan impactos negativos. Por un lado, presionan por abrir más tierras a grandes extensiones de cultivos industriales, en desmedro de ecosistemas naturales, zonas de pastoreo campesino y otros usos no industriales, así como usar intensivamente tierras que están en barbecho (en descanso para regeneración después de cosechas). Estados Unidos relajó las restricciones federales al respecto y países europeos lo consideran.

Para esas tierras, las trasnacionales de agronegocios alegan que se deben usar cultivos transgénicos y con alto uso de insumos agrotóxicos y ante la eventual falta de fertilizantes sintéticos, avizoran uso de microbios modificados genéticamente. El cabildeo de las empresas de forrajes para cría industrial de animales logró que desde este 24 de marzo España y Portugal abrieran la importación de cultivos transgénicos desde Argentina, algo que hasta ahora estaba prohibido en Europa.

En esos dos países, tal como en México, las importaciones de maíz y soya no son para la población, sino mayoritariamente para forrajes industriales destinados a la cría animal a gran escala, que se podría hacer en forma decentralizada y basada en otros piensos. Ahora, con la excusa del futuro desabasto por la guerra en Ucrania, aumenta la presión para que Europa se abra también a la importación de trigo transgénico desde Argentina.

Todas las medidas que propone la industria y consideran EU y Europa implican una grave vuelta atrás en los límites de uso de plaguicidas en cultivos y de residuos de agrotóxicos y transgénicos en alimentos.

Raj Patel, analista de la industria alimentaria y autor del libro Obesos y famélicos, plantea que el aumento de precios de los alimentos en curso afectará sobre todo a las poblaciones del sur global y marginados en el norte global, por la convergencia de impactos de las "4 C": Covid, conflictos, cambio climático y capitalismo (https://bit.ly/3JKdM4G).

No es la guerra en Ucrania –terrible en sí misma por las muertes y devastación que conlleva– la principal causa de la crisis alimentaria global en ciernes, sino su convergencia con el sistema alimentario agroindustrial y los intereses de las trasnacionales que lo controlan, causantes de caos climático, obesidad, pandemias y enfermedades de la gente y el planeta. Existen alternativas que requieren urgente apoyo y más ahora, basadas en la agroecología campesina para la soberanía alimentaria.

Por Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo ETC

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Cepal: con una cultura del privilegio, en AL la desigualdad conspira

No hay ningún país que haya logrado elevar su producto interno bruto (PIB) sin incrementar las emisiones de gases de efecto invernadero aseguró Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Al presentar El Trimestre Económico número 353, señaló que la región atraviesa una cultura del privilegio, en donde "la desigualdad conspira", además de ser injusta e ineficiente.

"La igualdad no solo se trata de titularidad de derechos, es necesario igualar para crecer y crecer para igualar", apuntó.

Destacó que existe una desigualdad en la distribución personal y funcional del ingreso y la riqueza, pues recordó que 104 personas en América Latina poseen el equivalente a 11 por ciento del PIB de riqueza, concentración que aumentó en la pandemia del covid-19.

"De todos los países del mundo ninguno ha sido capaz de crecer con descarbonización o con menor reducción de emisiones y, por tanto, después de la pandemia hemos sufrido la mayor contracción económica desde la posguerra."

Señaló que la heterogeneidad estructural "es la gran fábrica de la desigualdad; no hemos analizado a profundidad los mercados con los monopolios y los oligopolios que están en la frontera tecnológica y contribuyen al PIB, pero que no generan el empleo formal necesario, sólo uno muy precario".

Consideró que los países desarrollados tienen una "deuda histórica" y no pueden obligar a los que están en vías de desarrollo a no crecer, por lo que deben proporcionar las tecnologías y patentes para lograrlo.

José Valenzuela Feijóo, integrante del consejo directivo de la revista editada por el Fondo de Cultura Económica, señaló que el gran aporte de Cepal es atreverse a observar a América Latina con ojos propios, a conectar el dato de la coyuntura con el estructural.

El catedrático de la UAM-I hizo énfasis en la falta de inversión, herramienta masiva que consideró como la única que puede sacar a los pobres del sector informal y "la única manera de mejorar la distribución del ingreso".

"En el país la inversión pública es muy bajita, muy por debajo de la necesario para resolver los problemas y el gobierno privilegia el subsidio, me atrevería a hablar hasta de una limosna estatal, no se me confunda con un panista yo soy partidario de este gobierno", dijo.

Bárcena destacó que América Latina es la zona geográfica con el nivel más bajo de inversión, pues hasta 2021 era de 19.5 por ciento respecto al PIB, mientras el promedio en los países en vías de desarrollo es de 33.2 por ciento, por lo que apremió a trabajar en la inversión y aumentar la productividad.

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Sábado, 26 Marzo 2022 05:20

Nicaragua echó al jefe de la Cruz Roja

Thomas Ess, jefe de misión de la Cruz Roja.

Familiares de presos denuncian la medida del gobierno de Ortega

La Asociación de Familiares de Presos Políticos (AFPP) condenó este viernes la expulsión de Nicaragua del jefe de misión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en el país, Thomas Ess, según confirmó el organismo, sin explicaciones por parte del Gobierno de Daniel Ortega. “El régimen Ortega Murillo ha cometido una nueva violación sobre los derechos humanos de los nicaragüenses, principalmente quienes se encargan de velar y proteger los mismos. Hemos conocido que se expulsó de forma arbitraria, sin motivos o fundamentos, al señor Ess”, indicó la AFPP, en una declaración pública.

Ess era el segundo jefe de misión del CICR en Nicaragua desde marzo de 2019, cuando la organización estableció una oficina en el país para dar seguimiento a los presos políticos. Su expulsión fue confirmada por el CICR, tras recibir una notificación del Gobierno nicaragüense, en la que “decidió retirar el beneplácito a nuestro jefe de misión de Nicaragua”, según informó un portavoz.

Protestas

“Desde el inicio de las protestas cívicas de abril de 2018 la Cruz Roja ha venido acompañando al pueblo nicaragüense a brindarles asistencia humanitaria de forma segura y veraz, a raíz del inicio de los encarcelamientos ilegales ha tenido un papel importante para los presos políticos y sus familiares, haciendo coordinaciones para constatar la situación de salud dentro de las cárceles de los presos”, indicó la AFPP.

La labor del CICR en Nicaragua consiste en inspeccionar las condiciones de los presos políticos en las cárceles del país. El CICR brindaba “información del estado de los detenidos a los familiares para contar noticias específicas de lo que necesitaba cada uno de los presos, porque los familiares no tenemos informes acorde la situación de cada uno, porque el régimen lo impide”, agregó la organización. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Nicaragua hay al menos 179 “presos políticos”, quienes sufren “torturas y malos tratos” en prisión.

Premios y castigos

El CICR afirmó que pese a la expulsión de su representante continuará “su labor humanitaria en Nicaragua”, lo cual fue agradecido por la AFPP en su pronunciamiento. El organismo internacional manifestó su “sorpresa”  por la expulsión, dado que hace menos de dos semanas el mismo Gobierno nicaragüense otorgó al jefe regional del CICR, Jordi Raich, la orden “José de Marcoleta” en grado de “Gran Cruz”, el máximo reconocimiento que otorga Nicaragua a un extranjero, por su “colaboración respetuosa” y su “visión de acompañamiento a las prioridades del Gobierno”.

Este mismo mes el Gobierno de Nicaragua expulsó al entonces nuncio WaldemarStanislaw Sommertag, de forma repentina y sin explicaciones, decisión que el Vaticano recibió con “sorpresa y dolor”. En 2018 también fueron expulsadas las misiones de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), de la CIDH, y al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni)

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La ocupación israelí de los territorios palestinos desde hace 55 años es apartheid

Según el Relator Especial de NNUU

GINEBRA (25 de marzo de 2022) – Un experto de Naciones Unidas ha solicitado hoy a la comunidad internacional que acepte y adopte las conclusiones de su informe [A/HRC/49/8, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territory occupied since 1967], en el que se hace eco de recientes conclusiones de organizaciones de derechos humanos palestinas, israelíes e internacionales, al respecto de que Israel practica apartheid en el territorio palestino ocupado.

“Hoy en día, en el territorio palestino ocupado por Israel desde 1967, existe un sistema jurídico y político dual profundamente discriminatorio que privilegia a los 700.000 colonos judíos israelíes que viven en los 300 asentamientos ilegales construidos por Israel en Jerusalén Oriental y Cisjordania”, ha declarado Michael Lynk, relator especial de Naciones Unidas para la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado desde 1967.

“Viviendo en el mismo espacio geográfico pero separados por muros, puestos de control, carreteras y una arraigada presencia militar, hay más de tres millones de palestinos y palestinas que carecen de derechos, viven bajo un régimen opresivo de discriminación institucional y sin vías de alcanzar el derecho a un auténtico Estado palestino tal y como la comunidad internacional les ha prometido desde hace tiempo.

“Otros dos millones de palestinos y palestinas viven en Gaza, descrita habitualmente como una ‘cárcel al aire libre’, sin acceso adecuado a la electricidad, el agua o la sanidad, con una economía colapsada, y sin autorización para viajar libremente al resto de Palestina o al mundo exterior”.

El Relator Especial sostiene que un régimen político que prioriza de forma tan intencionada y clara los derechos políticos, legales y sociales fundamentales de un grupo sobre otro dentro de la misma unidad geográfica y sobre la base de su identidad racial-nacional-étnica cumple la definición legal internacional de apartheid.

“El apartheid no es lamentablemente un fenómeno confinado a los libros de historia de Sudáfrica”, declara en su informe al Consejo de Derechos Humanos. “El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998 entró en vigor tras el colapso de la antigua Sudáfrica. Es un instrumento jurídico con visión de futuro que prohíbe el apartheid como crimen contra la humanidad hoy y en el futuro, dondequiera que exista”.

Lynk declara que en los territorios palestinos ocupados se aplica la administración militar de Israel con la intención deliberada de perpetuar sobre el terreno hechos consumados –principalmente a través de los asentamientos y los check points– para manipular la composición demográfica y realizar una aspiración permanente e ilegal israelí que cerca a los y las palestinas en reservas más pequeñas y confinadas de tierras desconectadas entre sí.

Ello se ha logrado mediante una combinación de acciones inhumanas que, aplicadas desde hace mucho tiempo por el ejército israelí contra la población palestina, forman parte integral de la ocupación, añade. Señala Lynk las ejecuciones arbitrarias y extrajudiciales, la tortura, la denegación de derechos fundamentales, una tasa abismal de muertes de menores, los castigos colectivos, un sistema judicial militar abusivo, períodos de intensa violencia militar israelí en Gaza y demoliciones de viviendas.

Lynk afirma que varios informes y opiniones recientemente emitidos por respetadas organizaciones de derechos humanos palestinas, israelíes e internacionales han llegado a la misma conclusión sobre la práctica del apartheid por parte de Israel. Añade que destacadas personalidades internacionales –como el ex secretario general de Naciones UNidas Ban Ki-Moon, el arzobispo Desmond Tutu, la ministra de Asuntos Exteriores sudafricana Naledi Pandor y el ex fiscal general israelí Michael Ben-Yair– también han calificado estas prácticas como apartheid.

El Relator Especial denuncia que buena parte de la responsabilidad de esta situación descansa en la comunidad internacional. “Durante más de 40 años, el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de Naciones Unidas han declarado en cientos de resoluciones que la anexión de los territorios ocupados por parte de Israel es ilegal, que la construcción de cientos de asentamientos judíos es ilegal y que la negación de la autodeterminación palestina viola el derecho internacional”.

“El Consejo y la Asamblea han criticado reiteradamente a Israel por violar sus resoluciones. Han amenazado con consecuencias. Pero nunca se han exigido responsabilidades. Si la comunidad internacional hubiera actuado de verdad en sus resoluciones hace 40 o 30 años, hoy no estaríamos hablando de apartheid”.

Para poner fin a la práctica del apartheid en los territorios palestinos ocupados, el Relator Especial reclama a la comunidad internacional que imponga [a Israel] medidas contundentes e imaginativas de rendición de cuentas con el fin de que ponga fin por completo a la ocupación israelí y a sus prácticas de apartheid en los territorios palestinos ocupados.

El Sr. S. Michael Lynk es Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado desde 1967.

26/03/2022

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Fotografía de Andrés Peña. Tomada en el marco del paro nacional,7 de mayo del 2021.

Con un total de 238 agresiones (107 hombres, 78 mujeres, 3 Lgbtiq+ y 50 de carácter colectivo), Antioquia ocupó en el 2021 el segundo lugar en el país como la región donde más peligra el derecho a la vida de quienes defienden los derechos humanos. Homicidios, amenazas, desplazamientos, confinamientos y estigmatización son la forma en que se concretan estas acciones violentas, cuyos principales victimarios son la Policía Nacional y las estructuras paramilitares especialmente las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

En materia de Derechos Humanos padece la sociedad antioqueña una realidad con particularidades. Por ejemplo, en las agresiones contra los liderazgos Lgbtiq+ se presentó, con un caso, un descenso en las cifras en el 2021, ya que en 2020 los registrados fueron cinco casos, entre ellos dos homicidios.

Pero no en todos los particulares marcó esa característica. En 2020 se reportaron 47 casos de agresión contra mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos, en 2021 fueron 78, la mayoría de ellas perpetradas en los contextos de protestas sociales ya que muchas de las personas afectadas estuvieron integrando las Comisiones de Verificación en terreno. Ellas fueron víctimas principalmente de la Policía Nacional, Escuadrón Móvil Antidisturbios –Esmad– de: tortura, tratos crueles y degradantes –Ttcd–, violencias basadas en género, amenazas, estigmatización, etcétera, debido a su labor. Se resalta los casos de homicidios: mientras que en el año inmediatamente anterior se contabilizaron tres hechos, en 2021 fueron cuatro, tres en zonas rural de Urabá, Bajo Cauca y Norte. El otro caso se reportó en Bello.


Los principales responsables de las agresiones en Antioquia son la Policía Nacional (86 casos) y las estructuras paramilitares (72 casos), especialmente las Autodefensas Gaitanistas de Colombia –Agc. El año pasado las organizaciones de derechos humanos y sociales del departamento1 advirtieron que la avanzada de las Agc en Antioquia sigue desarrollándose y el Estado no ha realizado ningún esfuerzo para contenerla como tampoco cumplió con el Acuerdo de Paz en materia del desmonte de estas estructuras, permitiendo que actúen sin restricción alguna, como en la época de finales de los años 90 y 2000, moviendo tropas de hasta 200 hombres entre subregiones2.

Los territorios con más niveles de agresión contra los liderazgos y la labor de defensa de los derechos fueron aquellos en donde existieron acciones de protesta social (Valle de Aburrá), actividades en defensa del punto 1 y 4 del Acuerdo de Paz (Bajo Cauca) y la denuncia de la actividad paramilitar (Urabá). En los casos del Suroeste y Oriente se presentaron ataques por denunciar los impactos negativos de los megaproyectos hidroeléctricos (Oriente) y por participar de las marchas (Oriente y Suroeste).

Las víctimas de las agresiones son aquellas que: 1) son voces disidentes u opositoras que promueven proyectos políticos alternativos de cambio 2) luchan por la defensa de los derechos humanos, la tierra, los territorios y la naturaleza contra las lógicas de dominación-autoritarismo, el modelo extractivita y financiero 3) exigen los derechos de las mujeres y de las identidades diversas, 4) luchan por el cumplimiento del Acuerdo de Paz y por una paz completa y 5) firmaron la entrega de hicieron la entrega de armas como contribución a la construcción de una paz estable y duradera.

Para 2021, en Antioquia las personas defensoras de derechos humanos fueron las más agredidas ya que muchas de ellas integraron las Comisiones de verificación en contextos de protestas y en razón de su labor fueron atacados por el Esmad-Policía Nacional4, pero también por el Ejército Nacional y la Policía Antinarcóticos3 (contextos de erradicación de cultivos de usos ilícitos).

Las agresiones contra las lideresas y los líderes comunales sucedieron en todas las subregiones del departamento, es importante resaltar el caso del Norte, en el municipio de Ituango, más de 30 Juntas de Acción Comunal fueron amenazadas en el marco del desplazamiento masivo de 4.099 campesinas y campesinos (julio-agosto) a causa de la avanzada paramilitar de las AGC (Plan Mil)5 y las amenazas de las Disidencias de las Farc (Frente 18).

Una realidad pese a la cual el alcalde de Ituango, Mauricio Mira, públicamente minimizó la grave situación humanitaria e hizo señalamientos contra los líderes y lideresas comunales al sostener: “Ningún líder nos dio una razón del porqué permanecen en el casco urbano, simplemente que los amenazaron, esto nos lleva a pensar que hay otros intereses”6.

En cuanto a los liderazgos campesinos, la mayoría fueron objeto de amenazas y desplazamiento forzados por parte de los paramilitares, pero también de las disidencias de las Farc, esto en razón de su labor de denuncia, por negarse a asistir a reuniones a los que fueron convocado y por exigir el respeto de los derechos humanos y el DIH a todos los actores armados que en la actualidad hacen presencia en sus territorios. También se registraron homicidios.

Una realidad con agravantes, como la padecida por los líderes y lideresas indígenas del Bajo Cauca, Occidente y Urabá, que es crítica. Durante 2021, junto a sus comunidades, fueron víctimas de homicidios, amenazas, desplazamientos, confinamientos y estigmatización por parte de los paramilitares de las Agc y los Caparrapos, y también de la guerrilla del Eln. Agresiones sucedidas cuando los líderes y lideresas de las comunidades denuncian a estos grupos por: 1) ocupar los territorios, 2) por desarrollar combates poniendo en riesgo a la población, 3) por minar los caminos, 4) por ocupar bienes de la población civil, 5) por realizar reclutamiento forzado y 6) en ocasiones por el presunto patrullaje conjunto entre Agc y Unidades del Ejército Nacional.

Como señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) en el Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los Derechos Humanos en las Américas (2006), las agresiones son entonces una forma de retaliación y represión en consecuencia, de una labor democrática, la cual hacen hombres, mujeres y poblaciones diversas que de manera organizada buscan cambiar los contextos de desigualdad. Esta violencia genera indiscutiblemente efectos directos en los contextos organizativos y en la incidencia de lo público.

 


Ataques contra la vida, la integridad personal, la libertad y la labor de defensa de los derechos humanos.

De las 228 agresiones registradas en Antioquia, en por ciento, el 11 fueron contra la vida, 12 contra la integridad personal, 5 contra la libertad y 72 contra la labor de defensa de los derechos humanos.

El derecho a la vida: Según cifras de Indepaz, en Colombia se han registrado 1.286 homicidios desde la firma del Acuerdo de Paz (2016), De ese total, 888 han ocurrido bajo el gobierno de Iván Duque y 171 sucedieron en 20217. Antioquia después del departamento del Cauca, es la región con más agresiones contra el derecho a la vida de las personas defensoras de derechos humanos.

De acuerdo con los registros del Observatorio sobre el Nivel de Riesgo de la Corporación Jurídica Libertad y la Fundación Sumapaz, en 2021 hubo 25 homicidios y tres atentados. El 90 por ciento fueron en zonas rurales, el otro 10 por ciento en zonas urbanas del Valle de Aburrá: Medellín y Bello. Del total de víctimas 4 eran mujeres y 24 hombres. Bajo Cauca fue la subregión con más número de homicidios (seis casos).

Los paramilitares de las Agc, Caparrapos y los Triana son responsables de 11 casos de homicidio; de otro tanto se desconoce el responsable y en tres casos ha sido el Eln. El 50 por ciento de las víctimas pertenecían al sector comunal, un 28 por ciento estaban ejerciendo liderazgos campesinos (entre ellos están los casos de líderes del Programa nacional integral de sustitución de cultivos –Pnis), un 12 por ciento eran indígenas de comunidades del Occidente y Urabá y el 10 por ciento restante eran sindicalistas o hacían parte de procesos de Veeduría ciudadana.

En cinco casos de homicidio hubo prácticas de desaparición forzada, ya que las víctimas fueron sustraídas de las viviendas o de los lugares donde se encontraban y posteriormente sus cuerpos fueron encontrados en ríos, quebradas o parajes rurales. Los responsables de estos hechos son los paramilitares de las Agc y los Triana; en un caso fue el Eln. Dos de estos hechos fueron en contexto de masacre y la cual afectó a la lideresa Diana Jaramillo del municipio de Bello, quien fue víctima de desaparición forzada, asesinato y desmembramiento, junto con otra mujer y un hombre, y cuyos cuerpos fueron hallados en costales en los límites entre Copacabana y Bello8.

El otro caso en contexto de masacres es el de Luis Hernando Castrillón, en el municipio de Yolombó, quien fue asesinado junto a su esposa María Piedad Ramírez, y su hijo Esneyder. Otra de las víctimas fue Fray Zapata, un joven con dificultades cognitivas9.

Desde 2018, la Organización Indígena en Antioquia –OIA, la Iglesia Católica10, la CIJP11, el Proceso Social de Garantías y el Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos12 denunciaron la grave situación de Dabeiba y Murindó, especialmente porque los grupos paramilitares, la insurgencia y el Ejército Nacional, disputan estas zonas, poniendo en grave riesgo a las comunidades indígenas. Pese al llamado de NO sembrar más minas en las comunidades, durante 2021 una lideresa indígena13 y un guardia indígena14 perdieron la vida al pisar estos artefactos.

Un leve respiro. Respecto a 2020 hubo un tenue descenso en las cifras de homicidios, pasando de 27 casos, a 25, no obstante, es preocupante la persistencia de los homicidios en Bajo Cauca, aunque estos también disminuyeron, pasando de 14 casos en 2020 a seis en 2021, descenso que puede explicarse por la actual hegemonía de las Agc frente a los Caparrapos y el declive que esto implica para la confrontación armada pero no así para el desplazamiento forzado de líderes y lideresas en esta zona, el cual aumentó. En el Oriente también hubo un descenso en los casos de homicidio, en el cual se reportaron tres casos el año anterior, para 2021, se presentó un caso.

 

 

Un aire que no se inhala igual en todas partes. Es así como en la subregión Norte del departamento, los homicidios aumentaron pasando de un caso en 2020 a cuatro en 2021. En Occidente se presentaron dos casos, mientras que en 2020 no hubo reportes. En el Nordeste (2020, 3 casos), Urabá (2020, 2 casos) y Valle de Aburrá (2020, 2 casos), aumentaron los homicidios, en un caso por cada subregión. En el Suroeste no hubo aumentó, se registró un solo caso, idéntico que en 2020.

Durante el 2021 se registraron tres atentados. En dos casos el responsable es desconocido, y el otro corresponde al grupo paramilitar AGC. De la totalidad de los casos, dos fueron contra líderes sociales, las víctimas fueron abordadas en caminos veredales y amenazadas. Posteriormente los victimarios les dispararon. El tercer ataque fue contra un periodista asociado a la Fundación para la libertad de prensa –Flip–, que residía en la ciudad de Medellín: “El día de los hechos la víctima se encontraba en su vivienda, en donde está ubicada también la sede de la emisora, hasta ese lugar llegaron ocho hombres armados, que se movilizaban en cuatro motos. Los hombres dispararon en repetidas ocasiones contra la vivienda e intentaron ingresar a la misma. El periodista se encontraba en ese momento al interior de la casa con su esposa y su hijo, quienes resultaron ilesos”15. La víctima había recibido amenazas días antes del atentado.

Derecho a la integridad personal: Durante 2021 se registraron 29 ataques contra el derecho a la integridad y la dignidad ocasionando daños y afectaciones físicas y psicológicas en las víctimas. Entre estos se encuentran 26 casos de Ttcd y de violencias basadas en género (12 mujeres, 11 hombres, y 3 colectivas) perpetrados por la Policía Nacional en el contexto del Paro Nacional y tres víctimas de lesiones personales –heridos.

Sobre las Ttcd perpetradas durante el desarrollo del Paro Nacional 2021, debe señalarse que este dispositivo de poder-acto político16 fue generalizado en los contextos de protesta, buscando con ello no solo generar sufrimiento-dolor-terror en las víctimas sino también disciplinar tanto a manifestantes, No manifestantes (ciudadanía en general) y a las y los defensores, buscando que estos últimos abandonaran su actividad de documentar, grabar, denunciar, exigir el respeto de las garantías fundamentales en los contextos de movilización y acompañar a las personas detenidas y/o judicializadas.

Los casos de Ttcd fueron documentados ampliamente no solo por las organizaciones de derechos humanos y las Comisiones de Verificación en terreno, sino también por las tres Misiones Internacionales que hicieron presencia en el país en 2021 (Misión Argentina, Misión Catalana y Misión S.O.S) y la Visita de Trabajo de la Cidh. En el caso de Antioquia, se denunció 205 casos de Ttcd contra manifestantes, con responsabilidad principal del Esmad.

En lo que respecta a las personas defensoras, de Atención Pre Hospitalaria –APH– y de medios alternativos de comunicación, sistemáticamente fueron víctimas de violencia física y psicológica por parte de la Policía Nacional-Esmad quien en diversas ocasiones puso en riesgo la vida e integridad de estas, al lanzarles gases lacrimógenos, perseguirlos con sus motos, apuntar y disparar con sus armas de dotación contra los cuerpos y rostros de las y los defensores cuando estos reclamaban que se ciñeran a los protocolos, cuando se atendía por parte de APH a los manifestantes heridos o se grababa la violencia estatal. De estas actuaciones se reportaron cinco casos de gravedad.

 

 

Las mujeres defensoras fueron agredidas constantemente, además de sometidas a violencias basadas en género, ya que era constante los insultos sexistas y denigrantes; además de infantilizarlas y desconocer su labor, solo por el hecho de ser mujeres. También se documentaron casos en los que la Policía Nacional (Fuerza disponible) y el Esmad golpearon con sus macanas a hombres y mujeres de las Comisiones de Verificación para húrtales los celulares, cámaras de video y fotográficas donde había evidencia de su comportamiento arbitrario.

En uno de los casos de Ttcd, participaron civiles sin identificar: “Siendo las 5:40 p.m. en el viaducto entre las estaciones del Metro Cisneros y San Antonio, la Fuerza Pública presente, en connivencia con civiles armados de palos y varillas, deliberadamente acorralaron y atentaron contra las defensoras y defensores de Derechos Humanos, prensa y APH de las Comisiones de Verificación de la Sociedad Civil, hurtando sus celulares, golpeándolos con bolillos, electrocutándolos con taser y agrediéndoles psicológicamente”.

En el contexto rural, en la zona rural de Anorí la Asociación Campesina del Norte y Nordeste de Antioquia, denunció en varias ocasiones los ataques por parte del Esmad, la Policía Antinarcóticos y Ejército Nacional a los Refugio Humanitarios que decidieron construir a raíz de los operativos de erradicación forzada en algunas veredas17. En ese contexto, en el mes de octubre la lideresa Luz Mery López fue retenida por efectivos del Esmad cuando se encontraba cargando agua para el Refugio, posteriormente fue sometida a Ttcd y obligada a subir por un peñasco, a lo cual ella se rehusó. En este caso se denunció también señalamientos y estigmatización por parte de la fuerza pública contra las directivas de la Asociación18.

En este conjunto de hechos de Ttcd, cuyos responsables son agentes estatales, no se conoce de avances en las investigaciones disciplinarias ni penales, generando un marco de impunidad. Además, con la implementación de la Ley 2197 del 25 de enero de 2022, mal llamada de seguridad ciudadana, el mensaje para el país ha sido claro, No habrá sanciones ni limitaciones a la actuación arbitraria de los agentes de Estado –Policía Nacional, por el contrario aumentaron las penas contra las y los manifestantes– en la protesta social y se han legalizado nuevamente las acciones contrainsurgentes de estructuras paramilitares y de civiles a quienes les permiten dotarse de armas para que, bajo el eufemismo de la defensa de la propiedad privada, ataquen a las personas manifestantes.

En lo que respecta al tema de las lesiones personales, se contabilizan tres casos. En dos de ellos no pudo establecerse los responsables (Norte y Valle de Aburrá); y en el tercer hecho se responsabilizó al Ejército Nacional (Bajo Cauca). Una de las víctimas hacia parte de la Mesa de Trabajo de la Población Lgtbiq+ y fue herido con arma blanca en el municipio de Bello.

Derecho a la libertad: De acuerdo con el Observatorio sobre el nivel de riesgo, 5 mujeres y 7 hombres defensoras y defensores de derechos humanos fueron detenidos arbitrariamente cuando realizaban su labor en contextos de protesta social en el Valle de Aburrá, no solo en el marco del Paro Nacional, sino también en contextos de desalojos. Estas detenciones fueron llevadas a cabo por la Policía Nacional. En tres casos se presentaron Ttcd.

Estas detenciones arbitrarias han sido una práctica continua con el propósito de coartar el derecho a protestar y, de paso, vulnerar múltiples derechos individuales en un intento de amedrentar a quienes se movilizan y defienden los derechos humanos, desconociendo lo contemplado en el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos donde se establece que “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”, lo que es reiterado en el artículo 25 de la Declaración Americana “Derecho de protección contra la detención arbitraria” y en el artículo 7 “Derecho a la Libertad” de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por su parte en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia se consagra “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”.

En lo que respecta a la desaparición forzada, como se dio cuenta en el apartado del derecho a la vida, en cinco casos las víctimas fueron desaparecidas forzadamente antes de ser asesinadas. En agosto de 2021 se denunció la desaparición forzada del líder y gestor cultura de Cañasgordas (Occidente), Ramón Emilio López, quien fue visto por última vez el 29 del mismo mes en compañía de Jesús Emilio Mazo mientras realizaban una caminata ecológica hacia el Alto del Águila. En el territorio donde fueron desaparecidos tienen presencia: Ejército Nacional, Eln, AGC y disidencias de las Farc. Pese a los llamados de las organizaciones al Estado y demás actores para determinar su paradero no se tiene ninguna información hasta la fecha.

Como se constató en el marco del Paro Nacional, existió la práctica de la desaparición forzada en el Valle de Aburrá, donde se reportaron 242 personas desaparecidas, de 188 ya se estableció su paradero (todas vivas), en los restantes casos no. En este contexto, debe decirse que muchas de las víctimas fueron detenidas arbitrariamente, sometidas a Ttcd e incomunicada por horas y hasta por días. Los principales responsables son la Policía Nacional pero también se han reportado casos del Ejército Nacional19.

Derecho a defender los derechos humanos: En 2021 se registraron 169 casos de agresión contra esta labor legítima reconocida y garantizada por instrumentos jurídicos internacionales y nacionales. Del total, 63 fueron contra hombres, 57 contra mujeres, 2 contra Lgbtiq+ y 47 fueron agresiones colectivas. Las amenazas continúan siendo la principal práctica para generar temor y tensión entre quienes se dedican a actividades democráticas y organizativas en los territorios.

En cuanto a los responsables, se tiene que en 56 casos se desconoce el autor, en 54 son las estructuras paramilitares de las Agc, Caparrapos, Mondongueros y Oficina del Valle de Aburrá; en 50 casos fue la Policía Nacional, principalmente el Esmad en contexto de protesta social. En tres casos la responsabilidad recae en las Autoridades Civiles del Valle de Aburrá (Secretará de Educación de Itagüí), Oriente (funcionarios de la Alcaldía de Rionegro) y del Suroeste (Alcalde de Támesis). Las disidencias de la Nueva Marquetalia son responsables de 3 agresiones, el Eln de una agresión, al igual que la Seguridad Privada.

Mientras en 2020 se reportaron 67 amenazas individuales y colectivas, en 2021 fueron 83 casos. En el 48 por ciento se desconoce los responsables, en un 44 por ciento la responsabilidad es de las estructuras paramilitares, el restante porcentaje es de la Policía Nacional, el Eln, las disidencias de las Farc y Seguridad Privada. Permanentemente se ha denunciado que las amenazas, tanto individuales como colectivas, pocas veces son objeto de investigación por parte de las autoridades competentes. Como lo han advertido los líderes y lideresas, las amenazas son generalmente la antesala de los homicidios y desapariciones forzadas.

Respecto a los móviles de las amenazas, se ha conocido que: 1) reciben estas amenazas porque se oponen a los intereses de los grupos armados tanto legales como ilegales, 2) porque denuncian la actuación arbitraria de los actores armados tanto legales como ilegales, 3) porque luchan por el Pnis, 4) porque se movilizan y participan de las protestas sociales 5) porque son señalados de pertenecer a la guerrilla 6) por realizar acciones humanitarias como levantar los cuerpos de personas que han sido asesinadas y 7) por denunciar los megaproyectos y sus daños a los territorios.

 

 

Los desplazamientos forzados de lideresas y líderes sociales también han tenido como antecedente amenazas: en 2021, 22 personas del sector comunitario, campesino, estudiantil, de víctimas e indígena, tuvieron que salir de sus territorios. Cuatro víctimas vivían en zonas urbanas y las restantes pertenecían a la ruralidad de las subregiones del Bajo Cauca (9 víctimas), Norte (4 víctimas), Occidente (3 víctimas), Oriente (2 víctimas) y Suroeste (1 víctima).

El caso de la Asocbac es preocupante, ya que durante 2021 seis de sus integrantes fueron amenazados y obligados a abandonar el territorio. Estas agresiones fueron perpetradas por las Agc. Los cinco líderes y una lideresa desempeñaban cargos en Juntas de Acción Comunal y estaban activos dentro de la Asociación. Pese a los constantes ataques la organización continúa luchando para que el campesinado permanezca en el territorio, por el cumplimiento del punto 1 y 4 del Acuerdo de Paz y por la defensa de los derechos humanos y la paz completa.

En lo que respecta a la obstrucción a la labor de las y los defensores, como fue documentado por la Corporación Jurídica Libertad, el Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, el Proceso Social de Garantías, la Campaña No Más Derechos Vulnerados por los Uniformados y la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, durante los meses de protesta más intensos de la movilización, se registraron 1.772 casos de agresión, de estos, 106 fueron contra la labor de defensoras, defensores, personal médico –APH y prensa.

 

 

Estos ataques se materializaron en empadronamientos, hostigamientos individuales y colectivos, hurtos, extorsiones y daño en bien privado; además de obstaculizar la labor de personal médico, abogados y periodistas, al impedirles cumplir su labor informativa. Todos estos casos son de responsabilidad de efectivos del Esmad, institución también denunciada públicamente por hurtar celulares, memorias de cámaras fotográficas de las y los defensores de derechos humanos y periodistas. En otros casos provocaron daños a los equipos de los medios de comunicación como forma de borrar la evidencia que había sobre brutalidad policial.

En los seis casos de señalamiento individual y colectivo, resaltan los que afectaron a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, la Asociación Campesina de San José de Apartadó y la Comunidad Embera Eyabida del Río León, quienes continuamente son víctimas de la actuación paramilitar de las Agc. En especial la Comunidad de San José ha denunciado el copamiento paramilitar y a los ocupantes por sus nexos con agentes estatales; también han evidenciado como la estrategia contrainsurgente termina siendo favorable a los intereses extractivos que existente por el tema de los bienes comunes que hay en la zona.

¿Genocidio sin límite?

Como lo constatara el Tribunal Permanente de los Pueblos –TPP, 2021–, en su sesión 48, en el devenir del cual se estudió y escuchó (testimonios) más de 50 casos de procesos políticos, organizativos y étnicos del país, quienes dieron cuenta de las diversas prácticas de persecución y terror a las que han sido sometidos por parte del Estado y el paramilitarismo. En Colombia ha existido un genocidio político dirigido y continuado desde 1912 contra el movimiento social y político opositor, en resistencia y crítico. Así lo dictaminó:

El genocidio ha tenido proyección específica en distintos sectores del grupo nacional, en particular los movimientos sindicales y campesinos, las comunidades indígenas y afrodescendientes y los movimientos y grupos políticos, las organizaciones de defensa de los derechos humanos y el ambiente, así como a sus respectivos líderes y lideresas. Dicho genocidio se ha manifestado especialmente en sus modalidades de: matanza de miembros del grupo; lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; y sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial20.

Una de las preguntas que abordó el TPP, fue la razón por la cual tras la firma de los Acuerdos en Colombia y de procesos de Amnistías con hombres y mujeres rebeldes, el país siempre ha asistido a un recrudecimiento de la violencia contra quienes defienden la vida, los derechos, el territorio, la paz y la democracia. Y no es para menos la pregunta, ya que hace 40 años tras varios procesos de diálogo con las insurgencias colombianas, el Estado a través de la guerra sucia y el paramilitarismo declaró como enemigo todas aquellas propuestas políticas y sociales democráticas y críticas como fue la Unión Patriótica, el Frente Popular y A Luchar, organizaciones de derechos humanos, Comunidades Eclesiales de Base, organizaciones que se dedicaban a la defensa de las y los presos políticos y de Víctimas de Crímenes de Estado, a los sindicatos obreros y agrarios, al magisterio, Juntas de Acción Comunal, etc.

Luego de cuatro décadas, y tras haberse alcanzado la firma del Acuerdo de Paz entre las otrora Farc-Ep y el Estado Colombiano (2016), el genocidio continúa, lo que se denomina como “el nuevo ciclo de violencia tras lograr el Acuerdo” ha evidenciado que no importa cuántos documentos de paz se firmen, si las bases que estructuran y ejecutan el genocidio continúan incólumes, entre ellas: la persistencia de la doctrina contrainsurgente que tiene por enemigo a las y los defensores de derechos humanos, la continuidad del paramilitarismo y su relación orgánica con el Estado, la impunidad en los delitos contra las personas que ejercen liderazgos sociales y un aspecto crucial, mientras el régimen político y las élites económicas de este país se coordinen para impedir la implementación del Acuerdo de Paz y las reformas económicas, políticas y sociales que garanticen la construcción de una paz estable y duradera.

 

1 Ver informe la Paz Confinada de la CJL, Fundación Sumapaz, Nodo Antioquia de la Cceeu. 2021. Disponible en: https://bit.ly/3LOkW9x
2 Entre 2020 y 2021 se han registrado por parte del Observatorio Sobre el Nivel de Riesgo ocho incursiones paramilitares en Bajo Cauca, Nordeste y Suroeste con grande movimiento de tropa.
3 Ver boletines de mayo, junio y julio publicados por la Corporación Jurídica Libertad – Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos– Proceso Social de garantías– Campaña No Más Derechos Vulnerados por los Uniformados – Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas.
4 Ver El Colombiano, 02/02/2021, disponible en: https://bit.ly/3rSyzfI
5 Desde junio de 2020, la Corporación Jurídica Libertad y el Proceso Social de Garantías denunciaron ante las autoridades civiles y militares el Plan Mil de las AGC, con el cual buscaban ocupar los antiguos territorios donde hacia presencia las Farc, en Ituango. Estas denuncias no fueron tenidas en cuenta como tampoco la AT del Sistema de Alertas de la Defensoría del Pueblo N° 004-2020.
6 Obtenido de Caracol Radio Medellín: https://bit.ly/3BpOmpr, 30/07/2021.
7 Indepaz. Cifras de la violencia en las regiones. 2021. Bogotá.
8 Lideresa comunitaria fue una de las víctimas de homicidio en el Valle de Aburrá. El Espectador. 21/06/2021.
9 Asesinan a un líder social y a su familia en una nueva masacre en Colombia. RT Noticias, 19/07/2021.
10 Ver revista Semana del 17 de marzo de 2021, disponible en: https://www.semana.com/nacion/articulo/obispos-denuncian-grave-situacion-humanitaria-de-indigenas-en-murindo-y-mutata-antioquia/202113/
11 Ver denuncia de la CIJ del 27 de marzo de 2020, disponible en: https://bit.ly/3rQL1fQ
12 Ver denuncia sobre la crisis de Murindó del el Proceso Social de Garantías y el Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, disponible en: https://bit.ly/3GU7zk6
13 La lideresa indígena, Remilda Benítez Domicó de 22 años, fue víctima mortal de una mina antipersonal [...] cuando se desplazaba el 20 de junio con sus 5 hijos en las inmediaciones de los asentamientos de las comunidades EmberaEyabida del resguardo Río Murindó. Obtenido de Contagio Radio: https://bit.ly/3GUtyaN. 29/06/2021.
14 Denuncia de la OIA: “El pasado lunes 5 de julio, el guardia indígena, Higinio Bailarín, escuchó una explosión que llamó su atención, seguida a ésta, a lo lejos, un grito desesperado de auxilio de una mujer, sin dudarlo, decidió salir de su tambo en auxilio de Eulalia Bailarín y justo cuando la estaba atendiendo, detonó de manera accidental otra de las minas antipersonales, que son instaladas en resguardos indígenas de Antioquia, por presuntos integrantes del Eln, violando claramente el derecho a la vida, el derecho internacional humanitario y los derechos humanos y fundamentales de los pueblos indígenas”. Obtenido de ONIC: https://bit.ly/3sCt1VG. 07/ 07/2021.
15 Obtenido de Flip: https://bit.ly/3LG1M5E. 10/06/ 2021.
16 Ver texto: “La tortura en Colombia, un susurro incesante. Impactos psicosociales de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes en Colombia”. Prácticas significativas en atención y rehabilitación. Mazzoldi, G –Corporación AVRE. 2011.
17 Ver artículo de Caracol Radio del 15 de marzo de 2021, disponible en: Campesinos de Anorí protestan por erradicación forzada del Ejército; Ver Alerta Temprana N° 2 de 2021 emitida por ASCNA disponible en: https://bit.ly/3gQ63oM.
18 Ver denuncia de: Corporación Jurídica Libertad, Corporación Nibaru, Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y Proceso Social de Garantías para la Labor de Lideresas, Líderes, Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, disponible en: https://bit.ly/3oRe4yh. 28/20/2021.
19 Ver comunicado de la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada en Colombia alerta sobre 471 personas desaparecidas entre el 28 de abril y el 5 de mayo en Colombia, en el marco del #ParoNacional. 379 de ellas continúan desaparecidas. #DóndeEstán. Disponible en: https://bit.ly/3JzVq5V.
20 TPP. (17 de 6 de 2021). TPP. Obtenido de TPP: https://www.tppcolombia.com/, p. 111.
* Texto elaborado por: Astrid Torres Ramírez, Winston Gallego Pamplona. Integrantes del Equipo de Garantías de la Corporación Jurídica Libertad.

 

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Un triunfo de los movimientos feministas. Colombia. Despenalizan el aborto, posible incluso hasta la semana 24


El fallo cayó como crema refrescante sobre una herida que por momentos da muestras de mejoría pero que pese al paso del tiempo no sana del todo. En la tarde del lunes 21 de febrero la Corte Constitucional, luego de meses de dilación (debido a variedad de causas, entre ellas el impedimento de un juez por haber adelantado ante un medio de comunicación su opinión sobre el particular), falló sobre una demanda interpuesta por Causa Justa, movimiento que “[…] busca la libertad y la autonomía reproductiva de todas las mujeres sobre sus cuerpos y sus proyectos de vida”. Además, Causa Justa “[…] reconoce la urgente necesidad de eliminar el delito de aborto del Cógido Penal como un avance para los derechos de las mujeres”. El movimento es una confluencia de organziaciones, entre ellas: La mesa por la vida y la salud de las mujeres, otras organizaciones de mujeres, feministas y de derechos humanos, entre otras y otros que integran esta coalición.


El fallo de la Corte Constitucional, con sorpresa para muchas y muchos, no solo refrendó el derecho al aborto sin estar condicionado como hasta ahora a malformación del feto o que la mujer corriera peligro o hubiese sido abusada sexualmente, y solo posible hasta la 8 semana de gestación, sino que fue mucho más allá y amplió el tiempo para la interrupción del embarazo hasta la semana 24. Pensando en prevención del embarazo, los jueces también entregaron una serie de recomendaciones que deben concretarse a través de políticas educativas y de salud pública. (Ver recuadro)


Con este fallo, en un país donde la Iglesia católica como parte del poder que ha propiciado violencia, exclusión, empobrecimiento generalizado, y otros muchos males que marcan al país, ha determinado y deformado por siglos la vida diaria de millones de personas, la máxima instancia judicial marca una tendencia por seguir en América Latina y gran parte del mundo. Una decisión que hace honor a la lucha de las mujeres, lideradas por variedad de organizaciones feministas, por el derecho a decidir sobre sus cuerpos.


Como lo aseguró Causa Justa, organización que interpuso la demanda que llevó al alto tribunal al fallo acá comentado, y una vez conocido el mismo: “La decisión supone un avance en el reconocimiento de la libertad y autonomía reproductiva y sitúa a Colombia como el país con el modelo de plazos más amplio de todo el continente. El fallo también trae beneficios a las y los prestadores de servicios de salud, pues podrán realizar el procedimiento de aborto/IVE hasta la semana 24 sin enfrentar la amenaza de una persecución penal”.


Causa Justa enfatizó a través de Ana Cristina González Vélez, una de las pioneras del movimiento, que: “Seguiremos insistiendo hasta que deje de usarse este delito que es injusto, ineficaz y contraproducente. Los plazos sin duda reconocen en cierta medida la autonomía de las mujeres hasta una cierta etapa del embarazo, pero no se sustentan en razones científicas y niegan la capacidad de las mujeres para decidir como sujetos morales plenos”.


Lo decidido por los jueces da cuenta de la situación de violencia que afecta a la mujer colombiana, país donde la marca del patriarcado aún se siente en el día a día por todos sus poros, y en particular por medio de violaciones, país donde menores de edad son madres precoces. Por ejemplo, según datos oficiales, en 2020, al menos 4.268 niñas de entre 10 y 14 años fueron madres, en muchos casos por acto sexual no consentido. Colombia, país donde el aborto es la cuarta causa de mortalidad materna y donde el 10 por ciento de los 400.000 abortos que se realizan al año, son llevados a cabo en condiciones de clandestinidad y sin garantía de condiciones sanitarias.


Por último, llamó la atención de este fallo que entre los 4 votos emitidos en contra de reconocer este derecho figuran los de tres mujeres, las magistradas: Cristina Pardo, Paola Meneses y Gloria Ortiz. Evidenciando, de esta manera, que no por el simple hecho de ser mujeres se lucha a favor de ellas. O lo que es lo mismo, que el feminismo no es una prolongación del género sino, y esto es lo fundamental, una construcción social, cultural, política, una opción ante la vida, en lucha contra el poder, el capitalismo, el patriarcado, el sexismo, la instrumentalización y mercantilización del cuerpo femenimo, lucha por igualdad de derechos y condiciones de vida que su par masculino. Una lucha que se libra a la par de otras muchas y en unión de todas las personas por erradicar de la faz de la Tierra la opresión, la explotación, la injusticia, la desigualdad social, entre otros muchos males que son consustanciales al capitalismo y al poder en general.

 



La Corte Constitucional no solo decidió despenalizar el aborto hasta la semana 24 de gestación, sino que también llamó al poder legislativo y al gobierno nacional para que diseñen y pongan en marcha una política pública frente al derecho aprobado. La Corte llamó a que este proceso se surta en el menor tiempo posible, sin que el tiempo que se tomen para ello implica la no realización del derecho que instituyeron. Derecho para hacer real la dignidad y los derchos de las mujeres gestantes.


Para el diseño de esa política pública la Corte marcó seis aspectos básicos por tener en cuenta:


— La divulgación clara de las opciones disponibles para la mujer gestante durante y después del embarazo
— La eliminación de cualquier obstáculo para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos que se reconocen en esta sentencia.
— La existencia de instrumentos de prevención del embarazo y planificación
— El desarrollo de programas de educación en materia de educación sexual y reproductiva para todas las personas.
— Medidas de acompañamiento a las madres gestantes que incluyan opciones de adopción, entre otras.
— Medidas que garanticen los derechos de los nacidos en circunstancias de gestantes que desearon abortar.

Publicado enColombia
Nicaragua: Hugo Torres y las torturas sufridas por los presos políticos

En un artículo de opinión publicado en el diario La Prensa (https://www.laprensani.com/2022/02/18/opinion/2953314-companero-hugo-torres), Humberto Ortega destacó los hitos que como guerrillero logró el general de brigada en retiro Hugo Torres, incluida la operación con la que se logró la liberación de varios presos políticos de la dictadura de Anastasio Somoza en 1974, entre los que se encontraba Daniel Ortega.

“El más inhumano de sus encierros (de Daniel Ortega), durante siete años, logra alivio a las duras condiciones carcelarias y visitas familiares, gracias a las luchas de las ejemplares madres de reos políticos acusados de terroristas, entre ellas, doña Lidia, nuestra madre”, describe. Además, resaltó que en sus últimos días, Torres no rehuyó al sacrificio y a la cárcel, en su lucha cívica. “Una vez más demuestra sus convicciones revolucionarias, y muere, como cualquiera a su edad y condiciones físicas, al ser expuesto en el cruel encierro”.

En el mismo artículo, el exjefe del Ejército también pidió por la liberación de los presos políticos, que describe como “un punto inicial de un proceso que resuelva la crisis en Nicaragua”.

“Este lamentable, doloroso desenlace de un compañero de luchas debe contribuir en la ruta de solución a la crisis política que padece nuestra patria, que requiere urgentemente un clima de reconciliación, que lo genera de ser puestos en libertad los encarcelados políticos, por medio de cualquiera de los instrumentos jurídicos, legales requeridos”, escribe.

En julio de 2021, Humberto Ortega  se refirió a los presos políticos de su hermano y aseguró que “estos que están detenidos no son terroristas, no han atentado en contra de la estabilidad del país; simplemente son opositores que tienen su punto de vista como yo lo tengo”. Asimismo, señaló con firmeza que el mismo podría ser catalogado como terrorista o traidor a la patria por las críticas que hecho a su gestión.

Dos años atrás, cuando el régimen de Daniel Ortega comenzó a detener a los primeros presos políticos, Humberto también se pronunció y en consecuencia su hermano mayor lo acusó de ser un peón de la “oligarquía” y del “imperio”.

Ejército de Nicaragua guarda silencio

Días antes de la misiva de Humberto Ortega, cinco exmilitares de alto rango entre ellos dos generales en retiro, un coronel, un teniente coronel y un alto oficial también reaccionaron con indignación ante la muerte como preso político del general de brigada en retiro Hugo Torres. En una entrevista publicada en Confidencial, cuestionaron el “silencio y la cobardía”, de la institución militar, que no reconoció los méritos de uno de los fundadores del Ejército.

“No puedo imaginar más crueldad que a un héroe a sus 73 años lo dejen morir bajo prisión, me cuesta imaginar en qué corazón cabe semejante odio, sabiendo que está enfermo de gravedad no lo dejan reposar los últimos días en su casa al lado de sus hijos”, reclamó un oficial en retiro, que pidió mantener su identidad en el anonimato.

Asimismo, destacaron que en las filas del Ejército hay un profundo silencio como reacción a la muerte de Torres, pues a lo interno se conoce “la calidad intachable del militar” que fue.

“El silencio en el Ejército es debido a lo ocurrido a Hugo Torres y a Carlos Brenes, la persecución, la tortura y el encarcelamiento. El silencio es debido a una gran prudencia y temor entre la oficialidad actual”, señaló un exgeneral del Ejército.

Confidencial consultó al Ejército de Nicaragua su posición institucional ante la muerte de un general en retiro, fundador de la institución, preso político del régimen desde el 13 de junio de 2021, pero no obtuvimos ninguna respuesta. La institución ni siquiera emitió una nota de condolencia a los familiares.

Publicado en Confidencial el 18/02/2022

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Los presos políticos en Nicaragua están en peligro de muerte

 Señoras y señores miembros del Consejo Permanente de la OEA, estoy aquí para informarles sobre la grave situación que enfrentan los presos políticos en Nicaragua. No estoy exagerando cuando les digo que muchos de ellos están enfrentando una situación de vida o muerte; hoy día, la vida de 177 presos políticos está en manos del dictador Daniel Ortega y Rosario Murillo. Por esa razón, he venido a pedirles que hagan todo lo posible para evitar que haya más muertos. Como ustedes bien saben, el régimen de Ortega y Murillo ha sido claro en expresar su rechazo a encontrar por la vía pacífica una solución al conflicto en Nicaragua. Por el contrario, ha incrementado la represión, los crímenes de lesa humanidad, y las graves violaciones de los derechos humanos. El régimen está convencido que la comunidad internacional no va a responder proporcionalmente a sus acciones. ¡Hay que demostrar que están equivocados!

La muerte de Hugo Torres

La repentina y misteriosa muerte del General de Brigada en retiro Hugo Torres, el pasado 12 de febrero, ha impactado a la opinión pública en Nicaragua y a nivel internacional. Hugo Torres pasó de ser un heroico dirigente Sandinista que rescató de la prisión a Daniel Ortega en los años 70, a ser una víctima más de la dictadura de Ortega.

La doctora Vilma Núñez, de la organización de derechos humanos CENIDH, planteó varias interrogantes sobre la muerte de Hugo Torres en una reciente entrevista en La Prensa: Hugo Torres fue capturado el 13 de junio del 2021. Su captura fue ilegal, arbitraria, sin orden judicial y con violencia. Fue trasladado al centro de seguridad conocido como El Chipote, y lo mantuvieron incomunicado de sus familiares. Fue sometido a torturas, a tratos crueles e inhumanos. No le permitieron que sus familiares le suministraran alimentos, y fue sometido al racionamiento del sistema judicial. Los familiares indicaron que Torres era una persona sana antes de ser detenido. Muchos de sus compañeros mencionaron que no era una persona que se doblegara en la cárcel, él era un hombre disciplinado y hacía ejercicios a menudo.

Repentinamente, Torres empezó a ponerse mal en la cárcel, se le inflamaron las piernas a tal punto que ya no podía moverse por sí mismo. Algunas veces llegó a verlo un médico del centro de seguridad. No se sabe cuánto tiempo estuvo en esa situación, hasta que un día se desmayó y fue cuando finalmente lo sacaron. “Nunca informó Auxilio Judicial que este reo que estaba bajo su resguardo y competencia en El Chipote que fue trasladado a un hospital” denunció la doctora Vilma Núñez.

Rumores de la hospitalización de Torres y su grave estado de salud circularon entre diciembre de 2021 y en los primeros días de 2022. El CENIDH junto a otras organizaciones exigieron públicamente que se revelara dónde estaba Torres y las circunstancias. Pero jamás hubo una respuesta. Según la doctora Núñez, ahí está lo anómalo, ¿por qué se lo llevaron escondido, que ocultaban? Se lo llevaron violando el debido proceso legal, cometiendo más abusos de autoridad ya que un reo que está bajo la jurisdicción de la Policía no puede ser trasladado a otro lugar porque se les ocurre.

El régimen ha manejado el caso de Hugo Torres en absoluto secreto. No ha habido un dictamen médico legal que indique la causa de su muerte. Hasta los médicos del hospital están siendo omisos en sus responsabilidades y ningún juez ha ordenado un diagnóstico sobre este caso.

Los riesgos de los presos políticos

Los presos políticos en Nicaragua están corriendo riesgo de muerte. Su situación en las celdas de los diferentes centros del Sistema Penitenciario es cada día más grave y preocupante. Hoy día hay 177 presos políticos en las cárceles de Nicaragua, y 10 de ellos están presos desde antes del estallido sociopolítico del 2018.

A partir de mayo del 2021, el régimen incrementó la persecución a candidatos presidenciales, periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos, activistas sociopolíticos y cualquier persona que exprese una opinión en contra del régimen. En ocho meses, la policía ha apresado ilegalmente a 55 personas pasando de 112 personas presas políticas a 167. De este total, 154 son hombres y 13 son mujeres. Una persona tiene menos de 20 años. 72 personas están entre 20 y 34 años. 41 personas entre 35 y 49 años. 38 personas entre 50 y 64 años; y 15 personas tienen entre 65 y 79 años.

Cada una de las detenciones ilegales que se han llevado a cabo en los últimos años en Nicaragua están llenas de graves violaciones a los derechos humanos, como el uso desproporcionado de la fuerza durante la captura, detenciones por policías y parapolicías sin orden judicial, desapariciones forzadas por ocultamiento de paradero, incumplimiento de los plazos de acusación y presentación, recursos de exhibición personal declarados sin lugar, negación de información a familiares y defensores, sustracción natural del juez y aplicación desigual de la ley.

Tras ser capturados, los presos políticos estuvieron prácticamente desaparecidos e incomunicados durante más 80 días y sometidos a audiencias secretas. Los presos políticos continúan secuestrados en distintos centros del Sistema Penitenciario Nacional, como la cárcel El Chipote y La Modelo, conocidos por ser centros de torturas. Las torturas: Los prisioneros políticos están sometidos a torturas, tratos crueles, inhumanos, y degradantes: Recluidos en condiciones de máxima seguridad, aislamiento y castigo con acceso restringido al sol.

Están expuestos a condiciones infrahumanas, sus celdas tienen poca ventilación y durante el día las temperaturas son muy altas. Hay 44 personas en celdas de diferentes tipos de reclusión en aislamiento, viviendo bajo esas condiciones. Mantener a prisioneros en estas circunstancias por períodos prolongados constituye no solo tortura, si no que tortura agravada.

Tenemos el ejemplo de cuatro mujeres defensoras de derechos humanos y activistas políticas: Dora María Téllez, Tamara Dávila, Ana Margarita Vijil y Suyén Barahona, que permanecen desde hace más de 8 meses en casi absoluto aislamiento, enfrentando restricciones de visita de sus familiares. Uno de los aspectos más deplorables es la falta de atención médica adecuada para los presos políticos, lo cual está poniendo en peligro sus vidas. El panorama se vuelve más crítico ante la pandemia del COVID, el hacinamiento, la insuficiente atención médica y muchas veces la restricción a paquetería, hace que la situación se vuelva crítica para ellos. En últimos meses al menos 48 de las 96 personas que se ha monitoreado por las organizaciones de derechos humanos en el país han tenido COVID o síntomas relacionados al virus. Actualmente 11 presos políticos de distintos centros del Sistema Penitenciario Nacional están con síntomas de COVID y sin recibir atención adecuada.

El racionamiento de la alimentación y su poco contenido nutricional ha causado drásticas pérdidas de peso y daños permanentes a la salud poniendo sus vidas en peligro. Por ejemplo, el caso de José Pallais, quien ha perdido 90 libras, lo que ha puesto su vida en grave riesgo por ser hipertenso, diabético y tener apnea del sueño. El pasado 15 de febrero durante su juicio, Pallais se descompensó y desmayó. Hay muchos otros casos de violaciones a la salud y bloqueos a una adecuada atención médica.

Muchas son las historias que podría relatar sobre las deplorables situaciones de las presas y los presos políticos. Entre las situaciones más graves están tres personas que son sobrevivientes de cáncer y ameritan una serie de atenciones especiales por su estado como adultos mayores: Edgar Parrales, Evelyn Pinto y Marvin Vargas, este último está en máxima seguridad en la Modelo.

Padecimientos como enfermedades renales, síndrome nefrítico, convulsiones, derrame cerebral, como el caso de Don Eliseo de Jesús Castro de 57 años quien se encuentra en cuidados intensivos desde hace dos meses y otros casos de depresión y pensamientos suicidas, como el de Róger Reyes (abogado defensor de Félix Maradiaga, también preso político) que presenta pérdida de memoria y psicosis.. Dentro los padecimientos de salud de los presos políticos están enfermedades de cáncer, parkinson, padecimientos del corazón y del sistema circulatorio, así como problemas de la vista. 44 personas sufren con algún problema asociado a estas enfermedades. Debido a las terribles condiciones y el tiempo en la cárcel, muchas de sus enfermedades se han agudizado. Mientras más pasa el tiempo, el deterioro de su salud continúan y en algunos casos hasta ha provocado la muerte.

Se conoce que por lo menos cuatro presos políticos han tenido que ser hospitalizados por complicaciones de salud, incluyendo el caso de Hugo Torres. Esto es una situación de gran preocupación para muchos de nosotros, pensar que la vida de personas que han levantado sus voces para rescatar la democracia en Nicaragua corre riesgo de muerte.

No se puede seguir permitiendo que las familias nicaragüenses continúen sufriendo. La situación en que viven los familiares de las presas y los presos políticas es lamentable. Son asediados, reciben malos tratos en los Sistemas Penitenciarios y se les niega acceso y comunicación con sus familiares. Como es el caso de Max Jerez, a quien la Policía le negó la visita a su madre estando enferma y no le permitieron asistir a su entierro. La misma situación le sucedió a José Adán Aguerri, a quien tampoco le fue permitido asistir al entierro de su madre. Esta es una clara violación a la legislación de Nicaragua. Todas estas formas de tortura están siendo usadas para tratar de quebrantar la moral de los presos políticos.

La violación al debido proceso y la impunidad

La impunidad en la que se encuentra el país incluye la transgresión al debido proceso legal. Primero, los juicios políticos se están realizando fuera del sistema judicial: dentro de las cárceles mismas. esta es una violación al artículo 121 del código penal. Segundo, el régimen ha dado órdenes directas a jueces pro-Gobierno de rechazar todo tipo de argumentación legal de parte de la defensa, de refutar la solicitud de eliminar información presentada como evidencia por no ser vinculante a la ley, y de utilizar como testigos a policías que desconocen del caso y que fueron instruidos y preparados para dar testimonios falsos. Por ejemplo, la policía aduce que la prueba de promover injerencia extranjera por parte de los jóvenes activistas en una foto con el secretario general Luis Almagro! o tuits llamando a un estado de derecho, o fotos con personas notables como Laura Chinchilla, o José Manuel Vivanco.

Bajo estos términos a 30 personas le han sido ya impuestas penas de 8 y 15 años. 27. Tercero, el entorno en el que se produce el proceso judicial en un marco intimidador. La policía realiza requisas a familiares y abogadas mujeres con acoso sexual, concentración policial en los lugares donde se realizan las sesiones. Esta transgresión evidencia la magnitud de castigos crueles e inusuales típicos de la impunidad del régimen.

Me uno a los llamados de las diferentes organizaciones que demandan (la Organización Víctimas de Abril, Grupo Secuestrados Políticos Unidos, Asociación de Familiares de Presos Políticos, Comité Pro liberación de Presas y Presos Políticos, y Familiares de presos políticos en El Chipote desde mayo 2021) por la inmediata liberación de los presos y las presas políticas en mi país.

Yo acuso al dictador Daniel Ortega y a su cómplice Rosario Murillo por las condiciones inhumanas en las que se encuentran las presas y presos políticos. Sus vidas corren serio peligro. No queremos más muertes, como la de Hugo Torres (febrero 2022), como la de Eddy Montes (preso político que murió al recibir un balazo el 16 de mayo del 2019, por un custodio en el Sistema Penitenciario Nacional) o como la de Santos Flores (quien denunció a Daniel Ortega por la violación sexual de su hermana Elvia Flores, desde que tenía 15 años), él estuvo encarcelado y torturado desde el 2013. Falleció por causas desconocidas y misteriosas el pasado noviembre del 2021.

En múltiples ocasiones se ha pedido que se autorice al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a evaluar el estado de salud de las presas y presos políticos. Esta solicitud no ha tenido respuesta. Esto viola el memorándum de entendimiento entre el CICR y las autoridades de Nicaragua en el cual se acordó las visitas del comité a los centros de detenciones.

Propongo y solicito: Exigir al Gobierno de Nicaragua que libere de inmediato a todos los presos políticos y que acepte una misión de alto nivel de Estados miembros, autorizada por el Consejo Permanente de la OEA, con el mandato de visitar Nicaragua para verificar la situación de los presos políticos y seguir abogando por una solución justa y pacífica al conflicto actual. En 1979 el dictador Somoza me permitió visitar las cárceles, acompañando a la Cruz Roja nicaragüense.

Urgir al Gobierno de Nicaragua que de acceso a la Iglesia Católica para visitar y asistir a los presos políticos en las cárceles.

Que el régimen permita una investigación de la CIDH sobre las causas de la muerte de Hugo Torres, y de las condiciones físicas y mentales de cada uno de los presos políticos.

Es de vital importancia que la CIDH y la OACDH de Naciones Unidas, y otras organizaciones de derechos humanos, regresen a Nicaragua.

Es imperativo que los Estados miembros de la OEA transmitan al régimen Ortega Murillo de forma inequívoca que la comunidad interamericana rechaza su actuación dictatorial, sus crímenes de lesa humanidad, sus graves violaciones a los derechos humanos, y sus transgresiones a los principios de la Carta Interamericana

Es urgente convocar una Asamblea General extraordinaria para abordar la situación de Nicaragua y aplicar el Art. 21 contra el régimen.

Hago un llamado a todos los países miembros de la OEA, a ponerse al lado de la democracia y de los derechos humanos, apoyando al pueblo de Nicaragua en estos momentos cruciales de su historia. La comunidad interamericana tiene que decidir si está al lado de la dictadura, o al lado de una población indefensa a la que se le está violando sus derechos fundamentales, y donde se ha producido la ruptura del orden democrático.

Más allá de la OEA, la comunidad internacional debe tomar acciones concretas para demandar la liberación inmediata de los presos políticos y lograr el retorno de la democracia en Nicaragua

En este Consejo están representados gobiernos que también deciden el financiamiento hacia Nicaragua en el BID y en el BCIE (y también el Banco Mundial). El BCIE es el principal sostén financiero del régimen. Es importante que el financiamiento que recibe el régimen sea condicionado al respeto de los DDHH. Cualquier recurso ya aprobado o por aprobarse, debe ser monitoreado por un cuerpo internacional independiente, que asegure el uso correcto de fondos.

Estados Unidos debe de implementar de inmediato el contenido completo de la Ley Renacer, que fue aprobada con respaldo bipartidista por su Congreso. No hay razones para no aplicar de inmediato lo que dicta esa ley.

* Testimonio de Bianca Jagger en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA 18 febrero 2022

Publicado en Confidencial 19/02/2022

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La experiencia de Bélgica reconoce antecedentes en muchos países.

Tras su adopción en Bélgica

Bélgica sorprendió esta semana al anunciar una reforma laboral que incluye la posibilidad de reducir la jornada laboral a cuatro días por semana. La noticia fue presentada como una oportunidad de dar mayor libertad a los trabajadores, aunque lo cierto es que en el caso belga no se reducen las horas laborales sino que se pueden organizar de otra forma.

La posibilidad de achicar la semana laboral se empezó a discutir en muchos países a raíz de las nuevas formas de trabajo que trajo la pandemia, aunque decenas de empresas en todo el mundo ya lo venían experimentando, cada una a su manera.

Los casos de Bélgica y España

Según el acuerdo alcanzado entre los ministros de la coalición gobernante, que tiene asegurada su aprobación en el Parlamento, el trabajador podrá elegir concentrar sus 40 horas semanales en cuatro días o podrá optar por un régimen semanal variable, trabajando más horas una semana y teniendo más tiempo libre a la siguiente.

El caso de España, uno de los primeros países en hablar de semana de cuatro días, es diferente porque a lo que se apunta es a reducir las horas de trabajo, tal como señaló el diputado español Íñigo Errejón, impulsor del proyecto en su país.

"Trabajar 10 horas diarias para librar un día es un atentado a la conciliación y a la calidad de vida. Han ido por el camino contrario" alertó Errejón, aunque se alegró de que la posibilidad de tener tres días de descanso ya no sea un tabú y cada vez más empresas o países lo estén intentando.

El proyecto que impulsa Más País, el partido que dirige Errejón, supone una rebaja de las horas y se le está dando impulso mediante proyectos piloto acordados con el Ejecutivo.

El Gobierno español aportará 10 millones de euros a unas 200 empresas que participarán de la prueba para implantar, este año, la jornada laboral de 32 horas semanales o cuatro días. Se estima que alcanzará a entre 3.000 y 6.000 trabajadores.

Los principales gremios apoyan la medida impulsada por Errejón subrayando que se trata de una "reivindicación histórica del movimiento sindical". La patronal española, en cambio, rechaza ese modelo de trabajo porque teme que afecte la productividad.

Las ventajas de la semana reducida

Sin embargo, según la ONG 4 Day Week Global (4DWG, Semana de cuatro días mundial), aquellos que lo hicieron mejoraron no solo la productividad sino también la salud de los trabajadores y sus familias.

Además, comprobaron que ese esquema también sirve para resolver problemas de igualdad de género, permitiendo un reparto más equitativo de las tareas de cuidado entre madres y padres y favorecieron el camino hacia un trabajo más sostenible.

En diálogo con la agencia Télam, un representante de 4DWG reveló que un resultado inesperado para las empresas fue que les resultó más fácil atraer y retener talento.

El primer país en implementar la jornada reducida fue Islandia, tras una prueba de cuatro años (2015-2019) entre los empleados del sector público de la capital, Reikiavik.

Las 2.500 personas que trabajaron menos horas sin que se les reduzca el salario tuvieron menos estrés y agotamiento, mejoraron su salud y su equilibrio de vida y empleo sin disminuir la productividad y la recaudación del Estado.

Hoy, el 86% de los islandeses trabaja menos horas o puede solicitar el nuevo patrón horario, algo que los sindicatos ya están negociando.

Más experiencias en todo el mundo

En Nueva Zelanda, la empresa Perpetual Guardian aprobó la semana laboral de cuatro días desde 2018 y Unilever lo hizo en 2021. En plena pandemia y con las fronteras del país selladas, la primera ministra, Jacinda Ardern, prometió extenderlo a todo el territorio para fomentar el turismo interno y la economía.

En el Reino Unido, en tanto, está en marcha la iniciativa a través de 30 empresas que, si logran su cometido, podrían ayudar a que el Parlamento adopte por ley la semana laboral de 32 horas a nivel nacional.

Suecia, por su parte, probó reducir la jornada laboral en 2015 en varios centros de cuidados de ancianos, un sector al que le cuesta reclutar personal.

Las 70 enfermeras que participaron de una prueba registraron menos licencias por enfermedad, mejores condiciones de salud y aumentaron la productividad. Además, se crearon empleos adicionales y se redujeron los costos de cobertura por problemas de salud.

Sin embargo, los resultados fueron cuestionados por sus altos costos y fue descartado por el Gobierno, aunque algunas empresas, entre ellas Toyota, lo mantienen hasta el día de hoy.

En Japón, Microsoft es la primera en aplicar la jornada laboral de cuatro días y comprobó que los trabajadores mejoraron su productividad en hasta un 40% y aumentaron las ventas, a la vez que redujeron los gastos de electricidad y de tinta y papel, entre otros.

En Estados Unidos y Alemania también son las empresas las que han estado impulsando la reducción horaria, cada una con sus diferencias, como la estadounidense Basecamp, que lo hace solo durante el verano.

En España, en cambio, la empresa que atrajo todas las miradas es DelSol Software, que hace varios años viene practicando este esquema, que se tradujo en mayor rendimiento, más facturación y menor ausentismo.

La situación en Argentina

En el país, donde el tope de horas de trabajo a la semana es de 48 horas, hay en curso dos proyectos para reducir la jornada laboral:

  • El de la diputada del Frente de Todos y dirigente de la Asociación Bancaria Claudia Ormaechea, que propone una jornada máxima de 6 horas y un tope de 36 horas semanales. 
  • El del legislador también del oficialismo y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, que propone una semana laboral con un máximo de 8 horas diarias y no más de cuarenta horas semanales.

Los problemas del exceso de trabajo

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el exceso de trabajo genera pérdidas de hasta un 3% del PBI.

La falta de descanso impacta de distintas maneras: baja la productividad, aumenta el ausentismo, aumenta el riesgo de contraer enfermedades crónicas, cardíacas, cáncer, abortos espontáneos en el primer trimestre y nacimientos prematuros.

Para 4DWG, está demostrado que reducir la semana laboral de 40 a 32 horas funciona para empleados y empleadores.

"Hace 100 años pasamos de trabajar seis días a la semana a cinco", recordó la ONG antes de subrayar que no se debe perder tiempo en esa discusión: "Ya estamos atrasados para una actualización".

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